Por Frandav Lifú

A finales de enero e inicios de febrero de 2016 (durante 3 semanas), en el sexto intento, el Congreso Nacional terminó de elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia actuales, siendo el Presidente de la misma, el último electo de esos 15 candidatos en aquel entonces.

Al respecto, en un artículo publicado en Revistazo.com se lee lo siguiente «El análisis de Revistazo muestra que estos 15 miembros no son los más idóneos entre los aspirantes. Según la medición de Revistazo, ocho miembros de la Corte obtuvieron puntuaciones inferiores al 75%, apenas dos de los candidatos entre los “10 Mejores” de Revistazo llegaron a integrar la Corte y tres de los “10 Peores” obtuvieron un asiento (algunas observaciones formuladas sobre los candidatos: “nerviosa y confusa en sus respuestas”, “indecisa”, “pobreza en su argumentación jurídica”, “sin experiencia jurisdiccional”). De acuerdo con la clasificación de la Junta Nominadora oficial, 13 magistrados obtuvieron entre el 66% y el 75% en las evaluaciones, y ninguno consiguió resultados superiores al 85%». (19/02/2016).

Peor aún, en el mismo artículo leemos «tres magistrados no superaron la prueba de polígrafo obligatoria, en la cual se les preguntó sobre nexos con la delincuencia y el narcotráfico. Uno de los candidatos cuestionados por la embajada estadounidense, Rafael Bustillo Romero, también consiguió un asiento en la Corte Suprema». DPLfblog.com (19/02/2022).

La conformación del Congreso Nacional ese año era la siguiente; Partido Nacional 48, LIBRE 37, Partido Liberal 27, PAC 13, los partidos PINU, UD y PDCH obtuvieron 1 cada uno. La elección de cada magistrado es con mayoría calificada (86 votos como mínimo), situación imposible sin el apoyo de algunos diputados del PAC (antiguo partido de fundado por Nasralla) o bien, del Partido LIBRE. De ahí que, en un reportaje de Reporterosdeinvestigación.com del 22 de enero de 2022 en alusión a la Corte electa en el 2016, nos dice lo siguiente «El financiamiento de la narcoactividad influye además en las decisiones del Congreso Nacional. Durante el gobierno del Partido Nacional, la elección de la Corte Suprema de Justicia estuvo signada por denuncias de ofrecimientos de soborno a diputados para adoptar decisiones que blindan la corrupción y el narcotráfico».

Se da el pitazo para la elección de la CSJ en enero del 2023

El 19 de julio recién pasado, el Congreso Nacional aprobó la “Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema”, de los 28 artículos la polémica se dio en el artículo 15, que alude a los abogados que pueden postularse para ser magistrados. La Ley se aprobó con 73 votos a favor y 44 votos en contra del PN. Los 73 votos con los que se aprobó la Ley corresponden a 50 diputados del Partido LIBRE, 22 del Partido Liberal y, el de Luis Redondo, Presidente del Congreso Nacional y miembro del PSH. Los otros 9 diputados del PSH se abstuvieron de votar.

Más allá de lo que implica la aprobación de la Ley sobre la Junta Nominadora, queda en evidencia el inicio inevitable de una ruptura entre la alianza LIBRE y el Partido PSH de Nasralla. A esto se suma las reiteradas declaraciones de líderes del PSH (incluyendo a Nasralla) para reformar la Ley de Amnistía, mal llamada por ellos mismos “Ley de Impunidad”. Un nuevo elemento que surge en la palestra pública y que da lugar a que se agrande la fisura de la alianza son las voces que ya claman la expulsión de Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras.

Considerando la procedencia de la mayoría de los 10 diputados del PSH, la actitud de sus líderes y, principalmente de Salvador Nasralla, no falta mucho tiempo para que se agriete la unidad que derrotó a la narcodictadura. Arduo trabajo el que queda que, sin lugar a dudas, la elección de los 15 magistrados en enero de 2023 terminará siendo un acuerdo entre los 3 partidos mayoritarios; LIBRE, PN y PLH.  Sin embargo, debe ser el mismo pueblo el encargado de elegir a los magistrados con voto directo.

El pueblo hondureño que votó por un cambio en noviembre de 2021 lo que anhela es una Corte Suprema de Justicia ciega, justa e igualitaria, donde la serpiente no solo muerda a los de pies descalzos. Nefasto es que, ahora, sectores estrechamente ligados a Juan Orlando Hernández hablen de despolitizar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. La misma debe quedar integrada por abogadas y abogados honorables y transparentes, y, sobre todo, que no tengan ninguna conexión con personas involucradas en corrupción. El pueblo aún puede exigir el derecho a seleccionar los magistrados, aun hay tiempo de salir a las calles.


Por Sebastián Ernesto González

“La Lista Engel está amparada en la Ley de Compromiso Ampliado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte (United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act), que en diciembre de 2020 fue incluida como parte de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021. La sección 353(b) obliga al Departamento de Estado a producir la lista y darla a conocer al Congreso al menos dos veces al año. La principal consecuencia para los listados es que los hace inelegibles para obtener visas que les permitan entrar a los Estados Unidos y abre la posibilidad de que se bloqueen activos de cuentas o propiedades en territorio estadounidense”.   https://www.wola.org/es/analisis/lista-engel-que-mensaje-envia-estados-unidos-a-centroamerica/.

La lista Engel, obedece a la “Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte” aprobada en Estados Unidos en diciembre de 2020 con el objetivo de mermar la migración irregular al país del norte. En julio de 2021, Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para Guatemala, Honduras y El Salvador dijo «que los señalados fueron determinados después de una "revisión extensa de información creíble" de fuentes clasificadas y no clasificadas y agregó que algunos de ellos "tienen alguna afiliación con la trata de personas o con organizaciones criminales"». https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210702-eeuu-corrupcion-lista-triangulo-norte

Cuando salió en julio de 2021 el primer listado, en nuestro país, hubo un sabor ambiguo, por un lado salió el expresidente Porfirio Lobo y su esposa Rosa Elena Bonilla, sin embargo, no salió el entonces Presidente Juan Orlando Hernández ni sus más cercanos colaboradores. Engrosaron esta lista  el exdirector de Invest-H Marco Bográn y los exdiputados Augusto Cruz Asensio, Eleazar Juárez Sarabia, Héctor Padilla Hernández. También los actuales diputados Gustavo Alberto Pérez, José Celín Discua, Rodolfo Irías Navas, Gladys Aurora López, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Sara Medina, Óscar Nájera, Milton Puerto, Audelia Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez, Elvin Santos, Juan Carlos Valenzuela, Elden Vásquez, Welsy Vásquez y Román Villeda Aguilar”.  LP (24/07/2022).

Considerando estos nombres, puede decirse que el Departamento de Estado trató con mano de seda al régimen de Juan Orlando Hernández, principal causante del profundo deterioro de la economía de la familia hondureña, del incremento de la inseguridad y del alto nivel de corrupción desde el Estado. De ese listado, 15 de ellos eran diputados. No se incluyó ni un tan solo funcionario, no se incluyó a Mauricio Oliva quien era Presidente del Congreso Nacional ni al mismo Juan Orlando Hernández que socavó el frágil sistema democrático del país al destituir 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2012 y se reeligió ilegalmente en enero del 2018. Tampoco se añadió a la lista a personajes que manipularon la elección de la Corte Suprema de Justicia en enero del 2016 utilizando dinero del narcotráfico.

“En el caso de Honduras, la mayoría de los señalados fueron acusados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC)…”. Contracorriente (03/07/2021).

No obstante, lo anterior, no se agregaron muchos funcionarios profundamente involucrados en casos de corrupción. Según lo que dijo Ricardo Zúniga en el 2021, la información es clasificada y no clasificada, lo cual nos hace asumir que la obtienen de los mismos casos que se desarrollan en los juzgados hondureños o de información facilitada por organizaciones que colaboran con autoridades estadounidenses. Al salir ese listado de julio de 2021, Rosa Elena de Lobo ya había sido condenada por corrupción, Marco Bográn famoso por los “Hospitales móviles” ya estaba en juicio. Sin embargo, Tomás Zambrano, Secretario del Congreso Nacional ya había sido sobreseído por el sistema judicial en el caso “Fe de Erratas”, un acto de corrupción en el que alteró una Ley con la pretensión de limitar las acciones investigativas de la fiscalía.

Los casos de corrupción en que estos personajes estuvieron involucrados y cuyos archivos judiciales murieron en la impunidad son conocidos como “Red de diputados”, “Pacto de impunidad o Fe de erratas”, “Arca abierta”, Caja chica de la primera dama”, y “Caso Pandora”, entre otros. Ante la noticia pública en el 2021, varios de los señalados hicieron bromas con ya no viajar a los Estados Unidos de América.

Al parecer, además de quitar la visa a los mencionados o, dejarlos inhabilitados para obtenerla, ninguno de ellos fue reelecto como diputado para el periodo 2022-2026. Un propósito bien definido del impacto de la lista Engel, pero que, si favoreció a Tomás Zambrano del Partido Nacional y diputado Reelecto, uno de los principales personajes que movió los hilos de la corrupción.

Listado Engel 2022: las víctimas de un corrupto Poder Judicial, ahora como blanco del Departamento de Estado

Si el listado del 2021 dejó un sabor amargo de boca, más lo es aún el recién salido este 2022. Los nombres que aparecen pertenecen a los gobiernos de Manuel Zelaya (2006-2009), Porfirio Lobo (2010-2014) y el actual gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), ni uno tan solo de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández (2014-2022). Hay que aclarar que los personajes del actual gobierno son señalados por acontecimientos anteriores al 2011.

Del periodo del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) hay 4 nombres en el listado: Javier Rodolfo Pastor Vásquez, Ministro de Salud; Carlos Josué Montes Rodríguez, Secretario del Trabajo; Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Eléctrica de Honduras (ENEE); Enrique Alberto Flores Lanza, Ministro de la Presidencia.

Del gobierno de Porfirio Lobo se encuentran 9 nombres: Harvis Edulfo Herrera Carballo, Gerente General del Palacio Presidencial; Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, Supervisor de Controles Internos del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario Claudia Yamilia Noriega González, Coordinadora de Proyectos del Programa “Tarjeta Catracha”; David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), Gerente de Finanzas del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario; Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Gerente de Finanzas del Palacio Presidencial; Juan Ramón Maradiaga, Gerente General del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (BANADESA); Carlos Josué Romero Puerto, Coordinador de Proyectos; Gonzalo Molina Solórzano, Jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario; Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, Director de la Policía Nacional de 2012 a 2013.

Del actual gobierno de Xiomara Castro aparecen:  los vicepresidentes del Congreso Nacional Edgardo Antonio Casaña Mejía y Rasel Antonio Tomé Flores; el asesor presidencial Enrique Alberto Flores Lanza ya mencionado por lo ocurrido en el 2009.

Según la lista Engel, al maestro Edgardo Antonio Casaña Mejía, textualmente se le menciona de la siguiente forma “incurrió en una importante corrupción al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensiones de los Maestros para destinar más de $5 millones en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político”.

Pero ¿Qué fue lo que se aprobó en el año 2010?

Pasó lo siguiente, la junta directiva del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) aprobó la revalorización de la pensión de los maestros jubilados por un monto de L. 300.00, en aquel momento la Junta Directiva estaba conformada por los dirigentes magisteriales Óscar Recarte (COPEMH), Alfonso López Guillén, César Augusto Ramos, Edgardo Casaña (COPRUMH), el ahora difunto Alejandro Ventura, que en aquel entonces era Secretario de Educación y los demás representantes del Estado. El aumento de los 300 lempiras fue aprobado en Consejo de Ministros y por el presidente Porfirio Lobo Sosa.

Posteriormente, como una medida de persecución política hacia líderes del magisterio, la Fiscalía de la república acusó a los dirigentes magisteriales por abuso de autoridad, con el argumento de que la Comisión Nacional de Banca y Seguros lo prohibía. El 12 de mayo de 2016 los acusados fueron sobreseídos, sin embargo, el Ministerio Público siguió el reclamo jurídico, logrando que en diciembre de 2021 un Juez de lo Penal los encontrara culpables. En junio recién pasado un Juez ad-hoc se abstuvo de otorgar el beneficio de amnistía política al profesor Casaña.

Según la información que brinda la Lista Engel, Casaña utilizó 5 millones de dólares para ser utilizados políticamente y mantenerse en el poder. En el 2010 el Profesor Edgardo Casaña era el Presidente del COPRUMH y miembro de la Junta Directiva del INPREMA, por lo cual, en ese momento ni tenía caudal política ni poder político, era el Presidente de un Colegio Magisterial y representante de los maestros ante el INPREMA. El dinero aprobado fue directamente a 11,000 maestros jubilados.

Finalmente, Enrique Alberto Flores Lanza y Rasel Antonio Tomé Flores, fueron  acusados por persecución política, simplemente si se hubieran colocado del sector golpista del 2009, hubieran seguido disfrutando de los beneficios de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía de la República, y ahora, al igual que Tomás Zambrano o Mauricio Oliva no estuvieran en la famosa lista del Triángulo Norte.

El pueblo debe salir a la calle a repudiar la estructura golpista que aún controla el sistema judicial

La estrategia de la persecución judicial implementada en el 2009 sigue obteniendo resultados para la estructura golpista, la incidencia es tal que, han sorprendido al Departamento de Estado, por un lado, evitando que funcionarios de alto rango del exdictador Juan Orlando Hernández aparezcan en la Lista o sean acusados en el sistema judicial hondureño, y, por otro lado; lograr que aparezcan 3 personas del actual gobierno y utilizar toda la maquinaria mediática de los medios de comunicación para colocar al gobierno de LIBRE como si ya fuera del nivel de corrupción que imperó con el Partido Nacional. El objetivo es hacia el siguiente proceso electoral del 2025 para mantener con vida al Partido Nacional y Partido Liberal y disminuir el impacto del arrollador triunfo de doña Xiomara Castro para llegar a la Presidencia de la República. De ahí que no es extraño las diferentes formas en que desde diferentes ángulos tratan de levantar movimientos de protesta, que por muy reducidos que estos sean, les dan la impresión de que el país vive en anarquía permanente.

Ya es el momento en organizar una movilización nacional en repudio de la estructura golpista que hace todo lo posible por desestabilizar el gobierno y para exigir la creación de una Corte Suprema de Justicia y una Fiscalía independiente de los grupos oscuros y corruptos.

El Departamento de Estado de USA ha sido sorprendido con sus instituciones de inteligencia, se puede decir muchas cosas de los políticos de acá, pero algo es seguro, que al menos lo que dice la Lista Engel sobre Casaña, Rasel Tomé y Flores Lanza es una completa ridiculez que solo beneficia la estructura corrupta y golpista que aún existe en el país y que mantuvo a Juan Orlando Hernández en el poder.

El triunfo del pueblo en noviembre de 2021 debe defenderse en las calles y en las redes sociales, no debe ser una Lista fundamentada en procesos judiciales de Jueces y fiscales corruptos la que opacará la transformación de Honduras.

Por Carlos M. Licona

En los años 2017 y 2019 el régimen “juanorlandista” avalado por la lesiva Ley Fundamental de Educación entregó la realización de los concursos docentes para optar a una plaza, a ONG que se lucieron en hacer fracasar los mismos. En el caso del realizado en el 2017 fue anulado por la casi total reprobación de los que participaron, entre los motivos para tan desastrosa evaluación fueron; las personas que elaboraron las pruebas no tenían el mínimo conocimiento de los contenidos a evaluar, ítems mal redactados, respuestas ambiguas o bien, preguntas de las especialidades como si fueran un requisito para obtener un postgrado en la universidad. 

En el realizado en el 2019 no hubo mucha diferencia, excepto que permitieron la aprobación de una mayor cantidad de docentes, sin embargo, el resultado inevitable  fue la masiva reprobación que sirvió para que los medios de comunicación al servicio de la narcodictadura desprestigiaran y se burlaran de los maestros.

Con el final de los 12 años de gobierno del Partido Nacional y como una medida salomónica para tranquilizar el sistema educativo que estaba siendo socavado por los maestros de PROHECO (Programa Hondureño de Educación Comunitaria) y docentes interinos se convocó a concursos fundamentándose en el Estatuto del Docente, de esta forma la Secretaría de Educación en consonancia con los colegios magisteriales asumen la responsabilidad de organizar y realizar los mismos hasta el momento en que se de por finiquitado el proceso después de un tiempo prudencial para que los maestros que lo consideren hagan sus respectivos reclamos.

Unidad, organización y atención humana

Tal y como lo ordena el Estatuto del Docente se conformó la Junta Nacional de Selección y las respectivas Juntas Departamentales, quitando de esta forma el poder que se le había otorgado a los activistas del Partido Nacional disfrazados de ONG en representación de la Sociedad Civil o de Sociedad de Madres y Padres de Familia. Según palabras de los mismos docentes que participaron en el 2017 y 2019, en esos años al realizar las inscripciones prevaleció el desorden y el maltrato a los maestros. Personas desconocedoras del contexto educativo realizaron las inscripciones y, obviamente, generaron la exagerada lentitud del proceso y en ambiente hostil a la condición humana de los aspirantes a plaza.

Sin duda alguna que, este es el inicio de una nueva etapa en la historia del magisterio, los seis colegios magisteriales en unidad realizando extensas jornadas de trabajo para humanizar el trato a los maestros que llegan a inscribirse. Son muchos de los mentores con experiencia de las organizaciones magisteriales que en todo el país  se han sumado a esta faena para que el resultado sea un éxito completo.

Todo el ímpetu de los sectores que estaban siendo utilizados por la estructura que aún se mantiene intacta de la narcodictadura fue sustituido por la esperanza que abre la realización del concurso docente. Se ha hecho el máximo esfuerzo por agilizar el proceso de inscripción y brindar condiciones cómodas a los maestros, la atención cordial y ágil de un docente a otro se manifiesta en comentarios positivos al culminar la faena  y hacer la comparación con el trámite de esos años nefastos del 2017 y el 2019.

Ahora, el turno es de la Secretaría de Educación para que tome las decisiones mejor acertadas tal y como lo vienen haciendo, entre más participación se le de a los colegios magisteriales mas se evidencia la transparencia de los concursos. Al finalizar los mismos se entra a otra ardua etapa de otorgamiento de plazas según lo manda el Estatuto Docente en que debe prevalecer lo ya estipulado en la Ley.

Los concursos se realizarán del 8 al 12 de agosto facilitando el proceso para ocupar las plazas vacantes. Desde ya, después de culminar el presente año lectivo, el llamado es para visualizar un proceso ambicioso a largo plaza para revolucionar nuestra Educación. Nuestro país debe salir del agujero en que caímos después de doce años de represión y retroceso en calidad educativa, para ello, se vuelve impostergable iniciar una intensa campaña para construir un modelo educativo acorde con nuestra realidad y en que, los mayores beneficiados sean los educandos de los centros educativos públicos.

El otro gran reto que aún tiene el gobierno de doña Xiomara Castro es la dignificación de la carrera docente, ya estamos en el primer escalón, el resto es seguro que se puede lograr con la unidad del magisterio.

Por Carlos Alberto Fúnez

Pretender solucionar la problemática educativa de un plumazo es imposible, de ahí que, se ha iniciado el restablecimiento de los derechos a los docentes con el llamado a concursos en el mes de agosto, al mismo se someterán los que aspiren a optar a cargos administrativos, técnicos docentes y plazas específicas para impartir clases. Después de una década en la que nuestra Educación fue maltratada por un régimen dictatorial empecinado en aplastar al magisterio se inicia por fin, la devolución de las conquistas cercenadas.

Han sido diez años en los que se realizaron solamente dos concursos que resultaron un fracaso completo, en los mismos, la dictadura le dio participación a la supuesta “Sociedad Civil” a través de ONG como ASJ, el desastre fue tan enorme que el del 2017 fue anulado y el del 2019 reflejó unos resultados que solo sirvieron para desprestigiar la carrera docente.

Un paso al frente las autoridades de Educación con dirigencias

Si bien es cierto que las dirigencias del magisterio siempre fueron cuestionadas junto a las autoridades educativas en el tráfico de influencias en la realización de los concursos y otorgamiento de plazas, resulta que con los doce años de la narcodictadura la medicina resultó peor que la enfermedad. La participación de sectores de la sociedad civil y el otorgarle el mando de los concursos a técnicos que ignoran absolutamente todo sobre educación solo complicó más la aspiración de los maestros que concursaron.

Estos últimos doce años marcarán en la historia de Honduras una etapa nefasta en el sistema educativo ya que; a la imposición de una  política educativa con el único propósito de someter a los docentes se le sumó la pandemia del COVID-19 (que ya va por los dos años y medio) más los huracanes Eta e Iota a finales del 2020.

Con el propósito de poner orden al caos dejado para la dictadura del Partido Nacional, las autoridades educativas bajo el mando del Secretario de Educación, Daniel Esponda, junto a las dirigencias del magisterio han llamado a concurso para que los maestros que han tenido truncadas sus aspiraciones puedan obtener su plaza en propiedad. De esta forma se inicia el desenredo de un laberinto muy bien organizado en estos doce años caracterizados por la violación a los derechos de los trabajadores.

Hay que aplaudir el trabajo que están haciendo los colegios magisteriales en un esfuerzo por cumplir con la calendarización de las actividades como; inscripciones, cursos propedéuticos, elaboración de pruebas, realización de los concursos, revisión y divulgación de resultados y, finalmente, otorgamiento de plazas según la ley del Estatuto del Docente.

Por la transparencia de los concursos y el respeto al derecho de todo docente según la Ley

La oportunidad a concursar también se les ha devuelto a los maestros de educación primaria, derecho que la Ley Fundamental de Educación les había eliminado. Corresponde el llamado ahora a las dirigencias del magisterio a realizar los concursos de forma transparente, sin tráfico de influencias ni favorecer a personas con “pruebas” adelantadas o bien, cambiando respuestas en la revisión. Sin duda alguna que, es el mismo magisterio que puede llevar a feliz término esta devolución del derecho a concursar; con autoridades en educación salidas de la misma dirigencia más los colegios magisteriales al frente de la organización y ejecución  de los concursos, no se pueden más que esperar resultados acordes según la Ley.

Deben ser honorables y con conciencia social los docentes llamados a sumarse a la organización de los concursos, de esta forma se evitará la incidencia de personas con agendas ocultas para desprestigiar el mismo, tal y como lo vienen haciendo con todo lo que ha hecho este gobierno desde que inició el 27 de enero.

Finalmente, se hace el llamado a todos los maestros que se mantienen en mora con la organizaciones magisteriales para hacer arreglos de pago con las cotizaciones que deben hacerse según la ley. En el caso del COPEMH, la constancia de solvencia se estará extendiendo como requisito para poder inscribirse en los concursos.

Todo maestro debe comprender que la única forma de mantener con independencia las organizaciones sindicales es con la cotización de los afiliados, si a las direcciones llegan dirigentes corruptos, oportunistas o incapaces es por el alejamiento de la base de las estructuras organizativas,  corresponde a la base elegir democráticamente a sus dirigentes y mantenerse vigilantes permanentemente al accionar de quienes dirigen las organizaciones, es la base la que debe apoyar a los mejores representantes a dirigir un colegio magisterial o las direcciones intermedias.

Por Sebastián Ernesto González

Ya no sorprende dar una vista rápida en los noticieros nacionales que durante doce años se mantuvieron al servicio del ahora preso, y, a la espera de ser enjuiciado en la ciudad de New York, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico “desde al menos alrededor de 2004, hasta alrededor de 2022, inclusive, Hernández, que fue presidente de Honduras durante dos mandatos, participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. http://www.justice.gov/NEWS

La posición tomada por casi la totalidad de los medios de comunicación, radiales y televisivos, fue alinearse con la estructura golpista que se enquistó en la administración del Estado y, que, destinaron miles y miles de millones para pagar el silencio del “Cuarto Poder” ,pero, además, obtener que los medios de comunicación transmitieran la información inclinada a favor de la narcodictadura, cuidándose de no tocar ni con el pétalo de una rosa la imagen del delincuente que se adueñó de un país.

Por supuesto, se exceptúan los medios de comunicación independientes que se mantuvieron a la par del pueblo en su lucha por romper el cerco mediático de los noticieros al servicio de JOH, que, aún ahora, se sigue evidenciando en la forma que transmiten y sobredimensionan la noticia. “No hay almuerzo gratis” dice el refrán, y, es muy notorio que el pago del dinero recibido se sigue haciendo aun y cuando se sabe y está comprobado que el latrocinio hecho por el Partido Nacional es descarado, cínico y criminal.

La estrategia de esconder la corrupción del PN y reducir la popularidad del gobierno de Xiomara Castro

Hay muchas formas de  manipular la noticia, sin embargo, los doce años de corrupción del Partido Nacional marcarán la historia del país y han generado conciencia en la población, incluso, dentro de los mismos militantes del partido “nacionalista”, tal y como lo ha manifestado el joven diputado nacionalista, Rolando Barahona, quien por ir en contra de las decisiones tomadas por la cúpula corrupta de su partido, fue expulsado del mismo por ocho años. La población ya no olvida y difícilmente el PN volverá al poder, al menos en corto plazo, la mejor prueba de que la población no olvida es la estrepitosa caída del Partido Liberal desde el Golpe de Estado del 2009.

La manipulación de la información, ahora, es a la inversa de la que se manejaba cuando Juan Orlando Hernández controlaba el país, mientras al delincuente le exaltaban todas las mentiras y le escondían toda la corrupción, o bien, minimizaban las protestas y los atropellos a los trabajadores, a la Presidenta doña Xiomara Castro le reducen el perfil haciendo creer que el que manda es Manuel Zelaya Rosales, que las leyes aprobadas en el Congreso Nacional son dañinas e invisibilizan los Decretos Ejecutivos de la Presidenta sin darle la importancia que corresponde a beneficio del pueblo.

La estrategia la tienen trazada desde el día que perdieron las elecciones; reducir al máximo el impacto de la corrupción y atacar a LIBRE para bajar la popularidad depositada en las urnas en noviembre del 2021. Al parecer, creen que dentro de tres años la población no recordará los doce años de oscurantismo y que nuevamente les favorecerá con el voto, obvian completamente, que con la existencia de las redes sociales se ha logrado romper el cerco mediático, que cada vez que cuatro personas se toman una calles o una oficina para reclamar lo que nunca hicieron con el delincuente de JOH, únicamente siguen acrecentando el repudio de la población.

 Errores que doña Xiomara debe evitar

Sin duda alguna que, en cinco meses de gobierno el principal error cometido entre otros, es nombrar en algunos altos cargos públicos a personas que no tienen la capacidad adecuada para desempeñarse, no basta con andar en las calles para creer que ya se tiene el derecho a ostentar un ministerio o un alto cargo administrativo, obviaron por completo dar una pequeña revisada a los perfiles de formación académica para elegir a los bendecidos, como consecuencia, ahora se tiene que el gobierno marcha en cámara lenta y que, las bases del Partido LIBRE se mantengan protestando por la falta de empleo. Situación que aprovechan los medios de comunicación -defensores de JOH- para dimensionar un país en anarquía y sin rumbo. Por eso, los sectores progresistas del sector organizado tienen el llamado a construir un “Cuarto Poder”, al servicio del pueblo para trabajar por un país justo e igualitario.

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