Por Leonardo Ixim

En las ultimas semanas, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por José Currichiche, impuesto por la jefe del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras, ha interpuesto dos recursos de solicitud de antejuicio contra la jueza Erika Aifán, quien preside el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, jueza de mayor riesgo.

Los juzgados de mayor riesgo, creados para llevar casos de criminalidad organizada, originalmente figuraron como un instrumento de parte de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), para procesar penalmente junto al MP a cuerpos ilegales que se dedicaron a delinquir desde las altas esferas del Estado, como los jerarcas del ex gobernante Partido Patriota, en una evolución de los cuerpos clandestinos de seguridad, con origen en el Estado contrainsurgente.

Para tal fin, se creó la FECI, que, con la expulsión de la CICIG y su comisionado Iván Velázquez durante el gobierno de Jimmy Morales, fue dirigida por Juan Francisco Sandoval hoy exiliado en Washington, y continuó con diversos casos que tocaron estructuras ligadas a empresarios oligárquicos y al gobierno de Morales. En ese ínterin, la jueza Afián, junto a otros jueces agrupados en la organización Jueces por la Democracia, fueron aliados y llevaron a cabo diligencias judiciales para determinar la ampliación de estas estructuras, que la CICIG denominó “cooptación del Estado”, pero que, desde nuestra óptica marxista, son parte del continuo control del Estado oligárquico guatemalteco por la clase dominante.

Consuelo Porras, nombrada al frente del MP en el gobierno de Morales, tuvo que convivir con una FECI dirigida por Sandoval, aun después de la expulsión de la CICIG; y que junto a la diligencia de juezas como Aifán continuó investigando a estos cuerpos. Sin embargo, con el gobierno de Giammatei, y el re-control por parte de las élites extremadamente conservadoras y enemigas de cualquier tipo de reformas, se logró, tras expulsar a Sandoval, imponer a Currichiche al frente de la FECI. Este último, que venía de dirigir la Fiscalía de Delitos Electorales, encubrió al ex presidente Morales y a importantes oligarcas que financiaron el partido de ese gobierno anti-popular, cuando estuvo al frente de dicha fiscalía.

A la jueza Aifán la señalan de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato, en varias investigaciones, tales como Comisiones Paralelas, un proceso penal por trafico de influencias a la hora de designar magistrados de la Corte Suprema de Justicia; sobornos de parte de la trasnacional brasileña Odebrecht; por el caso de Juan Luis Font un periodista con cierto perfil de denuncia a la corrupción pero ligado al grupo empresarial de los Archila Marroquín; y el caso Caja de Pandora, donde se vincula al ex presidente y ex alcalde capitalino Álvaro Arzú y su estructura partidaria con el manejo de grupos delictivos que controlaban las prisiones

Por lo tanto, es una venganza de parte de estas distintas élites y estructuras corruptas contra el papel desempeñado por la jueza Aifán. A las acciones llevadas a cabo por la FECI, ahora convertida en maquinaria de persecución contra jueces honestos, se suma que tanto la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ambas plegadas a las estructuras de poder, le han negado varios recursos y han confirmado los procesos de antejuicio.

Aifán ha recibido apoyo del Departamento de Estado estadounidense, entregándosele un premio por luchar contra la impunidad, a tono de la política del soft power gringo en materia de promoción de los derechos humanos. También recibió el respaldo de una serie de personajes y organizaciones de la sociedad civil vinculados al campo progresista.

El proceso de antejuicio ahora debe ser conocido por un juzgado, el cual obligatoriamente se inhibe de conocerlo, trasladando el expediente a la Secretaría de la CSJ, quien lo envía a la Cámara de Apelaciones y Antejuicios de la CSJ, la cual a su vez procede a elevarlo al pleno de magistrados de la CSJ, para que conozca su caso y emita un fallo. Ante eso, Aifán anunció que recusará a los magistrados para que no conozcan su caso, porque están implicados en el caso de Comisiones Paralelas, pues fueron designados por la influencia de grupos de poder que los promovieron desde las comisiones de postulación.

La persecución contra la jueza Aifán es parte de un proceso de cierre de espacios democráticos y de control absoluto del sistema de justicia parte de los grupos de poder. La defensa de la democracia, más allá de la defensa de personajes democráticos, pasa necesariamente por la demanda de una Asamblea Constituyente Popular de los trabajadores y los pueblos indígenas, que reconstruya el país en base a lo que realmente significa la democracia para el pueblo trabajador.

Por Leonardo Ixim

Nuevamente la violencia entre los municipios de mayoría Maya-Quiche de Nahuala y Santa Catalina Ixtahuacan del departamento de Sololá, en el altiplano occidental del país, generan zozobra en la población de ambos municipios, imponiendo de parte del gobierno de Alejandro Giammatei,  un nuevo Estado de Sitio en ambos municipios

Ahora el conflicto escalo tras el asesinato de una familia de comerciantes de Santa Catalina Ixtahuacan en diciembre pasado, por miembros de un grupo armado al parecer de la vecina Nahuala. Ante esta situación con el aval legislativo se aprobó un nuevo Estado de Sitio, siendo esta un arma recurrente del ministro de gobernación Gendri Reyes Mazariegos conocido por sus afinidades militaristas. 

De tal forma la mayoría oficialista voto a favor de la medida, votando también la bancada Semilla que maneja un discurso a favor del Estado de Derecho y dos diputados de la bancada de URNG, Walter Félix y Pedro Saloj (oriundo del departamento) que adujo supuestas presiones de vecinos de Nahuala, tan solo el diputado Osmundo Ponce de ese partido voto en contra; a los diputados de ese partido,  se les olvida los años de represión en ese departamento durante al guerra interna. Las bancadas de Winak y el MLP votaron en contra y el sector anti Sandra Torres de la UNE estuvo ausente.

Orígenes del conflicto

Se puede rastrear el origen de este conflicto desde la colonia, cuando en 1565 la la corona española reconoce a ciertos linajes quichés de la aldea de Nahuala los derechos a manejar ejidos y tierras comunales, desmembrándose de tal forma de Santa Catalina Ixtahuacan, pese a esto el primero se mantuvo como la población principal y al segundo como dependiente de este en la estructura de Pueblo de Indios.

Previo a la invasión española, el altiplano de lo que hoy es Guatemala, existían distintas entidades siendo la más fuerte la Confederación Quiche,  ejerciendo hegemonía sobre otras entidades, a partir de constantes guerras por control territorial; los linajes dominantes de estas confederaciones distribuían la tierra entre otros linajes y estos a su vez entre diversos chinamit dirigido por cabezas de familias.  Estas confederaciones eran entidades estatales dirigidos por distintos linajes de carácter clánico, uno de estos linajes era el Ilocab, que gobernaba lo que se llamara Santa Catalina Ixtahuacan en la colonia, y con la separación de Nahuala, se fragmentara.

La colonización hispana provoco una reconfiguración social que, si bien destruyo a estas entidades y convirtió a los pueblos originarios en siervos de las encomiendas primero y de las reducciones para el trabajo en la hacienda enfeudada, después le convino a la corona mantener la forma organizativa básica vinculada a la tierra,   por medio de la creación de los Pueblos de Indios, estructuras organizativas que tributaban a la monarquía española. Esta creo una serie de ordenamientos jurídicos y marcos ideológicos-filosóficos a partir de las llamadas repúblicas, siendo estas, la de españoles e indios.

La república de indios eran un reconocimiento formal de los derechos de los pueblos originarios y hasta cierto punto de las autoridades ancestrales de estos, quienes actuaron como mediadores con el poder colonial y que en algunos casos, evolucionaron en formas caudillistas, las cuales tenían legitimidad a partir de asumir la representación de las comunidades. De esa forma la corona reconoce a Nahuala como una entidad separada de Santa Catalina Ixtahuacan, pero este reconocimiento no estuvo acompañado de una delimitación clara de los límites de esta nueva organización territorial, situación que los gobiernos republicanos tampoco subsanaron.

Tanto Ixtahuacan como la aldea Nahuala, durante la colonia formaron parte de la Alcaldía Mayor de Totonicapán y tras la independencia en la época de la Federación Centroamericana y el periodo conservador se mantuvo así.  Esto se  modificó tras la muerte de Rafael Carrera,  la entrada de la reforma liberal y asunción de Justo Rufino Barrios, con la creación de los departamentos de Sololá, Totonicapán, Suchitepéquez y Retalhuleu,  agudizándose los conflictos en  y entre las poblaciones.

En 1865 las poblaciones de Santa Catalina se amotina contra el jefe municipal Manuel Tzoc, por la carga de tributos que pretende imponer, la población de este municipio aprovecho la muerte del caudillo Rafael Carrera para amotinarse,  Nahuala por su parte apoyó a Tzoc. Esto pese a que Carrera había conseguido el apoyo de estas poblaciones para neutralizar el intento separatista de Los Altos de Quetzaltenango dirigido por ladinos,  situación que generaba repudio de las poblaciones indígenas

Tal situación acelero los hechos,  la división se formalizo en 1873 y la separación legal se dio hasta 1880 con la conformación del régimen político liberal y el gobierno de Justo Rufino Barrios, creando dos municipio diferentes;  siendo el municipio la figura que configura la división administrativa desde ese momento en todo el territorio.

Según el historiador Rodolfo Galeotti citado para este artículo, pese a la separación,  el conflicto no escaló en enfrentamientos entre pobladores durante 100 años. Al grado de luchar conjuntamente por la finca Parasche, terreno ubicado el departamento de Suchitepéquez en la costa sur y que era un complemento ecológico para suplir las necesidades alimenticias desde tiempos pre-hispánicos, que se mantuvo durante la colonia y que fue expropiada en 1905 por  parte del gobierno de Estrada Cabrera,  para entregárselo a finqueros cafetaleros de origen alemán

Sin embargo, la falta de delimitación de un terreno llamado Chipata el cual actúa como colchón entre los dos municipios y que además contiene varios nacimientos de agua, cuyas cabeceras municipales está muy cerca fue un tema latente que provocaría el aumento de la conflictividad. En 1985 se dan los primeros conatos de confrontación, ante el hecho de el crecimiento poblacional, la falta de terrenos de cultivo y las pocas oportunidades laborales. Esta situación se agrava con los efectos del huracán Mitch, cuando el gobierno de Álvaro Arzú declaro inhabitable, la cabecera municipal de Santa Catalina,  fundándose la Nueva Santa Catalina y donde tal poblado se encuentra colindando con el terreno de Chipata.

Conflictividad actual

Tras la firma de los Acuerdos de Paz uno de los compromisos, fue la creación de un Registro de Información Catastral (RIC), para medir en todo el país las limitaciones territoriales y de predios, debido a la concentración de la tierra apropiada en forma anómala por parte de los finqueros.  La concentración se generó a partir del control de otra instancia,  que data de la reforma liberal, el Registro de la Propiedad, donde los grandes terratenientes la han manipulado a su favor. Pero el bloqueo constante de parte de la Cámara Agro hacia el RIC y otras instancias de la llamada institucionalidad de la paz, hace que conflictos como este se agraven.

En junio del año pasado, el gobierno con aprobación del Congreso aprobó un Estado de Sitio en varios municipios del departamento de Sololá, por la conflictividad que se genera entre Nahuala y Santa Catalina Ixtahuacan, alegando la nebulosa presencia del crimen organizado, sin dar pruebas de que y quienes.  Ahora nuevamente desde los medios informativos corporativos se alega lo mismo, con informes cruzados, de parte de funcionarios del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil (PNC), en citaciones recientes en el  Congreso; pues mientras los primeros dicen no tener evidencia real de presencia del crimen organizado, los segundos hacen referencia a cadenas delictivas dedicados al trasiego de drogas y de migrantes.

Pero lo cierto es la presencia de grupos con armas de grueso calibre -de uso propio del ejercito- en ambas poblaciones, situación aumenta los niveles de violencia afectando a poblaciones de trabajadores y labriegos, con un origen común étnico y con mismas problemáticas La pregunta es,  como adquieren estas armas de uso prohibitivo del ejército, no está allí la presencia de delitos de criminalidad organizada desde el mismo Estado.

Además que tan representativos son estos grupos o será que representaran a elites locales vinculados a intereses con las grandes empresas, por ejemplo la empresa TRECSA propietaria de la red de distribución eléctrica, que  ha querido construir a la fuerza una sub-estación en Santa Catalina y varias torres de transmisión, a lo cual la población de ese municipio sobre todo se ha opuesto.

Los hechos de confrontación contra elementos de la PNC protagonizados recién por pobladores de Nahuala, muestran que el Ministerio de Gobernación y el ministro Reyes actúa alevosamente porque sabiendo el rechazo de la población a la presencia policial, mandó agentes sin un informe real de inteligencia sobre el terreno, teniendo como resultados la muerte de seis policías, a lo cual en un primer momento se quiso tapar, aduciendo solo una muerte. Tras esos hecho la narco diputado Patricia Sandoval del partido FCN-Nación, que recién contrajo nupcias con Reyes, presento una iniciativa de ley para “fortalecer el actuar de la PNC” que implica más capacidad de responder ante agresiones armadas,  pero cuyo objetivo es reprimir más  a la población que se organice para defender sus derechos.

Al cierre de esta nota, el gobernante Giammattei instauró una mesa de dialogo con lideres locales de ambos municipios, en el vecino municipio de Santa Lucia Utatlán. Estas mesas de dialogo han sido recurrente en todos los gobiernos y han sido utilizadas para convencer a las comunidades a aceptar empresas de carácter extractivista en sus territorios. Muy posible este el interés de TRECSA filial de la semi-estatal Grupo de Energía de Bogotá,  de usar esta mesa para avanzar en sus objetivos.

Nosotros consideramos,  que la vía sería una consulta real a ambos municipios para resolver sus diferencias, sobre todo en el manejo de las formas de uso de la tierra que pese a ser municipal, estas se han ido privatizando ante la presión del mercado capitalista;  implicando avanzar en el catastro y delimitación de límites y lograr mantener si se pudiera,  un espacio compartido para usos comunes, entre ambos municipios.

Por Armando Tezucún

El 15 de diciembre de 2021 los responsables de la Junta Monetaria (JM) y del Banco de Guatemala (Banguat, la banca central del país) dieron a conocer la evaluación del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el año. Luego de anunciar en septiembre un crecimiento de la economía del cinco por ciento, las autoridades en materia económica hicieron un nuevo cálculo, situándolo en un 7.5%. El gobierno y el empresariado anunciaron con bombos y platillos que este es el mayor incremento del PIB en 40 años, proclamándolo como un éxito de las políticas implementadas por la administración de Giammattei y del empuje de los empresarios.

El gobierno y la burguesía magnifican el crecimiento del PIB

Sergio Recinos, presidente de la JM y del Banguat, explicó que el buen desempeño se debió al papel de las remesas familiares enviadas por los trabajadores guatemaltecos en Estado Unidos, el consumo interno, las exportaciones y la adaptación de los agentes económicos.

Aunque Recinos reconoció que se viene de un crecimiento negativo de -1.5% en 2020, mencionó que ese retroceso fue bajo en comparación con el de otras economías de Latinoamérica, atribuyéndolo a las políticas económicas del gobierno, y a una política fiscal anticíclica que redujo el déficit fiscal. En términos de política monetaria, el Banguat mantuvo la baja en la tasa líder decretada en 2020, que evitó un impacto significativo de la crisis en el sistema financiero. Y se prevé que la inflación cierre en 3.25%, por debajo de la meta establecida por la JM. El funcionario elogió la respuesta del empresariado ante la crisis, calificándola de dinámica y flexible, con una buena reacción a las nuevas exigencias del mercado. En cuanto a los factores externos, reconoció que Estados Unidos, principal socio comercial de Guatemala, adoptó políticas de estímulos fiscales y de empleo que beneficiaron el desempeño de las exportaciones y el envío de remesas familiares (entrevista con el diario Prensa Libre 16/12/2021).

Las organizaciones de la burguesía adoptaron un tono triunfalista al comentar el crecimiento de la economía. La Cámara de Industria de Guatemala lo proclamó como un crecimiento histórico, “Esto evidencia lo que los guatemaltecos somos capaces de lograr cuando trabajamos unidos como una gran nación” … “un crecimiento económico alto con una inflación baja. Un pueblo que destaca en todo el mundo por su fuerza de trabajo y ánimo de emprendimiento, sumado el dinamismo de su iniciativa privada y el liderazgo del sector industrial en el mercado interno”, y elogió el trabajo del presidente Giammattei y su liderazgo al trabajar con el sector privado (la Hora 18/12/2021).

Un representante empresarial destacó que influyó también la aprobación de leyes que benefician a la burguesía por parte del Congreso, como las reformas a la Ley de Zonas Francas, la Ley de Leasing, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, y el infame reglamento del Convenio 175 de la OIT (contratos de trabajo a tiempo parcial); además de ello, la simplificación de trámites aduaneros y el mecanismo de devolución del IVA a los exportadores.

¿Cuál es la realidad detrás de este crecimiento del PIB?

Tal como ya mencionamos en un artículo publicado en El Socialista Centroamericano No. 338, debemos ser muy prudentes en el análisis de los alcances del desempeño del PIB 2021. En primer lugar, debemos dimensionar correctamente el hecho de que el país viene de un retroceso económico del -1.5% como resultado de las necesarias medidas anti pandemia tomadas por el gobierno en 2020, por lo que el crecimiento real es del 6%, lo cual es todavía relevante, pues no se veía desde 2007. Aún así, si promediamos el crecimiento en los dos años, tendremos que es de un 3%, inferior al promedio de crecimiento desde 2008, que es de un 3.13%.  Además, este crecimiento ha sido resultado no solo de factores internos, sino también de la recuperación de la economía a nivel mundial, que incluye la demanda de bienes y servicios, las exportaciones e importaciones y las remesas. Lo esencial es determinar cómo afectó o benefició el crecimiento del año pasado a los trabajadores y a la población pobre del país.

Tanto Recinos como la burguesía industrial han reconocido el extraordinario papel desempeñado por el dinero enviado por los trabajadores guatemaltecos en el extranjero a sus familias. Este fue el rubro con un mayor crecimiento entre los que componen el PIB, 34.9%; los demás rubros a duras penas pasan de un crecimiento del 20%, siendo los más elevados las exportaciones, con un crecimiento del 15.4% y alojamiento y restaurantes, con 20.4%. En total, por concepto de remesas ingresaron al país US$ 15 mil 295.7 millones, la cantidad más alta de la historia. Esta enorme cantidad de dinero constituye un factor que dinamiza la economía, principalmente el consumo y la construcción de viviendas. Las y los trabajadores en el extranjero, más de 3 millones, sostienen a alrededor del 37% de los 16.3 millones de guatemaltecos. A todas luces resulta paradójico que sean los trabajadores que abandonan el país huyendo del desempleo, la pobreza y la violencia los que están apuntalando la economía guatemalteca; y los males de los que huyen casi 300 mil guatemaltecos al año son precisamente provocados por una situación estructural disfuncional creada para beneficiar a los grupos oligárquicos que controlan las riquezas del país, y que son los que ahora se regocijan con la recuperación de sus niveles de negocios en 2021.

El crecimiento de la economía y la consecuente alza en la recaudación de impuestos no tuvo ningún impacto en la mejora de las condiciones de vida de la población, como educación, vivienda, servicios, etc. Y no se ve que el gobierno de Giammattei tenga planes para mejorar estos aspectos durante 2022, sobre todo -y esto es importante hacerlo notar- porque este crecimiento del 7.5% no es sostenible, dado que es producto de circunstancias excepcionales; la mayoría de analistas considera que el PIB de 2022 volverá a los parámetros normales, creciendo entre un 3 o 4%.

¿Se redujo la pobreza?

La crisis económica de 2020, resultado de la pandemia, provocó que 750 mil personas pasaran a vivir en condiciones de pobreza. Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la recuperación de empleos formales durante 2021 fue de alrededor de 100 mil puestos de trabajo, insuficientes para rescatar de la pobreza a la cantidad de trabajadores indicada arriba. Pero, sin una mejora en los niveles de salarios, este crecimiento del empleo no hace su parte en elevar las condiciones de vida de los trabajadores; los salarios mínimos han estado congelados desde 2018, y ha sido hasta 2022 que el gobierno decretó un incremento.

El nulo efecto del crecimiento del PIB en la reducción de la pobreza se nota en toda su crudeza en las cifras de la migración. La cantidad de migrantes retornados desde Estados Unidos y México aumentó en un 22% durante 2021 en comparación con 2020, de acuerdo al Instituto Guatemalteco de Migración; la cifra es de 58,225 (La Hora 04/01/2022). Según la Patrulla de Control de Fronteras de Estados Unidos, en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2021, 283 mil guatemaltecos protagonizaron encuentros con las autoridades fronterizas (Prensa Libre 9/11/2021).

El poder adquisitivo de la población trabajadora también se vio afectado por el aumento de la inflación. Según las autoridades en materia económica, el nivel inflacionario fue del 3.25% en 2021, menor del esperado. Sin embargo, analistas de universidades y centros de investigación ponen en duda este cálculo. En primer lugar, en 2020 el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo algunos ajustes en la medición de la Canasta Básica Alimentaria que distorsionan las cifras reales. Además, el Índice de Precios Mundial de Alimentos mostró un incremento de 28%, el cual tiene un efecto global del que no se escapa Guatemala, y los principales socios comerciales del país (Centroamérica, Estados Unidos y México) tuvieron niveles de inflación del 6 o 7%. El ciudadano de a pie experimentó ya la tendencia al aumento de precios, que sin duda continuará durante el presente año. 

Clynton López, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín señaló otro factor que pone en duda los cálculos oficiales, resultado de la baja en la tasa líder decretada en 2020, “Recordemos que venimos de una enorme generación de liquidez por parte del banco central. De hecho, las sospechas vienen porque inclusive la liquidez creada generó la expectativa de mayor inflación de la reportada y la canasta básica no es la excepción a este fenómeno (Prensa Libre 08/01/2022).

El incremento al salario mínimo

El alza de los precios incide directamente en la capacidad de compra de los salarios. Después de tres años de congelamiento, el gobierno decretó el 16 de diciembre un incremento del 4.75% en los salarios mínimos de las tres actividades contempladas, agrícolas, no agrícolas y maquila/exportación. Los nuevos sueldos mensuales ascienden a Q 3,122.55 para trabajadores agrícolas, Q 3,209.24 para trabajadores no agrícolas, y Q 2,954.35 para trabajadores de maquilas y exportadoras. En las comisiones de discusión de los salarios los representantes de los empresarios se habían opuesto a cualquier aumento, mientras que los representantes sindicales pidieron un nuevo salario unificado de Q 4,562.5 más la bonificación de Q 250.

Este incremento tardío no alcanzará a las familias trabajadoras para cubrir los gastos de las canastas básicas. Sabemos que para la mayoría de trabajadores el sueldo mínimo es un sueño, pues la mayoría de empresarios pagan menos, violando la ley mientras el Ministerio de Trabajo se hace de la vista gorda.

Las y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales ahora tendrán la tarea de enfrentar la intención del gobierno y los empresarios de crear salarios diferenciados en el interior del país, con el propósito de legalizar los sueldos de miseria que pagan, sobre todo en el agro.

Por Armando Tezucún

Durante el año 2021 la administración Biden ha enviado una sucesión de funcionarios en misiones a Guatemala con el propósito de apoyar la implementación de sus políticas para enfrentar el grave problema de la masiva migración de trabajadores hacia Estados Unidos. En abril llegó al país Ricardo Zúñiga, asesor del Secretario de Estado; el 1 y 2 de junio el Secretario de Estado Antony Blinken estuvo presente en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana en Costa Rica; el 6 y 7 de junio la vicepresidenta Kamala Harris arribó a Guatemala; del 13 al 17 de junio hizo lo mismo Samantha Power, directora de la USAID, principal entidad ejecutora de los programas anti migratorios; el 6 y 7 de julio llegó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, para tratar temas de seguridad y firmar acuerdos al respecto.

Estas frecuentes visitas ponen en evidencia la importancia que tiene Guatemala para la administración Biden en la implementación de su agenda, a pesar de las continuas críticas, veladas y abiertas, hacia el gobierno de Giammattei por temas como la corrupción, la falta de transparencia y la manipulación de la justicia, que han llegado al extremo de incluir en la Lista Engel a la fiscal general Consuelo Porras, una de las funcionarias más apreciadas por el presidente. Al gobierno gringo no le queda más que tolerar a este incómodo aliado, llegando a acuerdos que se adecúen a sus intereses. El gobierno de Giammattei, por su lado se hace el desentendido de las críticas que le dirigen los funcionarios estadounidenses, a veces agachando la cabeza, otras veces asumiendo actitudes desafiantes, pero siempre sabiendo que Biden no puede prescindir, por el momento, de una alianza de mutua conveniencia.

La visita de Uzra Zeya

La última visita de un funcionario gringo al país ha sido la de Uzra Zeya, subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, del 28 de noviembre al 1 de diciembre. La misión de Zeya fue destacar “…el compromiso de los Estados Unidos de trabajar con socios guatemaltecos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular, promover el estado de derecho y proporcionar servicios de protección a los migrantes vulnerables, refugiados y solicitantes de asilo” (comunicado de la U. S. Embassy Guatemala, 26/11/2021).

Zeya participó en la reunión anual del Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales en la ciudad capital, e inauguró un Centro de Recursos Migratorios en la ciudad de Quetzaltenango, que dará servicios de protección y referencias a migrantes vulnerables. Además, se reunió con funcionarios del gobierno, de la sociedad civil y empresarios, y visitó algunos de los programas que están siendo financiados por Estados Unidos.

Las críticas de Zeya al gobierno

Continuando con la agenda de Biden y Harris para la región centroamericana y Guatemala en particular, Uzra Zeya hizo referencia a puntos sensibles para el gobierno de Giammattei, como el de la administración de justicia. A este respecto sostuvo un encuentro con algunos jueces y defensores de la justicia que han destacado por su independencia respecto a las estructuras promotoras de la impunidad y corrupción enquistadas en el sistema judicial. Entre estos jueces estuvieron Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, ambos premiados por entidades internacionales; también se reunió con representantes de ongs de defensa de derechos humanos y que velan por la aplicación de la justicia, y líderes sindicales. La funcionaria declaró “Los jueces y miembros de la sociedad civil demuestran su coraje y su compromiso a diario. Les enfaticé nuestro apoyo a ellos y a su rol fundamental en la democracia de Guatemala” (Prensa Libre 29/11/2021).

El 30 de noviembre se reunió con periodistas y representantes de medios de comunicación, con los cuales abordó el tema de la protección a la libertad de prensa. Luego en un tuit expresó: “Esta mañana me reuní con valientes representantes del sector de los medios de comunicación de Guatemala sobre la protección de la libertad de prensa. La libertad de prensa es un pilar democrático en todos los países. Los periodistas desempeñan un papel fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y un público informado” (La Hora 30/11/2021).

La Cumbre por la Democracia

En entrevista a los medios el 1 de diciembre, Zeya se refirió a la Cumbre por la Democracia, evento virtual organizado por el presidente Joseph Biden que se realizó el 9 y 10 de diciembre, al cual se invitó a gobiernos de unos 110 países, miembros de su sociedad civil y empresarios; entre los países que no fueron convocados están Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Zeya declaró: “Yo puedo decirles que el presidente Biden ha elevado la anticorrupción y el combate como una prioridad de seguridad, eso será uno de los puntos focales más críticos de la Cumbre por la Democracia que se llevará cabo virtualmente la próxima semana” (Prensa Libre 1/12/2021). El encuentro trataría sobre el totalitarismo, el combate a la corrupción y cómo avanzar en el tema de derechos humanos, según la funcionaria, quien sostuvo además que la cumbre es parte de un esfuerzo de Estados Unidos para centrarse en los derechos humanos y los valores democráticos en la política exterior.

La subsecretaria enfatizó que la corrupción erosiona la democracia, la rendición de cuentas y el sistema judicial, resaltó las sanciones tomadas por su gobierno contra funcionarios guatemaltecos y dijo “Nosotros apreciamos todas esas luchas anticorrupción en Guatemala, estamos muy comprometidos a seguir trabajando con ustedes” (Idem). Todo en acuerdo con la visión de la administración Biden de que es la corrupción la causa de la pobreza, violencia y falta de empleos que empujan a los trabajadores y trabajadoras del área centroamericana a emprender el peligroso viaje hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Esta forma de ver las cosas oculta intencionalmente a los verdaderos culpables de la miseria de la población del istmo, que son las oligarquías locales y las multinacionales que sostienen y fomentan gobiernos corruptos y autoritarios, con el claro respaldo de las distintas administraciones estadounidenses. 

El 2 de diciembre Juan González, principal asesor del presidente Biden para Latinoamérica, explicó en rueda de prensa que los países del Triángulo Norte de Centroamérica no fueron invitados a la cumbre porque, aunque son países democráticos, afrontan “algunos desafíos”, “puede que sean democráticas (estas naciones), pero tienen actividades muy inquietantes” …” hay democracias que creo que afrontan algunos retos en lugares como Guatemala, Honduras y El Salvador” (Prensa Libre 02/12/2021). Sobre Guatemala, González mencionó las acciones de la fiscal general Consuelo Porras, que fue sancionada por el gobierno gringo, las amenazas contra la sociedad civil, y la corrupción extendida en el país (Idem).

Giammattei, ofendido, viaja a Washington

La visita de Uzra Zeya a Guatemala debe interpretarse como una compensación del gobierno imperialista de Biden al gobierno de Giammattei por no haberle invitado a la Cumbre por la Democracia, como diciendo “les hicimos este desaire, pero, ¡vean, todavía estamos con ustedes!”. Pero el gobernante chapín no lo tomó de esa manera, y muy airado, partió en una valiente cruzada hacia Estados Unidos a reunirse con entidades, personajes y funcionarios republicanos, opositores a las políticas impulsadas por la administración Biden. Viajó con una comitiva de funcionarios y empresarios del 6 al 8 de diciembre.

Tampoco lo quiso interpretar así la oligarquía guatemalteca. Viejos zorros y más avezados que el incauto Giammattei, lo dueños del gran capital chapín gestionaron la participación del presidente en la 51ª. Conferencia anual sobre Las Américas, organizada por Americas Society/Council of The Americas. Así lo reconoció Juan Carlos Paiz, de la oligárquica Fundación Para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), “Hemos gestionado para que participe en este evento de Council of The Americas para atraer inversión al país” … “como vicepresidente de Fundesa nosotros trabajamos en alianza con varias empresas del Council of The Americas, para promover la atracción de la inversión hacia el país, y aprovechamos para tener otras reuniones en la ciudad” (La Hora 06/12/2021).

Ni tontos ni perezosos, los oligarcas guatemaltecos aprovecharon para hacer contactos de negocios en Estados Unidos, mientras el presidente Giammattei se deshacía en una serie de desafortunadas declaraciones contra el gobierno de Biden en los eventos en los que participó. De hecho, uno de los sectores capitalistas beneficiados por la visita es el de vestuario y textiles, logrando reuniones con el Consejo Nacional de Textiles de EE. UU., consiguiendo proyecciones de inversión por US$ 700 millones a US$ 900 millones.

Durante los tres días el presidente Giammattei participó en un evento con la Heritage Foundation, luego estuvo en el 20° Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, también se reunió con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, estuvo en la 51ª conferencia del Consejo de las Américas, y se reunió con la Cámara de Comercio Estadounidense.

Las declaraciones confrontativas de Giammattei

En sus discursos y declaraciones, Giammattei defendió a su gobierno en temas como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico; aseguró que Guatemala tiene un sistema republicano de gobierno con separación de poderes y procesos electorales libres y democráticos, con avances en la implementación del Estado de Derecho y aplicación de la justicia, y el país con el mejor desempeño económico de Centroamérica. “Es así como presento a mi país, Guatemala: un país con grandes esperanzas y con la vista puesta en el futuro de ser un líder regional y, por cierto, el único aliado de los Estados Unidos en Centroamérica” (La Hora 06/12/2021).

Entre sus afirmaciones más desafortunadas encontramos: “Guatemala seguirá siendo en mi gobierno, aliado y amigo de los Estados Unidos de América aún a pesar de este gobierno (el de Biden)” … “Nos consideramos un país aliado y amigo, aunque existan funcionarios de este gobierno que no lo entienden en su justa y verdadera dimensión” (Prensa Libre 06/12/2021). “…yo vine a los EE. UU. a decirles que allá hay un país que está cerca de ustedes, que nosotros podemos hacer mucho por EE. UU., pero que no vamos a permitir tampoco que nadie pueda llegar a exigirnos a nosotros que adoptemos cosas que vayan en contra de nuestra creencia, de nuestra fe y de nuestras leyes, nos cueste lo que nos cueste, así no sea una invitación a la Casa Blanca” … “Por pequeños que seamos y por problemas que tengamos, por miseria y pobreza, no significa que no seamos respetados, exigimos respeto, pero sobre todo inversión para nuestro país” (Prensa Libre 07/12/2021). “Guatemala seguirá siendo, en mi gobierno, un aliado y amigo de los Estados Unidos de América, aún, a pesar de este gobierno” (La Hora 11/12/2021).

La respuesta de la administración Biden a Giammattei

En contraste con el poco tacto de la actitud del gobernante guatemalteco, el gobierno gringo dispuso una reunión con él y su séquito en la sede de la Cámara de Comercio estadounidense el 8 de diciembre. Según un comunicado oficial, en la reunión se revisó “la amplia cooperación bilateral sobre migración, lucha contra el narcotráfico y promoción de oportunidades económicas” (Prensa Libre 09/12/2021).

Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes el asesor de seguridad Jake Sullivan, la asesora de Seguridad Nacional de la Vicepresidencia, Nancy McEldowney, el asistente especial del presidente Biden Juan González y el embajador en Guatemala William Popp. Sullivan reconoció el trabajo del gobierno de Giammattei en el combate a las organizaciones criminales, el tráfico de drogas y de personas; se habló de la colaboración para expandir la seguridad portuaria e impulsar la inversión privada y abordar las causas de la migración irregular: “El Sr. Sullivan reafirmó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Guatemala para combatir la corrupción, abordar la seguridad ciudadana y apoyar el desarrollo económico regional” (Idem).

Luego de su vergonzosa rabieta, Giammattei no logró más que reafirmar los compromisos que ya tenía su gobierno con la administración Biden-Harris, y que seguramente la subsecretaria Zeya ya había ratificado unos días antes. Sin duda los verdaderos ganadores en este periplo fueron los astutos representantes de los grupos oligárquicos, que regresaron a Guatemala con compromisos de jugosos negocios.

¿El narcotráfico principal origen de la impunidad y la corrupción?

Si el imperialismo gringo oculta sus responsabilidades al achacar a la corrupción el origen de la pobreza, violencia y la migración ilegal del área centroamericana, el presidente Giammattei fue aún más lejos y afirmó que es el narcotráfico el culpable de la impunidad y la corrupción en nuestros países.

En su discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, el mandatario reconoció que “la corrupción es el flagelo que atenta contra la democracia” (la Hora 07/12/2021), asegurando que el narcotráfico es uno de los mayores financistas de la corrupción y se debe combatir desde los países consumidores.

Esta es una postura que pretende evadir la responsabilidad de las cúpulas oligárquicas, y la pléyade de funcionarios y políticos de dudosa calidad moral que tienen a su servicio, no solo en la formación de estructuras corruptas que parasitan del Estado, sino en la miseria, el desempleo y desastrosa calidad de vida que sufre el pueblo guatemalteco.

Si bien es cierto que las redes del narcotráfico conforman uno de los grupos de la burguesía emergente, que sin duda ha contribuido a corromper el sistema de justicia y el sistema político, no se puede negar que tiene lazos con los grupos oligárquicos; además han sido estos grupos del gran capital los que han sido acusados de financiamiento ilícito de las campañas electorales, los que evaden impuestos y financian la aprobación de leyes que les favorecen en el Congreso, además de manipular las decisiones de las cortes de justicia en los casos que les afectan, como es el caso de empresas mineras e hidroeléctricas. Giammattei, con su falaz afirmación apaña a los grandes empresarios y, de paso, pretende achacar la responsabilidad de la corrupción a los consumidores de drogas en Estados Unidos.

La urgente tarea de librar a Guatemala de toda esta asquerosa telaraña de intereses que tienen al país al borde del abismo, corresponde a las y los trabajadores y sus organizaciones, en una fuerte alianza con la pequeña burguesía empobrecida del campo y la ciudad, ladina e indígena. Esta alianza se deberá lograr alrededor de un programa democrático radical que tenga como punta de lanza la Asamblea Popular Constituyente de los trabajadores y los pueblos indígenas