Por Armando Tezucún

El 12 de junio el vicepresidente Rafael Espada firmó el acuerdo de revalidación de la adhesión de Guatemala a Petrocaribe. Esta ratificación tuvo lugar durante la sesión plenaria de presidentes de la VI Cumbre de Petrocaribe, celebrada en San Cristóbal y Nieves. Recordemos que el 13 de julio del año pasado el presidente Álvaro Colom firmó el acuerdo de adhesión durante la V cumbre de estados pertenecientes a Petrocaribe en Maracaibo, Venezuela.

Con una considerable baja de los precios del petróleo con respecto a los que predominaban a mediados de 2008, las condiciones del acuerdo no han variado gran cosa. El 50 por ciento de la factura de los combustibles recibidos será cancelada en 90 días, mientras que el monto restante se pagará en un plazo de 23 años a una tasa de interés del 1 por ciento, luego de transcurridos dos años de gracia. Además la deuda podrá ser cancelada con alimentos o servicios.

La ventaja que la iniciativa venezolana de Petrocaribe representa para los gobiernos adherentes es que pueden vender el combustible recibido (para Guatemala unos 20 mil barriles diarios de gasolina, diésel y/o búnker) a los consumidores internos y sólo tienen que cancelar a la petrolera estatal venezolana la mitad del importe. Esto implica que el restante 50% queda en calidad de préstamo que pueden invertir en programas estatales.

El año pasado señalábamos (El Socialista Centroamericano No. 76) que la adhesión del gobierno guatemalteco a Petrocaribe concordaba con su política de financiar los programas asistenciales contratando deuda externa, en vez de dar la batalla contra la burguesía por impulsar un plan de impuestos para desarrollar los planes de asistencia social. Como buen socialdemócrata, Colom ha evitado contrariar y confrontar a los grupos de poder que controlan la economía guatemalteca, buscando otras vías para financiar sus proyectos. Cuando Colom firmó el acuerdo de Petrocaribe el precio del petróleo rondaba los US$ 140 por barril, lo que significaba que el gobierno guatemalteco podría disponer de unos Q 400 millones mensuales o cerca de Q 5000 millones al año. Al parecer Colom perdió el interés en el negocio del combustible venezolano, pues no hubo ningún esfuerzo significativo para que fuera aprobado por el Congreso.

Convenio con Petrocaribe, un año después

Casi un año después el gobierno revalida el convenio con Petrocaribe, con los precios de los combustibles notoriamente más bajos. En las actuales condiciones, el acuerdo representaría para el gobierno unos US$ 240 millones al año (alrededor de Q 1,900 millones). Otras condiciones también han cambiado; los efectos de la crisis económica mundial se están sintiendo con mucha más fuerza que hace un año, y la los sectores más conservadores de la burguesía han profundizado su oposición al gobierno, cerrando filas tal como se evidenció durante el caso Rosenberg.

La batalla principal tendrá que darse en el Congreso, pues debido a que implica endeudamiento, el acuerdo debe ser aprobado con 80 votos. Según una consulta a los diputados realizada por Prensa Libre, hasta ahora el gobierno cuenta con 40 votos a favor, 27 están en contra y 91 indecisos. Las cosas se pintan difíciles, pues para empezar, el paquete de la reforma fiscal, que fue entregada al congreso el 11 de agosto del año pasado, aún no ha logrado pasar a discusión. A la reforma se suma la solicitud de aprobación de la emisión de bonos del Estado por Q 1,800 millones y préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo por Q 1,200 millones. La oposición en el congreso ha estado parando la aprobación de estos recursos que servirían para financiar el presupuesto del Estado. El acuerdo con Petrocaribe, que de por sí genera desconfianza porque huele a Chávez, obviamente será retrasado si no es que rechazado tajantemente por una oposición que cada vez se muestra más recalcitrante.

La grave crisis fiscal del gobierno

El renovado interés del gobierno de Colom por Petrocaribe se da en el marco de una gravísima crisis financiera que amenaza con paralizar los gastos del Estado. Como consecuencia de la desaceleración de la economía guatemalteca, el gobierno ha bajado su nivel de captación de impuestos. El descenso de las importaciones (para el mes de abril Q 597 millones menos que en 2008, según el Banco de Guatemala) ha provocado que la recaudación tributaria en este rubro bajara un 26.03 por ciento durante el primer trimestre del año con respecto a lo captado en el mismo período en 2008. La baja en las actividades comerciales ha provocado un descenso en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). Igualmente ha habido una disminución en el Impuesto Sobre la Renta.

El presupuesto del Estado para 2009 alcanzaba casi los Q 50 mil millones. Para cubrir esa cantidad se contaba en parte con una reforma fiscal que, como señalamos arriba, aún no ha sido aprobada por el Congreso. Durante el primer trimestre del año la recaudación bajó un 7.6 por ciento, situándose Q 1 mil millones por debajo de la meta establecida. A finales de marzo la Superintendencia de Administración Tributaria bajó la meta de recaudación fiscal de Q 38,731.9 millones a Q 35, 165 millones. La más reciente estimación, en junio, bajó a Q 30,896.3 millones. En mayo se calculaba que el déficit fiscal podría llegar a Q 7 mil millones; en junio el Central American Business Intelligence (CABI) calculó que el agujero fiscal podría llegar a los Q 9 mil millones, un déficit del 3 por ciento en el presupuesto.

Es que la baja en el crecimiento económico producto de la crisis capitalista se está trayendo abajo las finanzas gubernamentales. Según quien haga el análisis, el crecimiento será entre –1.5% y 2%, siendo el más optimista el Banco de Guatemala y el más pesimista el CABI. El sentimiento de alarma es compartido con el gobierno por analistas cercanos a las organizaciones de la burguesía, como Rubén Darío Narciso, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) quien declaró: “…si el Estado no tiene recursos mínimos el país se viene abajo, ya que muchas actividades dependen de que el gobierno ejecute y, por ende, también afectaría la economía” (Prensa Libre, 10/06/09), y “Es indispensable la aprobación de la reforma para que puedan llevar a cabo el plan de gobierno y las acciones del plan de recuperación” (Prensa Libre 24/06/09). Una menor inversión del gobierno en infraestructura tendrá fuerte impacto en el crecimiento económico del país.

Aún si el Congreso aprobara la reforma fiscal, la emisión de bonos y la contratación de préstamos, (cuya discusión fue trasladada para agosto, cuando reinicien las sesiones ordinarias de los diputados después del actual receso), este retraso implicará una reducción en la recaudación estimada para este año y los fondos no serán suficientes para cubrir el déficit. El Ministerio de Finanzas calcula que el Estado podría dejar de percibir unos Q 8 mil millones, aunque otras fuentes estiman que el agujero fiscal podría alcanzar los Q 10 mil millones.

Ante este escenario, desde abril el gobierno empezó a programar recortes presupuestarios para diferentes ministerios como salud y gobernación. El Ministerio de Finanzas trató de disminuir los aportes a las municipalidades, pero ante la protesta unánime de los alcaldes, tuvo que dar marcha atrás. En mayo el presupuesto sufrió un recorte de Q 4,300 millones. Se prohibió la creación de nuevos puestos de trabajo en el Estado y se congelaron las plazas actualmente vacantes, con excepción de los ministerios de salud, educación y gobernación. El gobierno se propuso reducir sus gastos en los renglones de viáticos en viajes al exterior, alimentos para personas, telefonía, combustibles, papelería y útiles de oficina. Para el 26 de junio el gabinete de ministros analizó un nuevo recorte presupuestario de Q 2 mil millones. El 27 el presidente y el ministro de finanzas anunciaron una posible fusión de instituciones públicas para reducir gastos.

Control popular de los fondos provenientes de Petrocaribe

La revalidación de la adhesión a Petrocaribe cae en este clima de zozobra financiera como una posible fuente de recursos que alivie las finanzas gubernamentales. El problema, como señalamos arriba, es que el acuerdo aún debe pasar por la aprobación del Congreso, donde la oposición se ha fortalecido y se resiste a apoyar al gobierno.

Los fondos provenientes de Petrocaribe, según el plan anunciado por Colom el año pasado, estarán destinados en su mayor parte a programas sociales e infraestructura. Ante la crisis financiera del gobierno, no nos oponemos a que se contrate deuda mediante el acuerdo de compra y venta de combustibles, pero es necesario que haya transparencia en el manejo de los fondos, para evitar la corrupción que se ha dado en otros países, como Nicaragua. Por eso demandamos, tal como lo hicimos el año pasado, que los recursos provenientes de Petrocaribe sean administrados por las organizaciones de campesinos, indígenas y trabajadores.

Ante la crisis financiera del gobierno demandamos reducción de gastos superfluos y en privilegios para los funcionarios, así como una reducción de los mega salarios de ministros, diputados, magistrados y demás funcionarios que se atiborran los bolsillos con el dinero del pueblo. Si los trabajadores, campesinos y el pueblo estamos sufriendo la crisis, los funcionarios deben también hacer austeridad.

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La Coordinadora Universitaria y Popular (CUP), se hace presente ante la necesidad de reconstruir, organizar y articular a todas las fuerzas progresistas de profesores, estudiantes, trabajadores y sectores populares para hacerle frente a la problemática social, económica y política de la sociedad guatemalteca y en particular a la ingente necesidad de transformar La Universidad de San Carlos de Guatemala. Conscientes y consecuentes con recuperar la tradición de lucha universitaria de la USAC que históricamente ha sido reconocida como un referente de la lucha a favor de las clases oprimidas en Guatemala y Latinoamérica, cimentando esta lucha en el sudor y la sangre de todas las personas que han dado sus vidas por defender los logros y conquistas que el mismo pueblo ha dado a la Universidad, reflejados en el principio fundamental de Autonomía Universitaria.

Por lo anterior y ante la situación económica, social y política que actualmente atraviesa el pueblo de Guatemala, como movimiento universitario consciente del sistema de explotación del cual padecemos y consecuente con los intereses de los oprimidos:

* Reconocemos que la inestabilidad política que vivimos actualmente ha sido planeada y ejecutada por los sectores económicos y militares que operan en grupos de poder paralelo al estado y que mantienen intactos los intereses del capital acumulado en pocas manos.

* Repudiamos cualquier acto que atente contra la vida humana, pero rechazamos el teatro político que se ha montado en torno a tres hechos violentos recientes y que está siendo utilizado por la derecha guatemalteca para recuperar espacios dentro del mapa político nacional.

* Denunciamos que este plan de reacomodo de los intereses de la burguesía dentro del actual gobierno, obedece a luchas internas dentro del sector económico burgués y militar, que busca perpetuar la hegemonía de poderes que se han mantenido en las últimas cinco décadas, y pretende manipular la opinión pública y utilizar a las masas como grupos de choque y de apoyo hacia los mismos sectores que mantienen las condiciones de explotación y desigualdad en el país.

* Hacemos ver de igual manera el terrorismo político y mediático con que opera la derecha guatemalteca, generando psicosis en la población a través de ataques sistemáticos contra la población más vulnerable dentro de la sociedad y la economía (asesinatos de mujeres, menores de edad, pilotos de transporte público, periodistas, etc.) y que posteriormente esta psicosis como recurso del miedo se ha acumulado y es manipulado abiertamente a través de los medios de comunicación masiva, generando movilizaciones a favor de los mismos terroristas que orquestan la lucha de intereses burgueses y desvían la atención de la población lejos de las causas reales de la problemática nacional.

Ante la problemática universitaria:

* Denunciamos abiertamente que la lucha de poderes a nivel nacional, afecta a todos los sectores de la sociedad, siendo la Universidad de San Carlos un claro ejemplo de ello, encontrándose en la antesala a un proceso electoral interno donde están representados únicamente los sectores económicos y políticos que a nivel nacional se encuentran en disputa de poderes y que no representan de ninguna forma los intereses de la población guatemalteca y los compromisos que la Universidad, por mandato constitucional tiene que cumplir.

* Rechazamos públicamente a los sectores que compiten por la Rectoría de la USAC, pues en su accionar han vulnerado la Autonomía Universitaria, violando el principio del poder y los derechos de participación estudiantil.

* Manifestamos nuestra inconformidad con las medidas y acciones que limitan la Educación Universitaria a la mayoría de la población guatemalteca, mediante disposiciones arbitrarias como un Sistema de Ubicación y Nivelación que sirve de filtro de ingreso y un plan de repitencia que favorece al estudiante con un nivel económico alto, además de la amenaza constante de aumento al costo de matrícula estudiantil, que son claros indicios de una privatización a nivel de los mecanismos administrativos y la privatización en todas las esferas del conocimiento, como una reiterada practica sistemática y reaccionaria de los grupos derechistas que se han incrustado para beneficios particulares en detrimento de la única Universidad estatal en Guatemala.

El movimiento universitario revolucionario, aglutinado en esta Coordinadora Universitaria y Popular hace un llamado a los sectores conscientes, consecuentes, críticos e incorruptibles del país a aglutinarnos en una plataforma unitaria de análisis y de acción, comprometidos todos y todas a luchar por la transformación del estado, con vistas a lograr la toma definitiva del poder por parte de los sectores oprimidos y contrarrestar la manipulación, explotación y desigualdad del sistema capitalista que nos aplasta y lacera como humanidad.

COORDINADORA UNIVERSITARIA Y POPULAR (C. U. P.)

(Asociación de Historia, Frente Popular Universitario, Comunidad Estudiantil No’j, SITRACOMUSAC)

Campus Universitario, Guatemala, Junio de 2009

Comunicado del Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales

Cuenta la mitología griega que en la antigüedad existía una caja que en su interior contenía todos los males conocidos por la especie humana, incluidos algunos que aún nos falta por conocer. Pandora, a quien la caja fue entregada para su custodia, dominada por la curiosidad cometió el fatal error de abrirla y, al hacerlo, dejó escapar la codicia, la avaricia, la envidia, la mentira, el engaño, la maledicencia, la venalidad, el irrespeto, la injusticia, las prácticas políticas de derecha, los políticos y empresarios corruptos, los militares fascistoides y todos los otros miles de demonios que, desde entonces, acosan incansablemente a toda la humanidad.

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Por Leonardo Ixim

Con el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg el pasado 10 de mayo y la posterior revelación de un video donde este abogado acusa al presidente Álvaro Colom, a su esposa Sandra Torres y al secretario privado de la presidencia Gustavo Alejos de ser responsable de su muerte y de la muerte del empresario Khalil Musa y su hija ocurrida con anterioridad, pues éstos habían descubierto operaciones de lavado en Banrural, banco mixto que maneja fondos del Estado y que la pareja presidencial y su secretario encubrían, se abrió toda una tormenta política.

Tras la revelación del video inmediatamente la oposición de ultraderecha del Partido Patriota pidió la renuncia del presidente, posteriormente de una forma automática diferentes sectores reconocidos por filiación conservadora y algunos vinculados a la ultraderecha terrorista y militarista se sumaron a las voces que exigían la renuncia del presidente.

Paralelamente medios de prensa internacionales vinculados al poder conservador mundial como El País de España o la cadena gringa CNN junto a la prensa derechista nacional difunden la opinión de la necesaria renuncia del presidente o por lo menos que se separara de su cargo como condición para resolver el asesinato. Enlazado, desde redes virtuales de comunicación como Facebook se convoca a jóvenes en su mayoría de universidades privadas de la capital a protestar para exigir la renuncia de Colom.

Según estudiosos de la materia estos llamados virtuales tienen efectos emotivos más que racionales pues se toca el sentimiento de las personas, en este caso el cansancio que genera tanta violencia, por lo tanto es una importante arma para generar sentimientos irracionales que desembocan en actitudes fascistas.

Esta convocatoria se dio bajo llamados a protestar por la violencia y a esclarecer el asesinato culpando al presidente de esto. Lo peculiar es que los llamados por estas redes y la actividad mediática han sido tácticas usadas en las revoluciones de colores organizadas por el poder mundial para derrocar gobiernos indeseables para este poder.

Las movilizaciones en contra de Colom protagonizadas por personas en su mayoría capitalinas y de las capas medias altas y sectores burgueses se empezaron a generar; el partido oficial, la UNE, no tardó en reaccionar y movilizó a sus bases sociales (beneficiarios de las medidas asistencialistas) dándose conatos de enfrentamientos. Ambos bandos llamaron a sendas marchas para el domingo 17 cual después de negociaciones el viernes 15 se llegó al acuerdo que serían concentraciones en dos lugares distintos. En el momento que se escribe estas líneas, domingo 24, continúan las movilizaciones.

Sobre el asesinato y el video

Lo peculiar del asesinato de Rosenberg es que a pesar de estar bajo amenaza de muerte continuó con sus actividades normales y es asesinado cuando se encontraba ejercitándose en su bicicleta en un sector de lujo de la ciudad de Guatemala.

Sobre el video se sabe que los que lo crean y lo distribuyen son dos personajes involucrados con la derecha terrorista. Mario David García, periodista agente de la CIA gringa que en la década de los 80s tenia el programa “Aquí el Mundo” donde se llamaba a asesinar lideres populares, fue conspirador en dos intentonas de golpe estado contra el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo por oficiales de la extrema derecha conocidos como “oficiales de la montaña”, vinculados al extinto partido ultraderechista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), García fue candidato a presidente por ese partido.

El otro personaje encargado en la distribución es Luis Mendizábal, miembro de la juventud el MLN junto a Álvaro Arzu (secretario de la juventud del MLN y fundador del Partido de Avanzada Nacional y Partido Unionista y quien fuera presidente cuando se firman los Acuerdos de Paz). Mendizábal en este gobierno estuvo ligado a la ‘oficinita', una estructura paralela de la Presidencia que servía de enlace con el Ministerio Público y la inteligencia militar, ha sido funcionario del gobierno actual, vinculado con el actual ministro de gobernación Salvador Gándara ex miembro del Partido Unionista.

Posteriormente el gobierno pide a la Cicig que realice las investigaciones debidas y el gobierno recibe respaldo de parte del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Río, el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y de la OEA para que no renuncie, algo que Colom se niega a hacer, dando un respaldo a su gestión así como al respeto de la institucionalidad y a la Cicig para que resuelva el caso. Con eso le cierra todas las posibilidades a la derecha golpista a obligarlo a renunciar del cargo.

¿Quiénes promueven las movilizaciones?

Bajo el discurso de unidad nacional, un llamado a parar la violencia y a esclarecer el caso Rosenberg, el Cacif, que aglutina a los distintas sectores burgueses, se pone a la cabeza pero suaviza su discurso pues ya no pide la renuncia del gobernante (llamado a golpe de estado lo cual es criticado desde el exterior), sino pide resolver el caso en el marco de la institucionalidad. A pesar de esto la burguesía ha seguido pidiendo la renuncia de Colom. Así en la concentración del 17 se identifica como promotores de estas movilizaciones a Otto Pérez Molina líder de la oposición conservadora (Partido Patriota), al pastor evangélico fundamentalista Harold Caballeros y otros connotados derechistas como Eduardo Suger, Alejandro Gamattei, Manuel Ayau (fundador de Proreforma y rector de la neoliberal universidad privada “Francisco Marroquín”).

El partido de gobierno por su parte moviliza sus bases procedentes de asentamientos humanos en áreas urbano-marginales y del interior del país que han sido construidas con medidas de corte asistencialista, como la entrega de bolsas de alimentos básicos, comedores populares, remesas condicionadas a asistencia a servicios de salud y educación.

Estas medidas no transforman las condiciones de pobreza, generan una base social de apoyo al gobierno de Colom. En la forma con que están hechas, sin un componente real para generar empleo no generan ni conciencia ni organización, se quedan en puro asistencialismo, un sedante para que no hayan movilizaciones independientes.

Sin embargo la derecha es tan conservadora y reaccionaria que estos mínimos programas asistenciales le asustan y lo que más miedo tienen es que generan base social a favor de Sandra Torres quien dirige estos programas, una burguesa maquilera que tiene sentimientos antioligárquicos y un mínimo de conciencia social a pesar de su condición de clase.

Rápidamente la prensa de derecha empieza hacer reportajes denunciando que la gente a favor de Colom fue acarreada, que el gobierno obligó a empleados públicos a ir a la concentración y que gastó cantidades de dinero exorbitantes en el transporte y comida de los manifestantes pro-Colom. A esas denuncias por su puesto se suman los partidos de derecha desde el patriota hasta Encuentro por Guatemala y se suman organizaciones de derechos humanos como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Ahora lo que no dicen lo periódicos de derecha, ni el Gam es que el patriota también acarreó gente y que los empresarios obligaron a los trabajadores de sus empresas y fincas a movilizarse en las marchas anti-Colom.

Consideraciones finales

Sin duda este es un conflicto intra-burgués que demuestra la crisis política y de legitimidad en que este Estado racista y capitalista se encuentra, Estado que ha tenido dos grandes posibilidades de reformarse dentro de los parámetros del capitalismo que tuvo la posibilidad de modernizarse y democratizarse en sus límites por su puesto, pero que ambas posibilidades quedaron truncados por el conservadurismo de la oligarquía.

Estas posibilidades fueron, la revolución de octubre de 1944, interrumpida tras la invasión yanqui de 1954 con el apoyo de la oligarquía tradicional y de la pequeña burguesía nacida al calor de esta revolución, y la firma de los Acuerdos de Paz, que podían haber democratizado un poco más esta sociedad, pero se perdió la oportunidad por la negatividad de la oligarquía y la pasividad de la izquierda y su oportunismo. Creemos que hay que retomar estas dos agendas pendientes que materializan las tareas democráticas-reformistas pero profundizándolas hacia el socialismo bajo la orientación de la revolución permanente.

Por supuesto dudamos que este gobierno retome estas tareas, sabemos por supuesto que para nada las profundizaría a diferencia de algunos verdaderos socialdemócratas y genuinos reformistas de izquierda que lo consideran un puente hacia gobiernos más progresistas, aunque es más un puente hacia la ultraderecha. Pero el conservadurismo de la ultraderecha terrorista es tanto que debemos cerrar filas no a favor de este gobierno sino en contra de las maniobras de estos terroristas. No a defender la institucionalidad de este Estado capitalista sino a defender las mínimas conquistas democráticas que la ultraderecha planea eliminar.

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Por Alfredo Toj

La organización ProReforma es la plataforma política del sector económico más influyente del país, fundamenta sus bases ideológicas y filosóficas en los valores y principios tradicionales y reaccionarios de la civilización occidental. Cimenta sus propuestas en la primera Constitución de la Colonia llamada: “Instrucciones para la Constitución Fundamental de la Monarquía Española y su Gobierno” (José María Peinado, Guatemala, 1810), aprobada por el entonces Ayuntamiento de Guatemala y en la cual ya se garantizaba la propiedad privada, base de todo sistema económico de explotación del hombre por el hombre.

En el discurso que como burguesía sostienen utilizan términos como libertad individual y derechos individuales, que a su parecer deben prevalecer sobre las necesidades básicas de la colectividad. Encajan su propuesta manejando como necesidades fundamentales de la sociedad la solución a la violencia y la pobreza, aprovechándose de las condiciones infrahumanas que ellos mismos como explotadores provocan y justificando sus intereses en algunas consecuencias de la pobreza, como la migración y la criminalidad.

En 2003 una decena de personas pertenecientes a las familias más acaudaladas del país empiezan a proyectar reformas a la Constitución necesarias para legitimar el poder de la clase dominante. En 2005, 45 fundadores suscribieron un acta de constitución de la Asociación Civil Pro Reforma del Estado. Durante 2006 a 2008, se desarrolla una masiva promoción y divulgación mediante distintas vías de comunicación tales como: conferencias, entrevistas, reportajes y demás apariciones en medios de información, así como el uso de Internet para la propaganda del proyecto; hasta que el viernes 27 de marzo de 2009, se presentaron 73,193 firmas de ciudadanos apoyando las reformas que plantean para mantener firme el Estado de Derecho burgués y disposiciones generales sobre el derecho público, la organización y fundamento del Poder Ejecutivo, demandando al Congreso conocer de inmediato la propuesta.

Se propone el establecimiento de un Organismo Legislativo bicameral, con una Cámara de Diputados y un Senado compuesto por personas mayores de 50 años y con cargos vitalicios. A la Cámara de Diputados y al Senado se les asigna principalmente lo referente a las normas generales y abstractas de conducta que garanticen la primacía del Derecho burgués, indistintamente de la región del país. Por eso conviene distinguir las disposiciones de ambas cámaras, designando como LEY a los decretos del Senado, y como LEGISLACION a los decretos de la Cámara de Diputados.

Se pretende reformar el procedimiento para nombrar a los Magistrados del Poder Judicial, y de establecer sus cargos en forma vitalicia, garantizando así la impunidad de la burguesía ante la Justicia. También se propone modificar el proceso de nombramiento del Contralor General de Cuentas y del Fiscal General de la República.

La propuesta también incluye la elección de Gobernadores por los ciudadanos de su respectivo departamento, y finalmente, es importante notar que la vigencia de las medidas propuestas deroga “todas las normas constitucionales y sus reformas, cualesquiera leyes y disposiciones decretadas con anterioridad, que sean incompatibles con esta reforma constitucional.”, Artículo 12, Capítulo Único, Iniciativa ProReforma.

Además de eso, la propuesta de modificación de la Constitución que pretende realizar la burguesía sin necesidad de llamar a Asamblea Constituyente sino como reformas parlamentarias, prevé modificaciones al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a la elección y transición de funcionarios públicos mediante las Comisiones de Postulación, que actualmente está en proceso de modificación en el Congreso, cambios al funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad, Cortes de Apelaciones, Tribunales de Cuentas y Contencioso Administrativo, sin poder dejar desapercibida la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos ni las modificaciones a las leyes concernientes a Actividades Económicas y de Competencias Específicas.

Por todo lo anterior es imposible hacer un análisis minucioso desde el punto de vista marxista de la situación en un espacio tan reducido como este, pero como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) nos comprometemos a desarrollar este tema, que busca afianzar la hegemonía de las élites y que amenaza a toda Centroamérica con un retorno al régimen de explotación colonialista.

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