Por Frandav Lifú

Si bien es cierto la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el Golpe de Estado en el 2009, ejecutado al Presidente Manuel Zelaya Rosales, no pasó mucho tiempo para que tanto la OEA como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fueran reconociendo poco a poco al heredero del Golpe; Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional, en enero del 2010. Posteriormente, los mismo sucedió con el fraude de las elecciones generales del 2013 en que se declaró como ganador a Juan Orlando Hernández, y, en el 2018 con su reelección ilegal que nuevamente metió al país en una convulsión social durante varias semanas.

No existe duda que la injerencia imperialista estadounidense y europea en el país ha sido determinante en los últimos 12 años en que fuimos gobernados por toda una estructura criminal que aún se mantiene en casi toda la institucionalidad del Estado. Fue precisamente la presión internacional que obligó al Partido Nacional a que aprobara las reformas a la Ley Electoral que en el 2021 y que permitió desmontar en alguna forma un nuevo fraude electoral. Situación que debió ser resuelta por los mismos hondureños.

Las autoridades estadounidenses se llevaron al narcodictador de JOH, pero, en el país, aun existen los tentáculos de una red criminal que saqueó el Estado y que boicotean algunas decisiones de la Presidenta Xiomara Castro. A esta red criminal se suma el capital extranjero que con el visto bueno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o Fondo Monetario Internacional (FMI)  pretenden decidir sobre las políticas económicas en cuanto a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Rescatar las empresas públicas un compromiso de doña Xiomara

Una de las promesas de doña Xiomara Castro fue rescatar las empresas públicas como la ENEE y HONDUTEL. Decisiones que se contraponen al modelo neoliberal impuesto en nuestro país y que obliga a que el Estado venda las empresas públicas al capital privado, para el caso de la ENEE, los organismos de crédito internacional han presionado enormemente para que se diera el desmembramiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en los rubros de generación, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

El caos dejado por la narco dictadura en la economía nacional y en la casi quiebra de empresas como ENEE y HONDUTEL en detrimento de la economía de los hogares hondureños y del Estado Nacional, motivó a que la Secretaria de Finanzas, Rixi Moncada escribiera en un tuit “La destrucción de las finanzas públicas ha sido brutal en 13 años post golpe. Empeñaron, vendieron, privatizaron, endeudaron y corrompieron todo. En estos 6 meses, aún con la grave crisis internacional; avanzamos con fe hacia la Refundación de la Patria”.  

En respuesta al tuit de la ministra de Finanzas, el asesor en materia de economía y de asuntos energéticos de la embajada estadounidense, Scott Hansen, respondió en un tuit que luego eliminó, pero, sin dejar antes la arremetida de la estructura golpista contra el gobierno de doña Xiomara Castro. El asesor escribió “Estimada Sra. Ministra, a pesar de que mensajes como este son para el pueblo de Honduras, llegan a oídos de todo el mundo, incluidas las personas que calculan las calificaciones crediticias en S&P, Moody´s, y Fitch. Ayúdalos con menos de la destrucción, más de la estrategia”.

Esta intromisión del funcionario del imperio obligó al canciller de la República Eduardo Enrique Reina a pedir explicaciones a la embajadora Laura Dogo,   quien ordenó al subalterno a eliminar el mensaje injerencista. Pero esta no es la única declaración que hemos tenido en el país en estos días.

Injerencia extranjera en el proceso para la elección de la CSJ

La Coordinadora Residente de la ONU en Honduras Alice H. Shackelford, en alusión al proceso para la elección de los magistrados en el 2023 twitteó “ La conformación de la Junta Nominadora es el próximo paso importante para la elección de la CSJ. Un llamado a las instituciones involucradas en apoyar para que este sea un proceso transparente, profesional y con igualdad de género”. Luego, la embajadora Laura Dogu, respondiendo a este tuit escribió “Coincido. Todos deben poner a un lado la política partidista y dejar que la Junta Nominadora seleccione a los candidatos más calificados e íntegros con total transparencia. Esto inspirará confianza en el pueblo hondureño y en los inversionistas internacionales”. Este interés mostrado por los representantes extranjeros en nuestro país nunca fue realizado con el mismo esmero en el 2016 cuando se eligió la corte que permitió un narcoestado con viento en popa y que se reeligiera ilegalmente Juan Orlando Hernández.

Es el momento de llamar a movilización nacional a toda la población para apoyar el rescate de las empresas públicas y la elección de una corte por voto directo del pueblo, ¡basta ya! De la injerencia extranjera.

Por Frandav Lifú

A finales de enero e inicios de febrero de 2016 (durante 3 semanas), en el sexto intento, el Congreso Nacional terminó de elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia actuales, siendo el Presidente de la misma, el último electo de esos 15 candidatos en aquel entonces.

Al respecto, en un artículo publicado en Revistazo.com se lee lo siguiente «El análisis de Revistazo muestra que estos 15 miembros no son los más idóneos entre los aspirantes. Según la medición de Revistazo, ocho miembros de la Corte obtuvieron puntuaciones inferiores al 75%, apenas dos de los candidatos entre los “10 Mejores” de Revistazo llegaron a integrar la Corte y tres de los “10 Peores” obtuvieron un asiento (algunas observaciones formuladas sobre los candidatos: “nerviosa y confusa en sus respuestas”, “indecisa”, “pobreza en su argumentación jurídica”, “sin experiencia jurisdiccional”). De acuerdo con la clasificación de la Junta Nominadora oficial, 13 magistrados obtuvieron entre el 66% y el 75% en las evaluaciones, y ninguno consiguió resultados superiores al 85%». (19/02/2016).

Peor aún, en el mismo artículo leemos «tres magistrados no superaron la prueba de polígrafo obligatoria, en la cual se les preguntó sobre nexos con la delincuencia y el narcotráfico. Uno de los candidatos cuestionados por la embajada estadounidense, Rafael Bustillo Romero, también consiguió un asiento en la Corte Suprema». DPLfblog.com (19/02/2022).

La conformación del Congreso Nacional ese año era la siguiente; Partido Nacional 48, LIBRE 37, Partido Liberal 27, PAC 13, los partidos PINU, UD y PDCH obtuvieron 1 cada uno. La elección de cada magistrado es con mayoría calificada (86 votos como mínimo), situación imposible sin el apoyo de algunos diputados del PAC (antiguo partido de fundado por Nasralla) o bien, del Partido LIBRE. De ahí que, en un reportaje de Reporterosdeinvestigación.com del 22 de enero de 2022 en alusión a la Corte electa en el 2016, nos dice lo siguiente «El financiamiento de la narcoactividad influye además en las decisiones del Congreso Nacional. Durante el gobierno del Partido Nacional, la elección de la Corte Suprema de Justicia estuvo signada por denuncias de ofrecimientos de soborno a diputados para adoptar decisiones que blindan la corrupción y el narcotráfico».

Se da el pitazo para la elección de la CSJ en enero del 2023

El 19 de julio recién pasado, el Congreso Nacional aprobó la “Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema”, de los 28 artículos la polémica se dio en el artículo 15, que alude a los abogados que pueden postularse para ser magistrados. La Ley se aprobó con 73 votos a favor y 44 votos en contra del PN. Los 73 votos con los que se aprobó la Ley corresponden a 50 diputados del Partido LIBRE, 22 del Partido Liberal y, el de Luis Redondo, Presidente del Congreso Nacional y miembro del PSH. Los otros 9 diputados del PSH se abstuvieron de votar.

Más allá de lo que implica la aprobación de la Ley sobre la Junta Nominadora, queda en evidencia el inicio inevitable de una ruptura entre la alianza LIBRE y el Partido PSH de Nasralla. A esto se suma las reiteradas declaraciones de líderes del PSH (incluyendo a Nasralla) para reformar la Ley de Amnistía, mal llamada por ellos mismos “Ley de Impunidad”. Un nuevo elemento que surge en la palestra pública y que da lugar a que se agrande la fisura de la alianza son las voces que ya claman la expulsión de Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras.

Considerando la procedencia de la mayoría de los 10 diputados del PSH, la actitud de sus líderes y, principalmente de Salvador Nasralla, no falta mucho tiempo para que se agriete la unidad que derrotó a la narcodictadura. Arduo trabajo el que queda que, sin lugar a dudas, la elección de los 15 magistrados en enero de 2023 terminará siendo un acuerdo entre los 3 partidos mayoritarios; LIBRE, PN y PLH.  Sin embargo, debe ser el mismo pueblo el encargado de elegir a los magistrados con voto directo.

El pueblo hondureño que votó por un cambio en noviembre de 2021 lo que anhela es una Corte Suprema de Justicia ciega, justa e igualitaria, donde la serpiente no solo muerda a los de pies descalzos. Nefasto es que, ahora, sectores estrechamente ligados a Juan Orlando Hernández hablen de despolitizar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. La misma debe quedar integrada por abogadas y abogados honorables y transparentes, y, sobre todo, que no tengan ninguna conexión con personas involucradas en corrupción. El pueblo aún puede exigir el derecho a seleccionar los magistrados, aun hay tiempo de salir a las calles.

Por Sebastián Ernesto González

“La Lista Engel está amparada en la Ley de Compromiso Ampliado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte (United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act), que en diciembre de 2020 fue incluida como parte de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021. La sección 353(b) obliga al Departamento de Estado a producir la lista y darla a conocer al Congreso al menos dos veces al año. La principal consecuencia para los listados es que los hace inelegibles para obtener visas que les permitan entrar a los Estados Unidos y abre la posibilidad de que se bloqueen activos de cuentas o propiedades en territorio estadounidense”.   https://www.wola.org/es/analisis/lista-engel-que-mensaje-envia-estados-unidos-a-centroamerica/.

La lista Engel, obedece a la “Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte” aprobada en Estados Unidos en diciembre de 2020 con el objetivo de mermar la migración irregular al país del norte. En julio de 2021, Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para Guatemala, Honduras y El Salvador dijo «que los señalados fueron determinados después de una "revisión extensa de información creíble" de fuentes clasificadas y no clasificadas y agregó que algunos de ellos "tienen alguna afiliación con la trata de personas o con organizaciones criminales"». https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210702-eeuu-corrupcion-lista-triangulo-norte. 

Cuando salió en julio de 2021 el primer listado, en nuestro país, hubo un sabor ambiguo, por un lado salió el expresidente Porfirio Lobo y su esposa Rosa Elena Bonilla, sin embargo, no salió el entonces Presidente Juan Orlando Hernández ni sus más cercanos colaboradores. Engrosaron esta lista  “el exdirector de Invest-H Marco Bográn y los exdiputados Augusto Cruz Asensio, Eleazar Juárez Sarabia, Héctor Padilla Hernández. También los actuales diputados Gustavo Alberto Pérez, José Celín Discua, Rodolfo Irías Navas, Gladys Aurora López, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Sara Medina, Óscar Nájera, Milton Puerto, Audelia Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez, Elvin Santos, Juan Carlos Valenzuela, Elden Vásquez, Welsy Vásquez y Román Villeda Aguilar”.  LP (24/07/2022).

Considerando estos nombres, puede decirse que el Departamento de Estado trató con mano de seda al régimen de Juan Orlando Hernández, principal causante del profundo deterioro de la economía de la familia hondureña, del incremento de la inseguridad y del alto nivel de corrupción desde el Estado. De ese listado, 15 de ellos eran diputados. No se incluyó ni un tan solo funcionario, no se incluyó a Mauricio Oliva quien era Presidente del Congreso Nacional ni al mismo Juan Orlando Hernández que socavó el frágil sistema democrático del país al destituir 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2012 y se reeligió ilegalmente en enero del 2018. Tampoco se añadió a la lista a personajes que manipularon la elección de la Corte Suprema de Justicia en enero del 2016 utilizando dinero del narcotráfico.

“En el caso de Honduras, la mayoría de los señalados fueron acusados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC)…”. Contracorriente (03/07/2021).

No obstante, lo anterior, no se agregaron muchos funcionarios profundamente involucrados en casos de corrupción. Según lo que dijo Ricardo Zúniga en el 2021, la información es clasificada y no clasificada, lo cual nos hace asumir que la obtienen de los mismos casos que se desarrollan en los juzgados hondureños o de información facilitada por organizaciones que colaboran con autoridades estadounidenses. Al salir ese listado de julio de 2021, Rosa Elena de Lobo ya había sido condenada por corrupción, Marco Bográn famoso por los “Hospitales móviles” ya estaba en juicio. Sin embargo, Tomás Zambrano, Secretario del Congreso Nacional ya había sido sobreseído por el sistema judicial en el caso “Fe de Erratas”, un acto de corrupción en el que alteró una Ley con la pretensión de limitar las acciones investigativas de la fiscalía.

Los casos de corrupción en que estos personajes estuvieron involucrados y cuyos archivos judiciales murieron en la impunidad son conocidos como “Red de diputados”, “Pacto de impunidad o Fe de erratas”, “Arca abierta”, Caja chica de la primera dama”, y “Caso Pandora”, entre otros. Ante la noticia pública en el 2021, varios de los señalados hicieron bromas con ya no viajar a los Estados Unidos de América.

Al parecer, además de quitar la visa a los mencionados o, dejarlos inhabilitados para obtenerla, ninguno de ellos fue reelecto como diputado para el periodo 2022-2026. Un propósito bien definido del impacto de la lista Engel, pero que, si favoreció a Tomás Zambrano del Partido Nacional y diputado Reelecto, uno de los principales personajes que movió los hilos de la corrupción.

Listado Engel 2022: las víctimas de un corrupto Poder Judicial, ahora como blanco del Departamento de Estado

Si el listado del 2021 dejó un sabor amargo de boca, más lo es aún el recién salido este 2022. Los nombres que aparecen pertenecen a los gobiernos de Manuel Zelaya (2006-2009), Porfirio Lobo (2010-2014) y el actual gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), ni uno tan solo de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández (2014-2022). Hay que aclarar que los personajes del actual gobierno son señalados por acontecimientos anteriores al 2011.

Del periodo del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) hay 4 nombres en el listado: Javier Rodolfo Pastor Vásquez, Ministro de Salud; Carlos Josué Montes Rodríguez, Secretario del Trabajo; Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Eléctrica de Honduras (ENEE); Enrique Alberto Flores Lanza, Ministro de la Presidencia.

Del gobierno de Porfirio Lobo se encuentran 9 nombres: Harvis Edulfo Herrera Carballo, Gerente General del Palacio Presidencial; Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, Supervisor de Controles Internos del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario Claudia Yamilia Noriega González, Coordinadora de Proyectos del Programa “Tarjeta Catracha”; David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), Gerente de Finanzas del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario; Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Gerente de Finanzas del Palacio Presidencial; Juan Ramón Maradiaga, Gerente General del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (BANADESA); Carlos Josué Romero Puerto, Coordinador de Proyectos; Gonzalo Molina Solórzano, Jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario; Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, Director de la Policía Nacional de 2012 a 2013.

Del actual gobierno de Xiomara Castro aparecen:  los vicepresidentes del Congreso Nacional Edgardo Antonio Casaña Mejía y Rasel Antonio Tomé Flores; el asesor presidencial Enrique Alberto Flores Lanza ya mencionado por lo ocurrido en el 2009.

Según la lista Engel, al maestro Edgardo Antonio Casaña Mejía, textualmente se le menciona de la siguiente forma “incurrió en una importante corrupción al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensiones de los Maestros para destinar más de $5 millones en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político”.

Pero ¿Qué fue lo que se aprobó en el año 2010?

Pasó lo siguiente, la junta directiva del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) aprobó la revalorización de la pensión de los maestros jubilados por un monto de L. 300.00, en aquel momento la Junta Directiva estaba conformada por los dirigentes magisteriales Óscar Recarte (COPEMH), Alfonso López Guillén, César Augusto Ramos, Edgardo Casaña (COPRUMH), el ahora difunto Alejandro Ventura, que en aquel entonces era Secretario de Educación y los demás representantes del Estado. El aumento de los 300 lempiras fue aprobado en Consejo de Ministros y por el presidente Porfirio Lobo Sosa.

Posteriormente, como una medida de persecución política hacia líderes del magisterio, la Fiscalía de la república acusó a los dirigentes magisteriales por abuso de autoridad, con el argumento de que la Comisión Nacional de Banca y Seguros lo prohibía. El 12 de mayo de 2016 los acusados fueron sobreseídos, sin embargo, el Ministerio Público siguió el reclamo jurídico, logrando que en diciembre de 2021 un Juez de lo Penal los encontrara culpables. En junio recién pasado un Juez ad-hoc se abstuvo de otorgar el beneficio de amnistía política al profesor Casaña.

Según la información que brinda la Lista Engel, Casaña utilizó 5 millones de dólares para ser utilizados políticamente y mantenerse en el poder. En el 2010 el Profesor Edgardo Casaña era el Presidente del COPRUMH y miembro de la Junta Directiva del INPREMA, por lo cual, en ese momento ni tenía caudal política ni poder político, era el Presidente de un Colegio Magisterial y representante de los maestros ante el INPREMA. El dinero aprobado fue directamente a 11,000 maestros jubilados.

Finalmente, Enrique Alberto Flores Lanza y Rasel Antonio Tomé Flores, fueron  acusados por persecución política, simplemente si se hubieran colocado del sector golpista del 2009, hubieran seguido disfrutando de los beneficios de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía de la República, y ahora, al igual que Tomás Zambrano o Mauricio Oliva no estuvieran en la famosa lista del Triángulo Norte.

El pueblo debe salir a la calle a repudiar la estructura golpista que aún controla el sistema judicial

La estrategia de la persecución judicial implementada en el 2009 sigue obteniendo resultados para la estructura golpista, la incidencia es tal que, han sorprendido al Departamento de Estado, por un lado, evitando que funcionarios de alto rango del exdictador Juan Orlando Hernández aparezcan en la Lista o sean acusados en el sistema judicial hondureño, y, por otro lado; lograr que aparezcan 3 personas del actual gobierno y utilizar toda la maquinaria mediática de los medios de comunicación para colocar al gobierno de LIBRE como si ya fuera del nivel de corrupción que imperó con el Partido Nacional. El objetivo es hacia el siguiente proceso electoral del 2025 para mantener con vida al Partido Nacional y Partido Liberal y disminuir el impacto del arrollador triunfo de doña Xiomara Castro para llegar a la Presidencia de la República. De ahí que no es extraño las diferentes formas en que desde diferentes ángulos tratan de levantar movimientos de protesta, que por muy reducidos que estos sean, les dan la impresión de que el país vive en anarquía permanente.

Ya es el momento en organizar una movilización nacional en repudio de la estructura golpista que hace todo lo posible por desestabilizar el gobierno y para exigir la creación de una Corte Suprema de Justicia y una Fiscalía independiente de los grupos oscuros y corruptos.

El Departamento de Estado de USA ha sido sorprendido con sus instituciones de inteligencia, se puede decir muchas cosas de los políticos de acá, pero algo es seguro, que al menos lo que dice la Lista Engel sobre Casaña, Rasel Tomé y Flores Lanza es una completa ridiculez que solo beneficia la estructura corrupta y golpista que aún existe en el país y que mantuvo a Juan Orlando Hernández en el poder.

El triunfo del pueblo en noviembre de 2021 debe defenderse en las calles y en las redes sociales, no debe ser una Lista fundamentada en procesos judiciales de Jueces y fiscales corruptos la que opacará la transformación de Honduras.

Por Carlos M. Licona

En los años 2017 y 2019 el régimen “juanorlandista” avalado por la lesiva Ley Fundamental de Educación entregó la realización de los concursos docentes para optar a una plaza, a ONG que se lucieron en hacer fracasar los mismos. En el caso del realizado en el 2017 fue anulado por la casi total reprobación de los que participaron, entre los motivos para tan desastrosa evaluación fueron; las personas que elaboraron las pruebas no tenían el mínimo conocimiento de los contenidos a evaluar, ítems mal redactados, respuestas ambiguas o bien, preguntas de las especialidades como si fueran un requisito para obtener un postgrado en la universidad. 

En el realizado en el 2019 no hubo mucha diferencia, excepto que permitieron la aprobación de una mayor cantidad de docentes, sin embargo, el resultado inevitable  fue la masiva reprobación que sirvió para que los medios de comunicación al servicio de la narcodictadura desprestigiaran y se burlaran de los maestros.

Con el final de los 12 años de gobierno del Partido Nacional y como una medida salomónica para tranquilizar el sistema educativo que estaba siendo socavado por los maestros de PROHECO (Programa Hondureño de Educación Comunitaria) y docentes interinos se convocó a concursos fundamentándose en el Estatuto del Docente, de esta forma la Secretaría de Educación en consonancia con los colegios magisteriales asumen la responsabilidad de organizar y realizar los mismos hasta el momento en que se de por finiquitado el proceso después de un tiempo prudencial para que los maestros que lo consideren hagan sus respectivos reclamos.

Unidad, organización y atención humana

Tal y como lo ordena el Estatuto del Docente se conformó la Junta Nacional de Selección y las respectivas Juntas Departamentales, quitando de esta forma el poder que se le había otorgado a los activistas del Partido Nacional disfrazados de ONG en representación de la Sociedad Civil o de Sociedad de Madres y Padres de Familia. Según palabras de los mismos docentes que participaron en el 2017 y 2019, en esos años al realizar las inscripciones prevaleció el desorden y el maltrato a los maestros. Personas desconocedoras del contexto educativo realizaron las inscripciones y, obviamente, generaron la exagerada lentitud del proceso y en ambiente hostil a la condición humana de los aspirantes a plaza.

Sin duda alguna que, este es el inicio de una nueva etapa en la historia del magisterio, los seis colegios magisteriales en unidad realizando extensas jornadas de trabajo para humanizar el trato a los maestros que llegan a inscribirse. Son muchos de los mentores con experiencia de las organizaciones magisteriales que en todo el país  se han sumado a esta faena para que el resultado sea un éxito completo.

Todo el ímpetu de los sectores que estaban siendo utilizados por la estructura que aún se mantiene intacta de la narcodictadura fue sustituido por la esperanza que abre la realización del concurso docente. Se ha hecho el máximo esfuerzo por agilizar el proceso de inscripción y brindar condiciones cómodas a los maestros, la atención cordial y ágil de un docente a otro se manifiesta en comentarios positivos al culminar la faena  y hacer la comparación con el trámite de esos años nefastos del 2017 y el 2019.

Ahora, el turno es de la Secretaría de Educación para que tome las decisiones mejor acertadas tal y como lo vienen haciendo, entre más participación se le de a los colegios magisteriales mas se evidencia la transparencia de los concursos. Al finalizar los mismos se entra a otra ardua etapa de otorgamiento de plazas según lo manda el Estatuto Docente en que debe prevalecer lo ya estipulado en la Ley.

Los concursos se realizarán del 8 al 12 de agosto facilitando el proceso para ocupar las plazas vacantes. Desde ya, después de culminar el presente año lectivo, el llamado es para visualizar un proceso ambicioso a largo plaza para revolucionar nuestra Educación. Nuestro país debe salir del agujero en que caímos después de doce años de represión y retroceso en calidad educativa, para ello, se vuelve impostergable iniciar una intensa campaña para construir un modelo educativo acorde con nuestra realidad y en que, los mayores beneficiados sean los educandos de los centros educativos públicos.

El otro gran reto que aún tiene el gobierno de doña Xiomara Castro es la dignificación de la carrera docente, ya estamos en el primer escalón, el resto es seguro que se puede lograr con la unidad del magisterio.