Por Armando Tezucún
El 16 de abril fue desarticulada la extensa red de defraudación aduanera conocida como La Línea. La gravedad de la existencia y desmantelamiento de esta red es que estaba liderada por altos funcionarios del gobierno y de la misma Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); su máximo dirigente era nada menos que el secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, y miembros importantes eran el superintendente de la SAT Omar Franco y su antecesor Carlos Muñoz. Otro cómplice de relevancia era Francisco Javier Ortiz, conocido también como Teniente Jerez, quien en los años 1990s estuvo ligado a la red de contrabando aduanero liderada por el fallecido Alfredo Moreno. 22 sospechosos fueron capturados en total.
El hecho de que la desarticulación de la red fue producto de un año de investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, añade otro elemento polémico, pues el mandato de la primera estaba por vencer este año, y el presidente Pérez Molina había manifestado durante meses su renuencia a solicitar a la ONU una nueva prórroga, ello a pesar de que la investigación inició a pedido del propio gobierno.
Cómo operaba la banda
La estructura criminal funcionaba a través de un número telefónico, vinculado a la SAT, al cual debía comunicarse el importador que quisiera pagar menos impuestos, iniciando la negociación con la banda. La red contaba con elementos en los puestos claves de la SAT y las siete principales aduanas del país, que controlaban los detalles del proceso, y que utilizaban tarifas tributarias alternas. Mientras que la red recibía el 30% de comisión y el importador pagaba un 30% del impuesto que originalmente debía haber pagado, el Estado dejaba de recibir un 40% del tributo.
El actual gobierno ha pasado por una constante crisis de recaudación fiscal prácticamente desde su primer año en 2012, caracterizada por el incumplimiento de las metas de recaudación acordadas entre la SAT y el gobierno. La red liderada por Monzón por momentos detenía sus operaciones, para no evidenciar tanto la caída en los ingresos. La recaudación en las aduanas bajó en 2013 de Q 15.8 millardos a Q 15.3 millardos, y se desaceleró en 2014; lo mismo sucedió con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las importaciones. Las brechas fiscales en estos años ascienden a unos Q 7 mil millones, que han sido suplidos mediante la emisión de bonos del tesoro y la contratación de préstamos, incrementando la deuda pública. La crisis financiera llevó al gobierno a contemplar la creación de nuevos impuestos a la telefonía, cemento y actividades mineras para financiar el presupuesto 2015, de los cuales el primero se encuentra suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad.
La burguesía está implicada en la defraudación
El descubrimiento y desmantelamiento de la red La Línea aparentemente da la razón a las cámaras empresariales que aglutinan a la burguesía, que desde hace años sustentan su negativa a pagar más impuestos en la fuerte propagación del contrabando y corrupción, así como en la existencia de un extenso sector informal de la economía que no tributa; reiteradamente han dicho que esta es la causa del bajo nivel de la tributación, y que en ellos deben enfocarse las políticas gubernamentales. Pero esto oculta los efectos negativos que tienen sobre el presupuesto estatal las exenciones fiscales de que gozan sectores del empresariado y la bajísima carga tributaria que existe en el país, que beneficia a la burguesía.
Al enterarse de las capturas, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Comercio Americana en Guatemala (AMCHAM), anunciaron complacidos “Consideramos fundamental que se establezcan todas las vinculaciones en esta red, a efecto de poder determinar a fondo las autorías materiales e intelectuales de estos hechos … es importante asegurar todas las evidencias materiales necesarias para que estas acciones concluyan en condenas efectivas … (el contrabando y la defraudación son) un cáncer que ha lesionado el patrimonio del Estado y ha afectado gravemente a los empresarios formales, cumplidores de la ley y todos los guatemaltecos sobre quienes pesa la carga fiscal.” (Siglo XXI 16/04/15).
Para que exista corrupción se necesitan dos, el funcionario gubernamental y el particular que se beneficia. Las investigaciones calculan en un millar los empresarios que entraron en negocios con La Línea para evadir el pago de impuestos. La hipocresía del CACIF no puede ocultar la complicidad del empresariado en esta estafa al erario público. Las investigaciones deben llevar también a poner al descubierto a los empresarios implicados en el caso y ponerlos a disposición de los tribunales.
El escándalo ha sumido al gobierno en una grave crisis
La presencia de altos funcionarios gubernamentales en La Línea ha puesto en graves aprietos al gobierno y al Partido Patriota, en un año electoral. Al momento de realizarse las capturas Juan Carlos Monzón se encontraba en Seúl, Corea acompañando a la vicepresidenta Roxana Baldetti en un viaje privado para recibir un doctorado honoris causa. Una serie de declaraciones confusas y contradictorias, han dejado más dudas que aclaraciones en el asunto. Baldetti dio declaraciones hasta el domingo 19, siendo que todo demuestra que arribó al país el viernes 17; ella afirma que al enterarse del caso, Monzón no se encontraba con ella y lo despidió de su cargo vía telefónica, procedimiento inusual y no apropiado. Ahora Monzón se encuentra prófugo, al parecer en Honduras.
La cercanía de Monzón a Baldetti, y el aval de Pérez Molina al nombramiento de Muñoz y Franco, cada uno en su momento, como superintendentes de la SAT, no puede más que levantar profundas sospechas de la implicación de los funcionarios en la red de corrupción. El rastreo de las redes de corrupción hasta los años 70s involucra a gran cantidad de exmilitares, miembros de los organismos de inteligencia, que están vinculados a Pérez Molina. La presencia de Ortiz en La Línea indica claramente la continuidad de las redes, que nunca fueron totalmente destruidas (ver el artículo El Caso de la SAT: Legado de la Inteligencia Militar, Centro de Medios Independientes, 17/04/15).
Como resultado, el Partido Patriota ha empezado a desmoronarse. Su precandidato presidencial, Alejandro Sinibaldi, representante del sector empresarial en el PP, confirmó el 19 de abril los rumores sobre su renuncia. En los días siguientes diputados y alcaldes, algunos de ellos importantes financistas, anunciaron también su salida del PP. Esto ha sido un golpe mortal para el partido de gobierno, que tendrá que elegir apresuradamente nuevos candidatos; pero en medio del escándalo y el desprestigio, sus probabilidades de reunir una cantidad significativa de votos en las próximas elecciones se han reducido enormemente.
Las organizaciones de la burguesía han rechazado sus vínculos con el gobierno, al renunciar la Cámara del Agro y la Cámara de Industria de Guatemala a su participación en la Comisión Nacional Para la Prevención y Combate a la Defraudación Aduanera y el Contrabando, en la cual los representantes gubernamentales eran precisamente Carlos Monzón y Roxana Baldetti. Con este gesto la burguesía abandona al gobierno a su propia suerte.
La CICIG sale fortalecida
Quien ha salido beneficiada con el escándalo de la SAT es la propia CICIG. El presidente Pérez Molina, había manifestado que no pediría la prórroga de su mandato, afirmando que el gobierno y el MP debían arreglárselas solos; la extrema derecha hacía una vociferante campaña en contra de la CICIG también. Todo evidenciaba el temor a que la Comisión revelara asuntos oscuros en las alturas el gobierno, embarrando al mandatario. Pérez ordenó la formación de una comisión que investigara el desenvolvimiento de la CICIG e hiciera recomendaciones sobre la necesidad o no de su permanencia en el país.
Pero la revelación de la red de defraudación aduanera dejó al desnudo la incapacidad del Estado para perseguir las estructuras de corrupción. A un solo coro, las embajadas de los países imperialistas, las ongs de derechos humanos, los organismos de la “sociedad civil”, los académicos, etc. clamaron por la necesidad de la permanencia de la CICIG. Hasta el Cacif, que había estado dudoso, se sumó en conferencia de prensa con la presencia de los presidentes de todas las cámaras empresariales, a la petición de la permanencia de la Comisión. Pérez Molina ya no pudo negarse, y después de que la comisión investigadora diera un dictamen favorable, anunció solemnemente en presencia del cuerpo diplomático y sus ministros, que solicitaría la prórroga, para beneplácito de todos.
La intelectualidad de clase media, las ongs y demás incautos olvidan que la CICIG es un organismo impulsado por el imperialismo norteamericano y la Unión Europea para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado burgués guatemalteco; para eliminar la corrupción y garantizar la estabilidad jurídica que permita que las inversiones nacionales y foráneas puedan rendir ganancias en un entorno de orden y eficiencia.
El jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, no lo pudo expresar mejor: “La CICIG se compromete con el Estado y con la sociedad a realizar todos los esfuerzos en el apoyo a las aspiraciones guatemaltecas por la consolidación de sus instituciones; ofrecer análisis coyunturales a través de informes temáticos; formular propuestas de reformas normativas que permitan consolidar instituciones; continuar con la persecución penal que desarrollamos hombro a hombro con el Ministerio Público … La justicia reivindicará a la sociedad en su misión de la construcción.” (Siglo XXI 24/04/15).
Sin embargo, la corruptela sigue campeando ante las propias narices de la CICIG. Después de dos audiencias, la jueza a cargo del caso, Marta Sierra, benefició con arresto domiciliario y pago de multa a seis de los 22 implicados, entre ellos Francisco Javier Ortiz (el Teniente Jerez) y Salvador González. Después de hacer el perjuicio, la jueza tranquilamente busca separarse del caso solicitando el traslado del expediente a una judicatura de alto impacto. No cabe duda de que la corrupción también campea a nivel del organismo judicial.
Las protestas
El sábado 25 en horas de la tarde se realizó una concentración en la Plaza Central de la capital guatemalteca, convocada por las redes sociales, para pedir la renuncia de Pérez Molina y la Baldetti. La convocatoria, lanzada anónimamente, anunciaba que no habría discursos ni partidos políticos, rechazando acciones como quema de llantas y otras acciones “…que puede interpretarse como desorden público…” La agenda sería reunirse a las 15:00, cantar el himno nacional a las 15:45 y a las 16:00 retirarse. El primer contingente de personas era gente de clase media acomodada, en la línea de los camisas blancas que protestaron en el mismo lugar contra el gobierno de Álvaro Colom durante la crisis por la muerte del abogado Rosenberg, muy obedientes de los lineamientos, expresando el descontento de los sectores medios contra el gobierno corrupto. Pero este grupo se vio pronto rebasado por una enorme avalancha de estudiantes universitarios, miembros de los grupos de izquierda y algunos representantes de organizaciones campesinas. Este nuevo grupo diversificó las demandas, denunciando a la oligarquía, el sistema en general, a las instituciones estatales en su conjunto y a todos los funcionarios del gobierno. La aglomeración de gente llegó a varios miles que hicieron retumbar la plaza, empezando a diluirse cerca de las 16:30. En varias ciudades del interior hubo protestas similares.
Para el martes 28 de abril fue convocada una Asamblea Social y Popular, de parte de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, jóvenes, sindicales, derechos humanos, religiosos, académicos y sociales, para unificar y articular puntos de vista y propuestas ante la crisis actual. En este artículo ya no podremos comentar el resultado de dicha asamblea, de la cual esperamos que surja un planteamiento independiente, de clase, frente a la salida que proponga la oligarquía.
Que se castigue a todos los culpables
La investigación de la CICIG ha conducido hasta ahora a la captura de algunos miembros de la banda La Línea. Pero sabemos que también se encuentran implicados numerosos empresarios que se prestaron al juego de la corrupción; ellos deben ser también capturados y llevados a juicio. Todos los implicados deben devolver el dinero robado al fisco y sus bienes deben ser confiscados. La CICIG debe aclarar también hasta dónde están implicados el presidente y la vice. Aún más, ambos y el gobierno en su conjunto deberían presentar su renuncia por su notable y probada incapacidad para administrar el Estado. Los asuntos del fisco y la SAT deben ser puestos bajo la supervisión y control de las organizaciones campesinas, sindicales y populares. El podrido andamiaje de las instituciones estatales debe ser reformado de pies a cabeza por una Asamblea Nacional Constituyente que transforme el país en beneficio de los desposeídos; esto después de una reforma a la Ley Electoral que permita la elección de delegados verdaderamente representativos del pueblo a dicha Asamblea.
