Por Carlos M. Licona

Después de 12 años del régimen represivo del Partido Nacional, la clase trabajadora se desbordó en las calles exigiendo: el respeto a los derechos laborales, cárcel para los corruptos, devolución de los derechos económicos eliminados, disminuir el desempleo, y,  reducción de los precios de la canasta básica. Sin duda alguna que, la multitudinaria movilización ha sido una de las más concurridas en el siglo presente, paradójicamente, la mayoría de las consignas fueron dirigidas a seguir condenando al narco Partido Nacional y a su máximo líder; Juan Orlando Hernández, ahora enjuiciado en la Corte del Distrito Sur de New York, y que, seguramente, pasará el resto de sus días  dentro de una cárcel de máxima seguridad.

Gobierno de LIBRE absorbe movimiento sindical

De forma inédita, la presidenta del Poder Ejecutivo y el Legislativo, doña Xiomara Castro y Luis Redondo respectivamente, se movilizaron junto al pueblo en la Ciudad de San Pedro Sula, mientras que, el expresidente Manuel Zelaya se movilizó en la Ciudad de Tegucigalpa.

A diferencia de las movilizaciones durante los tres gobiernos consecutivos del Partido Nacional, caracterizados por sangrientas represiones contra la clase obrera, este 1 de mayo no hubo un tan solo militar en todo el trayecto de la movilización, tampoco hubo “leyendas” en las paredes de la casa del Partido Nacional ni en las paredes de La Catedral en el Parque Central de Tegucigalpa.  Situación que dio realce a la conmemoración heroica de los mártires de Chicago.

El gobierno del Partido LIBRE es muy joven para hacer un balance general de las decisiones de las nuevas autoridades del Estado, sin embargo, no está demás señalar que toda la dirigencia sindical y gremial ha sido absorbida por el nuevo gobierno, al igual que lo fue en el Poder Ciudadano antes del golpe de Estado del 2009, y, nuevamente, se repitió la historia en el 2011 cuando se creó el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) que terminó engullendo casi toda la dirección sindical, gremial y popular del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

En todo balance es correcto enfatizar en lo positivo y lo negativo de las decisiones que se toman, así que, la derogación de la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), la derogación de la Ley de Empleo Temporal, y, la profunda revisión  que se hace para derogar la Ley Fundamental de Educación con sus 22 reglamentos, llenan a la población de esperanza para que se devuelvan todas las conquistas que eliminó la narcodictadura.

No obstante a estos logros que de forma lenta ha hecho doña Xiomara Castro, aun falta mucho por hacer, y, que, los líderes sindicales y gremiales están en la obligación de exigir, por ejemplo; en el caso del magisterio aún no se define el aumento salarial del 2022, la edad para jubilarse según la Ley que impuso Porfirio Lobo Sosa en diciembre del 2011 sigue siendo de 59 años para los maestros que ya se encontraban laborando en el momento que aprobaron la reforma, los maestros jubilados siguen exigiendo su derecho al beneficio del Seguro Social, los colectivos de barrios y colonias  del Partido LIBRE van aumentando su apetito laboral en cada día que pasa. El índice inflacionario sigue en ascenso reduciendo la capacidad adquisitiva de un desplumado Lempira. El aumento abusivo al costo de la energía eléctrica sigue asfixiando a las familias hondureñas, y, el reiterativo aumento al combustible ya casi está orillando a cada trabajador a medidas drásticas, no hay que olvidar las constantes denuncias de nepotismo o bien, los nombramientos en puestos clave de activistas del Partido Nacional.

Por una independencia absoluta de la clase trabajadora

Sin importar las buenas intenciones del gobierno de doña Xiomara, la clase trabajadora debe mantenerse independiente del gobierno de LIBRE, muchos de los funcionarios actuales fueron dirigentes de las organizaciones gremiales, y, ahora, son funcionarios que obedecen a un sistema capitalista burgués, las decisiones que tomen las nuevas autoridades que en varios casos son jóvenes recién graduados, estarán condicionadas por las trabas de la superestructura que se mantiene en las sombras dirigiendo los hilos. Es muy importante que los diferentes sectores laborales levanten ya un programa de lucha que unifique a todo el movimiento popular, campesino, sindical y gremial, pero, sobre todo, salir a las calles para desmantelar la estructura criminal que aún está insertada en la administración pública.

Por Frandav Lifú

El jueves 21 de abril fue extraditado hacia los Estados Unidos de América el narco dictador Juan Orlando Hernández, electo fraudulentamente como presidente de la república, en el periodo 2014-2018, y, además, siendo la segunda vez (2018-2022) reelecto con un fraude aun más descarado y una reelección ilegal.  Decir que Juan Orlando Hernández todo lo hizo solo, es ser ingenuo y, agenciarle atributos de “superpoderes” a un simple delincuente de una estructura criminal que con un plan maquiavélico se apoderó de toda la institucionalidad del país.

Al perder el Partido Nacional el poder, se ha quitado el control de las cabezas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sin embargo, aun se mantienen intactas las estructuras muy arraigadas dentro de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Poder Judicial, la fiscalía de la República y toda una red de corrupción en gran parte de la institucionalidad del Estado.

La CSJ cómplice y aliada de JOH desde el 2009  

La Corte Suprema de Justicia fue un poder vital para el ascenso al poder de JOH y de la consolidación de su estructura criminal que; logró cimentarse en el Estado. En el 2009 fueron  electos los 15 magistrados de la CSJ que validó, legalizó y legitimó el golpe del 28 de junio del 2009, de los quince magistrados 8 fueron del Partido Liberal y 7 para el Partido Nacional, el Presidente del Poder Judicial fue Jorge Alberto Rivera Avilez.

El periodo de la CSJ 2009-2016 fue caracterizado por un amor ciego con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en primera instancia, y, luego, con Juan Orlando Hernández. Exceptuando algunos casos en que jueces o magistrados actuaron en contra de la estructura golpista, y, que, por estar en contra, fueron destituidos de sus cargos, por ejemplo; los jueces despedidos del Poder Judicial en el 2010 por haberse pronunciado en contra del Golpe de Estado “la Corte Suprema de Justicia decidió el pasado 5 de mayo, con el voto favorable de 10 de sus 15 magistrados, los despidos de Guillermo López, Tirza Flores, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez y Osman Fajardo”. ELPAÍS (15/05/2010). 

El 12 de diciembre del año 2012, el Congreso Nacional que dirigió Juan Orlando Hernández, destituyó a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, aunque el pretexto fue que dichos jueces le habían bateado varias leyes a Porfirio Lobo Sosa, lo cierto fue que; pusieron jueces afines a los propósitos tanto de Lobo Sosa como de JOH, para despejar el camino de aprobación de leyes lesivas a los intereses de los hondureño, como lo fue por ejemplo; aprobar la famosas Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), Ley derogada esta semana por el gobierno de doña Xiomara.

La votación para destituir a esos 4 magistrados fue de 97 diputados a favor y 31 en contra. Ese Congreso Nacional estaba conformado en su mayoría por 71 diputados del Partido Nacional, pero, tenían el apoyo incondicional de los 5 diputados de la Democracia Cristiana, 4 de la UD y varios diputados del Partido Liberal.

Rolando Argueta y sus 14 magistrados deben ser destituidos

En enero del 2016, después de varios días de mucha incertidumbre, uno a uno fueron eligiéndose en el Congreso Nacional que dirigía Mauricio Oliva, los 15 magistrados de la CSJ actual (periodo 2016-2023), cada aspirante tenía que obtener 86 votos a favor (para ser electo magistrado) de los 128 diputados. La conformación de ese Congreso Nacional fue muy diferente a la del 2010-2014, sin embargo, no hubo obstáculo para que el dictador se siguiera saliendo con la suya; comprando la voluntad, incluso, de varios diputados que salieron electos por el Partido LIBRE y del PAC (Partido Anticorrupción de Nasralla). Así que, Juan Orlando Hernández para lograr la elección de los 15 magistrados que le fueran leales, incluyendo al Presidente actual, Rolando Argueta, tuvo que soltar una danza de muchos millones de lempiras para alcanzar su propósito de allanar la ilegal reelección y mantener la impunidad a sus fechorías.

Rolando Argueta, junto a los otros 14 magistrados han bailado al son que tocaba el dictador extraditado, esperar hasta el 2023 para la elección de la nueva corte es seguir permitiendo la impunidad a la estructura criminal que aun se mantiene intacta. El Congreso Nacional  actual debe destituirlos de una vez por todas, el pueblo hondureño debe manifestarse en las calles para exigirle al gobierno de doña Xiomara y al Congreso Nacional la inmediata destitución de la actual CSJ y del Fiscal General.

Por Sebastián Ernesto González

El 7 de abril los transportistas paralizaron el servicio público exigiendo aumentos a las tarifas, como argumento plantearon el encarecimiento del combustible  a consecuencia de la guerra en Ucrania. Es entendible que en dos años de pandemia uno de los rubros más afectado fue el transporte, a la crisis del virus hay que agregar el alto costo del combustible que dispara los precios en todas direcciones.

La paralización obligó al gobierno a sentarse con los representantes del rubro, el martes 12 de abril,  consensuado en medio de la Semana Santa, aumentos al precio del taxi colectivo, al transporte interurbano y subsidio al transporte ejecutivo.

En el grupo de los transportistas hay que diferenciar los magnates de los dueños de una sola unidad, sin duda alguna que, este segundo grupo ha sido el más sufrido en toda esta alza inflacionaria, por lo que si era necesario un ajuste a las tarifas. En el caso de los taxis colectivos solo se oficializó un aumento de cinco lempiras y se les concedió que ya podían subir un cuarto pasajero que se había eliminado a consecuencia del virus COVID-19. Al transporte interurbano se les concedió un aumento de 90 centavos por kilómetro y el servicio ejecutivo logró un subsidio.

La triste realidad de los pasajeros

Si bien es cierto que el grupo más maltratado en esta crisis necesitaban el aumento, no se puede abordar el tema sin señalar el pésimo servicio prestado por los trabajadores del transporte, el cual se convierte en un martirio diario para los ciudadanos que lo utilizan, quizás, más que lamentar los aumentos que ya nunca van a rebajar, es el hecho de que el servicio seguirá siendo una angustia permanente, iniciando por la cantidad de personas que sobrepasan la capacidad de cada bus, el maltrato vulgar e irrespetuoso que hacen ayudantes y choferes, hasta soportar que; bajo el efecto del alcohol o de las drogas estos empleados de las unidades pongan en riesgo la vida de los pasajeros.

Un día de trabajo para un ciudadano que se moviliza en bus, se inicia soportando la ansiedad del chofer y el ayudante producto del deseo por llenar la unidad hasta que ya no quepa un alfiler, en el transcurso del subir pasajeros hay que soportar que muchas personas pasen muy pegadas por detrás o por delante, casi fusionándose los cuerpos unos con otros. En este pasar o sobrepasar personas paradas o sentadas, se tiene que estar escuchando los insultos y amenazas de un ayudante mal vestido y con cara drogada, luego, al momento de bajarse en el lugar que corresponde hay que convertirse en un “hombre araña” para no quedar restregado en el pavimento. Desde el momento en que hay que subirse en el bus hasta el momento en que hay que bajarse debe soportarse con mucha paciencia la música estridente que repercute en los oídos, que en la mayoría de los casos es reguetón.

Hasta ahora, ningún gobierno o autoridad ha legislado para obligar a los transportistas a que brinden un correcto servicio donde se respete la dignidad de las personas. Generalmente, los magnates del transporte son los dueños de centenares de unidades recibiendo por cada una de estas una tarifa diaria que el chofer de cada bus está en la obligación de pagar, estos a la vez, con ayudante o sin él, andan todo el día como almas que se las lleva el diablo para obtener el dinero que corresponde a la tarifa, costo del combustible más guanacia del día.

Así que, ni los dueños del transporte ni los empleados del mismo tienen un atisbo por prestar un buen servicio a la ciudadanía, que en la mayoría de los casos; son mujeres, niños y personas de la tercera edad los más afectados.

En este momento se entiende el aumento al transporte, sin embargo, debe obligarse a los transportistas y sus empleados a que den un servicio de respeto a los pasajeros.

Los trabajadores necesitan aumento para cubrir el alza al combustible

 No ha pasado ni un mes desde que se decidió el aumento al salario mínimo cuando este ya fue absorbido por la inflación a consecuencia del precio del crudo. Esto vuelve una necesidad inmediata que se le aumente el salario a los trabajadores, si bien es cierto se aumentó al salario mínimo, debe existir un reajuste al mismo y además, aprobar el aumento de salarios a los empleados públicos y demás gremios. La única forma de contrarrestar esos aumentos es mejorando los salarios.

Por Carlos Alberto Fúnez

El gobierno de doña Xiomara Castro ha causado gran alboroto con el llamado a clases presenciales a partir del 18 de abril, por un lado, los sectores que consideran que los educandos muy poco han obtenido con dos años alejados de los centros educativos. Por otro lado, algunos dirigentes magisteriales que consideran que el retorno a la presencialidad inmediatamente después del receso  de semana santa; ocasionará un aumento en el nivel de contagio de COVID-19, situación que podría desencadenar la muerte de maestros y educandos.    

Entre los riflazos de uno y otro lado se encuentran los educandos, que son los mayores perjudicados al mantenerse alejados de los docentes, y, los mas beneficiados con el retorno a clases presenciales en su totalidad.

Diferencias entre dirigentes, un nudo giordano milenario

No se puede hablar de aplicar políticas educativas sin antes caracterizar a los presidentes de los colegios magisteriales. Las personas que dirigen ahora al magisterio son totalmente diferentes a los dirigentes de la década de los ochenta y hasta noventa, años en que no existían riquezas y por el contrario, los dirigentes ponían dinero de su bolsa para financiar actividades de lucha. Poco a poco el burocratismo fue absorviendo a las figuras actuales, y, estas a la vez, fueron creando feudos de los que se niegan a salir, considerándose dueños muchas veces de las finanzas y de los bienes de las organizaciones.

Actualmente es muy evidente la fragmentación de las dirigencias; algunos que, han pasado a ser funcionarios del gobierno de LIBRE mientras otros tienen como aspiración no perder el control de la organización que dirigen. En el caso del COPEMH y COPRUMH existe una seria diferencia desde la lucha de marzo del 2011 que aun sigue pesando en la unidad de los maestros, esta fricción se acrecentó a madiados del 2019 en la lucha contra el régimen de Juan Orlando Hernández por la derogación de varios PCM (decretos Por Consejo de Ministros).

Con el nombramiento del dirigente del COPRUMH, Daniel Sponda, como Secretario de Educación, se aumentó la incomodidad en los docentes por la decisión del ahora ministro, de reunirse con funcionarios del exdictador en plena lucha del 2019. Para nadie es desconocido que varios de los dirigentes del magisterio se promocionaron desde el triunfo del Partido LIBRE el 28 de noviembre del 2021, para ser el titular de educación. Creándose de esta forma un ambiente corrosivo entre los nuevos funcionarios de Educación y sus anteriores compañeros de lucha en las calles. Edwin Hernández y Jaime Rodríguez son expresidentes del COLPEDAGOGOSH y COPEMH respectivamente.    Edwin Oliva fue presidente del COLPROSUMAH y es el Secretario General de la Secretaría de Educación.

Mientras los funcionarios actuales coinciden en la necesidad de las clases presenciales, el otro sector que se mantiene principalmente en la dirigencia del COPEMH y PRICPHMA, han venido variando el discurso; 1) que no existen condiciones en los edificios, 2) que no existen implementos de bioseguridad, 3) que el oficio donde se da la orden es inentendible y contradictorio, 4) regresar a clases en la forma presencial, traerá como consecuencia el aumento exponencial de personas contagiadas de COVID y, en su defecto, de muertes. 5) desde el 1 de febrero estamos en clases.

A recuperar lo que la cuarentena se llevó

Si hay que Hablar de culpables en este retroceso en la educación pública es hablar de 12 años de una dictadura que nunca se interesó en una educación de calidad, es hablar de las dirigencias del gremio que han vegetado en los colegios magisteriales, es hablar de una universidad que es la encargada de formar a los nuevos licenciados en educación, es hablar de políticas desatrosas.

El gobierno lleva casi los tres meses de haber iniciado, es ser intransigente el despotricar por una medida correcta que beneficia a nuestros educandos. El dirigente consecuente en estos momentos no debe levantar banderas de lucha que reflejen la división entre colegios magisteriales. Para avanzar en educación en este momento pasa por empujar todos en la misma dirección.

Es un buen momento para converger con la alegría de la mayoría de la población, y, a la par, iniciar un diálogo encaminado a mejorar la calidad educativa, negociar los aumentos salariales y remediar de una vez por todas la jubilacion digna que la dictadura se robó.