Por Olmedo  Beluche

Muchas personas que han leído el contrato con la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) lo han definido como el “Hay-Bunau Varilla” del siglo XXI, en alusión al tratado sobre el Canal de Panamá que nos impusieron en 1903, por el cual el país vio cercenado su principal recurso de la soberanía nacional. Tienen toda la razón al pensar así. Más de cien años después se repite la historia por la cual un puñado de “panameños”, a cambio de unas migajas, ceden casi a “perpetuidad”  (cuarenta años prorrogables) nuestra soberanía sobre el principal recurso minero del país.

Aquí es donde se produce, si queremos aprender, esa ida y venida de los hechos, por el cual a partir de un acontecimiento presente podemos comprender otro parecido que sucedió en el pasado, y viceversa, el pasado, cuando se lo estudia debidamente, nos ayuda a entender lo que está sucediendo en el momento presente. Esa reflexión que va y viene del presente al pasado y de vuelta al momento actual, demuestra que la historia sí que es útil para la toma de decisiones.

El contrato minero que se debate, al igual que el Tratado Hay-Bunau Varilla, pretende ser impuesto sin que el pueblo panameño, ni los legisladores, puedan cambiar ni una coma. Al igual que en 1903, cuando Teodoro Roosevelt amenazó con graves consecuencias a Colombia si rechazaba aprobar el tratado, la consecuencia fue la “separación” de Panamá por la fuerza de las armas norteamericanas. Ahora la empresa chino-canadiense amenaza con demandas internacionales que serían onerosas para el país. Por eso el Consejo de Gabinete actual aprobó sin condiciones el contrato, y así espera que haga la Asamblea Nacional, como en su momento la Junta Provisional de Gobierno, presidida por José A. Arango hizo con el Tratado firmado el 18 de noviembre de 1903.

Un tratado que ha sido negociado entre partes “interesadas” violando todo principio de “conflicto de intereses”: mientras en 1903, los negociadores del tratado eran parte interesada (accionistas de la compañía francesa del canal), William Cromwell y Philippe Buanu Varilla, y los empleados de la Compañía del Ferrocarril (manejada por Cromwell), Manuel Amador Guerrero y José A. Arango. Ahora negocian en nombre de First Quantum, el bufete Morgan y Morgan, con agentes del gobierno vinculados al sector minero, como José G. Carrizo y Federico Alfaro Boyd (con familiares en Morgan y Morgan).

El Tratado Hay Bunau Varilla entregó, “como si fueran soberanos”, a Estados Unidos miles de kilómetros cuadrados con la excusa de la construcción y funcionamiento del canal, con “derecho” a disponer de las aguas de la cuenca y de expropiar tierras, de administrar puertos y producir electricidad. Tal cual establece el actual contrato con Minera Panamá, dándole “derechos” sobre tierras, aguas, puertos y expropiaciones de tierras que consideren necesarias, solo le faltó decir “como si fueran soberanos”. Pero no es necesario que lo diga porque se infiere si el contrato dice que las autoridades nacionales solo pueden acceder a la mina con permiso de sus gerentes.

Al igual que en 1903, a muchos panameños se les quiere hacer creer que gracias a este acuerdo viviremos en la prosperidad y que el dinero lloverá como maná para resolver tantos problemas como el de las míseras pensiones y el programa de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Así mismo muchos creyeron que con el canal en manos de los gringos nos bañaríamos en riqueza. La realidad demostró que los 250 mil dólares que los gringos pagaban de anualidad era una migaja que no alcanzaba para nada, respecto a los millones que ellos ganaban con el canal.

A los habitantes de la zona de tránsito se les hizo creer que serían los primeros beneficiarios del canal en 1903, pero luego lo que recibieron fue expropiación de sus casas y tierras, y expulsión de la Zona del Canal a partir de 1915. Perdieron todo a cambio de nada. Ahora igual, le venden a los habitantes de Donoso y el Norte de Coclé, la idea de que la mina compartirá con ellos su riqueza. Al final serán los más afectados por la contaminación, la deforestación y la pérdida de sus ríos y tierras.

En 1903 toda la oligarquía panameña, la élite empresarial y los medios de comunicación apoyaron incondicionalmente el Tratado Hay-Bunau Varilla y acusaron de “antipatriotas” a los que se opusieron, entre ellos Belisario Porras y Juan B. Pérez y Soto (a los que se les impidió volver al Istmo) y el caudillo Victoriano Lorenzo (que fue fusilado como advertencia a quienes se opusieran). Hoy acusan de “comunistas” a los obreros, docentes, jóvenes y estudiantes que se oponen al acuerdo minero y les tiran los antimotines, mientras los medios de comunicación, la APEDE, la Cámara de Comercio y los partidos tradicionales le hacen la venia a First Quantum Minerals.

Si bien el contrato con First Quantum M. (alias Minera Panamá) es semejante al Tratado Hay-Bunau Varilla, el desenlace de la historia no tiene por qué ser igual, no tenemos que aguantarnos cien años de abusos y oprobio nacional. Salgamos a las calles masivamente a rechazar ese contrato leonino. Exijamos que sea el pueblo panameño el que decida si se aprueba o no el contrato mediante un plebiscito. Exijamos que esa decisión salga de las manos de los vendepatria diputados de la Asamblea Nacional.

Por Polo Ciudadano

1. Ha pasado un año desde el gran estallido social del pueblo panameño de julio de 2022. La situación política de Panamá de cierta manera ha cambiado, pero los problemas estructurales que dieron origen a ese movimiento siguen iguales o peores. Las movilizaciones populares que remecieron al país han desaparecido. La clase dominante ha logrado canalizar las expectativas de cambio de la gente hacia el campo que ella domina: las elecciones de 2024. Lo nuevo es que la candidatura de la profesora Maribel Gordón expresa la continuidad de aquella lucha por la vía electoral. Y, al mismo tiempo, se mantienen movilizadas las comunidades que se enfrentan a los cortes de luz y agua; los estudiantes, padres de familia y docentes que defienden sus escuelas públicas en pésimas condiciones, los pacientes que denuncian los malos servicios de salud.

2. Las encuestas muestran que la principal preocupación del pueblo panameño sigue siendo lo que produjo el estallido social de 2022: el alto costo de la vida, en particular la canasta básica alimenticia. Siendo que Panamá es uno de los países con menor tasa inflacionaria de Latinoamérica según los datos oficiales (5% en 2022 y 2% este año), cabe preguntarse por qué la subida de precios tan pequeña (en relación a otros países) afecta tanto a nuestro pueblo.

3. La explicación para esta contradicción ya la dio el Polo Ciudadano el año pasado: aunque los precios no crecen tan espectacularmente, como en otros países, la subida constante de la canasta básica nos habla de que la clase trabajadora está afectada por: el alto desempleo y salarios precarios. Lo que produce grandes niveles de pobreza y desigualdad social (una de las peores del mundo).

4. Pese a la demagogia sobre la “recuperación económica” del gobierno del PRD-Cortizo, la realidad es que se han mejorado las ganancias del sector empresarial, sin que haya bienestar para el pueblo panameño: 

La tasa de desempleo abierto es del 8%, el doble para los jóvenes; 

El empleo informal, una forma de desempleo encubierto, afecta a casi la mitad de la fuerza laboral (48%); 

La suma de desempleo y empleo informal muestra que más de la mitad de la fuerza de trabajo tiene una situación precaria;

La canasta básica alimenticia es de B/. 341.00 por familia por mes 

La canasta básica general anda por lo mínimo en B/. 682.00

La mediana salarial es B/728.00 casi igual a canasta básica general, y la realidad es que la mayoría de los salarios están por debajo de la mediana salarial; 

La pobreza extrema afecta al 13% de las familias y la pobreza relativa a más del 32%, en 2021, según la CEPAL; 

El coeficiente de Gini que mide la desigualdad entre ricos y pobres es de 49.8, mucho mayor que la media de Latinoamérica que es de 45.3. Es uno de los peores de Latinoamérica y del mundo.

5. Con las ganancias empresariales la cosa opera al revés: el sector financiero expresado en la banca, que es el corazón del capitalismo panameño, no ha tenido ningún año malo, pues hasta en 2020, con la pandemia de la COVID-19, reportó ganancias. Mientras muchas medianas y pequeñas cerraban y centenas de miles perdían sus empleos, los bancos tuvieron ganancias exorbitantes. Gracias a la política del gobierno Cortizo-PRD a favor de los banqueros: en abril de 2022, los activos financieros mostraron un aumento anual (respecto a 2021) de 5,445 millones de dólares (4%), mientras que la “utilidad neta”, a 2023, era de 937 millones de dólares, con un aumento de los “beneficios” del 44.8%.

6. Esta situación se repite para cada uno de los grandes oligopolios que controlan la distribución de medicinas, alimentos y comida, contra cuyas alzas abusivas se sublevó el pueblo panameño en julio de 2022. Esos oligopolios, encabezados por la Cámara de Comercio y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), hicieron lo posible por sabotear los acuerdos de la Mesa del Diálogo. El gobierno del PRD-Cortizo demostró con sus actos que es un agente de esos oligopolios y no cumplió ninguno de sus compromisos: no congeló la canasta básica, no congeló los precios de las medicinas, ni siquiera cumplió con el presupuesto prometido para la educación, 6% del PIB. Sólo se cumplió a medias el “subsidio” al combustible que en realidad es un subsidio al monopolio de la gasolina.

7. El gobierno Cortizo-PRD, desde 2019, viene asumiendo un alto endeudamiento público para financiar su funcionamiento mientras que permite la evasión fiscal por parte de los empresarios, además de incontables exoneraciones a los más ricos. Desde 2019 a 2023, el gobierno ha subido en más de 20,000 millones de dólares la deuda pública, mientras que la evasión fiscal anda por los 3,000 millones de dólares anuales. Es decir, el endeudamiento público opera como un subsidio a los empresarios evasores y exonerados. En el año electoral de 2024, para financiar el clientelismo, el gobierno ha presentado un presupuesto histórico de 32 mil millones de balboas, que financiará con más deuda. Esta forma de actuar es un subsidio a los ricos que paga el pueblo con recortes a los programas sociales. El pago de intereses, para 2024, se estima llegará a 5,000 millones de dólares que se traducirá en deterioro de escuelas y hospitales, mal servicio de agua y calles intransitables. 

8. El gobierno Cortizo-PRD ha llevado la situación de la Caja de Seguro Social a una crisis total, con pésima atención, mora quirúrgica, deterioro de las instalaciones, falta constante de medicamentos. El manejo irresponsable y criminal de la administración de la CSS sirve a oscuros intereses que planean desmantelar la entidad y reformas privatizadoras de la institución y las jubilaciones. La Cámara de Comercio, la APEDE y la CONEP mantienen una campaña hipócrita contra el sistema solidario de jubilaciones a la vez que, con la complicidad del gobierno, 39,268 empresarios mantienen una morosidad de B/. 370 millones en cuotas. Polo Ciudadano junto al movimiento obrero organizado exigimos el retorno al sistema solidario eliminando el sistema de jubilaciones mixto que se impuso en 2005.

9. Confirma el carácter antinacional del actual gobierno y de todos los partidos políticos que se dicen de “oposición”, el apoyo al nuevo contrato con First Quantum (Minera Panamá) para regalarle la riqueza mineral y forestal del país, convirtiéndola en un nuevo enclave colonial parecido a la extinta zona del canal. El vuelco del gobierno hacia intereses del sector minero, que amenazan el ecosistema y miles de comunidades, está representado directamente por el vicepresidente y candidato oficialista a la presidencia, José G. Carrizo, y se expresa también en la reactivación de la mina de Petaquilla y la concesión de Cerro Quema. El Polo Ciudadano y muchísimas organizaciones sociales han denunciado el oprobioso contrato que contiene claros vicios de inconstitucionalidad y amenaza la soberanía nacional y el medioambiente. Para el Polo Ciudadano no sólo debemos RECHAZAR el contrato con First Quantum, sino que hay que exigir la NACIONALIZACIÓN de la mina. La fuerza pública panameña debe entrar a sus instalaciones y expulsar a sus gerentes, colonos y extranjeros del área. A partir de sacar a esos depredadores del país, hay que someter a debate nacional y decidir mediante un PLEBISCITO democrático si la nación desea tener una política minera o no.

10.  La entrega de la soberanía nacional por parte del gobierno queda retratada con la sumisión a la política norteamericana, al tratamiento reverente a la actual embajadora de Estados Unidos, el constante viaje de secretarios de Biden y la implementación de acuerdos de todo tipo sin debate nacional respecto a su conveniencia, empezando por la creciente “asistencia militar” con la excusa de la crisis migratoria. 

11.  Por todo lo expuesto, el Polo Ciudadano ratifica que el país requiere un cambio de rumbo total, empezando por una reforma fiscal progresiva que haga pagar a los millonarios los impuestos que financien obras públicas que creen empleos estables y bien pagados, para tener una educación y salud públicas de verdadera calidad, controles a los precios y las ganancias de modo que las familias puedan tener una vida digna. 

12.  Por Una Vida Digna es el programa levantado exitosamente por la candidatura de libre postulación de la profesora Maribel Gordón, que ha recogido el programa de demandas sociales por el que luchó el pueblo panameño en julio de 2022. La evidencia de que el programa y la candidatura de la profesora Gordón han recogido la continuidad de la rebelión popular de 2022 son las más de 160 mil firmas de respaldo obtenidas (7% del padrón electoral), que es muy superior a lo obtenido por anteriores propuestas electorales como las de P.A.P., el F.A.D. o la candidatura independiente del profesor Jované en 2014.

13.  Polo Ciudadano, como casi todas las organizaciones populares respaldamos la candidatura de la nómina presidencial Maribel Gordón, presidenta, y Richard Morales, vicepresidente, como una forma de dar continuidad a las demandas sociales por la vía electoral. Pero también el Polo Ciudadano propone la urgencia de organizar un gran Movimiento o Frente, ampliamente articulado más allá del actual FAD y FRENADESO, de personas y organizaciones que respaldan la candidatura presidencial Gordón-Morales, de modo que se haga realidad un marco organizativo que garantice continuidad del proyecto colectivamente.

Por Olmedo Beluche

Un año de guerra entre Rusia y Ucrania – OTAN, ha dejado casi un cuarto de millón de muertos, decenas de miles de heridos, millones de desplazados, ciudades arrasadas y la amenaza de una escalada militar que podría arrastrar a toda Europa, o incluso la posibilidad cada vez más real de un holocausto nuclear de consecuencias mundiales.

Es necesario organizar un gran movimiento internacional para exigir un cese al fuego inmediato. Hay que exigir un armisticio que silencie las armas, que detenga todo avance militar, que cese la matanza. Un armisticio que, sobre un compromiso elemental de no intentar avanzar un milímetro más sobre el terreno, permita el establecimiento de un diálogo para resolver por la vía diplomática las causas que llevaron a la guerra con la mediación de los países no implicados en el conflicto.

Un armisticio que comprometa tanto al gobierno ruso, como al ucraniano, así como a Estados Unidos y la OTAN, detener el envío de más armas a la región. Que cesen los disparos, que paren los bombardeos.

El proyecto de una paz sobre la base de una victoria total de una de las partes es claramente inviable. Por eso hay que repudiar los planes tanto rusos de pretender lanzar una ofensiva de primavera, como de la OTAN de armar a Ucrania con tanques o aviones. Esos planes de Rusia y de la OTAN alejan la paz a costa de mayores sacrificios humanos. Digámosle: BASTA. 

Un alto al fuego inmediato es posible, sosteniendo las fronteras actuales trazadas sobre las trincheras que han creado los ejércitos. Rusia ocupa el este de Ucrania donde el conflicto con la población de habla y cultura rusa empezó a crecer desde 2014 incentivado por los ultranacionalistas ucranianos. La pertenencia definitiva de ese territorio a Ucrania o a Rusia es algo que deberán decidir algún día, democráticamente, sus habitantes, lo cual debe ser producto de una negociación, basada en un armisticio que permita el retorno de la población civil y la reconstrucción en largo plazo. 

Por otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y el gobierno de Ucrania, deben dar garantías, creíbles y verificables, a Rusia de la no expansión de esa alianza militar occidental hacia sus fronteras, así como el cese del envío de armamentos ofensivos que amenacen la seguridad rusa.

Alcanzado el armisticio, los pueblos del mundo deben exigir el levantamiento de las sanciones contra Rusia, iniciando con las absurdas sanciones culturales y deportivas, pero también sobre las exportaciones de gas y petróleo, de manera que se pueda aliviar la alta inflación que empobrece al mundo.

El armisticio posibilitará que los pueblos de Europa exijan a sus gobiernos la reducción de los altísimos presupuestos militares construidos a costa de los derechos sociales, así como la necesidad de disolver la OTAN y cerrar las bases militares norteamericanas, ya que son una amenaza a la paz mundial.

Por Olmedo Beluche

Sobre las razones de la invasión norteamericana contra Panamá, el 20 de Diciembre de 1989, al igual que sobre otras coyunturas políticas importantes, como la separación de Colombia en 1903, empiezan a tejerse una serie de falacias históricas mediante las cuales algunos sectores políticos quieren falsear su pasado dándole una envoltura heroica que no tuvieron. Las fuentes de esas falacias provienen de dos sectores contrapuestos: la oligarquía proimperialista y sus medios de comunicación, para quienes la invasión fue la «restauración de la democracia» perdida en 1968; la otra la constituyen sectores del Partido Revolucionario Democrático y el régimen militar, que intentan adornar el noriegato con unas luces antiimperialistas que no tuvo.

El régimen previo al 68 no fue democrático, como no lo es el actual

La corriente ideológica principal, idealiza al régimen político previo a 1968 presentándolo como una supuesta «democracia» interrumpida por un régimen militar odioso y odiado. La invasión del 89 se habría llevado al dictador y habría restaurado la democracia, según esa versión. La exaltación del régimen previo al golpe del 11 de octubre va de la mano con la supuesta democracia con que se describe al régimen post-invasión.

Cualquiera que escarbe un poco en los libros de historia y los diarios de la época puede darse cuenta que el régimen político panameño, anterior a 1968, aunque tenía elecciones periódicas como el actual, estaba compuesto por una corrupta institucionalidad al servicio de unas cuantas familias oligárquicas, serviles de los intereses norteamericanos, que decidían en el Club Unión las sucesiones presidenciales y las curules de diputados. Clase social que coqueteaba desde 1903 con la colonia zoneíta y que había intentado imponer los Tratado Tres en Uno.

Una oligarquía que había apoyado todos los fraudes electorales del Partido Liberal, hasta que Robles postuló a David Samudio, que pretendía una tímida reforma fiscal para que pagara impuestos el «club de los exonerados». Para impedirlo, se aliaron a su enemigo histórico, Arnulfo Arias, y desataron la crisis que culminó en el golpe de estado.

En una frase: el régimen anterior al 68 era tan corrupto, tan oligárquico, tan antidemocrático, tan antipopular, tan proimperialista, como el régimen actual. Así que, si alguien quiere conocer la verdad sobre esa «democracia», que murió el 11 de octubre, que asome la cabeza por la ventana y vea la «democracia» que impusieron los imperialistas yanquis el 20 de Diciembre del 89. Esa oligarquía, desplazada del gobierno por los militares, siguió gozando de las mieles del poder económico logrando amasar grandes fortunas bajo el auspicio de los coroneles.

Los sectores sociales y políticos de la derecha panameña se niegan a aceptar que el 20 de Diciembre del 89 hubo un genocidio en Panamá. Niegan el hecho o lo «justifican» insinuando que los muertos de la invasión eran «batalloneros», como queriendo decir «delincuentes». Y cuando ya no pueden argumentar más, sacan a relucir los asesinados por la dictadura entre 1968 y 1971, pero se les olvida el detalle de que esos otros muertos eran todos comunistas, revolucionarios de izquierda y que, entre ellos, no había ningún burgués, por supuesto.

El régimen militar tuvo tres etapas diferenciadas

El régimen militar tuvo al menos tres momentos diferenciados: el primero 1968-69, claramente represivo y antiipopular; el segundo, 1971-77, de carácter populista, nacionalista y keynesiano; el tercero, 1978-89, pero más claramente 1981-89 (después de la muerte de Torrijos), neoliberal y antipopular. Sí, el régimen militar bajo Manuel A. Noriega aunque tuvo rasgos heredados, no fue igual al de Omar Torrijos.

A partir de la década de 1980, nuestro continente y el mundo entraron en una nueva fase política caracterizada por la crisis económica, el fin del «boom» económico de la post guerra, el Consenso (neoliberal) de Washington, el triunfo de una serie de gobiernos reaccionarios en las principales potencias capitalistas y una ofensiva contra las conquistas sociales y económicas de los trabajadores. A Torrijos le tocó el inicio de esa transición, pero su propia y sospechosa muerte es parte del cambio de época en Centroamérica.

Noriega y su predecesor, Rubén D. Paredes, gobernaron cuando el signo de América Latina pasó a estar regido por el Consenso de Washington y el gobierno del ultraconservador Ronald Reagan y George Bush (padre). La cúpula militar panameña colaboró consciente y activamente en ese nuevo modelo económico y político, enterrando poco a poco las concesiones sociales y cambiando de la retórica anticolonialista de Torrijos a las genuflexiones proimperialistas de Paredes y sus amenazas a Nicaragua sandinista.

Lo acuerdos entre el régimen militar panameño y el imperialismo yanqui a inicios de los 80

En la década de 1980 había tres objetivos centrales de la política norteamericana en Panamá, en coincidencia con la cúpula militar: 1. Que las elecciones de 1984 dieran la impresión de «retorno a la democracia»; 2. Que el gobierno surgido de esas elecciones aplicara un riguroso plan neoliberal; 3. Que la transición del canal se hiciera bajo control y seguridades para los intereses norteamericanos.

Los dos primeros objetivos se pretendieron cumplir con la imposición de Nicolás A. Barletta como candidato presidencial del PRD, el cual había sido funcionario del Banco Mundial. El tercer objetivo consistía en convertir la Guardia Nacional en un ejército (Fuerzas de Defensa) que sustituyera al ejército yanqui en el traspaso de 1999, objetivo en el que Noriega puso un empeño particular.

En 1983-84 hubo acuerdo completo entre el gobierno norteamericano y el régimen de Noriega en esos tres aspectos. La ley que creó las Fuerzas de Defensa contó con financiamiento del Pentágono hasta 1988. Se impuso a Barletta, primero en el PRD (del cual no era parte), y luego a nivel nacional mediante un fraude electoral escandaloso. El primer acto de gobierno de Barletta fue un decreto neoliberal que obligó a los empleados públicos a irse a una huelga general. Ahí empezó a torcerse la cosa.

Las luchas populares pusieron en jaque acuerdo Noriega-Bush

La ola de huelgas que sacudió al país entre 1984 y 1985 no ha tenido parangón en la historia. La creación de la FENASEP y sus constantes Jornadas de Lucha; el surgimiento de COCINA, como coordinadora docente, salud y estudiantil con sus huelgas; y los paros nacionales de CONATO; con incontables movilizaciones diarias, pusieron en crisis el acuerdo entre el imperialismo yanqui y el régimen del general Noriega.

Las luchas populares contra el plan neoliberal del gobierno de «Fraudito», son el punto de inicio de la crisis que desembocará en la invasión, porque esas luchas paralizaron la aplicación de las medidas neoliberales y llevaron a la crisis de credibilidad del gobierno y del régimen militar. Pese a que Noriega sacrificó un peón, con la deposición de Barletta, se mantuvo su acuerdo con Estados Unidos los años subsiguientes. Todavía en marzo de 1986 se impuso a sangre y fuego una reforma neoliberal al Código de Trabajo.

Con el trasfondo de movilizaciones y huelgas contra la continuidad del plan neoliberal por el régimen Del Valle – Noriega, es la disputa por el poder entre los coroneles (Díaz Herrera) la que vuelve a escalar la crisis en junio-julio de 1987.

A este punto, mediados de 1987, la fuerza de la movilización y la crisis de credibilidad del régimen llegó a tal grado que el imperialismo yanqui tomó dos medidas complementarias: 1. Solicitarle a Noriega que pusiera una fecha para su jubilación de manera que se disimulara que el «poder real estaba en los cuarteles»; 2. Empezar a construir una dirección burguesa de recambio, pero con la credibilidad de la que carecían los partidos tradicionales de la oligarquía, para lo cual apoyó la creación de la Cruzada Civilista, dirigida por los gremios empresariales.

Recién a mitad de 1987 es cuando empiezan las contradicciones entre el régimen de Noriega y el gobierno de Estados Unidos, las cuales escalan a inicios de 1988 cuando se formaliza la acusación contra Noriega por narcotráfico y cuando el Departamento de Estado ordena a Del Valle que intente destituir por la fuerza al general. Aquí ya se ha producido la ruptura definitiva del acuerdo que databa de 1983-84. Aquí es cuando sectores de la oligarquía que habían estado con los militares, como los hermanos Lewis Galindo, se apartan y crean el Grupo Modelo para lanzar la estrategia del recambio.

El imperialismo interviene para salvar su plan de democracia neoliberal y Noriega se disfraza de antiimperialista para seguir gobernando

Para defender su posición Noriega también cambia y, de aliado dócil de Estados Unidos, pasa a levantar un discurso nacionalista y antiintervencionista. Pero ese ropaje «antiimperialista» no le sentaba muy bien al general que ya carecía de credibilidad en amplios sectores de la población por sus actos anteriores. Durante el crítico año de 1988, el régimen militar levanta un discurso que oscila entre confrontación y enamoramiento con el gobierno de Bush; se reprime a los sectores sindicales, a la vez que se crean milicias como los Batallones de la Dignidad, pero muy controlados por la oficialidad.

Los sectores independientes del movimiento popular estuvieron atrapados entre dos posiciones extremas encabezadas por fracciones opuestas de la burguesía que influían en la mentalidad de la gente: 1. El régimen militar que denunciaba la intromisión imperialista y la agresión creciente que presagiaba la invasión, pero que vulneraba los derechos económicos, sociales y democráticos; 2. La oposición nucleada en la Cruzada, que sólo enfatizaba el problema democrático, pero se hacia de la vista gorda ante la creciente agresión del Comando Sur y las sanciones contra el país.

Esa realidad hizo difícil a la izquierda panameña encontrar y explicar un discurso revolucionario que fuera antiimperialista sin claudicarle a los militares, y que fuera democrático y social sin parecer que se coqueteaba con la Cruzada Civilista y el intervencionismo yanqui.

La anulación de las elecciones de 1989 puso en evidencia las inconsecuencias del régimen: 1. Estas fueron pacíficas durante la campaña y conteo de votos, sólo se rompieron cuando Endara-EE UU se negaron a aceptar continuidad de Noriega en la Comandancia; 2. El mando militar usó policías disfrazados de «batalloneros» para apalear a la oposición en Santa Ana, tratando de cubrirse con que fueron los «comunistas».

El golpe de Giroldi, el 3 de octubre, demostró que el problema para EE UU no era solo Noriega, sino que había intenciones de invadir para destruir toda la institucionalidad precedente, creando un régimen político dócil a los dictados de Washington, que aplicara el esquema neoliberal, pero con apariencia «democrática» y se resolviera el tema del canal a manos seguras de acuerdo a los intereses yanquis.

La invasión y el comportamiento cobarde de Noriega y del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, salvo contadas y honrosas excepciones, demostraron la inconsecuencia de su discurso antiimperialista. Ninguno de los altos oficiales cayó en combate. Ni siquiera organizaron la resistencia. Los que combatieron, oficiales, suboficiales, tropas, batalloneros y ciudadanos, lo hicieron por su cuenta e improvisando. Ni si quiera se advirtió a la población.

La invasión impuso el régimen oligárquico, corrupto y neoliberal que tenemos

Sobre las ruinas humeantes de El Chorrillo, sobre las fosas de cadáveres no identificados, y la economía destruida, en 1990, el gobierno norteamericano impuso el acuerdo político que dio nacimiento al actual régimen político panameño. Los dirigentes del PRD, de la Democracia Cristiana (PP), del Arnulfista (Panameñista) y del Molirena auspiciados por EE UU acordaron el reparto institucional sin mediar nuevas elecciones ni Asamblea Constituyente. Allí nació el régimen antidemocrático, oligárquico y corrupto que padecemos hoy en día.

El baño de sangre de diciembre de 1989 se vio seguido, en junio de 1990, con el llamado «Convenio de Donación», por el que Estados Unidos daría financiamiento al gobierno panameño a cambio de someterse a los planes dictados por Banco Mundial, el FMI y el BID. Ese detallado plan económico ha sido seguido al pie de la letra por todos los gobiernos que han pasado estos 25 años, no importa la camisa de qué partido político se pongan. Privatizaciones, despidos de empleados públicos, alzas de impuestos al consumo y baja de impuestos a los que más ganan, reformas a la seguridad social, descomposición de las escuelas y centros de salud del estado, etc.

La liquidación de la soberanía nacional en 1989, creo las condiciones para que los partidos del régimen de la invasión pactaran el nuevo título constitucional sobre el canal que permitió convertir a la vía revertida en una nueva «zonita» fuera del control del pueblo panameño y en manos de un puñado de oligarcas. De esa manera se le da el «uso menos colectivo posible», y los millones del canal son desviados a gastos superfluos de los que se benefician algunos empresarios, mientras la deuda social sigue creciendo.

Incluso con el gobierno de Pérez Balladares, los norteamericanos intentaron mantener una base militar disfrazada de combate al narcotráfico, el CMA. Fracasado ese plan han ejecutado con los sucesivos gobiernos acuerdos de seguridad, que les garantizan su presencia e intervención solapada, como: el Salas-Beker, el Plan Mérida y las bases aeronavales. Todo ello arropado por el Pacto de Neutralidad de 1977, que nos cubre «bajo el paraguas del Pentágono (Torrijos dixit), verdadero Hay- Bunau Varilla del siglo XXI.

Así que toda la irracionalidad que pueda haber detrás del genocidio de Diciembre de 1989, obedece a una racionalidad con arreglo a fines para los intereses del imperialismo yanqui, que se ha venido ejecutando durante un cuarto de siglo.

Así que, los jóvenes de hoy, no piensen que la invasión fue un hecho del pasado que le sucedió a una gente por aquel tiempo. No. La invasión y sus consecuencias se siguen sintiendo cada día y la sufren las generaciones presentes: con el régimen corrupto, con la falta de empleos, con el desastre de los servicios públicos, con un canal ajeno alas necesidades del pueblo panameño.