Por Armando Tezucún

Ocho días después de que la Corte Suprema de Justicia aceptara y diera trámite a la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, presentada por el diputado Amílcar Pop, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el proceso. La abogada Karen Fischer, proveniente de una familia de cafetaleros, con lazos estrechos con Pérez Molina y con la derecha política, había presentado un amparo ante la CC al día siguiente de conocerse la decisión de la CSJ. Los magistrados de la CC votaron tres a favor y dos en contra de dicho amparo. De esta manera, la actuación de la Comisión Pesquisidora nombrada por el Congreso de la República quedó en suspenso.

Los argumentos esgrimidos a favor del amparo se basan en que la CSJ en su decisión no observó lo previsto en los artículos 4 y 16 de la Ley en Materia de Antejuicio. En concreto, se argumentó que el trámite contra el presidente se está haciendo “…sobre la base de una sindicación de comisión de delitos que se formuló contra terceras personas” (El Periódico 19/06/15) y que la CSJ omitió hacer un análisis adecuado del caso. Recordemos que el diputado Pop presentó la solicitud de antejuicio en base a que Pérez Molina nombró a funcionarios que ahora están acusados y detenidos por corrupción, y que encubrió a la ex vicepresidenta Baldetti a su regreso de Corea del Sur, cuando se dio a conocer la denuncia de la Cicig sobre la red de corrupción aduanera. Los magistrados que votaron en contra argumentaron que la abogada Fischer no tiene legitimidad para presentar el amparo, pues el agravio fue directo y personal contra el presidente, no contra ella.

La Comisión Pesquisidora había avanzado en su trabajo escuchando los argumentos de Pop y, a través de un informe escrito, conociendo la respuesta de Pérez Molina en su defensa. Esta comisión atravesaba dificultades, pues su presidente, el diputado Baudilio Hichos había renunciado a este cargo tras ser acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de actos de corrupción.

El 23 de junio se reunió de nuevo el pleno de magistrados de la CC, esta vez con la presencia de su presidenta Gloria Porras, quien se encontraba de viaje cuando se aceptó el amparo. Porras propuso agilizar el trámite para que la CC resuelva en definitiva, eliminando la fase de investigación y pasando a la etapa de audiencias públicas, pero los mismos magistrados que aprobaron el amparo votaron en contra de esta propuesta. Esto atrasará indefinidamente el proceso. La magistrada Porras se manifestó en contra de la decisión de la CC de amparar provisionalmente a Fischer. De igual manera, al ser consultado de oficio por la CC, el Ministerio Público solicitó la revocatoria del amparo provisional.

En defensa del “orden constitucional”

La decisión de la CSJ del 10 de junio que dio trámite al antejuicio, hacía pensar que los días de Pérez Molina en la presidencia estaban contados; esta impresión se reforzaba con declaraciones claves del embajador gringo Todd Robinson y la dirigencia del empresariado organizado en el Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras). Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad parece haber dado un respiro al presidente. Es la misma CC que anuló la sentencia por genocidio contra el ex general Ríos Montt, y que acortó el periodo de la ex jefa del Ministerio Público Claudia Paz y Paz.

Más allá de los argumentos legales, la decisión de la CC de aceptar el amparo significa una defensa del orden establecido, del orden legal burgués, del sistema que legitima en su conjunto el sistema de dominio de la oligarquía y el imperialismo, ante la grave crisis coyuntural por la que atraviesa el país. Así lo expresó claramente el magistrado de la CC Roberto Molina en una entrevista que brindó al diario El Periódico. Molina dijo: “…nuestro trabajo es muy especial porque es la defensa del orden institucional, y aún sabiendo que una resolución va a ser rechazada popularmente no podemos dejar de emitirla porque es nuestro deber (…) creo que lo que empezó como una propuesta genuina en contra de los desmanes y la corrupción puede desbordar en situaciones que pongan en peligro el orden institucional y el funcionamiento de las instituciones del país (…) Situaciones similares provocaron el Serranazo, y la CC de oficio puso orden y no permitió que pasara algo peor. No soy yo quien pueda dar una opinión, pero a partir de todo esto estamos ante el peligro de un rompimiento institucional.” (El Periódico 20/06/15).

En el estira y encoje de una situación de crisis que puede dar un giro de un momento a otro, la decisión de la CC protegiendo al presidente, expresó el temor de cierto sector de las clases dominantes de que se dé un “desborde” que ponga en peligro el “orden constitucional”. Este peligro no es otro que el que las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares se pongan a la cabeza de la lucha democrática contra la corrupción.

El rumbo de las protestas

Las protestas anti-corrupción convocadas a través de las redes sociales, consistentes principalmente en grandes concentraciones en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura en la ciudad capital, y réplicas similares en ciudades del interior, han venido en disminución. La participación de la población, en su mayoría grupos heterogéneos de las capas medias, llegó a su punto máximo el 16 de mayo, con cerca de 50 mil a 60 mil personas. Después que el gobierno dispuso el inicio de procesos de reformas a ciertas leyes, controladas desde el Congreso, organizaciones de la “sociedad civil” empezaron a coordinarse para hacer sus propuestas, siguiendo el rumbo dispuesto por el gobierno. Esto ha incidido indudablemente en la participación, que bajó a 20 mil – 30 mil el 13 de junio y unos 500 (según el diario El Periódico), el 20 de junio, aunque para ese día no había una convocatoria masiva.

Lo que ha sido notorio es el incremento de las protestas independientes de organizaciones campesinas y magisteriales. El 20 de mayo se dio la primera, con unos 5 mil campesinos de la Cnoc y Codeca, a los que se sumaron trabajadores de salud del Hospital San Juan de Dios, exigiendo la renuncia del gobierno y la instalación de una Asamblea Constituyente. Las organizaciones independientes de maestros han estado manifestando, demandando la renuncia del presidente, el castigo a los corruptos y la renuncia del deshonesto dirigente magisterial Joviel Acevedo. Esto se ha dado el 28 de mayo en Chichicastenango, el 4 de junio en Uspantán, Quiché, el 11 de junio por medio de un bloqueo de carreteras en Nahualá, el 18 de junio en Joyabaj, Quiché. En estas protestas han participado de 500 a 800 docentes.

La más reciente se dio el 22 de junio, con una marcha de protesta organizada por la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG, de orientación social cristiana), que incluyó maestros de Telesecundaria y del Magisterio en Resistencia. Los maestros reclamaron el traslado de compañeros que están por contrato temporal, a plazas permanentes, gozando de los beneficios del escalafón. La marcha en su conjunto exigió el freno a la corrupción y la reforma a leyes claves.

La Asamblea Social y Popular, compuesta por una diversidad de organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, hasta el momento se ha sumado a las movilizaciones generales convocadas a través de las redes sociales, sin imponer el sello y métodos de lucha propios de los campesinos y trabajadores. Esta vacilación ha retardado el momento en que la dirección de las luchas contra la corrupción la tomen las organizaciones de los oprimidos y explotados, condición indispensable para que esta crisis del sistema político se resuelva a favor de las mayorías indígenas, campesinas y trabajadoras. La ASP anunció acciones para el 30 de junio, oficialmente el Día del Ejército, proclamado como día de las víctimas, héroes y mártires del conflicto armado por las organizaciones de derechos humanos. Ese día deberá ser el inicio de las movilizaciones independientes que coloquen a la ASP a la cabeza del movimiento democrático, planteando no solo la lucha contra la corrupción, sino todas las demandas que por años ha reclamado el movimiento campesino, indígena, sindical y popular. Sin la satisfacción de estas demandas no habrá un verdadero cambio democrático en Guatemala.

Los sindicatos que han pactado con el gobierno salen a las calles

Tal como lo habían anunciado, los dirigentes de las organizaciones sindicales y campesinas que han firmado pactos colectivos y acuerdos con el gobierno, sacaron a sus bases a las calles el 19 de junio. Estas organizaciones son la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), la Coordinadora Nacional, Indígena y Campesina (CONIC), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP). Desde cuatro puntos de la capital, las multitudinarias marchas convergieron en la Plaza de la Constitución, habiendo pasado antes por el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y la Casa Presidencial.

Aunque no pedían la renuncia del presidente Pérez Molina ni del gobierno, las marchas plantearon demandas largamente sentidas por la población, como la nacionalización de la energía eléctrica y de los recursos naturales, la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, de la Ley de Juventud, el rechazo a las reformas propuestas a la Ley de Servicio Civil, una nueva Ley de Minería, etc.

Es evidente que las burocracias que dirigen estos sindicatos han iniciado movilizaciones para no perder a sus bases en medio de la marea de la lucha democrática contra la corrupción, cediendo a la presión de sus afiliados de sumarse de alguna manera a las protestas. Las demandas planteadas en la marcha son indudablemente correctas, pues son demandas históricas, pero falta lo esencial de lo que está en la palestra en la actual crisis política, que es la reforma de todo el régimen corrupto, la renuncia del presidente, de su gobierno, el castigo a los funcionarios corruptos y las reformas que impliquen una verdadera democratización del país. Las bases que siguen a estos dirigentes no deben conformarse con plantear lo que se ha demandado por años; el sistema político del país está atravesando una grave crisis, y deben exigir a sus dirigentes que planteen soluciones a esta crisis, demandando la renuncia del presidente, en primer lugar, y el castigo a los funcionarios corruptos; ni el actual gobierno, ni Pérez Molina van a satisfacer jamás las demandas planteadas en la marcha. Deben exigir a sus dirigentes que rompan con el gobierno corrupto, y exigir la democratización interna sus organizaciones sindicales, haciendo efectiva la participación de las bases en las decisiones y llamando de inmediato a elecciones para renovar sus comités ejecutivos.

Sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos

La comisión del Congreso que discute las reformas a la Ley Electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Plataforma Nacional por la Reforma del Estado no parecen avanzar en las propuestas de reformas a la ley, por falta de acuerdos. En este último organismo es alentadora la noticia de que el Cacif presentó su renuncia al mismo en la reunión del 23 junio, por estar en desacuerdo en dos puntos irrenunciables, rechazan la posposición de las elecciones y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. También es alentador saber que un bloque de organizaciones sociales con la participación de estudiantes universitarios consecuentes está tomando importancia en la misma.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) propone a la Asamblea Social y Popular los siguientes puntos a considerar en su planteamiento de reforma electoral: posposición de las elecciones hasta que se concluya el proceso de reforma a la ley; habilitar el voto de los guatemaltecos en el extranjero; que los comités cívicos, organizaciones, campesinas, indígenas, sindicales y populares puedan proponer candidatos a alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente; que los alcaldes y diputados puedan ser removidos de sus cargos sin trámites complicados al ser descubiertos en actos de corrupción; que el voto nulo sea vinculante; equidad de género y etnia en los listados de candidatos; reducción al mínimo del financiamiento privado a los partidos y que el TSE distribuya equitativamente la pauta publicitaria en los medios, en campañas electorales austeras; reducción de los requisitos para la inscripción de partidos políticos. El proceso electoral debe conducir a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

A los partidos de izquierda que participarán en las elecciones (Urng-Winaq, CPO-Convergencia) les proponemos que conformen un frente único con candidaturas conjuntas que incluyan dirigentes populares de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares con amplia trayectoria de lucha.

Por Leonardo Ixim

El desastre ecológico ocurrido en el rio La Pasión, en el norteño departamento de Petén, evidencia muchos factores que deben ser vistos desde enfoques tales como la Ecología Política, la cual nos perfila perspectivas para cuestionar el modelo económico neoliberal-capitalista.

Este desastre, catalogado por las mismas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como un ecocidio, consiste en el vertimiento en este río de un agroquímico denominado Malation, responsabilidad de la empresa Reforestadora de Palmas de Petén (Repsa) quien es dueña de una cantidad de fincas donde cultivan palma africana.

La empresa Repsa pertenece al holding Agro Industrias HAME, propiedad de las familia-corporación de los Molina Espinoza y los Molina Botrán, quien controla más del 50 % de la producción de aceite de palma en el mercado nacional. Son dueños de la empresa de Aceite Comestible Olmeca S.A., que vende ese producto con tal marca, concentrando sus plantaciones en los municipios de Sayaxché y San Luis, del departamento de Petén (El Observador numero 14). Es importante señalar que en esos municipios operan otras empresas palmeras como Naisa, Tekindustrias, Palmas del Ixcan y Unipalma.

Este cultivo, que a nivel mundial está señalado de generar efectos nocivos al ambiente, ya que genera un fuerte desgaste en el suelo que no permite la renovación, un gasto excesivo de agua, además de no permitir que otras especies vegetales florezcan, tiene la característica de que usa muy poca mano de obra y con salarios muy bajos. En Guatemala ha provocado una mayor concentración de la tierra y la disputa contra formas de reproducción campesina.

El vertimiento de este químico se generó cuando se rompió la represa de cola donde la empresa vertía los residuos de aguas tóxicas, atravesando afluentes del río La Pasión (CMI 11-06-15). Este río por su parte desemboca en el río Usumacinta, que es fronterizo entre el departamento de Peten y el estado mexicano de Chiapas y desemboca en el Golfo de México, en el estado mexicano de Tabasco.

El temor es que la contaminación siga avanzando hacia el río Usumacinta. En ese sentido autoridades de medio ambiente y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conap) trabajan para evitar más daño, pues según un estudio del Laboratorio de Toxicología de la Universidad de San Carlos, el Malation es un toxico que no se disuelve en el agua (Ídem).

Las autoridades de ambiente por su parte, fueron obligadas a poner un recurso de amparo a un juzgado local dado provisionalmente para que la empresa suspenda actividades por 15 días, además de que autoridades de la Fiscalía de Medio Ambiente del Ministerio Público y peritos forenses investigan el caso. La empresa niega cínicamente que sea la responsable.

Este ecocidio ha generado la mortandad de 23 especies de peces, de las cuales el 22 % están en peligro de extinción, afectando gravemente el hábitat de estas especies y con el peligro de que el daño al ecosistema lacustre afecte otras especies que se alimentan de peces del este río. Organizaciones ambientalistas como la Red Manglar Internacional cuestionaron la poca capacidad de monitoreo del MARN sobre las actividades extractivas y sus efectos ecológicos de estas empresas. Se reporta el daño a más de cinco mil familias -30 mil personas- que viven de la pesca de estos ríos afectados y que además tienen la presión de estas empresas que los obligan a vender sus terrenos.

Organizaciones comunitarias de Sayache y San Luis, al conocer el desastre –que la empresa estúpidamente pretendió esconder recogiendo los peces muertos- han protagonizado tomas de carreteras y caminos vecinales, al igual que un plantón permanente en frente de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Para el día sábado 27 del presente mes, organizaciones estudiantiles, comunitarias y ecologistas están convocando una marcha en la Ciudad de Guatemala.

Desde el PSOCA nos solidarizamos con el dolor de las familias afectadas, que les turba una fuente de alimentación y no descartamos mano criminal de las empresas como forma de despojar de sus terrenos a las comunidades, además de lamentarnos del daño ecológico que esto provoca para los ecosistemas de los cuales dependemos todos los seres de este mundo. Y nos pronunciamos en el sentido de que la impunidad ambiental es parte de un modelo económico que es necesario cambiar por medio de una revolución socialista. Apoyamos incondicionalmente la acción que tomaron el 23 de junio las comunidades que habitan en las orillas del Río La Pasión, cuando tomaron la sede de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo, para presionar al gobierno a que escuche sus peticiones.

Por Armando Tezucún

El miércoles 10 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que aceptó y dio trámite al antejuicio presentado contra el presidente Otto Pérez Molina por el diputado del partido Winaq, Amílcar Pop. La base de la solicitud de Pop es que el mandatario incurrió en encubrimiento al anunciar que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti no se encontraba en Guatemala cuando la Cicig hizo público el caso de la red de defraudación aduanera La Línea, siendo que sí había retornado de su viaje a Corea del Sur. El presidente también fue señalado de nombrar en puestos claves a amigos suyos que luego cometieron actos de corrupción; específicamente se refiere a los dos exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria implicados en la red La Línea, y al ex presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, todos detenidos actualmente.

La CSJ envió al Congreso de la República su resolución, pues es éste el que debe resolver, mediante el nombramiento de una Comisión Pesquisidora, si procede retirar la inmunidad al presidente para que sea sometido a juicio. Pérez Molina de inmediato reaccionó diciendo, como lo ha venido haciendo desde hace semanas, que no abandonará su cargo sino hasta que finalice su periodo en enero de 2016; esto a pesar de las continuas protestas populares exigiendo su renuncia. El presidente manifestó “Personalmente creo que ahí no hay ninguna vinculación, creo que lo que hizo (la CSJ) fue no entrar a conocer a fondo el caso y trasladarlo al Congreso” (El Periódico 12/06/15), y dijo que la ley le permite no presentarse cuando la Comisión Pesquisidora lo convoque para interpelarlo, pues puede enviar sus repuestas por escrito.

La Comisión Permanente del Congreso convocó al pleno de los diputados a sesión para conocer exclusivamente el caso del antejuicio. El viernes 12 de junio, poco después de las tres de la tarde, la sesión extraordinaria del Congreso conoció el tema y eligió por sorteo la Comisión Pesquisidora, integrada por tres diputados del partido Líder, uno del gobernante Partido Patriota y un quinto del partido Creo. Sin embargo, no se le fijó a la comisión un tiempo límite para que concluya su investigación, dejando abierta la puerta a que sea un proceso prolongado.

¿Es todavía útil Pérez Molina a la embajada gringa y al CACIF?

La decisión de la CSJ nos lleva inevitablemente a plantearnos la pregunta que titula este apartado. Veamos el panorama en su conjunto. Recordemos que en la actual coyuntura política el plan de la embajada de Estados Unidos y el empresariado guatemalteco organizado en el Cacif ha sido “limpiar la casa” para que las inversiones previstas en el Plan Para la Prosperidad se desarrollen en un ambiente de certeza jurídica, reglas claras en cuanto a funcionamiento de la economía y una garantía de que las empresas que inviertan tendrán sus ganancias en un entorno “pacífico” y “ordenado”.

Para ello era indispensable quebrar el control sobre el Estado de los nuevos grupos burgueses que habían crecido al amparo de los diversos gobiernos, a partir de varias estructuras de militares retirados y civiles que mediante acciones corruptas han lucrado del erario público y se han convertido en nuevos ricos. Esto equivale a eliminar la competencia desleal enquistada en las instituciones del Estado. En este plan ha sido esencial la acción de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo de la ONU delegado por el imperialismo para combatir los grupos corruptos.

La negativa del presidente Otto Pérez a renovar el mandato de la Cicig provocó que el imperialismo en alianza con el Cacif, le mostraran quién manda en Guatemala, sacando a la luz pública denuncias de corrupción que han provocado la renuncia de la vicepresidenta Baldetti y de los principales ministros y funcionarios de su entorno. Éstos han sido reemplazados por elementos afines a la embajada y el Cacif. Si bien en un primer momento parecía que Pérez Molina iba a ser mantenido en su cargo, la aprobación de la demanda de antejuicio en su contra indica que posiblemente sea forzado a renunciar. La embajada y el Cacif han ido moviendo sus piezas, y se aseguraron de que en caso de concretarse la salida de Pérez, quede su lugar el vicepresidente que escogieron para reemplazar a Baldetti, Alejandro Maldonado Aguirre, un peón fiel de la oligarquía y el imperialismo.

En lo que pareció más bien un acto de despedida, el presidente se reunió el jueves 12 por la mañana con los altos mandos del ejército. Pérez Molina negó que la reunión tuviera como objetivo solicitar el apoyo de los militares; y el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, descartó cualquier posibilidad de golpe de Estado diciendo que el “Ejército ha avanzado y tiene otra mentalidad por lo que no se prestará, en ningún momento, a un rompimiento institucional” (La Hora 12/06/15).

Las posturas del embajador gringo y el empresariado

Más importante aún, ese mismo día el embajador estadounidense Todd Robinson descartó todo apoyo personal al presidente Pérez Molina, diciendo que su embajada apoya a gobiernos, no a personas, “vamos a trabajar con los que estén en sus cargos, con los gobiernos que estén”, y reiteró su prioridad, “estamos trabajando con el gobierno de Guatemala para seguir luchando contra la corrupción y para la transparencia y vamos a continuar haciéndolo … es importante que la gente que está encargada de dar servicio a los guatemaltecos trabaje en ese asunto, todos tienen que luchar contra la corrupción y para la transparencia, por eso han sido elegidos” (Prensa Libre 13/06/15).

Ya antes, los representantes de la burguesía organizados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), por primera vez habían dejado abierta la posibilidad de que Pérez Molina no finalice su período constitucional. En conferencia de prensa del 28 de mayo el presidente del Cacif, Jorge Briz, exigió la devolución de los recursos sustraídos al Estado por funcionarios corruptos, sin importar cuándo deje el cargo el presidente, “La institucionalidad del país no depende de la permanencia del presidente en su cargo, y toda sanción sin restitución es una forma de impunidad” (Prensa Libre 29/05/15).

Todo indica, entonces, cuál es probablemente, el próximo paso de los poderes reales detrás del trono (la embajada gringa y la burguesía organizada en el Cacif). Después de sacudir al gobierno y remover del entorno del presidente a sus principales funcionarios aliados, es muy posible que ofrezcan en bandeja de plata la cabeza del mismo Pérez Molina. Esto en parte para calmar las imparables protestas de la población, y más importante aún, para continuar con la limpieza que les permita instaurar un sistema económico de explotación a su medida, sin la distorsión ni la competencia desleal que implican las mafias corruptas enquistadas en el Estado.

Las reformas al sistema legislativo

Pero parte esencial del plan de la embajada y el Cacif es la reforma a una serie de leyes, reformas por supuesto controladas desde arriba por el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad, para minimizar los espacios que se prestan a corrupción en las instituciones estatales; y, lo más importante, para encauzar el descontento de las clases medias y la pequeña burguesía, hacia un proceso desgastante de reformas que se prolongue hasta la fecha de las elecciones, diluyendo las movilizaciones por cansancio y resolviendo la crisis en las urnas, con la elección de un nuevo gobierno, aunque sea electo con un elevado grado de abstención.

A finales de mayo los jefes de bloque del Congreso acordaron conformar cuatro mesas de trabajo que analizarán las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de Contrataciones del Estado, de Servicio Civil y las leyes que atañen al sector de Justicia. Quien desee proponer reformas, debe dirigirse a estas comisiones integradas por los mismos diputados, o en palabras del presidente del mismo, Luis Rabbé, presentar sus candidatos a diputados en las próximas elecciones. Estas reformas no afectarán al status quo, no se salen del marco de la democracia burguesa, y su fin es establecer el funcionamiento de un capitalismo “ordenado”, “honrado”, y “honesto”, es decir sin grupos que hagan competencia desleal y corrupta a la oligarquía.

Las reformas a la Ley Electoral

Una de las leyes que más está en discusión es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, debido a las innumerables anomalías cometidas por partidos políticos en el actual proceso electoral, y también a que de esta ley depende la normativa de elección de diputados y alcaldes, muchos de los cuales han sido cuestionados y acusados de corrupción. Ya está en el seno de la Corte de Constitucionalidad, desde hace un par de años, una propuesta de reforma, de la cual la CC aprobó algunos puntos y no aprobó otros. Pero están surgiendo nuevas propuestas.

La mesa de reformas electorales ya está funcionando, y el mismo Tribunal Supremo Electoral ya presentó propuestas. El rector de la Universidad de San Carlos (una entidad que tiene problemas serios de corrupción que involucran a sus autoridades) convocó a conformar la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado; conformada por cerca de 60 grupos religiosos, campesinos, indígenas, académicos, estudiantiles, organizaciones civiles, etc., esta plataforma tiene también sus propias propuestas, que presentaron a los magistrados del TSE, buscando consensos entra ambas entidades. Al acto de fundación de esta plataforma asistió incluso la dirigencia del Cacif. Al parecer la Asamblea Social y Popular (ASP) se ha adherido también a esta plataforma.

Consideramos que la ASP debe mantener su independencia con respecto a esta agrupación de ONGs, asociaciones y entidades, que terminarán cayendo en el juego que impulsa el imperialismo y el Cacif. La Asamblea Social y Popular debe ponerse al frente de las movilizaciones con sus propios métodos de lucha campesinos y sindicales: paros, bloqueos, huelgas, manifestaciones; debe proponer sus propias reformas a la Ley Electoral, que impliquen una democratización al máximo del sistema político, en beneficio de la libre participación de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, como tales, que reduzcan las limitaciones que impone la actual ley, que privilegia a los partidos. Pero esta propuesta no se debe hacer a los actuales diputados, quienes son parte del mismo sistema de corrupción. Por ello se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que transforme el país en beneficio de los explotados y oprimidos

Por Leonardo Ixim

Durante las últimas semanas se ha generado un fuerte movimiento que expresa el repudio de una buena parte de la población contra la casta politiquera que monopoliza la representación política de la población dentro del Estado Burgués

Este movimiento, que va por sus siete semanas de movilizaciones -sobre todo en las plazas centrales de las principales ciudades del país-, como sabemos aparece a raíz del destape de casos de corrupción. Primero por el destape de defraudación aduanera que condujo a la renuncia de la ex vicepresidente Roxana Baldetti y su secretario privado, hoy prófugo de la justicia. Posteriormente el contrato anómalo con la empresa farmacéutica mexicana Pisa en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para la realización fraudulenta de diálisis que llevó a la muerte a 12 personas, incriminando al ex director de esa institución Juan de Dios Rodríguez, ex militar acusado de violación a los derechos humanos y cercano al presidente Otto Pérez Molina.

Las denuncias y la crisis política que provocó obligó a la renuncia importantes figuras del gabinete como el ex ministro de gobernación Mauricio Bonilla y el ex general José Anzueto a cargo de la Secretaria de Inteligencia del Estado, ex militares cercanos a OPM y el nombramiento de ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado, viejo político al servicio de las clases dominantes, como vicepresidente.

Todo esto ha generado indignación en algunos sectores de la población, sobre todo capas medias urbanas pero que se amarra con otras indignaciones más estructurales de capas obreras, campesinas e indígenas. Esto puede dar al traste el régimen político post dictaduras al debilitarlo, y abre la posibilidad de crisis de carácter pre revolucionario, sobre todo por la pérdida de legitimidad del sistema de dominación. Pero las movilizaciones están en la encrucijada por el cauce institucional que los poderes fácticos le pretenden dar.

Las movilizaciones y sus límites

Desde el 25 de abril hasta el pasado sábado 13 de junio ha habido movilizaciones todos los sábados, siendo la primera el 25 de abril, que juntó a más de 30 mil personas; la del 16 mayo fue el pináculo con más de 60 mil personas concentradas en la plaza central y las diversas plazas de las principales ciudades; y la del sábado 13 con un poco más de 20 mil personas. Estas movilizaciones contaron con un fuerte componente de personas procedentes de capas medias y pequeña burguesía, que llegaron a título individual; fueron los contingentes, sobre todo con posterioridad al 25 de abril, de las universidades privadas y de la Universidad de San Carlos y representación de los pueblos mayas, los que le dieron un toque más clasista.

Nos referimos a las reivindicaciones que plantearon y hasta el mismo color y sentido de las movilizaciones, pues le da una diversidad, rebasando del blanco propio de las manifestaciones de sectores medios y acomodados. Una de las consignas compartidas ha sido el no le toca, refiriéndose al candidato Manuel Baldizón del partido Lider, que pretende ser el próximo presidente; pero esa consigna también es dirigida a toda la casta politiquera que gobierna el país.

Mencionamos esto porque ha habido algunos sectores de derecha ligados a élites empresariales que han pretendido diluir la consigna principal que se mantiene hasta la fecha, la renuncia de Otto Pérez Molina y todo el actual gobierno, por la de cuestionar al candidato de Lider, viéndose en algunos casos algún tipo de acarreamiento pasivo o activo contra ese candidato.

Ese factor de carácter civilista que compagina con el individuo-ciudadano que se manifiesta contra la corrupción, y con el que sectores burgueses pretenden neutralizar las reivindicaciones de renuncia contra este gobierno, se hace ver en que todas las movilizaciones que se han realizado los sábados han sido una especie de movilización recreativa. En ese sentido la Asamblea Social y Popular, que consideramos es la instancia clave para darle una direccionalidad política cuestionadora ya no solo al régimen político sino al modelo económico, se ha plegado a la corriente.

En ese sentido, solo la organización campesina Codeca y el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, han tratado de irrumpir con un método más propio de movilización de los sectores populares, concentrándose un día entre semana en el parque central y reivindicando un programa democrático sentido por el proletariado como es la nacionalización de los servicios públicos tales como la electricidad y la reforma agraria.

El gobierno central se encuentra contra las cuerdas, sostenido tenuemente por la embajada yanqui y con un leve apoyo del empresariado, que pragmáticamente ha señalado entre líneas su disposición a quitarle el apoyo si es necesario. Además tiene el apoyo por lo menos del alto mando del ejército, comenzando con el corrupto ministro de defensa -cercano a la camarilla de OPM-, pero con rechazo de algunos elementos de la oficialidad media y baja.

Se moviliza el “ala social” del gobierno de Otto Pérez

En ese sentido, el gobierno movilizó el pasado viernes 5 de junio, realizando bloqueos de carreteras, a la organización Alianza Obrero Campesina y rápidamente organismos con algún tipo de contubernio con el Partido Patriota como la Coordinadora Nacional Indígena Campesina, Frente Nacional de Lucha y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala empezaron a pronunciarse con una serie de medidas hacia el gobierno central, exigiendo al Congreso de la República no modificar la Ley del Servicio Civil que regula los pactos colectivos y sobre todo denunciando al sector empresarial como parte de la corrupción.

Los dirigentes de estas organizaciones anunciaron nuevas movilizaciones para la semana que inicia el 15 de junio, sobre todo en el tema de la ley mencionada. Aquí vemos cómo un sector del movimiento popular, una especie de aristocracia obrera y campesina, planteando una reivindicación como son los pactos colectivos -que son señalados de ser parte de las prebendas a los lides sindicales- es usado complacientemente por el gobierno para presionar al empresariado aglutinado en Cacif. Pero hay un mérito, que la ASP y las organizaciones populares no se han animado a plantearlo claramente, y es que las distintas facciones burguesas, comenzando con el Cacif, son parte también de la corrupción.

Por su parte, en este mes y medio de movilizaciones, los partidos de izquierda Urng y Winaq han interpuesto demandas para eliminar el antejuicio de la ex vicepresidente Baldetti y recientemente el diputado por Winaq Álvaro Pop puso otra medida similar contra el actual presidente, que ahora es conocida por el Congreso, el cual formó una comisión especial para estudiar el retiro de la inmunidad a OPM. Pop por su parte ha denunciado amenazas de muerte hacia su vida y junto a diputados de otras bancadas ha denunciado también el hecho de que esta comisión, por presión de los factores de poder, no tenga plazo perentorio para resolver el tema.

Encauce institucional

El Tribunal Supremo Electoral por su parte, constitucionalmente tiene la obligación de realizar las elecciones, una forma de mantener la normalidad en el sistema de dominación; sin embargo ante cierta presión popular han mandado al Congreso una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que busca darle mayor control al financiamiento privado, regular por una sola vez la reelección –algo que está establecido en la constitución-, normar el voto nulo como válido y vinculante en una elección si este es mayoría; obliga a los partidos a tener mayor presencia en los territorios, se aprueba el voto en el extranjero y la paridad entre hombres y mujeres, junto a otras medidas. Consideramos que estas reformas van en vía de satisfacer el sentimiento popular que pone coto a la casta politiquera, pero también se vuelve una maniobra con el fin de destapar levemente la olla ante la presión popular y en última instancia permite a los factores tradicionales de poder como a la oligarquía, disputarle a los políticos y sus partidos que expresan elites emergentes, el control del Estado.

Por su parte el Congreso de República abre una infinidad de mesas de diálogo con la denominada sociedad civil, para discutir reformas a varias leyes además de la de partidos políticos, como la del servicio civil que ya mencionamos, la de contrataciones del Estado, la de funcionamiento del organismos legislativo, etc. En ese sentido consideramos que es una forma de dilatar el movimiento que se ha gestado, pues serían leyes, a excepción de la de partidos políticos sobre la cual es necesario incidir, que se tienen que discutir y presionar por una salida popular en la Asamblea Nacional Constituyente.

En ese sentido la Universidad de San Carlos convocó el pasado sábado a la conformación de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, con la presencia de la sociedad civil en pleno, es decir desde el Cacif hasta organizaciones campesinas como el CUC que conforma la ASP y otras. En esa mesa se encontrarán sectores opuestos en el espectro social; se pretende mediar la lucha clases por medio de diálogo. Es necesaria una estrategia de movilización de los sectores populares donde la ASP y otros tendrían que realizar acciones más contundentes, como el preparar las condiciones para un paro nacional, desde la independencia de clase, esto estará por verse.