Por Leonardo Ixim

La propuesta de reforma electoral enviada por el Tribunal Supremo Electoral en base a la facultad que este ente tiene de presentar iniciativas de ley, propuesta a la cual se sumó la Plataforma Nacional Para la Reforma del Estado, mesa coordinada por la Universidad de San Carlos a la que se sumaron espacios como la Asamblea Social y Popular y varias ong`s, ya ha sido aprobado por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República y ratificada en primera lectura por el pleno de diputados, faltando dos lecturas más para su sanción final.

Sin duda la coyuntura marcada por movilizaciones protagonizadas por sectores de las capas medias y algunos campesinos y obreros en menor medida, ha obligado a los factores que concentran el poder a desempolvar iniciativas de reformas electorales, en un intento de oxigenar al régimen político. De igual manera ha influido en el accionar de la Cicig y el Ministerio Público con respecto al destape de casos de corrupción, tráfico de influencias, contratos anómalos, o señalamientos a políticos sobre estas cuestiones, al gobierno actual, al partido Lider y en menor medida a otros partidos.

Intentos previos de reformas

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 entre el Estado y la guerrilla de la Urng, se pretendió democratizar el Estado desmilitarizándolo e incorporando a sectores sociales que se identificaban con el programa insurgente, buscando transformar además el modelo económico vía la distribución de la riqueza. Para ello se crearon un montón de iniciativas impulsadas por organismos de la sociedad civil con el acompañamiento de entes estatales; una de ellas fue la reforma política del Estado. Las organizaciones sociales y la izquierda convertida ahora en partido político electoral, pretendieron que por medio de la negociación y priorizando lo electoral, lograrían poner en marcha el programa mínimo que implicaban los Acuerdos de Paz.

Con la derrota de la Consulta Ciudadana de 1999, cuya intención era incorporar las reformas de los Acuerdos de Paz en la Constitución Política de la República de Guatemala, muchas de estas iniciativas se quedaron en el papel. Tal el caso de las reformas electorales, que se han implementado a cuenta gotas para no alterar la correlación de fuerzas a favor de sectores conservadores, pero que ha implicado que nuevas élites emergentes burguesas vía partidos políticos le disputen al poder a factores tradicionales como la oligarquía; esto de la mano de la vinculación con el capital mafioso y el aprovechamiento desventajoso para el Estado vía contratos o el robo y la corrupción.

En 2004 y en 2006 se aprobaron reformas. De ellas quizás la más importante fue la de crear el voto residencial y aumentar con ello las juntas receptoras de votos acercándolas a las comunidades rurales, pensando que con ello se lograría reducir el abstencionismo. Otra reforma importante fue aumentar el número de empadronados para que un Comité Pro formación de partido se convirtiera en tal, de 15 mil a 25 mil; y otras relacionados con el aumento de requisitos para mantenerse como partido legal, mayor fiscalización sobre el financiamiento privado y funcionamiento de las estructuras partidarias, etc.

En el 2012 el Congreso realizó una nueva reforma que contó con observaciones de la Corte de Constitucionalidad para su aprobación, que contenía nuevamente mayores controles en lo que respecta a la fiscalización sobre el financiamiento privado, distribución de pauta electoral en los medios de comunicación por el TSE, regularización de la reelección a cargos públicos para un solo periodo, el voto en el extranjero para presidente, etc. Pero que observaba negativamente elementos como la separación entre las funciones administrativas y jurídicas del TSE aduciendo invadir la autonomía del árbitro electoral o la conformación de listas de postulación “mayoritarias” en lo que respecta a distritos electorales de predominio maya, xinca o garífuna, aduciendo que ese concepto rompe con la supuesta igualdad jurídica entre los habitantes de este país. Esta propuesta quedó varada en el Congreso de la República a raíz de que los intereses de los principales partidos -Lider y PP- se centraron en el reparto de cargos públicos de elección indirecta y del presupuesto actual en lo que respecta al manejo clientelar para fines de campaña electoral

La propuesta actual

A la espera de la segunda y tercera lectura, sobre todo con los votos de partidos como la UNE, Todos, Urng-Maíz, Winaq, EG, entre otros, esta iniciativa se aplicará como parte de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en enero de 2016. Burlándose de consignas que expresaban el sentir del actual movimiento como “en estas condiciones no queremos elecciones”; pero que por su parte demuestra la poca fuerza organizativa para generar amplias movilizaciones y no concentraciones de fin de semana, como se hasta ahora se ha hecho, y aquí nos referimos a las organizaciones populares.

En el dictamen de la comisión respectiva del Congreso, pese a recoger algunas demandas impulsadas por la población movilizada, todo se concierta para afectar en lo mínimo los intereses de los partidos políticos, sobre todo porque ya se plasma en el imaginario social la posibilidad de un Asamblea Nacional Constituyente, con los riesgos que conlleva un movimiento popular fragmentado.

Entre algunas de las reformas más importantes consideramos las siguientes: aprobación del voto de ciudadanos en el extranjero pero solamente para presidente, queda postergada la creación de un distrito electoral especial. Se aprueba la paridad de forma alternada entre hombres y mujeres para listas de postulación. Sobre la participación según composición étnica por distrito dice que se tomará en cuenta el dato del censo de 2002, que por demás esta rebasado.

Se reforma la lógica de los Comités Cívicos Electorales, que ahora tendrán la posibilidad de postular cargos a diputados distritales y para la Asamblea Nacional Constitucional; pero aplicando el mismo umbral de legalidad del 5 % de votos válidos del padrón o un diputado. Se tendría que aplicar un umbral menor para estos comités cívicos; además se les prohíbe el financiamiento público, lo cual es un sinsentido si se pretende controlar el financiamiento privado, siendo su techo máximo de aportes de 10 centavos de dólar por empadronado en el municipio o distrito electoral. Si se pretende participar para diputados, este comité tiene que tener organización en más de la mitad de los municipios de ese distrito electoral.

Se toma como vinculante el voto nulo en lo que respecta a la repetición de algún tipo de elección, pero solo si logra ser el 50 por ciento más uno. Esto por su parte es un riquísimo altísimo, además de que no se retomó la propuesta de establecer una casilla especial en la papeleta, aunque con esto jurídicamente dejaría de ser voto nulo como se entiende ahora.

En lo que se refiere a la distribución de recursos financieros públicos, se obliga a distribuirlos de esta forma: 30 % para formación, 20 % para actividades nacionales y de funcionamiento y 50 % en los departamentos. Se obliga a registrar en libros todo tipo de aporte público o privado, a registrar todo tipo de aporte en una cuenta bancaria, se reduce el techo de campaña a 0.50 centavos de dólar -lo cual todavía se considera elevado- , se individualiza la responsabilidad de los secretarios generales, de finanzas, así como los candidatos, que reciban aportes financieros sin fiscalización.

Una de las novedades es que el TSE comprará pauta a los medios de comunicación, que se distribuirá igualitariamente entre los partidos en contienda, un 50 % para postulación presidencial, 25 % para diputados y otro 25 % para alcaldes. Queda prohibido de parte de los partidos o de personas jurídicas o naturales contratar pauta. Se sanciona a los partidos al exceder el límite de campaña, suspendiendo su derecho de recibir aportes privados y públicos y por no entregar informes del gasto del financiamiento. Las multas están en el rango de cinco mil a 150 mil dólares, con la posibilidad de que en caso de reincidencia se suspenda al partido. Se insta a una mayor fiscalización entre el TSE y otros entes estatales como la Superintendencia de Administración Tributaria, la de Bancos, la Contraloría General de Cuentas, para supervisar los aportes financieros privados y su uso.

Se reforma el período de titularidad del secretario general de un partido de dos a tres años, con derecho a una sola reelección, pero con la posibilidad de que después de un período se pueda postular nuevamente. Se aplica obligatoriamente el sistema de representación por minorías -que se establece para las elecciones de diputados distritales, concejales y diputados al Parlacen- para la elección de comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales, después de haber electo mayoritariamente al secretario general y el adjunto.

Se reorganiza la presencia del partido en dos terceras partes de los departamentos, el 25 % de los municipios de un departamento y el 0.5 de los empadronados del último proceso municipal. Sobre esto consideramos que poner un umbral mínimo para los partidos puede vedar el derecho de asociación de importantes sectores sociales, tal como existe en las legislaciones de todos los países, sin embargo la presencia territorial es algo que se debe tomar en cuenta para realmente los partidos sean representativos

El TSE también pide reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, para lograr que las decisiones tomadas por ese ente solo sean revisadas bajo la figura de amparo en una única instancia por la Corte de Constitucionalidad y no como es ahora, que cualquier tribunal de justicia o la Corte Suprema de Justicia puede conocer un amparo. En los hechos esto sería convertirlo en un poder más del Estado; lo que habría que tomar en cuenta para una constituyente sería limitar las facultades de la CC -o su misma existencia- y reducir los ámbitos de aplicación del, amparo como la materia electoral, por ejemplo.

Por una Asamblea Nacional Constituyente

Estas reformas, pese a retomar muchas de las iniciativas populares, se mantienen en la lógica de reproducir las mismas características de la partidocracia actual. La necesidad de ir reduciendo al mínimo el financiamiento privado, la separación entre funciones administrativas y jurisdiccionales del TSE y el control de los organismos populares sobre este, la creación de listas uninominales como existe, las elecciones de medio tiempo para diputados y municipales, la capacidad de elegir entre más de una lista, etc., podrían para atacar tal lógica y democratizar el sistema político aun mas.

Pero consideramos que es de suma importancia una mayor articulación entre las organizaciones populares como la ASP, Codeca, las centrales sindicales consecuentes tales como Unsitragua, Cgtg, Cusg, las bases de los sindicatos mayoritarios como el Snsg, Steg, y otros sindicatos, etc., en función de organizarse para la Asamblea Nacional Constituyente; exigir aun mas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, siempre bajo la movilización realizando acciones más contundentes como tomas de calles y huelgas generales, levantando un programa democrático anti oligárquico y anti capitalista.

Por Armando Tezucún

En el momento actual en Guatemala los acontecimientos se suceden con extraordinaria rapidez. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) avanzan velozmente en su cruzada contra la corrupción. Esta vez le ha tocado al principal partido de oposición, Libertad Democrática Renovada (LIDER), que desde hace cerca de un año ha pactado con el gobernante Partido Patriota cuotas de poder en las instituciones del Estado.

LIDER es el probable ganador de las próximas elecciones, aunque no goza del beneplácito ni la embajada gringa ni del sector oligárquico organizado en el Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), quienes son los verdaderos orquestadores de la purga contra políticos, funcionarios y empresarios corruptos, es decir, los que no están de su lado. El partido LIDER no necesita del financiamiento del Cacif, puesto que su fundador, principal dirigente y candidato presidencial, Manuel Baldizón, ha construido su propio imperio económico a base de negocios lícitos e ilícitos; su partido ha crecido a base de diputados y alcaldes que se han reelecto una y otra vez, y se han pasado de otros partidos al carro del que piensan será futuro ganador, para continuar enriqueciéndose a costa de los fondos públicos. Esta suficiencia económica y la corruptela de los dirigentes de LIDER han puesto al partido en la mira de los “adalides anti-corrupción”.

El 15 de julio el candidato a vicepresidente por LIDER, Édgar Barquín, su hermano el diputado Manuel Barquín y el diputado Jaime Martínez, fueron acusados por la Cicig y el MP de asociación ilícita y tráfico de influencias, con la correspondiente solicitud de antejuicios. Se trata del caso de una red de lavado de dinero y financiamiento ilícito de partidos políticos a cambio de protección, que recibió el apoyo de los arriba mencionados; en el lapso de tiempo cubierto por la investigación, Édgar Barquín fue presidente del Banco de Guatemala. 11 personas fueron capturadas y dos se encuentran prófugas.

Este es un grave golpe contra Lider, puesto que si es declarado con lugar el antejuicio, Barquín quedaría inhabilitado para ser candidato vicepresidencial; y sin pareja vicepresidencial, Baldizón no podría correr para las elecciones, pues ya se cerró el plazo para las inscripciones de candidatos. Esto dejaría por fuera a un partido y un candidato incómodo e indeseable para la embajada gringa y el Cacif. 7 candidatos de Lider tienen solicitud de antejuicio, y otros 6 tienen problemas legales.

En respuesta a las acusaciones de la Cicig y el MP, Lider organizó el 22 de julio una “vigilia por la justicia, paz y democracia”, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia. El anuncio de la protesta organizada por Lider levantó temores y expectativas, al punto que la embajada estadounidense suspendió la atención al público. Sin embargo, al final se trató de una concentración de unas tres mil personas que denunciaron la “judicialización de la política” y lo que llamaron “injerencia extranjera”, en referencia a la Cicig. En su discurso Édgar Barquín dijo que “Existe una conspiración de grupos radicales para influenciar a entes internacionales y eliminar la fórmula presidencial de Lider. Están utilizando hipótesis sospechosas.” (Prensa Libre 23/07/15). Al retirarse Barquín, se dio un enfrentamiento entre periodistas y guardaespaldas del mismo, que dio como resultado el arresto de uno de los integrantes de la seguridad del candidato vicepresidencial de Lider. Manuel Baldizón emitió una declaración en la que pidió a sus seguidores suspender las actividades de protesta programadas para los siguientes días.

Mientras, la Cicig, por medio de su jefe Iván Velásquez, presentó el esperado informe sobre financiamiento de partidos políticos, que confirmó lo que ya era secreto a voces: el crimen organizado y las empresas que gozan de contratos con el Estado financian el 75% de las campañas electorales de los partidos. La novedad fue la mención de numerosos casos individuales, y que sobre seis de ellos el Ministerio Público iniciará investigaciones.

Por otro lado, las protestas del fin de semana no han vuelto a agrupar las decenas de miles de personas que salieron a las calles en abril y mayo. El 18 de junio, la organización de un concierto con la participación de artistas y grupos populares logró reunir a unas 5 mil personas en la Plaza Central. Pero el siguiente sábado 25, la concurrencia bajó a unos 300, según el diario Siglo21.

Las consignas agitadas se están concentrando en la renuncia del presidente, la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el rechazo al proceso electoral; pero destaca entre todas el apoyo incondicional a la Cicig, síntoma del claro respaldo de las clases medias al proceso de depuración del sistema político impulsado por la embajada gringa y el Cacif. Los grupos que han organizado las protestas, Guatemala Visible, Justicia Ya, GuateActiva y otros, manifestaron públicamente su respaldo al MP y la Cicig; en respuesta Iván Velázquez, jefe de la Cicig, “Muchas gracias por esta expresión de respaldo que es más que dirigida a un proyecto de recuperación de la institucionalidad, a una recuperación de los valores que deben iluminar todo el accionar de una sociedad y de un Estado cuando se está verdaderamente comprometido con la causa de la sociedad” (Siglo XXI 21/07/15).

Mientras las organizaciones de la pequeña burguesía siguen controlando las protestas y se adhieren claramente al proyecto de la embajada y el Cacif, la Asamblea Social y Popular (ASP) continúa desperdiciando tiempo valioso en interminables asambleas, y posponiendo indefinidamente las acciones independientes en las calles.

Reiteramos nuestro urgente llamado a las compañeras y compañeros de la ASP a que se pongan a la cabeza de las protestas y movilizaciones. Quedó demostrado que el haberse adherido a la Plataforma Nacional Para la Reforma del Estado fue una pérdida de tiempo, pues las reformas propuestas están estancadas en el Congreso, y la misma asamblea departamental de la ASP del 25 de junio reconoció que dichas reformas son insuficientes.

Lo que se necesita es una acción decidida e independiente de la ASP, que ponga al frente las demandas más sentidas de los campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, mujeres y sectores populares, que se resuman en la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente multisectorial y plurinacional.

Por Marcial Rivera

A principios de Julio, el diputado Marvin Osorio del partido LIDER presentó una iniciativa de ley para establecer como obligatoria la lectura de la biblia en las escuelas públicas, por cooperativa y privadas; porque a su juicio la lectura de este libro -en donde se narran matanzas, masacres y cuyo contenido se torna sumamente violento en algunos pasajes del mismo- reducirá los niveles desmedidos de violencia, existentes en la sociedad actual. Para nadie es un secreto que en Guatemala existen niveles de violencia sumamente altos y que los esfuerzos tanto a nivel de políticas de prevención como de combate a las distintas expresiones del crimen han sido insuficientes o básicamente inexistentes; por lo que el parlamentario considera que la "palabra del señor" es la vía para solucionar los problemas de violencia que existen actualmente. Habrá que recordar que hace algunos días Carlos Mendoza, de la Asociación de Humanistas Seculares de Guatemala, se presentó al salón del pueblo del Congreso de la República para exponer las razones, por las que imponer la lectura obligatoria de la biblia, atenta contra el espíritu laico del Estado; en dicha actividad líderes evangélicos -afines al diputado Osorio- de forma violenta, agresiva e intolerante y actuando en nombre de su dios, prácticamente expulsaron a Mendoza del Congreso de la República, por considerar que era un enviado de Satanás.

Democracia, no Teocracia

Indudablemente el conflicto armado, la represión durante el mismo y la Constitución del '85, como fruto de la necesidad de refundar el Estado -en aquel momento- tienen algún componente religioso. Evidentemente desde la conquista y la colonización, Guatemala ha sido un país eminentemente religioso, fundamentalmente católico, con una mezcla de sincretismo religioso, a partir de las comunidades indígenas. Las corrientes protestantes, a quienes abrieron las puertas los gobiernos liberales de finales del siglo XIX, fueron introducidas durante el conflicto armado; y ante la persecución por parte del ejército hacia catequistas y asesinatos de religiosos, muchas poblaciones decidieron 'migrar' de religión y volverse protestantes, con el propósito de resguardar sus vidas, cosa que al ejército le permitió tener un mejor control sobre estos grupos de población. Ahora bien, la constitución actual garantiza la libertad religiosa, lo cual es indudablemente respetable en un contexto en el que se aspira a vivir en democracia, en eso: Democracia. La democracia debe ser precisamente una forma gobierno en la que todos los grupos poblacionales quepan, tanto los grupos de la población que profesen una religión, como aquellos que decidan no tenerla, y no una Teocracia, en donde sea una creencia religiosa la guía del accionar del Estado.

Sobre esta iniciativa, habrá que recordar que ya tiene su antecedente en 2014, y ahora se da en la coyuntura de la campaña electoral, en medio de una crisis política sin precedentes, y donde las manifestaciones exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina, llevan 3 meses y parecen no detenerse.

¿Reduce la violencia?

Aprobar una medida así contraviene la libertad de religión misma, al imponer una religión, y sobre todo el artículo 37 de la LEY PINA (Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia), en donde se establece el carácter laico de la educación. La religión, no es otra cosa más que un espacio de reproducción de la violencia, patrones machistas, patriarcales, misóginos, LGTBIfóbicos y por supuesto de enajenación mental.

No hay evidencia científica, que compruebe que la lectura de la biblia obligatoria en las escuelas públicas, reduzca significativamente los niveles de violencia en determinado país; contrario a esto, la presencia de distintas religiones en algunas comunidades del altiplano Maya, ha generado división y confrontación entre sus miembros, incluyendo en espacios de desarrollo y discusión importantes como los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES). En Guatemala la violencia que involucra a gran parte de la juventud debe ser combatida desde su raíz, que consiste en estructuras sociales excluyentes, que niegan a los jóvenes oportunidades de trabajo, educación, salud, vivienda, etc., que empujan a las nuevas generaciones a huir hacia Norteamérica o a incorporarse a las pandillas violentas. Y esas estructuras solo pueden ser destruidas por una auténtica revolución, que ponga en manos de los oprimidos y explotados el destino de la nación.

La población debe defender el espíritu laico del estado, la imposición de una religión es un atentado contra los Derechos Humanos y las reivindicaciones democráticas del pueblo de Guatemala.

Por Leonardo Ixim

El constante destape de casos de corrupción por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (que comenzó con el caso La Línea, la aprensión de la junta directiva del Instituto Guatemalteco del Seguro Social comenzando con su presidente, el ex militar Juan de Dios Rodríguez, otros casos de sobre costo en el Ministerio de Gobernación y recientemente la detención del ex secretario privado de Otto Pérez quien además es su yerno, Gustavo Martínez por tráfico de influencias a favor de dos empresas), provocó el descalabro de una red de poder conformada por ex militares y civiles que fundaron el Partido Patriota a la sombra de dos grupos fácticos que creados desde el ejército, es decir La Cofradía y El Sindicato, que sirvieron de trampolín para la consolidación de una facción de la burguesía de origen mafiosa y burocrática.

El destape de casos de corrupción por la CICIG y el MP responde -pese a tener el aval de algunos sectores de la sociedad civil y de la población en general- a la agenda regional de reacción democrática impulsada por Estados Unidos para Triángulo Norte de Centroamérica, con el fin de controlar a facciones mafiosas que atenten contra sus intereses.

Las movilizaciones contra la corrupción

Desde finales de abril hasta ahora, todos los sábados se han dado distintas concentraciones, siendo las más numerosas las del sábado 25 de abril y las del 16 de mayo, la primera logrando más de 30 mil personas y la segunda un poco más de 60 mil. Se está programando otra concentración para el sábado 18 julio, siempre con la consigna de renuncia del actual mandatario y la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Como mencionamos en otros artículos, el grueso de estas movilizaciones fueron sectores de capas medias, a la que se les sumaron estudiantes universitarios sobre todo de la pública Universidad de San Carlos, pero también de privadas como la Universidad Rafael Landívar, y del Valle de Guatemala, Francisco Marroquín y Mariano Gálvez. Por otro lado se conformó un espacio compuesto por pueblos indígenas, campesinos, estudiantes universitarios y sindicatos como UNISTRAGUA, que se denominó Asamblea Social y Popular; en ella sobresalen organizaciones campesinas como el Comité de Unidad Campesina y CCDA, además de autoridades mayas. De igual forma se registró una mega concentración el día 20 de mayo por parte de la organización campesina CODECA y del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, con similares reivindicaciones

La participación de sectores de las capas medias giró en torno al tema de la corrupción tema que afecta las fibras de esta capa social; sin embargo el contenido popular hizo girar las protestas hacia el descontento contra la clase política, centrando su enfado contra el principal candidato en las encuestas, Manuel Baldizón del partido LIDER, que desde ese momento inició su descenso en las preferencias de voto. A partir de eso se planteó por parte de la ASP y otras instancias la necesaria reforma a la LEPP. Se dieron así una serie de iniciativas en todo el país como el quitar propaganda electoral, interrumpir mítines, sobre todo de LIDER, etc.

La postura del sector empresarial por medio del CACIF, evolucionó desde apoyar la renuncia de Baldetti, a sostener, junto al gobierno gringo, al actual presidente pero sin meter demasiado las manos al fuego por este; recientemente se han manifestado tanto los empresarios como el embajador Todd Robinson por las reformas de la LEPP. Sin embargo también se vieron agendas ocultas, como focalizar toda la tirria a la clase política en Baldizón -quien es considerado rival a las facciones tradicionales burguesas-, el apoyo a otros candidatos como Sandra Torres y sobre todo al comediante Jimmy Morales del partido FCN, partido formado por ex militares contrainsurgentes aglutinados en AVEMILGUA, quien sorpresivamente ha subido en las preferencias. La táctica seria desbancar a Torres por una segunda vuelta entre Baldizón y Morales y la apuesta a la victoria del segundo.

Los sectores populares por su parte exigen la postergación de las elecciones hasta la reforma, de parte del Congreso, de la LEPP. Ese escenario es casi imposible por la poca fuerza movilizadora, por tanto los dos coaliciones de izquierda URNG-WINAK y CPO-CRD (antes ANN) se movieron para elegir candidatos que provienen de sectores organizados populares. Nuestra política previendo eso, es el voto crítico hacia esas opciones, tomando en cuenta que en muchos elementos su programa es reformista y que no lograron la necesaria unidad, pero recogen algunas demandas democráticas. En ese sentido el llamado al voto nulo que al inicio alcanzó el segundo lugar de preferencias fue bajando. Sin embargo el hecho que existan dos coaliciones que podrían retomar el descontento social hace que se prefiera en algunos casos anular el voto. Es importante señalar que muchos de los candidatos de URNG-WINAQ plantean la necesidad de realizar las reformas a la ley electoral y hasta la posibilidad de renunciar -en lo que se refiere al binomio presidencial- si no se realizan esas reformas.

Las otras movilizaciones

Por otro lado los sindicatos mayoritarios, que tienen sus bases en el Estado, el de educación STEG y el de salud SNSG, junto a la organización campesina CONIC y el cascaron de central sindical UASP, iniciaron con una postura ambigua con respecto a las reformas a la LEPP hasta oponerse recientemente a esta. Fetichistamente se sumaron a la postura gubernamental de no romper la institucionalidad electoral y en el reciente plantón de la ASP en el Congreso para la exigencia de la aprobación de las reformas, las dirigencias de ambos bloques amenazaron con enfrentarse.

Demagógicamente los dirigentes de estas organizaciones plantean la necesidad de la nacionalización de la energía eléctrica y la aprobación de otras leyes, algo que la ASP erróneamente ha dejado de lado. Sin embargo han denunciado el papel de los empresarios en la defraudación fiscal y exigen que no haya reformas a la ley de servicio civil en función de no tocar los pactos colectivos, demanda que nos parece importante resaltar y que la ASP y los demás sindicatos debería levantar, señalando la actitud demagógica de STEG y SNSG. El actuar de estos sindicatos cual esquiroles, no es para apoyar a este desprestigiado gobierno, sino para salvaguardar los intereses de las burocracias respectivas negociando con LIDER, privilegios que se anotan en los pactos colectivos y que sirve de cantaleta a la oligarquía y sus corifeos para desprestigiar esos convenios laborales.

Las reformas electorales

El clima de movilización hizo que desde la USAC se conformara una Plataforma para la Reforma de Estado, coordinada por el rector Carlos Alvarado. En esta plataforma al inicio estuvo presente el CACIF, pero se retiró ante la postura de varios organismos como la ASP y otros, de aprobar reformas y postergar las elecciones. Este espacio consensuó la postura -dejando atrás la promesa inicial de presentar una iniciativa de ley, para lo que constitucionalmente la universidad tiene potestad- de sumarse a la propuesta de reforma electoral presentada por el Tribunal Supremo Electoral.

El tema de la iniciativa de ley era simbólico, pero la ASP en todo momento mantuvo una posición poco crítica con respecto a la direccionalidad que le dio Alvarado, quien por su parte pretenden lavar la cara de su administración señalada por anomalías en sobre costos de edificios en la universidad.

Consideramos que construir consensos entre sectores del proletariado y populares es importante, pero es fundamental la movilización. Ante eso la ASP se quedó sola con el apoyo de estudiantes sancarlistas conscientes, en un plantón alrededor del edificio del Congreso, que duró una semana y que tuvo poca incidencia. La ASP tiene pendiente una serie de asambleas locales -pues está conformada por organismos en los territorios- pero tiene sobre sus espaldas que las sesiones del Congreso inician el martes 14 de julio. Por otro lado, ha quedado pendiente consolidar la unidad con otras expresiones populares como CODECA, que significaría realizar acciones de hecho más contundentes y levantar algunas posturas de las burocracias sindicales antes descritas.

Conocer las propuestas de reforma queda para un próximo artículo, ahora solo señalamos resumidamente que en la iniciativa legal del TSE y la propuesta de la reforma, se toca temas que desde nuestro parecer son democráticos, como mayor regulación del financiamiento privado -sin prohibirlo totalmente- y la compra de espacios de radio y tv por parte del TSE distribuidos entre los partidos; la reelección por una vez en cargos para diputados y alcaldes (porque constitucionalmente si está permitido); la conformación de Comités Cívicos Distritales -que puede ser una oportunidad para los sectores populares- aunque queda en el tintero los requisitos de conformación; la necesidad de dar territorialidad a los partidos y no centrar solo en los requisitos mínimos para su creación, y mantenerse como partido después de las elecciones, que recordemos requiere haber ganado el 5 % del padrón o por lo menos un diputado.

Y la legalización del voto nulo que se convierte en voto válido y que tiene incidencia en los resultados si se vuelve mayoritario. Esto lo vemos como una importante conquista porque se genera el marco legal. Sin embargo señalamos que la política de voto nulo es concreta, es decir se aplica según las circunstancias. Si se realizan las elecciones, y todo parece que sí, nosotros llamamos al voto crítico hacia las izquierdas. Quedan pendiente en estas reformas otros elementos como las listas uninominales y otras, que se abordar en otro artículo.