Por Francisco Machado y Miguel Herrera

Desde el 2015, tres compañeros, Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla, han sido el blanco de persecución de las autoridades universitarias, quienes se ensañaron con los compañeros dándoles primero sanciones administrativas y después llevándolos a los tribunales del país a ser juzgados por los cargos de usurpación, sedición y otras sandeces jurídicas aplicadas por excelencia a estudiantes; lo misma situación le pasaría al compañero también judicializado, Darío Morán.

La firma de los acuerdos del 28 de junio de 2016 otorgaba la garantía a los compañeros de quedar libres de las acciones penales, pero las autoridades universitarias valiéndose de vacíos legales, no llevaron a cabalidad este punto, permitiendo que siguieran los juicios contra los tres compañeros, quienes hoy enfrentan un injusto veredicto que los estaría llevando a prisión.

Este injusto hecho derivó en acciones como la toma del edificio administrativo y en la violación de la autonomía universitaria el 16 de junio, en donde se invadió el recinto universitario y los elementos cobras sacaron a puro golpe y fuerza bruta a seis compañeros que ahora enfrentan absurdas acusaciones de secuestro, cuando los verdaderos secuestradores fueron los violentos cuerpos armados.

En solidaridad con los tres compañeros imputados culpables, el miércoles 24 de mayo un grupo de 20 estudiantes se apostaron en una toma del edificio administrativo en Ciudad Universitaria con el objetivo de denunciar la política criminalizadora de las autoridades universitarias; como acto de intimidación, miembros de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA) usando capuchas, gas pimienta, palos y machetes, dieron persecución interna a los compañeros, agrediendo también a un periodista que cubría los hechos a las afueras del edificio. Estos 20 compañeros fueron desalojados por la Policía y acusados de usurpación del bien público, además de ser considerárseles un cargo por privación de la libertad en perjuicio de miembros de la ESPA.

Estos hechos vienen a profundizar el estado de persecución que la administración de Julieta Castellanos ha tenido en contra de cualquier disidencia, ya sea docente, de trabajadores o estudiantil; extendiéndose no sólo a términos penales, sino también a sanciones académica, que sin excusas peyorativas contra el perfil académico de la o el estudiante que lucha, ya ha desconocido el reconocimiento por la excelencia académica de dos compañeras, lideresas del movimiento estudiantil: Marta Silva y Marcia Gutiérrez.

Por si fuera poco, creemos que derivado de la criminalización de los veinte compañeros que se tomaron el edificio administrativo, se han venido dando amenazas de muerte a estudiantes, de las cuales una pudo concretarse en el asesinato del padre de uno de los veinte estudiantes criminalizados. No sabemos con precisión quiénes son los que encargaron este asesinato y mucho menos quiénes lo perpetraron, pero sí evidencia que la crisis universitaria ha desatado un ambiente de inseguridad notable para los compañeros que sostienen la lucha.

Ante todos estos escenarios de persecución, criminalización y hasta intimidación y amenazas a muerte, invitamos a los compañeros del movimiento estudiantil a tomar precauciones de seguridad, pero no abandonar las acciones encaminadas a la democratización de la UNAH; las autoridades pulverizaron los acuerdos y continúan criminalizando estudiantes, esto da pautas para no retroceder ante esta intransigencia de parte de ellos.

Incitamos a los compañeros a sumar fuerzas en esta lucha con otros sectores sociales: las comunidades indígenas organizadas y la plataforma de movimientos sociales que las articula por ejemplo. Hay que estar atentos y advertir las intenciones del gobierno cachureco de turno, que espera con ansias la radicalización de la crisis para meter mano en esta valiosa institución. Noviembre se acerca, mes en donde se llevarán a cabo las elecciones generales en el país, lo que augura dos momentos claves en la política del país: escogencia de nuevo rector en la UNAH y el posible triunfo o derrota del intento reeleccionista del actual presidente Juan Orlando Hernández.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado también a toda la sociedad hondureña para emprender una defensa legítima de la autonomía universitaria. La garantía del pleno desarrollo de las actividades académicas no puede supeditarse a la agresión policial o militar en contra de la comunidad universitaria; la construcción de una universidad responsable y vinculada con las múltiples problemáticas sociales, económicas y políticas del país debe ser un ejercicio compartido con todos los sectores, siendo más que nunca fundamentales en la salvaguarda de la integridad física y psicológica de los compañeros en lucha.


Por Ricardo Velásquez

Nuevamente lo han hecho; asesinar a un luchador. El turno fue para Roberto Antonio Gómez, padre del estudiante Johan Gómez, las balas asesinas le quitaron la vida el viernes 23 de junio muy temprano, al respecto, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta castellanos lo catalogó como algo “normal”. Criterio.hn (23/062017).

La diferencia en esta ocasión es que un día antes, el señor Roberto Gómez acompañó a su hijo a los juzgados, quien ha sido procesado junto a otros 19 alumnos por el delito de usurpación y privación de la libertad en perjuicio de la UNAH.

En declaración a medios de comunicación el día jueves 22, Roberto Gómez manifestó “Estamos en contra de este atropello que está haciendo la universidad tratando de quitarle derechos a los estudiantes y esperamos que esto se solucione de la mejor manera…y que a ellos los dejen en libertad”. Don Roberto fue muy notorio en los medios de comunicación el día jueves 22, donde apareció con un cartel en el que se leía “Quiero que mis hijos tengan una educación pública de calidad, sin represión ni autoritarismo. El padre consiente aquí está presente”.

Esa es la gran diferencia entre la muerte de otro mortal y la de Don Roberto, asesinado en un país donde la institucionalidad solo existe para beneficio de los saqueadores del erario público, donde los operadores de justicia están al servicio de Juan Orlando y sus secuaces como Julieta Castellanos, donde la Corte Suprema de Justicia cumple al pie de la letra la criminalización de la protesta, en esta ocasión a pedido de la señora rectora.

El pecado de Don Roberto fue sumarse a la lucha que libran los estudiantes en contra de la criminalización de la protesta, 20 estudiantes incluyendo su hijo fueron acusados por delitos ridículos como ser el de “usurpación” y “privación de la libertad”, es de recalcar que estos alumnos fueron arrestados porque protestaban en contra del juicio que se le realizan a otros tres enjuiciados por la Rectora y que les siguen proceso judicial en los juzgados.

Lucha universitaria puede hacer resurgir el clamor popular

La lucha que libran los estudiantes universitarios viene a dar una esperanza de que el pueblo vuelva a levantarse como lo hizo en la primera década del siglo o como se hizo después del golpe de estado, esta lucha los muchachos la han logrado mantener aun cuando el régimen logra imponerse a través de la ilegalidad y del control de toda la institucionalidad burguesa, la detención y proceso de los 20 alumnos ha venido a elevar el descontento de la población estudiantil y las movilizaciones y tomas de edificio vienen en aumento. Lo que sucede en la UNAH es algo que debe ser de interés a todos los padres y madres de familia, quienes ya deben sumarse a la lucha en contra de la criminalización de la protesta.

El autoritarismo de la administración de la universidad se manifiesta en todos los sentidos, hechos como contratar vigilancia privada que da seguimiento a los alumnos líderes, infiltrar el movimiento estudiantil, permitir que la policía ingrese libremente a los predios universitarios, suspender becas, judicializar a los alumnos detenidos, crear bloques de choque, son acciones a las que recurren las autoridades para debilitar la lucha, pero en esta semana el efecto ha sido contrario y más bien los estudiantes se han fortalecido.

Pero el fortalecimiento de la lucha estudiantil lleva un peligro implícito; el tener más alumnos procesados o en el peor de los casos, asesinados. La única forma de contrarrestar este peligro es llamando a todo el estudiantado que se sume a la lucha y convocar a padres y madres de familia. Es tanto el malestar en el alumnado que ya se exige nuevamente el “Fuera Julieta”, a pesar de que solo le quedan meses al frente de la UNAH, siempre y cuando no sea reelecta.

Las amenazas de la señora rectora no se detienen y las dejó muy claro afirmando que “… si los jóvenes continúan con las protestas…en tanto si en sus acciones infringen la ley, serán sancionados conforme a las normas internas o si trascienden a otros escenarios que linden con el delito, serán juzgados por los órganos judiciales. LT (24/06/2017)

La actitud de Julieta Castellanos es la misma de Juan Orlando ante cualquier vestigio de lucha de los trabajadores o de lucha popular; aplastar el movimiento sin importar si se violenta la ley.

Es el momento para apoyar el movimiento estudiantil universitario, esta puede ser una llama que se extienda en todo el movimiento popular.

¡El padre de familia consiente aquí está presente!


Por Francisco Machado

En las universidades estatales de Latinoamérica se fraguaron las oposiciones más francas contra los sistemas dictatoriales y militares que asolaron el siglo XX en nuestros países. México, Chile, Argentina, Guatemala y otros países hermanos, vieron cómo los gobiernos envestidos de armas y control militarista, propinaban golpes a la ya frágil libertad de expresión ejercida por estudiantes y civiles disidentes de aquellos regímenes nefastos.

Centroamérica no era la excepción a esta regla impuesta por aquellos gobiernos represores, asesinos de jóvenes estudiantes que enfundaban libros, pensamientos, e ideas, en oposición a aquel absurdo sistema que arremetió con las armas, persecución y asesinatos: en Guatemala Oliveiro Castañeda de Léon, asesinado el 20 de octubre de 1978 por el ejército; y más cerca de nosotros, Eduardo Becerra Lanza, desaparecido el 1 de agosto de 1982.

La criminalización que se ha venido dando en la Universidad Nacional ¿Autónoma? de Honduras desde el 2015 –primero con los tres compañeros que ya enfrentaron un veredicto injusto y desfavorable que los condena por delitos absurdos de usurpación, y luego los 20 compas que hoy 15 de junio esperaban las igualmente absurdas y mal infundadas sanciones por la toma del edificio administrativo– ha desembocado en la expresa violación de la autonomía universitaria que expele cualquier presencia sanguinaria de militares.

¿Cómo pueden las autoridades universitarias despachar a la ligera y disponer a su libre interpretación y usanza, las repercusiones de un siglo XX que fracasó en la defensa de la vida de muchos estudiantes asesinados a diestra y siniestra por órdenes de los Estados, y los abyectos militares? Los tiempos actuales no se prestan para dejar en el olvido estos viles asesinatos. Las universidades públicas y autónomas no coinciden con las contestaciones represivas de los gobiernos que mandan militares a aniquilar a estudiantes: las sangrientas armas no son compatibles en ningún sentido con las nobles ideas.

Hoy 15 de junio de 2017 mientras 20 compañeros en el IUDPAS recibían sanciones administrativas por parte de las autoridades, militares irrumpieron en el edificio de Química y Farmacia de la Universidad intimidando a estudiantes y pacientes, y lo peor de todo, sacando a varios compañeros del recinto universitario para trasladarlos a una posta policial. Mientras estén pendientes temas como el cese total de la criminalización de estudiantes –más de 20 compañeros criminalizados–, un tan esperado diálogo abierto y sincero que diluya los intrincados temas de las elecciones estudiantiles y las normas académicas, estaremos ahogados en la crisis que la administración actual de la UNAH ha creado: entiéndase la arbitraria administración de Julieta Castellanos.

Llamamos a todos los grupos, corrientes, frentes estudiantiles, asociaciones, etc., a cerrar filas contra la criminalización de las luchas estudiantiles, a luchar unidos repudiando la actitud de Julieta Castellanos. Llamamos a cerrar filas en la defensa de los estudiantes procesados, así como no permitir nuevas violaciones a la autonomía universitaria.


Por Francisco Machado

El pasado miércoles 7 de junio dieron la sentencia a los tres compañeros criminalizados por acuerpar la lucha del movimiento estudiantil en el 2015, en aquel momento el movimiento exigía la derogación de las normas académicas, la total democratización de la universidad y el cese de la criminalización de estudiantes. Exigencias que todavía permanecen latentes. Como es de esperar, el sistema de justicia del país demostró estar abismalmente corroído, dándole fácil escapatoria a corruptos como Mario Zelaya –responsable del desfalco del Seguro Social–, y negándoles la plena libertad a tres heroicos estudiantes defensores de la educación pública: Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.

En el contexto de la crisis de la universidad –donde todavía están pendientes temas como la elaboración de nuevas normas académicas, la participación legítima de representantes estudiantiles en el gobierno universitario y el agudo problema de la criminalización de compañeros–, la extensión de las autoridades universitarias y la cruda estrategia de exponer a los tres compañeros al sistema fallido de justicia, vuelven notable la desesperación de las autoridades de la universidad por defender la ya antidemocrática Cuarta Reforma Universitaria, que se sostiene en una suerte de despotismo conjugado con censura y aprensión.

La denuncia de los organismos de derechos humanos a nivel internacional y nacional no hicieron espera al condenar este cobarde acto de persecución de parte de las autoridades de la universidad; sectores del movimiento social del país también manifestaron repudio hacia esta sucia maniobra de las autoridades de esta institución.

La persecución y criminalización continúan

Las acciones de criminalización hacia los tres compañeros han desembocado en la absurda sentencia contra Cesario Padilla de la carrera de periodismo, Moisés Cáceres de sociología, y Sergio Ulloa de trabajo social. Compañeros que, al parecer, miran promisorio el encierro injusto en alguna cárcel del país. Un grupo de combativos estudiantes encabezó la toma del suntuoso edificio administrativo el pasado miércoles 24 de mayo; esto desencadenó otra ola de criminalización, que encausaría a los compañeros a otro proceso legal en donde las autoridades universitarias volvieron a cumplir su papel de cobardes verdugos.

Actualmente estos compañeros esperan una fuerte sanción administrativa que los desahuciará de la garantía de ser “estudiantes” universitarios para enfrentarse en calidad de civiles, es decir inermes y desprotegidos, contra el gigante corrupto que es el sistema de justicia hondureño.

Rectoría lleva la persecución y sanciones a lo interno de cada carrera

Recientemente se han venido dando persecuciones internas en la UNAH, pero figuraban en lo clandestino y todavía no en la visibilidad legal, estas eran patrocinadas por rectoría y llevadas a cabo por la empresa de seguridad –llamada ESPA– que contrataron las autoridades desde 2013. A esto se añade la rotunda cobardía de algunos docentes, jefes de departamentos y decanos, que mostraron ser más que canallas, y además elegantes esbirros cobijados por su estúpida credibilidad a los ascensos de puestos cedidos por las autoridades: de allí la notoria figura de la elegante vicerrectora académica –Belinda Flores–, campeona en denuncias hacia estudiantes de economía.

Apenas dos días atrás, circuló un oficio en donde la rectoría explícitamente ordenaba a los decanos y decanas, directores de centros regionales y las demás autoridades inmediatas de facultades y carreras, “la revisión de los expedientes de los estudiantes y sus diferentes desempeños en su vida estudiantil, esta solicitud se requiere previa a la graduación de este sábado 10 de junio de 2017”. Al parecer se quiere privar de los méritos académicos a los compañeros que protestaron y protestan en contra del régimen de Julieta Castellanos.

El 10 de junio una compañera de la carrera de Historia, Martha Silva, luego de su plena graduación no vio escrito el mérito académico en su respectivo título de graduada, lo que deja por sentado el atrevimiento y sórdido proceder de las autoridades universitarias que parece que erigen un estado policiaco de persecución y censura, en vez de la supuesta y ruidosa academia que tanto pregonan.

Socavar la información personal de los estudiantes; derribar sus méritos; estropearles sus planes de ser candidatos a becas –desde luego, por la falta de dinero que nos agobia a casi todos los estudiantes de esta universidad–; el hecho de imaginar una pizarra llena de información completa de los estudiantes que protestan, cedidas de paso al vil y asesino sistema policial; todo esto vuelve preclara la contundencia que tenemos al rechazar el continuismo de Julieta Castellanos, y toda la bola de seguidores que aplauden todas sus acciones y proyectos.

El mismísimo militarismo aniquilador de estudiantes y militantes de izquierda parece estar entronizado en la UNAH. Las ironías y paradojas dejan boquiabierto a cualquiera: una estudiante de sociología que simpatizó con la izquierda en los ochentas, denunciante del militarismo en sus publicaciones, hoy arremete contra estudiantes, confiándolos al sistema de justicia que ella misma preconizara injusto, y lo peor de todo, embestida de escrupulosidad militarista que pone en pizarrones el rostro de lo que ella antes representara.

La universidad ya figura como un compartimento estanco de donde brotan indicios de autoritarismo, represión y censura. Lo primero surge con la figura autoritaria de la rectora Julieta Castellanos instaurada desde el 2008, quien a punta de absolutismo moral y aprehensión de cuanta ley, sanción y norma le parezca, penaliza y trasgrede derechos fundamentales de reconocimiento universal y nacional como el de la protesta e ideas de fundamentos contrarios.

Lo segundo se conjuga con lo primero y cristaliza en persecuciones internas: absurdas sanciones, como quitarle menciones honoríficas a compañeros de excelencia académica; y lo tercero y último no es otra cosa que el imperio de la palabra que mantienen periódicos como “Presencia Universitaria” y demás medios escritos, digitales y televisivos de la UNAH. La Universidad ungida desde el 2004 por la Cuarta Reforma Universitaria ha encauzado la opinión hacia un solo bando, un ridículo elogio de la administración de Julieta Castellanos que notablemente ha mejorado instalaciones de infraestructura, pero despachado a punta de garrote la democracia universitaria, dejando sin voz y participación legítima a los estudiantes en el gobierno universitario.

En el día del estudiante la exigencia es la libertad de los tres compañeros criminalizados

El domingo 11 de junio se llevó a cabo una movilización de estudiantes comenzando por el hospital Escuela hasta la Universidad. Las consignas correspondieron a la exigencia de la libertad de los tres compañeros juzgados culpables por los tribunales de justicia del país. Resulta inconcebible cederle paso al festejo en este día del estudiante, a sabiendas de la frágil condición en la que se encuentra el ejercicio pleno de los derechos irrenunciables como el de la protesta, y el de la libertad de expresión.

La movilización no estuvo tan concurrida como en años anteriores por lo que es necesario volver al rigor de la información detallada de la problemática en cada una de las asociaciones de carrera. La mayoría de estudiantes que nutrieron el movimiento estudiantil en el 2015 y 2016 surgieron por la aplastante presencia de las normas académicas hoy en vilo; al parecer la figura trasgresora de derechos humanos como lo es la criminalización de estudiantes puede llegar a sensibilizar a más compañeros de la UNAH, pero es urgente la difusión de la problemática.

Protestas y tomas hasta ver fuera a Julieta Castellanos

Inmediatamente al darse a conocer el dictamen del ministerio público, para los tres compañeros criminalizados, no tardaron en pronunciarse los distintos estudiantes pertenecientes a las asociaciones estudiantiles, movimientos independientes y estudiantes conscientes de esta problemática. La máxima de las luchas dignas y justas prevalece: se logra la democratización a punta de exigencia y reclamo, nunca con pasividad y remilgos.

Las autoridades universitarias ejemplifican a los típicos tiranos que, cegados de arrogancia, frialdad y desmesura, se creen con la suficiente potestad de arrancarle cualquier indicio de derechos y libertades a los pueblos que los sostienen, y que ya pronto los derriban. Desde el PSOCA alentamos a los compañeros del movimiento estudiantil y a todos los estudiantes conscientes a volver sistemático su reclamo por democratizar la UNAH.

El llamado es a los compañeros de las carreras históricamente combativas como lo han sido las de Ciencias Sociales, Humanidades, entre otras, a estar alertas, pues sus mismas autoridades de facultad, como lo son los decanos y decanas, y demás profesores esbirros de las autoridades, pueden prestarse al régimen policiaco que instauró rectoría, a modo de sancionarlos y quitarles sus bien obtenidos méritos.

El problema inmediato reside en las acciones desmesuradas de las autoridades, que están erigiendo un régimen de persecución interno en la Universidad, en este sentido la contraofensiva debe de ser la difusión de toda la problemática en las asambleas estudiantiles, tomas esporádicas y momentáneas, y nutridas movilizaciones internas y externas que aglomeren a los sectores populares sensibles a la problemática de la criminalización de estudiantes.


Por Ricardo Velásquez

El día martes 6 de junio, la Secretaría de Educación presentó el quinto Informe Nacional de Desempeño Académico, en el cual se presentan los niveles de aprendizaje en matemáticas y español entre el primero y noveno grado, de Educación Básica.

Según el documento, los niveles de aprendizaje permanecieron estancados en el período 2014-2016. La Secretaria de Educación a través del proyecto “Mejorando el Impacto al Desarrollo Estudiantil de Honduras (MIDEH) deja en evidencia que la política del estado en materia educativa ha sido un rotundo fracaso. No es de extrañar el tan evidente fracaso, cuando la política educativa actual deja al margen a uno de los actores principales en el contexto: Los Docentes. Pero también hicieron a un lado a los alumnos, padres y madres de familia.

Durante los últimos 7 años, el estado a través del ex Ministro de Educación, Marlon Escoto, se dedicó a implementar medidas tendientes a mermar las conquistas de los docentes y, por otro lado, a reducir el nivel de exigencia en los educandos para que aprobaran las asignaturas respectivas. Los “oficios” del ex ministro se volvieron el pan de cada día de los docentes, en los cuales se manifestaba el propósito de que los alumnos se aprobaran sin siquiera obtener las competencias mínimas de aprendizaje. Sin lugar a dudas, que las áreas más afectadas en los niveles de aprendizaje son precisamente Matemática y español. Siendo la asignatura de matemática la que presenta mayores dificultades.

El informe se realiza, teniendo como insumos la información obtenida de la aplicación de pruebas de fin de grado de español y matemáticas del primero al noveno grado del país. Tal evaluación se realizó en noviembre del 2016 en 649 centros educativos en los 18 departamentos de Honduras, escogidos en forma aleatoria.

El informe concluye que es la asignatura de matemáticas donde se reflejan las mayores dificultades y que los alumnos del área rural tienen menor desempeño que los del área urbana. Este hecho tampoco es casual, en el caso del marginamiento y exclusión en que están sometidos los alumnos del área rural, viene a repercutir en su desarrollo de aprendizaje.

El Director del Proyecto Mejorando el Impacto al Desempeño Estudiantil en Honduras (MIDEH), Rusbell Hernández, manifestó “…los avances…se pueden ver en diferentes dimensiones porque en matemáticas y español algunos grados han mejorado, otros se han estancado y otros están igual lo que significa que en el promedio nacional el país se encuentra igual que en los últimos cuatro años…”. DiarioElArticulista (06/06/2017).

Lo anterior no es más que aceptar que el estado ha fracasado en educación, en los últimos 8 años principalmente, donde se ha reprimido salvajemente al magisterio en materia económica, donde la aprobación de los alumnos solo ha interesado como cifras estadísticas para cumplir con las metas EFA (Programa Educación Para Todos, por sus siglas en inglés) y donde la merienda escolar y los programas sociales del gobierno son con fines exclusivamente políticos.

Los factores que inciden en la mejoría o deterioro de los niveles de aprendizaje son diversos, pero ningún programa los vendrá a mejorar si el bastión principal como alumnos y docentes no son tomados en cuenta. En el caso de los docentes deben ser estimulados en dos vías; capacitación y remuneración. En el caso de los alumnos deben ser beneficiados con programas de becas para los más necesitados, sin un fin político para el gobernante de turno.

Para dorar la píldora, se resalta la gestión de las autoridades de los centros educativos en la implementación de Planes de Mejora, dejando entrever la frase de “sálvese quien pueda”. Russbell Hernández manifestó “…en el informe se identifican avances importantes en relación a años anteriores y uno de los factores que motivó estos avances es la implementación de los planes de mejora que no solo se elaboraron, sino que fueron objeto de seguimiento por parte del proyecto MIDEH…”. Lo anterior deja claro que los pocos avances que se lograron fueron por propio esfuerzo de los docentes, que al final son los que implementan cualquier programa educativo.

Docentes, alumnos y madres de familia a movilización ya

La calidad educativa no es exclusiva de una política impuesta en educación, sin lugar a dudas que el primer impulsador y velador de la calidad es el docente mismo. Pero el alumnado viviendo en situaciones precarias tampoco está en condición de preocuparse por una brillante educación, los padres y madres de familia sobreviven bajo la línea de pobreza, por ello es urgente que todos se movilicen para obtener mejores condiciones en el proceso educativo. Solo la movilización unida heredará un Programa Educativo Nacional acorde con los intereses de educandos y educadores.

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