Carmen María Torrebiarte, presidente del CACIF
Por Armando Tezucún
La decisión del gobierno de Bernardo Arévalo, de incrementar los salarios mínimos en un 10% para 2025, sin duda ha contrariado a un sector del bloque burgués que sostuvo buena relación y comunicación con el ejecutivo a lo largo de 2024. La propuesta de las organizaciones empresariales en la Comisión Nacional del Salario Mínimo se situó muy lejos de la decisión presidencial, un 3% de aumento para la región 1 y un 1.5% para la región 2.
El descontento lo expresó claramente la nueva presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carmen María Torrebiarte, al declarar que la política de salario mínimo de Arévalo “es un poco contradictoria” … “Él hablaba de atracción, de inversión, de generación de empleo y de alguna manera, esa política de salario viene a complicarlo, porque al final del día, estamos compitiendo con otros países vecinos” (Soy502 08/01/2025). Torrebiarte afirmó que esta política de incremento salarial, unida a otras carencias del país, como infraestructura o elevados impuestos, le resta competitividad al país (Íbid). La lideresa empresarial no pudo ser más clara y sincera al expresar que la cacareada creación de empleo y atracción de inversión que la burguesía plantea, se basa en la explotación de la mano de obra mediante bajos salarios y condiciones deplorables de trabajo.
Una de las cámaras que integran en Cacif, la Cámara del Agro, realizó un sondeo interno entre sus agremiados sobre la precepción del primer año de gobierno de Arévalo; el resultado fue que un 88.10% de los miembros calificó como “mala” la gestión del gobierno; más del 90% no estuvo de acuerdo con las políticas de apoyo al sector agrario, y opinó que la prioridad debe ser la infraestructura, la red vial, modernización de los puertos y resolver los problemas que hay en los aeropuertos. Carla Caballeros, directora de la Cámara del Agro, opinó que el aumento en el salario mínimos agrandará la informalidad laboral en el campo.
La molestia del Cacif se manifestó también en una acción de inconstitucionalidad parcial que presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el presupuesto de gastos del Estado para el presente año. La impugnación, presentada el 6 de enero, fue contra los artículos 118, 130, 135 y 137, que se refieren ampliaciones presupuestarias que afectarían la atención de emergencias por calamidades, a las clases pasivas, a los acuerdos de apoyo a veteranos militares, y transferencias de los Consejos Departamentales de Desarrollo para ejecución de obras. La esencia del argumento de la organización empresarial es que las ampliaciones no pueden quedar contempladas en el propio presupuesto, sino que deben ser posteriores a la aprobación del presupuesto y que es el Congreso de la República el que debe aprobarlas.
El 30 de enero, la CC suspendió provisionalmente los artículos impugnados por el Cacif, obligando al Ministerio de Finanzas a preparar una solicitud de ampliación presupuestaria que presentará al Congreso.
La llegada a Guatemala del emisario del nuevo gobierno imperialista de Donal Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, cambió rápidamente la actitud del empresariado organizado. Diligentemente, las cámaras empresariales buscaron una reunión con Rubio, que no lograron, solamente pudieron reunirse con funcionarios de la embajada estadounidense previo a la llegada del emisario. En un comunicado del 4 de febrero, las organizaciones de la burguesía expresaron: “Reiteramos nuestra disposición de trabajar en conjunto con el sector público para convertir a Guatemala en un destino atractivo para la inversión, promoviendo el crecimiento económico y el bienestar de los guatemaltecos” … “instamos a las autoridades a dejar atrás las diferencias políticas y enfocarse en mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos…” (La Hora 04/02/2025).
Doblando reverentemente la espalda ante el emisario del imperialismo, la burguesía ahora, ante la inminente llegada de decenas de miles de migrantes retornados, promete planes de creación de empleo, atracción de inversiones, capacitación laboral para los migrantes, reinserción laboral, bolsas y ferias de empleo, y todas las cosas cuya inexistencia provocó que los trabajadores guatemaltecos optaran por migrar al norte. Y ahora la burguesía pretende sacarse todo eso de la manga, cuando el modelo de capitalismo que ha creado es el que impulsó la enorme migración de mano de obra.
Proponemos a los compañeros de las centrales sindicales que se acerquen a los migrantes retornados para iniciar su organización, para que estén preparados para los deficientes planes que para ellos tendrán el gobierno y los empresarios.
