Por Úrsula Pop

Desde la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti el 8 de mayo, bajo fuertes señalamientos de corrupción y relación con redes paralelas, los cambios en el gobierno relacionados con acusaciones de corrupción y sospechas de manejos oscuros, se han precipitado uno tras otro. Se hace evidente que la embajada de Estados Unidos y la oligarquía organizada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) han acordado con el presidente Otto Pérez Molina sostenerlo en su cargo, mientras se hace una purga de elementos corruptos en su entorno de gobierno, y mientras se impulsan cambios a nivel de diversas leyes. No es descartable que cedan a la presión de que Pérez renuncie, en ese caso lo reemplazaría el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, político veterano ampliamente alineado con la oligarquía y la embajada; pero por ahora el presidente garantiza la estabilidad política en medio de la crisis del gobierno y la oleada de protestas.

En este sentido hay que entender los llamados del embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, a luchar contra la corrupción y promover la transparencia. Robinson llamó a evitar "las estructuras tradicionales que han impedido el crecimiento de Guatemala... de la misma manera deben buscar la forma de ser más inclusivos para que el sueño guatemalteco esté al alcance de un número mayor de ciudadanos…Los exhorto a tomar en cuenta su responsabilidad de luchar contra la corrupción y para su país y promover la transparencia tanto en el Gobierno como en el sector privado... no se trata de dónde vienes, lo que cuenta es hacia dónde vas" (Prensa Libre 13/05/15).

El 19 de mayo, por medio de su presidente Jorge Briz, el Cacif dijo claramente que no pide a renuncia del presidente Pérez Molina, pero demandó acciones concretas contra la corrupción. El Cacif pidió al mandatario que declare lesivos los contratos públicos en los que se haya violado la ley y los procedimientos administrativos estipulados, cayendo bajo sospecha de corrupción. Igualmente demandó la reforma a una serie de leyes para estimular la transparencia.

El plan que se perfila es limpiar la casa deshaciéndose de funcionarios corruptos, y hacer reformas a leyes claves, de modo que surja un sistema político más transparente, capaz de garantizar la estabilidad necesaria para implementar el plan de inversiones contemplado en el proyecto Alianza Para la Prosperidad. Esto de paso calmaría las protestas de los sectores medios acomodados, que abandonarían las calles. Actores claves en esta arremetida contra la corrupción y el narcotráfico son la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, que cuentan con el total respaldo de los Estados Unidos.

La elección del nuevo vicepresidente

Los candidatos propuestos por el presidente para reemplazar a Baldetti apuntaban desde un inicio a reforzar una alianza con el Cacif y la embajada gringa. Adela Camacho de Torrebiarte, Comisionada para la Reforma Policial, pertenece a una poderosa familia con inversiones en el agro (cardamomo, café, hule, palma africana) e intereses en la industria del calzado, del cemento y las finanzas. Otro postulado era Adrián Zapata, Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural, ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes y ex miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; su cargo en el gobierno fue creado para presentar una alternativa más moderada a la Ley de Desarrollo Rural Integral. Inicialmente hacía parte de la terna Carlos Contreras, ministro de trabajo, con antecedentes de favorecer medidas en favor de las patronales, pero su calidad de ministro le impedía optar al cargo; en su lugar fue propuesto el diputado del Partido Patriota Oliverio García Rodas; éste fue rechazado y se incluyó al abogado Alejandro Maldonado Aguirre, quien finalmente fue escogido por el Congreso.

Maldonado era magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Inició su carrera política como miembro del ultra derechista Movimiento de Liberación Nacional. Fue ministro de educación durante el gobierno militar de Arana Osorio (1970 – 1974). Con el tiempo sus posiciones políticas se inclinaron al centro, siendo diputado de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984 y magistrado de la Corte de Constitucionalidad en el periodo 1986 -1991, cargo que volvió a ostentar en 1996 – 2001. En este periodo se le acusa de haber retrasado por un año la resolución que permitió continuar las investigaciones del asesinato de Monseñor Gerardi en 1998. En 2006 fue nuevamente electo para la CC en 2006, periodo en el cual se redactó la resolución que impidió la extradición de Ríos Mont a España para ser juzgado por genocidio y terrorismo. Maldonado fue reelecto a la CC en 2011, y en 2013 y 2014 votó a favor de anular la sentencia por genocidio contra Ríos Mont y por la reducción del mandato de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público, respectivamente. Maldonado, es pues, pieza clave de la oligarquía y el imperialismo gringo, para apuntalar al presidente Pérez Molina.

Caen detenidos altos funcionarios por corrupción en el IGSS

Justo un día después de que el Cacif demandara acciones concretas contra la corrupción, fue capturada la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), los integrantes de la Junta de Licitación y Adjudicación del mismo y directivos de la Droguería Pisa, 17 personas en total. El motivo fue la aprobación de un contrato con dicha droguería por Q 116 millones, para dar tratamiento a pacientes renales crónicos. La Droguería Pisa no contaba con la capacidad, experiencia equipo ni instalaciones para brindar el servicio, y subcontrató a otra empresa para que lo hiciera; pero pagó una comisión del 15 ó 16% a los funcionarios del Igss para que el contrato fuera avalado. El resultado fue el fallecimiento de cerca de 17 pacientes.

Entre los funcionarios apresados figuran el ahora ex presidente de Igss, Juan de Dios Rodríguez López, ex militar y hombre de confianza del presidente Pérez Molina, de quien fue secretario privado y operador político; y Julio Suárez, presidente del Banco de Guatemala. La captura de Rodríguez es un duro golpe para el equipo más cercano de Pérez Molina; el mandatario tuvo que aceptar el sacrificio de su hombre de confianza diciendo: “Soy el primero en lamentar que estas situaciones se estén dando y que se haya faltado a la confianza. Si hay señalamientos de algún delito yo soy el primero en pedir en que respondan ante la justicia” (Siglo XXI 21/05/15).

Nuevas renuncias de ministros y funcionarios

El 21 de mayo, el día siguiente de las capturas por el caso del Igss, renunciaron a sus cargos el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla; el viceministro de Seguridad Eddy Juárez, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales Michelle Martínez; el Secretario de Inteligencia del Estado, Ulises Anzueto; el subinterventor del Puerto Quetzal, Julio Sandoval; el interventor del Puerto Santo Tomás, Edwin Guzmán; y el recién nombrado ministro de Energía, Edwin Rodas Solares. López Bonilla era el “brazo derecho” del presidente, y renunció para que se pueda aclarar cualquier duda sobre una serie de contratos y compras que se hicieron durante su gestión. El ex ministro reconoció que fue debido a las presiones del Cacif y de las protestas en la calle contra la corrupción, que puso su cargo a disposición, para se hagan las investigaciones correspondientes. El plan va marchando, aún a costa de que rueden las cabezas de los hombres de confianza del presidente.

Ante el proceso electoral en curso

El destape de estos graves casos de corrupción ha tenido como una de sus consecuencias el rechazo general al sistema político, en especial al proceso electoral que inició oficialmente el 2 de mayo. Los partidos políticos han perdido credibilidad y prestigio. Según reportes de empleados del Tribunal Supremo Electoral, a los puestos de empadronamiento y actualización de datos solo están acudiendo personas mayores, los jóvenes que han entrado a la mayoría de edad muestran total apatía; de igual manera, los programas de capacitación a voluntarios para la juntas receptoras de votos están paralizados por falta de voluntarios.

Entre las organizaciones sociales ha ganado terreno la postura de demandar la suspensión del proceso electoral debido a que no hay condiciones para su desarrollo democrático. Así lo manifestaron, por ejemplo las organizaciones que pertenecen a la Convergencia de los Derechos Humanos (CDH), quienes proponen que se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos y se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, además de la renuncia del binomio presidencial (Diario La Hora 23/05/15).

La opinión generalizada en las protestas es, por otro lado, el llamado al voto nulo o la abstención. La opinión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es que las elecciones no pueden suspenderse porque se rompería el “orden constitucional democrático”, a pesar de que es evidente que habrá una abstención generalizada, al menos en el sector urbano. El plan de la embajada gringa y el Cacif incluye la realización de los comicios y la elección de un nuevo gobierno con el que sin duda negociarán. Por ello consideramos que no podemos descuidar este flanco sin presentar batalla en este terreno. Proponemos que los partidos de izquierda que tienen ficha electoral, Alternativa Nueva Nación, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Winaq se aglutinen en un frente único que propongan candidaturas de dirigentes y líderes populares, tanto a nivel de alcaldías, diputados como para presidente y vicepresidente. Es muy probable que estos partidos propongan solamente candidaturas para alcaldes y diputados; Urng-Winaq aún no elige candidatos presidenciales, y ANN-CRD (Convergencia por la Revolución Democrática) al parecer así lo decidió. En todo caso, nuestra propuesta es que, en caso de que se realicen las elecciones -y todo indica que así será- las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales den la batalla también en el terreno electoral. Esto no implica que dejemos de exigir la reforma a la Ley Electoral y la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Por Armando Tezucún

El viernes 8 de mayo en horas de la tarde el presidente Otto Pérez Molina informó en conferencia de prensa que la vicepresidenta Roxana Baldetti había presentado la renuncia a su cargo. Este anuncio confirma que el régimen se decidió por una de las opciones que tenía para encontrar una salida a la crisis por la que atraviesa.

El destape de la red de corrupción y defraudación aduanera hecho por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, que involucra a altos funcionarios de la institución encargada de la recaudación fiscal, y a cuya cabeza estaba el secretario privado de Baldetti, abrió una grave crisis en el seno del gobierno. A partir del 16 de abril esta crisis se manifestó en el desmoronamiento del partido oficial, el Partido Patriota; el retiro del apoyo del empresariado, organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), al gobierno y al PP; y una ola de protestas encabezadas principalmente por la clase media urbana, un sector de la cual ayudó al PP a llegar al gobierno, y ahora se siente defraudada por el robo de los impuestos que, a diferencia de los empresarios, no puede evitar pagar.

Pero el aislamiento del gobierno no es total, de lo contrario habría el peligro de que el régimen político en su conjunto, y el andamiaje de dominio de los grupos de poder de la burguesía se descalabre y se de una crisis institucional por la cual se podrían colar, con sus propias demandas, las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, que aún no imponen su sello a las protestas. La Cicig, organismo impulsado por los imperialismos estadounidense y europeo, a través de su jefe Iván Velásquez, realiza su labor en conjunto con los funcionarios de gobierno y coordina con el presidente Pérez Molina. El imperialismo, y la propia oligarquía guatemalteca, desean resolver el problema de la profunda corrupción de las instituciones estatales, pero lo que más desean evitar es que ello provoque una crisis incontrolable en el régimen que ponga en peligro su propia existencia. Por ello, a pesar de que el pasado de Pérez Molina lo vincula a las redes de corrupción de exmilitares enraizadas en los años 70s, todo indica que la embajada gringa, los representantes de la Unión Europea, la Cicig, y el Cacif, decidieron salvaguardar la figura del presidente como garante del orden institucional y sacrificar a la vicepresidenta Baldetti.

Los acontecimientos se precipitan

La semana que inició el 4 de mayo ha sido crucial. El miércoles 6, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad decidieron dar trámite y enviar al Congreso de la República las solicitudes de antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Baldetti, que habían presentado Aníbal García, del Movimiento Nueva República, Amílcar Pop de Winaq y Ángel Sánchez, de URNG-MAÍZ. Los magistrados también decidieron rechazar una acción presentada contra el presidente Pérez Molina. La decisión se basó en indicios de que en las investigaciones de la Cicig, las escuchas telefónicas mencionan como “R”, “La Señora” y “La Dos”, a alguien que podría ser Baldetti.

Coincidentemente, el mismo día la dirigencia del Cacif pidió públicamente la renuncia de Baldetti. El nuevo presidente del empresariado, Jorge Briz, dijo “En aras de la gobernabilidad y la transparencia, y con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad, pedimos que la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías renuncie a su cargo … Las denuncias efectuadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por hechos relacionados con defraudación fiscal y contrabando han generado un rechazo unánime de la sociedad a estos actos de corrupción, lo cual ha derivado en una situación de crisis política sin precedentes en los últimos años” (Siglo XXI, 7/05/15). También demandaron el proceso contra los empresarios vinculados a la red de defraudación La Línea. Amenazaron con convocar a un paro nacional en caso de que la vicepresidenta se negara a renunciar, y Briz recordó que presentaron un memorial al presidente Pérez solicitando que se mantengan las condiciones del Estado de Derecho en Guatemala. A través de su vocera, Baldetti anunció que no renunciaría.

El Congreso da curso al antejuicio contra Baldetti

El 7 de mayo, después de que el Congreso estuviera prácticamente paralizado durante meses debido a la recurrente inasistencia de los diputados, 142 de ellos se presentaron al salón de sesiones para continuar la plenaria declarada permanente desde el 20 de enero. Se presentó una moción privilegiada para conformar una comisión pesquisidora que se encargaría realizar una investigación y presentaría al Congreso un informe sobre el caso Baldetti; conociendo el informe, el pleno decidirá si se retira o no la inmunidad a la vicepresidenta, para que sea puesta a disposición de los tribunales de justicia.

La comisión pesquisidora quedó integrada por los diputados Salvador Baldizón, Mario Yanes y Manuel Barquín, del partido Lider; y además Álvaro González del partido Creo y Fidel Reyes de la Une. La composición de la misma garantizaba de antemano que el informe, que se debía presentar a más tardar el jueves 14, declararía procedente el levantamiento de la inmunidad de Baldetti.

La vicepresidenta, a través de su abogado Mario René Conde, presentó el mismo día un amparo ante la Corte de Constitucionalidad solicitando dejar sin efecto la resolución de la CSJ que inició el proceso de antejuicio en su contra, amparo que fue denegado por unanimidad el 8 de mayo.

La Cicig se apunta otro gol

El 8 de mayo, la Cicig y el MP anunciaron el desmantelamiento de una red de abogados dedicados a la corrupción y compra de jueces. Los acusados actuaron en complicidad con tres de los líderes de la red La Línea, a quienes la jueza Marta Sierra de Stalling benefició con medidas sustitutivas para que salieran libres. Las autoridades presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza, señalada por cohecho pasivo y prevaricato. Así mismo fueron recapturados los tres miembros de La Línea, que habían cancelado Q 200 mil de fianza, y capturados varios de los abogados implicados.

No habían cesado los comentarios sobre este importante golpe contra la corrupción en el sistema de justicia cuando por la tarde el presidente anunció la renuncia de Baldetti. Pérez Molina dijo: “Quiero ser enfático en lo siguiente, la renuncia según los motivos manifestados por la vicepresidenta se circunscribe a una decisión personal, con el único interés al separarse voluntariamente del cargo, en someterse y colaborar con las investigaciones que sean necesaria y sobre todo con el debido proceso … La disposición de renuncia no corresponde con ninguna solicitud gremial o asociativa lo hace por decisión propia, voluntaria y personal de la señora vicepresidenta. Quiero solicitar se respete la decisión como tal y no se especule ni se desinforme, su decisión es personal, meditada difícil, valiente pero consistente con sus principios y valores” (Prensa libre 9 /05/15). Al igual que todos los actores de los grupos de poder en este drama, el presidente hizo énfasis en el respeto del debido proceso, las instituciones la Constitución, etc., lo principal es garantizar el orden establecido que garantiza el dominio de los poderosos sobre los explotados y oprimidos.

El Congreso acepta la renuncia de Baldetti

El sábado 9 en horas de la tarde, en una sesión extraordinaria, el Congreso de la República, de nuevo con una inusitada asistencia de 149 diputados, entró a conocer la renuncia de la vicepresidente. Después de comprobar la autenticidad de la firma de Baldetti en la carta de renuncia, la votación dio el resultado de 149 votos a favor de aceptar la renuncia, 0 en contra y 9 ausencias. La resolución del pleno solicitó al presidente que le haga llegar la terna de candidatos a nuevo vicepresidente, para que el Congreso escoja al sustituto de Baldetti. Esto por supuesto, anula el proceso antejuicio, pues al renunciar, ella perdió su inmunidad.

Se rumora que la terna estará integrada por personajes del entorno inmediato de Pérez Molina: el ministro de gobernación, ex militar Mauricio López Bonilla; Julio Ligorría, actual embajador de Guatemala en Washington; y Adela de Torrebiarte, comisionada para la Reforma Policial.

La celeridad e inusitado acuerdo con que el Congreso aceptó la renuncia de Baldetti no deja dudas de la procedencia de la decisión de sacrificar a la vicepresidente.

Que renuncie todo el gobierno

La renuncia de Roxana Baldetti es una movida acordada en las alturas para solucionar la crisis sin poner en peligro el orden constitucional burgués, salvaguardando al gobierno y que además en el escándalo de corrupción no resulte embarrada la cúpula empresarial. Pero la salida de la vice no es suficiente; el presidente Pérez Molina y los ministros y funcionarios exmilitares que se ubican en los puestos de gobierno forman parte también de antiguas redes de corrupción ligadas al ejército. Debemos exigir la renuncia de todo el gobierno. La Asamblea Social y Popular formada el 28 de abril debe fortalecerse y prepararse para ser una alternativa de gobierno que represente a los explotados y oprimidos, estableciendo elementos de poder popular y que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente que funde un nuevo Estado en beneficio de las mayorías.

¡QUE RENUNCIE TODO EL GOBIERNO DEL PARTIDO PATRIOTA!

¡QUE LA SAT Y EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS PASEN A MANOS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, CAMPESINAS, INDÍGENAS Y POPULARES!

¡ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE YA!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS EMPRESARIOS IMPLICADOS EN LA DEFRAUDACIÓN FISCAL!

Por Marcial Rivera

Mientras la opinión pública tiene la atención puesta en el escándalo de la SAT, los medios de comunicación han olvidado dar cobertura a las luchas propiciadas por las organizaciones campesinas e indígenas relacionadas con los megaproyectos de destrucción y muerte.

El 28 de abril, se llevó a cabo en Chajul, Quiché, una protesta pacífica en contra del proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidro Xacbal Delta, que pertenece al grupo Energía Limpia de Guatemala S.A., ya que no ha cancelado los Q 10 mil que acordaron pagar por familia, como indemnización por el paso de la maquinaria por los terrenos comunitarios. Los trabajos de la empresa, entre otras consecuencias, a raíz de la perforación de un túnel de aproximadamente 4 kilómetros, provocaron que se reventara un río subterráneo. Las autoridades procedieron a desalojar la protesta con lujo de violencia, siendo capturados tres pobladores. Ante la acción violenta, la población salió de nuevo a protestar, siendo atacada por 200 elementos de la policía y efectivos del ejército con golpes y bombas lacrimógenas.

Para nadie es un secreto que en la actualidad, se hace necesaria la explotación de los recursos naturales para la convivencia humana, nadie podría imaginarse la vida y la suplencia de las distintas necesidades humanas, sin fuentes de energía –de diferente tipo- que nos ayuden a generar electricidad. Pero esta explotación evidentemente debe ser sostenible, es decir, amigable con el medio ambiente.

El problema no es tanto el beneficio que genera una energía ‘limpia’, sino más bien el costo; los conflictos sociales que propicia la presencia de empresas privadas hidroeléctricas en distintas zonas ha sido el común denominador en distintas latitudes del territorio guatemalteco, pues la empresas no toman en cuenta la opinión de las comunidades para instalarse e iniciar sus operaciones, lo que ha propiciado a su vez otros fenómenos, como ejecuciones extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de líderes sociales, entre otros.

No debe esperarse que más mueres y asesinatos se lleven a cabo a raíz de la explotación de recursos naturales. El respeto a las consultas comunitarias y las decisiones tomadas en el seno de las comunidades debe darse inequívocamente. Para nadie es un secreto la forma específica en la que se administran los recursos de las comunidades, sobre todo de las comunidades indígenas, pues en el caso particular de las hidroeléctricas, tal como ha ocurrido en Chixoy y en otras más, la energía eléctrica generada por las mismas, no llega a las comunidades aledañas a los megaproyectos; finalmente solo benefician a las empresas.

Desde el Partido Socialista Centroamericano, exigimos a Hidro Xacbal Delta el cumplimiento del acuerdo que tenía con la comunidad, rechazamos la intervención violenta de las fuerzas policiales y demandamos al Ministerio Público que investigue los hechos para encontrar a los funcionarios culpables de la agresión contra la población.

Por Úrsula Pop

El descubrimiento de la red de corrupción aduanera La Línea, que involucra a altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina y el Partido Patriota, ha generado una oleada de protestas y movilizaciones con características muy particulares.

En primer lugar, han sido los sectores de clase media urbana, con toda la gama de capas que este poco definido concepto implica, quienes primero han salido a las calles a manifestar su indignación por el enriquecimiento de los funcionarios a costa de los ingresos del Estado. Recordemos que la reforma fiscal introducida por el gobierno a inicios de 2012, a quien más ha afectado es precisamente a los sectores medios: profesionales, pequeños empresarios, miembros de las profesiones liberales, etc. Estos grupos, a diferencia del gran empresariado, difícilmente pueden eludir el pago de sus impuestos, y es natural su furia al ver que el dinero que les quita el fisco va a las manos equivocadas.

Estas capas más acomodadas han arrastrado tras de sí a otros grupos medios, como estudiantes de universidades privadas y de la pública San Carlos, jóvenes en general, amas de casa, empleados públicos y privados, jubilados, y otros sectores que en general no pertenecen a organizaciones gremiales o sindicales, o si pertenecen, se han sumado a título individual.

La característica de los grupos que convocan a las movilizaciones, casi exclusivamente a través de las redes sociales, es el anonimato, y la proclamación de que no portan banderas políticas. En este sentido, se definen como ciudadanos, y guatemaltecos, desligándose de cualquier connotación de pertenencia a clases sociales en particular. El rechazo a banderas políticas significa en primer lugar un rechazo a los partidos que dominan el escenario político de Guatemala; pero más allá de eso, implica peligrosamente también un rechazo a todo tipo de organización, gremial, sindical, y a todo tipo de dirección política. Grupos como Anonimous Guatemala, RenunciaYa, Guatemala Basta Ya, se autodefinen como ciudadanos, y su negativa a consolidarse o constituirse como organizaciones sólidas impiden que se perfilen como una alternativa que presente una salida política coherente a la crisis del gobierno.

El resultado fatal de esta política semi-anarquista es que las movilizaciones pueden ser fácilmente cooptadas o desviadas por los grupos de poder de la burguesía y la embajada gringa, que sí tienen una agenda propia definida para salvar la crisis. O, en todo caso, los manifestantes verán al final impotentemente cómo en las cumbres del poder se arregla la crisis, sin que ellos puedan hacer absolutamente nada.

La masiva concentración del 25 de abril (posiblemente unas 20 mil personas) no ha podido ser superada. La presencia en ella de un enorme contingente de estudiantes universitarios, principalmente de la Usac, agregó a la actividad numerosas consignas con contenido social, más allá de la exigencia inicial de renuncia del binomio Pérez-Baldetti. Las concentraciones siguientes, del 2, 8 y 9 de mayo, han tenido un ingrediente universitario, no tan fuerte, que representa un elemento radicalizador, pero no lo suficiente para cambiar el rumbo de las protestas. Estas otras concentraciones han oscilado entre unos cientos (en especial el 8 por la noche, cuando se celebró la renuncia de Baldetti) a unos 1,500 en las protestas del sábado 9. Este último día fue notable la presencia de dirigentes campesinos y sindicales, pero sin sus bases, a título individual como el resto de manifestantes.

La excepción ha sido el bloqueo de carreteras organizado por los 48 Cantones de Totonicapán el lunes 4 de mayo. Mientras los campesinos indígenas bloqueaban las carreteras en la Cumbre de Alaska, Santa Catarina Ixtahuacán, Cuatro Caminos y San Francisco El Alto, miembros de su Junta Directiva se dirigieron a la capital a entrevistarse con el presidente del Congreso de la República, Luis Rabbé. Le presentaron un memorial solicitando que se le retirara la inmunidad al binomio presidencial, pero el funcionario les contestó que eso no le corresponde al Congreso, sino a la Corte Suprema de Justicia. También solicitaron a Rabbé el cumplimiento del resarcimiento a los familiares de las víctimas de la matanza perpetrada por el ejército en octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska, en lo cual sí obtuvieron el apoyo del funcionario. Luego de ese día no ha habido más acciones.

En la marcha del 1 de mayo, fueron consignas principales la demanda de cese a la corrupción y la renuncia del presidente y la vicepresidente. Pero sabemos que a las organizaciones sindicales que marchan ese día no se les vuelve a ver en todo el año, hasta la marcha del 20 de octubre; ninguna se ha presentado en las demás protestas.

La Asamblea Social y Popular conformada el 28 de abril, convocó a una marcha de protesta para el 16 de mayo, junto a los otros grupos que han estado organizando demostraciones. Las universidades también están convocando para ese día. La presencia masiva de organizaciones campesinas, indígenas y sindicales ese día podría dar un giro al contenido de las movilizaciones, perfilando una opción popular y clasista coherente frente a las maniobras de los grupos de poder de la burguesía y el imperialismo.

Resulta despreciable la actitud de las organizaciones sindicales y campesinas afines al gobierno, que se han manifestado por la defensa la actual administración del PP. Así, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), en un comunicado se pronunció por la “defensa del orden constitucional” y contra “cualquier intento de golpe de Estado”. La Conic amenazó con “llegar a la Ciudad Capital, entraremos miles y miles de hombres y mujeres mayas y campesinas, con el machete bien afilado y con machete en mano para defender el Estado de Derecho y la Constitución de la República…”. Según el diario El Periódico en su edición del 1 de mayo, el dirigente del Frente Nacional de Lucha, Luis Lara, en el acto en el cual el presidente anunció la contratación permanente de miles de trabajadores de la salud que anteriormente estaban por contrato anual, pidió a sus afiliados que no asistieran a la concentración masiva del sábado 25 de abril. El dirigente magisterial Joviel Acevedo ha amenazado con organizar contramanifestaciones en apoyo al gobierno.

La tardanza de las organizaciones campesinas y sindicales en sumarse a las protestas es sin duda síntoma de debilidad orgánica. Pero es imperioso que se incorporen y tomen la batuta de las movilizaciones, para empezar a conformar una alternativa coherente, de clase, que presente una solución a la crisis en favor de los oprimidos y explotados.

Proponemos a los compañeros que se inicie una serie de bloqueos masivos de carreteras y huelgas, que conduzcan eventualmente a un paro general que reclame la caída del gobierno y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

¡¡HACIA UN PARO GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS, SINDICALES Y POPULARES!!

¡¡ABAJO EL GOBIERNO DEL PARTIDO PATRIOTA!!