Por Eugenio Young

La crisis económica mundial ha golpeado de manera especial a Panamá, un país en donde los trabajadores tienen grandes tradiciones de lucha sindical y popular. Los diferentes gremios en lucha han acorralado al gobierno de Laurentino Cortizo. Los próximos días serán decisivos.

Un gremio con una larga historia de lucha

A pocos días que asumiera la presidencia Laurentino Cortizo,  la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), que aglutina a más de diez gremios magisteriales a nivel nacional, respaldada por la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) y la Asociación Nacional de Profesores (ASOPROF), convocó a la primera gran protesta, presentándole al nuevo presidente una pliego de demandas de diez puntos.

Entre las demandas centrales, estaba el aumento de salarios y el cumplimiento de entrega del 6% del PIB para la educación, de conformidad con el artículo 266 de la Ley Orgánica de Educación, reformada en el año 1995. Han transcurrido 27 años, y ningún gobierno ha cumplido con esta norma legal.

La repuesta del MEDUCA   esta protesta, fue meter a los 17 gremios magisteriales en la mesa bilateral, llevando al magisterio a prolongadas y cansadas reuniones.

En noviembre del 2020, bajo los efectos mortales de la pandemia de coronavirus, la Coalición Nacional por la Educación junto a otros sindicatos, profesionales y estudiantes, volvió a marchar en las calles, demandando el cumplimiento de las demandas de los educadores, exigiendo un seguro colectivo de vida para los educadores, por los estragos causados por el covid. En agosto del 2021, los gremios magisteriales volvieron a salir a la calle a protestar por los incumplimientos del gobierno de Cortizo.

Crisis económica, inflación y carestía de la vida

Panamá ha sido el país con mejor nivel de vida de Centroamérica. Su economía, basada en los servicios, fue particularmente afectada por la pandemia de coronavirus. El nivel de empleo y los salarios se han desplomado.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) ha informado que para mayo de este año apenas se han reactivado 150,023 (52,8%) contratos de trabajo de un total de 284,209 que fueron suspendidos por la pandemia de covid-19.

El Banco Mundial espera que para este año cerca de 130 mil personas caigan por debajo de la línea de pobreza de $5.5 por día La tasa de pobreza en Panamá, aumentó del 12,1% en 2019 al 14,9% en 2020.  Sin el apoyo de las transferencias que maneja el programa Panamá Solidario, que mueve fondos equivalentes al 1,3% del PIB, la pobreza habría aumentado al 20,8%. Los programas asistenciales mitigan un poco la pobreza, pero no detienen esa tendencia hacia el empobrecimiento general.

Los efectos cotidianos de la crisis económica y la inflación mundial se trasladan directamente a Panamá, un país que utiliza el dólar como moneda oficial. Para el mes de abril de este año, según cifras oficiales de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), el precio de la canasta básica oscila entre $313.78. Este deterioro de la capacidad de consumo se ha incrementado con el alza del precio de los combustibles.

Los docentes inician la lucha

El 6 de julio, cuando se estaba instalando una “mesa de trabajo de alto nivel” con funcionarios del Ministerio de Educación (MEDUCA), los gremios magisteriales, apoyados por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), anunciaron en una conferencia de prensa, en el paraninfo de la Universidad de Panamá (UP), un paro nacional de 72 horas a partir del jueves 7 de julio.

El paro nacional de 72 horas fue una repuesta al silencio del presidente Cortizo ante las 32 propuestas que el pasado 9 de julio estos gremios le presentaron, que incluía el congelamiento del alto costo de los alimentos, el combustible, el desempleo, la educación, la salud y soluciones al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, etc.

El gobierno de Cortizo pretendió chantajear a los maestros en huelga. Luis Arturo Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), denunció que ”la única propuesta que dieron los funcionarios fue ponernos contra el pueblo eliminando los programas (sociales) para poder rebajar el combustible. No vamos a ir pueblo contra pueblo.” (La Estrella, 8/07/2022)

El gremio medico se suma a la lucha

El ambiente fue de total agitación social. El sábado 9 de julio, sectores de clase media, como médicos, odontólogos, médicos internos y residentes, organizados en la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) dio un plazo fatal de 48 horas al gobierno de Cortizo para que tome medidas inmediatas de ahorro fiscal, acabando “botellas”, alquileres y gastos superfluos, reduciendo los impuestos que permitan una rebaja y congelamiento de los precios de la gasolina y canasta básica. Posteriormente, convocaron a una marcha para el día martes 12 de julio, saliendo del Parque Porras en ciudad Panamá.

SUNTRACS llama al paro nacional

Al día siguiente, 10 de julio, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) convocó a una marcha para el día 12 de julio, coincidiendo con los médicos, y para realizar una huelga por  24 horas  a partir del miércoles 13 de abril, en protesta por la falta de respuesta del gobierno de Cortizo ante el clamor nacional contra la carestía de la vida y la congelación de precios de los combustibles.

Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS, advirtió: "Vemos con mucha preocupación que el gobierno venga con represión, si hay represión tendremos radicalización de las acciones (...) aquí necesitamos respuestas concretas y contundentes". (La Estrella de Panamá, 10/07/2022).

El Congreso general Ngäbe Bugle, que reúne a la mayoría de indígenas, se pronunció a favor de la lucha de los maestros, aunque también llamó al diálogo

El nerviosismo de los empresarios

Debido a la enorme cantidad de sectores sociales involucrados en la lucha, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado “a la calma y mantener abierto el diálogo”.

La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) llamó al SUNTRACS a que reconsidera la posición de llamar a paro nacional de 24 horas, llamamos a “la reflexión para que eviten agregar a los momentos críticos que vivimos mayores causas de afectación:

El Consejo Nacional de la Empresa Privada, (CONEP) em un agresivo discurso declaró que la huelga de los maestros era producto de una minoría radical, que no llegaba al 10%, y que estaba obstaculizando la educación, aunque el final llamó al dialogo.

El gobierno retrocede y congela el precio de los combustibles

Debido a la generalización de las protestas (maestros, médicos, obreros de la construcción, estudiantes, transportistas y otros), el gobierno de Cortizo convocó  a una mesa de dialogo en la provincia de Veraguas, con los gremios aglutinados de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO).

Evidentemente, el gobierno de Cortizo pretende negociar por separado con los diferentes sectores en lucha, como una táctica para dividir y debilitar semejante movimiento de protesta social. Ante la generalización de la protesta, el gobierno apela al “dialogo”.

Aquejado por las movilizaciones en crecimiento, el gobierno de Cortizo anunció el lunes 11 de julio la congelación de los precios de los combustibles a $3.95, así como la congelación de precios de 10 productos de la canasta básica. Se trata de una victoria parcial del movimiento de protesta nacional, el gobierno retrocede para calmar los ánimos, pero en realidad la repuesta gubernamental que no satisface las aspiraciones de las masas en lucha.

Otra maniobra de Cortizo, es que ha trasladado el problema del alza de los combustibles a la Asamblea Nacional, formando una “Comisión Investigadora” para descubrir el origen del alza de los combustibles, es decir, descubrir el agua helada.

¿Cómo financiar el subsidio a los combustibles?

Mientras la lucha continua y se profundiza, las cámaras empresariales y el gobierno de Cortizo han comenzó a desviar la discusión sobre como frenar el alza de los combustibles y como luchar contra la inflación. La discusión ha sido desviada hacia un oscuro y resbaloso tema: la reducción del gasto público. El congelamiento de precios del combustible solo puede hacerse vía reducción de impuestos selectivos, o por medio del subsidio estatal y aquí surge la discusión de donde provienen los fondos.

Una vieja reivindicación popular ha sido que los gobiernos no gasten innecesariamente, para que con el presupuesto del Estado se puedan atender las necesidades de los sectores mas vulnerables. Pero la posición de los empresarios es otra.

Marcela Galindo, presidente de la CCIAP, declaró que “Tal y como hemos señalado en múltiples ocasiones, es insostenible continuar aumentando los gastos del Estado en momentos que la recaudación de impuestos ha disminuido a consecuencia de la pandemia (…) las medidas adoptadas de congelamiento deben ser temporales y deben ser cubiertas por un recorte generalizado de gastos, no más deuda, ya que esto repercutiría en más impacto a la ciudadanía a futuro. También, reiteramos la eliminación de los recién aprobados incentivos fiscales”.(La Estrella de Panamá, 12/07/2022)

Unificar las luchas en una Huelga General

Lo diferentes gremios han comenzado a luchar y el camino han tenido que unirse para combatir las políticas del gobierno de Cortizo. Si bien es cierto que la negociación y el dialogo son momentos necesarios en la lucha, debemos aprender de las luchas pasadas, cuando enormes movimientos sociales han sido desviados al pantano de la negociación sin salida.

La huelga general debe ser una realidad, y no levantar la lucha hasta que el gobierno de Cortizo haya cedido los 32 puntos que le fueron presentados el pasado 9 de julio. Para luchar contra la inflación se requieren aumentos salariales conforme el costo de la vida, además de la congelación de precios para evitar la voracidad de los grandes comerciantes.

En relación al tema de la congelación de precios de los combustibles, la salida no es recortar indiscriminadamente los gastos del Estado, porque no se debe afectar a los trabajadores públicos, ni a los sectores vulnerables que son beneficiados con el asistencialismo social. De lo contrario, se estarían recortando conquistas sociales de los trabajadores.

La discusión debe girar en torno a suspender los impuestos selectivos al combustible, y en una reforma fiscal basada en el principio de proporcionalidad, es decir, que paguen mas los que más ganan, y estos son los grandes empresarios. Solo así el Estado obtendrá los fondos necesarios para subsidiar el precio de los combustibles, limitando también las ganancias de las compañías petroleras.

La lucha que actualmente libran los diferentes gremios en Panamá, tiene no solo importancia nacional, sino que, dependiendo del desenlace, tendrá repercusiones en el conjunto de Centroamérica.

Por Polo Ciudadano

Se precipita un nuevo proceso electoral en la República de Panamá, con tiempos más perentorios en un Código Electoral bastante antidemocrático. Las reformas impuestas por la Asamblea Nacional mediante la Ley 247, de 22 de octubre de 2021, establecen en su artículo 330, que el Tribunal Electoral abrirá el proceso electoral el próximo 1 de junio de 2022 (“año tras anterior a las elecciones”), para los candidatos por libre postulación, y 1 de febrero de 2023 para los partidos políticos (“del año anterior”).

Quienes aspiren a un cargo de elección popular (presidencia, diputación, representante de corregimiento o alcalde) mediante libre postulación deberán inscribirse con una solicitud entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2022 (art. 360). Cualquier partido político que aspire a postular, deberá estar inscrito al 1 de febrero de 2023, cumpliendo obviamente con haber recogido el 2% de adherentes respecto a los electores del año 2019.

Entendiendo que bajo un régimen político antidemocrático y corrupto, como el panameño, controlado por la burguesía y sus partidos mediante prácticas clientelistas, la participación del movimiento popular y la izquierda es un asunto táctico. Es decir, la modalidad de la participación es algo que debe decidirse de acuerdo con las circunstancias: inscripción de partidos, libre postulación, voto nulo o en blanco, abstención, etc.

En los dos últimos procesos electorales, 2014 y 2019, sobre la base de que siempre es preferible postular candidatos propios como táctica privilegiada se usaron dos: la libre postulación (mal llamada “independientes”) y la inscripción de un partido (el FAD).

En esta ocasión, al acortarse los tiempos, el movimiento popular panameño tiene un dilema: inscribir candidaturas de libre postulación, lo que obliga a tomar decisiones en menos de un mes, o apostar a la inscripción del FAD que tiene medio año para inscribirse. Lo contrario, no inscribir candidaturas propias, por alguno de los dos métodos, llevaría a un retroceso a situaciones previas a 2009 (voto en blanco o por “Victoriano Lorenzo”).

Un sector de capas medias, apoyado por una parte de la burguesía y sus medios de comunicación, encabezado por el diputado Juan Diego Vásquez, ha organizado una “coalición” de candidaturas independientes bajo su liderazgo (que no incluye candidatura presidencial), la cual es claramente financiada por sectores vinculados al poder económico a los cuales responde, pero que se esconden bajo el ropaje de la “independencia”.

El Polo Ciudadano opina que la coalición del diputado Vásquez es parte del menú electoral de la burguesía panameña, es una candidatura del sistema que centra su denuncia tan solo en el tema de la corrupción, pero no cuestiona el modelo neoliberal. Polo Ciudadano propone: establecimiento de una coalición popular, con un programa antineoliberal, popular e independiente de la burguesía. Coalición que, con unidad, podrá vencer los obstáculos antidemocráticos del Código Electoral al eliminar la dispersión en que nos encontramos. Sobre esa base unitaria, decidir qué tipo de táctica electoral privilegiaremos en unidad.

Por Olmedo Beluche

Después de 33 años de lucha, de exigencias, de movilizaciones, de espera, finalmente se ha hecho algo de justicia a las víctimas de la invasión  norteamericana contra Panamá del 20 de Diciembre de 1989, con la promulgación de la Ley de Duelo Nacional. 

Tres décadas ignominiosas han transcurrido para que los gobiernos de todos los partidos oligárquicos y la élite empresarial pasaran de la mentira de negar a los caídos, del insulto culpabilizándolos de” norieguistas” y “batalloneros”, de aceptar los hechos a regañadientes rebajándolos con el “no fueron tantos”, hasta finalmente reconocer que los muertos de la invasión del 89 eran seres humanos, que eran panameños y panameñas, que merecen justicia y reconocimiento.

Pasaron tres gobiernos autodenominados “torrijistas” del PRD, siempre pretendiendo apropiarse de la lucha generacional por la soberanía que sostuvo el pueblo panameño, cuyos dirigentes cuando eran en “oposición” reconocían la justeza de la demanda del Día de Duelo Nacional, y hasta participaban algunos de la Marcha Negra, pero cuando eran gobierno miraban para otro lado en clara abyección ante el imperialismo yanqui y la burguesía vendepatria. Desde el Toro Balladares que dijo que el “nacionalismo es bullshit”; pasando por Martín Torrijos que vetó una ley al respecto; a tres años del gobierno de Cortizo en que el “duelo nacional” era solo de boca y en los hechos no había nada.

Que finalmente el Día de Duelo Nacional sea una realidad es una victoria popular, es una victoria del conjunto del pueblo panameño y sus organizaciones sindicales y populares quienes se movilizaron desde el propio día de los hechos hasta el presente sosteniendo la bandera de “Ni olvido, ni perdón”, “los mártires no se olvidan”, “fuera, fuera, fuera el asesino, que el 20 de Diciembre a esta tierra vino”, etc.

Organizaciones populares que se atrevieron a salir a las calles cuando aún El Chorrillo humeaba, que levantaron la bandera de lucha contra la ocupación aún en presencia de las tropas yanquis que patrullaban las ciudades. Esta victoria es del Comité de Familiares de los Caídos, del Comité de Refugiados de El Chorrillo (fundado por el maestro Olivardía en el hangar de Albrook donde las tropas yanquis los metieron), de los Batallones de la Dignidad (recordamos al compañero Rolando Sterling), del comité Pro Rescate de la Soberanía, de los sindicatos del CONATO y de lo que hoy es la CONUSI, de las organizaciones de izquierda (Partido del Pueblo, PST, PRT, MLN-29), etc.

Es esa lucha denodada y persistente la que hoy obligó a los diputados de la Asamblea Nacional a aprobar la ley y al presidente Cortizo a sancionarla. Esta ley no ha sido ningún regalo de ningún partido político, esta ley el pueblo panameño la conquistó luchando.

Otro tanto podríamos decir de la Comisión 20 de Diciembre, que fue una conquista arrancada al gobierno de Varela, y que debe rendir un informe a fines de este año, el cual esperamos que sea veraz y permita conocer cuántas personas murieron en la invasión de 1989. Esperamos con expectación dicho informe, aunque preocupa que, de los 5 comisionados originales, sólo queda 1, ya que se han retirado por diversos motivos. 

En este marzo primaveral, que los familiares de los caídos, que los combatientes, que los luchadores, que la militancia de las organizaciones populares, que el pueblo panameño se regocije por haber conquistado el Duelo Nacional para el 20 de Diciembre. Que sufran los empresarios inhumanos que solo aman los dólares que les producen las fiestas de fin de año. Ahora, si quieren explotar a sus trabajadores ese día, deberán pagarles tiempo y medio.

Al imperialismo yanqui, sus políticos, sus medios de comunicación y sus títeres en todo el mundo, que este año 2022 se la pasan hablando de la invasión rusa a Ucrania y supuestamente lamentándose por las víctimas, el pueblo panameño les dice: ¡HIPÓCRITAS!

Por Olmedo Beluche

Finalmente lo han confesado, respecto a 20 años de invasión y ocupación de Estados Unidos contra Afganistán, ahora el presidente del imperio más sanguinario de la historia lo confiesa: “Nuestra misión nunca fue crear la democracia”.

Ahora lo confiesan; ahora que cae sin pelear el gobierno títere y corrupto sostenido por la tropas norteamericanas; ahora, después de más de 100 mil muertos afganos y 5,000 bajas norteamericanas; ahora, después de gastar billones (en español) de dólares en armamento en ese país; ahora, luego de tantos bombardeos a poblaciones civiles; ahora confiesan que la “democracia” les importa un bledo, los importante para el imperialismo yanqui es su “seguridad nacional”, es decir, su control del mundo sin que nadie les amenace.

Ahora, después de 20 años de falsas ilusiones de parte de quienes creyeron sinceramente que las tropas yanquis invadieron Afganistán para imponer un régimen más democrático que el de los talibanes; quienes creyeron que las tropas norteamericanas defendían los derechos humanos y a las mujeres afganas de la opresión religiosa y social. Ahora está claro que al imperialismo yanqui las mujeres afganas les importan un pito.

Ahora que ha quedado al descubierto que el régimen impuesto por las tropas yanquis carece de bases sociales para defender conquistas democráticas, porque esos no eran sus objetivos, lo que quedó evidenciado reiteradamente en sus compromisos con violadores de derechos humanos y criminales de guerra, incluyendo a dirigentes talibanes. 

Ahora quedó evidenciada toda la hipocresía y complicidad de los “demócratas” occidentales, de los socialdemócratas, de las organizaciones feministas al servicio de la burguesía y de las ONGs agentes del sistema, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, cuyas manos están manchadas de sangre también, porque el objetivo no era la democracia y los derechos humanos como falsamente alegaban.

Los talibanes, que son un movimiento político religioso retrógrado, con características medievales, reaccionario a cualquier avance de los derechos humanos, en especial, para las mujeres, enemigos de las libertades democráticas, pudieron sostenerse y ganar prestigio presentándose como defensores de la nación afgana contra la ocupación extranjera, gracias a las acciones ilegítimas de Estados Unidos y sus aliados, sus atropellos y sus abusos. 

Los talibanes son criminales, pero los gobernantes y militares de Estados Unidos y sus socios de la OTAN son peores criminales y más hipócritas. Ronald Reagan, como presidente de la “democracia” norteamericana armó y animó a los talibanes para que lucharan contra la ocupación soviética en los años de 1980. Les llamaba “combatientes de la libertad”.

La hipocresía, la maldad y el crimen de los “demócratas” occidentales se mantienen en la actualidad, porque quienes arman, financian y legitiman a los talibanes son los emiratos del Golfo Pérsico y el régimen misógino y represivo de Arabia Saudita, con los que Estados Unidos, la Unión Europea e Israel mantienen cordiales relaciones.

Esto lo decimos desde Panamá, donde nos consta también que el objetivo de la invasión norteamericana de 1989, con sus miles de heridos y muertos, nunca fue la democracia ni sacar al dictador, su objetivo fueron los intereses y la seguridad nacional del imperialismo yanqui, confiésalo también Biden.