Por Leonardo Ixim

Con un rotundo triunfo del rechazo o No a la minería, se celebró en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, la consulta sobre el aval a la operación minera a cielo abierto de la mina Cerro Blanco, que pretende extraer una serie de minerales.

Tal minera pertenece a la empresa de capital mayoritariamente canadiense Elevan Resourcess (ER); esta operó previamente la licencia minera registrada a nombre de Entre Mares, S.A. en el mismo sitio.  Los propietarios de estos derechos mineros, Goldcorp, son los mismos que operaron la Mina Marlín en el departamento de San Marcos bajo la figura de Montana Exploradora y generó fuerte rechazo en las comunidades mayas de ese departamento.

El derecho minero Entre Mares, S.A. ya había sido cancelado por deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental, pues no se tomó en cuenta los impactos que no solo afectarán a Asunción Mita en Guatemala, sino a mas de un millón de salvadoreños.

Por la ubicación de la minera, la cual esta muy cerca del Lago de Guija, fronterizo entre ambos países, la mina contaminaría varios afluentes que desembocan en este lago, pero a su vez este lago es un alimentador del principal río salvadoreño, el Lempa, el cual ya de por sí se encuentra fuertemente contaminado, y con los desechos de los procesos de lixiviación para la separación de materiales de la roca, vierte grandes cantidades de químicos y aguas tóxicas en diversos cuerpos de agua.

El tema de la afectación del rio Lempa, el Lago de Guija y otros ríos en ambos países, repercute seriamente en El Salvador, porque el acceso agua en ese país depende en buena cantidad de la de las cuencas altas que ubicadas en Guatemala y Honduras; sobre esta situación, que la empresa minera ha tratado de negar, existen varios estudios de universidades estadounidenses y canadienses.

De ahí entonces la preocupación de parte de la población salvadoreña, al grado que en la consulta tan solo de ese país llegaran 150 observadores, más otros de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, México y Canadá. Además, el proceso de consulta electoral fue fuertemente cubierto por medios de prensa salvadoreños, no así guatemaltecos, de los cuales tan solo hubo presencia de medios no corporativos.

El proceso electoral se realizó como parte de una consulta de vecinos en base al Código Municipal y fue organizado por el Consejo Municipal de Asunción Mita, el cual conformó una Comisión Especial Electoral, con la participación de la Iglesia Católica local como promotora del rechazo a la mina, la asociación Mita Avanza (MA), ligada a la empresa y la ER, las cuales a su vez se retiraron de esa comisión especial.

Pese a que la empresa cuestionó la legalidad de la consulta vecinal, participó en este inusual proceso electoral con fiscales; en algunos casos MA actúo observador de la consulta y en algunas mesas de votación con fiscales de mesa. Por su parte, la iglesia contó con el apoyo de miembros de las comunidades y algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo quienes nutrieron de fiscales en los centros de votación.

Por ende, ya que la consulta se realizó tomando en cuenta el padrón electoral existente y la misma logística que se realiza para las elecciones generales en ese municipio, el padrón total fue de un poco mas de 25 mil votantes. Según lo estipulado en el Código Municipal y en reglamento que se emitió por el Consejo Municipal se necesitaba mas o menos 6500 votantes para que la consulta fuera vinculante, umbral que se sobrepasó.

De los votos validos, 7 mil 481 votaron por el No mientras que tan solo 904 votaron por el Si a las actividades mineras, y aunque el abstencionismo fue alto, de un poco mas de la mitad del padrón, se demuestra que hay un rechazo a este tipo de actividades extractivas; así, al conocer los resultados un buen numero de pobladores manifestaron su alegría y se realizó una caravana por el caso urbano del poblado.

Abogados de la minera presentaron dos amparos contra la resolución municipal de organizar la consulta, en un juzgado con sede en la cabecera departamental conocido por su línea pro minera. Tras los resultados se espera una serie de acciones legales para detener los resultados de la consulta de vecinos.

Consideramos que los pobladores de los territorios son quienes tienen la última palabra en cuanto a la implementación de proyectos mineros que dañen los bienes naturales y el tejido social. La naturaleza de estos a su vez, está centrada en la lógica empresarial, por tanto, la necesidad que se tenga de extraer recursos minerales para los beneficios de la vida moderna, debe además de ser consultada, tomando en cuenta los impactos ambientales y las medidas de mitigación.

De igual forma denunciamos a los gobiernos de Giammattei en Guatemala y de Bukele en El Salvador por su complicidad en actividades que tienen el rechazo de la población, que en este caso adquiere el carácter centroamericanista.

Por Armando Tezucún

El 11 de agosto, la presidente del Congreso de la República, Shirley Rivera, prometió a los representantes de la organización indígena de los 48 Cantones de Totonicapán que la nefasta y represiva iniciativa de ley 6076 no sería agendada de nuevo para su discusión en el pleno del legislativo, sino que sería enviada a revisión a la Comisión de Gobernación del Congreso. La sesión del 17 de agosto fue suspendida por falta de cuórum, y el tema no fue tratado; el día 18, una delegación de diputados de la Junta Directiva notificó a los compañeros indígenas que el día 23 se les daría una respuesta sobre la demanda de archivar la propuesta de ley.

Ese día, el presidente de la Junta Directiva de los pueblos originarios de Totonicapán, Geovani Rosales Tzoc, junto a otros representantes, se presentó al organismo legislativo para recibir la contestación de los directivos sobre su exigencia. Después de siete horas de espera, durante las cuales los compañeros rechazaron dos propuestas de compromiso, finalmente fue aceptada una tercera versión, firmada por cinco miembros de la Junta Directiva del Congreso (entre los que no estaba la presidente Rivera), en la que se comprometen a engavetar la iniciativa 6076.

El documento dice, en su parte medular: “Esta Junta Directiva (…) atendiendo las prioridades del país, no agendará más la iniciativa 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, en ninguna propuesta del orden del día que esta Junta Directiva proponga a la instancia de Jefes de Bloque” (Prensa Libre 23/08/2022). Rosales declaró que el documento se haría público: “Esta es la única forma en que lo vamos a hacer valer (…) Si todos nos enteramos de lo que hoy está sucediendo en el Congreso de la República, porque la parte final es clara (…) es entendido que no lo van a promover más y existe un compromiso de los señores que forman parte de la Junta Directiva” (Idem).

Sin embargo, aún no podemos cantar victoria sobre el futuro de esta aberrante ley. Uno de los proponentes de la iniciativa, el diputado Julio Lainfiesta, del narcopartido Unión del Cambio Nacional, afirmó que, junto a sus compinches de bancada, continúan trabajando en enmiendas a la propuesta, a pesar del compromiso de miembros de la Junta Directiva de que sería engavetada. Lainfiesta recordó que “…todo diputado puede, a través de una moción privilegiada, solicitar al pleno la modificación del orden del día, para incluir se conozca la #6076. Ni la JD ni los Jefes de Bloque pueden impedir eso” (La Hora 24/08/2022). Otros diputados, tanto oficialistas como de oposición coinciden en que esta es una posibilidad real, y que el compromiso de la Junta Directiva fue solo una forma de sacudirse la presión de los 48 cantones. De hecho, la instancia de los Jefes de Bloques podría agendarla de nuevo, porque fue la Junta Directiva la que prometió engavetarla, no las bancadas como tales.  

Por otro lado, el día 24, la presidente del Congreso, Shirley Rivera, afirmó que en la sesión 10 de agosto la iniciativa 6076 pasó en segundo debate, lo que significaría que, de ser agendada de nuevo, sólo necesitaría ser tramitada en tercera lectura y redacción final para ser aprobada y trasladada al presidente para su aval y entrada en vigencia. Al respecto, el diputado Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, demandó que se corrigiera el acta respectiva, ya que la considera ilegal, pues la discusión aún no había finalizado cuando la sesión fue levantada por falta de cuórum. A pesar de la argumentación de Félix, el acta fue avalada por el pleno de diputados, por lo que, en los hechos, la iniciativa ya avanzó en segunda lectura.  

Consciente del peligro de que la iniciativa 6076 regrese al pleno de diputados para su aprobación en tercera lectura, la Junta Directiva de los 48 Cantones anunció que se encuentra en reuniones permanentes y discusión sobre qué medidas tomar. El vicepresidente de la Junta declaró: “Ellos van a buscar la manera que pueda ingresar al debate, qué enmiendas puedan hacer las desconocemos, pero creo hay mucho interés personal y político” (…) “Hasta el momento no vamos a dar tantas declaraciones, pero acciones sí habrán, (…) esto sigue en debate, no podemos adelantar nada sin ver qué acciones y conclusiones le pueden dar a este tema” (La Hora 26/8/2022).

Los compañeros indígenas han hecho una labor encomiable al presionar al Congreso a dar marcha atrás, temporalmente, en la aprobación de esta ley represiva. Pero esto concierne a todas las organizaciones populares, por lo que proponemos que se conforme un amplio Frente Contra la Represión, que incluya a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres y de jóvenes, para defender nuestro derecho a protestar y manifestarnos contra este gobierno dictatorial.

Por Ricardo Patzán

El gobierno municipal de la ciudad de Guatemala ha estado controlado por la misma corriente política desde 1986, año en que asumió la alcaldía por primera vez Álvaro Árzú Irigoyen. Fue el Partido de Avanzada Nacional (PAN), fundado entre otros personajes, por Arzú, el que controló ese año el gobierno edil, siendo una coalición de partidos de extrema derecha impulsados por sectores de la oligarquía. Arzú ganó las elecciones presidenciales en 1996 y miembros del PAN ejercieron el gobierno municipal. En 1999 el PAN se fracturó, y Arzú y sus seguidores formaron el Partido Unionista; desde el año 2000 este partido ha controlado la gestión de la capital, con Arzú gobernando desde 2004 hasta su fallecimiento en 2018. Fue reemplazado por su pariente político y primer concejal Ricardo Quiñónez, quien concluyó el período del difunto y resultó electo en los comicios de 2019.

El Partido Unionista representa a una fracción de la oligarquía venida a menos, que ha convertido al gobierno municipal en su principal bastión. La carrera política de Arzú, y la del padre de Quiñónez, inició en el Movimiento Liberación Nacional, de la extrema derecha anticomunista, y durante su presidencia privatizó la telefonía y la distribución de energía eléctrica. Manejó la alcaldía con mano férrea y logró reelegirse gracias al impulso de obras de ornato, permaneciendo sin solución problemas urgentes como la distribución de agua y el transporte colectivo. La exfiscal general Thelma Aldana y la extinta Cicig acusaron en 2017 a Arzú, Quiñonez y otros funcionarios municipales de utilizar fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana para financiar la campaña de Arzú entre 2011 y 2015; a raíz ello, el alcalde y su equipo se convirtieron en enemigos acérrimos de la Cicig y promotores de su salida del país.

Al igual que otros gobiernos municipales, el de la capital se caracteriza por continuas violaciones a los derechos de sus trabajadores, el nepotismo y la manipulación para lograr la lealtad de los funcionarios. Los problemas que afrontan las y los empleados municipales de la capital fueron denunciados en una manifestación realizada el 31 de agosto por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Transporte (Sintraemt); en esta acción participaron también compañeros de varias dependencias del municipio, como la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), la Empresa Municipal de Transporte (EMT), la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Empresa Municipal de Agua (Empagua).

Las denuncias expresadas por los compañeros se refieren a largas jornadas laborales sin pago de horas extras, despidos injustificados, la falta de beneficios laborales desde hace más de cinco años, el mal funcionamiento del sistema de buses municipales Transmetro. Los trabajadores exigieron que se establezca un diálogo con el alcalde Quiñónez. Un caso específico es el del despido de trabajadores de Empagua, algunos con más de 35 años de antigüedad; a pesar de que ya un juez ya ordenó su reinstalación, la comuna no ha acatado esa instrucción, aduciendo que no ha recibido tal orden de reinstalación.

Esta no es la primera vez que los sindicatos municipales realizan acciones de protesta. El 10 de agosto montaron un plantón frente a la sede municipal en el Centro Cívico, en rechazo a la administración del alcalde Quiñónez y en defensa de sus derechos laborales. Abner García, secretario general del Sindicato de Transmetro declaró: “Simplemente estamos exigiendo ser escuchados y que se respeten nuestros derechos ya constitucionales y en las diferentes leyes, principalmente en la Ley Municipal que establece los horarios y jornadas de trabajo” (Prensa Libre 10/08/2022). El dirigente denunció que la administración municipal se fabricó un parto colectivo que disminuye sus derechos, pues no tienen derecho a cobrar las horas extras; para lograr esto, fueron declarados empleados de confianza. El problema es que, en el Código de Trabajo, artículo 124, se estipula que los empleados de confianza son los gerentes, concejales y jefes inmediatos; Los únicos que reciben el pago de horas extras son los allegados al partido y al alcalde.

Entre otras denuncias están que las autoridades municipales no apoyan a los trabajadores que sufren enfermedades como resultado de su trabajo, y a veces son despedidos. Además, los agentes de la PMT son obligados a cobrar multas de tránsito, siendo esta responsabilidad de las oficinas, y también los obligan a imponer multas injustificadas a los conductores.

Los empleados municipales en todo el país son víctimas de continuos abusos, como despidos injustificados, salarios por debajo del mínimo, falta de prestaciones laborales, etc. Nuestra total solidaridad con los compañeros sindicalistas de la comuna capitalina.

Por Armando Tezucún

El gobierno guatemalteco presidido por Alejandro Giammattei avanza a pasos agigantados en el proceso de transformar el régimen político, dotándolo de características cada vez más represivas y dictatoriales. Una de las maniobras más reciente en ese sentido es el intento de aprobación por el Congreso de la República de la iniciativa de ley 6076, titulada Ley Para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala. El propósito evidente del proyecto es permitir que las fuerzas de seguridad del Estado puedan reprimir a su antojo las protestas populares, y proteger a los agentes culpables de cometer excesos de violencia contra la población, dotándoles de garantías legales y medidas sustitutivas.

La iniciativa fue presentada al pleno del Congreso el 29 de junio por los diputados del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) Carlos Napoleón Rojas, Julio Lainfiesta, Karla Martínez, José Arnulfo García, Mynor Castillo y Byron Arreaga. Vale decir que el fundador de este partido, Mario Estrada, se encuentra preso en Estados Unidos por narcotráfico, y la UCN ha sido considerada por el gobierno gringo como un partido del narco. La Comisión de Gobernación del Congreso dio el dictamen favorable, con algunas modificaciones, a la iniciativa 6076 el 4 de agosto, remitiéndola a la Junta Directiva del legislativo para ser agendada, discutida y eventualmente aprobada.

El contenido de la iniciativa 6076

A pesar de que los reglamentos de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala contienen protocolos que regulan el uso de la fuerza pública, los narcodiputados de la UCN consideraron necesario volver a normar el tema, determinando como objeto de la ley “…fortalecer y garantizar la actuación de los integrantes de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, al hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, conforme a sus competencias, desempeñando acciones para garantizar la vida e integridad de los habitantes de la República, con estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala y de conformidad con el ordenamiento jurídico interno.”, siendo aplicable cuando los miembros de los cuerpos de seguridad “…al aplicar el uso de la fuerza resulten involucrados en la comisión de un supuesto hecho ilícito” (Dirección Legislativa, Iniciativa 6076, artículos 1 y 2).

Para hacer más extensiva la protección a futuros agentes represivos, el proyecto de ley incluye en el artículo 3, dentro de las fuerzas de seguridad nacional, a la Dirección General del Sistema Penitenciario y a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS), cuyos ámbitos de acción se delimitan al resguardo de las cárceles y a la seguridad del presidente de la república, respectivamente.

El diputado Boris España, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, explicó el tema en conferencia de prensa, diciendo que los miembros de las fuerzas de seguridad ven sus responsabilidades limitadas debido al marco jurídico nacional que les impide accionar de manera congruente, oportuna y eficiente para el resguardo del orden público, y que la propuesta pretende apoyar a los elementos de la policía y el ejército que han sufrido repercusiones legales con procesos largos, al utilizar el principio de proporcionalidad de la fuerza o por usar su arma en legítima defensa de su vida y la de terceros (https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/8870/2022/1#gsc.tab=0).

Recordemos que la última vez que la policía hizo uso desmedido de la fuerza fue durante la represión de las protestas de noviembre de 2020, contra el presupuesto de gastos del Estado aprobado por el Congreso para 2021. En esta ocasión la población agredida no tenía medios de defensa, ni gases lacrimógenos para responder a la policía, y dos manifestantes perdieron un ojo debido a la represión, es decir, no hubo principio de proporcionalidad, ni los policías utilizaron sus armas en legítima defensa; y ninguno de los agentes fue aprehendido ni acusado de nada.

Llama la atención que entre las circunstancias en que las fuerzas de seguridad pueden hacer uso de la fuerza, se menciona, en el artículo 6 (Condiciones para el uso de la fuerza), la concurrencia de resistencia pasiva, que define se da “cuando una persona o grupo de personas se niegue a obedecer órdenes legítimas, comunicadas de manera verbal y directa por las fuerzas de seguridad pública y/o el Ejército de Guatemala…sin que dicha resistencia implique actos que pongan en peligro la integridad física de terceros” (Dirección Legislativa, Iniciativa 6076, artículo 6). Es decir, que la policía y el ejército podrán reprimir por la fuerza a personas que se encuentren desarmadas, aunque no les hayan agredido, simplemente por desobedecer una orden de los agentes.  

El artículo 7 procura garantizar a los agentes del orden el debido proceso, el derecho de defensa y asistencia jurídica gratuita, y el artículo 12 adiciona el artículo 264 Ter. al Código Procesal Penal, que les garantiza medidas sustitutivas, como el arresto domiciliario.

Avanza la aprobación de la iniciativa 6076

El 9 de agosto, mientras se desarrollaban protestas de organizaciones indígenas y populares por todo el país, el pleno del Congreso de la República aprobó en primera lectura la iniciativa de ley 6076, pese a los argumentos en contra presentados por diputados de oposición de los partidos Semilla y Winaq, que pedían que regresara a revisión en las comisiones legislativas de Gobernación y Seguridad Nacional. El día 11, de nuevo en el contexto de protestas populares, la propuesta fue discutida en segundo debate; otra vez la oposición presentó sus argumentos en contra, y el diputado de la Urng, Walter Félix, presentó una moción privilegiada para que se solicitara la opinión de la Corte de Constitucionalidad, debido a que la propuesta contiene una serie de inconstitucionalidades. Al momento de iniciar la votación de esta moción, se revisó el cuórum, y se anunció que no era suficiente, por lo que fue suspendida la sesión.

Las organizaciones indígenas presionan

Desde el miércoles 10 por la noche, la Junta Directiva de los alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán se presentó en las afueras del Congreso, demandando que no se apruebe la iniciativa 6076 porque afectará el derecho de manifestación. La presidente del Congreso, diputada oficialista Shirley Rivera, los recibió por la mañana del 11 y les prometió que no sería agendada hasta que hiciera un análisis jurídico, “He dado la instrucción a la Dirección de Asuntos Jurídicos que analice si existen las inconstitucionalidades que manifiestan los 48 Cantones, por lo que esperaremos tener el dictamen respectivo para que la instancia de jefes de bloque y el Honorable Pleno, como órgano máximo del Congreso de la República tomen la decisión” (Prensa Libre 11/08/2022).

A su vez, la Municipalidad Indígena de Sololá expresó su rechazo al bloque oficialista y sus aliados en el Congreso por impulsar la iniciativa, pues considera que constituye una estrategia más del “Pacto de Corruptos” para censurar al pueblo, y sacrifica la libertad de manifestación pública por los intereses ilegales y mezquinos de esos grupos privilegiados. “Si el Congreso de la República persiste en su idea de no escuchar a los pueblos que conformamos este país, anunciamos que, con base al derecho a la libre determinación, estaremos tomando medidas legales y políticas correspondientes para detener este flagelo, pues no estamos dispuestos a permitir que este “Pacto de Corruptos” consolide la impunidad y socave la débil democracia que hemos construido a costa de nuestras vidas”, enfatizaron (La Hora 11/08/2022).

La iniciativa irá a consulta a la CC

Durante la sesión del legislativo del 17 de agosto, los diputados no aprobaron el orden del día, y la plenaria fue suspendida cuando la bancada oficial y sus aliados rompieron el cuórum. Ello significó que la iniciativa 6076 no fuera archivada; según la agenda aprobada por los jefes de bloque, se iba a discutir si se enviaba el proyecto a la Corte de Constitucionalidad (CC), para solicitar su opinión sobre el mismo. Según la presidente del legislativo Shirley Rivera, la recomendación del Departamento Jurídico del Congreso fue que se enviara a consulta a la CC.  

A pesar de que se les trató de vedar el acceso al recinto del Congreso, los directivos de los 48 Cantones de Totonicapán exigieron que la iniciativa no sea remitida a la CC, y que en la sesión del 17 los diputados votaran para que sea desconocida y eliminada inmediatamente. Los compañeros afirmaron: “Desde ya responsabilizamos a la presidenta, junta directiva y a los diputados al Congreso de la República de Guatemala, de las consecuencias de las medidas de hecho que el pueblo va a tomar en su momento, por la necedad de querer seguir dándole curso a tal aberrante iniciativa” (Prensa Libre 17/08/2022). En la madrugada del día 18 una delegación de la directiva del Congreso atendió a los dirigentes indígenas y les notificaron que el martes 23 se les dará respuesta sobre su solicitud de anulación de la iniciativa.

El Grupo Parlamentario de Oposición presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del Congreso de la República, para detener el proceso de aprobación de la iniciativa 6076, amparo al que la CC dio trámite.

El oficialismo está ganando tiempo mientras busca cómo evadir las exigencias de quienes se oponen a la represiva iniciativa. Si el Congreso la remite a la CC, es muy probable que ésta no la objete, pues todos sus integrantes son aliados del gobierno. Debemos prepararnos para tomar las calles y frenar la aprobación de esta nefasta ley.