Marcha de trabajadores de la salud.18 de Noviembre del 2010_1

Por Indalecio Martínez

Los compañeros trabajadores del sector de salud pública continúan en pie de lucha por un sistema de salud que brinde atención digna a la población trabajadora y menos favorecida del país.

La inmensa mayoría del pueblo no puede costearse hospitales privados y depende de los servicios estatales para satisfacer sus necesidades de salud. Sin embargo, la estructura social injusta que sufrimos en Guatemala, basada en la economía de mercado y en el lucro, impide que el Estado cumpla con su obligación de otorgar servicios básicos abundantes y de calidad a las mayorías empobrecidas. Los grupos de poder económico que controlan la riqueza y los recursos del país no tienen el menor interés en que el Estado y los gobiernos concretos solucionen de manera gratuita y eficaz las necesidades de la población. Para ellos todo es un negocio, incluyendo la salud y la educación. Por eso las clases poderosas obstinadamente se niegan a pagar los impuestos necesarios para fortalecer el Estado y posibilitar que éste cumpla su rol. Más les conviene un Estado débil y desfinanciado que sólo sirva para facilitar sus negocios.

Por ello es sumamente importante la lucha que están desarrollando los compañeros trabajadores de la salud. En última instancia, más allá de sus reivindicaciones salariales y laborales, se trata de una lucha contra el capitalismo injusto, instrumento de una oligarquía agrícola, industrial y financiera voraz y ávida de ganancias.

Después de las movilizaciones mencionadas en nuestro artículo de El Socialista Centroamericano No. 103, las compañeras y compañeros han dado nuevas batallas. En el departamento de Escuintla, el 11 de noviembre los trabajadores salubristas suspendieron la atención en consulta externa en los hospitales nacionales de la cabecera departamental y Tiquisate, así como en 15 centros y puestos de salud de la región. Una vez más, la exigencia fue que el gobierno otorgue más fondos para compra de medicamentos, ya que los centros asistenciales están desabastecidos.

El 12, en Baja Verapaz, los salubristas paralizaron los Centros de Atención Permanente para presionar por la destitución de la directora Rosa María Chinchilla y por la reinstalación del gerente Óscar Ronaldo Milián.

Pero las movilizaciones más importantes se dieron los días 18 y 24. El 18, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala realizó una marcha multitudinaria en la capital y en otros puntos del país. El reclamo central fue la denuncia del intento de recortar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el 2011. Los compañeros demandaron que se apruebe un presupuesto de Q 4,494 millones para el próximo año, no de Q 4,046 como está programado. También se exigió la renuncia del ministro de salud Luwig Ovalle, por considerarlo incapaz de resolver la crisis permanente que hay en el sistema hospitalario nacional.

El 24, los trabajadores salubristas realizaron bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, efectuaron una protesta frente al Ministerio de Salud, solicitando la destitución de la directora María Chinchilla y por un mayor presupuesto para salud. Seguidamente presentaron ante el Congreso de la República un documento con 31,600 firmas que respaldan la demanda de ampliación del presupuesto de salud en 2011. Los bloqueos se dieron en el Crucero Las Victorias Quetzaltenango, Aldea San Julián, km. 142 de la Ruta Interamericana, entrada a Mazatenango  y otros puntos.

El Partido Socialista Centroamericano  (PSOCA) apoya totalmente la lucha de las compañeras y compañeros trabajadores de la salud. Esta es una gesta necesaria, por el derecho a la salud del pueblo guatemalteco, por un sistema de salud gratuito y de calidad.

Una vez más sugerimos que es necesario preparar un paro nacional, con la consigna central de aumento al presupuesto 2011 del Ministerio de Salud. El presupuesto general 2011 al parecer está a pocos días de ser aprobado por el Congreso, mientras escribimos estas líneas. Esto no es objeción para que la pelea por mayores recursos se desarrolle con toda intensidad. La consigna de mayor presupuesto hay que acompañarla con la exigencia de que el gasto del presupuesto debe ser supervisado y controlado por los trabajadores del sector, representados por sus organizaciones sindicales. Los funcionarios y burócratas del Ministerio no pueden gastar los fondos a su antojo. Los trabajadores son quienes mejor conocen las necesidades de los hospitales y centros de salud; son ellos quienes deben tener el control del destino de los gastos.

Ejecucion

Por Armando Tezucún

El 4 de noviembre, el presidente Álvaro Colom rechazó, por segunda vez en su período, un decreto del Congreso de diputados que devuelve al presidente de la república la potestad de conmutar una sentencia de pena de muerte. El primer intento del organismo legislativo por restituir el indulto de la pena capital ocurrió en febrero de 2008 y fue vetado por Colom en marzo del mismo año.

Guatemala es uno de los tres países de América  que contemplan en su legislación la pena de muerte, siendo los otros dos Estados Unidos y Cuba. La pena de muerte en el Código Penal guatemalteco data de 1973 y se tiene registro de cuatro sentencias llevadas a cabo en 1982. En 1983 fueron ejecutadas otras 11 personas, bajo el decreto de emergencia 46-82, durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. La Asamblea Legislativa de este gobierno aprobó la Ley de Indultos, que regula la aplicación de la pena capital. En 1996 fueron fusilados dos condenados a muerte. En 2000 la pena fue cambiada a muerte por inyección letal, siendo ejecutados ese año otros  dos condenados. Durante el gobierno de Alfonso Portillo, en marzo de 2000, el Congreso derogó la ley mencionada, dejando en suspenso la aplicación de las sentencias pendientes de ejecución. (Datos publicados en Prensa Libre, 19/11/10)

Este año, las agrupaciones de extrema derecha, el Partido Patriota y en especial la bancada parlamentaria denominada Libertad Democrática Renovadora (LIDER), empezaron a presionar desde inicios del segundo semestre para que el Congreso restituyera nuevamente el indulto. El máximo dirigente de LIDER, Manuel Baldizón, por medio de  campos pagados en los principales diarios exigió que la pena de muerte se haga vigente.

La bancada LÏDER empezó a bloquear la agenda legislativa, presionando para que se discutiera el tema. El 5 de octubre, para desbloquear la agenda, las demás bancadas (incluyendo la oficial de la UNE), excepto la de URNG, votaron a favor del decreto 37-2010 que restituye al presidente la capacidad de conmutar la pena de muerte, pudiendo aplicarse la pena a los condenados. Esta disposición entraría en vigencia el 15 de enero de 2012.

El decreto emitido por el Congreso de inmediato suscitó polémica, empezando por el anuncio de Colom de que lo vetaría. Las organizaciones de derechos humanos se pronunciaron en contra de la disposición del legislativo, al igual que la Unión Europea a través de su responsable de política exterior Catherine Ashton.

Finalmente, el 4 de noviembre Colom vetó el decreto, argumentando violación a los artículos 2, 3, 18 y 19 de la Constitución de la República y lamentando que es copia literal del que le fue presentado en febrero de 2008. La extrema derecha aún tiene recursos para hacer valer el decreto. Uno es enviar a consulta a la Corte de Constitucionalidad la decisión de presidente. Si la decisión de la CC es favorable a Colom, el Congreso ya no puede votar para rechazar el veto. Si es desfavorable, se puede publicar como ley con 105 votos a favor.

La extrema derecha ha adoptado como eje de su política, frente a las elecciones de 2011, el tema de la seguridad, aprovechando la imparable ola de violencia de todo tipo. La adopción de medidas represivas como la pena de muerte y la militarización de la seguridad es propagandizada para ganar votos entre una población atemorizada por el aumento desmedido de la delincuencia y las bandas organizadas.

La experiencia demuestra que la aplicación de la pena de muerte no disminuye en nada los índices de violencia. Es una medida represiva que en la realidad se aplica contra las clases oprimidas. El sistema de explotación capitalista es en última instancia la causa de la pobreza y de la violencia. Los miembros de las clases poderosas que delinquen siempre tienen los recursos para eludir la aplicación de la justicia y corromperla. Las políticas represivas sólo son aplicadas contra lo miembros de las clases explotadas que quebrantan la ley para poder subsistir.

Por ello el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechaza la pena de muerte, y demanda la aplicación de políticas preventivas que mejoren las condiciones sociales de los barrios marginales de donde proceden los grupos que delinquen. En última instancia sólo una verdadera revolución social podrá cortar de raíz las causas que producen la violencia y la delincuencia en la sociedad capitalista.

Por Marcelo Colussi

Luego de casi dos meses de toma, la Universidad de San Carlos de Guatemala se encamina a un proceso de replanteamiento en su situación general. Se ha abierto ahora un espacio inédito, desconocido durante décadas en el Alma Mater: se habla de un próximo Congreso de Reforma Universitaria.

El proceso vivido durante el tiempo de la toma fue difícil, tenso, no exento de contradicciones. Lo conseguido como producto de esa lucha es un nuevo espacio que pone en marcha (o podría poner, al menos) en cuestionamiento toda la estructura de la universidad de San Carlos, la única pública del país, por cierto la más grande y prestigiosa, ganada cada vez más por una ideología neoliberal y por actitudes políticas mafiosas en su funcionamiento. ¿Qué dejaron estos dos meses de toma? Para sectores conservadores de derecha: sólo tiempo perdido y la reiteración que esta universidad sigue siendo una “cueva de bochincheros y alborotadores”. En la antípoda, para algunos sectores de izquierda: muy poco, porque lo obtenido es ínfimo en relación al esfuerzo desplegado, llegándose incluso a considerar que la agrupación EPA (Estudiantes por la Autonomía) se doblegó y “negoció” con las autoridades universitarias o, en el mejor de los casos, tuvo un manejo ingenuo, permitiendo el avance de las propuestas conservadoras.

Evaluar el proceso actual no es fácil, por lo complejo de la situación. Más allá de todo lo que se diga, no hay ninguna duda que el grupo EPA tiene el mérito de haber levantado la voz en relación a una situación a todas luces desastrosa que vive la universidad pública. Lo que pueda suceder con la tricentenaria de aquí en más es responsabilidad de la comunidad universitaria en su conjunto (estudiantes, profesores, graduados y personal no-docente), y no sólo del grupo que impulsó la toma. Pero para evaluar con claridad la situación actual entendemos que lo mejor es darle la palabra a los protagonistas mismos de todo esto: dos de los fundadores y activistas del grupo EPA: Sandra Xinico y Alejandro Mejía, ambos estudiantes de Antropología, quienes en diálogo abierto y transparente plantean su lectura de la coyuntura de la Carolingia y sus perspectivas futuras.

Después de casi dos meses de haberse mantenido cerrada la universidad, ahora que se retomaron las actividades y se habla de un próximo proceso de Reforma Universitaria, ¿cómo evalúan ustedes lo actuado y qué perspectivas de futuro ven?

Respuesta: Ahora, ya más tranquilos y tratando de evaluar todo lo que sucedió, podemos decir que con la toma de la universidad, hasta el momento en que la llevamos adelante, eso era todo lo que podíamos hacer. Lo que logramos era todo lo que se podía, dadas las condiciones en que nos desenvolvíamos. Hay que tener en cuenta que hubo siempre un clima adverso hacia los estudiantes de EPA dado, básicamente, por la prensa; y también hay que considerar que el Consejo Superior Universitario contaba con numerosos recursos para manipularnos. Debe quedar claro que la toma de la universidad no era un fin en sí mismo sino un medio para lograr abrir un escenario nuevo. Y eso se logró. Creemos que nuestra lucha sirvió para abrir una nueva situación con la que seguir la lucha dentro de la universidad; para eso sirvió la toma. Definitivamente no podíamos ir más allá de lo que se logró, porque era un momento de mucha, muchísima presión. Lo que evaluamos luego de la toma es que se abrió un espacio de discusión, de debate, de cuestionamiento y crítica, y es allí donde puede caber el planteamiento de una reforma universitaria.

Hay dos aspectos importantes que se consiguieron con la medida de fuerza: por un lado, se está llevando una mesa de trabajo que está viendo una iniciativa de ley para revisar la situación de las Juntas Directivas dentro de la universidad. Ese es un aspecto muy importante: todo lo que tiene que ver con el gobierno universitario. Y junto a eso hay una segunda mesa que está preparando las condiciones para el futuro Congreso de Reforma Universitaria. EPA, como grupo promotor de estas reformas que podrán venir, está dentro de esas mesas de trabajo en estos momentos: tres compañeros en la de preparación del Congreso, y dos en la de iniciativa de ley. En ambas mesas estamos trabajando para sentar las bases firmes sobre las que se va a desarrollar el Congreso de Reforma Universitaria. Tenemos muchas desventajas, porque desde el momento en que se reabrió la universidad y se volvió a la normalidad anterior, nosotros como grupo quedamos bastante golpeados, cansados, agotados diría. Por eso fue que no pudimos hacer una difusión de todo lo que se había logrado como hubiéramos querido hacerlo. Los acuerdos que se lograron quizá no llevan todo lo que hubiéramos deseado; estábamos agotados. Ya se habían consumado las elecciones, que fueron el disparador de toda la medida, y eso nos golpeó bastante. Además estaba el peligro constante de una intervención policial en la universidad, y el temor ante posibles hechos de violencia también nos fue agotando. Sin dudas que quedaron vacíos dentro de los acuerdos alcanzados; eso lo reconocemos. Pero valoramos todo lo hecho como muy positivo, porque de no haberse dado la toma y todo el proceso que llevamos adelante, ahora sería imposible estar hablando de la posibilidad de una reforma. En ese sentido creo que lo hecho fue positivo.

Algunos sectores desde la izquierda llegaron a decir que los acuerdos que dieron fin a la toma fueron demasiado “suaves”, que no se rescató el espíritu que impulsó los dos meses de lucha. ¿A qué atribuyen ustedes que hayan salido como salieron esos acuerdos? Hubo quien dijo, mal informado quizá, o malintencionadamente, que EPA “se vendió”, que se quebró al final. ¿Qué dirían de eso?

Respuesta: La universidad de San Carlos hace tiempo que viene decayendo, y se llegó a un momento de crisis generalizada, fundamentalmente porque se abandonó su verdadero proyecto académico (eso es lo que menos interesa a su interior) y todo quedó en manos de manejos corruptos y mafiosos. Ante esa crisis fenomenal surge EPA, y aparece nuestra movilización. La toma del campus durante 54 días no podía resolver todos estos aspectos negativos que vinieron acumulándose por años. Hubo quizá quien tuvo expectativas demasiado grandes en relación a lo que se podía lograr con nuestra medida de fuerza. Pero tiene que quedar claro que con dos meses no se podía poner en marcha de nuevo a un movimiento estudiantil que viene desmovilizado desde hace años. Si desde algunos de esos sectores de una izquierda más tradicional se esperaba que toda la universidad nuevamente se movilizara y se pusiera en pie de lucha como sucedió años atrás, pues las cosas ahora son distintas: el contexto nacional e internacional es otro, los estudiantes son otros. Todos esos son elementos que jugaban en contra de lo que EPA podía conseguir con la toma. Por eso creemos que lo que se consiguió es mucho, es un gran producto. Muchos compañeros, por las terribles presiones que atravesábamos, salieron golpeados. También nosotros queríamos algo más profundo, pero luego nos fuimos dando cuenta que no había espacio para profundizar más la lucha, dadas todas estas condiciones que mencionaba. Lo que deseamos es que el movimiento sea para todas y todos los estudiantes, que crezca, que se desarrolle, pero también creemos que en esa lucha deben sumarse otros sectores de la universidad: los docentes y los trabajadores no-docentes. Ante los años y años de silencio y desmovilización que ha sufrido todo el movimiento estudiantil, y la sociedad en su conjunto, nuestra lucha al menos volvió a poner en agenda estos problemas.

No hay dudas que ese silencio, esa desideologización responde a una derrota que ha sufrido el movimiento popular en los últimos años. Las democracias que vivimos hoy en día no sirven para recuperar todo el terreno perdido. Y esta desideologización, esta falta de interés por los temas políticos lo evidencian. Si algún sector de la izquierda pensaba que con la toma ya se ponía de nuevo en pie de lucha todo el movimiento estudiantil tal como fue años atrás, eso no es ni puede ser así. En estos momentos el estudiantado está lejos de marcos ideológicos de transformación social y de luchas democráticas como tuvo años atrás. No hay que olvidarse eso, porque es en ese contexto que nace EPA. Además, EPA es un grupo muy pequeño comparado con toda la población estudiantil, y muy heterogéneo además. En realidad nació ante la crisis que se vive hoy día a lo interno de la San Carlos, porque el sentir estudiantil y su sentido de protesta nunca desaparecieron del todo. Ante ese panorama haber logrado un espacio para poder continuar la protesta creemos que es un gran logro. Además, vemos que es imprescindible un cambio dentro de la institución universitaria. Pero no hay que confundirse: lo que sucede en la universidad es producto de todo lo que sucede a nivel general en la sociedad. El neoliberalismo que ha llegado con tanta fuerza, el espíritu conservador y de desmovilización están en todas partes, y no sólo en la universidad.

La comunidad universitaria en su conjunto: catedráticos, alumnos, graduados, personal no-docente ¿cómo está respondiendo en este momento en relación al llamado a un Congreso de Reforma?

Respuesta: Estamos en un momento difícil, complicado. La población estudiantil, a estas alturas del año, está terminando prácticamente las clases, por lo que se encuentra muy desestructurada, muy desorganizada. Hay mucha presión para terminar el semestre, como sea, pero se tiene que terminar. Creemos que las asambleas generales, tanto de estudiantes como de profesores, deberían ser los elementos más importantes para discutir todo esto y para tomar decisiones trascendentales, pero en este momento todo se complica porque, en general, la gente está queriendo terminar el semestre y eso es lo único que interesa. Ante esa circunstancia se hace muy difícil convocar y lograr aglutinar a toda la población de la universidad. Al finalizar el año se juntan muchas actividades, para todos: para los estudiantes, por tratar de cerrar sus clases, las autoridades viendo el presupuesto próximo; es decir: hay muchos factores que complican la situación para discutir con tranquilidad todo lo que está pendiente. Por eso, lo que más nos interesa a nosotros como EPA es poder dejar conformadas esas dos mesas para organizar el Congreso para el año que viene. Lo que vemos es que toda la movilización que pusimos en marcha ahora trajo algunos procesos de cambios en algunas unidades académicas, que comenzaron a criticar a sus autoridades, a revisar críticamente algunos puntos de su trabajo, de querer ver más en profundidad qué está sucediendo en la universidad. De todos modos, con esa panorama a la vista se nos ha hecho bastante difícil informar bien qué sucedió con los acuerdos, difundir claramente cómo están las cosas y cuál es nuestra posición. Además cada uno de nosotros, como alumnos, debimos volver a las aulas, y eso implica tiempo y esfuerzo, naturalmente. Nuestra intención es difundir lo más ampliamente que se pueda la situación actual, por eso puede ser tan importante aprovechar una entrevista como ésta; queremos difundir dentro de la comunidad universitaria y también hacia afuera, para hacer saber cómo está el procedimiento que se está llevando a cabo. No es que EPA ya no exista más; lo que queremos dejar en claro es que ahora estamos trabajando para darle forma al cambio, pero trabajamos de otra manera. La medida de fuerza de EPA fue necesaria en un momento, pero eso siempre fue considerado sólo un medio, una herramienta para llegar al momento actual. Ahora, todo lo que se viene nos rebasa y debe ser la comunidad universitaria en su conjunto la que debe continuar.

Creemos que debe haber cambios profundos en la estructura misma de la universidad; hoy día vivimos una estructura de jerarquización muy grande, y creemos que el estudiantado debe ser más tenido en cuenta en sus propuestas, en su forma de proponer soluciones. Ahora le apostamos al nuevo semestre para seguir impulsando todas estas medidas, estas críticas: hay que continuar y fortalecer el proceso de politización del estudiantado.

Para el 21 de enero tenemos que tener terminado el trabajo de estas mesas que están funcionando ahora. Pero sabemos que todo esto es un proceso lento, complejo, y por fuerza tiene que tener la participación de la mayor cantidad de gente posible. Y en ese sentido los tiempos no tienen que ahogarnos; es preferible ir y lento pero logrando cosas con seguridad. Y si es necesario modificar alguna fecha contenida en los acuerdos, es mejor hacerlo si así logramos una mayor profundización de los debates. De todos modos, vamos a tratar que no se alarguen innecesariamente los procesos, porque en definitiva eso desmoviliza, desmotiva.

¿Para qué fecha se está pensando el Congreso?

Respuesta: Aún no tenemos fechas específicas. Lo que queremos es desarrollar un estudio diagnóstico previo que sirva para determinar el estado real de la universidad. Tenemos que conocer exactamente cuáles son todos los vacíos que hay en estos momentos en la institución, para llegar con ese conocimiento al Congreso. No sabemos cuánto tiempo podría tomar ese diagnóstico, pero sin dudas va a tomar algunos meses, lo máximo unos seis. De ahí que estamos pensando que el Congreso pudiera tener lugar en el segundo semestre del año que viene. Lo que sí nos parece muy importante es definir exactamente la naturaleza misma de este Congreso, atendiendo a lo que nos arroje el diagnóstico y a las particularidades de cada unidad académica. En realidad le apostamos a que ese Congreso sirva para transformar la institucionalidad de la universidad y democratice a lo interno la vida de todos los miembros. Es decir: que sirva para darle participación genuina a todos los sectores que componen la institución, y que oriente también el quehacer científico, la producción de conocimiento que aporte realmente a la sociedad. En otros términos: que sirva para abrir una verdadera crítica a los modelos neoliberales con que se ha venido moviendo estos últimos años. Lo más probable es que no logremos todos esos cambios con un Congreso, porque por supuesto la universidad responde a un tipo de sociedad, a un modelo de país, no es una isla perdida.

¿Y cómo ven ustedes las posibilidades reales de cambio en una universidad hoy por hoy tan derechizada, tan ganada por los discursos y las prácticas neoliberales, una universidad con tan altos niveles de corrupción como los que pareciera que existen? ¿Qué y cómo será posible cambiar algo de todo eso?

Respuesta: Ante todo, creemos que es necesario un cambio, por eso nos lo estamos planteando. Pero sabemos que mover algo dentro de una estructura tan complicada, donde hay mafias con enormes cuotas de poder, eso va a ser difícil. Por eso, siendo realistas, más allá de lo que se pueda lograr cambiar de verdad, sabemos que estamos aún muy lejos de la universidad que queremos. Estos grupos conservadores con sus prácticas corruptas que están tan metidos en la estructura de la universidad seguramente no se van a ir; no creo que los podamos quitar así tan fácilmente. Para cambiar esos grupos de poder, que no están sólo en la San Carlos, tenemos que plantearnos cambios mucho más generales, mucho más profundos. Y sabemos que cambiar cosas profundas en nuestro país es tremendamente difícil, porque esos grupos de poder, ante cualquier pequeña transformación, reaccionan siempre en forma violenta. Por eso ahora nos planteamos algunos pequeños cambios en la universidad, porque sabemos hasta dónde podemos avanzar en estos momentos.

Ahora necesitamos ir dándonos un trabajo de hormiguita, de abajo, con todas las bases. Y además, sabiendo que para fortalecer cualquier proceso de cambio, nunca se puede transformar con una sola institución, porque eso es una isla, siendo imposible que cambie esas institución sola. Sabemos, además, que cuando se intenta desarrollar un trabajo político de este tipo, de base, lento y buscando la organización a largo plazo, puede haber respuestas violentas de parte de los grupos que se podrían ir viendo afectados.

A propósito: a la vuelta de ustedes como estudiantes a sus respectivas clases, ¿tuvieron problemas, sufrieron algún tipo de ataque, de represalias?

Respuesta: Personalmente, nosotros no. Pero sí hemos sabidos de algunos compañeros en Ciencias Económicas, en Derecho, que han tenido algunos problemas. Con las autoridades universitarias mantenemos ahora algunos roces, hay cierta tensión. Pero lo que sí hay que mencionar es que no todas las unidades académicas respetaron los tiempos pactados en los acuerdos, y por lo tanto en muchos casos estuvieron tomando medidas que iban en contra de todos los estudiantes, no sólo los de EPA.

Recién ahora están comenzando a desarrollar una estrategia comunicacional respecto a los acuerdos obtenidos y a cómo siguen las cosas. ¿Por qué no lo hicieron antes, apenas terminada la toma de la universidad?

Respuesta: Porque no nos fue posible. Realmente quedamos agotados luego de los 54 días de toma. Y tener que cambiar rápidamente de ritmo, de escenario, volver a clases y a todas las actividades normales, fue un proceso muy complicado para todos los miembros de EPA. Y además de todas esas complicaciones, no tuvimos la energía suficiente como para darnos inmediatamente a la tarea de comunicar a toda la población los acuerdos alcanzados. Eso no es fácil, para nada; implica una estrategia bien concebida, bien articulada, que hay que poner en marcha, apoyar, alimentar. Todo eso demanda un gran esfuerzo. Pero estamos conscientes que es de vital importancia que todo el mundo conozca y se apropie de los acuerdos, tanto en la universidad como en todos los sectores de la sociedad. Eso, creemos, va poder involucrar a más gente en el mediano plazo. Por eso lo vemos tan importante, porque los medios de comunicación, una vez reabierta la universidad, se desligaron por completo del problema de la San Carlos. La universidad dejó de ser noticia, y las causas que motivaron la toma ya ni se volvieron a mencionar. Pero aunque todo esto no aparezca en la prensa comercial, creemos que es imprescindible que se siga conociendo acerca de la situación que vive la USAC, que aunque ahora está abierta, no ha cambiado en nada sus problemas estructurales, que fueron los que originaron el nacimiento de EPA y la recién finalizada medida de fuerza.

Pensionados del IGSS

Por Armando Tezucún

El 1 de septiembre representantes de la Unión Guatemalteca de Trabajadores, de la Junta Directiva de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y funcionarios del mismo, firmaron un preacuerdo, sujeto a revisión en los siguientes 120 días, que perjudica a los trabajadores en su derecho de tener una vejez digna protegidos por la seguridad social.

Arrogándose una representatividad que no tienen, los delegados de la UGT acordaron que para lo nuevos afiliados, a partir del 1 de octubre de 2010, la edad de jubilación aumenta de 60 a 62 años y la cantidad de cuotas mensuales que tienen que haber pagado aumenta de 180 (15 años) a 240 (20 años). Para los actuales afiliados la edad sigue siendo de 60 años, pero las cuotas aumentarán de manera escalonada de 180 a 216 (18 años).

Desde junio del año pasado las autoridades del IGSS habían propuesto un plan de reforma al sistema de pensiones, argumentando que para 2013 se producirá un desbalance financiero en el Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS). La propuesta era aumentar la edad de jubilación a 65 años y la cantidad de cuotas a 360 (30 años), aumentando también el porcentaje mensual de las cuotas patronales y de los trabajadores. Después de entablar negociaciones secretas y antidemocráticas, los funcionarios de la UGT y del IGSS nos presentan ahora este preacuerdo que se encuentra fuera de la realidad de las clases trabajadoras guatemaltecas.

Estos burócratas pasan por alto que la esperanza de vida para el hombre guatemalteco es de 67.1 años y el de la mujer 74.2 años (según el Fondo de Población Mundial). Esto significa que se acortarían aún más los años de disfrute de una vejez protegida después de años de esforzado trabajo. Los compañeros trabajadores y estudiantes de Francia han realizado luchas combativas contra el aumento de la edad de jubilación a 62 años, y eso que la expectativa de vida para los hombres y mujeres franceses es de 77.6 y 84.7 años respectivamente.

Además, las condiciones laborales en Guatemala son tan precarias que resulta en extremo difícil trabajar en condiciones que permitan completar el número de cuotas necesarias para jubilarse. Muchas empresas contratan a los trabajadores en la modalidad de servicios prestados, sin goce de prestaciones ni de seguro social. Una gran cantidad de empresas no cumplen con cotizar al IGSS, privando a sus trabajadores de ese beneficio. En otras ramas, como en la agricultura, el trabajo es temporal, y en las maquilas es rotativo.

Los funcionarios de la UGT y del IGSS pretenden que sean los trabajadores y los jóvenes que están por acceder a un trabajo los que paguen por la ineficiencia, el mal manejo y la corrupción que campea en el sistema de seguridad social. El IVS no entraría en crisis si las autoridades del IGSS se decidieran a cobrar la exorbitante cantidad de dinero que le adeudan la empresa privada, el Estado y las municipalidades. Según datos publicados por la institución, a finales de marzo de 2009 ese monto ascendía a Q 15,701 millones.

Pero hay aún otro aspecto del asunto. El diario Prensa Libre publicó el 8 de noviembre un artículo anunciando que el Banco de Guatemala, la Superintendencia  de Bancos y el Ministerio de Economía trabajan en un proyecto que permitiría la creación de fondos de pensión por parte del sector financiero privado, como una alternativa paralela al sistema del IGSS. Conociendo la naturaleza de las familias oligarcas que controlan la economía del país -sector financiero incluido- no es aventurado pensar que a quien más conviene la ineficiencia y el funcionamiento injusto del IVS es a estos capitalistas ávidos de ganancias.

El sector financiero es el que más beneficios tiene en el país. Según datos del Banco de Guatemala, durante el primer trimestre de años el sector creció un 7.5%, por encima de todos los demás rubros excepto el sector público. Hasta septiembre, las ganancias de los grupos financieros durante el año ascendían a Q 2,641.9 millones, un aumento del 4.4% respecto al año pasado. Ahora estos avorazados quieren hacer negocios con las pensiones de los trabajadores. El proyecto será presentado en el segundo semestre del próximo año. Estaremos alertas.

El Partido Socialista Centroamericano hace un llamado a los trabajadores, en primer lugar a los de los sindicatos afiliados a la UGT y a los del IGSS, a rechazar este ataque contra los beneficios sociales y a promover acciones en la defensa de sus derechos.

Por Arturo Contreras

El 22 de julio pasado, luego de una serie de paros parciales y escalonados a nivel nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, organizaciones de médicos y otras agrupaciones del sector lograron un acuerdo con el Ministerio de Salud. El compromiso de las autoridades fue comprar medicamentos por Q 300 millones, material médico quirúrgico por Q 150 millones, destinar Q 60 millones para la reconstrucción de la red hospitalaria y puestos de salud, asignar Q 20 millones para el funcionamiento del Hospital Roosevelt, Q 18 millones para atención de emergencias y cumplir con el Pacto Colectivo (Prensa Libre 23/7/2010).

El incumplimiento de muchos de estos puntos por parte del Ministerio ha provocado que los compañeros trabajadores del sector estén constantemente en lucha; ya sea en una ciudad, en un departamento o municipio, las protestas de los compañeros no han cesado.

El problema es realmente estructural, con falta de financiamiento y recursos desde hace al menos dos décadas por la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos. Es el resultado de las políticas neoliberales de los organismos financieros del imperialismo que han exigido un Estado reducido, con poca capacidad de inversión. Hacia inicios de octubre teníamos situaciones desastrosas en hospitales, puestos y centros de salud en al menos once ciudades, incluyendo la capital.

Durante el presente gobierno, según denunció la diputada Nineth Montenegro,

Q 581.4 millones fueron trasladados del presupuesto de salud a los programas asistenciales de Cohesión Social (Diario La Hora, 2/11/10). Encima esto, en el proyecto de presupuesto para 2011 se le recorta Q 222 millones al Ministerio de Salud.

En los últimos tres meses los compañeros trabajadores de la salud han realizado, como mencionamos, constantes luchas. El 9 de septiembre los trabajadores suspendieron la atención en consulta externa del Hospital Regional Juan José Ortega de Coatepeque por falta de insumos y combustible, repitiendo la acción el 28. A este paro se unieron los trabajadores de10 centros de salud y del Área de Vectores y malaria. La acción finalizó el 13 de octubre tras la promesa de las autoridades de comprar material médico por Q 900 mil y cancelar al personal por contrato dos meses sueldo de cuatro que les deben.

El 14 de septiembre trabajadores salubristas protestaron en Cobán frente a las instalaciones del Área de Salud porque no les habían pagado desde marzo; el 16, trabajadores del Hospital Roosevelt bloquearon el ingreso a la capital por la Calzada Roosevelt, exigiendo mayor presupuesto para el centro asistencial; el 21 y 23 se realizaron bloqueos de carreteras y marchas en los que participaron trabajadores de la salud demandando entre otras cosas que no se recorte el presupuesto de salud.

El 30 de septiembre pobladores y trabajadores de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Extensión de Cobertura realizaron bloqueos de carreteras en varios puntos del país, hasta que el ministro de salud Ludwing Ovalle les garantizó el pago de Q 98 millones para que sigan prestando servicios de salud en el área rural.

El 27 de septiembre médicos y trabajadores de los centros y puestos de salud del departamento de San Marcos entraron en paro exigiendo el despido  del jefe del Área de Salud Miguel Ángel Santizo por corrupción y abuso de autoridad. El conflicto se resolvió el 4 de noviembre cuando el ministro Ludwing Ovalle destituyó al funcionario.

La lucha más reciente la estamos viviendo en el Hospital Roosevelt de la capital. El Ministerio de Salud no cumplió con el compromiso firmado en julio de entregar Q 20 millones al Roosevelt. El 22 de octubre, en asamblea los médicos del hospital decidieron cerrar la consulta externa en protesta por la falta de insumos y equipo. A pesar de que el ministro asegura que “se otorgaron recursos” y “se les garantizó el pago salarial, el hospital está abastecido en más del 90% y el equipo de está adquiriendo conforme a la ley” (Prensa Libre 28 y 29/10/10), la Procuraduría de los Derechos Humanos exigió al ministerio resolver el problema y los 200 médicos, en  asamblea del 10 de noviembre, decidieron continuar el paro.

El Partido Socialista Centroamericano apoya incondicionalmente la lucha de los compañeros trabajadores por la mejora del sistema de salud. Les planteamos la propuesta de empezar a organizar un paro nacional para presionar al gobierno para que de una vez por todas garantice un sistema de salud digno y asigne los recursos necesarios en el presupuesto 2011.

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