Por Leonardo Ixim
Desde la privatización de la distribución de la electricidad por el gobierno burgués de Álvaro Arzú como parte de las medidas de corte neoliberal tendientes a la concentración de la riqueza a favor del capital nacional e internacional (en este caso para las empresas Iberdrola y Unión Fenosa con capital mayoritariamente español), el pueblo guatemalteco ha sufrido una serie de abusos de parte de las empresas que se convirtieron en propietarias de las redes de distribución agrupadas en Eegsa, Deorsa y Deocsa.