Por Armando Tezucún

Al igual que la del año pasado, la marcha del 1 de mayo de 2014 fue multitudinaria, algo que contrasta con la ausencia de luchas obreras significativas. La prensa burguesa se contradijo en la estimación de la cantidad de manifestantes, pero probablemente fue Siglo XXI quien se aproximó más al estimar 20,000 participantes; hasta donde sabemos, los sindicatos no divulgaron cálculos. La marcha era tan grande que cuando los grupos que iban al final llegaron a la Plaza Central, ya habían pasado los discursos y se habían marchado la mayoría de las centrales sindicales grandes.

El organizador del evento fue el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, que aglutina a la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua), el Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y los Sindicatos Globales.

Otros grupos sindicales se unieron, como el Frente Nacional de Lucha con su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Festras y numerosas organizaciones no sindicales, como cooperativas de vivienda, la Juventud Obrera Cristiana, el Movimiento de Jóvenes de la Calle. Organizaciones campesinas también se hicieron presentes, con la presencia de Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina y organizaciones campesinas afiliadas a la CGTG. Esta última central también aglutina a trabajadores de la economía informal, quienes se hicieron presentes, en especial vendedores de los mercados. También marcharon varios sindicatos de trabajadores de diversas dependencias del Estado.

También se hicieron presentes los partidos políticos de izquierda: la Alternativa Nueva Nación, la alianza URGN-Winak y el Frente Popular. La Universidad de San Carlos estuvo presente en grupos separados de estudiantes de las facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas; y el bloque de las Escuelas de Historia, Trabajo Social y Ciencia Política, y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC).

Los grandes ausentes fueron los sindicatos oficiales de maestros, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y Asociación Nacional del Magisterio, afiliados a la Unión Guatemalteca de Trabajadores (UGT), que agrupa a los sindicatos blancos. Los sindicatos magisteriales independientes estuvieron representados por el Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco (SAMGUA). La participación más extraña fue la de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, A.C., que marchó repartiendo folletos sobre la biblia.

Los temas más importantes y recurrentes en los pronunciamientos distribuidos por las organizaciones fueron: La discusión en el Congreso de leyes de flexibilidad y desregulación laboral; el respeto a la libertad de organización sindical y negociación colectiva; el rechazo a los proyectos de minería e hidroeléctricas y monocultivos; el rechazo a la decisión de la Comisión Postuladora de dejar fuera de los candidatos a dirigir el Ministerio Público a la actual fiscal general Claudia Paz y Paz; la inseguridad y violencia que impera en el país; el desempleo, el alto costo de la vida y los bajos salarios; la falta de acceso a la salud, educación y vivienda; la persecución y asesinato de dirigentes sindicales y populares. Algunos sindicatos presentaron denuncias específicas en sus comunicados, como los trabajadores de la Contraloría General de Cuentas y el STUSC.

La gran capacidad de convocatoria que tienen las centrales sindicales, a pesar de que estamos en una coyuntura en la que no hay luchas obreras importantes, es indicativa del enorme descontento latente en la población, descontento que aún no encuentra expresión ni en un súbito incremento de las huelgas y protestas, ni en candidaturas electorales de izquierda; esta última opción está cada vez más lejos de concretarse, dado que los partidos reformistas planean presentarse por separado en el proceso electoral de 2015.

Paradójicamente, los sectores que están realizando luchas, hasta donde sabemos, no se hicieron presentes: los comunitarios que mantienen la resistencia contra la minera en La Puya y las comunidades de Huehuetenango que protestan contra los problemas en el suministro de energía eléctrica.

El hecho de que las centrales sindicales tengan semejante capacidad para convocar a sus afiliados, a la que sin duda se unirían organizaciones campesinas y estudiantiles debe ser aprovechada para realizar acciones de solidaridad con las comunidades que luchan con tenacidad contra las voraces empresas de distribución de energía eléctrica (Energuate y sus filiales) y para conformar un frente único contra la represión, que nos permita enfrentar la actual escalada represiva del gobierno.

Thelma Aldana y Otto Pérez Molina

Por Edgar Miguel Kan

Del Ministerio Público

Desde esta trinchera, hemos reiterado cómo la institución burguesa del Ministerio Público (Fiscalía General) de Guatemala, tuvo un atisbo de democracia desde que el equipo que lideró Claudia Paz y Paz llegó a su dirección.

Esta institución encarna la legitimidad de la burguesía a través de su aparato estatal para lograr inocuizar a los movimientos sociales. Además de sostener una creciente persecución contra la masa proletaria que, por el fallido modelo capitalista, encuentra en la delincuencia una opción de vida, generando en el mercado criminal otra forma más de explotación a los obreros.

Es al entender la naturaleza del Ministerio Público que se puede comprender las limitantes de su actuar en el Estado capitalista. No obstante la limitación que da la burguesía al Ministerio Público, Claudia Paz y Paz generó una persecución penal estratégica que tuvo como objeto perseguir a quienes detentan el poder del mercado criminal, la burguesía emergente (muchos de ellos militares), la oligarquía y el narcotráfico.

Esta modalidad abierta y clara de persecución penal, fue la primera en el país donde la institución encargada de la persecución penal antepuso el interés de las mayorías. Ejemplo de ello ha sido: El juicio por genocidio, en donde se explicó cómo el servilismo militar se sometió a la voluntad del plan capitalista tardío de la oligarquía y generó hechos atroces como el genocidio que, el 10 de mayo del 2013 llegó a sentencia; la persecución penal de importantes funcionarios de estado, entre ellos ministros, directores e incluso a un ex-presidentes que utilizando plataformas populares se sirven del pueblo para lograr sus mezquinos intereses personales que son la consecuencia de sus intereses de clase.

A pesar de que hubo una criminalización en contra de dirigentes sociales, fue evidente que no era una política dirigida por la Fiscal General. Lo anterior demuestra que los fiscales en cada localidad, mantienen y mantendrán vínculos con las empresas y patronos transnacionales y nacionales. Estos de manera voraz continúan con el objetivo de explotar en las comunidades, su territorio y fuerza de trabajo y se sirven de la institucionalidad burguesa para mantener funcionando el flujo de capitales que día a día hacen agonizar a tantos hombres y mujeres en el mundo.

El proceso de elección

El proceso de elección, como reiteramos en el número pasado, es el reflejo de la cooptación del aparato de poder, que mediante falaces espacios corporativos, pretende hacer creer a la sociedad que puede haber democracia en la elección de funcionarios públicos. Producto de tal contradicción fue la nómina de candidatos que excluyó a quien había que defenestrar: Claudia Paz y Paz.

Se seleccionó a seis candidatos, sin embargo desde espacios periodísticos se había anunciado la elección, el 9 de mayo -a un año de la sentencia por genocidio- de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Thelma Aldana sin conocimiento técnico del Derecho Penal, sin capacidad de sostener una política estratégica de persecución de mercados criminales y fiel a los intereses del centralismo burgués de la presidencia; ella fue electa como Fiscal General.

La selección de Aldana la realizó el presidente de la república, quien abiertamente reiteró que si Claudia Paz llegara a la nómina, ante la presión internacional, hubiese tenido que elegirla, por lo que el aparato de lobbystas y serviles, de manera burda, realizaron una nómina sin considerar el espectáculo político que fue el dar una gradación a los perfiles.

Concentración del autoritarismo

Las acciones legales contra el poder oligárquico que logró llevar a cabo Claudia Paz desde el Ministerio Público, no podían repetirse. Esta consigna, clara para el interés burgués, llevó a que desde la elección de Thelma Aldana se realizaran dos acciones: el martes 13 el Congreso aprobó un punto resolutivo en el cual condiciona a que no debe perseguirse el delito de genocidio, pues tales hechos jamás sucedieron en Guatemala y, el jueves 15 la Corte de Constitucionalidad derogó la tabla de gradación para las comisiones de postulación, con ello otorgándole más poder a las estructuras corporativas afines a los grandes intereses del Capital.

Desde el PSOCA, denunciamos que la institucionalidad burguesa no es la opción para el desarrollo de los pueblos y los efímeros avances que ella muestre serán retomados por los burgueses en contra del Pueblo. La unificación socialista es para defender a las y los proletarios del mundo ante el capitalismo burgués y retrógrado. Esta defensa no se realiza a través de las instituciones burguesas sino mediante la organización y lucha de la clase oprimida.

El pasado viernes 9 de mayo compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC) se tomaron las puertas de ingreso al campus central universitario de la zona 12 en horas de la tarde, en apoyo a los trabajadores del cuerpo de vigilancia. La protesta fue motivada por la sorprendente contratación de 17 miembros en servicio activo del ejército, entre ellos dos mujeres, para que efectúen tareas de vigilancia en el campus. Estos individuos, en ropa de civil, se mezclarán de incógnito entre la población universitaria, y aunque no conocemos sus atribuciones específicas, es obvio que su labor tendrá mucho de espionaje e inteligencia.

El día de la toma, los compañeros del STUSC fueron desalojados por estudiantes de la Facultad de Ingeniería, pues en esa fecha celebraban la fiesta de cierre del semestre y necesitaban el libre ingreso de estudiantes; entre ellos se presume que iban miembros de la AEU.

Con esta nefasta medida, el Consejo Superior Universitario ha dado otro paso en contra de la Autonomía Universitaria, al entregar el campus en manos del criminal Ejército Nacional. Esto sin duda lo ha hecho en contubernio con el gobierno, que se encuentra en una fase de agudización de la represión, tomando el control de las instituciones, emitiendo leyes represivas y persiguiendo judicial y extrajudicialmente a los líderes populares. Ante la protesta de STUSC, el rector Gálvez prometió que despediría al funcionario que hizo la contratación, pero que se quedaría con los militares, argumentando la necesidad de vigilancia.

Alertamos sobre la amenaza que se cierne sobre las asociaciones y grupos estudiantiles, de docentes y trabajadores que se han destacado por su independencia y defensa de los derechos de la comunidad universitaria y su solidaridad con las luchas populares. La AEU ya ha lanzado mensajes intimidatorios contra el STUSC.

Condenamos la actitud pandilleril y traidora de los estudiantes de ingeniería y los gangsters de la AEU que desalojaron a los compañeros trabajadores.

Ahora más que nunca se hace necesaria la formación de una coordinadora de todos los sectores democráticos, progresistas y conscientes de la comunidad universitaria para enfrentar a las autoridades entreguistas y a las pandillas de la AEU.

Por Armando Tezucún

El pacto colectivo firmado en octubre del año pasado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSG) y el gobierno de Otto Pérez Molina incluía no sólo beneficios laborales, sino el compromiso del Estado de abastecer adecuadamente a los hospitales públicos y mejorar la atención general a los pacientes.

Sin embargo el gobierno ha hecho muy poco para cumplir lo acordado. Han sido los médicos y las enfermeras quienes han tomado acciones directas para presionar al gobierno. El 9 de abril médicos del Hospital Nacional José Felipe Flores, de Totonicapán, suspendieron el servicio de consulta externa debido a la falta de medicamentos para atender a los más de 300 pacientes que diariamente deben atender. La falta de material quirúrgico llevó a que las cirugías fueran selectivas.

El Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz, se encuentra en una situación similar, que llevó a que los médicos suspendieran la consulta externa el 22 de abril. En este caso las carencias son de material para suturas, ropa para cirugías, reactivos de laboratorio, respiradores mecánicos, bombas de infusión, monitores de signos vitales y un largo etcétera. Los médicos de este hospital reclaman también el aumento del presupuesto asignado al centro, pues los Q 39 millones que reciben no alcanzan.

Desde finales de abril los doctores y las enfermeras del Hospital Regional de Huehuetenango cerraron la consulta externa y posiblemente suspenderán otros servicios si el Ministerio de Salud no resuelve los problemas de abastecimiento. En este caso se suma el descontento por el nombramiento de personal no calificado gracias a las influencias de diputados del Partido Patriota. El 9 de mayo el personal continuaba en paro.

El problema de la pésima calidad del servicio de salud pública en Guatemala es un problema estructural que ningún gobierno burgués tiene verdadero interés en resolver. La negativa histórica de la oligarquía a pagar suficientes impuestos redunda, entre muchas otras cosas en el desastre de que es el sistema de salud estatal en el país.

Llamamos a la solidaridad con los médicos y enfermeras que luchan por la mejora de la atención en los hospitales públicos. En especial el SNTSG debe sumarse a las acciones. Demandamos un mayor presupuesto para salud; que los médicos, enfermeras y trabajadores, así como las organizaciones sindicales y populares controlen el gasto del Ministerio de Salud.