Por Marcos Galicia

Después de tres años de no convocar elecciones, el Consejo Superior Universitario (CSU), controlado por Walter Mazariegos (rector ilegítimo), finalmente es obligado a renovar cargos, pues la mayoría de sus integrantes no debería seguir en sus puestos debido a que el periodo por el cual fueron electos ya ha caducado. Pero, ¿por qué no querían convocar a elecciones? Pues querían permanecer en el poder y continuar abusando de los privilegios que otorgan dichos cargos.

Las primeras elecciones en ser liberadas fueron las facultades cooptadas y más grandes: humanidades, bastión de Walter Mazariegos; quien, por cierto, es decano de ahí, al mismo tiempo que es rector, ¿cómo es eso posible? Y luego Derecho, bastión de Henry Arriaga. En ambas facultades las elecciones se libraron sin resistencia ni oposición alguna. Llevan años ejerciendo su control y poder, y cualquier intento de resistencia y organización es reducido.

Luego fue la decanatura de ingeniería. Sin embargo, el CSU está jugando sucio, pues solamente dio ocho días para recolectar 257 firmas de estudiantes de ingeniería para que la resistencia lograra inscribir al cuerpo electoral estudiantil que elegirá al próximo decano. Sin embargo, no es posible su participación porque también el departamento de Registro y Estadística se negó a dar documentos de constancias de inscripción. Se intentó apelar esta injusticia en las cortes, pero como sabemos, la justicia en Guatemala está cooptada, y el amparo fue rechazado, impidiendo la participación de los candidatos que se oponen a Mazariegos.

Luego, presenciamos la elección al Representante del Colegio de Arquitectos ante el CSU, en donde se dio una fuerte campaña negra liderada por los netcenters atacando a la candidata que no estaba ligada a Mazariegos, y, por si eso fuera poco, también hubo bloqueos en el sector donde se estaban realizando las elecciones, esto con el objetivo de impedir que llegaran a votar los opositores a Mazariegos. La táctica funcionó, gente acarreada bloqueó el paso de la carretera y el candidato afín a Mazariegos ganó por 9 votos. Días antes vimos a Consuelo Porras reunirse con colegios de agremiados como en arquitectura y medicina.

Mientras tanto, durante las elecciones al Representante Docente de Arquitectura ante el CSU ocurrieron una serie de “anomalías”. Primero, se reporta un carro robado, se impide el acceso y salida de vehículos durante unas horas adentro del Campus Central; eso no fue impedimento para que el candidato de la oposición pasara a segunda vuelta contra el candidato de Mazariegos. Durante la segunda vuelta electoral, los encapuchados tomaron el edificio T2 afectando las elecciones y obligando a los estudiantes a recibir clases afuera de sus salones.

Encapuchados y acarreados:

Durante la época de cuaresma se realiza la “Huelga de Dolores” y la capucha, que en su momento fue utilizada para resguardar la vida de quienes luchaban contra las injusticias en época de guerra, hoy se usa para resguardar los intereses de Walter Mazariegos. Los comités de huelga han perdido toda legitimidad en la lucha social, se les ve protestando en contra del gobierno, pero nunca se les ve protestando en contra de la usurpación de la rectoría y CSU.

Los grupos de personas de “sociedad civil”, que son acarreados, bloquean los alrededores de los centros electorales y evitan hablar con los medios o muestran pancartas con mensajes como “el precio de las tortillas”. Esto es el coctel perfecto para que el CSU pueda sesionar y modificar 19 artículos del reglamento electoral a su conveniencia para permanecer en el poder sin dar posesión a las personas que hayan sido electas legítimamente y que sean incómodas para el régimen.

¿Por qué todo el pueblo debe unirse para recuperar la USAC? Porque el próximo año habrá elecciones de segundo grado en donde la USAC a través del CSU tendrá voz y voto: Tribunal Supremo Electoral, fiscal general del Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Rector/a, y, finalmente, Corte de Constitucionalidad en donde el CSU elegirá a un magistrado/a ¿y si el CSU sigue cooptado? No van a elegir un magistrado/a que luche por el pueblo, si no alguien que luche para preservar sus privilegios y dicen por ahí, que se podría tratar de Consuelo Porras…

La ardua tarea que tienen por delante las fuerzas progresistas y democráticas de la USAC es fortalecer el movimiento estudiantil, realizando un trabajo paciente de organización en las unidades académicas, fortaleciendo los lazos con el sindicato de trabajadores de la universidad y con los docentes progresistas que se oponen a la dictadura de Mazariegos, conformando un frente por el rescate de nuestra Alma Máter.

 

Por Leonardo Ixim

Un ambiente enrarecido se ha registrado con una serie de acciones de calle como bloqueos contra medidas que ha tomado la actual administración gubernamental, el Congreso de la República y otros órganos públicos.

Medidas como el aumento al salario base a congresistas, la aplicación de un seguro a terceros por accidentes automovilístico, la unificación del Documento Único de Identificación (DUI) con el Número de Identificación Tributaria (NIT) han generado malestar en algunos sectores populares, que ha sido usado por opositores políticos conservadores al gobierno actual.

Así como otras situaciones en el ambiente, tales como desalojo campesinos, bloqueos en carreteras por comunidades ante el mal estado de las carreteras o el malestar de trabajadores de la salud pública ante el incumplimiento de sus demandas.

Algunas de estas protestas sobre todo lo relacionado al seguro por accidentes y la unificación del CUI con el NIT han sido influenciados por actores vinculados a los grupos de poder mafiosos y de la extrema derecha que han sido desplazados temporalmente del gobierno central dirigido por el binomio de Arévalo y Herrera como presidente y vicepresidenta respectivamente del país, nominados por el Movimiento Semilla.

Primero fue por el Reglamento para la Contratación del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil contra Terceros y Ocupantes de Vehículos Particulares, el cual es un seguro que existe en otros países y que indemniza por daños y lesiones por accidentes automovilístico. Esto genero que⁹ pequeños y medianos propietarios de transporte de pasajeros y carga – porque los grandes empresarios se mostraron de acuerdo- junto a sectores de la clase trabajadora especialmente conductores de motocicleta y repartidores de productos hicieran bloqueos. Aunque mucha gente de clase trabajadora le toco caminar grandes distancias mostró su simpatía. Conductores de vehículos se mostraron divididos, así como organizaciones de víctimas de accidentes se mostraron a favor.

No vamos a profundizar en lo justo o no se un seguro, porque en si es necesario medida de reparación a víctimas de accidentes. El tema que este debe ser obligatorio a quienes transportan carga y pasajeros, aplicado escalonado a privados, sin que se vuelva otra forma de ganancia para el capital financiero, muchas de estas pólizas no cubre vehículos de modelos previos a 2015 y algunos seguros a terceros dejan sin cubrir por los daños físicos que puedan sufrir el responsable del incidente.

Después de unos hechos de confrontación entre policías antimotines y manifestantes en una vía principal del centro histórico el presidente suspendió su aplicación por un año y el establecimiento de una mesa de diálogo. En ese sentido dos diputados de la bancada oficialista presentaron una propuesta que este tipo de seguros sea proporcionado por el Crédito Hipotecario Nacional (un banco semiestatal). Nosotros consideramos que proporcionar este tipo de seguros debe ser una estancia totalmente estatal.

Un hecho interesante fue que en uno los bloqueo en la colonia Bethania donde habita mucha gente de clase trabajadora y sectores populares, que participaron en los bloqueos de 2023 que le garantizo la victoria electoral de Semilla; algunos de estos manifestantes ahora argumentaban que Arévalo los había traicionado, pero lo cierto es que se detecto personajes ligados al partido Unidad Nacional de la Esperanza de la ex candidata Sandra Torres, quienes anteriormente habían estado ligado a Semilla.

El propio ministro de gobernación (interior) Francisco Jiménez adujo que en los bloqueos hubo infiltración de las pandillas sin detallar cuales clicas y estructuras de estas. Esto implica que el gobierno tuvo que reconocer una base legítima a la protesta pero que fue manipulada por las mafias de derecha.

En ese sentido la recién semana que acaba de pasar, se registraron nuevos bloqueos, ahora por la unificación del CUI y de la NIT impulsado por la Superintendencia de Administración Tributaria. Una medida lógica dentro de la administración del Estado capitalista y que en palabras del mismo superintendente Mario Livio Díaz busca más control, esto obvio afectara al pequeño contribuyente debido a la estructura regresiva del sistema impositivo. Pero a esto circulo en redes una sarta de falsedades, por ejemplo de que iban aplicar un impuesto a las transferencias bancarias, así como quitar el secreto bancario, que igual no es impedimento para el lavado financieros de los grupos de la burguesía.

Aquí fue más clara la manipulación acarreo por grupos opositores de derecha al gobierno. Por un lado los denominados encapuchados del mal llamado Honorable Comité de Huelga de la Universidad de San Carlos (USAC) ligados al fraudulento rector de esta universidad pública Walter Mazariegos y por el otro vendedores de mercados vinculados al derechista Partido Unionista que controla la Municipalidad de la ciudad capital.

Esto fue evidente en un bloqueo a intermediaciones de la sede del Colegio de Arquitectos donde se llevaron acabo elecciones para representantes colegiados ante el Consejo Superior Universitario, máximo órgano de dirección de la USAC (este esta conformado por representantes estudiantiles, docentes y de colegios profesionales) donde con un alto abstencionismo del gremio de arquitectos, se impuso un candidato de la mafia de Mazariegos sobre una candidata joven provenientes de sectores democráticos.

En otro orden 48 Cantones de Totonicapán (autogobierno maya-k'iche de la región homónima) junto a otros similares como diversas alcaldías indígenas, pusieron un plazo al Congreso para que diera marcha atrás a la medida de aumento salarial salario base de las y los diputados que se venció el viernes 28 de marzo. Recordemos que estos fueron un actor clave en las acciones de bloqueo de 2023, lo que se denomino imprecisamente la lucha por la democracia, a lo cual calificamos como lucha por los derechos democráticos; estos recientemente exigieron al gobierno también que suspendiera la aplicación del Seguro contra accidentes por las afectaciones en el ingreso de la población. 48 Cantones por su parte había roto una mesa de diálogo con el gobierno desde hace unos meses.

En el momento de inscribir esta nota el plazo ha terminado y si bien la Junta Directiva del Congreso suspendió el decreto del aumento, este aun no ha sido derogado. El aumento salarial fue aprobado con 87 votos a favor de parte de bancada opositoras al gobierno y aliados a este, si bien la bancada de Semilla voto en contra por varias semanas se quedaron en silencio. Recién el diputado oficialista Samuel Pérez presento una iniciativa para ponerle limite a los salarios de funcionarios estatales.

En este ambiente además se registra una serie de desalojo contra comunidades campesinas de origen indígena sobre en el norte de este país, donde el problema de la tenencia de la tierra es más agudo, al existir no solo un gran latifundio sino también problemas irresueltos de despojo y robo de tierra comunitaria, reflejo también de formas tales como mozo colonato y aparecería que se aplicaron en esa región, desde finales del siglo XIX. Ante eso el Comité Campesino del Altiplano quien tiene una mesa de resolución conflictos agrarios con el gobierno que poco ha avanzado denunciado la situación.

De último se espera en la última semana de marzo que dos sindicatos se salud, el de Empleados del San Juan de Dios y el Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala cada uno por su lado, realizen bloqueos para exigir que se cumpla lo acordado en el Ley del Presupuesto de Ingresos de la Nación de 2025, de seguir incorporando plazas al renglón presupuestado de 011 qué obtiene estabilidad laboral y un bono que aumenta el salario base de estos trabajadores, que en muchos casos es bajísimo y menor que el mínimo.

Estas demandas son legítimas, algunas medidas gubernamentales también son necesarias pero es necesario que se aplique sin afectar el ingreso de la clase trabajadora, tambien que se detenga la constante violación a los derechos humanos laborales, campesinos e indígenas; pero para eso es importante la conformación de un bloque de organizaciones populares con independencia de clase para que actores de la mafia y la derecha no se aproveche en su entronizada lucha contra Semilla. Este bloque a su vez debe vincular demandas democráticos radicales con demandas transicionales en contra del modelo de acumulación capitalista.

 

 

Por Leonardo  Ixim

Con la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025 en noviembre de 2024 por 140 diputados entre ellos el bloque del Movimiento Semilla en su totalidad,  se incorporo  una bonificación salarial para el personal del sistema de salud publica plasmándose en el articulo 140 de la ley que sustenta el presupuesto vigente.

Además se aprobó la reclasificación y continuidad de proceso de incorporación del personal temporal al renglón 011, que implica estabilidad laboral y prestaciones social; el monto total en el presupuesto del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS)  para estos rubros fue de Q350 millones. Esta lucha lo llevo sobre todo el Sindicato de Empleados del San Juan de Dios y el Sindicato Nacional de Enfermería de Guatemala  cada quien por su lado, en su momento el primer sindicato agradeció a las y los diputados, sin asumir un discurso clasista pero sin duda fue un logro de la movilización de estos sindicatos de trabajadores públicos.

Para los y las trabajadoras de salud fue  el bono de Q2 mil 414 millones, Q1170 por persona promedio, logrando también que los estudiantes de medicina les fueran pagadas sus prácticas en instalaciones públicas de salud, equivalente al salario mínimo mensual no agrícola.  El salario del personal salubrista, entre técnicos, operativos y administrativos es realmente bajo, algunos menor del mínimo, a lo sumo vía bonos llegan sobre pasan los Q5000, aun los médicos no residentes es bajo recomponiéndose de vía bonos.

Desde el año 2021, el Sindicato de  San Juan de Dios, asumió la lucha de compañeros por contrato; ya que se les violentaban, que en palabras de un líder de ese sindicato entrevistado para esta nota,  muchos trabajadores que sus  derechos mínimos son violentados,  negándoles vacaciones, aguinaldo, bono 14 y a las trabajadoras en estado de gestación no les dan el derecho al pre y posnatal.

Según este dirigente cuando surgió la pandemia de COVID, este sindicato salió a las calles para exigir equipo de protección. en ese momento interpusieron un amparo para que se  proporcionará el mismo y fue dado con lugar obligando a las autoridades de salud de gobierno de Giammattei a proporcionar ese equipo. Paralelamente en ese contexto se inicio  la lucha para exigir pasar a reglón permanente (011)  y  salario digno, por medio de movilizaciones y marchas,  logrando que los  incluyeran dentro del la ley del presupuesto para el ejercicio 2023 y dónde se instaba al MSPAS  dar plazas bajo el reglón 011,  con esto en ese año pasaron 10,000 compañeros logrando reducir de 46, mil a  30 mil compañeros del ministerio que no tienen estos derechos

Para el 2024 continuamos con la lucha y nuevamente  se logró incluirlos  en el ártico 54-2023 para el ejercicio fiscal 2024, Pero durante el año pasado  no se ejecuto  traslado al   reglón 011 por las autoridades del nuevo gobierno.

 A finales de 2024 nuevamente realizaron  acciones según el líder sindical entrevistado, se mantuvieron durante  20 días frente al Congreso y con ellos lograr nuevamente que se les incluyeran dentro de ley 36-2024 artículo 140 y así se continúe con los traslados al  renglón 011, más el reajuste salarial ya mencionado.

Sin embargo, recientemente la bancada de Semilla y autoridades del gobierno central mantienen la postura antilaboral. Para el líder sindical  estas acciones son para dilatar este proceso, además de maliciosas  y esto a pesar que se les presento un estudio técnico actuarial donde se posibilita esos traslados. Esto por su parte es usado por políticos demagogos opositores al gobierno que tampoco representan los intereses de los trabajadores y asumen un discurse pro clase trabajadora.

Las autoridades del ministerio en declaraciones incongruentes aducen que de los 30,402 trabajadores que deberían trasladar, la capacidad técnica y financiera solo permite el 13 por ciento, es decir 4 mil durante este año, esto pese a que los congresistas aprobaron un traslado total en el presupuesto para el ejercicio fiscal vigente.

Pero en lo que va el año no han ejecutado ningún traslado, una reportaje del Diario La Hora al mejor estilo propagandístico argumenta lo mismo que el viceministro financiero y administrativo,  de que es necesario cambios a la ley de servicio civil un argumento leguleyo por un lado y por otro, que no se pueden suprimir renglones 021, 022, 031 o subrenglones  y trasladarlos al 011 sino cumplen las necesidades de la cartera;  cuando la creación de los renglones dentro de la administración publica fue  inicialmente para cargos de confianza aplicables a los altos funcionarios y después se aplico  tal lógica a los empleados en general,  en una clara violación a los derechos laborales y sindicales.

Ante esa situación el Sindicato de Empleados del San Juan de Dios convocó a realizar un paro, realizando previamente  asambleas con el personal y comunicando a autoridades comunitarias en algunos lados del país. Ante eso las autoridades gubernamentales les  citaron  a una reunión en casa presidencial,  solicitándoles  un compás de espera de dos semanas para resolver esta problemática

Desde El Socialista Centroamericano consideramos que un buen servicio de salud implica cumplimiento de los derechos laborales del personal de salud, en ese sentido es importante que este y otros sindicatos realicen unidad de acción por esta lucha con otros sindicatos antiburocráticos, porque en algunos funcionarios del gobierno de Semilla pretenden reconocer solo a los sindicatos mal llamados mayoritarios cuyos liderazgos se han vuelto parte de las estructuras mafiosas enquistadas en el Estado. Sin embargo a estas políticas es importante  también la conformación de comités de acción con pacientes y vecinos para acuerpar y explicar las demandas.

Por Armando Tezucún

El gobierno de Bernardo Arévalo aprobó, para 2025, un aumento del 10% para los seis salarios mínimos vigentes. Este incremento, aunque es el más elevado decretado en los últimos años, está aún lejos de satisfacer las necesidades de las familias trabajadoras y cubrir el costo de la Canasta Básica Vital. Para el 71% de la Población Económicamente activa, que vive de trabajos asalariados precarios y de pequeños negocios propios informales, esta medida no significó absolutamente nada, y continúa su esfuerzo diario por sobrevivir en medio de la pobreza.

En contraste, la Junta Directiva del Congreso de la República decidió, en febrero de este año, incrementar el salario base de los diputados en un escandaloso 489%. Es decir, el sueldo base pasó de Q 9,550 (US$ 1,240,25 al tipo de cambio del 14 de marzo) a Q 46,700 (US$ 6,064.9). A este nuevo ingreso base, hay que agregar todos los diversos tipos de dietas e ingresos extras que los legisladores reciben por gastos de representación, por ser jefes de bloque, participar en comisiones y sus respectivas reuniones, asistir a las plenarias, o ser integrantes de la Junta Directiva. De manera que, por ejemplo, el presidente de la Junta Directiva, Nery Ramos, resultó recibiendo como salario de febrero, la bicoca de Q 97,300 (US$ 12,636.36); el sueldo de menor cuantía recibido por un miembro de la Junta Directiva ascendió a Q 82,300; y lo recibido por el resto de diputados no bajó de Q 61,300 (US$ 7,961).

¿Cómo es que llegó a suceder esto? El 26 de noviembre de 2024, una plenaria de 87 diputados avaló el presupuesto de 2025 del Congreso de la República, que incluía un aumento salarial para los legisladores y la obtención de indemnización al dejar el cargo; la idea fue que los señores diputados no podían ganar menos que los magistrados de las cortes de justicia, y, en consecuencia, había que hacer el ajuste. Esta disposición fue aprobada a medianoche sigilosamente, al igual que otras decisiones tomadas por anteriores legislaturas, cuando se sabe que no serán del agrado de la población general. El pleno delegó en la Junta Directiva la tarea de realizar la readecuación presupuestaria correspondiente.

Los diputados que no votaron a favor no externaron argumentaciones, ni siquiera los de la bancada oficialista de Semilla, quienes estaban en negociaciones para la reforma del artículo 82 de la Ley de Delincuencia Organizada, para tratar de recuperar su status de bancada. El 4 de febrero de 2025, siete miembros de la Junta Directiva del legislativo, en ausencia del presidente Ramos, dieron su aval a la decisión administrativa que formalizó el ajuste, plasmada en el acta 10-2025; el único voto en contra fue del tercer secretario Juan Carlos Rivera. Esta decisión se materializó mediante el acta 21-2025, del 25 de febrero. En un inicio, Ramos negó la existencia de tal acta, teniendo que reconocer más tarde la aprobación del ajuste. El 8 de marzo el legislativo hizo pública (es su deber hacerlo) la escandalosa planilla de febrero.    

Desde el mes de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) recibió amparos que se proponían frenar cualquier aumento salarial para los diputados. El 16 de diciembre concedió un amparo provisional al diputado José Chic, de la bancada VOS, y suspendió una serie de indemnizaciones previstas para cuando los diputados dejen el cargo, pero no hubo un pronunciamiento sobre el aumento; mas bien, los magistrados de la CC indicaron una serie de pasos necesarios para autorizar el incremento, determinando que la Junta Directiva debía realizar la readecuación presupuestaria necesaria y someter la decisión al pleno de diputados, paso que no cumplieron los directivos.

Posteriormente, la organización Acción Ciudadana presentó un recurso para frenar el aumento, pretendiendo que se cumplieran las condiciones establecidas por la CC el 16 de diciembre. Sin embargo, el 11 de marzo, los magistrados rechazaron este recurso, debido a errores de forma; el acta impugnada debió ser la 21-2025, no la 10-2025, y, además, Acción Ciudadana no era parte del amparo aceptado el 16 de diciembre.  

En concordancia, el 14 de marzo Acción Ciudadana presentó dos nuevas acciones de amparo, esta vez contra el acta 10-2025 y contra el acta 21-2025. Por su lado, el 12 de marzo el excandidato presidencial del Partido Viva, Armando Castillo, presentó otro amparo, acusando a la Junta Directiva del Congreso de usurpar funciones y atribuciones, pues la aprobación del aumento no se hizo en el pleno de diputados.

Los representantes de las estructuras de poder burgués en el Congreso se han extralimitado. Los pocos que no están de acuerdo con la medida no han hecho mayor cosa para revertirla; los oficialistas de Semilla solo han afirmado que donarán su parte del incremento y que presentarán una iniciativa de ley para anular el aumento, que corre el riesgo de quedar archivada.

Algunas organizaciones de la sociedad civil han realizado plantones frente a la sede del Congreso en protesta, y grupos indígenas como los 48 Cantones de Totonicapán presentaron memoriales al Congreso exigiendo la derogación del incremento salarial. Pero son necesarias acciones más contundentes que sólo pueden provenir de las organizaciones de trabajadores y populares, que demanden en las calles no solo la anulación de las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Congreso en febrero, sino que se hagan las reformas pertinentes para rebajar los sueldos de los funcionarios públicos al nivel de los salarios que ganan los obreros más calificados, para que los cargos públicos dejen de ser vistos por los políticos corruptos como un botín.

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