Por Marcial Rivera

“Nadie está por encima de la ley y es la obligación del Estado, respetar y defender los derechos de todos y todas los guatemaltecas, los elementos fundamentales de nuestra propuesta son los tres grandes pactos de acuerdos nacionales, primero: el Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia con el propósito de generar conciencia en todos los sectores de la sociedad, respecto a los orígenes de la criminalidad y del compromiso que debimos de asumir todos para prevenir el delito” (Fragmento del discurso de toma de posesión de Otto Pérez Molina, 15/01/2012).

La “mano dura”…

No cabe duda que una de las principales promesas, hechas por Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república por el Partido Patriota, y quienes se hicieron con el triunfo en las últimas elecciones presidenciales, fue la 'mano dura', aunque con matices un tanto distintos que en la elección anterior, en la que resultó triunfador Álvaro Colom, pero en el fondo se trataba de lo mismo: combatir la violencia y criminalidad por medio de la represión al delito.

Fue precisamente durante la última campaña electoral, a raíz de la propuesta del Partido Patriota en materia de seguridad, cuando el tema se abordó desde distintos puntos de vista en columnas de opinión y medios de comunicación. Se puso en tela de juicio la efectividad de la implementación de dichos planes, a la luz de los fracasos en materia de seguridad que supondrían planes implementados de forma similar en El Salvador y Honduras. En estos países, lejos de atenuar la violencia y criminalidad, dichos planes generaron un incremento desmedido de la violencia en el triángulo norte de Centroamérica, región que posee niveles sobrados de violencia, y que según distintos rankings, se encuentran entre los 6 países más violentos del mundo. Esta lógica en alguna medida refleja también la crisis del capitalismo, sobre todo si se toma en cuenta que ninguno de estos países se encuentra en la actualidad en un conflicto armado interno, o en un conflicto con algún otro país.

Una promesa de brindar seguridad, en un país con niveles elevados de violencia resultaba entonces, atractivo para el electorado y redituable a nivel de marketing político electoral

Difícil tarea de ejercer el periodismo

Guatemala -en particular- es también un país donde ejercer el periodismo de forma coherente, transparente, objetiva o incluso únicamente ejercer el periodismo puede resultar en una profesión tan peligrosa como manejar autobuses del transporte colectivo, en donde se puede como resultado perder la vida misma; de acuerdo a ‘Reporteros sin Frontera’ esta nación centroamericana ocupa el puesto 124 en el ranking mundial.

Los casos de mordaza o censura hacia el ejercicio periodístico en la región no son nuevos y sobran los ejemplos. Habrá que hacer referencia a casos como El Periódico en Guatemala, medio informativo que desde los inicios del actual gobierno, ha dedicado esfuerzos en el ámbito del periodismo investigativo, denunciando los numerosos actos de corrupción cometidos durante la actual administración. En la coyuntura actual en que Guatemala se encuentra a las vísperas de elecciones generales, ejercer el periodismo resulta más peligroso.

¿En manos de quién?

El caso de Danilo López y Federico Salazar, periodistas asesinados frente a la gobernación departamental en Mazatenango, el 10 de marzo, quienes se encontraban cubriendo un evento relacionado con el día internacional de la mujer y además investigaban distintos casos de corrupción, específicamente del alcalde Oscar Lemus, de Mazatenango -gracias a lo que ya habían recibido algunas amenazas- debe servir para comprobar de primera mano, que la labor de fiscalizar el ejercicio del poder político supone el mismísimo riesgo de la muerte, sobre todo en un Estado cuasi fallido como Guatemala. Pero además, para entender que la seguridad no debe estar más en manos del gobierno, sino de la clase trabajadora. Desde el Partido Socialista Centroamericano, consideramos válido exigir justicia por el asesinato de Danilo López y Federico Salazar, pero a su vez, demandar seguridad para el resto de la ciudadanía, que a diario es víctima del flagelo de la violencia, y que pareciera pasar desapercibida por no tratarse de casos ‘emblemáticos’. Exhortamos a la población a movilizarse exigiendo mejores condiciones de seguridad, para la convivencia humana, sí… Para la convivencia humana.

Por Ramona Itzep

A principios de diciembre de 2014, el diputado de Marvin Osorio, del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), luego de haber celebrado un servicio religioso en el Salón del Pueblo del Congreso de la República, dio declaraciones acerca de la intención de promover una iniciativa de ley para obligar a que se brinde enseñanza bíblica en todos los centros educativos, tanto públicos como privados. Este acto es todas luces un paso de la oligarquía, militares y otros interesados en continuar fortaleciendo al estado represivo y fundamentalista religioso que se ha mantenido en Guatemala; esto con la intención de seguir manteniéndonos al margen del ejercicio real de la ciudadanía y aceptar los “designios de dios”, para que sigamos diciendo, “sólo dios y la oración pueden hacer que mejoren las condiciones de nuestra amada Guatemala”.

El discurso fundamentalista, tanto religioso como patriarcal, ha permeado en el imaginario social en países como Guatemala, debido a la falta de acceso a la educación. Ahora, además del poco acceso que tenemos las y los guatemaltecos a una educación gratuita y de calidad, se pretende obligar a la lectura de un libro fantasioso que nos dice cómo vivir, cómo comportarnos en lo individual, familiar y colectivo, como si para ello no contáramos ya con una Constitución y un sin fin de leyes que regulan el comportamiento individual y las relaciones sociales, claro está, en beneficio de los poderosos.

La Laicidad es el ejercicio de derechos de acuerdo a tres elementos básicos: respeto a la libertad de conciencia, autonomía de lo político frente a lo religioso e igualdad de las y los individuos y sus asociaciones ante la ley, así como no discriminación (Blancarte, Roberto J. (2008) Para entender el Estado Laico, México Nostra ediciones). Esta es una conquista democrática que debe ser defendida por las trabajadoras y trabajadores; la separación entre Estado e iglesia debe ser profundizada en el programa de la revolución socialista.

Feministas en un gran número de países alrededor del mundo han analizado los desafíos y retos que conlleva la lucha contra los fundamentalismos religiosos. Entre ellos, “la pobreza nacional” como uno de los factores más importantes detrás del apogeo de los fundamentalismos religiosos, debido a que la población empobrecida suele sumarse a estos movimientos como una estrategia de sobrevivencia, pues comúnmente prometen mejorar su economía, con el sermón o discurso de prosperidad y abundancia, si confían en Dios y son fieles a su palabra. Esta constante pugna entre la fe y el ejercicio de ciudadanía, se inclina por lo más cómodo, la fe, y dejan de lado su capacidad de analizar y cuestionar, lo cual le viene muy bien a los gobiernos burgueses y al patriarcado.

La brecha entre ricos y pobres representa una ventaja para el oportunismo de los fundamentalismos religiosos. Al encontrarse con una población que no cuenta con servicios de calidad y gratuitos que se brinden y garanticen por parte del Estado, son las iglesias quienes se prestan a “ayudar” con programas sociales, claro eso sí, con la única y exclusiva condición de que aceptes a Cristo en tu corazón (y que sea quien maneje tu vida, conciencia y voluntad).

¿Qué de peligroso tiene aceptar y profesar una religión? Pues se dirá que nada, en la medida en que sea una decisión propia, no manipulada por funcionarios públicos, de quienes esperamos actúen de acuerdo a la ley y no de acuerdo a sus creencias personales, las cuales no deben intervenir el ejercicio de sus funciones. ¿Pero qué de peligroso tienen los fundamentalismos religiosos? Para toda la población es un riesgo, pero hay segmentos de la población contra quienes los fundamentalismos religiosos se ensañan. Es en nuestros cuerpos de las mujeres y la decisión sobre ellos en donde más influencia tienen; con la creencia errónea de que es voluntad de dios la maternidad, la castidad, la fidelidad, la sumisión, se nos violentan nuestros derechos fundamentales.

Ahora otro diputado, Gregorio Nolasco del Partido Patriota (PP), se suma a apoyar esta iniciativa de la lectura bíblica obligatoria. Estos diputados afirman que ese proyecto vendría a disminuir “las pandillas”, además reduciría la violencia porque los estudiantes tendrán presente la “palabra de Dios”. Esta es una propuesta por demás cómoda para los grupos dominantes, pues pasa por alto que la violencia juvenil es resultado, no de la ausencia de religión, sino del fracaso de la sociedad capitalista neoliberal, que no ofrece a nuestros jóvenes oportunidades de empleo digno, ni educación integral, ni acceso a un sistema de salud gratuito y de calidad.

Llamamos a las organizaciones feministas y sindicales a defender la conquista de un estado laico y a luchar porque se cumpla con los derechos democráticos que implica, contra la intención de los grupos oligárquicos de utilizar la religión para controlar mejor a los oprimidos y explotados.

Por Armando Tezucún

Las agrupaciones campesinas Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CENOC), convocaron a una movilización nacional el pasado 23 de febrero. Las peticiones que los compañeros hacían al gobierno eran: el cese de las persecuciones contra defensores y organizaciones de derechos humanos; el rechazo del salario diferenciado en cuatro municipios del país y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas; el inicio de un proceso de análisis y discusión sobre la necesidad de nacionalizar la energía eléctrica; la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, en su versión original; contra el alto costo de la canasta básica; que se asignen suficientes recursos a los ministerios de salud y educación; ampliar el presupuesto del Fondo de Tierras y atender las demandas de los grupos campesinos que llenaron los requisitos para obtener tierras.

La protesta de los compañeros campesinos consistió en el bloqueo de carreteras en cerca de 22 puntos del país, durante casi ocho horas. Desde las seis de la mañana cientos de manifestantes se ubicaron en puntos estratégicos en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Las Verapaces, Jutiapa, Quiché, Santa Rosa, Sololá, Jalapa, Retalhuleu, Totonicapán, Izabal, entre otros lugares.

En horas de la mañana representantes de los campesinos se reunieron con algunos diputados del Congreso de la República, exponiendo sus peticiones. Hacia las dos de la tarde fueron recibidos en casa presidencial, donde se reunieron con el encargado gubernamental de diálogo nacional, Miguel Ángel Balcárcel. Hasta ahora no se ha hecho público el resultado de este diálogo, ni en los medios de comunicación ni en los medios electrónicos de las organizaciones campesinas.

Las organizaciones de empresarios se lamentaron de que los tranques dejaron Q 50 millones en pérdidas. El Presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, puso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente Otto Pérez Molina, y los funcionarios responsables de la policía, para que impusieran su autoridad. Según Briz las protestas son “un abuso, es un atropello, es un acto delictivo, y vemos que las autoridades simple y sencillamente no accionan. Usted tiene el derecho de realizar su día normal todos los días, y ellos –los manifestantes- le impiden realizar su vida con normalidad” (Prensa Libre 24/02/15). La coordinadora de los gremios empresariales, el CACIF, también protestó contra las acciones de los compañeros campesinos por medio de un comunicado de prensa.

La postura oficial de la iglesia católica se manifestó a través de la Conferencia Episcopal de Guatemala, que emitió un comunicado diciendo que los bloqueos no son la solución para la solicitud de demandas. El texto dice: “…tales bloqueos son también resultado de proyectos ideológicos que pretenden crear desestabilización social y política y alterar el normal desarrollo de la actividad económica del país...la defensa y promoción de los valores éticos no se logran recurriendo a medidas de hecho, como son los bloqueos…No es con la lesión del derecho de la libre locomoción como se defiende el derecho a ser escuchados por las autoridades respectivas…” (Prensa Libre 25/02/15).

Algo que salta a la vista en las protestas del 23 de febrero es la división entre las organizaciones campesinas. El año pasado asistimos a fuertes movilizaciones por demandas similares, pero de otro bloque de agrupaciones: el Comité de Unidad Campesina, el Comité Campesino del Altiplano, el Consejo de Autoridades Ancestrales, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej, entre otras. De los párrafos anteriores podemos deducir que la derecha y el empresariado están unidos y saltan al unísono cuando tienen que enfrentar a las protestas populares. Sin embargo, los dirigentes campesinos, a pesar de que proceden de un tronco común, que es la ex guerrilla, con el pasar de los años se dispersan y disgregan cada vez más.

Hacemos un llamado a las dirigencias de las organizaciones campesinas para que inicien un diálogo serio que conduzca a acciones unitarias, en beneficio de la población indígena y campesina, con un plan unitario de lucha que incluya las principales demandas: aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral; nacionalización de la producción y distribución de energía eléctrica; respeto a los derechos laborales de los trabajadores agrícolas; respeto a las decisiones de las comunidades en cuanto a actividades mineras e hidroeléctricas; cese de la criminalización y persecución de dirigentes comunitarios; salud y educación públicas de amplia cobertura y alta calidad. La unidad de todas las organizaciones campesinas es vital para enfrentar exitosamente al gobierno y al empresariado.

Por Leonardo Ixim

El expresidente Alfonso Portillo regresó a Guatemala después de 22 meses de guardar prisión en Estados Unidos. Fue condenado por recibir US$ 2. 5 millones de parte de la República China de Taiwán para que su gobierno apoyara a este país en el escenario internacional. Dicha donación o soborno, tipificada como lavado de dinero por parte de los tribunales de estadunidenses, lo llevó a cumplir cárcel en ese país.

Previamente había sido llevado a juicio por malversación de Q 120 millones del Ministerio de Defensa; sin embargo, los tribunales no consideraron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la CICIG tuvieran fuerza para inculpar al ex presidente. En la actualidad se lleva otro juicio a varios ex militares cercanos en ese momento al ex presidente por el desfalco de ese dinero.

El regreso de Portillo ha generado una serie de expectativas en el mundo político del país. Los rumores sobre su apoyo a distintos políticos están a la orden del día, como a Zury Ríos, hija del ex dictador Efraín Ríos, el cual fue sostén del gobierno de Portillo; Mario Estrada de la UCN, ex ministro en tiempos de Portillo, con el cual se distanciaron; se hablaba de la candidatura de Edmund Mulet ex funcionario de la ONU y otro personaje más de la politiquería, supuestamente apoyada por sectores del empresariado y algunos cercanos a Portillo, etc. Sin embargo, ninguno de estos rumores ha sido confirmado por el ex presidente.

Portillo se ha vuelto como la chica codiciada del pueblo a quien los machos galanes pretenden, porque según varias encuestas, y pese a ser constantemente señalado por la mass media al servicio del gran capital de la corrupción en su gobierno, es considerado por un porcentaje alto de la población como el mejor gobierno en Guatemala en los últimos años. La forma como fue sacado hacia EU, en una acción del Departamento de Justicia de EU, con el aval del MP dirigido por Claudia Paz y el gobierno de Otto Pérez, fue visto como desdeñable por la población.

Recordemos que durante gobierno, pese a estar rodeado de una pléyade de militares contrainsurgentes en retiro que se dedicaron a enriquecerse, se caracterizó por mantener cierta estabilidad en los precios, accesibilidad del consumo popular y bajas tasas de inflación en un marco internacional de cierta bonanza económica. Para tal fin recurrió a la importación de productos básicos como azúcar, pollo, carne, etc., afectando los grandes monopolios y favoreciendo a sectores emergentes del empresariado. Se podría decir que fue un gobierno antimonopólico y representante del capital emergente.

En su gobierno se enfrentó constantemente con sectores oligárquicos, aun con lo débiles que fueron estas medidas. Esto lo recuerdan grandes capas de la población, más allá de los discursos intelectuales de la izquierda que al igual que la extrema derecha y los articulistas al servicio de la oligarquía, se ensañan en señalar los reales actos de corrupción de ese gobierno.

Pese a haber afectado mínimamente los intereses de la rancia oligarquía, ésta que se caracteriza por odiar con saña, y en consonancia con el ala conservadora del Estado gringo logró que lo extraditaran hacia EU. En todo esto, la Cicig por medio de su primer comisionado Carlos Castresana, quien se acercó y fue allegado a con los monopolios, y el Ministerio Público de la administración de Paz, fueron segundones de la presión de la embajada gringa; el MP emprendió una batalla desgastante e infructuosa contra Portillo y los militares corruptos de un destartalado cartel de La Cofradía y no contra el activo cartel de El Sindicato el cual sobre sale en este gobierno.

El discurso de bienvenida de Portillo en el Aeropuerto Internacional La Aurora a los periodistas y a sus simpatizantes se caracterizó por la búsqueda de la conciliación con sectores del empresariado, el planteo de la refundación del Estado mencionando la posibilidad de una constituyente, así como por cuestionar algunos aspectos del modelo económico como la minería y hasta se mostró de acuerdo con que continúe la CICIG, alabando al actual comisionado, el colombiano Iván Velázquez. Por supuesto. Portillo sabe que existe la posibilidad de que lo maten o de que se le abran nuevos procesos penales, por tanto será cauteloso.

Consideramos que él en lo personal y algunas amistades que lo rodean no representan a sectores orgánicos del capital emergente, como sí los representan el actual partido de gobierno, Baldizón-Lider o Sandra Torres-UNE. Pese al tono conciliador de su discurso, las contradicciones y la rigidez del régimen político y del modelo económico, llevarán a que los sujetos organizados del proletariado se confronten con los distintas facciones del bloque en el poder y en ese sentido las masas organizadas tendrán que barrer con todo tipo de caudillo o de cualquier salida que el capital quiera implementar.