Por Maximiliano Fuentes

La resolución favorable de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en relación a los recursos de inconstitucionalidad presentados por un grupo de diputados del gobernante Partido Nacional y el propio ex presidente de la república Rafael Leonardo Callejas, también de esa institución política, abre el camino para que el Presidente Juan Orlando Hernández pueda consolidar sus pretensiones de reelección presidencial.

La decisión de los magistrados no es un hecho aislado, responde a la voluntad política del actual presidente, quien ha planteado a través de 16 diputados nacionalistas la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República. En ese sentido, los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte, tres del partido de gobierno y dos liberales, fallaron de manera reciente a favor de los dos recursos interpuestos por dirigentes políticos del gobernante Partido Nacional.

El artículo 239 prohibía y penalizaba cualquier acción continuista, para ello manifestaba lo siguiente: “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido presidente de la República o Designado Presidencial”. Agrega que quienes violen esta disposición o propongan una reforma serán cesados de sus cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para ejercer cualquier función pública.

Con la despenalización de la reelección se abre un nuevo capítulo en la historia política de Honduras, dado que los ex presidentes podrán reelegirse como titulares del poder ejecutivo, dejando a un lado el pacto constituyente entre los partidos Liberal y Nacional.

No dejan de plantearse algunas contradicciones en el camino de la reelección. Solo un día después de la derogación del artículo 239, el magistrado liberal José Elmer Lizardo, de la Sala de lo Constitucional, se retractó de su firma. En un documento enviado a la Corte ha asegurado que no está de acuerdo con la resolución final, por lo que emitirá un voto disidente. Las diferencias surgen porque el fallo unifica los dos recursos de inconstitucionalidad, el del expresidente Callejas, presentado en marzo pasado y dirigido específicamente al artículo 239, y el de los diputados nacionalistas, de diciembre pasado y que incluye, además, los artículos 42 de la Constitución y el 330 del Código Penal.

El camino a la reelección

El titular del Estado de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha logrado impulsar de la mejor manera su proyecto continuista. A diferencia del Ex Presidente Zelaya, que también pretendía eliminar el artículo 374 y emprender su proyecto de continuidad a través de la consulta popular o cuarta urna. Son varias las razones por las cuales Zelaya no logró consolidar su proyecto político; en primer lugar, no contaba con el apoyo del resto de las instituciones del Estado, es más, en su momento se evidenció la ruptura con los miembros de su propio partido, como Roberto Michelleti Bain, para ese entonces presidente de la Cámara Legislativa y el Fiscal General de la Republica Luis Alberto Rubí e inclusive con el titular de las fuerzas armadas el General Romeo Vásquez Velásquez, quienes respondieron de la mejor manera a la voluntad política de los disidentes del Ex Presidente Zelaya.

Por tal razón, los grupos de poder, aquellos que pactaron en la constitución de 1982 la alternabilidad en el ejercicio del poder, le dieron golpe de Estado el 28 de junio de 2009. El actual gobernante nacionalista, desde su gestión como presidente del Congreso Nacional, organizó la institucionalidad del Estado a partir de sus aspiraciones políticas. Para ello colocó funcionarios de su entera confianza en el Ministerio Público, y tras la destitución de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, sobre todo de aquellos que ejercían un rol de oposición en contra de las intenciones políticas, jurídicas y económicas del sector que representa Juan Orlando, éste pasó a tener un control casi absoluto de la institucionalidad del Estado.

Por otro lado, el proyecto político de Manuel Zelaya Rosales no gozaba de la confianza de los grupos de poder y de la burguesía hondureña, dado que la vinculación del Ex Presidente con el chavismo, por cierto ampliamente condicionada por razones económicas y no estrictamente ideológicas, no era de la simpatía de la burguesía hondureña, históricamente conservadora y pro imperialista. Sin embargo, la versión de Juan Orlando es más lucrativa para un sector de la burguesía que ha sido ampliamente favorecida en sus años de gobierno, tanto al frente del Ejecutivo como del Poder Legislativo. Es de hacer notar que la burguesía financiera, concretamente el sector vinculado al Partido Nacional, ha logrado acrecentar sus capitales a partir de los negocios establecidos con el Estado.

El alto endeudamiento del Estado con la banca privada, bajo el complot de las autoridades de gobierno, ha logrado establecer altas tasas de interés sobre la deuda contraída. Negocio altamente lucrativo, ya que no solo los intereses son altos, sino también el tiempo establecido para el cumplimiento del pago de la deuda es bastante breve; situación que ha provocado un enorme desbalance en las finanzas del Estado, lo que determina la creación de nuevos impuestos y trancazos a los trabajadores. De la misma manera, otro de los sectores favorecidos con las políticas de gobierno es la burguesía agroexportadora y la vinculada a la economía de servicios, sobre todo la de la industria de turismo, donde el mismo Juan Orlando tiene inversiones muy grandes en el occidente de país y la Costa Atlántica de Honduras.

Por otro lado, para consolidar el proyecto de reelección se requiere de las instituciones represoras del Estado, aquellas que a través de la fuerza logren la perpetuación de un gobernante y del sector de clase que representa. Para ello, Juan Orlando ha logrado obtener el apoyo absoluto y de las fuerzas armadas. No es casual la creación de su propio cuerpo militar, disfrazado con el nombre de Policía Militar del Orden Público, y desde luego, de la Policía nacional, que por cierto ha pasado a ocupar un lugar menos preponderante, pero la cúpula policial, por el temor de ser removida y perder los privilegios que conlleva ser funcionario de Estado, se ha plegado al proyecto político encabezado por Juan Orlando. De la misma manera, los nacionalistas han logrado sostener sus proyectos asistencialistas, y probablemente hayan logrado aumentar su caudal político, sobre todo en los sectores más marginales, que se han favorecido con los distintos programas de gobierno. Las pasadas elecciones evidenciaron que un sector considerable de la población hondureña simpatiza por distintas razones con el Partido Nacional, situación que favorece, a pesar de los planes de ajuste y de miseria impulsados por el gobierno, a las intenciones presidenciables de Juan Orlando Hernández.

El papel de la oposición

El no haber logrado el rango constitucional para la Policía Militar del Orden Público por la participación de los grupos opositores encabezados por los dirigentes del Partido Liberal, Libre, PAC y PINU, daba la impresión de la más amplia unidad entre estos sectores, aun cuando cada uno de ellos tiene pretensiones de impulsar sus candidaturas hacia la presidencia de la república. Salvador Nasrrala y el Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales han dado declaraciones en distintos medios de comunicación en el sentido de que están dispuestos a descartar sus candidaturas en aras de frenar la dictadura de Juan Orlando Hernández, no obstante, se desconoce sus verdaderas intenciones y la solidez de la alianza, dado que cada uno responde a sus propios intereses.

Cabe señalar que el proyecto de reelección de Juan Orlando Hernández se da en el marco de la desmovilización y desarticulación del movimiento de masas. La derrota en la lucha contra el golpe de Estado trajo consecuencias funestas para los trabajadores y sus organizaciones, que por cierto, en los últimos años, han experimentado un enorme retroceso en cuanto a los derechos adquiridos.

No se visualizan luchas o movilizaciones que puedan contener el proyecto reeleccionista de JOH. Al contrario, la oposición encabezada por Zelaya Rosales, Salvador Nasrralla y Mauricio Villeda indirectamente ha fortalecido el régimen democrático burgués, dado que las diferencias o contradicciones de clase ya no se combaten bajo las métodos de lucha de la clase obrera, sino dentro del parlamentarismo burgués.

La lucha por una Asamblea Nacional Constituyente, democrática, participativa y que esté al servicio de refundar el país en beneficio de los más pobres ha sido sustituida por la lucha en el terreno electoral y en las instituciones del Estado capitalista excluyente que encarcela y violenta los derechos de los hombres y mujeres que enfrentan con valentía las injusticias de la sociedad capitalista.

Por tal razón, desde el Partido Socialista Centroamericano PSOCA proponemos rescatar el proyecto original del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, abogamos por la independencia de clase y por retomar la lucha por la verdadera democratización de Honduras, misma que puede asegurarse desde la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

La más amplia unidad y la democracia interna de las organizaciones son las plataformas que los trabajadores debemos impulsar para frenar los planes de ajuste y de miseria que ha venido aplicando sin oposición alguna el gobierno de Juan Orlando Hernández.

 

Por Pedro Guevara Guerra

El mes de marzo nuevamente fue funesto en este 2015. Fue un mes donde el estudiantado de los principales colegios de la capital se levantó en lucha en contra de la medida del gobierno de Juan Orlando Hernández de aumentar la duración de la jornada de clases. Los alumnos y alumnas salieron a las calles a movilizarse porque la jornada impuesta por el ejecutivo a través del ministro de educación, Marlon Escoto, atenta contra la seguridad de sus vidas ya que implica salir más temprano de las casas y regresar más tarde. El gran riesgo que corre el estudiantado proviene principalmente de los que viven en zonas altamente conflictivas. Inmediatamente que el estudiantado se levantó en protestas, el ministro de educación, a través de sus subalternos inició una cacería de brujas al estilo de la edad media o del fascismo.

Marzo significó luto y lucha para el magisterio

Coincidentemente fue el 23 de marzo que se cumplieron cinco años del vil asesinato del docente José Manuel Flores Arguijo, un maestro que dedicó su vida a la lucha popular y gremial. Un año después, el 18 de marzo del 2011, la Profesora Ilse Ivania Velásquez fue asesinada en una fuerte represión que ejerció la Policía Nacional en contra de una manifestación del magisterio en la ciudad de Tegucigalpa.

Nuevamente, ahora un 24 de marzo fueron asesinados los estudiantes del Instituto Jesús Aguilar Paz, de la jornada nocturna; los alumnos Elvin Antonio López, Darwin Josué Martínez y Diana Yareli Montoya. Ese mismo día fue raptada después de la movilización del estudiantado la alumna del Instituto Central Vicente Cáceres, Soad Nicole Ham, de 14 años; su cuerpo fue encontrado el día 25 de marzo con signos de haber sido torturada, dentro de un costal en un lugar cerca del mismo instituto donde estudiaba.

Cacería de brujas

La criminalización de la protesta pública en el país ya es algo común; los asesinatos de los alumnos se ejecutaron en lo álgido de la lucha estudiantil, política del gobierno implementada con asesores colombianos para ejecutar a los principales líderes de las protestas. La investigación de estos asesinatos también avanza a los archivos sin resolver.

Una vez atemorizada la población estudiantil, el ministro de educación exigió a los directores de los institutos en huelga que expulsaran a los líderes estudiantiles. No obstante, algunos adujeron desconocer la identidad de estos alumnos y que actuaban por cuenta propia. El profesor Nelson Cálix, director del Instituto Técnico Honduras, de la ciudad de Tegucigalpa, declaró después de una de las protestas “Aunque no estaba de acuerdo con lo que había pasado, mi deber es proteger la integridad física de los estudiantes y no podía permitir que dentro de la institución estuvieran lanzando tiros con bala viva como en efecto sucedió…me parece que estamos llegando a un proceso de intolerancia de las autoridades al creer que los muchachos son malos por el simple hecho de ser jóvenes.”(26/03/2015 la tribuna.hn).

La actitud valiente del profesor Cálix en defensa de sus alumnos y la falta de motivos para expulsar alumnos fue suficiente para que le llamaran a audiencia de descargo junto a otros directores de colegios, bajo los cargos de negligencia administrativa por permitir que los estudiantes participaran en las manifestaciones e interrumpir las actividades de enseñanza. (8/04/2015 latribuna.hn).

Al profesor Cálix se le suspendió ilegalmente por un año en dicha audiencia de descargo. Sin embargo, no todos los directores han sido consecuentes con la lucha estudiantil. El director de la Escuela Normal Mixta “Pedro Nufio” de Tegucigalpa, Ángel Dubón, expulsó a 4 alumnos que lideraban la lucha estudiantil. El abogado defensor de los estudiantes expulsados calificó la suspensión como “una avalancha de persecuciones en contra de los estudiantes, quienes, según las leyes, tienen derecho a manifestarse.” (15/04/2015 latribuna.hn).

Solo la unidad y la lucha podrán contra el gobierno de JOH

El Ministerio de Educación a través de la prensa mediática realiza una férrea campaña acusando a los líderes estudiantiles de mareros, delincuentes y de tener redes de prostitución. Esta política de Estado tiene el fin principal de ocultar el motivo de la lucha estudiantil, pero esta política de desacreditación no es nueva, ya que antes la han utilizado desacreditando a los docentes.

El magisterio, estudiantado y padres y madres de familia deben organizar una protesta nacional en contra de las políticas impuestas por JOH y en defensa de estudiantes expulsados y docentes suspendidos.

¡Todo el apoyo y solidaridad a los directores suspendidos y alumnos expulsados!


Por Colectivo “José Manuel Flores”

Los recientes acontecimientos en Honduras, en donde han sido asesinados estudiantes que se oponen a la Jornada Extendida en la Educación Media, ponen al descubierto el drama que vive el magisterio, las brutales jornadas de trabajo y sobreexplotación y los bajos salarios imperantes.

Pliegos de Responsabilidades contra el Magisterio

A inicios del gobierno de Porfirio Lobo, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó pliegos de responsabilidades para unos 17,000 maestros que laboran con jornada plena o exclusiva (la Jornada Plena consiste en laborar en dos instituciones educativas diferentes con un máximo de 36 horas en cada una; la jornada exclusiva consiste en tener un máximo de 54 horas clases en una misma institución; la jornada normal es de 36 horas en una sola institución). El motivo fue –según el gobierno de Lobo y ahora el gobierno de Juan Orlando Hernández- el doble pago de calificación académica. Este argumento se comenzó a utilizar contra el magisterio, desde el gobierno de Manuel Zelaya, aunque no tuvo mayores consecuencias.

Debido al alza constante de los precios de la canasta básica o popular, los maestros nos vemos obligados a trabajar dos jornadas, para obtener más ingresos, pero esto repercute fatalmente sobre el nivel de la educación. Al final, maestros y pueblo en general sufrimos las consecuencias de este ataque contra la educación.

Los pliegos de responsabilidades fueron respondidos por los docentes y apenas hace tres semanas salió un nuevo listado con el nombre de unos 100 docentes que no los respondieron. A estos la Ley les otorga el derecho de 10 días para que respondan ante el TSC.

El ataque del gobierno fue dirigido exclusivamente a los docentes que principalmente laboran en Educación Media, y algunos en primaria. Como la medida no incluía al resto de los 60,000 docentes, entonces esta provocación no originó una lucha masiva sino que se dilucidó por la vía administrativa ante el TSC.

La Jornada Extendida

En el año 2014, el gobierno de JOH a través del Ministro de Educación, Marlon Escoto, impuso dictatorialmente la jornada extendida en el sector de primaria y de algunos Centros Básicos. Esta medida afectó unos 6,000 centros educativos que se opusieron a la misma. En el 2015 la medida se amplió a unos 11,000 centros educativos. Esta medida fue aplicada principalmente a centros de primaria.

La Jornada Extendida es de 8:00 a 11:30 A.M. y de 1:00 a 3:00 PM, el incremento es de 30 minutos tanto para los alumnos como para los docentes. Según las genialidades del Ministerio de Educación, en esos 30 minutos se deben impartir charlas de valores. El gobierno pretende combatir la violencia imperante, sin solucionar los problemas de las masas, sino con argumentos ideológicos reaccionarios, además de utilizar como argumento para que los niños y niñas no migren a los Estados Unidos.

En el 2014 hubo protestas de padres y madres de familia por que la medida les afectaba la economía familiar y les complicaba el horario de llevar a los hijos e hijas a los centros educativos, y tenían que recogerlos dos veces al día.

Las protestas no tuvieron la fuerza suficiente y la medida quedó impuesta, a pesar de que muchos docentes que laboraban con Jornada Plena vieron violentados sus derechos laborales y prácticamente fueron obligados a renunciar a una de las plazas, o bien poner en licencia una de las dos.

El conflicto de los 45 minutos

A pesar de que la nueva Ley Fundamental de Educación y los 22 reglamentos aprobados -que violentan y desaparecen en los hechos el Estatuto del Docente- plantean que la Jornada Extendida debe ser aplicada únicamente a petición de los padres y madres de familia una vez que la hayan consensuado en la comunidad con todas las organizaciones e individuos involucrados, esta medida nuevamente se ha impuesto desde arriba violentando la misma ley que el régimen a aprobado.

Cuando se aprobó la Ley General de Educación – contemplado también en el Estatuto del Docente-- se planteó que la jornada mínima de labor frente a alumnos debe ser de 5 horas reloj en el sector primaria. Obviamente de forma implícita siempre se manejó que el docente dedica más de 5 horas reloj a la labor docente y que incluye actividades como elaboración de planes, exámenes, guías, revisión de tareas, preparación científica, barrer y trapear el aula de clases, etc.

Pero este aspecto no fue regulado legalmente y se volvió costumbre laborar 5 horas reloj frente alumnos y que todas las actividades sin alumnos el docente las debe llevar a realizar a su casa, lo que constituye una sobreexplotación del docente.

Horarios impuestos

En el sector de Educación Media, tanto la Ley General de Educación como el Estatuto del Docente y la Ley Fundamental de Educación con sus 22 reglamentos, plantean que la hora clase debe durar como mínimo 45 minutos. Sin embargo, ante la incapacidad del Estado de cumplir con una oferta educativa para la población, principalmente en la década de los años 80, en los grandes centros que en aquel tiempo existían se abrieron 3 jornadas en el mismo centro: matutina, vespertina y nocturna. Las jornadas en promedio funcionaban con los horarios siguientes:

                           Matutina: 7:00 -12:00

                          Vespertina: 12:30 – 5:30

                          Nocturna: 5:30 – 10:00

Dentro de esos horarios laborales cada institución adecuó la duración de las horas clase, a conveniencia de cada centro educativo. El gobierno se impuso, la costumbre se volvió Ley y el magisterio tuvo que soportar jornadas de trabajo fuera de las 5 horas mínimas frente a alumnos sin que les fuera remunerado.

Desde el año 2014, el Ministro Marlon Escoto anunció que aplicaría la Ley y que la hora clase debe durar 45 minutos como mínimo, medida dirigida al sector de Educación Media. Incrementar la hora clase en 45 minutos extiende las jornadas matutina y vespertina en 35 minutos en promedio y la nocturna en 1 hora y 5 minutos, lo que llevaría a los siguientes horarios de clases:

                             Matutina:    7:00 -12:35

                            Vespertina:   1:00 – 6:35

                            Nocturna:    6:40 – 11:40

Lo anterior solo es una idea de la forma en que se podrían manejar los horarios de las 3 jornadas, haciendo malabares como entrar más temprano y dejar el menor tiempo posible entre lo que una jornada sale y la otra entra, quizás se pudiera llegar a forzar el cumplimiento de esas jornadas. Sin embargo, lo real y objetivo es que se entrará más temprano y se saldrá más tarde.

Esto ha originado que el estudiantado de los principales centros educativos de Tegucigalpa (que es donde funcionan las 3 jornadas) hayan protestado en las últimas semanas. El motivo de los dirigentes estudiantiles es simple; como no hay transporte ni seguridad entonces que no debe aumentarse la hora clase a 45 minutos.

Las protestas de los alumnos han estallado en un momento en que el gobierno de JOH nada en aguas mansitas, dedicado con todas las instituciones del Estado bajo su control a allanar el camino de la reelección presidencial; ha dejado que el Ministro Marlon Escoto se las arregle con los alumnos e imponga el nuevo horario.

Represión y nuevos mártires estudiantiles

Antes de que las protestas estudiantiles tomaran mayor fuerza y fuesen acuerpadas por más colegios, estas fueron reprimidas con alto nivel de violencia de parte del gobierno de JOH: dos alumnos y una alumna de la Jornada Nocturna del Instituto Jesús Aguilar Paz fueron acribillados en la calle, cerca de sus casas. Una alumna del Instituto Central Vicente Cáceres de apenas 14 años fue secuestrada y luego tirada dentro de un saco de mezcal, en un lugar baldío cerca del mismo Instituto donde estudiaba.

La alumna Soad Nicole había dado declaraciones a medios de comunicación exigiendo la solución del problema y que mejor les dotaran de pupitres. Tal y como era de esperarse, los voceros de la Policía han tratado de ligar los asesinatos a pelea entre pandillas. Pero lo que el gobierno de JOH no puede ni podrá desvirtuar nunca, es que estos asesinatos ocurrieron en lo álgido de la lucha estudiantil, con el claro propósito de amedrentar a los estudiantes en lucha.

¿Cuál es el objetivo del gobierno con la Jornada Extendida y los 45 minutos de hora clase?

La implementación de las políticas neoliberales, impuestas aceleradamente y con mayor fuerza después del golpe de Estado del 2009, tiene como objetivo bajar la masa salarial de todo el Estado, una de las grandes exigencias del FMI es reducir el déficit fiscal, controlar y disminuir los salarios y devaluar la moneda gradualmente mediante el deslizamiento, entre otras.

Desde 1998, sin duda alguna que el sector magisterial es el que más incrementó sus salarios, primero con el Estatuto del Docente (1998-2001), en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) hubo aumentos por fuera del Estatuto pero los hubo. En los años 2006-2010 con el acuerdo logrado con el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales se obtuvo significativos aumentos. Pero a partir de ese momento comenzó el declive y el retroceso de las conquistas del magisterio.

En esa época, tanto la empresa privada, como los gobiernos mismos y líderes de las iglesias católicas y evangélicas, despotricaron con fuerza de que los maestros constituían parte de una clase privilegiada y que se les deberían exigir más trabajo y pagar menos, así como eliminarles derechos sociales.

Como consecuencia del golpe de Estado, esta campaña mediática se volvió real, y ante la crisis económica galopante en el país, no existe un sector más golpeado que el magisterio, pero los enemigos del magisterio siguen creyendo que los maestros siguen siendo afortunados y que se les debe quitar hasta la última gota de sangre.

Con la jornada extendida en los centros de primaria y con el incremento de la hora clase a 45 minutos en los centros de educación media, quien sale más perjudicados son los mismos docentes.

La verdadera intención del gobierno de JOH es que funcione una sola jornada académica y que vaya de 7:00 A.M. a 3:00 P.M., en los dos niveles, ahora llamados Educación Básica y Educación Media. Muchos docentes creerán en este momento que no son perjudicados, pero a la larga el objetivo del gobierno es que el docente labore más tiempo dentro de la institución por menos dinero, ya que con la inflación y la devaluación los salarios se han reducido ostensiblemente.

Ante este panorama, los casi 17,000 maestros que poseen jornada plena o exclusiva y cuyos horarios se traslapan, deberán ir haciendo arreglos internos inicialmente, pero llegará el momento en que los despedirán por incumplir en uno de los centros o tendrá que renunciar para no ser reparado.

Por un programa que revolucione la educación en el país

Los argumentos que los alumnos han utilizado como consignas centrales para irse a movilización en contra de la medida de Marlon Escoto y Juan Orlando Hernández, como la falta de transporte y la inseguridad imperante en el país, son correctísimos pero no explican ni solucionan el fondo del problema. El gobierno de JOH pretende hacer concesiones parciales, como entregar bonos de transporte y enviando patrullas a los lugares álgidos, como un mecanismo para desmovilizar a los estudiantes, y evitar que estas luchas enciendan la llama dentro del magisterio.

De igual manera, es totalmente incorrecta la política de un sector de los docentes, al hacer propuestas de nuevos horarios como ir los fines de semana o en días de diciembre a supuestamente reponer los famosos 5 minutos por clase. Nuevamente planteamos que los docentes deben abstenerse de propuestas como estas, nuestro objetivo central debe ser que una sola jornada de trabajo permita obtener el salario suficiente para sostener a nuestras familias y vivir dignamente.

El magisterio debe enarbolar la bandera de la Defensa de la Educación Pública de Calidad y ponerse al frente, sumar a padres y madres de familia y alumnado en general y plantear puntos como los siguientes:

  1. Cualquier cambio en los horarios de clases debe garantizar el derecho laboral adquirido de los y las docentes, sin menoscabo de estos.
  2. Cualquier incremento en la carga académica sin duda alguna que trae mayor formación cultural para los alumnos, pero esta no debe ir en detrimento del salario de los docentes, a mayor trabajo más salario acorde con la inflación y devaluación de la moneda.
  3. Si el gobierno pretende una jornada de clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde debe asumir la obligación de dar el almuerzo a los alumnos.
  4. Los docentes no deben llevar trabajo a la casa, el gobierno debe remunerar el trabajo que se hace sin alumnos y debe ser realizado dentro de la misma jornada que se pretende. Una sola jornada de trabajo debe ser suficiente para vivir dignamente, de esta forma se mejora la calidad de la educación pública.
  5. Ante una jornada de 8 horas se deben impulsar las actividades recreativas y deportivas dentro de los centros educativos, volviéndose parte de la formación integral de los educandos.
  6. Dotar de los requerimientos mínimos a los centros educativos para bienestar de los alumnos, como ser: mobiliarios, laboratorios, aulas, sanitarios, energía eléctrica, agua potable, libros, seguridad, personal de aseo, etc.

La anterior propuesta debe ser discutida y enriquecida, pero ante la intención del gobierno de JOH de seguir fastidiando a los docentes, es el tiempo de evidenciarlos con una propuesta que revolucione la educación.

Finalmente llamamos a las organizaciones populares, a los partidos políticos que se reclaman de oposición, a los partidos de izquierda, sindicatos, gremios y organizaciones sociales, a movilizase en apoyo de los estudiantes y el magisterio. Exigimos la investigación científica de los asesinatos estudiantiles y el enjuiciamiento de los culpables y también exigimos el esclarecimiento de los maestros mártires en la coyuntura del golpe de estado de 2009 y la posterior lucha de los maestros.

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de abril de 2015

Colectivo “José Manuel Flores”

Por: Abril Yánez

“Art. 157. La jornada laboral diaria para los docentes en función docente, directiva docente y orientación docente, será como mínimo de cinco (5) horas reloj diarias, de lunes a viernes de cada semana calendario.” (Reglamento de la Carrera Docente, 17/09/2014).

El Secretario de Educación anunció que para el 16 de marzo se comenzaría a extender la jornada de clases en todos los centros de educación del país, lo que significa que los horarios de 7:00-12:00 m (jornada matutina), de 12:30- 5:30 pm (jornada vespertina) pasarían a 7:00-1:30 pm (jornada matutina) y 1:00-7:00 pm (jornada vespertina), eliminando automáticamente los centros educativos nocturnos cuyo horario ha sido de 5:40-9:00pm., objetivo que ya se está cumpliendo, pues varios institutos nocturnos ya fueron cerrados.

La realidad del país no está para exponer a la población estudiantil a salir desde antes de las 6:00 am para llegar puntualmente a su jornada, o llegar a su casa ya entrada la noche si su jornada es vespertina; muchos deben trasladarse desde zonas retiradas de sus centros educativos. Cada día sale el sol y la lista de sucesos, muertes violentas, secuestros, etc. aumenta.

Debido a esto, los estudiantes de diferentes institutos se alzaron en huelga desde el mismo lunes 16, siendo reprimidos por la Policía al lanzarles bombas lacrimógenas, agua y hasta disparos, por lo que los estudiantes se defendieron con lo único que tenían a mano: piedras y valentía. El resultado: dos estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres fueron trasladados al Hospital Escuela Universitario por el Director Interino del Instituto Prof. Hernán Díaz después de recibir varios disparos por un guardia de seguridad de un vehículo repartidor de refrescos.

Afuera del hospital, la madre uno de los muchachos lamentaba el hecho violento diciendo “Sentí un dolor en mi alma al enterarme que mi hijo estaba herido. No sé en qué está pensando el ministro de Educación, ya basta, a mi hijo lo están interviniendo. Si a mi hijo le pasa algo yo voy a proceder nacional e internacionalmente contra el señor Marlon Escoto”, afirmó. (www.elheraldo.hn).

Inmediatamente, ese mismo día el ministro envió dos comunicados: uno por la mañana, exigiendo a los docentes consignar los nombre de los estudiantes que asistieron a la protesta para “aplicar las medidas correctivas” y la supervisión de labores para la deducción del salario a los docentes que no estuvieran impartiendo clases. Después de los acontecimientos de la tarde, envió otro comunicado en el cual llamó a “normalizar las labores educativas y presentar sus propuestas por escrito para atender de forma diferenciada la ampliación de los horarios o la compensación de la jornada” (Comunicados, 16/03/2015).

Al final de todo esto, la objetividad con la que vemos los acontecimientos nos indica que el blanco a perseguir siguen siendo los docentes, pues al extender la jornada se obliga a los miles de docentes que gozan de la llamada jornada plena (dos jornadas completas) a renunciar a una de ellas porque los horarios de salida y entrada a sus centros de trabajo se cruzan, impidiendo cumplir puntualmente con sus horas laborales.

Es vergonzosa la forma en que se resuelven los conflictos en nuestro país; la represión física y verbal antes que el razonamiento y el consenso entre las partes, la imposición de leyes y reglamentos sin tomar en consideración las necesidades del pueblo y la voluntad de cumplir al pie de la letra las órdenes de los organismos internacionales, resumen el perfil de la gobernanza en Honduras.

Una de esas órdenes es reducir la masa salarial, lo que implica violentar los derechos adquiridos. Varios de estos derechos han sido reducidos al recuerdo: no hay aumento salarial a los docentes, se aumentó la edad de jubilación –ahora pensión-, las licencias por enfermedad son mínimas otorgadas al tiempo mínimo, no hay libertad de cátedra y las normativas de evaluación se anulan al exigir la aprobación de todos los estudiantes (caso contrario, hay sanciones para los docentes), se redujo el tiempo de vacaciones y se aumentan los días laborales –incluso obligando a trabajar los sábados y domingos-, se exige el ingreso de notas al SACE cuya página web siempre está caída y hay sanciones para quien no pudo cumplir en el tiempo establecido.

La educación en el país transita por un terreno escabroso que mantiene en vilo a quienes deben cruzarlo, ya que por mirar dónde ponen su pie dejan de observar el horizonte y pierden el camino.

Es tiempo de levantar la mirada; aún con los pies ensangrentados no se debe perder de vista que el derecho a la educación y al trabajo respetado es inviolable.

Hacemos un llamado a aquellos y aquellas docentes que aún creen en la reivindicación de los derechos perdidos, a unirse en una sola voz y reavivar la lucha. Es imperativo.


Por Maximiliano Fuentes

Durante las últimas semanas, los trabajadores universitarios han recibido una fatídica noticia: el INPREUNAH no logra asegurar su sostenibilidad, bajo las actuales condiciones. Desde hace algunos meses se reconocía que las finanzas del Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH) venían colapsando. El instituto es un organismo creado mediante acuerdo número 1 del acta 528 de la sesión extraordinaria celebrada el 14 de junio de 1989, siendo el 27 de julio de 1990 cuando inicia operaciones.

La crisis financiera del INPREUNAH se suma a la crisis de las otras instituciones de pensiones y jubilaciones de los empleados públicos, como el INPREMAH y el INJUPENP. Sin lugar a dudas, existe una política por parte del Estado para desarticular las pensiones de los trabajadores y dejar sin reconocimiento las deudas históricas.

Frente a la embestida de los gobiernos nacionalistas contra los derechos laborales y las conquistas sociales se hace necesario que los trabajadores nos organicemos no solo para elaborar nuestras propias propuestas, sino también para defender y fortalecer nuestras entidades financieras. No podemos desconocer que nos encontramos en punto de inflexión, o terminamos de retroceder y lo perdemos absolutamente todo, o avanzamos dando la pelea por mejorar nuestras condiciones de vida. Esa es la gran tarea que la actual lucha de clases nos impone.

La Rectoría niega de forma tácita su participación en la gobernabilidad de la institución, dado que en noviembre del año de 2008 los representantes del SITRAUNAH, ADUNAH, y AJUPEUNAH reformaron el reglamento del Inpreunah para excluir a la Rectoría de ese órgano, generando con ello un triunvirato a nivel de su gobierno.

No obstante, a partir de las políticas de contratación del personal y al no cumplir con el pago de la deuda histórica, la rectoría ha contribuido a elevar el déficit actuarial de la institución.

El déficit actuarial se ha incrementado por diversas razones: por un lado, por la jubilación de trabajadores y docentes, que por los años de laborar para la institución, además por su categoría, sus salarios eran mayores y también los techos de cotización. Los nuevos aportantes cotizan menos, situación que genera desbalance en los ingresos recibidos. ¿A qué se debe esto? Pues a las políticas de contratación de las autoridades universitarias, dado que se modificó lo establecido en el Estatuto, y un docente que recién ingresa al sistema, a pesar de contar con los grados académicos requeridos para ocupar una titularidad, ingresa con el grado de Profesor Auxiliar y por tanto con un menor salario que de acuerdo a lo tipificado en el Estatuto del Docente, y por tal razón su cuota de cotización al INPREUNAH se reduce.

Pero esto no es todo. Las actuales autoridades universitarias han adoptado la política de desarticular áreas o servicios que eran cubiertos por trabajadores contratados por la Universidad. Por ejemplo, la seguridad interna ha venido siendo sustituida por los servicios de compañías privadas, que por cierto, no tienen ningún tipo de beneficio laboral o social con la UNAH, y mucho menos pueden gozar de los servicios prestados por el INPREUNAH. Lo mismo ocurre con los docentes. Se ha declarado desiertos concursos, aun cuando las unidades académicas demandan la contratación de personal docente; no obstante, las contrataciones se están realizando bajo las modalidades de profesores por hora, que por cierto, no cotizan al Instituto.

Así mismo, las autoridades no han hecho efectiva la deuda histórica, que para el año 2010 ascendía a los 95.3 millones de Lempiras. La señora Rectora manifiesta no desconocer la deuda, no obstante no realiza los desembolsos o las transferencias requeridas. También, se debe aceptar la participación fraudulenta por parte de los dirigentes del SITRAUNAH y algunos miembros de la ADUNAH, quienes por años ocuparon cargos fundamentales y cometieron actos ilícitos en perjuicio de los fondos de los propios trabajadores. Pero se cuestiona que la Rectoría era consciente de la situación de corrupción, sin embargo omitía cualquier pronunciamiento o cuestionamiento sobre los ilícitos.

La propuesta de las autoridades universitarias y de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) no es la más atractiva para los trabajadores universitarios, sobre todo porque la crisis financiera y el rescate de la institución recae sobre las espaldas de los trabajadores, omitiendo la responsabilidad directa de la Rectoría y de las personas que sustrajeron los bienes y finanzas del Instituto. Por tal razón, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) condenamos enérgicamente la intervención por parte de la Rectoría; los trabajadores universitarios deberán de discutir a través de una asamblea democrática sus propias propuestas; nos oponemos a la concentración del poder y a la manipulación de los organismos de los trabajadores. Estamos en desacuerdo con el aumentar los techos de cotización y de jubilación. Por todo lo anterior, proponemos se discuta en una asamblea las acciones a tomar para hacer valer el derecho a la previsión y seguridad social.

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