Por Carlos M. Licona

El 8 de septiembre del presente año, el Consejo Nacional Electoral convocará a los partidos políticos para que realicen elecciones internas el 9 de marzo del 2025. Según avanza el tiempo, la ultraderecha parasitaria no encuentra una fórmula que les permita tener una oportunidad real de competir contra el Partido LIBRE en noviembre de 2025.

Posteriormente a los cuarenta años de gobiernos del bipartidismo (liberales y nacionalistas), el partido LIBRE ganó las elecciones generales en el 2021 y gobierna el país, sin embargo, no es cierto que este partido tiene el control absoluto de la institucionalidad del Estado, principalmente en el poder Legislativo que es donde se evidencia más la debilidad del partido en el poder, más débil aún; con la salida de algunos diputados que junto a Jorge Cálix han retornado al Partido Liberal.

Podredumbre del Partido Nacional embarra a todo el que se le junte

En los doce años en que los nacionalistas se mantuvieron en el poder (2010-2022) tuvieron a un aliado fiel: el Partido Liberal, sin este partido no hubiera sido posible el Golpe de Estado del 2009 ni se hubieran mantenido en el poder durante esos fatídicos doce años, a cambio, los máximos dirigentes de los liberales obtuvieron privilegios, cuotas de poder y sobre todo; mucho dinero.

En su orden cronológico, los candidatos liberales que permitieron la consolidación de los nacionalistas fueron; Elvin Santos en el 2009, Mauricio Villeda en el 2013, Luis Zelaya en el 2017 y Yani Rosenthal en el 2021. Todos ellos mantuvieron un discurso de oposición al partido Nacional, sin embargo, en los hechos apoyaron todas las políticas nacionalistas, siempre con el argumento de la “gobernabilidad”. Por el contrario, con el actual gobierno, los liberales han estado más cerca del sentir y actuar de los dirigentes nacionalistas.

Es por estos antecedentes que el PL ha caído estrepitosamente en su caudal de votación, obteniendo 999,006 votos en el 2005 y 335,762 votos en el 2021, sin lugar a dudas que, el fuerte enamoramiento de los liberales con los nacionalistas en todo este tiempo, posterior al Golpe de Estado, les ha causado un enorme desgaste, más aún que a los mismos nacionalistas.

En enero del 2021, antes de que Xiomara Castro asumiera la presidencia de la república, el diputado de LIBRE, Jorge Cálix, negoció el Poder Legislativo con los nacionalistas, liberales y 23 diputados de LIBRE, generando la movilización inmediata del pueblo que se volcó al Congreso Nacional para evitar tal asalto. Se ha mitificado mucho una “patada” de Rassel Tomé a Jorge Cálix en el momento en que se elegía la Junta Directiva del congreso, sin embargo, lo que detuvo tal conspiración de la ultraderecha fue la movilización del pueblo.

En septiembre del 2023, Salvador  Nasralla conformó el Bloque de Acción Ciudadana (BOC), una plataforma social con base estrictamente nacionalista y con personajes como Romeo Vásquez (Jefe de las FFAA y ejecutor del Golpe de Estado del 2009), Tomás Zambrano, David Chávez, Fito Irías y otros generales retirados. El BOC fue un remedo de movimiento social impulsado por la ultraderecha que, como era de esperarse: se quedó completamente diminuto.

El enorme desprestigio del Partido Nacional embarra a todo el que se le acerca, causando una fetidez que nunca se quitará.

¿Se recompondrá con el PL?

Tanto Jorge Cálix como Salvador Nasralla ahora ya forman parte del Partido Liberal, en un afán de reconstruir este partido ante el inminente descalabro al que avanza el Partido Nacional. El guion aprendido, ahora, es que el partido en el gobierno es lo peor que puede haber, y que, la oposición (que son los mismos que gobernaron desde el 2009 al 2022) son los únicos que pueden salvar al país.

No se puede desconocer el caudal electoral que tuvo Nasralla con el Partido Anticorrupción (PAC) en el 2013 (418,443 votos), no obstante, ha ido perdiendo mucho de ese caudal electoral por su misma inconsistencia discursiva y sus arrebatados pataleos cuando no le cumplen sus caprichos. El caso de Jorge Cálix es más patético, un joven que subió como la espuma y flanqueado por familiares con el mismo apellido que, están muy ligados al narcotráfico y a la dirigencia del PN. En LIBRE ya son muchos los casos de personajes que se creían indestructibles en política, y, que, al solo salirse del partido pasaron al ostracismo, los casos más sonados de esos son el de Esdras Amado López, María Luisa Borjas y Audelia Rodríguez.

La verdadera prueba del peso político de Cálix y Nasralla se conocerá hasta en las elecciones generales del 2025.

¿Dónde debe construirse una alternativa revolucionaria para el pueblo?

El Partido LIBRE seguirá siendo el principal obstáculo para que la ultraderecha retome el poder, sin embargo, se les facilita el camino cuando en el gobierno se cometen muchos errores infantiles, es por eso que a lo interno de este partido debe conformarse una fuerza interna que aglutine a lo más progresivo de la militancia, tanto de adentro del partido como de afuera, con línea independiente de las pretensiones de quienes lo controlan.

La lucha se trata de no permitir la creación de una nueva casta de políticos que cegados por el poder caigan en la tentación de la ambición, pero, también se trata de evitar que la ultraderecha retome el poder.

Por Frandav Lifú

El alto porcentaje de criminalidad en Honduras es consecuencia principalmente de; alto grado de pobreza, falta de empleo, un alto grado de impunidad, enorme retroceso en educación y, sobre todo; la penetración del crimen organizado en las instituciones operadoras de justicia.

Durante doce, de los últimos veinte años, el país fue gobernado por dirigentes narcotraficantes del Partido Nacional, a tal grado que este partido fue calificado como “narcopartido” en una corte de New York. Por supuesto, también hay narcos en los otros partidos, sin embargo, los hasta ahora extraditados y presos en USA, fueron máximas figuras del PN, siendo el caso más sonado el de Juan Orlando Hernández ya condenado y preso en New York.

Tener a narcotraficantes administrando al país, elevó la criminalidad en lo que corresponde a; extorsión, sicariato, tráfico de drogas, asesinatos (en muchas ocasiones múltiples), lavado de activos, femicidios, saqueo al erario, explotación sexual, tráfico de armas, tráfico de personas y secuestro de mujeres.

Según los datos estadísticos, al asumir Porfirio Lobo la presidencia de la República (enero de 2010), recibió una tasa de homicidios de 66.8 por cada 100 mil habitantes, cifra que en el 2011 ya era de 86.5 por cada 100 mil habitantes, convirtiendo al país en el más violento del mundo, aún por encima de aquellos que estaban en conflicto bélico.

Es evidente el aumento de la criminalidad asociado a la administración del Estado por delincuentes desde el 2010, luego, viene el otro factor; alto grado de impunidad. Por supuesto, los operadores de justicia como fiscales, jueces y policías  se han asociado a los delincuentes recibiendo cuantiosas cantidades de dinero como pago por la impunidad, a estos hay que agregar banca y militares. Según informe de la CIDH, en el 2022 “se registró una tasa del 87% de impunidad en los homicidios ocurridos ese año”. EL País (15/05/2024)

Ser asesinado en Honduras implica el trillado cliché “se fue de gobierno”, es decir, nunca encontrarán a los culpables. De no ser casos mediáticos como el asesinato del hijo de la Rectora Julieta Castellanos en el 2011, el de Berta Oliva en el 2016 o el del hijo de Porfirio Lobo en el 2022, los culpables materiales nunca serán encontrados.

Prolongado el Estado de Excepción

Desde diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro aprobó el Estado de Excepción en casi todo el país, entre las medidas más impactantes están; entrar a casas a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana, lo pueden hacer la policía Nacional y la Policía Militar del Orden público, no obstante que se han reducido los asesinatos, no es así con la extorsión a cualquier persona que tiene un negocio. Tampoco se ha logran detener los asesinatos múltiples relacionados con el crimen organizado o el tráfico de drogas.

Los extorsionadores no pueden delinquir sin tener el apoyo de la institucionalidad del Estado, ese momento en que se generó la alianza entre delincuentes e Institucionalidad, se ha ido afianzando con el transcurrir del tiempo y perfeccionando, generando miles de millones de lempiras que son lavados en los bancos de empresarios, situación que vuelve imposible que se erradique el delito, volviendo el cuento de “nunca acabar”.

Es por eso que a mitad de junio se anunciaron nuevas medidas para reforzar el Estado de Excepción, estas incluyen “la intervención de las fuerzas públicas de municipios con altos índices de criminalidad, la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia entre los Departamentos de Olancho y Gracias a Dios y el Centro de Reclusión Penitenciario en Islas del Cisne; la captura de miembros de maras y pandillas, narcotraficantes y extraditables; reformas al Codigo Penal y el Código Procesal Penal, este último con el propósito de incorporar medidas de juzgamiento colectivo . Criterio.hn (24/06/2024)

Al parecer, la presidenta Xiomara Castro, en alguna forma pretende emular a Nayib Bukele en El Salvador, odiado por muchos pero aplaudido por haber logrado parar a las maras. En Honduras, los mayores socios de las maras para extorsionar son los militares, policías, fiscales, jueces y banqueros, indudablemente que esto vuelve imposible de dar seguridad a la población, además de que, también tienen alianza para el tráfico de drogas y demás delitos conexos.

¿Organizar las comunidades para detener la criminalidad?

El ejemplo más típico de la complicidad de jueces y fiscales son; el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y, el de la directora de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, Soraya Cálix, personas que aun y cuando han sido muy señaladas de estar involucradas en el narcotráfico, también está el del ex fiscal Chinchilla.

Pero también hay otro punto en todo este tema; los militares y la policía han sido tratados con guantes de seda por el actual gobierno, de tal forma que; aún y cuando hay CSJ nueva, fiscalía nueva, los tentáculos del crimen organizado siguen profundamente dentro de la institucionalidad.

Una de las promesas de la presidenta Castro fue crear la Policía Comunitaria, obviamente, esto pondría en peligro a las FFAA y Policía Nacional, otra promesa incumplida, mientras los criminales siguen libremente.

                                                                                        

Por Ricardo Velásquez

Al hacer una caracterización del gobierno del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), inmediatamente se identifica que el botín fue repartido entre exdirigentes del Partido Liberal, familiares y amigos cercanos a la familia Zelaya, ex dirigentes de la UNAH, miembros de la Tendencia Revolucionaria (TR), dirigentes del magisterio, algunos sindicalistas, militares y un sector de la empresa privada.

Es muy importante aclarar que no toda la izquierda forma parte del gobierno de LIBRE, el sector más progresivo de lo que fue el Espacio Refundacional no es parte del gobierno, organizaciones como; Bandera Socialista (BS), Unión Revolucionaria del Pueblo (URP), Socialismo o Barbarie (SoB), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), o bien; Círculos Bolivarianos, mantienen su línea independiente de lucha con un accionar propio con ideología revolucionaria. Si bien es cierto, en el proceso electoral del 2021 se apoyó al Partido Libre para sacar del poder a la narcodictadura, no se comparten muchas de las acciones del actual gobierno, principalmente en las Secretarías de Estado donde sus autoridades permanentemente realizan acciones que ponen muy en duda las buenas intenciones que dice tener la presidenta Xiomara Castro, una de ellas es la de Educación, donde aparentemente todo es armonía.

El contubernio entre autoridades y dirigentes

El objetivo principal en las elecciones del 2021 fue sacar al Partido Nacional y toda su dirigencia corrupta del poder, esto generó esperanza en el pueblo y se sembró la idea de recuperar muchas de las conquistas desaparecidas, y de hecho, esa fue la promesa de la presidenta Xiomara Castro; devolver las conquistas.

Un error crucial de la presidenta, porque ella es la que nombra a los Secretarios de Estado, por más que la quieran eximir de culpa sus seguidores, es haber entregado un cheque en blanco con la Secretaría de Educación a la dirigencia de los colegios magisteriales. Si la presidenta Xiomara Castro no se da cuenta de la realidad en educación, entonces es culpable por ignorancia, si se da cuenta y no le importa, entonces, es culpable por omisión.

Primero, vale la pena reconocer algunas de las políticas que han devuelto sonrisas al magisterio; los dos aumentos otorgados al magisterio en el 2023 y 2024, los concursos docentes hechos en el 2022 y 2024, la derogación del Reglamento de la Ley Fundamental de Educación, completar la cantidad de maestros, un derecho cercenado por el gobierno anterior, entre otros logros.

Muy a pesar de estas medidas correctas, no significa que todo es color de rosas, la educación se encuentra en un estado de aletargamiento crónico, sin esperanza de poder levantar la cabeza, resulta que la educación no es solo aumento salarial y concursos para nombramientos de plazas, la educación es mucho más que eso, pero, principalmente; la formación que se les brinda a los estudiantes y que determinará el tipo de ciudadano en el futuro.

Entregar la Educación a una dirigencia parasitaria es dejar en evidencia la poca importancia que se le da a nuestra niñez y juventud. El malestar de los docentes es mucho, adormecido por Juntas Directivas Centrales que se han entregado totalmente a las autoridades en educación y a la misma política del gobierno impulsada a través del diputado Edgardo Casaña.

Alguien le hizo creer a la presidenta que la salvación de la educación consistía en permitir que se repartiera el pastel entre las dirigencias corruptas y, estas, han hecho un amorío insaciable con las Juntas Directivas Centrales de los colegios magisteriales. El lema es: se hace lo que nosotros queremos y se le ayuda a quien nosotros decimos.

Para el caso, la JDC del PRICPHMA y la del COPEMH no han sido reconocidas por la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC), sin embargo, estas siguen participando de forma ilegal en las representaciones de los organismos competentes, también gozan del permiso para ausentarse de sus lugares de trabajo sin haber sido reconocidos.

Es curioso que, desde la página oficial de la Secretaría, se felicite al presidente del COPRUMH, Luis Ramírez, por haber obtenido una maestría, un mes después de que este denunciara venta de plazas en la Departamental de Francisco Morazán. Mientras que, la JDC del COPEMH felicita al Ministro Daniel Esponda por recibir el reconocimiento la Orden de Justo Sierra “Maestro América” en el grado de Gran Cruz. ¿Qué es eso?

El magisterio debe levantarse

Con toda esta realidad, queda en evidencia que la presidenta Xiomara Castro no le apostó a la educación, simplemente, se limitó a entregar un cheque en blanco a la dirigencia corrupta del magisterio.

La emancipación de la base inicia por botar con militancia tenaz a las dirigencias, estos no pueden seguir dirigiendo las organizaciones, mucho menos ser autoridades.

¿Quién tiene la última palabra? ¿la presidenta o la base del magisterio?

 

Por Sebastián Ernesto González

Si bien es cierto, en su gran mayoría la clase política hondureña puede catalogarse como corrupta, pueden hacer excepciones con personajes de la intelectualidad o de la academia que se inmiscuyeron en la política, pero, que, poco a poco fueron sucumbiendo en la tentación del enriquecimiento fácil. Actualmente, la política hondureña navega en aguas inestables y turbulentas, se pasó de doce años de una narcodictadura a un gobierno inmaduro  e inestable. No es secreto que en los países de la región no se mueve una hoja sin que el imperio lo apruebe, así que, los grupos gobernantes como el orteguismo en Nicaragua, el bukelismo en El Salvador, el zelayismo en Honduras o Arévalo en Guatemala, cuentan con el beneplácito del Pentágono, aunque obviamente, no es de su agrado, pero es la nueva forma de mantener controlados estos grupos de poder en la segunda década del siglo.

En ocasiones, ni siquiera importa si quienes gobiernan es un Manuel Noriega en Panamá o un Juan Orlando Hernández en Honduras, ambos, castigados por narcotráfico en cortes estadounidenses, aunque ambos personajes gobernaron en momentos muy diferentes en la historia. El asunto es; permitir que ciertos grupos gobiernen mientras la Democracia Burguesa siga su camino imponiendo las políticas requeridas en la región, principalmente ahora en que, cualquier detonante inmediatamente genera inestabilidad aumentando otro gran problema: la migración.

Decadencia e incapacidad

Después de un largo periodo de gobiernos militares, la constitución de la República de 1982 permitió que el bipartidismo (partidos Liberal y Nacional) gobernara durante 40 años, 20 y 20 cada uno, sin importar la forma en que llegaron como lo fue la de José Simón Azcona (1986-1990) acobijado en la fórmula de la opción B, la de Ricardo Maduro (2002-2006) siendo de nacionalidad panameña o bien; los últimos doce años del Partido Nacional (2010-2022) cuyas elecciones siguen siendo fuertemente cuestionadas por escandalosos fraudes.

Durante esos 40 años la empresa privada gobernó a la par de la clase política formando un híbrido que, apoyado por el poder militar, crearon un monstruo llamado narcotráfico. Siendo el punto culminante de este periodo de la historia la llegada al gobierno del clan de los Hernández, convirtiendo al país en un narcoestado, cuyos tentáculos penetraron la institucionalidad completa  y además, saquearon el Estado a manos llenas.

En todos estos cuarenta años de historia, la política gringa ha estado metida hasta el cuello, tal y como lo fue el Golpe de Estado del 2009, los doce años del narcoestado o el retorno del zelayismo nuevamente al poder con la bandera de Libre. El asunto es, con Juan Orlando Hernández en la cúspide y la frase “les voy a meter drogas a los gringos hasta por las narices”, quedó en evidencia la decadencia de una clase política corrupta que se confabuló con empresarios y militares para convertir al país en una piñata donde muchos se hicieron millonarios.

¿Se podrán reciclar los políticos?

El mejor aliado del zelayismo es la oposición misma; con un Partido Liberal hecho añicos en el 2009; un Partido Nacional que ya no podrá controlar las instituciones como lo hizo bajo el Clan de los Hernández, y, además; sin ningún dirigente que esté limpio de pecado; con un Nasralla más inestable que una pluma en medio de un torbellino; con una izquierda que le ha claudicado completamente a los Zelaya, y, con un Cálix dentro de Libre que en nada se diferencia del discurso cachureco, no se avizora una fuerza política que plantee una propuesta revolucionaria para el pueblo.

Al parecer, no se encuentra la fórmula mágica que permita reciclar esa clase política revolcada en el fango de la corrupción y la criminalidad, dejando al zelayismo la puerta abierta para seguir gobernando. Esta cruda realidad, nos obliga a tener a personajes que se mueven en la payasada y la egolatría para mantenerse vigentes diariamente en los noticieros.

El último circo montado es el de la expulsión de Jorge Cálix del Partido Libre, anuncio hecho desde Seúl por el embajador en ese país, Rodolfo Pastor Fasquelle. Jorge Cálix, miembro del partido Libre y aspirante a la presidencia de la república, reiteradamente ha calificado al gobierno de Xiomara Castro de autoritario, incapaz, intolerante, de generar odio, ha vertido opinión de estar en contra de la realización del Foro de Sao Paulo y de que mejor se debe traer a Bukele para que diga como enfrentar las maras y pandillas.

Jorge Cálix es un joven que trata de encabezar a una clase política decadente, al igual que lo hace un mucho mayor Salvador Nasralla o Maribel Espinoza. Lo patético en esta realidad es que parte de quienes se hacen llamar de la izquierda hondureña se metieron de cabeza al gobierno y le dicen amén a todo lo que dicta el zelayismo.

Por Sebastián Ernesto González

El llamado gobierno de la “Refundación” o del “Socialismo Democrático” ya lleva más de la mitad del periodo que le corresponde (2022-2026), la cuenta va en regresiva y, del tercer año ya han transcurrido casi los cinco meses. Es normal en todo gobierno desgastarse según transcurre el tiempo, el desgaste es mayor aun cuando se ha dejado montada toda una estructura en las instituciones del Estado, tal y como lo hizo el Partido Nacional que gobernó durante doce años (2010-2022).

Sin importar las situaciones adversas al asumir la administración del Estado por un mandato popular, lo cierto es que, la población exige cambios y se desilusiona muy rápido ante las promesas incumplidas. Al final, la valoración que se hace es si se cumplió lo prometido o no. En el caso de la presidenta actual, Xiomara Castro, aún le falta mucho por hacer, de ahí que, no es extraño que en la decimotercera edición de Sondeo de Opinión Pública (SOP), realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), arroje información muy interesante, como por ejemplo “…que 8 de cada 10 hondureños y hondureñas consideran que el desempleo, la situación económica y la inseguridad siguen siendo las principales preocupaciones y los grandes fracasos y desafíos del gobierno de la presidenta…”.   

El  problema del desempleo, el económico y el de inseguridad son inherentes a cada gobierno en cualquier país, de ahí que, todo político cuando es candidato lo primero que promete es dar trabajo, mejorar la economía y reducir la inseguridad, promesas muy difíciles de cumplir cuando no se cuenta con un programa de gobierno ambicioso y revolucionario. 

Según el análisis que hace el ERIC-SJ, “Los resultados del Sondeo de Opinión Pública revelan una imagen desgastada de la mandataria y una administración que no genera confianza ni esperanza de progreso para el país”. Según el SOP, “…el 53.2 por ciento de la población percibe que no hubo ningún logro en el segundo año de gobierno (2023)”.   

Por supuesto, hablar de percepción y su respectiva medición de forma objetiva, va implícitamente ligado al tipo de encuesta que se realiza, pero, además, también va ligado a todos los problemas del país que en la mayoría de las ocasiones son sobredimensionados por los medios de comunicación con un guion previamente establecido. Sin embargo, esto no significa justificar el incumplimiento de las promesas del gobierno.

¿Es válido colocar un igual entre la corrupción de los doce años nacionalistas y los dos años de Xiomara Castro?

Entre los más corruptos, el SOP  reveló los siguientes porcentajes;  que el 51.6 por ciento cree que la corrupción sigue igual, 32.1 por ciento cree que ha aumentado. Se considera que los partidos políticos son los principales corruptos (86.2%), Congreso Nacional (83.4);  la Policía Nacional (78.2%) el Gobierno Central (73.3%) y los diputados (83.4%).   

Los casos de corrupción en los doce años del Partido Nacional implicaron muchos miles de millones de lempiras, mientras que, hasta ahora, en el gobierno de LIBRE se habla mucho de nepotismo pero no de un tan solo caso de corrupción en el que se mencione que un funcionario se robó un centavo.

De ahí que, cuando el 51.6 por ciento opina que la corrupción sigue igual, es un dato en el que se tendría que analizar el tipo de pregunta que se realizó.

Lo anterior, deja sembradas muchas dudas con el tipo de encuesta que se realizó, ya que, el mismo Sondeo de Opinión Pública preguntó sobre el daño que hizo Juan Orlando Hernández (recordar que en el mes de marzo fue el juicio en NY), “el 29.5 por ciento indicó que convirtió a Honduras en un narco Estado; el 20.6 por ciento que violó las leyes; y un 19.9 por ciento piensa que saqueó las arcas del Estado”.

Sumadas las tres cantidades hacen un 70%, pero, al sumar el 29.5 (narcoestado) más el 19.9 (saqueo) hacen un 49.4, es decir ¿fue más decente el gobierno de JOH que el actual?

Promesas incumplidas

Si hay algo de lo que si se puede acusar al actual gobierno es de incumplimiento de promesas, sin embargo, muchas de las promesas están ligadas a la aprobación por mayoría calificada en el Congreso Nacional (86 diputados) como es el caso de la Ley de Justicia Tributaria; la promesa de la CICIH depende de los acuerdos a los que se llegue con la ONU; otras promesas dependen del procedimiento legal como es el caso de las ZEDE, en que el gobierno anterior dejó maniatado  al gobierno actual, y; en otros casos, por lentitud de los funcionarios como es el caso de la aprobación a la Reforma a la Ley del INPREMA, para devolverle a los maestros un derecho cercenado.

En lo que si sale aplazado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro sin necesidad de realizar encuestas, es en el pésimo uso de la información, al parecer, el gobierno de LIBRE no conoce estrategias de comunicación.

La población debe manifestarse en las calles para; derogación de las ZEDE, aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, y en el caso de los docentes; a salir para exigir la aprobación de la Reforma a la Ley del INPREMA, entre otros casos.

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