Por Maximiliano Fuentes

La empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), atraviesa una enorme y profunda crisis financiera. Las razones son varias, en gran medida por la deficiente administración de los últimos gobiernos de turno, donde la empresa ha sido utilizada para incorporar a los correligionarios a quienes se debe favores políticos por haber participado de manera militante en las campañas electorales, también a familiares y amigos personales de los funcionarios administradores, que por cierto, son quienes devengan los salarios más ostentosos.

Una crisis planificada

Por otro lado, los últimos dos gobiernos se han encargado de beneficiar de manera profunda a los dueños de las empresas térmicas. Para asegurar su enorme acumulación de ganancias se han firmado contratos leoninos con amplias ventajas, aún cuando el costo de kilovatio sea extremadamente elevado. Los distintos gobiernos estarán condicionados a continuar favoreciendo a las empresas que producen energía térmica.

De una u otra manera, esta política de Estado de favorecer a determinados sectores de la burguesía hondureña, en este caso a los empresarios de la energía (por cierto el sector más favorecido en los últimos dos gobiernos, junto a la burguesía financiera), ha condicionado enormemente los altos costos de la energía en el país, aun cuando los precios de los carburantes durante el mes de enero registraron caídas estrepitosas en el mercado internacional.

Honduras, por su situación geográfica podría producir energía eléctrica desde otras fuentes. Por ejemplo, se han instado en diversas zonas del país varios parques eólicos, los cuales solo producen un pequeño porcentaje de energía de acuerdo a su capacidad instalada. Por otro lado, la Planta Hidroeléctrica Francisco Morazán, en su momento una de las principales plantas generadoras de energía de la región centroamericana tan solo produce, debido a sus fallas estructurales, una pequeña fracción de su capacidad de producción. Resulta paradójico que desde hace algunos años se licitó la reparación de la planta y la misma se ha visto retrasada por la enorme conveniencia de los grupos de poder inmersos en el negocio de la producción de energía. Por lo anterior, se evidencia que la crisis por la que atraviesa la estatal eléctrica ha sido construida para favorecer ampliamente a los intereses de los grupos élites.

La crisis de la estatal la hemos absorbido los trabajadores

La crisis financiera de la ENEE ha sido absorbida por los miles de trabajadores que debemos de destinar una buena porción de nuestro raquítico salario para pagar la energía que se consume en los hogares de Honduras. A los grandes deudores, aquellos que consumen grandes cantidades de energía y que se encuentran morosos con el Estado se les continúa prestando el servicio y se hace omisión de sus deudas.

Por otro lado, la política violatoria de derechos humanos, civiles y constitucionales del gobierno de Juan Orlando Hernández ha provocado miles de despidos de los trabajadores de la estatal hidroeléctrica, lo que ha provocado un enorme problema para las familias de los compañeros, dado que al no recibir ingresos se les obliga a degradar su condición de vida.

Por otro lado, parte de los requisitos establecidos por el FMI para la erogación del préstamo era la restructuración de la empresa, lo que se traduce en despidos masivos, perdidas de las conquistas sociales y laborales; y desde luego, el aumento constante de las tarifas de energía, las cuales deberán de ser asumidas por los trabajadores y el pueblo hondureño.

Alerta

Recientemente el gobierno ha aprobado emplear los recursos de los trabajadores, aquellos que hemos destinado a través de los distintos institutos de previsión para asegurar nuestra jubilación, para invertir en proyectos de generación de energía. Este tipo de acciones atentan contra las distintas normativas de previsión, dado que ninguna institución gubernamental puede hacer uso del dinero de los trabajadores sin su consentimiento. Como en todo negocio, se corre el riesgo de no lograr lo esperado por una caída de los precios o simplemente por asegurar una administración eficiente del proceso, lo que provocaría un descalabro financiero en los institutos de previsión y con ello no se permitiría pagar las pensiones de los futuros jubilados.

Por lo anterior, desde el PSOCA hacemos un llamado a las organizaciones gremiales y sindicales a planificar de forma conjunta una jornada de movilización para frenar las intenciones del gobierno de emplear los recursos de los trabajadores para financiar los negocios que se tejen desde el Estado; así mismo, se debe de planificar una jornada de lucha en contra de los despidos masivos y la pérdida de conquistas sociales.

Por Ricardo Velásquez

Actualmente el sector más golpeado en el país sin duda alguna que es la clase trabajadora, que ha cargado con el impagable costo de las secuelas económicas heredadas del golpe de estado del 2009. A la clase trabajadora se le pasó la factura, y no es casual, en vista que son los trabajadores los que mantienen la economía del país. Por otro lado, han sido los trabajadores los que han hecho tambalear diferentes gobiernos a través de la huelga y la movilización nacional.

En elecciones generales anteriores, este hecho era motivo suficiente para que un gobierno perdiera el poder, tal y como le sucedió reiteradamente al Partido Liberal o al Partido Nacional. Sin embargo, en los momentos actuales en que el Partido Nacional controla toda la institucionalidad del Estado a través de Juan Orlando Hernández, no importa si se apalea permanentemente al sector trabajador, JOH está seguro que de lanzarse nuevamente a la presidencia sería el gran triunfador. Muchos meses antes de las elecciones generales del 2013, JOH manifestó públicamente que no necesitaba del magisterio para triunfar, y así fue. En otras elecciones hubiese sido motivo suficiente para que perdiera, tal y como le sucedió a Porfirio Lobo en las elecciones generales del 2005. Lo cierto es que si JOH controla el Tribunal Superior de Elecciones con la complicidad del Partido Liberal, entonces solo necesita su “voto duro” para triunfar.

JOH sigue insistiendo en su PMOP

El 24 de enero el Congreso Nacional, con una votación de 67 en contra y 61 a favor, denegó ratificar el decreto 283-2013 que le otorgaba el rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público. Ese mismo día, después de realizada la votación, en cadena nacional, JOH junto a todos sus ministros anunció presentarse inmediatamente al Congreso Nacional para introducir una solicitud de Plebiscito. Desde entonces inició una campaña abierta e intensa –con un alto sentido proselitista más bien- para impulsar su proyecto privado.

Según Mauricio Oliva, Presidente del Congreso Nacional, ahora buscan lograr el consenso para aprobar el Plebiscito, el cual debe ser avalado con mayoría calificada (87 votos). De aprobarse, entonces en las elecciones generales del 2017 se instalaría una cuarta urna donde se le preguntaría a los votantes si están de acuerdo o no con el rango constitucional de la PMOP. Refiriéndose a la recolección de firmas iniciadas por JOH manifestó “…tiene toda la libertad de hacer las actividades que considere pertinente, lo importante es que no se debe ver como un elemento más de confrontación sino de lograr puntos de encuentro”. LT (4/2/2015).

El lenguaje denota que tratan de endulzar a la oposición; ahora hablan de consensuar y de no confrontar. Con el comportamiento de 10 diputados liberales que votaron a favor del rango de la PMOP, lo que suceda el 9 de febrero es incierto, ese día debe decidirse si se le da trámite o no a la petición de JOH.

Oposición “impulsó” la existencia y la permanencia de la PMOP

Si bien es cierto que no se le dio el rango constitucional a la PMOP, es enorme el apoyo político que se le impregnó a este aparato militar para que siga existiendo. Ninguno de los partidos políticos manifestó estar en contra su existencia. En conclusión todos aprueban la creación de JOH, en lo que no coinciden es en que el rango constitucional le permita a JOH controlar su aparato militar.

El ex presidente Manuel Zelaya, refiriéndose al plebiscito señaló “Hernández ya entendió la importancia de la participación ciudadana”, “Juan Orlando Hernández ya entendió que es necesario que el soberano se exprese”. LT (30/01/2015).

Mauricio Villeda, presidente del Partido Liberal manifestó que no es necesario el Plebiscito porque el PL presentó un proyecto donde se propone elevar a rango constitucional a la PMOP, pero siempre que sea parte de un comando de las Fuerzas Armadas. LT (5/2/2015).

No al continuismo de JOH, No a la PMOP!

El motivo más evidente de la permanencia de la PMOP, con o sin rango constitucional, con o sin JOH, es reprimir al pueblo cuando éste se levante a reclamar derechos. Los trabajadores y los movimientos populares ya demostraron el ímpetu cuando están en lucha, por eso la burguesía y la oligarquía necesitan tener militarizada la sociedad, para detener inmediatamente cualquier intento de agitación.

La oposición debe eliminar a la PMOP y debe otorgarle nuevamente los derechos perdidos a los trabajadores; de no hacerlo, todo es demagogia.

Por Maximiliano Fuentes

La Rectora Julieta Castellanos ha logrado durante su gestión desarticular a las organizaciones sindicales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tanto el SITRAUNAH como el ADUNAH. La desarticulación de la oposición se hizo bajo un clima de desmovilización y descrédito de los dirigentes sindicales, producto de la corrupción imperante y de la pérdida de confianza de la base ante la embestida neoliberal y la ineficacia de la burocracia de dar respuestas sólidas a las exigencias de los trabajadores.

Durante el proceso, las autoridades universitarias han logrado consolidar su proyecto de reforma, que entre algunas cosas, ha logrado asestar duros cambios a los instrumentos de Ley que regulan las relaciones obrero-patronales; nos referimos al Estatuto del Docente Universitario y al XIV Contrato Colectivo.

El año anterior se aprobaron reformas al proceso de contratación docente, donde los consejos de selección docente pasaron a ser órganos consultivos, irrespetando las normas anteriores, donde la selección del personal docente se realizaba a través del cuerpo de docentes de las Escuelas y Facultades seleccionados para valorar las competencias profesionales de los aspirantes. Con esta iniciativa se eliminaban los procesos de selección anteriores, que por cierto eran partidistas, sesgados y clientelistas. Los nuevos mecanismos de selección contribuyen a engrosar la concentración del poder por parte de la Rectora y su estructura de poder, dado que al final de cuentas las autoridades deciden sobre las nuevas contrataciones, que por cierto, las mismas se realizan en función de la línea y orientación política de la señora Rectora.

Las autoridades universitarias encabezadas por Julieta Castellanos han articulado un discurso y un clima de gobernabilidad que se fundamenta en la represión laboral y estudiantil. Han implementado un estricto sistema de vigilancia para el control y supervisión del personal docente y administrativo, y en algunos casos sin fundamento constitucional, dado que el control a través de las huellas dactilares carece de fundamentos jurídicos, pues ninguna ley establece que el Estado supervisará a sus empleados a través de dicho mecanismos. Deducciones salariales son las penas establecidas por las autoridades de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Personal.

A nivel de lo laboral las autoridades universitarias han irrespetado de manera continua las cláusulas laborales, tanto las que establecen los aumentos continuos como el pago de bono de vacaciones. En los últimos dos años no ha hecho efectivo el pago del costo de vida, adeudando el año de 2014 y por ahora el mes de enero del presente año. Si bien es cierto realizó el pago del año de 2013 un año después y por partes. Es tanto el retroceso, que durante su gestión tan solo en el año de 2009 se hizo efectivo el pago a la base salarial por desindexación. De la misma manera, hasta el año anterior se le dio trámite a la reclasificación por categoría docente, teniendo por cinco años congeladas las mismas.

Como parte de la embestida, se eliminó la posibilidad de que el personal docente que labora de forma permanente impartiera los cursos extras, que por cierto, era la única vía por la cual los docentes lograban equilibrar sus salarios ante la política de deterioro de los ingresos del gobierno.

Julieta y su gabinete, ante la necesidad de elevar el índice académico, sobre todo para mostrar mejores cifras ante el gobiernos y organismos cooperantes, aprobó modificar los índices de aprobación y permanencia en la UNAH, sin considerar las condiciones socio culturales de los jóvenes universitarios, quienes ingresan a la Universidad con un sinnúmero de dificultades: bajo capital cultural, escolar y familiar producto de el bajo nivel de escolaridad de sus padres y la extrema pobreza en la que se desarrollan, así como los bajos índices obtenidos en su proceso de formación anterior. Esto generó un proceso de movilización estudiantil en Ciudad Universitaria y en la Universidad Valle de Sula, los dos centros de mayor concentración poblacional en el país. Dicho proceso fue fuertemente reprimido por las autoridades universitarias, entre acusaciones directas ante el Ministerio Público y expulsiones de los principales dirigentes.

Frente este clima de hostilidad y represión, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los diferentes sectores que conforman el Sindicato, trabajadores administrativos, docentes y estudiantes universitarios a crear un frente amplio de lucha para detener las represiones selectivas, exigir que se restablezcan los derechos de los estudiantes expulsados, exigir que se cumplan de forma efectiva la cláusulas de aumento salarial establecidas en el Estatuto de Docente y Contrato Colectivo. Solo la unidad permitirá restablecer las conquistas y derechos eliminados por las autoridades universitarias.

Por Abril Yánez

Diligentemente y sin escándalos mediáticos ha sido llevado a conclusión el caso contra la defensora de derechos de la mujer Gladys Lanza, coordinadora de la organización feminista Visitación Padilla, quien este martes 13 de enero, recibió sentencia condenatoria por el Poder Judicial.

De las organizaciones feministas en Honduras, Visitación Padilla es la más notoria por sus actividades en defensa de las mujeres, que han trascendido en los medios de comunicación, y es por esta razón que en los últimos años han resistido una serie de ataques directos contra sus dirigentes.

Hechos y antecedentes

El caso contra la compañera Lanza data de hace cuatro años cuando en “Visitación Padilla” se recibió la denuncia de Lesbia Pacheco, jefa de Recursos Humanos de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural (FUNDEVI), quien denunció que fue despedida después de largos meses de acoso sexual por parte del director de la FUNDEVI, en ese entonces, Juan Carlos Reyes. Las Chonas (como se les llama popularmente a las integrantes del movimiento Visitación “Chon” Padilla) tomaron el caso. Hicieron incidencia pública con plantones, comunicados y lograron ganar el mismo en primera instancia, cuando el Juzgado de Trabajo ordenó el reintegro de la afectada. Pero los cabildeos y tráfico de influencias lograron revertir el caso en la Corte de Apelaciones, después de lo cual Reyes demandó a Gladys Lanza por el delito de difamación.

En octubre del 2009, el programa radial “Aquí entre Chonas”, fue cerrado por decreto del dictador Roberto Micheletti, solamente por denunciar acciones represivas contra la población, en particular contra las mujeres. En noviembre de ese mismo año, fue detenida Merly Eguigure, Coordinadora de Las Chonas, por una patrulla policial registrando el vehículo en que viajaba (propiedad de la organización) el cual fue incautado y la compañera fue dejada en prisión por varias horas; esto fue en represalia por las acciones realizadas por Visitación Padilla contra la violencia hacia las mujeres, en el marco del Día de la No Violencia contra las mujeres que se conmemora el 25 de noviembre de cada año.

A partir de entonces la sede del Visitación Padilla se encuentra asediada por hombres vigilando y agentes policiales “protegiendo” sus instalaciones con fusiles al hombro. Señal ineludible de intimidación, lo que provoca que muchas mujeres víctimas de violencia se sientan temerosas y eviten buscar ayuda en dicha organización. (laschonas.com 13/enero/2015)

Decisiones del Estado

La justicia hondureña camina a pasos de cangrejo: retrocediendo, en lugar de adelantar a favor de las mujeres, que sin importar su nivel educativo o económico, se encuentran indefensas, más aun con las decisiones tomadas por los últimos gobiernos que entretejen las redes para disminuir los derechos constitucionales antes adquiridos.

Entre las violaciones a los derechos humanos durante el Golpe de Estado, se aprobaron varias leyes que confrontan los tratados y convenios internacionales y dejan en total desprotección a las mujeres: la prohibición de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), la criminalización de la defensa de los derechos humanos desde las mujeres al ser aprobada la reforma a la Ley en la cual se señala que los asuntos de violencia doméstica interpuestos ante las autoridades administrativas y judiciales serán estrictamente confidenciales, la transgresión a esta disposición será sancionada con una multa de 10 a 25 salarios mínimos.

Sentencia aberrante

En la Nueva Inglaterra de principios del Siglo XVII condenaron a una mujer acusada de adulterio a llevar en su pecho la letra “A” de adúltera que la marque de por vida mientras su amante cobardemente escondió la verdad y se mantuvo viviendo en la comunidad como un respetable hombre de Dios. La “Letra Escarlata”, novela de N. Hawthorne, relata una historia repetida tantas veces en nuestro país; miles de mujeres condenadas a soportar silenciosamente el trato violento de hombres y de otras mujeres, el acoso de jefes o el sacrificio de una vida sesgada al deber de la maternidad no deseada o una vida desligada completamente de sus propias metas individuales y sentenciadas a llevar en su pecho la marca de la “M” (Mujer, Maltrato, Miedo, Miseria, Melancolía, Muerte).

Es tiempo de que se termine con la violencia contra la mujer, en cualquiera de sus manifestaciones. Debemos exigir el respeto a los convenios internacionales y al cumplimiento íntegro de nuestras leyes sin juicios sesgados a favor de quienes practican la corrupción en cualquiera de sus formas.