Por Mateo Zambrano e Ixel Zambrano

Con el golpe de estado del 2009, el Partido Liberal de Honduras quedó totalmente resquebrajado, el mismo Carlos Flores, Presidente de la República en el periodo 1998-2002, le llama en su columna de “Las Pildoritas” del periódico La Tribuna; El Partido de los Tuquitos.

Después de gobernar el país en 5 periodos presidenciales, el PL pasó a ser la tercera fuerza política en las elecciones del 2013, fue notable que la base del PL, en su gran mayoría fue captada por el nuevo Partido Libertad y Refundación (LIBRE); se rumoró mucho incluso, que fue sobrepasado por el Partido Anticorrupción y que por las componendas con el Partido Nacional en el Tribunal Supremo Electoral le otorgaron fraudulentamente el tercer lugar.

El PL ha sido el apéndice principal para la consolidación del régimen juan orlandista y el avance de este en la reelección para seguir imponiendo su dictadura bonapartista. De primera, su dirigencia principal rechazó encabezar como oposición, la presidencia del Congreso Nacional en enero del 2014 y con el pretexto de permitir “la gobernalidad”, otorgaron el CN al Partido Nacional. Lo mismo sucedió con la Fiscalía, La Corte Suprema de Justicia y otras instituciones que ahora, controla a su antojo y placer Juan Orlando Hernández. Sin duda alguna que la población que no pertenece al voto duro nacionalista, fuera antes o no fuera liberal, ahora ve como una esperanza a los partidos de oposición, llámese Libre o Partido Anticorrupción. El Partido Liberal, a pesar de todo el interés de la embajada estadounidense, de la oligarquía y burguesía hondureña, en resurgirlo para que siga vivo y coleando el bipartidismo, sigue presentando fuertes fricciones entre su dirigencia principal, existiendo un fuerte sector de clase media e intelectual que se opone a la alianza bajo la mesa con el Partido Nacional y que incluso, están dispuestos a sumarse a la alianza entre LIBRE-PAC-PINU.

Si bien es cierto que el PL no apoyó en el Congreso Nacional la aprobación de elevar la Policía Militar de Orden Público (PMOP) a rango constitucional, fueron hasta cierto punto inciertos en la toma de la decisión; otro gran desacierto fue que su bancada, con Gabriela Núñez al frente -otra precandidata en esta última elección- han apoyado el nefasto Anteproyecto de Ley Marco de Seguridad Social; así como su ridícula actuación en la aprobación del nuevo paquete de Reformas Penales, donde sin una postura clara ante la oposición y/o el gobierno de turno, prefirió basarse en excusas y darle paso libre a su aprobación.

En las elecciones primarias del 12 de marzo del 2017, al Partido Liberal se le posiciona como la segunda fuerza política del país, con un caudal electoral de más 680,000 votantes. Su dirigencia a través de CCEPL le apostó a Luis Zelaya como candidato a disputar el ejecutivo en las próximas elecciones generales en noviembre, acaparando éste el 56.53% de la intensión de votos de su partido. Podemos, basados en lo anterior, atrevernos a dar una lectura en tres partes:

1.  El PLH le apostó, desde su vieja dirigencia, a la renovación vertical del partido; son sus figuras más conservadoras las que, como Elvin Santos, por ejemplo, han resistido la idea de unión con la Alianza LIBRE-PAC. Luis Zelaya representa una nueva cara, apegada a los parámetros mediáticos que exaltaron la imagen de Nasralla como representante de la clase media y la pequeña-burguesía hondureña.

2.  Luis Zelaya ha tenido un evidente seguimiento de la cúpula del PL, apadrinado por Roberto Micheletti Bain, personaje clave en el golpe de estado contra Manuel Zelaya y quien le sustituyera los 7 meses faltantes. No sería sorpresa que el acompañamiento que se le ha dado por parte de medios como CNN, sea muestra del interés de la Embajada Norteamericana por impulsar su candidatura y prevenir así una crisis civil, considerando el inestable clima de descontento y repudio popular ante la candidatura del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.

3.  El PL puede tener tres posibles escenarios políticos, considerando su extensa crisis y actual resultado electoral. Primero, en caso de rechazar rotundamente la Alianza, éste no podría competir ante el más sonado candidato: Salvador Nasralla; teniendo una derrota profunda que debilitaría más las estructuras del Partido.

Como segunda posibilidad, en caso de unirse a la Alianza, el PL no podría exigir ser el candidato teniendo en cuenta la larga fila de acusaciones de traición y complicidad con el actual gobierno: subordinándose a la decisión que tanto LIBRE como PAC hagan sobre el candidato; abriendo más la brecha y la disputa de su vieja dirigencia por el control y renovación del perfil y bases del PL.

En tercer lugar, el PL podría afianzar su triunfo y renovación en el apoyo político-estratégico que la Embajada Norteamericana y la burguesía nacional hagan para mantener la estabilidad política, institucional y ciudadana después de las elecciones generales.

El engorde de JOH y su Partido Nacional

El Partido Nacional está falsamente robustecido, en los medios de comunicación se vitoreaba la gran afluencia de personas que fueron a votar por este partido, pero no lo veían desde otra perspectiva, la del que subsiste, también fue evidente el gran derroche de dinero a lo largo y ancho del país, dando pauta a que el saqueo hecho al IHSS y el financiamiento del narcotráfico se mueve y se bota como confites para llevar a las personas a las urnas. Muchas personas votaron por el Partido Nacional porque los amenazaban con quitarles sus puestos de trabajo y sus pírricos beneficios, y si bien, muchos son parte del voto duro o beneficiados con los programas sociales populistas, se reflejó también el descontento de un significativo porcentaje - más de 218 mil votos entre nulos y en blanco-, que refleja su descontento con lo hecho hasta ahora por este régimen.

Muchos insultos, reclamos y votos nulos fueron manifestados en las mesas. Muchas personas solo fueron a “hacer el mate” de votar por los nacionalistas, pero en realidad lo hacían para asegurar su fuente de sustento económico.

La inflación de actas se vió en todos los partidos, pero en el Partido Nacional se denunció de diversos lados los que “votaban doble”, así como la repartición de dinero fuera de la instituciones.

La parsimonia de LIBRE y las acusaciones de fraude

Para nadie es desconocido que el surgimiento de Libre vino a darle esperanzas a la oposición y a la resistencia en contra del golpe de estado. Siete años de trancazos a la raquítica economía de los trabajadores y sus familias dependientes, tiene al borde del precipicio a la gran mayoría de asalariados. La devaluación de la moneda, la inflación galopante y el alto grado de inseguridad solo evidencia que el régimen post golpista no fue la solución a los grandes problemas de la población.

Por el contrario, con el golpe de estado solo se institucionalizó la criminalidad, el sicariato y el narcotráfico, tal y como se evidencia en el juicio que se le realiza a Fabio Lobo –hijo del ex presidente Porfirio Lobo- en una corte de New York.

La marcha de las antorchas del 2015, impulsadas por la embajada gringa y sustentadas en el gran repudio de la población por el saqueo al IHSS por los ahora gobernantes, no fueron lo suficiente para darle motivo a la oposición para ir a las calles en contra de JOH y sus secuaces.

Tampoco fue suficiente motivo las maniobras para lanzar a la reelección a Juan Orlando Hernández, Tanto el PL, LIBRE y PAC solo vituperaban a los 4 vientos su malestar, pero nunca prepararon ni convocaron a la población a las calles para detener a JOH. Ahora la reelección es una realidad, ya sea que se salga con la suya JOH o que la embajada se le interponga. Paradójicamente en el 2009, fue el motivo para dar un golpe de estado, aun cuando en aquel momento solo se realizaría una encuesta popular.

Al parecer, LIBRE y PAC solo piensan dar la batalla en las urnas en las elecciones generales de noviembre, sin embargo, tal y como están las cosas, con un JOH controlando toda la institucionalidad del país seguro se vuelve a imponer con un catastrófico fraude.

Se especula mucho de que el PL se sume a la alianza siempre y cuando encabecen la candidatura al ejecutivo. No sería extraño que la embajada norteamericana se mueva en este camino y que termine seduciendo a la dirigencia de LIBRE y PAC.

Los gringos temen que ante un eventual triunfo de la oposición, los trabajadores salgan de su amedrentamiento y se volqué nuevamente a las calles como en la primera década de este siglo, de ahí que controlan todos los hilos. Siempre manteniendo a las bases bajo la promesa que se derrotará a JOH en las urnas.

El único camino con salida que tiene la base de la oposición es ir a las calles en contra de JOH y del resurgimiento del bipartidismo. Estamos a tiempo todavía de evitar la reelección de JOH.

José Manuel Flores Arguijo

Por Sebastián Ernesto González

El 23 de marzo del 2010 fue asesinado en su propio centro de trabajo, el Camarada José Manuel Flores Arguijo (50 años), permanente luchador en las movilizaciones populares y luchas docentes, también miembro fundador del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA).

El 18 de marzo del 2011, la Maestra Ilse Ivania Velásquez Rodríguez (59), Subdirectora de la Escuela República de Argentina de la ciudad de Tegucigalpa, fue muerta producto de una fuerte represión de la Policía Nacional en las afueras del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA). La maestra Ilse Ivania, era hermana del desaparecido en la década de los 80, Manfredo Velásquez, la Maestra fue permanente luchadora social y gremialista.

En la madrugada del 03 de marzo del 2016 asesinaron a Berta Cáceres (43 años), en su casa de la Ciudad La Esperanza, al occidente del país. Berta desde joven participó en organizaciones estudiantiles y en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, organización de la cual era su coordinadora general. La “Compita” Berta Cáceres también era Maestra, aunque su vida desde niña la dedicó a la lucha social, popular y política. En abril de 2015, la lucha en defensa y protección del medio ambiente le valió a Berta Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.

El asesinato del Docente Manuel Flores quedó en la impunidad al igual que la muerte de la Maestra Ilse Ivania, en el caso de la Compita Berta, producto más bien de la presión internacional que de la aplicación de la justicia hondureña, se apresó a los autores materiales, pero no así a los intelectuales, que ordenaron y dieron el visto bueno para asesinar a la compañera.

Régimen post golpe fortaleció la impunidad en el país

Con el golpe de estado del 2009, la clase política, la burguesía nacional y la aristocracia criolla dieron luz verde a los operadores de justicia para reprimir y asesinar a diestra y siniestra. Por un lado, fiscales y jueces se ensañaron acusando a los que la policía y militares detenían ilegalmente en las movilizaciones. Por el otro lado, los asesinatos de luchadores populares y defensores de derechos humanos fue el pan de cada día. Con el cheque en blanco que le dieron a la Policía Nacional y a los militares para asesinar, también les concedieron el permiso para delinquir abiertamente, hasta ahora, no ha sido ningún policía o militar detenido o condenado por los más de 300 mártires de la lucha en contra del golpe de estado. En el caso del asesinato de Berta, nuevamente encontramos a un militar involucrado en tan abominable hecho.

La instalación en el país de un régimen post golpe, encabezado por el Partido Nacional con Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández a la cabeza, ha traído consecuencias nefastas para la lucha social y popular, el movimiento magisterial y sindical fue aplastado y no logra levantar cabeza. El gran movimiento de lucha que se experimentó en la primera década del siglo y que se canalizó a través de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, fue relegado en primera instancia por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), luego la lucha social y popular fue llevada a la “lucha electoral” con el Partido Libertad y Refundación (Libre) a la cabeza, desapareciendo casi por completo desde hace algún tiempo al FNRP. Obviamente, la desmovilización del FNRP fue parte del acuerdo firmado por Manuel Zelaya en el Acuerdo de Cartagena. Acuerdo que entregó la lucha en las calles y que hasta la vez sigue cobrando una factura enorme al movimiento social y popular, a tal grado que JOH hasta ahora se ha salido con la suya y mientras los gringos no se le atreviesen lo seguirá haciendo.

Por una movilización nacional exigiendo justicia para nuestros mártires

Conmemorar la vida de lucha de nuestros mártires debe ser una obligación para el movimiento sindical, gremial y popular, mantener sus ideas y pensamientos por alcanzar un país más justo debe ser el ejemplo a seguir. Pero también, nos recuerdan que hay que renovar esas dirigencias que entregaron la lucha y que siempre han negociado con los gobiernos de turno, que sea marzo nuestra inspiración para volver a luchar. Exigimos justicia para nuestros camaradas asesinados.

¡Solo la organización y lucha mantendrá a nuestros mártires vivos!

¡Movilicémonos ya!

 

Por Horacio Zambrano Raudales

El martes 7 de marzo se iniciaron una serie de asambleas informativas en las proximidades de los edificios que albergan carreras de Humanidades y Arte y algunas ingenierías. El motivo central de esta socialización fue dar a conocer la arbitrariedad de las autoridades universitarias en el seguimiento de los acuerdos firmados el 28 de julio de 2016; y la pretensión de extender el proceso de elección de la nueva Junta de Dirección Universitaria (JDU) que, por tanto, sería la extensión de rectoría, vicerrectorías y decanaturas de la UNAH.

Objetivos inconclusos

La actual administración de la universidad, afianzados en la 4arta reforma universitaria, quieren perdurar en sus cargos quizá con el pretexto de darle continuidad a proyectos de largo plazo que tienen que ver más con construcciones de varios edificios en toda la Ciudad Universitaria, y no tanto con los cambios favorables en cada unidad académica o carrera. El único obstáculo que podría impedir sus pretensiones lleva el nombre de Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), considerándolo como plataforma integral de representación estudiantil. En este sentido no es casual que busquen pactar soluciones que convienen a los dos: la extensión del acuerdo que interesa al movimiento y la reelección de la rectora que les interesa a la mayoría de las autoridades vigentes.

Es necesario que el MEU no se encarrile en direcciones opuestas que le den una imagen de pactistas de la lucha, que se inició por objetivos todavía inconclusos: nuevas normas académicas, representación estudiantil y cese de la criminalización de estudiantes. Las autoridades universitarias quieren desmembrar al movimiento, se aprovechan de los momentos de reflujo para iniciar maniobras de esta naturaleza: ofrecer soluciones aparentes a cambio de males mayores como la reelección de Julieta y todas las actuales autoridades.

¿Cuál es el horizonte que puede seguir el Movimiento Universitario?

No es nada fácil replantearse los objetivos concretos de la lucha del movimiento; parece que se respira derrota cuando se habla de los alcances logrados por el MEU. Lo cierto es que debe recuperarse el discurso integrador de las asociaciones de carrera, poner como punto de agenda los avances y atrasos que se han tenido desde el inicio de la lucha hasta el presente.

No despachar a la ligera, discusiones tan importantes como el papel del movimiento ante el intento de reelección de Julieta y los administrativos. No tener la política de escoger el mal menor. Las autoridades no subestiman el poder de los estudiantes organizados, pero aprovechan los momentos de desencanto para llevar a cabo cambios que pasan inadvertidos por la mayoría de estudiantes. Es momento de empezar la agitación, de informar en asambleas al aire libre, carreras, facultades, etcétera, sobre estos actos sumamente corruptos de extender el periodo de gobierno de la rectora por segunda vez.

Reorganización y lucha

No podemos permitir que las autoridades modifiquen a su gusto y cuando les plazca la ley orgánica de la universidad. Debemos estar alertas de los pasos que den las autoridades, y a la vez tener presente que la corrupción es un motivo suficiente para manifestarnos y condenar nuestra falta de participación en los rumbos de la universidad.

El MEU no debe tampoco centrar su política en la renegociación de los acuerdos. Si bien la bandera de lucha para el 2016 fue la derogación total de las normas académicas, los acuerdos no sentaron un precedente para la consolidación del poder estudiantil a través de las asociaciones estudiantiles. La dirigencia del MEU cerró las discusiones, estrechó los espacios de construcción y no tuvo claridad política al permanecer casi 9 meses en los límites que los propios acuerdos le impusieron. El reforzamiento de la organización por carrera y unidad académica debe ser una prioridad política y estratégica del movimiento estudiantil de a UNAH. La democratización de la UNAH, como eje central del discurso del MEU, debe ser retomado desde la necesidad histórica que los pueblos indígenas, trabajadores, campesinos, etc., puedan esperar y proponer sobre la educación superior.


Por Sebastián Ernesto González          

En el mes de febrero entró en vigencia el cobro por atenciones de servicios de salud en el Hospital Escuela Universitario (HEU), un nuevo golpe a la ya raquítica economía de las familias hondureñas que se mueven por debajo de la línea de pobreza, pero este nuevo trancazo también va dirigido a la clase trabajadora que ya no cuenta con un eficiente servicio de salud en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quienes optan por asistir al HEU desde que el IHSS fue víctima del saqueo descarado por JOH y sus aliados criminales que se llevaron más de 7,000 millones de lempiras.

Paradójicamente, en Honduras desde el golpe de estado del 2009, se ha aumentado ostensiblemente el presupuesto a las secretarías de Seguridad, Ejército y Policía Nacional, mientras que los presupuestos de Salud y Educación los han mermado, además de que han dejado de crear plazas tanto de médicos y enfermeras en salud como docentes en educación.        

El régimen pos golpe, donde el Partido Nacional y Partido Liberal en una alianza inquebrantable al servicio de la oligarquía y la burguesía, han hecho y desecho con las leyes del país, también lo hacen con las necesidades más sensibles de la población como ser la salud y educación. Porque siempre hay que enfatizar que el Partido Nacional no podría hacer y deshacer sin el apoyo de los liberales. De esta forma, Juan Orlando Hernández siguiendo al pie de la letra las exigencias del Fondo Monetario Internacional, aplica trancazo tras trancazo, hace despidos masivos de trabajadores y privatiza los medios de salud, ya son varios los centros hospitalarios del país que han sido cedidos a organizaciones no gubernamentales para ser administrados.

En el mes de febrero entró en vigencia una tarifa de cobros en el HEU, donde el costo de un parto normal cuesta 500 lempiras, las actas médicas pasan a costar 700 lempiras, mientras que el costo de los exámenes de laboratorio, experimentan incrementos de 20, 25 y hasta de más de cien lempiras, dependiendo del examen de que se trate. www.diariolanoticia.hn (30/01/2017). De acuerdo a las autoridades del centro asistencial, los cambios en la tarifa son para amortiguar el déficit de 737 millones de lempiras del presupuesto anual del hospital que fue cortado por Finanzas. LT (04/0372017).

La presidenta del Colegio Médico Hondureño, Suyapa Figueroa, manifestó al respecto “El gobierno está teniendo la desobligación de brindar y garantizar la prestación de servicios de salud a nivel nacional, cediendo los hospitales a organizaciones no gubernamentales u otras instituciones que no son directamente el gobierno…este mecanismo hace que muchos de estos centros hospitalarios tengan que hacer cobros para poder dar repuestas a las necesidades que tienen para cubrir el déficit presupuestario”.LT (04/03/2017).

Al pueblo solo le queda la movilización

Definitivamente que la única forma de parar los abusos de JOH en contra de las necesidades de las familias hondureñas, es la movilización general, al respecto, la Doctora Suyapa Figueroa señaló “si estas organizaciones no tienen presupuesto, hay que hacer algo, hay que protestar y hay que ir a quien corresponde para que este déficit presupuestario sea cubierto en su totalidad y se garantice lo que la carta magna dice; que el Estado es responsable de garantizar la salud de forma gratuita, porque es un derecho humano inalienable”.

Después de que JOH a vapuleado las dirigencias sindicales y coaptado a la mayoría de los Diputados del Congreso Nacional, no cuenta con oposición alguna en el país, con la nueva Ley Antiterrorista se dispone reprimir cualquier intento de protesta o de oposición a sus dictatoriales medidas. Solamente con un pueblo volcado a las calles se dará vuelta a todos estos planes de miseria que imponen a los más necesitados. Ante la ausencia de líderes populares que convoque a las calles debe surgir una nueva vanguardia que asuma el compromiso de llamar a luchar por los intereses de la población en general.

El pueblo no puede seguir esperanzado en soluciones divinas para sus necesidades básicas, es obligación del estado garantizar la salud pública, los dirigentes sindicales y las Centrales Obreras no llamarán a movilización general, entonces es imperativo que la población salga a las calles por si misma a exigir justicia para los saqueadores del IHSS y exigir el incremento a los presupuestos de la salud pública y educación.


Por Max Luján

El miércoles 22 de febrero se aprobó el polémico proyecto denominado Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad o “paquete de reformas penales”. La aprobación se dio después de varias semanas de discusión entre los sectores de oposición y el gobierno, cabe señalar que el papel de la oposición política sigue siendo débil, muy dividida, sin capacidad de negociación y sin ofrecer una alternativa real que frene los atropellos de JOH; por otro lado, el Partido Liberal con su estira y encoge en la aprobación de estas reformas, dejó mucho que desear con su presencia, ausencia; y sobre todo los silencios y evasivas a la hora de votar, acción que refleja que a lo interno del Partido Liberal, la crisis sigue vigente. La iniciativa de este proyecto de ley fue aprovechada por JOH para desarrollar su propaganda electoral y consolidar su plan continuista.

¿Qué hay detrás de las reformas penales?

La aprobación de las reformas penales se da en el marco de la implementación del Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP), proyecto orquestado por el imperialismo norteamericano y que está siendo recetado a los países del Triangulo Norte conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador. En el caso de Honduras, se viene implementando desde hace dos años, planes de reacción democrática, de fortalecimiento de la institucionalidad burguesa, y sobre todo, el fortalecimiento y modernización del aparato policial. Por eso vemos la creación de una Comisión Depuradora que se ha encargado de expulsar a miles de policías corruptos, se equipa y moderniza todos los aparatos policiales, se crea la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se construyen cárceles de máxima seguridad, se moderniza el aparato judicial depurando también jueces y magistrados y se aprueban leyes más severas. En el caso de Honduras, JOH utiliza el tema de la violencia y criminalidad como bandera de campaña electoral para atraer votos. El tema de la extorsión es el delito que más vive en carne propia la población hondureña, delito a cargo de las maras y pandillas que operan en todo el país y que mantiene en zozobra a toda la población.

Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en el 2014 perdieron la vida 99 personas que supuestamente no pagaron el “impuesto de guerra”, mientras que cifra igual se registró en el 2015. Los pequeños, medianos y grandes comerciantes son el principal blanco de las extorsiones. Se calcula que por las extorsiones unos 45 mil negocios fueron cerrados a nivel nacional, dejando a más de 150 mil personas sin empleos. El 12% de los transportistas sufre extorsiones. La Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) calcula que “la extorsión le cuesta a Honduras 200 millones de dólares al año”. JOH a través de los medios de comunicación oficialista se promueve como el impulsor del orden y la estabilidad, y hace ver que las reformas penales es una necesidad que desean millones de hondureños que viven bajo la angustia de la inseguridad y la violencia cotidiana. El paquete de reformas penales consiste en la modificación de los artículos 222 y 335 del Código Penal. Se reformó el párrafo 222 del Código Penal para establecer que la extorsión se considera consumada si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva.

Para rematar, el diputado nacionalista y jefe de bancada, Oscar Álvarez, en la reconsideración del acta presentó una moción para que en la reforma al artículo 335 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo, se contemple que quien públicamente o a través de medios de comunicación haga apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo sea sancionado con penas de reclusión entre cuatro y ocho años.

Consecuencias de las reformas penales

La aprobación de estas reformas es una maniobra política destinada a quitarle respaldo a la alianza opositora formada por LIBRE-PAC, se aplicará la criminalización de la protesta pública, la invasión a las comunicaciones privadas y la censura a los medios de comunicación. Con estas reformas se configura la instauración de un régimen bonapartista, autoritario, que pretende además el establecimiento de la hegemonía del Partido Nacional. Hay que señalar que estas reformas no solventarán la crisis que se vive en el país con la criminalidad y violencia, debido a que las instituciones encargadas de investigar y aplicar la ley, no cuentan con la preparación adecuada, además, todas estas instituciones siguen comandadas por estructuras criminales cuyos líderes son políticos y familiares de altos funcionarios gubernamentales.

El Partido Socialista Centroamericano plantea que el mal de las extorsiones debe ser combatido desde abajo, es decir, llamando a la población a organizarse en los barrios y mercados contra los extorsionadores. El combate contra las extorsiones implica la creación de una red de autodefensa territorial, una especie de policía comunitaria o milicia que defienda a la población, similar a lo que ocurre en algunos pueblos de México, en donde las autodefensas garantizan el orden y no hay delincuencia.

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