Por Carlos A. Abarca Vásquez

I. INTRODUCCION

La coyuntura histórica que viven hoy las sociedades Latinoamericanas suscita el escrutinio del legado de los sectores obreros, empleados públicos y otras capas sociales trabajadoras asalariadas que desde 1970 vienen rediseñando la agenda de sus ideales y nuevas formas de insertarse en las luchas políticas. En ese campo se ubica la evolución de los sindicatos del sector público estatal: Un tema que sociólogos y politólogos han abordado con denuedo, facilitando las reflexiones de otras disciplinas, especialmente, de los historiadores.

En el examen de la historia de los trabajadores del sector público como segmento de las llamadas “clases medias”, los olvidos y silencios advierten los riesgos de la improvisación y de la acción política espontánea, cuando se trata de calibrar el potencial revolucionario que portan. En particular, ahí donde el movimiento obrero y campesino ha sido desplazado de su papel protagónico por la evolución singular de estas sociedades; estrujadas como están, entre la incertidumbre de sus bienestares y la confusión ideológica sobre su identidad y futuro en relación con las clases populares.

Este ensayo quiere responder a esas preocupaciones, pensando en la formación y desarrollo del sindicalismo en el sector estatal. El tratamiento del tema es deudor en su contenido, de las hipótesis y conclusiones de otros estudios, compartidas de modo general por el autor. El texto tiene carácter de síntesis histórica, incluyendo algunas fuentes periodísticas y documentales no exploradas por otros estudios. El trabajo se enmarca en los siguientes objetivos.

1. Sistematizar los cambios estructurales y los procesos que determinaron la formación de los trabajadores del sector público estatal con sus propias herramientas de lucha sindical y política.
2. Relacionar variables de tipo económico y político, nacional e internacional, que justifican estudiar a los empleados públicos como parte de la sociedad y de la clase trabajadora del país.
3. Proveer información clasificada y valorada con criterios de la historiografía sobre el desarrollo del sindicalismo del sector público costarricense entre 1940 y 1980.

II. EL LEGADO LIBERAL

     Hacia 1914 los empleados públicos de Costa Rica debían pagar las deudas contraídas por los partidos políticos en las elecciones. Las maestras y secretarias también soportaban los rebajos de salarios, a pesar que no tenían derecho a votar. Para la campaña de 1924, Roberto Brenes Mesén y Miguel Obregón Lizano, elaboraron el precepto sobre neutralidad política del magisterio. (Monge A. y F. Rivas, 1980: 59). El Art. 72, inciso 1, de la Ley Orgánica Docente prohibió a los educadores hacer campaña electoral. La norma afectó a los empleados estatales.

El 8 de mayo de 1924 el Presidente Ricardo Jiménez sentenció: “Hay dos clases sociales a las que no se concede libre e irrestricta facultad de propaganda electoral: la de los funcionarios de justicia y la de los maestros de escuela, que ejercen también una magistratura social. Tanto los unos como los otros no deben tomar más parte en las elecciones que la de emitir su voto”. (Vargas, C. 1986: 341). Estaba fresco el recuerdo de las luchas de los maestros para derrocar la dictadura de los hermanos Tinoco en 1919.        

Esas regulaciones eran funcionales al concepto de Estado como “majestad” representante de los intereses de todos los ciudadanos y clases sociales. En tal caso, sus "funcionarios" deben ser un cuerpo de agentes cuya actividad está absorbida por los intereses generales del Estado, y las preocupaciones de las personas que trabajan en él deben "sublimarse" en provecho de todos; como en la construcción hegeliana que deifica al Estado, ante el cual, el individuo debe limitar la libertad en aras de la voluntad soberana que legitima aquella institución. ( http://www.nuso.org/upload/articulos/1139_1.pdf    

El encubrimiento de las relaciones de poder y dominación que evidencia ese concepto de Estado ya había entrado en contradicción con otras doctrinas políticas y, ante todo, con las primeras asociaciones y conflictos promovidos por los trabajadores del sector público al calor del nacimiento del movimiento obrero.

En 1907, en el discurso inaugural de la Biblioteca de Grecia, José María Zeledón expresó este pensamiento de hondura anarquista. “Pasó ya (…) la oscura época en que vivieron y crecieron robustos los prejuicios que circunscribían la ilustración y radicaban el talento en las llamadas clases altas; en que la ciencia era guardada en arca misteriosa, impenetrable a la mirada embrutecida de las multitudes que conforman su innata aspiración, al irritante yugo de una sabiduría providencial concedida únicamente a la casta olímpica de los iluminados. Hoy ya todos sabemos que la fuente del saber está en la tierra…” (En: Abarca V. 2003:79)

Por su parte, la investigación histórica ha rastreado el génesis de organización y huelgas en los servicios públicos. El 1 de junio de 1890 se creó la Sociedad de Ingenieros Costarricenses para impulsar estudios de matemáticas y sus aplicaciones. Entre 1867 y 1902 había al menos 70 profesionales en ese campo y la permanencia de la Sociedad coincidió con objetivos gubernamentales. El 3 de julio de 1903 el Presidente Ascensión Esquivel decretó la creación de la Facultad Técnica de la República. El número de ingenieros civiles, agrónomos, mecánicos y geómetras aumentó a un centenar en 1911 y al año siguiente la escuela técnica fue convertida en Facultad de Ingeniería.  

Hubo otros casos similares. Después de 20 años de prestación del servicio, el 29 de abril de 1891 se fundó la Sociedad de Socorros Mutuos de Empleados del Telégrafo Nacional. Los impresores crearon el 9 de setiembre del mismo año la Sociedad Tipográfica de Socorros Mutuos. Los cirujanos dentistas se agruparon en 1898 para promover la creación de la Facultad de Cirugía Dental. Un año después, en enero, se fundó el Sindicato de Periodistas. Otro gremio profesional era el de abogados. Formaron la primera asociación en 1881, en 1887 consiguieron que se promulgara la Ley Orgánica del Notariado y en junio de 1900 fundaron la Liga de Derecho, con la firma de 25 abogados. En 1901 un grupo de 53 maestros, el 34% mujeres, creó la Sociedad de Economías de los Maestros.

Los conflictos laborales no estuvieron ausentes. En 1883 fueron a la huelga 59 telegrafistas en demanda de alza de salarios. En abril de 1901 suspendieron labores los tipógrafos de la Imprenta a Vapor, en la cual se editaban La Prensa Libre, El Heraldo y El Día. (Fallas M. 1983: 185-311).

Después que se clausuró la Universidad de Santo Tomás en 1888, se mantuvieron –algunas por breve tiempo- las Facultades de Medicina (1895), las Escuelas de Derecho (1891), Bellas Artes (1897), Farmacia (1897), Obstetricia (1899), Ingeniería (1903) y Cirugía Dental (1915). En la década siguiente se abrieron La Escuela Normal (1914), Enfermería (1920) y Agricultura (1926). La Escuela de Comercio “Manuel Aragón” se estableció desde 1926, con una sede regional en Limón. En 1927, el Ministro de Educación Luis Dobles Segreda informó que la enseñanza privada se impartía en 39 colegios y escuelas particulares.  

Así, en el Censo de 1927 se registró el ejercicio profesional de 145 médicos, 160 ingenieros, 456 peritos y contadores mercantiles de los cuales 44 eran mujeres, y 289 tenedores de libros. La mayoría de esos oficios ya no eran “profesiones liberales” sino trabajos asalariados o a cuenta propia. El 68.1% se declaró empleado y el 16.7% administradores del Estado, incluyendo el 5.4% de directores de centros educativos.

La cifra de empleados públicos, educadores y profesionales aumentó del 2.7% de la población económica activa (PEA) en 1892, al 7.4% en 1927. El 4.8% trabajaban con el Gobierno, 1.2% profesionales y 1.4% educadores. Otra ocupación importante fue la administración. El 34.9% trabajaba en oficinas del Estado, 4% en actividades industriales y 2.6% en fincas y haciendas. El empleo público había aumentado entre 1864 y 1892, de 1.3 % al 2.7 % de la PEA. En 1927 sumó el 6.1 %.  http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/580/tesis%20completa.pdf?sequence=1 Según otra fuente, creció en cifras absolutas de 2.118 trabajadores en 1881, a 4.441 en 1905 y 7.173 en 1930. (Murillo, J. 1986:291)

El cambio en la conciencia social fue otro proceso relevante. Según Luis Felipe González, entre 1872 y 1883 florecieron 14 uniones de educadores y ciudadanos: “Sociedades cooperadoras de la educación y científico culturales”. Entre 1890 y 1905 unos 45 educadores y profesionales fundaron o dirigieron 36 periódicos y revistas. Expusieron con libertad ideas de contenido sociológico, de crítica al poder y a la política de oligarquías. Unos participaban en asociaciones y clubes de artesanos como el Club Juvenil “La Vanguardia”, abierto en 1908; el Centro de Estudios “Germinal” y El Ateneo de Costa Rica, en 1912. Fundaron o ingresaron en ligas nacionalistas opuestas a las inversiones de los monopolios norteamericanos en banano, minería, telegrafía, electricidad, ferrocarriles y puertos. Difundieron el ideario popular y romántico que legitimaba la lucha contra las monarquías europeas, o en torno a la revolución mexicana de 1910-1911. (Abarca C., 2005:29-33).      

En el decenio 1923-1933 hubo un ascenso del movimiento artesano y obrero: de las doctrinas anarquistas, socialistas, de izquierda liberal, católicas laboristas y comunistas. El asociacionismo mutualista retrocedió y creció el sindicalismo. Unas pocas organizaciones laborales iniciaron vínculos, aún débiles, con centrales internacionales de confederaciones sindicales, movimientos antiimperialistas, ligas obreras y con la Tercera Internacional Comunista.

Partidos políticos como el Socialista, de Aniceto Montero; el Progresista, de Vicente Sáenz; el Reformista, de Jorge Volio; el Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales, de García Monge; el Partido Comunista, y el Partido Agrarista, de Alberto Echandi, recogieron y canalizaron electoralmente las molestias ciudadanas, de las clases sociales y organizaciones cívicas y antiimperialistas. Las nuevas protestas habían incubado en los ciclos de auge y crisis del capitalismo, la Primera Guerra Mundial, las intervenciones miliares del ejército de Estados Unidos, el triunfo del Fascismo y el Nazismo en Europa y su expansión en América Latina.

La crisis capitalista de 1929-1933 propició el despertar de la sociedad. Surgieron tres asociaciones de estudiantes, una de los maestros –la primera había sido fundada en 1917- y otra de las mujeres. Asimismo, la Cámara de Comercio y la de Agricultura, la Sociedad Agrícola de Ahorro, cooperativas de productores de banano y la Asociación de Productores de Café. Otras entidades agruparon a patentados de licores, dueños de jabonerías y de boticas, vendedores de refrescos y de automóviles. En esa efervescencia el gobierno creó las Secretarías de Trabajo (1928), Salud Pública, la Escuela de Agricultura y la Oficina Técnica de Conciliación de Conflictos.

Y en los altibajos de la economía, entre 1925 y 1940 se crearon instituciones promotoras de un fuerte sentimiento de identidad nacional cultivado por educadores, técnicos, académicos del arte, las letras, la música y la ciencia aplicada.

Es comprensible, entonces, que en 1933 el Ministro de Educación Teodoro Picado expresara a los diputados: “El magisterio nacional que hace 20 o 30 años apenas si se señalaba en la vida del país, tiene hoy día una influencia preponderante. Es más, es ya un gran poder contralor de la acción gubernativa y el apoyo que le preste, (es) el mejor aplauso a que pueden aspirar los gobernantes, en la seguridad de que el elogio se trocaría en valiente reproche el día en que fueran indignos de la confianza del país…” (Memoria Anual del MEP. 1933. Citado en Abarca V., 2003:78). Cuatro años después, el Prof. Isaac Felipe Azofeifa observó que la enseñanza secundaria pública y privada había sido impulsora de la formación de profesionales y técnicos que constituían “la clase directora” del país.              

No obstante, entre 1936 y 1946 se vivió una coyuntura de aguda lucha de clases, la cual se articuló estructuralmente con la crisis política de 1944-1947 y su explosión en Guerra Civil. En ese trance sobresale la constitución de 11 sindicatos de empleados públicos entre 1938 y 1947 en servicios de electricidad, transporte ferroviario al Pacífico, Fomento, Obras Públicas y centros hospitalarios. En el magisterio hubo varios intentos de asociación entre 1934 y 1939 que fueron reprimidos por el gobierno de León Cortés. En junio de 1941 se fundó la Asociación de Educadores Pensionados y a fines de 1942 la Asociación Nacional de Educadores. En 1944 surgió la Unión Médica Nacional

En segundo lugar, en la década 1937-1947 los empleados públicos declararon siete huelgas: 4 municipales, 2 hospitalarias y 1 en la Secretaría de Fomento, en San José. En 1946 los médicos promovieron una huelga en contra de la disposición del gobierno de ampliar a ¢ 1.000 el tope salarial del porcentaje de cotización para el seguro social. Al gremio se unieron los farmacéuticos, la Unión Odontológica Nacional, empleados del sistema bancario, del Instituto Nacional de Seguros y del Colegio de Abogados.    

Hay que agregar el nacimiento y las actividades de al menos 14 agrupaciones de ciudadanos con objetivos de lucha implícitos en sus denominaciones. Entre 1939 y 1943 surgieron: La Junta Pro Inquilinato de Limón, el Comité Cívico de Oposición a la Electric Bond and Share, la Junta Nacional de Defensa de la Electricidad; la Unión de Mujeres del Pueblo, la Alianza Femenina Costarricense y la Convención Femenina de la Nueva Costa Rica; el Frente Democrático del Magisterio, el Frente Juvenil Demócrata, la Juventud Vanguardista, la Junta de Defensa Civil, la Liga Nacional Antifascita, la Unión Nacional de Organizaciones Antitotalitarias y la Sociedad de Amigos de la URSS. (Trabajo: Varios periódicos: 1943-1947)

De igual modo, la aprobación de las Garantías Sociales entre 1941 y 1943. En el Código de Trabajo se reguló negativamente el derecho de huelga a los trabajadores del sector público e incluyeron con ese rango la producción hidroeléctrica, el transporte ferroviario, portuario y las actividades agrícolas de exportación. En segundo lugar, se amparó la figura del pluralismo ideológico sindical y el funcionamiento de una o más asociaciones, coaliciones de trabajadores y sindicatos en un mismo centro productivo. Esto último, unido a la ausencia de fueros para la dirigencia sindical, devino en limitación al derecho de negociación colectiva y de huelga. Los porcentajes de trabajadores estipulados para organizarse, litigar e ir a las huelgas dieron lugar a variedad de interpretaciones que, por jurisprudencia, han sido un obstáculo al uso colectivo de las leyes laborales.

Entre 1947 y 1949 los maestros y profesores se enfrentaron entre sí en una fase de radicalización política y subversión contra el gobierno de Teodoro Picado. La ANDE se escindió al calor de la protesta patronal conocida como “la huelga de brazos caídos” de 1947. Las diferencias ocupacionales, salariales, por niveles de enseñanza y las discrepancias ideológicas sobre fines y estrategias, dieron origen a la Unión Nacional de Educadores (UNE). En ella se agrupó el sector político afín al Partido Republicano y luego desapareció en la ola represiva de la Guerra Civil. Otro sector de la ANDE recuperó el nivel asociativo con apoyo de los Ministerios de Trabajo y Educación y se inscribió con ese nombre el 28 de octubre de 1952. En el lapso surgió la Caja de ANDE, creada en 1944.  http://www.apse.or.cr/webapse/01historia.htm

El 1949, el Estado empleaba 16.000 trabajadores. Al año siguiente 17.234, cifra que representa el 6.3% de la PEA, frente a un 5.5% de 1927. El segmento de maestros y profesores fue favorecido. El número de colegios pasó de 13 en 1930 a 18 en 1950 pues las administraciones de Calderón Guardia y Teodoro Picado abrieron varios liceos públicos y autorizaron colegios privados, especialmente de órdenes religiosas. En 1950, el 12.16% de la población urbana había aprobado la secundaria y la Universidad de Costa Rica cumplía una década de funcionamiento.  

El Censo de 1950 reflejó el crecimiento de profesionales y técnicos; con tendencia al aumento de las mujeres en el campo educativo y de salud. Mientras en 1927, el 68.1% de esa franja laboral declaró ser empleado, en 1950 el porcentaje ascendió al 87.8, la mayoría mujeres. Aumentó la cifra de ocupados en funciones gerenciales, administrativas y directivas, el 54 % de los cuales ejercían por cuenta propia. Algunos pagaban a trabajadoras no calificadas, en funciones administrativas como oficinistas, vendedoras, aseo, mensajería y en servicios domésticos.  http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/580/tesis%20completa.pdf?sequence=1

III. EMPLEADOS PUBLICOS Y ESTADO DESARROLLISTA

1. LA NUEVA FISONOMÍA DEL ESTADO

     El proyecto de dominación que irrumpe con la Guerra Civil de 1948 tuvo como eje la mayor autonomía del Estado con respecto a la sociedad civil y su intervención en todas las áreas de su competencia, en coincidencia con un concepto burgués de crecimiento económico y transformación de las relaciones sociales, propio de la postguerra mundial. En la fase de despegue la prioridad en los años de 1950 a 1970, consistió en diversificar las exportaciones agrícolas, fomentar la producción industrial y manufacturera, y ampliar el sistema educativo e institucional. El propósito de largo plazo, es inherente a la Constitución de 1949. Su contenido político define el acuerdo entre los terratenientes, los cafetaleros, la naciente clase empresarial y los intereses de los Estados Unidos en Centro América.

La Constitución estipuló, asimismo, los criterios de gestión gubernamental, en cuanto articuló las relaciones de poder con los objetivos y tareas de las instituciones. De ahí la instauración del criterio de autonomía en esas entidades, lo cual satisfizo un objetivo inmediato: abrir el aparato estatal para la participación de otras fracciones burguesas y grupos sociales intermedios, en detrimento de las herencias del régimen liberal presidencialista. En tercer lugar, se preservó el Capítulo sobre las Garantías Sociales. Con ello se avaló los rasgos “populistas” de los gobiernos republicanos y se dio nuevo sustento a los métodos consensuales como norma de relación entre gobernantes y gobernados; y sin entrar en contradicción con la estrategia de permanente acumulación de dinero, medios de riqueza y capitales, con carácter privado.

La evolución del “modelo” transcurrió con zigzagueos si se considera a los partidos, las fuerzas políticas protagonistas y los cambios en el mercado y la política mundiales. Hasta 1960 las interferencias de los Estados Unidos en materia de gobierno tuvieron relevancia periférica. Pero en la década siguiente, el modelo de relaciones internacionales y de soberanía interna incorporó las influencias ideológicas y políticas de la Revolución Cubana, el ascenso geopolítico de los Países No Alineados y la reacción de los gobiernos norteamericanos a esos procesos: militarización de Centroamérica, represión interna, inversión industrial a través del Mercado Común Regional, Alianza para el Progreso y control transnacional del movimiento obrero y sindical. En la década 70-80 se tuvo que enfrentar, además, las adversidades del mercado: inflación, crisis energética, y las depresiones de 1973-1975 y 1979-1983.

En ese contexto, desde 1950 se aplicó en Costa Rica la descentralización de las funciones del Estado mediante un tejido de instituciones autónomas. Ello supuso una administración pública amplia y diversa ante la demanda de nuevas necesidades, servicios comunes y de aplicaciones técnicas, administrativas y científicas. Eso sí “evitando el peligroso aumento de la autoridad política en el Poder Ejecutivo”. (Araya P. 1975: 11. Citado por Pérez, M.y Trejos, M. 1990:55).

El tránsito de la centralización del poder propio de los años 40, a la descentralización, se estudia en varias obras. Entre 1821 y 1950 se crearon 110 entidades públicas, pero entre 1950 y 1980 surgieron 216. (Castro V. C. 1995:15). De ellas, 28 entre 1949 y 1962 con objetivos explícitos de satisfacción de necesidades sociales y consenso político. (Carcedo, A. 1984: 161). Según la Contraloría de la República, entre 1960 y 1980 el número de empresas públicas e instituciones pasó de 49 a 87, y el de ministerios de 13 a 15. (Pérez y Trejos. 1990:56)

Algunas instituciones se crearon para facilitar la generalización de las relaciones mercantiles y la nueva acumulación de capital. Por ejemplo la nacionalización bancaria, la producción y distribución de electricidad y telefonía, el ordenamiento en el abastecimiento y consumo de agua, el abaratamiento del crédito, el fomento de las cooperativas, el mejoramiento de caminos, carreteras, ferrocarriles y puertos, reforestación de las cuencas acuíferas, el impulso a la apropiación y parcelación de la tierra y el debilitamiento de los intermediarios en el comercio de granos básicos y producción agrícola. En 1949 existían 40 expendios del Consejo Nacional de Producción (CNP) y la cifra subió a 115 en 1972. (Valverde R., J. 1993:54).

Otras, para atender la reproducción de la fuerza de trabajo, el progreso en los modos de vida urbano y algunas expectativas de los sectores medios. Esas funciones se asignaron a la ampliación del sistema educativo, el aprendizaje y calificación de los trabajadores y obreros, la creación de sedes regionales universitarias, becas, atención a la enfermedad y la salud, asistencia a la pobreza urbana, vivienda, urbanización y ejecución de una política general de alza de salarios. (Pérez y Trejos. 1990: 59-61)

Se crearon además instituciones para fomentar la reproducción de símbolos, valores e ideas elaboradas acerca del progreso burgués capitalista y de la identidad cultural nacional. Además del apoyo al sistema educativo general, se oficializó el catolicismo como credo religioso y se definieron los compromisos históricos entre Iglesia y Estado. La Constitución amplió la cobertura de la ciudadanía y los gobiernos propiciaron la integración social de las mujeres, juventudes, indígenas, afroamericanos y grupos étnicos. Adicional a las libertades de prensa, autonomía y expansión de la enseñanza universitaria, el Ministerio de Cultura devino ente oficial contralor de la producción artística, literaria, musical, deportiva y estética del país.

Sin embargo, el ajuste de las relaciones de poder no fue lineal, exento de contradicciones, conflictos y negociaciones con los gobiernos de los Estados Unidos, las fracciones burguesas, los campesinos, sectores medios y la clase obrera agrícola y manufacturera.

Hacia 1970 el PLN, “con un poder político más consolidado promovió leyes para ejercer, como gobierno, un mayor control del Estado, fortaleciendo al Poder Ejecutivo frente a las instituciones autónomas y generando un nuevo proceso de centralización del poder. En 1968 se limitó la autonomía de las instituciones al campo administrativo, más que de gobierno. En 1970 se aprobó la Ley 4-3 a favor de la mayor presencia en ellas, del PLN. En 1974 se facultó al Presidente para nombrar a los Presidentes Ejecutivos de las autónomas, y el mismo año, la Ley de Planificación Nacional No. 5525 del 2 de mayo, aumentó la injerencia de OFIPLAN –oficina dependiente del Poder Ejecutivo creada en 1963- en programas de inversión y crédito de las instituciones. En 1978, la Ley General de Administración Pública facultó al Consejo de Gobierno a remover a los directivos de instituciones que no siguieran las directrices del Poder Ejecutivo. (Pérez y Trejos. 1990-:57-58; Esquivel y Muñoz. 1984:167; Castro V. 1995: 12-15).

En palabras de un historiador: “La descentralización administrativa no fue tanto un proceso para lograr la “ley de pesos y contrapesos”, como sí el interés de los nuevos sectores ascendentes de pelearle el poder político y económico al viejo bloque de poder que se opuso en la Asamblea Constituyente a descentralizar las funciones del Poder Ejecutivo. Fue un proceso de lucha política y el deseo de ocupar puestos claves en la administración pública para desarrollar un nuevo Estado, el que determinó al final el esquema de descentralización y la creación de instituciones después de 1948”. (Murillo V. 1986: 283). Pero surgió una nueva concentración de poder que se “enmascaró” con la figura de “desconcentración geográfica”. En ésta se comprometieron los gobiernos de los partidos Liberación y la oposición republicana, entre 1966 a 1979, mediante la aprobación de sucesivas leyes de división regional del quehacer político institucional. (Pérez y Trejos. 1990:61).

En síntesis, “No se trataba de enfrentar dos fracciones del capital –agro versus industria- sino de fortalecer y diversificar el capital agroexportador y para el mercado interno, a fin de que generara un amplio excedente que se utilizaría como fuente financiera de las nuevas actividades productivas del naciente empresariado, de la misma oligarquía cafetalera y del capital transnacional”. (Esquivel y Muñoz. 1984:186). El crecimiento del Estado tuvo relevancia a partir de 1950-1960, mostró su fortaleza entre 1970-1974, a pesar de la crisis del Mercado Común a raíz de la “Guerra del Fútbol”, el alza mundial de los precios de hidrocarburos en 1971 y la depresión de 1973-1975. En consecuencia, fue cambiando su carácter, desde la creación de RECOPE en 1963, su consolidación en 1977, y su inserción en la estrategia de “Estado Empresario” en torno a la corporación estatal CODESA, definida y puesta en práctica por Daniel Oduber (1974-1978).

La transición de la economía agraria exportadora a la “industrialización por sustitución de importaciones” y del Estado liberal al Estado desarrollista, generó transformaciones sociales de diferente densidad en los campos, ciudades y regiones. Los más profundos fueron: la proletarización de los campesinos y pequeños agricultores, el crecimiento del proletariado industrial y agrícola, el aumento acentuado de los sectores medios. El desarrollismo como proceso histórico burgués con preeminencia política de la clase empresarial y el control imperialista sobre Centroamérica y el Caribe, fue visto “como suyo” por las clases medias y otros segmentos de población de la meseta y la periferia del Valle Central. Fue un cambio que sustentó el nuevo carácter de las luchas sociales y del sindicalismo, en particular, de los trabajadores del Estado.  

Abundan estudios sobre el empleo en el sector público. En 1950 trabajaban con el Estado 17.234 personas. (Esquivel y Muñoz.1980:186). Entre 1955 y 1975 las instituciones públicas generaron 21.752 puestos nuevos: Gobierno Central 137 (0.63%), entidades descentralizadas 21.615 (99.37%). El aumento del empleo total fue 23.195 en el gobierno central y en el descentralizado, de 32.845, para totalizar 56.040 puestos. El gobierno central pasó de 22.093 empleados en 1955 a 45.288 en 1975. En el descentralizado, de 2.780 en 1955 a 35.625; y el total de trabajadores públicos fue 24.873 en 1955, 81.913 en 1975 y 147.404 en diciembre de 1981. En suma, el incremento total entre 1955 y 1982 fue 122.531 puestos equivalente a un crecimiento de 492.6%. (Murillo V., 1986: 304-305).

La cifra de profesionales dependientes subió de 3.1% en 1950 a 8.1% en 1980. (Castro, V. 1995: 19). Ese número varió: en 1965 el sector de técnicos, profesionales y personal capacitado representaba el 35% del empleo en el sector público y en 1980 el 50%. Hasta fines del 70 eran mejor pagados que en las empresas privadas. (Pérez y Trejos. 1990:60). Los oficinistas, vendedores y similares aumentaron del 6.8% de la PEA en 1950 al 13.3% en 1980, debido al crecimiento los sectores terciarios y secundarios, los cuales en conjunto aumentaron del 15.8% de la PEA en 1950 a un 30.1% en 1980. El dato avala el aumento de las llamadas clases medias.

El aumento del número de empleados públicos facilitó otros objetivos políticos de beneficio común para los trabajadores y el Estado. Se abrieron fuentes al trabajo asalariado calificado o sin preparación; se reforzó el clientelismo electoral y la movilidad social. Las Autónomas atendieron las demandas populares y el Poder Ejecutivo dejó de intervenir directamente, sorteando así las presiones y las críticas. Los sectores populares definieron sus relaciones con las instituciones públicas. Directivos, funcionarios altos y empleados medios actuaron como intermediarios entre partidos políticos, gobernantes y gobernados. Los poderes centrales se concentraron en los fines del Estado, combinando la satisfacción parcial de los reclamos ciudadanos con la represión, la desarticulación y la cooptación de las organizaciones políticas disidentes. Dieron preferencia a las demandas de las Municipalidades, Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo Domunal, constriñendo la influencia de los sindicatos y de otras fuerzas sociales en movimiento. (Pérez y Trejos. 1990:59-61; Esquivel y Muñoz. 1984: 180-181).

     Después de la Guerra Civil, la Junta de Gobierno ilegalizó la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) y desaparecieron 10 sindicatos ubicados en Municipalidades, Muelles y Aduanas, Enfermería y Auxiliares Médicos, Fomento y Obras Públicas. Los empleados retomaron la organización mediante asociaciones de apoyo mutuo, ahorro y recreación. El sindicalismo despegó en la década 50-60 alentado desde 1945 por la Confederación de Trabajadores “Rerum Novarum” (CTRN). Los sindicatos de izquierda, ligados al Partido Vanguardia Popular pese e su funcionamiento en parte clandestino, logró reorganizarse en agosto de 1953 en la Confederación General de Trabajadores Costarricenses (CGTC).      

El 30 de mayo de 1953, la Ley No. 1581 creó el régimen de Servicio Civil. La norma no cubrió a funcionarios de confianza, el personal del servicio policial y de seguridad de Estado, los puestos de elección popular y el personal docente interino. Estableció la posibilidad de nombramientos sin oposición; un período de prueba de tres meses; definió un régimen de permutas y promociones según calidad y preparación profesional. Estableció prerrogativas para funcionarios del Poder Ejecutivo, parámetros salariales, creó la Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados Públicos y fijó las condiciones de sanciones y despidos. En otro orden, prohibió la propaganda político partidista a los funcionarios y trabajadores (www.tse.go.cr)

La instauración del nuevo proceso de acumulación capitalista a diferencia de la estrategia de salarios crecientes del Estado, permitió que los empresarios e industriales presionaran hacia una baja del salario real mediante la contención de los sueldos nominales y la elevación de los precios o inflación. El índice de precios para consumidores de ingresos medio y bajo del AMSJ muestra un aumento del 11.7% en 1973, 26.3% en 1974 y 24.76% en 1975. En contraste, en el lapso 70-72 aumentó a un promedio anual del 4.4% y en los años 60, el 1.9%. El resultado fue un descenso en el salario real del 4.3% promedio anual entre el 73 y 1975. Se recuperó entre 1976-77 por la bonanza cafetalera, la disminución de las importaciones y el aumento en la capacidad de lucha y negociación de los sindicatos de empleadospúblicos”. (Esquivel y Muñoz. 1984: 223-226).

En 1975 el promedio mensual de salarios en el sector público era ¢ 1.672.98 y en el privado ¢ 961.40. El ingreso por habitante creció de $ 350 en los años 50 a $ 437 en 1960, $ 805 en 1970 y tuvo su nivel más alto de $1.1910, en 1980. Hasta el 1 de abril de ese año hubo negociaciones anuales de salarios, pero el alza de los precios y el deterioro del salario real justificaron que el gobierno de Rodrigo Carazo aprobara dos revisiones anuales, (Cardoso, R., 1990: 29-32) en momentos que se avizoraba una crisis de hegemonía ante el auge de movimientos revolucionarios en Nicaragua, el Salvador y Guatemala.

En segundo lugar, la evolución del número de organizaciones tuvo el siguiente comportamiento. Entre 1950 y 1957 se crearon 25 sindicatos que fueron la base del Sindicato de Empleados Públicos, constituido el 19 de agosto de 1958 y presidido por Rafael A. Chinchilla Fallas, padre de la actual Presidenta de la República. El 12 de setiembre de 1961, ese organismo se convirtió en Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) presidida por Jorge Barquero Quirós.  http://anep.or.cr/abc-sindical-2 La política salarial del gobierno, favorable a estos trabajadores, facilitó su interlocución. Entre 1953 y 1956, a raíz de la aprobación del aguinaldo sólo para los empleados del Poder Ejecutivo, otros trabajadores se movilizaron y lograron que se generalizara.    

Los trabajadores de la educación también se reorganizaron luego de la Guerra Civil, pues la ANDE había sido creada el 24 de octubre de 1942 y fue reconocida por la Ley No. 254 del 28 de agosto de 1943. La nueva ANDE se inscribió el 28 de octubre de 1952. En 1957 tenía 6.000 afiliados de los 8.000 maestros y profesores activos. Dos años antes sufrió una escisión, como resultado de la huelga por alza de salarios que fue que rechazó el gobierno de Figueres. De ahí que un grupo de profesores se separó y creó la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) el 15 de julio de 1955, presidida por Bernardo Alfaro Sagot.  http://www.apse.or.cr/webapse/01historia.htm.

El SEC se formó en 1969 en representación de los educadores no titulados e interinos de las zonas rurales. Es el único sindicato. Al principio se afilió a la Confederación de Obreros y Campesinos Cristianos (COCC) luego a la Confederación Auténtica de Trabajadores Democrática (CATD), muy cercana al PLN, y afiliada a la ORIT. En los años 70 tomaron forma las primeras instancias unitarias. En 1978 en el Frente Magisterial integrado por SEC, APSE, ANDE y ADEM. En la Municipalidad de San José se crearon por esos años el Sindicato Municipal, el Sindicato Independiente de la Municipalidad de San José y la Unión Nacional de Empleados Municipales.

El número de sindicatos, federaciones y confederaciones tuvo en el período 1950-1980 un notable aumento.

“En la actualidad (1968) existen 210 sindicatos inscritos y activos en las diferentes centrales: CCTD, CGTC, Federación Regional Obrera del Pacífico, ANEP con 2.300 afiliados y la Unión de Empleados Hospitalarios y Afines con más de 1.700”. (Arias S. 1971: 68). En 1968 se formó el Frente Nacional de Servidores Públicos integrado por 17 organismos de profesionales y sindicatos para defender derechos adquiridos en los diferentes regímenes de pensiones. En 1971 la Unión de Taxistas Costarricenses se retiró de la CCRN y formaron la Confederación Auténtica de Trabajadores Democráticos (CATD) integrada por la Federación de Trabajadores de la Educación (FETEC), Federación Auténtica de Trabajadores de la Salud (FATS) y la Federación Nacional Campesina (FENAC). En 1975 varias organizaciones formaron la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (FENATRAP) y en el 77 otro sector del sistema hospitalario creó la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD).

A mediados de 1960 resurgió el sindicalismo “socialcristiano”. En 1962 se formó el Frente de Obreros y Campesinos Cristianos (FOCC) y en los estatutos de mayo de 1964 se definen como a-partidistas y a-confesionales. Se afiliaron a la CLACC, Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos. En 1966 incorporaron a las Juventudes Obreras Católicas (JOC), en funciones desde 1938; pero en 1972 desistieron de los calificativos “cristianos” y “católicos” y se denominaron Central de Trabajadores Costarricenses CTC; presidida por Alsimiro Herrera y se afiliaron a la Confederación de Trabajadores de Centro América (CCAT) y a la Confederación Mundial de Trabajadores (CMT). (Donato y Rojas 1986:7-8)  

Entre 1963 y 1976 el sector sindical en los servicios estatales tuvo el mayor crecimiento: En 1963 existían 40 sindicatos con 5.082 afiliados y crecieron a 144 en 1976 con 31.263 afiliados. Hacia 1984 la FENATRAP agrupaba al 30% del total de sindicatos del país, después de la CGT, que afiliaba el 27% de los sindicatos del sector público. (Rojas, B. 1985:279). Según Estrella Díaz y Natacha Molina en 1976 había cuatro confederaciones: CCTD, CGTC, CTC y CATD. Además, LA FENTRAP Federación Nacional de Trabajadores Públicos.

A la CGT pertenecían el 27% de sindicatos y el 34% de afiliados. La CCTD el 28.4% de sindicatos y el 28% de afiliados. FENATRAP el 10% de sindicatos pero el 30% de afiliados. Durante los años 77-79 decayó el crecimiento de sindicatos en coincidencia con el descenso en la inflación y la mejoría de los salarios reales. Entre 1973 y 1975 la inflación anual promedio fue de 22.1% y entre el 80 y 82, del 56.2%. Contrario a otros años, entre el 80 y 83 el 62% de los sindicatos constituidos no se afilió a confederaciones. (Donato y Rojas 1986: 33-38)

En tercer lugar, tomó fisonomía el conflicto laboral. Entre 1950 y 1960 se suscitaron al menos 10 conflictos administrativos que trascendieron a la prensa. Afectaron a trabajadores de las empresas hidroeléctricas, ferrocarriles y muelles, sistema bancario, sector hospitalario, Universidad de Costa Rica y el magisterio. En la década posterior, el semanario Libertad informó con algún detalle de 31 situaciones de protesta laboral incluyendo 4 huelgas, 2 convenciones colectivas, 4 conflictos económico-sociales y conatos de huelga. Se presentaron en Obras Públicas, Educación, CCSS, Municipalidades y ferrocarriles, instancias del gobierno central. De modo que todavía las instituciones autónomas no eran focos de conflicto. (Libertad. 1963-1973).

Entre 1960 y 1968 hubo 15 huelgas: 5 de trabajadores de la salud, 1 de maestros, 3 de obreros portuarios. (Donato y Rojas. 1986:171). La beligerancia de los trabajadores del Estado aumentó en los años 70. Sólo entre febrero de 1972 y octubre de 1976 el Ministerio de Trabajo registró 39 huelgas de empleados públicos, distribuidas así: 3 en el sistema bancario, 4 en telégrafos y correos, 11 en la CCSS y Junta de Protección Social, 3 en el gobierno central, 3 en la UCR, 4 en JAPDEVA, 3 en el ICE, 3 en INFCOP, 2 en RECOPE, 1 en el INS 1 en el ITCO y 1 en el CNP. (MTPS. Oficina de Organizaciones Laborales. Mimeógrafo. San José. 1980) Entre 1972 y 1983 los trabajadores públicos declararon el 32.5% de 182 huelgas de esos años. (Donato y Rojas 1986: 53) Según la Ministra Estela Quesada, “de 1972 a agosto de 1978 se declararon 224 huelgas, el 8% por sindicatos de dirección comunista, el 10% por sindicatos democráticos y el 5% por sindicatos independientes. (Rojas B. 1985: 280)

Otro rasgo remite a la desunión sindical. Entre 1960 y 1969 se intentó configurar la unidad sindical a raíz del Congreso de la CGTC de 1965. Al año siguiente las Confederaciones participaron juntas en una marcha en demanda de la ley de fuero sindical. La iniciativa se retomó en 1969 y el Primero de Mayo fue un acto unitario, hasta 1973. Con ocasión de un conflicto de los operarios de telecomunicaciones del ICE, se formó el Comité de Unidad Sindical CUS el cual adquirió carácter de órgano unitario de las confederaciones. El CUS se extinguió a mediados de 1978. En los años 79 y 80 hubo otras experiencias de trabajo sindical unitarias, hasta la formación en 1980 de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y del Frente Democrático de los Trabajadores. (Donato y Rojas 1987: 12-13)

IV. LAS INFLUENCIAS POLÍTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

       Existen diversas relaciones entre estos cambios sindicales internos y aquellos que son generados por la evolución de los partidos políticos y por los controles que el imperialismo norteamericano estableció desde 1945 en el campo sindical internacional.

La crisis de hegemonía liberal de los años 30-45, estimulada por el surgimiento del nazismo y el fascismo, tuvo que resistir también el ascenso del reformismo capitalista, del socialismo “cristianismo”, la social democracia, el socialismo marxista-stalinista y el socialismo trotskista. Por otro lado, como resultado de la creación de la OIT en 1919, el Estado acogió al final de los años 40 varias normas internacionales de derecho laboral mediante la OIT. Entre ellas el Convenio No. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación; el Convenio No. 98 que excluyó a los funcionarios públicos del derecho a la negociación colectiva, y el Convenio No. 151de junio de 1978 sobre la protección del derecho de organización y empleo en la administración pública. ( http://www.nuso.org/upload/articulos/1139_1.pdf

Hasta el fin de la Segunda Guerra las relaciones internacionales de tipo sindical fueron débiles. Entre 1936-1946 nació y se desarrolló la Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL, única experiencia unidad laboral latinoamericana, la cual fracasó en 1947 por los efectos de la Guerra Fría. En adelante se extendió la presencia de otras centrales internacionales como la CIOSL-ORIT, la CMT-CLAT, la FSM y la CPUSTAL con definiciones ideológicas diversas: de tipo liberal, comunistas, socialdemócratas, trotskistas y socialcristianas -las tres primeras desde 1920.

En los primeros años del 50 el gobierno de Estados Unidos, la CIA y la American Federation of Labour (AFL), fundada en 1882, elaboraron planes conjuntos para eliminar o inhabilitar la influencia de los comunistas en las centrales sindicales de Europa, Asia, África y América Latina.En 1955 se fusionaron la AFL y la CIO para formar una alianza sindical anticomunista liderada por George Many hasta 1979, la cual ejecutó la estrategia intervencionista norteamericana. En América Latina su aliada fue la ORIT. La AFL y la CIA, por su parte, fundaron centros para reclutar sindicatos y asociaciones disidentes del bloque comunista-stalinista. Esas injerencias y espionaje sindical se reorganizaron en el gobierno Kennedy a través de la recién creada USA-AID. En 1960 crearon el Instituto para el Desarrollo del Sindicalismo Libre en América Latina, como complemento de los planes de la Alianza para el Progreso.  

Hostigar a la CTAL, fundada en 1938, fue el primer blanco del Departamento de Estado, hasta lograr su desaparición en 1964. Luego se organizó el intervencionismo de EEUU en Centroamérica a partir del golpe militar contra el gobierno progresista de Jacobo Arbenz, en 1954. Otra experiencia pionera fue administrar el Instituto de Investigaciones Laborales Internacionales, con sede en Nueva York. Bajo su tutela se impulsó la capacitación de líderes políticos y sindicales a través del Instituto de Educación Política, con sede en Costa Rica, dirigido por José Figueres y su ministro de trabajo. El Instituto se convirtió después en el Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL.

La estrategia antisindical contó con el consentimiento y colaboración de empresarios norteamericanos, entre ellas de la Fundación Rockefeller y las corporaciones transnacionales ITT, Kennecott, Coca Cola, IBM, Pfizer, Anaconda, UFCo., Standard Oil, Shell Petroleum, Pan American World Airways, W. Grace and Co; United Corporation, entonces la mayores titulares de grandes inversiones en América Latina. La filosofía de esa cruzada sindical anticomunista era la siguiente: “Todos los problemas de los trabajadores serán resueltos por un sistema de libre empresa, de cooperación de clases y de negociación colectiva; así como por la colaboración con los patronos y el gobierno en la lucha anticomunista”, tal como la sintetisa el analista William Blum.  http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/02/004_bozza.pdf (Morris, G. 1967: 84-92)

En Costa Rica, las confederaciones la CTCR creada en 1943 se vinculó por corto tiempo a la CTAL y a la FSM. La CCTRN, fundada en 1945, primero se adhirió a la iglesia católica pero tuvo escisiones en 1950 y 1966 derivadas de sus nexos tanto con la Iglesia como con el PLN. En 1966 se propuso desligarse de ambas tutelas y recuperar la autonomía. La Carta Ideológica definió sus fines en torno a la promoción del bienestar de la clase trabajadora dentro del sistema democrático y la concepción social demócrata. Con el nombre de CCTD se ligó a la ORIT, la CIOSL y el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL) (Donato y Rojas 1986:6). Fue activa promotora de la capacitación de dirigentes sindicales en la CEDAL.

Por otra parte, en la década 60-70 surgieron las vertientes sindicales influidas por el pensamiento de izquierda que se desarrolló al calor de la Revolución China, la Revolución Cubana y, en menor grado, del socialismo árabe. Ese contexto afectó en primer lugar los vínculos entre sindicalismo y los partidos Liberación Nacional y Vanguardia Popular. Este último se reinsertó legalmente en la organización sindical una vez que se eliminó el párrafo constitucional que lo inhibía de participar en las luchas electorales, en 1975. En una segunda fase, entre el sindicalismo, el Partido Socialista (PS) fundado en 1972, el Frente Popular Costarricense (FPCR) en 1975, el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) en 1970, y la Organización Socialista de los Trabajadores (OST). Todas esas organizaciones desarrollaron nexos con las Internacionales socialdemócratas y socialistas marxistas.

En tercer lugar, entre 1949 y 1957 tomó forma el movimiento solidarista. En ese lapso nacieron 40 asociaciones. El 22 de marzo de 1954 se creó la Unión Solidarista Costarricense y en 1956 la Corporación Solidarista, para darle el soporte financiero. Entre 1957 y 1961 superaron en número a los sindicatos; decaen entre 1959 y 1963, año en que el sacerdote Claudio Solano Cerdas al mando de la Escuela Social Juan XXIII y con el apoyo de Asociación de Empresarios Pro Justicia y Paz creada un año antes, asume el proyecto solidarista como parte del objetivo del Obispo de San José, Carlos Humberto Rodríguez de “recristianizar” a la clase obrera. El Partido Unidad (Republicano) con una orientación socialcristiana catapultó al solidarismo como movimiento de los trabajadores y empresarios, a partir del gobierno de Rodrigo Carazo (1979-1983). Blanco G. y O. Navarro. 1984: 27-95)  

V. CONSIDERACIONES FINALES

     Comparto con las investigadoras Marian Pérez y María Eugenia Trejos: “La unidad de las clases populares debe darse a partir de organismos que, por su ubicación y dimensiones, permitan a dichas clases participar en las decisiones, solidarizarse y crear una voluntad colectiva; ejercer control sobre lo actuado, y desarrollar el nivel de comprensión necesario para plantearse la necesidad de construir su propia hegemonía”. (1990:61)

Las transformaciones de las estructuras de producción y del Estado en Centroamérica; en conexión con el mercado mundial capitalista y la ostentación imperialista de los Estados Unidos, en ancas del aparato militar y de sus monopolios transnacionales, configuró en Costa Rica, desde 1950, un nuevo segmento social. Por razones de extracción social, movilidad ascendente, estabilidad laboral, niveles de consumo y protección en la vida adulta las llamadas clases medias son diferentes a otras clases de la sociedad. Aunque comparten con los trabajadores directos su condición de asalariados.

Desde mediados de 1960 “los empleados públicos” hicieron suyos, en buen grado, los legados de las luchas de las clases inferiores; recrearon las conquistas de derecho laboral y la seguridad social. Con sus organizaciones sindicales se plantaron durante más de 60 años ante las fuerzas del mercado y del poder político que dilapidan las fuerzas sociales productivas. Sus luchas fueron exitosas hasta mediados de 1980 en medio de huelgas, conciliaciones jurídicas, administrativas, nuevas leyes laborales y consensos partidistas.  

Pero fueron víctimas, igual que el movimiento obrero, de divisiones internas; de la cooptación cultivada sin tregua por el gran capital, la iglesia y el imperialismo; y de miopía política para hacer de sus sindicatos “los organizadores de la clase obrera”. Sobre todo, una vez que los trabajadores obreros lograron “enviar hombres de su propia clase a los Parlamentos” según se expresaba el empresario industrial y teórico del socialismo, Federico Engels.

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 http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/02/004_bozza.pdf

Por Carlos A. Abarca Vásquez

I.            INTRODUCCION

La imagen de Centroamérica como una suma de “repúblicas bananeras”, fue elaborada a finales del siglo XIX por la mentalidad neocolonial norteamericana y en estos países solo ha tenido históricamente un contestatario consecuente: el movimiento obrero y campesino de los litorales plataneros del Istmo. La apariencia de las zonas bananeras como áreas culturales silvestres, civilizadas por “la ayuda” del capital monopólico y el progreso burgués capitalista, fue reafirmada cuando emergieron unos cuantos productores de la fruta paradisíaca al alero de las corporaciones multinacionales.

Este artículo retoma el filón de los conflictos entre el capital extranjero y nacional, y el trabajador de la región bananera atlántica de Costa Rica. Realza la formación y desarrollo de un frente de lucha obrera y proletaria en esas plantaciones y fincas privadas, entre 1960 y 1980. Acentúa el relieve de esas luchas en la reconfiguración del movimiento obrero y popular. En el nivel regional, después de la gran huelga bananera de 1934. En el ámbito nacional, luego de la ilegalización de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, como parte de la estrategia de dominación de los triunfadores en la Guerra Civil de 1948.

El texto persigue los siguientes objetivos.

1.- Conocer la instalación y las estrategias productivas de las compañías bananeras multinacionales en la región atlántica para apreciar la historia de luchas del movimiento obrero costarricense.

2.- Explicar el renacer del sindicalismo bananero en relación con los conflictos obrero-patronales y sus desenlaces en la forma de diversas protestas y nuevas normas laborales.

3.- Ordenar hechos y acontecimientos de la historia de los trabajadores bananeros para comprender el desarrollo desigual, regional y nacional, de la sociedad costarricense.

II.         EL RETORNO DE LAS TRANSNACIONALES BANANERAS

Unos años antes del vencimiento del Contrato Soto-Keith de 1884, la United Fruit Co. (UFCo), firmó con el Poder Ejecutivo tres nuevos convenios que le facilitaron invertir ventajosamente en el Pacífico Sur entre 1930 y 1938. La transnacional mantuvo el cultivo de cacao en Limón y fincas de banano en Valle la Estrella y Sixaola. Controlaba también la Northern Railway Co. y el muelle, e inversiones en el comercio, la banca y los servicios.    

Su mayor competidora, Standard Fruit Co., (SFCO) estaba radicada en Honduras desde 1899 e inició operaciones en 1907. Un año antes firmó otro acuerdo con el gobierno de Nicaragua por medio de la subsidiaria Bluefields Stemship Co., y debido a la crisis política de 1909 y la intervención de los marines  norteamericanos, se trasladó a las cercanías de Puerto Cabezas. En esas plantaciones explotó hombres, tierras, aguas y bosques, hasta 1935. En 1940 compró a la UFCo, en Costa Rica, 3.000 Has en el Valle la Estrella y 1.400 en Línea Vieja. (Viales, R. 1998:139).

La reapertura del mercado europeo y la nueva configuración empresarial burguesa de los Estados en Centroamérica después de la guerra mundial, favorecieron la reactivación de la producción bananera en las regiones atlánticas del Istmo. El 26 de julio de 1956 se aprobó en Costa Rica la ley No. 2038 para   fomentar las inversiones extranjeras y el 19 de agosto la SFCo expuso al gobierno la intención de invertir en Limón. Poco antes había comprado tierras a la Northern Raiway Co., negoció la reparación de las líneas del ferrocarril abandonadas y construyó otros ramales con cargo financiero a la cuenta de fletes por pagar a la empresa ferroviaria.

La SFCo innovó en dos áreas. Cultivó semilleros de la variedad de banano Giant Cavendish, resistente al “Mal de Panamá”, en terrenos de la empresa Sasso-Pirie, en Santa Clara. En 1963 diseñó el empaque de fruta en cajas de cartón para  40 libras e instaló la fábrica en las plantaciones. Con ello revolucionó el transporte y mercadeo, extendió el consumo por varios países y la técnica de empaque se generalizó. www.flacso.org.ec/biblio/shared/exist_view.php?bibid.En tercer término, la SFCo inició operaciones mediante la firma de contratos de compra de banano a medianos finqueros. Esa práctica ya existía. En 1932 unos 2.000 productores del Atlántico le vendían fruta a la UFCo., sin contratos fijos. La cifra bajó desde que “la Yunai” se trasladó al Pacífico Sur. http://163.178.170.74/wp-content/revistas/19-20/valverde.pdf

El retorno de las multinacionales se produjo como parte de los procesos de concentración y fusión de capitales en el mercado de la postguerra. Entre 1964 y 1968 Standard Fruit Co. se convirtió en filial de la Castle and Cooke Inc.: una corporación establecida en Hawai desde 1894, que opera en 30 países y en 1978 tenía el control del 39% del comercio mundial de banano. En los años ochenta,  SFCo tenía en Costa Rica 20 empresas bananeras subsidiarias, otras en textiles, finanzas y fumigación aérea. En 1966 produjo bananos en 2.168 has y compraba lo que cultivaban particulares en otras 2.252 Has. En esos contratos, mantuvo el 80 o 90% de las acciones de capital.

Poco después compró tierras al noroeste de Limón, en Guapiles. Hacia 1967 abrió semilleros en Finca 7  de Río Frío, Horquetas de Sarapiquí, e inició los cultivos en Finca 4 en 1969. Al año siguiente tenía cultivadas 4.700 Has y compraba la fruta de finqueros locales, en otras 5.000 Has. (Ellis, F. 1983:119) El 17 de abril del 2002,  SFCo. cédula jurídica No. 3-101-105-181, inscribió 52.753.285 has en el Distrito 3 Horquetas, Cantón 10 de Sarapiquí por un valor fiscal de ¢ 300.867.384 millones, según Registro Público N. 501-04-952. Por esos años a lo sumo tenía cultivadas 4.000 hectáreas.    

Además de la SFCo. hacia 1965 confluyeron en la región atlántica otras compañías transnacionales.

1.- La corporación Del Monte, una firma californiana dedicada a inversiones en frutas frescas con énfasis en piña. En 1967 entró al negocio bananero, al absorber a la West Indies Co. de Mami y su filial  BANDECO que operaba en Guápiles y Siquirres. Dos años después, la Del Monte le vendió BANDECO a la UFCo. En 1978 R.J. Reynolds Industries Inc compró Del Monte en $ 621 millones.

2.- La United Brands se constituyó en 1969 por la fusión de la UFCo., conocida como la Compañía Bananera de Costa Rica desde 1930 y la Cía. Bananera Atlántica (COBAL), propiedad de la  Afrikanische Frucht-Compagnie Laeisz. Sólo la UFCo. comercializó en el nivel mundial el 33% del banano en 1977. Esa suma significó para la U.B. el 30% de $ 2 billones de ingresos por ventas y el 70% de las ganancias totales. http://163.178.170.74/wp-content/revistas/19-20/valverde.pdf ; (Ellis, F. 1983:120)

BANDECO y COBAL se instalaron en CR en el apogeo del Mercado Común Centroamericano. En la misma perspectiva agroindustrial, los empresarios Edmundo Taylor y Carlos M. Rojas abrieron en 1963 las fincas “Vesta” y “Bremen” respectivamente. Su éxito hasta 1969, despertó una “fiebre bananera”. El Banco Central de Costa Rica financió a los nuevos productores la preparación de terrenos, siembra de semillas, gastos operativos y control de enfermedades. Las transnacionales por su parte, les compraban la fruta y les vendían asistencia técnica. En 1970, las exportaciones de banano rebasaron las ventas de café.

Pero los bananeros entraron en crisis financiera en 1969-70. En seis años de operación no pudieron pagar las deudas bancarias, al parecer, porque trabajaban con grandes deficiencias técnicas: “Sistemas de cable vía mal diseñados o deteriorados, empacadoras en pésimas condiciones, deficiencias en los sistemas de  de agua y patios de fruta, drenajes mal construidos, deplorables plantas eléctricas, bombas de agua y vehículos de transporte, y carencia de viviendas y local administrativo. En esas condiciones, formaron la Cámara Nacional de Bananeros, integrada además con las transnacionales SFCo. BANDECO y COBAL”. www.flacso.org.ec/biblio/shared/exist_view.php?bibid...tab

En 1971, la Cámara propuso a la Asamblea Legislativa la creación de la Asociación Nacional de Bananeros, ASBANA. En las gestiones parlamentarias concurrieron el Ministro de Agricultura y empresario bananero, Claudio Alpízar Vargas y los diputados –productores de banano- Teodorico Quirós y Moisés Soto. En las discusiones de la Comisión de Asuntos Económicos participaron los inversionistas bananeros Fernando Batalla Esquive y Rodolfo Gurdián Montealegre, El proyecto fue defendido con ardor por el diputado Luis Alberto Monge Álvarez, en abierta confrontación con el Presidente de la Comisión y copartidario, Genaro Valverde Marín. El 26 de octubre de 1971 se aprobó la ley 4895 que creó ASBANA y  en 1974 se emitió la Ley de Fomento Bananero para financiar las siembras de los empresarios nacionales. (Asamblea Legislativa. Expediente No. 4677. En: Abarca V., 2005: 98-102).

En 1971 surgió una tercera compañía exportadora, la Tica Bananera S.A. TICABAN. Funcionó de manera  independiente hasta 1973, año en que BANDECO le compró toda la producción y expandió los contratos con los finqueros bananeros. Pero en 1974 redujo las compras a los productores de Pococí y Siquirres, y amplió sus propios cultivos. En 1976  “eran cultivadas 3.211 has por 17 productores en fincas de 265 has promedio, pero la corporación poseía 9 propiedades y solo una medía 959 Has. (Ellis, 1983:125)  

Esa generación de productores criollos formó un empresariado agrícola capitalista por el tipo de inversión, organización técnica, administrativa y división del trabajo. Empleaban gerentes, abogados, jefaturas de operaciones, capataces y gran cantidad de fuerza asalariada. El 93.6% estaba en el Atlántico y el 6.4% en el Pacífico Sur. Entre 1972 y 1977 participaron con el 40% de las exportaciones de banano, a través de las transnacionales. La cifra bajó al 17% en 1976 y al 11.3% en 1977.  De los 47 productores, 13 vendían la fruta a BANDECO, 16 a SFCo. 15 a COBAL y 3 a UFCO. La mayoría poseía fincas entre 50 y 500 has. 

Según ASBANA, en 1978 el área plantada en el país era 25.213 hectáreas y el 40% representaba a los productores locales. Pero la SFCo tenía 10.000 Has. en descanso, mientras que los finqueros particulares utilizaban al máximo el área con altos costos y bajos rendimientos. La reserva de tierras de BANDECO era de 3.000 has. La UFCO poseía 67.712 has. en 1974 y sembraba con banano unas 6.800 has. El número de productores pasó de 61 en 1974, a 47 en 1978. “En 1983 existen 57 empresas de ASBANA que acaparan 40.704 Has pero siembran alrededor de 18.000 y emplean más de 15.000 trabajadores”, publicó el abogado Arturo Fournier en la Revista Trabajo No. 17 de ese año. (Bermúdez, G. 2000:27).   

Los suelos se agotaron y las tierras fueron vendidas a las corporaciones. Las ganancias acumuladas las trasladaron a inversiones inmobiliarias urbanas y la compra de tierras de valor turístico potencial. http://www.solidarismoenaccion.com/libros/Bananeros1.pdf  Durante quince años estos productores se habían desarrollado en relaciones de dependencia con las multinacionales. En particular, no establecieron vínculos directos con el mercado mundial debido a su funcionamiento monopolista. En consecuencia, fueron forzados a vender la fruta a esas empresas y a comprarles tecnología mediante contratos que les restaron toda autonomía empresarial.

No podían vender las tierras, sembrar otras variedades, ni extender el área cultivada, hasta ciertos topes. No se les permitía usar las empacadoras para fines distintos al quehacer bananero, ni usar la semilla a su conveniencia. Eran objeto de inspección técnica y la empresa extranjera tenía acceso a sus medios de comunicación, incluso en sus mismas oficinas. Si abrían fincas, debían dar exclusividad de compra a la corporación, la cual se reservó el criterio de rechazar o adquirir todo o parte de la fruta de la nueva área. Estaban obligados jurídicamente a que el Estado exonerara de impuestos los insumos para bajar los costos de producción, con lo cual las multinacionales maniobraban para bajar los precios de compra de la fruta. Debían usar los medios de transporte y de estiba de esas empresas. http://163.178.170.74/wp-content/revistas/19-20/valverde.pdf

III.      LAS RELACIONES LABORALES

El futuro económico de la región atlántica se percibía muy sombrío entre 1940 y 1955. El cierre del ciclo bananero que explotó la UFCo. de 1890 a 1938 trajo desocupación, abandono de fincas, cierre de  comisariatos, dispensarios médicos, fondas y líneas ferroviarias; contracción de las importaciones y de la producción e intercambios locales que dependían del enclave. El cacao, hule y abacá tuvieron dinamismo en la Segunda Guerra Mundial. El cacao subsistió, igual que el latifundio ganadero. La producción mercantil campesina se generalizó con la abras de inmigrantes que poblaron tierras baldías u ocuparon en precario partes de las propiedades desasistidas por la empresa monopólica.  

El 26 de julio de 1956 la Asamblea aprobó la Ley No. 2038 para fomentar las inversiones extranjeras. Exoneró de impuestos y otorgó concesiones cambiarias a las operaciones internacionales en dólares. Al poco tiempo nuevos capitales norteamericanos propusieron renovar la producción de banano, la actividad ferroviaria y portuaria. En 1963 el Estado creó la Junta Administradora y Portuaria de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA. Conjuntamente con los asentamientos agrarios del Instituto de Tierras y Colonización ITCO y el ingreso del país al Mercado Común Centroamericano, se logró que la región experimentara una activa reproducción del capitalismo. En 1965 en Valle la Estrella había más un millar de trabajadores. (Libertad, 20-11-1965:7). Ocho años después, “la Unión General de Trabajadores de Limón, UTRAL, estimó en más de 30.000 la cifra de asalariados en las plantaciones del Atlántico”. (Aguilar, M. 1989:158)

Pero los rasgos dominantes eran la inestabilidad y cesantía. El riesgo de despido dependía de caprichosas decisiones de mandadores, capataces y contratistas. Los superintendentes y gerentes estaban atentos al clima de simpatías unionistas y a los indicios de organización sindical. El despido aumentaba en relación con los pliegos de demandas, o los trámites legales para abrir un conflicto colectivo, realizar una huelga o firmar una convención colectiva de trabajo. El desempleo asomaba con crudeza al cierre de las fincas bananeras o cuando la empresa consideraba necesario bajar los enganches. La tecnificación tuvo poca incidencia en la demanda de fuerza de trabajo. No así el clima de lucha laboral, ni las políticas económicas de Estado.      

Entre el 5 y el 8 de marzo de 1974 los gobiernos de Panamá, Honduras y Costa Rica impulsaron la  Unión de Países Exportadores de Banano. El convenio entró en vigencia al adherirse Ecuador y Nicaragua. Se trataba de resarcir el descenso en los términos de intercambio, originado en el alza en los precios del petróleo y la crisis de 1973, mediante la aplicación de un impuesto de $ 1.00 por caja de exportación. En Costa Rica el tributo se aprobó por Ley No. 5515 de 1974.

Las transnacionales reaccionaron. Declararon una guerra de producción y precios: una forma de combate contra el proteccionismo económico como recurso del Estado. La ofensiva de los monopolios apuntó directo a la autonomía de las naciones y al dogma y los valores asociados con la “libre competencia”. En Río Frío, Valle la Estrella y Siquirres, la SFCo. y BANDECO inyectaron tóxicos a las plantas, botaron matas en estado de maduración, suspendieron fumigaciones y rebajaron las cuotas y precios de compra de fruta a los proveedores criollos. (Libertad 22-6-1974: 2 y 17-8-1974:1)         

Y ello, en coyuntura de crisis en la reproducción del capital. La tasa de desempleo pasó de 7.2% en 1963 - agravada por las erupciones del volcán Irazú- a 8% entre 1973-1975.  Ascendió al 9% en la depresión siguiente, de 1979-1983. (Donato y Rojas 18). El desempleo repercutió en el precio de la fuerza de trabajo. Los salarios se congelaron o descendieron. Pero el administrador del comisariato, la fonda, la cantina y el lupanar, tanto como el usurero, eran insensibles a los ritmos de la devaluación, el empleo y los salarios.          

Diez años después de la huelga de 1934, el Código de Trabajo había establecido dos formas de convenir los salarios en tareas colectivas: el Arreglo Directo y el Conflicto Económico Social. El primero no requiere que haya sindicatos. El segundo, sí. Además, en 1964 se incluyó en el Código la figura de la Convención Colectiva. En ésta se reconoce al sindicato como único interlocutor con personería jurídica para plantear  demandas laborales, y los acuerdos entre empresa y sindicato se acogen con carácter de ley laboral.  

Algunos gobiernos levantaron censos de salarios y precios en las zonas bananeras. En Costa Rica se creó el Consejo Nacional de Salarios en 1949 y el contrato bananero de ese año, estableció que los salarios se fijarían según los índices de precios, pero sin tomar en cuenta los climas o las diferencias regionales que repercuten en los trabajos y el nivel de vida. No obstante, como logro de la huelga bananera del Pacífico Sur de 1953, el Presidente Figueres Ferrer decretó que los salarios pagados en la UFCo serían superiores en un 50% a los precios que fijara el Consejo. No hay certeza de que ese criterio se aplicara en la década del sesenta en las bananeras del Atlántico.  

El periódico Libertad ofrece retratos y escenas discontinuas de las condiciones de trabajo en las empresas fruteras. La ausencia de sindicatos en casi todo el decenio 55-65, mantuvo indefensos a los trabajadores en áreas sensibles como el tiempo y los salarios según la variedad de ocupaciones y faenas agrícolas o industriales. El salario mínimo era más la excepción que lo habitual. Había retrasos. Era obligaba  trabajar a precios normales, los domingos y feriados; los contratistas ofrecían pago por horas pero lo hacían efectivo por pieza. No había pago de vacaciones, ni de aguinaldos.

Lo ilustra esta gacetilla. “En Finca la Fortuna, ramal de la Estrella, los trabajadores se desgastan para ganar entre ¢ 3.00 y ¢ 5.00 por día. El trabajo de corta comienza a las 5 a.m. y concluye a las 6 p.m. Si la Standard pagara legalmente el salario mínimo, debería hacerlo a ¢ 28.90. Pero la represión de la empresa impide la organización sindical”. (Libertad 8-7-1962:3). Y los capataces controlaban los rendimientos por hora. “…En la tarea “carguero de banano” se arrastra hasta 25 racimos en rodillos jalados por medio de una cincha atada al pecho a través de grandes distancias y si el obrero no da rendimiento se le despide. (Libertad 10-4-1962:4)

En las bananeras el alojamiento de los trabajadores fue un problema durante todo el período. En  Valle la Estrella, la Standard adquirió viejos barracones de la UFCo. y en los cuadrantes de las fincas usó los baches colectivos y viviendas en casos de trabajadores con esposa e hijos. Pocas familias tenían ese hospedaje. En los barracones las condiciones sanitarias e higiénicas eran de mínima calidad. Los obreros dormían sobre camalotes en habitaciones estrechas compartidas hasta por 8 trabajadores en unos pabellones llamados baches, habitados por 20 o más obreros. El suministro de luz eléctrica y agua era racionado porque estaban conectados al sistema de tuberías y cables de la finca y las empacadoras. Los obreros no podían convivir libremente con mujeres de la zona en las propiedades de la empresa. Los días de pago llegaban a los bananales hasta 200 mujeres que trabajaban como prostitutas en lupanares o “donde hubiera lugar”.  http://www.solidarismoenaccion.com/libros/Bananeros1.pdf

En los agudos inviernos con ciclos de inundaciones en los cuadrantes, en las fincas se vivían días y noches de angustias y zozobra. “En el Valle de la Estrella, en Fortuna de Limón, los bananales se llenaron de agua, los caseríos se inundaron en todas las fincas sin excepción y los trabajadores y sus familias no tienen donde refugiarse. Faltó el agua de las cañerías y no había ni para cocinar. En el Valle no hay sitios en donde la gente pueda refugiarse. Los  jefes de la Standard viven en La Loma, en Pandora este. Están a salvo de las llenas, mientras que los obreros y sus hijos no tienen protección alguna”. Esa situación afectó ese año a más de 500 trabajadores. (Libertad 17-1-1970:10)

Las condiciones de trabajo en las fincas de los productores del país eran peores. Carecían de  vivienda fija o no había suficientes habitaciones, no los cubría el seguro de accidentes de trabajo, tampoco recibían aguinaldo completo, ni asistencia médica permanente. Los salarios eran más bajos que los pagados por las transnacionales. Los despidos eran frecuentes cuando se abrían procesos de negociación y conflictos económico-sociales. La oferta de brazos era pues muy inestable. (Aguilar, M. 1989:67)

El contrato bananero según el Decreto No. 30 del 15 de diciembre de 1934 estableció que la UFCo. debía rebajar el 1% del valor de las compras de banano a finqueros particulares para depositarlo al Estado y destinarlo a atención hospitalaria. Pero no había centros médicos estatales y la empresa deducía a los trabajadores ese porcentaje para dar atención en sus dispensarios. (La Voz del Atlántico 2-2-1935:1). En febrero de 1964 se inauguró en Pandora, ramal del Valle la Estrella, el  primer hospital de la CCSS. Los sindicatos apreciaron la obra,  porque “las empresas se despreocupan por la salud de los trabajadores que dejan su juventud en los bananales. Aunque sólo hay un médico que no da abasto ni para la población en edad infantil”.   

Desde 1970 aumentó el número de médicos y con ese criterio se repartían 30 citas por cada uno, cada 15 días. “Gran cantidad de personas y trabajadores llegan a los dispensarios después de recorrer kilómetros, con fuertes gastos por transporte y alimentación, y no son atendidos porque el médico ya cumplió la cuota de servicio”. El STAPPG logró que los accidentes cubiertos por pólizas del INS, éste pagara hospedaje, pasaje y alimentación en San José; pero los dineros no se depositaban oportunamente.

En setiembre de 1981, el SITAGAH denunció que médicos de la CCSS y del INS escamoteaban el seguro de riesgos profesionales. “Las incapacidades por accidentes menores no se extienden, o postergan, y los obreros las necesitan para pedir a la empresa que los reubiquen en otras tareas. Ha habido casos en que la empresa fuerza la renuncia del trabajador, con pérdida de derechos laborales”. (Libertad 28-9-1981:6)

En julio de 1981 un centenar de obreros del Valle la Estrella firmaron una carta para que se destituyera a una doctora.  “En actitud servil con la Standard, se niega a dar incapacidades, presta mala atención y trata de que los obreros no abandonen el trabajo por razones de salud. Tampoco ha tomado las medidas necesarias en relación a hechos deshonestos que el personal a su cargo comete contra las esposas e hijas de los trabajadores”. La profesional rehusó dialogar con los sindicatos y el memorial fue enviado al Director de la CCSS.

Desde 1978 comenzaron las quejas por las intoxicaciones y supuesta esterilidad que provocaban unos productos químicos usados en sanidad vegetal. En 1979 el Ministerio de Salud prohibió el “Nemagón” utilizado para fumigar. La empresa se negó a referir a los afectados a exámenes médicos. “Algunos trabajadores reaccionaron con la amenaza de no salir a fumigar. Denunciaron el efecto tóxico sobre la fauna y el sindicato solicitó la intervención del Dpto. de Sanidad del Ministerio de Agricultura. (Libertad 5-6-1981:6; 16-7-1981:5) 

La Compañía siguió usando los tóxicos. Amenazó con despedir a los se negaran a fumigar e influyó en el personal médico y sanitario para desestimar incapacidades por supuesta intoxicación. “Son muchos los trabajadores que afrontan enfermedades como alergias, dolores estomacales y náuseas. A todo eso contribuye el riego aéreo para controlar la sigatoka y otras plagas. Fumigan sobre los cuadrantes donde viven trabajadores y familias”. (Bermúdez, U. 2000:85) El Sindicato incluyó la demanda en el trámite de la V Convención Colectiva.

El NEMAGON causó estragos. El 5 de noviembre de 2007 un jurado de Los Ángeles condenó a la SFCo.    

(Dole Fresh Fruit Co.) a pagar altas sumas por indemnización a trabajadores esterilizados por el uso del nematicida DBCP. Después de la sentencia los sindicatos costarricenses tramitaron alrededor de 2.300 denuncias en el Bufete Provost & Umphrey, California. http://tlc-no.blogspot.com/2007/11/triunfo-histrico-de-los-afectados-de.htm  Según trabajadores de Río Frío, la cifra de los afectados es superior a los 15.000 hombres.

IV.        CONFLICTIVIDAD Y NUEVAS NORMAS DE TRABAJO

El 23 de agosto de 1934 el periódico La Información de Bluefield denunció que 45 trabajadores nicaragüenses fueron expulsados desde Costa Rica en una acción dirigida por el Coronel Ricardo Monge, al mando de 200 militares. Los rechazados vivían en la zona varios años atrás, algunos eran hijos de madres costarricenses y padres nicas, otros nacieron en Guanacaste y emigraron a la zona bananera. Los militares llegaron a La Línea para proteger la propiedad, amenazada por una “turba de huelguistas”. Se les acusó de incitar a la revuelta y de destruir propiedades. (La Voz del Atlántico 5-11-1934:1-5). La mayoría de esos trabajadores habían sido liberados de la prisión por gestiones del PCCR. (Trabajo 7-10-1934:1)

Al mes siguiente se formó el Partido Anticomunista de Limón, según manifiesto del grupo firmado por 101 ciudadanos. Tenían 22 miembros en el Comité de Guápiles y 36 en el de Siquirres. (La Voz del Atlántico 15-9-1934:1-5). En San José se formó la Liga Anticomunista con las secciones conocidas como “Los Vigilantes”. Se  dedicaban a espiar los movimientos de los dirigentes comunistas. Estaba dirigido por Jorge y Roberto Zeledón, Ramón Madrigal, Víctor Guardia Quirós, Lucas Raúl Chacón y un sujeto de apellidos Albertazzi Avendaño. (Trabajo 14-10-1934:1). Esas condiciones no favorecían la reorganización sindical después que el gobierno reprimió la huelga de 1934.  

La conflictividad y organización sindical en el Atlántico descendió entre 1935 y 1939. Durante la crisis de la Segunda Guerra Mundial el desempleo, escases, especulación y alza en el precio de artículos importados y de consumo interno; así como la aprobación del Código de Trabajo en 1943, estimularon el clima pasivo y consensual que promovió en aquellos años el Partido Comunista. De 1940 a 1947 se organizaron 13 sindicatos en Limón: 4 en fincas bananeras, 1 en plantaciones de abacá y 2 federaciones. Actuaban  en el sector de Guácimo, Siquirres, Pococí. En Siquirres el sindicato tenía representantes de las fincas bananeras San Alberto, Canadá, La Esperanza, Cultivés (abacá) y Las Indias. (Libertad. Varios números)      

El evento relevante fue la creación de la Federación de Trabajadores de Limón, FETRAL, el 2 de octubre de 1944, presidida por el Secretario General, Joaquín Hernández P. y afiliada a la CTCR. En ella figuraban los dirigentes Federico Picado Sáenz e Isaías Marchena Moraga. Picado fue vilmente asesinado en diciembre de 1949 junto a otros cuatro dirigentes del Partido Vanguardia Popular. El suceso es recordado con referencia a “los mártires de Codo del Diablo”. Isaías Marchena fue otro gran dirigente que dedicó su vida al movimiento obrero del Pacífico Sur. (Trabajo 7-10-1944:1). La FETRAL fue disuelta de hecho al fragor de la crisis política y militar de 1948.      

Al año de la Guerra Civil se creó la Comisión Obrera Sindical COS. Nació con el objetivo de presionar para que las Garantías Sociales fueran incluidas en la Asamblea Constituyente “dado que no se contemplan” en el proyecto. La COS reorganizó 29 sindicatos entre 1949 y 1952. En ellos, el Sindicato de Trabajadores del Cacao de Sixaola. Además, de 1950 a 1962 se involucró en cuatro huelgas en la región atlántica, 2 de obreros ferroviarios y dos en fincas de cacao y abacá. En enero y agosto de 1956 hubo dos paros parciales de bananeros, y otro en junio del 57.   Se paralizaron 4 fincas de la UFCo., en Sixaola.     

Otras dos huelgas ocurrieron en diciembre de 1958. Una en la Northern Railway Co. y otra en las fincas de la UFCo. La huelga de los trabajadores de cacao fue dirigida por la CCTRN y surgió por la negativa de la empresa a discutir un conflicto colectivo económico-social. Las demandas cubrían las fincas San Alberto, Indiana  2 y 3, Brand Star, Bees Line, Bristol, Zent, Búfalo, Strafford, Liverpool y el Toro. El “sindicato democrático” planteó alza de salarios, reducción de jornadas, eliminar el destajo en el riego de “spray”, aumentar y mejorar los baches y viviendas, aumentar el fluido eléctrico, dar mantenimiento a servicios sanitarios y garantías sindicales.  Participaron 550 trabajadores. El conflicto tuvo apoyo de 334, el 62% del total de empleados; pero los jueces negaron el derecho de huelga. Durante la huelga de hecho, los trabajadores se organizaron en comisiones de vigilancia, financiamiento y alimentación. Resistieron 12 días. (Abarca, 1978:129)

La UTRAL convocó a un mini congreso de trabajadores bananeros en diciembre de 1964,  con el objetivo de “luchar por el restablecimiento de las libertades sindicales”. El 10 de octubre de 1965 la CGTC realizó una concentración de trabajadores en la Finca “Ley River”, en Fortuna de Limón. Poco después hubo otro mitin en el sector de Atalanta bajo resolución del Juez Penal, indicando a los personeros de Standard y a la policía que era ilegal obstaculizar el libre tránsito de los trabajadores por las fincas y propiedades.  (Libertad 6-11-1965:5) A pesar de eso fueron detenidos varios dirigentes sindicales de UTRAL y de la  FUNATRAFOPA. El acto represivo acicateó la voluntad de lucha y organización. El 26 de octubre de 1966 se realizó la Asamblea General de UTRAL en Fca. La Fortuna a pesar de que la empresa boicoteó con un campeonato relámpago de futbol.

La SFCo. tuvo éxito en neutralizar e impedir la afiliación sindical, entre 1962 y 1968 la SFCo.  Tenía el apoyo de los agentes de policía quienes impedían que los trabajadores se movilizaran entre los bananales para asistir a las actividades sindicales. En 1962 fue arrestado el activista de la CGTC, Rodrigo Paniagua. En 1964 fueron apresados cinco trabajadores nicaragüenses con el cargo de estar ilegales en el país. Los jueces denegaron un recurso de Hábeas Corpus que se interpuso con el criterio de que tenían cónyuges e hijos costarricenses. (Libertad 29-3-1964:6). Pasado un tiempo, hubo sentencia judicial contra la norma de la empresa que prohibía el uso público de las trochas y veredas de sus propiedades.  En noviembre de 1965 fueron detenidos los sindicalistas Juan Rafael Solís Barboza, Rodrigo Paniagua y Wright Lindo. Estuvieron 10 días en la cárcel de Finca 6 de Río Frío (Libertad 25-12-1965:5)

“El sindicato llegó entre el 68 y el 69. Le decían a uno que la Compañía tenía que hacerle unos papeles para tener derechos. Llegaban de noche y le dejaban un papelito para que lo estudiara; o el sábado que uno andaba en la calle o en los “refuegos”, llegaban y debajo de la puerta del bache le metían un papelito y cuando uno abría se encontraba con ese papel diciéndole lo que tenía que hacer y dándole valor, que no tuviera miedo, porque si la Compañía se daba cuenta que uno leía eso lo votaban. La Compañía no quería al sindicato porque sabía que iban a pedir muchas cosas para el trabajador, cómo le dijera, derechos. Los del sindicato nos decían estudien, analicen entre los mismos compañeros y el día que dicen me quiero afiliar, que nos afiliemos toda una finca y casi toda la gente de otra finca para que cuando la Compañía quiera votar a un trabajador, que le digan no, tiene que votarnos a todos porque ya todos estamos afiliados. Bueno. Así se comenzó.

El sindicato entró más de lleno, más en lleno y de un pronto a otro había de cada finca más o menos el 80% ya afiliado. Uno pagaba a escondidas un tiquetillo. Era poco lo que pagaba… La Compañía creía que eran comunistas. Pero ellos no le hablaban a uno de comunismo, sino nada más de los derechos que uno tenía como trabajador. Era nada más para que uno, pues, se defendiera. Mucha gente se sindicalizó y un día se paró la Compañía. ¡Juepuña! ¡Los trabajadores la paramos! Yo duré como tres años ahí. Me vine para Guápiles al final del 69, trabajando siempre en banano en el mismo Standard, pero en Santa Clara de Guápiles, una finca de otra persona pero que era como de la Standard”. (Flores V. Manuel. Entrevista.)       

Las actividades con miras a la Primera Convención Colectiva de Trabajo a La SFCO, desplegaron a partir de abril de 1969. El 19 hubo un mitin en Finca 5 del Valle la Estrella con asistencia de 300 obreros.  Se entregó a la empresa un pliego de peticiones y el gerente lo rechazó. Con ello abrió la vía conciliatoria administrativa, previa acción judicial.  

Entre 1965 y 1981 los sindicatos recurrieron en 27 ocasiones, en situación de conflicto, a diversos trámites y  procesos administrativos o jurídicos de conciliación laboral con la Standard. En tres de ellas mediaron representantes de instancias como el ICE, CNP y el MEP. En casos de quejas y memoriales el MTSS actuaba de interlocutor. La UTRAL y SITAGAH dirigieron 25 de esas acciones y actuaron en forma unitaria a partir de 1972.  

Entre 1965 y 1969 los sindicatos litigaron tres Conflictos Colectivos y un Arreglo Directo. De 1970 a 1981 firmaron cinco Convenciones Colectivas, únicamente con SFCo. “En el sector bananero, sólo en 1971 los trabajadores plantearon 9 de las 15 Convenciones tramitadas”. (Donato E, y M. Rojas 1987:53). Durante los plazos de aceptación o no de las convenciones entre octubre de 1969 y noviembre de 1980, se realizaron 50 gestiones administrativas y/o jurídicas: 14 Conflictos Colectivos, 21 Convenciones Colectivas en fincas de productores del país, un Arreglo Directo y 14 resoluciones administrativas    

Esos procesos fueron precedidos de diálogos tripartitos: empresa, sindicatos y  Ministerio de Trabajo. Se planteaban en torno a pliegos de demandas acerca de condiciones laborales, quejas por incumplimiento de acuerdos, querellas sobre relaciones interpersonales o para convenir en temas como salarios, despidos u obstrucción de la labor sindical. Pero no siempre hubo conciliación entre las partes. Tampoco la mediación política del Estado logró impedir las huelgas.   

Sólo en la SFCo., en Valle de la Estrella y/o Río Frío, entre 1969 y 1981 se produjeron 12 huelgas y paros de corta duración; cifra que representa el 31% en un total de 39 movimientos que ocurrieron esos años en la región bananera. De las restantes 27 huelgas o paros, 2 se suscitaron contra la Northern Raiway Co. y 25 en las fincas de los productores del país. La cifra total de 39 protestas se distribuye por años, así: 10 entre 1950-1969, 20 de 1970 a 1979, 9 entre 1980-1981. Pero sólo en la década 71-81, hubo 17 huelgas y 9 paros en las fincas de BANDECO y de los empresarios criollos las cuales surgieron en el trámite de negociaciones de Conflictos Colectivos y Convenciones de Trabajo.    

En síntesis, en las plantaciones de banano del Atlántico propiedades de SFCo., BANDECO y COBAL, y de  empresarios del país, se presentaron 37 huelgas y/o paros de corta duración, 17 Conflictos Colectivos Económicos Sociales, 2 Arreglos Directos 25 Convenciones Colectivas y 41 gestiones administrativas sindicales.  

La primera huelga contra SFCo ocurrió en mayo de 1969. Durante tres días, en la zona bananera atlántica hubo un ambiente tirante, de demostración de fuerza. Los trabajadores lograron que se reconociera la personería jurídica de UTRAL como entidad interlocutora. Aumento general de salarios, estabilidad para los huelguistas, reducción de la jornada a 7 horas, mejoras en los baches y construcción de más viviendas familiares. En febrero de 1970 se produjo la segunda huelga realizada por más de 2.000 obreros. La causa fue el incumplimiento del convenio que puso fin a la huelga del 69. Duró 9 días y la empresa aceptó la primera Convención Colectiva, firmada en octubre de ese año.

A calor de estas luchas se fundó el Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones de Siquirres, SITRAP, y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de las Plantaciones de Pococí y Guápiles, STAPPG. El Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos y Anexos de Heredia, SITAGAH logró mayor libertad de acción. Esas instituciones de los trabajadores retomaron la lucha por firmar convenciones colectivas. ”A principios de los años 70, de las 57 fincas que había en la zona Atlántica, en 53 de ellas las relaciones obrero patronales se regulaban por convenciones colectivas que fueron logradas mediante paros y huelgas sucesivas”. (Aguilar H., 1989:158-159)

Otra huelga de mucho impacto, estalló en las plantaciones ASBANA-BANDECO en 1978. Los sindicatos pedían 40% de alza salarial. No tuvieron éxito, pues “significó la disolución del sindicato con pérdidas registradas en 39 fincas”. La huelga de agosto de 1979 contra varias fincas privadas fue dirigida por la recién creada FETRAL. “Desarrolló amplia solidaridad en el frente comunal y sindical bananero; legitimó la solidaridad en el Valle Central. Soportó alto grado de represión y coacción y por ello los sindicatos no lograron hacer cumplir posteriormente los acuerdos. La huelga contra la SFCo., de diciembre 1979-enero 1980, suscitó gran apoyo entre los trabajadores de las fincas particulares y hubo huelgas de solidaridad en Guápiles, Siquirres, Bataán, Valle la Estrella y Río Frío. En ella participaron SITAGAH, UTRAL, STAPPG Y SITRAP. (Smith y Rivera. 1988:53) 

V.           COMPLEMENTO FINAL 

El aspecto sistémico, multisectorial y multifacético que mostró la crisis capitalista de 1979-1983, animó la transición del capitalismo industrial de la postguerra a un modo de dominación planetario e imperialista. En América Latina, las agencias financieras internacionales exigieron, no sólo el pago de la deuda externa; también, el desmantelamiento de las bases sociales que indujeron desde 1930 un período de desarrollo con alguna dosis de estatismo, reformas sociales, avances en las libertades y auge de la democracia burguesa representativa.

La historia del movimiento obrero y popular; de las luchas gremiales, sindicales, cívicas y comunales que se forjaron en Centroamérica y el Caribe entre 1960 y 1980, exhibe al menos dos aristas. Por un lado la renuencia de las clases asalariadas a soportar pacientes un modelo desenfrenado de acumulación de la riqueza y de disfrute del  progreso cultural, alcanzados por el desarrollo de las fuerzas sociales productivas. Por otra parte, excitó el rencoroso enfrentamiento del capital y de sus expresiones estatales contra el avance de las libertades. En  particular, contra el derecho de las clases asalariadas y sectores medios a organizarse para luchar, en el marco de la legislación laboral, por la defensa de sus condiciones de trabajo y un nivel mejor de vida.

Dos décadas de lucha del proletariado y la clase obrera bananera, culminaron en Costa Rica en la derrota política de las organizaciones sindicales de las regiones bananeras en el Pacífico Sur y el Atlántico. En esta zona “desde 1980 hasta 1990, solamente quedó en funcionando un sindicato bananero”, según el dirigente Gilberth Bermúdez. Al anularse las convenciones colectivas, las corporaciones transnacionales y los empresarios agrícolas amparados por el Estado y la dirigencia de Iglesia Católica, retrocedieron a la figura jurídica de los Arreglos Directos. En las fincas y plantaciones, las coaliciones de trabajadores y las Asociaciones Solidaristas sustituyeron a los sindicatos, desde 1983. Eran los tiempos del “consenso de Washington” y el “Plan para la Cuenca del Caribe” orquestados por la diplomacia y el garrote anglosajón.  

1. VI.        BIBLIOGRAFÍA    

Abarca V. Carlos. El movimiento huelguístico en Costa Rica 1950-1960. Tesis. UCR. 1978

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Periódicos.  Trabajo. Varios números. San José. 1934-1948

Libertad. Varios números. San José 1962-1981

La Voz del Atlántico. Varios Números. San José.  1934.    

Entrevista.   Flores Valverde, Manuel. Huetares, Horquetas, Sarapiquí. 18 de julio 2007.

Por Victoriano Sánchez

El 25 de febrero de 1990, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue derrotado en las urnas electorales, por una coalición burguesa proimperialista denominada Unión Nacional Opositora (UNO), que levantó la candidatura presidencial de Violeta Barrios de Chamorro, quien pasó a ser presidente de la Republica, sellando en fin de la revolución de 1979.

Un impactante triunfo revolucionario

En 1979, una organización guerrillera con una dirección nacionalista pequeñoburguesa, logró empalmar con la insurrección de masas y destruir a la dictadura somocista, repitiendo un triunfo revolucionario similar al de la revolución cubana en 1959.

El pilar del Estado burgués, la Guardia Nacional (GN) fue desarticulado, el conjunto de las instituciones colapsaron, incluso los partidos burgueses del sistema bipartidista, Liberal y Conservador, desaparecieron de la escena política. Fue un triunfo total, todas las condiciones era favorables para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, democrática, soberana e independiente, para que democráticamente el pueblo decidiera su propio futuro.

En esa coyuntura, el FSLN hubiera ganado las elecciones con más del 90% de los votos, pero la dirección sandinista siguió un camino distinto, y se negó a convocar a elecciones en 1980 cuando hubiera ganado con el 90% de los votos.

El triunfo revolucionario en Nicaragua generó grandes expectativas en América Latina. El fin de la época de las sangrientas dictaduras estaba llegando a su fin. El futuro de la revolución nicaragüense ejercería una influencia decisiva en el resto de Centroamérica. Si Nicaragua consolidaba la revolución, esta sería el soporte político, material y militar de las guerrillas del área.

No obstante, contrario a la experiencia de la revolución cubana, la dirección sandinista desde el inicio proclamó una estrategia basada en la “económica mixta, el pluralismo político y el no alineamiento”, la trilogía de principios burgueses en que basó su política durante los 11 años de la revolución.

La estrategia contrarrevolucionaria de Reagan

Con ello, creyeron que detendrían o neutralizarían la contraofensiva imperialista, que estaba contenida en el programa de Ronald Reagan, quien asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 1981 e implementó un programa de agresiones económicas y militares contra la revolución nicaragüense.

En 1982 el gobierno de Estados Unidos inició una guerra de guerrillas contrarrevolucionaria contra Nicaragua, al comienzo utilizando a los residuos de la GN pero posteriormente utilizó el descontento del campesinado contra las medidas estatizantes del gobierno sandinista, y la rebelión de los indígenas de la Costa Atlántica.

Este fue uno de los errores mejor explotados por el imperialismo norteamericano. El Gobierno sandinista en vez de iniciar la reforma agraria en 1979, repartiendo la tierra entre los campesinos pobres, fomentando el crédito ante los pequeños y medianos propietarios rurales, procedió a crear grandes cooperativas estatales con los bienes confiscados, en donde los campesinos no se sentían dueños.

Además, el gobierno sandinista mantuvo una errónea política de precios de los productos del campo, subsidiando a las ciudades a costa de las ganancias del pequeño propietario.

Con el bloqueo imperialista la crisis económica se acentuó y con ello la ruina de decenas de miles de campesinos que, afligidos por la crisis, pasaron a engrosar las filas del ejército contra. Para 1984 las primeras unidades de la contra, compuestas por guardias somocistas, se habían convertido en Comandos Regionales, en un ejército irregular, que operaba en la zona norte y central de Nicaragua.

La administración Reagan decretó en Mayo de 1985 un bloqueo económico general a Nicaragua, para doblegar a la dirección sandinista. Mucho se discutió en esa época si las intenciones del imperialismo norteamericano era la de invadir militarmente a Nicaragua, o si la guerra de guerrillas contrarrevolucionaria era una estrategia para desgastar a la revolución, haciendo que el apoyo popular al sandinismo disminuyera, creando condiciones para cambios a lo interno.

La experiencia demostró que esta última era la verdadera opción del imperialismo, ya que no se atrevía a invadir militarmente de manera directa a Nicaragua por las consecuencias de un nuevo Vietnam en una zona conmocionada por procesos revolucionarios en El Salvador y Guatemala, que convertirían a Centroamérica en un polvorín antiimperialista.

El Grupo Contadora y los Acuerdos de Esquipulas II

Dada la posibilidad de una guerra civil regional, los gobiernos de Mexico, Venezuela, Panamá y Colombia, que fingían ser amigos de la revolución nicaragüense, crearon el Grupo de Contadora y proclamaron la necesidad de una negociación internacional para parar la guerra en Nicaragua y el resto de Centroamérica.

El Grupo de Contadora fracasó en sus objetivos, debido a que la posición del imperialismo norteamericano no era impulsar una negociación multilateral, sino la de dar paso a una negociación regional a nivel de Centroamérica, es decir, entre la Nicaragua revolucionaria y todos los gobiernos títeres en la zona, que eran acosados por pujantes movimientos guerrilleros.

Mientras la dirección sandinista creía que podía resolver el problema de la agresión imperialista por la vía nacional, el imperialismo estaba consciente que el problema era centroamericano y no exclusivamente nicaragüense, por eso Estados Unidos se opuso siempre a una negociación bilateral con el gobierno sandinista, porque no le solucionaba el problema de las guerrillas en El Salvador  y Guatemala.

Después de más de 5 años de intensa guerra en las montañas de Nicaragua, que habían desgastado enormemente a las masas, finalmente el 7 de agosto de 1987 se produjo la primera negociación entre los presidentes de Centroamérica. Aparentemente se había producido un triunfo diplomático de Nicaragua, que al fin era reconocida por sus vecinos, pero la realidad fue otra: era la Nicaragua revolucionaria la que reconocía que sus vecinos, agentes directos del imperialismo, tenían derecho a existir. A partir de ese momento se produjo un punto de inflexión y retroceso de la revolución en Centroamérica.

La bandera de la democratización

El imperialismo norteamericano ya había hecho la labor sucia de apoyar económicamente y militarmente al ejército contra, que desangró a Nicaragua. El país estaba exhausto para 1987 Nicaragua llegó a tener el índice de hiperinflación más alta del mundo: 37,000 % anual.

Los salarios y el nivel de vida de las masas trabajadoras se desplomaron. La URSS había cortado el abastecimiento de petróleo, en aras de forzar a una negociación. Había cortes de energía y de agua en todo el país, mientras el ejército de la contra agrupaba a unos 15,000 campesinos.

En esas condiciones, presionados por Estados Unidos y sus aliados regionales, la dirección sandinista firmó el Acuerdo de Esquipulas II, dando inicio a un proceso político que en su momento denominamos de “reacción democrática”.

Esta categoría permitió definir una coyuntura política en la que el imperialismo norteamericano utilizó las banderas democráticas para atacar a las direcciones guerrilleras que, como el FSLN, había logrado tomar el poder, pero había creado un régimen bonapartista muy fuerte, que limitaba derechos y libertades democráticas, bajo el pretexto de luchar contra la agresión militar externa. Y aquí es donde la bandera de la democratización y de la realización de elecciones democráticas, adquiría un contenido reaccionario en función de la política imperialista.

El gobierno sandinista, sin haber finalizado la guerra civil, se vio obligado, en cumplimiento de los Acuerdos de Esquipulas II, a abrir los espacios políticos, a amnistiar a los contrarrevolucionarios presos, a permitir las marchas y mítines de la oposición burguesa que se agrupaba en la alianza de 14 partidos políticos, que posteriormente se transformó en la Unión Nacional Opositora (UNO).

Y en el contexto de una pavorosa crisis económica, de enorme descontento social provocado por la falta de alimentos y por los estragos del servicio militar patriótico (obligatorio) que había diezmado a la juventud, la base social a favor de cambiar al gobierno creció de manera desproporcionada.

La estrategia de Reagan estaba dando los resultados esperados. Si bien es cierto el ejército contra no logró tomar ciudades importantes, ni logró derrocar al gobierno sandinista, si causó el daño necesario para hacer que el apoyo popular al gobierno sandinista disminuyera significativamente.

El adelanto de las elecciones

La Constitución de 1987 estableció periodos presidenciales de 6 años. Daniel Ortega asumió por primera vez la presidencia en 1985 y debía terminar en 1991, pero la gravedad de la crisis obligó a la dirigencia sandinista a adelantar las elecciones, mediante una apresurada reforma constitucional.

La campaña electoral duro un año completo, algo inaudito. Estaba destinada a descompresionar una sociedad profundamente dividida y polarizada. Desde 1988 el gobierno sandinista inicio negociaciones directas con la contra, con el objetivo de lograr la desmovilización de esta antes de la realización de las elecciones anticipadas, pero los contras mantuvieron la presión militar hasta el último momento, impidiendo que el FSLN apareciera como victorioso en la campaña electoral.

Fatales resultados electorales

En esas condiciones se realizaron las elecciones del 25 de Febrero de 1990. Los partidos de derecha que antes eran extremadamente débiles adquieren fuerza e influencia de masas. La UNO ganó las elecciones con 777,552 votos, llevando a Violeta Chamorro a la presidencia (54%). El FSLN obtuvo 579,886 votos (41%). En las elecciones de 1984 el FSLN había obtenido el 67% de los votos, el desgaste era más que evidente.

Los partidos de izquierda revolucionaria, como el Movimiento de Acción Popular (MAP-ML) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), --que ahora forma parte del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA-- fueron devorados por el retroceso de la revolución y la vorágine de reacción democrática, y la polarización entre sandinismo y antisandinismo. El MAP obtuvo 8,115 votos, el PRT 8590 votos, a nivel presidencial. A nivel de diputados, el MAP obtuvo 7643 votos, y el PRT 10586 votos, pero ninguno de los dos partidos logró diputaciones.

El cambio de gobierno selló el fin de la revolución, que por cierto se había producido años antes, con la implementación de crueles planes de ajuste en medio de la guerra civil.

Por Carlos A. Abarca Vásquez

I.            INTRODUCCIÓN

Hace un cuarto de siglo que en algunas investigaciones de historia se reaccionó académica y políticamente ante la poca presencia y abrumadora ausencia de las mujeres en los libros de historia. Diez años atrás, Jean Chesneaux, reacio a “la historia por arriba”, ubicó el poema de Bertolt Brecht “preguntas de un obrero ante un libro” para exaltar la omisión de “los de abajo” en las enseñanzas oficiales de la historia. Y desde 1855 Jules Michelet había incorporado al pueblo como protagonista, entre otros sujetos, de la Revolución Francesa. Teóricamente, la historiografía de las mujeres ancló también en el materialismo histórico. Halló importantes omisiones que remiten al marxismo y a los estudios sobre los movimientos obreros y socialistas del siglo XIX. En esas prácticas políticas y en esos textos, las desigualdades de género eran consideradas secundarias ante la contradicción trabajo-capital, o, la producción de bienes materiales frente a la reproducción de la especie humana.

En esos desencuentros, la obra historiográfica de E.P. Thompson (1924-1993) adquirió categoría paradigmática. Uno de sus aportes fue “otorgar al concepto de clase social un carácter histórico y relacional, derivado de las experiencias en común que permiten a las personas reconocerse como miembros de una determinada clase”. En segundo lugar, “la formación de la clase trabajadora es inseparable del enfrentamiento político de sujetos antagónicos: la lucha entre intereses opuestos y la articulación de individuos que se reconocen por experiencias comunes, antecede y otorga la naturaleza política de las relaciones de clase”.

En consecuencia, (ambos) conceptos, “clase” y “lucha de clases”, no se consideran “circunstancias objetivas en los cuales los sujetos se insertan. El autor entiende por “clase” una manifestación político-cultural de los trabajadores en determinadas circunstancias sociales y que implica, simultáneamente, la propia autoconciencia de una realidad determinante pero también posible de ser reconstruida… Queda al desnudo la importancia de la práctica política: es a través de ella que se constituye la clase y la conciencia de clase; por ello la centralidad del combate político en la narrativa histórica de Thompson.” http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-23/

Este artículo no está al margen de los desafíos que plantea la indagación de los cambios de las sociedades en una perspectiva de historia de las mujeres. Pero tampoco “hacemos tabla rasa” de la historiografía del movimiento obrero y socialista, cual si fueran arcaísmos o aisladas y desconcertantes  experiencias culturales. El texto, por ello, pretende los siguientes objetivos:

1)           Aportar evidencia empírica sobre la historia de las mujeres trabajadoras en relación social de asalariadas para complementar estudios sobre la sociedad costarricense a partir de las relaciones entre clase y género. 

2)           Ordenar y sintetizar rasgos estructurales y cambiantes de la historia de las mujeres trabajadoras y obreras de la manufactura en Costa Rica entre 1890 y 1948 para conocer sus experiencias de lucha laboral y política.  

3)           Estimular estudios de historia social y sobre las opciones teóricas, metodológicas y técnicas que plantean a la historiografía los modelos de una visión de género de la historia.

 II.  INSERCIÓN DE LAS TRABAJADORAS EN EL MERCADO SALARIAL                

            Los estudios del historiador Lowell Gudmundson sobre estratificación social en varios poblados de Costa Rica entre 1820 y 1864, admiten la conclusión de que la discriminación por sexo, edad, oficios y estado civil, en relación con la tenencia de dinero-capital y la propiedad de tierra, fue otra herencia colonial que repercutió en las diferencias entre familias y grupos sociales en la fase de transición al capitalismo agrario cafetalero.     

El censo de oficios de cabezas de familia de 1838 realizado entre 1.704 habitantes mitad hombres, mitad mujeres, residentes en 325 casas “confirma una marcada estratificación, diferenciación y concentración económicas en el agro Barveño”. Había ocupadas 107 mujeres en el 27.9% de 384 oficios. “Un grupo de importancia son las cabezas de familia viudas y solteras, en ambos casos muy pobres…En las solteras solo 14 de 56 declararon poseer capital por la suma ínfima de 3 pesos…Ante esta deprimente situación, su reacción fue completar su hogar engendrando un hijo varón fuera del matrimonio para depender de él en su vejez”. (Gudmundson L. 1977: 175-176)

El economista Róger Churnside observó que el crecimiento desigual de las actividades productivas, aparece desde 1840 a raíz de las exportaciones de café; pero el empleo de fuerza de trabajo femenina se incluye dato oficial, solo hacia 1864. En los años 60 casi no había manufactura, salvo la curtiembre y fabricación de licores. El hilado y tejido eran trabajos individuales, con rueca y telar rudimentarios o sin ellos, y con base en destreza manual; lo mismo que el bordado y tapicería. Comenzaba la separarse de ocupaciones entre agricultura y artesanía modernas. (Samper M. 1978:152).

Los censos de 1864, 1883, 1892 y 1927 reflejan transformaciones en la estructura productiva artesanal y manufacturera, las ocupaciones en general y los oficios femeninos. Entre 1864 y 1927 el número de hombres y mujeres en la población total era casi proporcional al 50%. En 1864 la población económica activa (PEA) se registró en 58.000 personas, ubicadas en 200 ocupaciones. Cerca del 50%, dedicados a la agricultura, el 25%, a la industria independiente y hogareñas, la quinta parte en servicios domésticos remunerados y el resto en funciones públicas. El 12% del total eran asalariados, el 26%, la PEA y el 32.8%, la PEA masculina. Apenas se incluyó como población femenina productiva a una media docena de mujeres, trabajos orientados al comercio. (Churnside, R. 1985: 232-235). El censo de 1892 registró 2.300 talleres y fábricas. (Fallas, M. 1983:77).

Hacia 1860-1880 la mayoría de las mujeres en edad laboral se ocupaban en tareas domésticas. Un número importante eran lavanderas, costureras, cocineras, sirvientas y planchadoras; en menor grado  pureras, confiteras, colchoneras, panaderas, sombrereras, jaboneras, nodrizas, maestras y camareras, o vendedoras de alimentos en las ciudades. En los campos del Valle Central la fuerza de trabajo femenina era un gran auxilio en la recolección de café. En ésta y en las zonas no cafetaleras, la mujer trabajaba en la preparación de terrenos, siembra, cosecha, trasiego y acopio de granos o frutos de subsistencia, en labores de ganadería y derivados.             

Las ocupaciones en el sector de servicios aumentaron entre 1864 y 1892, un período en que las mujeres hacían muchos trabajos independientes. En costura y lavandería, en 1864 las mujeres “trabajaban recogiendo y entregando la ropa que lavaban por salario a uno o varios patronos. Unas, en pago por piezas y otras (las sirvientas) vivían en la casa de sus patronos”. La ocupación doméstica, incluyendo las cocineras, constituían dos tercios de la población ocupada en ese sector. (Samper, M. 1985:155).

La cifra de mujeres dedicadas a industrias caseras comerciales, se redujo entre 1864 y 1927 desde 8.000 a 2.500, a pesar que se triplicó la fuerza laboral femenina. El descenso afectó la fabricación de hilos y telas, costura, sombrerería y panadería…“Sospechamos que en los censos de 1892 y 1927 hubo cambios en la clasificación de actividades femeninas…a raíz del descenso en las tasas de participación de sus responsabilidades domésticas, consideradas ahora productivas, como la confección de dulce, preparación de tortillas y elaboración de cigarros, frecuentes entre 1864 y principios del siglo XX”. Hacia 1890 también bajó el número de mujeres dedicadas al lavado y planchado, debido a los cambios que trajeron el uso doméstico del agua y de la electricidad. Pero aumentó la cantidad de empleadas o sirvientas, bajo supervisión de sus patronas. (Churnside, R. 1985: 238-251)

La costura doméstica se iba convirtiendo en trabajo a domicilio. En las panaderías creció el empleo masculino, de 1.8% en 1864 al 40% en otros años censales. En la capital se abrieron más de 50 panaderías. En oficios como purera, lavandera y sombrerera ocurrió un cambio similar. “En 1883 y 1892 se registró una población ocupada, menor que en 1864; se redujo casi a la mitad… Parte del descenso pudo ocurrir porque creció la oferta de trabajo asalariado y hubo expulsión de productores directos, especialmente mujeres”. (Samper, M. 1985:173-174). En 1927, se observa la tendencia decreciente de la participación femenina global en las ocupaciones. Se redujo de casi un tercio a más de un 10%. Sólo creció el número de trabajadoras en el oficio “maestro de escuela”. (Samper, M. 1985:191-192) 

En sastrería las mujeres hacían trabajos menos calificados y remunerados afines al de los sastres,  como pantaloneras y confeccionando, por partida, las prendas estandarizadas. Muchas eran costureras. Al introducirse la fábrica de pantalones y trajes, este tipo de productos absorbió mano de obra femenina. (Cerdas A., 1995:135). Por otra parte, si en el siglo XIX el lavado de ropas fue oficio femenino, en 1927, de 1.676 lavanderas 1621 eran mujeres, un cambio derivado de la introducción de lavanderías mecanizadas como la Dry Cleaning.

http://www.historia.ucr.ac.cr/repositorio/bitstream/123456789/91/1/Libro%20Mora.pdf

En segundo lugar, desde 1860 la producción artesanal y manufacturera se ubicó en los poblados de la capital y cabeceras de provincias. Surgieron cordones suburbanos de talleres y manufacturas. El cambio desplazó la fuerza de trabajo doméstica femenina. Pero, ante todo, condujo al desarrollo de relaciones salariales y la producción artesanal se organizó en condiciones técnicas específicamente capitalistas. La crisis cafetalera de 1897-1908 aumentó esas diferencias debido a la transformación del trabajo artesanal doméstico, en trabajo asalariado o a destajo. (Samper, M. 1985:169-170).

Las actividades manufactureras en general descendieron entre 1864 y 1927. En la rama textil el declive era notorio desde 1840. En 1871 varios diputados propusieron rebajar los aforos para la ropa hecha, por “lo costosa que es en el país la costura de ropa de uso…y para moderar las exigencias de los artesanos hay que establecer la competencia con la ropa que viene del extranjero”. (Samper, M. 1985:155 y 161). Desde comienzo del siglo XX las pureras y cigarreras fueron proletarizadas. En las panaderías y la elaboración de sombreros y candelas hubo mayor participación masculina. En panadería, oficio femenino en 1864, aumentó en un 90%. El desempleo abierto se registró rasgo permanente desde 1927. 

Entre los años censales 1892-1927, la producción de artículos se había centralizado en talleres, locales manufactureros y pequeñas fábricas. Mayor número de artesanos y trabajadores de ambos sexos fue sometido al capital comercial; otros recibían salario por piezas, en lugar de jornal. Aumentaron las diferencias individuales y sociales dentro de los talleres, en la forma de trabajo a destajo y a domicilio. (Samper 1985: 179-180). En 1906 se abrió la escuela tipográfica de mujeres. En 1908 un grupo de 12 tipógrafos se pronunció a favor del ingreso de mujeres a esas labores. En 1912 trabajaban en zapatería más de 500 mujeres. (Oliva M. 1985:62-63)

Por otra parte, aumentó el empleo en el sector público debido al mayor número de maestras, cifra que se amplió de 1.500 a más de 4.200 en 1927. La Escuela de Enfermería abrió las aulas el 1 de marzo de 1917 y al cabo de diez años se registraron 108 mujeres y 96 varones. Las actividades de las obstétricas y enfermeras adquirieron se difundían en los periódicos desde los años veinte.  http://www.historia.ucr.ac.cr/repositorio/bitstream/123456789/91/1/Libro%20Mora.pdf

El sistema de escolarización y enseñanza primaria influyó muy poco en la calificación del trabajo de la mujer campesina y de los suburbios urbanos. Entre 1886 y 1946 hubo dos tipos de instrucción: uno para el habitante del campo y otro para los niños y niñas de las ciudades. En el campo solo había escuelas de tercero y segundo orden que ofrecían hasta IV grado; se enseñaba en menos asignaturas, el año escolar era inferior pues tomaba en cuenta los ciclos agrícolas, se daban 4 horas lectivas y no 5 como en las ciudades, las escuelas eran mixtas, mientras que en las ciudades mujeres y hombres aprendían por separado. En las escuelas de primer orden bastaba aprobar el quinto grado para ingresar al Liceo o al Colegio de Señoritas. La secundaria se ofreció en los campos después de 1950. La Universidad se reabrió en 1941.

Entre 1906 y 1914 funcionó el modelo de “Escuela para la Vida”. Se eliminaron las aulas por sexos, se aprobaron los programas empiristas que propuso Carlos Gagini y comenzó la enseñanza obligatoria de la agricultura, costura y dibujo. Entre 1915 y 1925 funcionó la Escuela Clínica Sanitaria y Patronato Social. El modelo “maternal” articuló necesidades de familias y comunidades con las enseñanzas. En 1920 se creó el Patronato Escolar, instancia que incorporó a algunas madres a la “función pública”. Desde 1920 se fundaron Juntas de Amigos de las Escuelas, germen de los patronatos y de las Sociedades Protectoras de la Niñez, según las concebía Joaquín García Monge. El concepto alimentó la noción de la escuela para la vida, entre 1925 y 1935. Se amplió la cobertura de las escuelas de segundo orden. Se estableció seis años obligatorios para las escuelas de primer orden y cuatro para las demás, con el quinto año “facultativo”. En 1927 se reglamentó la secundaria y comenzó a entregarse el título de Bachiller en Humanidades después de aprobar 5 cursos de un año cada uno. (Abarca, C. 2003: 44-62).  

III. LAS CONDICIONES DE TRABAJO

La ubicación de las actividades artesanales y manufactureras en las nacientes ciudades, el empleo de hombres en oficios, otrora a cargo de las mujeres, la mecanización de la producción y la crisis de 1897-1908 configuraron la imagen pública de la mujer obrera. “La vida de la mujer trabajadora en un taller de esa época estaba delineada por faenas que sobrepasaban las diez horas, salarios por debajo del (devengado) por el hombre y ninguna legislación a su favor, situación que compartía con la clase trabajadora en general. (Oliva, M. 1985:63).   

De 1886 a 1892 eran muy corrientes los jornales de los artesanos de 1.50 pesos hasta 3.00 diarios. El 24 de octubre de 1896 entró en vigencia el patrón oro y se estableció el  tipo de cambio respecto al dólar, medida que redujo el poder adquisitivo de la nueva moneda, el colón. “Un obrero que ganaba en 1892 dos pesos de plata al día podía comprar 1.14 pesos oro. En 1895 ese mismo obrero tenía que ganar 3.07 pesos plata para adquirir 1.14 pesos oro, pero como continuaba ganando el mismo salario de 1892, su jornal se había reducido a ¢ 0.80 colones oro, o un 30%. (Fallas C. 1983: 331.)     

En 1892, 93, 94, 1900 y 1902 el “diario” para una familia obrera de 4 miembros absorbía entre el 60 y 77% de un sueldo de ¢ 12.00; entre el 47 y 62% de un salario de ¢ 15.00 y de 39 al 51% del pago de ¢ 18.00 por semana. La mayoría de obreros ganaba entre ¢ 2 y ¢ 2.50 por día; los menos ¢ 3.00. La alimentación requería en promedio más del 60% del jornal de 5 días. Los empleados de cuello blanco ganaban igual que los artesanos y obreros. (Fallas C. 1985: 331-338. Abarca V., 2005: 25). A raíz de la crisis de 1897-1908, el Fígaro del 31 de agosto de 1901 informó que por las calles de San José vagaban más de 1.000 jornaleros y 1.235 obreros de construcción, zapaterías y sastrerías. (Fallas, C. 1983: 345).

La baja escolaridad y la poca calificación técnica de los operarios de manufacturas, era evidente en los años 20 y 30 en los talleres de tabaco, calzado, panadería y en las fábricas de textiles, licores, refrescos y alimentos. La Oficina Técnica del Trabajo lo comprobó en 1934 en la Republic Tobacco Co., instalada en 1912, y en la empresa el Laberinto o Tejidos Saprissa S.A. En ambas la mayoría de empleados eran mujeres y aportaban plusvalía según el ritmo de trabajo y la mecanización, en jornadas de 10 horas.  

El periódico La Tribuna publicó en 1930 un reportaje en 1930 acerca de las obreras de “ropa blanca” y  las “pantaloneras”. “Ganan por cada 12 horas de trabajo, entre ¢ 0.50 y ¢ 1.50. En épocas de crisis hay escases y subemplea. (Cerdas A. 1995:145). “La fábrica Mendiola mantuvo en los años 30 la producción manual de cigarros en empaquetado, pega de timbres y envolturas de celofán; mientras la Republic Tobacco Co tenía procesos mecanizados. Los salarios por jornal eran diferentes. En embalado a máquina se pagaba ¢ 1.92 y a mano ¢ 2.37; poniendo timbres ¢ 2.00 y ¢ 3.00 respectivamente, envolviendo, ¢ 2.00 y ¢ 2.33. La mecanización abarató la fuerza de trabajo entre un 16 y 72%. La trabajadora manual recibía un salario entre ¢ 2.33 y ¢ 3.45; en la manufactura de cigarrillos amarillos, entre ¢ 1.50 y ¢ 1.75; en las empacadoras ¢ 1.41 en promedio. (Cerdas A. 1995:136)

Según el semanario Trabajo, en 1931 las obreras de camiserías recibían ¢ 1.50 por jornada. Trabajaban en un ambiente muy ruidoso y “solo pueden levantarse del asiento una vez al día”. En esos telares había cerca de 100 operarias. En 1938 se denunció que los empresarios habían sido conminados, desde tres años antes, a acondicionar la fábrica o trasladarse para no perjudicar con ruidos al vecindario. En la fábrica de tejidos Saprissa, el horario en 1933 era de 7 a 11:30 y de 12:30 a 6 p.m. y se pagaba a ¢ 0.15 la hora. Un año después ese sueldo lo ganaban las torcedoras y por debajo estaban aprendices y las acanilladoras. Había costureras no camiseras que trabajaban por pieza a  ¢1.60 la hora. En 1934 había en San José al menos unas 5 empresas de construcción. Los obreros trabajaban en la calle ganando por horas, por obra o a destajo. En Heredia, la fábrica de fósforos empleaba muchas mujeres. (Cerdas A., 1995:139-140)   

Reporteros del mismo semanario recopilaron estos otros datos a fines de 1933. En las fábricas de cervezas y refrescos la jornada se extiende de 6:30 a 5:30 p.m. y ganan ¢1.25 diarios, con una hora para almuerzo. Las obreras trabajan de pie y las que lavan las botellas pasan empapadas todo el día. No se les pagan la inhabilidad por enfermedad y en caso de accidentes reciben medio sueldo.  En la Republic Tobacco Co. trabajan 9 horas. Las que tienen más de un año de laborar en la casa ganan ¢ 0.25 por hora y ¢ 0.20 si tienen menos tiempo. Se mantienen sobre pisos mojados por el agua que destilan las hojas. Transportan pacas de 60 y 70 libras a estufas calientes y luego salen al aire seco atravesando una calle para ir de nuevo a las bodegas a cargar, no importa si llueve o no. Les pagan medio sueldo por accidentes. Por resfríos, no les pagan.

En las melcocheras el horario es de 9 horas. Ganan ¢ 0.10 por enrollar y empacar. Pueden enrollar hasta 7 mil al día. Las más lentas, acaso sacan ¢ 1.75 por semana. Tienen que pelar los cocos. Cuando trabajan por la noche se les paga igual. Las mandadoras ganan más y explotan aprendices pues para enseñarlas las hacen trabajar dos semanas sin salario. En la panadería La Musmanni se paga ¢ 1.35 por 11 horas de trabajo, de 6 a 8 de la noche. En otras, pagan entre ¢ 7.00 y ¢ 12.00 por 7 días, incluido el domingo. Otras trabajan en los expendios de pan. En las fábricas de confites y de café molido ganan ¢ 2.00 diarios por 8 horas. 

En Alajuela hay 10 talleres de puros. “El Meoño” es el mejor por el buen trato y las condiciones de trabajo. Emplea 6 operarias casadas y 5 solteras. Ganan por tarea: ¢ 1.00 por 500 puros, faena que terminan a las 6 p.m. Cuando hacen “puros de perilla” ganan ¢ 2.00 por 500 y los terminan a las 7 p.m. La desvenada se paga a ¢ 0.75 al día. Trabajan 5 días a la semana excepto cuando llueve porque paran porque las hojas de tabaco no se deben afectar. Las que trabajan en las casas ganan entre ¢ 4.00 y ¢ 12.00 semanal. Hay muchas obreras afectadas de tuberculosis. El mejor taller de cigarros es de Domingo Lizano. Las cigarreras ganan ¢ 0.25 por elaborar 20 rollos de 7 cigarros c/u. Una operaria rápida hace 3.312 cigarros y se gana ¢ 1.50 diarios. Se emplea 10 operarias, pero hace unos años ocupaba hasta 40 mujeres. Los  cigarros amarillos han ido desapareciendo y se gana poco en ese oficio.  

En San José, las cigarreras no trabajan toda la semana. Ganan por tarea y sacan ¢ 1.60 en 9 horas. En la fábrica Antillón pagan con víveres. En la Mendiola tratan muy mal a las mujeres. Trabajan de 7 a 5 p. m. con una hora para almuerzo. Después de las 5:30 laboran con una bombilla de luz frente a sus caras. Les pagaban a ¢ 0.55 cada 1.000 cajetillas, pero ahora les han rebajado a ¢ 0.40. Las rápidas hacen 5 mil al día. Todas las semanas deben lavar el pavimento, descalzas.

Hay varias camiserías y tiendas de ropa hecha. La Pascua, de Miguel Ayales, La Elegancia, de Piquín Solano, Pepe Longhi, Los Barzuna, El Gallo de Oro y los polacos. En todos esos talleres la hechura de una camisa se paga a ¢ 0.25 y ¢ 0.30, y a ¢ 3.00 y ¢ 3.70 la docena. Las cortadoras ganan ¢ 2.50 y ¢ 3.00 al día. Las ojaladoras ¢1.50 y  ¢ 2.50. Las planchadoras ¢ 0.50 por docena. Las camisas ordinarias las pagan a ¢ 1.50 la docena con ojales, botones y aplanchadas, y hacen 12, de 7 a.m. a 10 p.m. En algunas partes pagan a ¢ 1.75 y ¢ 2.00 la docena. Los pantalones de hombre, de partida, los pagan a ¢ 3.50 la docena y a ¢ 1.75 los de niño.

En el mercado, las dueñas de tramos son a la vez patronas y operarias. Antes de la crisis la pasaban bien; ahora les cuesta ganarse un real y deben pagar hasta para ir al excusado. En el Laberinto trabajan de 7 a 5 con una hora de almuerzo. Las aprendices ganan ¢ 1.00 diario, las operarias ¢ 1.50 las 8 horas. A veces pasan hasta 9 horas de pie, alertas al trajín de las fajas y ruedas y en un ruido ensordecedor. Las que trabajan en tintorería lo hacen de pie y pasan el día sobre pisos mojados, con las ropas y calzado empapados. En las impresoras, las cajistas ganan ¢ 12.00 ¢ 18.00 y ¢ 22.00 por semana. En la Imprenta Nacional, las encuadernadoras reciben ¢ 16.00 por semana. (Trabajo 23-12-1934:1 y 30-12-1934:4)

La siguiente gacetilla publicada en el periódico Trabajo en 1936, sintetiza las condiciones de vida de las pantaloneras y camiseras. “Madre e hija deben pagar ¢ 12.00 mensuales de alquiler y alimentar 6 bocas. Viven en un barrio pobre por el río María Aguilar, al sur de la capital. Deben traer los avíos cortados del almacén y cuando terminan la confección de prendas han de llevarlos de nuevo a la ciudad. Su jornada comienza a las 7 a.m. y termina a las 10 p.m. Juntas confeccionan algo más de 24 camisas.

Al lado de ellas, dos vecinas con 15 años de experiencia, sacan 3 docenas de camisas diarias. Las pagan a 1.50 o 2 la docena. Los “polacos” pagan menos: ¢ 1.25 y hasta ¢ 1.00. En pantalones ¢ 2.50 y ¢ 3.00; y los judíos ¢ 2.00. Les dan de avío una carrucha de hilo por docena de prendas, y no siempre les alcanza. Deben comprar el faltante. Tienen que entregar las piezas con ojales, botones y planchadas. No les dan carbón para planchar. Compraron una máquina que les costó ¢ 525.00. Dieron ¢ 30.00 de prima y pagan ¢ 3.75 en abonos semanales. Les cosen a los Reimers, pues ahí sacaron la máquina herramienta. Tuvieron dificultades para pagar por enfermedad o falta de trabajo y entonces recurrieron al crédito, mediante el sistema de empeño. Así compraron otra máquina para hacer ojales, a ¢ 90.00. Crían cuatro hijos.” (Cerdas A. 1995: 143-144)

Entre 1920 y 1925 hubo alguna legislación protectora para estos trabajadores, hombres y mujeres. La Ley No. 100 del 9 de diciembre de 1920 estableció la jornada de 8 horas, excepto en el comercio que era de 10 horas. Dejó a criterio de jefes, patronos y empresarios la fijación del monto del jornal ya fuera por día, semana o mensual, según las jornadas. Las horas extras hasta 3 horas se pagan con sobresueldo del 25% y de 50% las restantes.

La Ley No. 51 del 24 de febrero de 1924 prohibió el trabajo de mujeres y niños menores de 14 años en lugares insalubres; y de menores de 18 en el manejo de máquinas. “Ningún obrero podrá trabajar más de 8 horas diarias en sitios insalubres”. El Art. 74 obligó al patrono a tener médicos y a remitir a los pacientes a los hospitales a cargo del empleador. También se estableció la ley de accidentes de trabajo, No. 53 del 31 de enero de 1925. Pero excluía el servicio doméstico. (Avilés, C. 1973:58-62).

IV.  EL ENTORNO DE LAS LUCHAS DE LAS OBRERAS

El 6 de marzo de 1910 el periódico dominical Hoja Obrera, editado por José María Jiménez, publicó que algunas obreras habían solicitado admisión en la Sociedad de Trabajadores. La convergencia de intereses laborales entre artesanos asalariados, obreros y obreras de manufacturas, era percibida como necesaria para que las mujeres lograran salarios acordes con sus tareas, pues sus trabajos, además de  mal pagados, se remuneraban por sumas menores a las que recibían los hombres.   

«...La obrera, más explotada que el hombre, está más obligada a la unión...Costureras,  pureras,  obreras de  fábricas, obreras al servicio doméstico… ¿habéis meditado si vuestras fuerzas alquiladas al patrón o patrona van en justa relación con el ínfimo salario que ganáis? ¿Habéis pensado alguna vez si de vuestras fuerzas se hace un robo cruel? Las fuerzas de la mujer no son remuneradas ni tomadas por lo menos en cuenta… (Hoja  Obrera. 6-7-1910:2. En: Oliva, M. 1985:63)

Los derechos de la obrera, en particular a instruirse en los oficios, la maternidad y el sufragio fue tema de divulgación entre los obreros. En 1911 las obreras de la fábrica de calzado «El Acorazado de Oriente» de Alberto Bertheau, contribuyeron con ¢ 25.00 con la Sociedad de Trabajadores de San José para que enviara delegados al Primer Congreso Obrero Centroamericano, celebrado en San Salvador en noviembre de 1911. También lo hicieron Anita Mora, Lola Gutiérrez, Rosa Corella, Rosa Muñoz, Lastenia Durán y Juana Sancho. http://www.nuso.org/upload/articulos/2397_1.pdf En las organizaciones laborales había sólidas convicciones sobre los derechos “naturales” de las mujeres. En 1912 el panadero Félix Montes expresaba “...No vendrá la mujer a ser igual o superior al hombre en lo material por su delicada constitución, pero si puede llegar a ocupar su puesto en distintas profesiones… y gozar de las mismas prerrogativas y derechos que el hombre hábilmente ha sabido negarle”. (Oliva M. 1985: 153).

La Confederación General de Trabajadores (1913-1923) fue vocera y prestó su sede para conferencias sobre sociedad y economía a las que asistían algunas mujeres. En 1913 se celebró por primera vez el  Día Internacional del Trabajo por iniciativa de ocho sociedades de obreros del Valle Central y del Centro de Estudios Sociales Germinal, liderado por Omar Dengo. En noviembre de 1914 se creó la Escuela Normal presidida por académicos e intelectuales imbuidos de las corrientes de pensamiento y las doctrinas políticas y económicas del siglo XIX y el centro de estudios superiores fue faro de sociología y pensamiento política para el magisterio nacional.  

Ese mismo año, Alfredo González Flores asumió la Presidencia de la República. A raíz de la crisis de la Primera Guerra Mundial propició avanzadas leyes liberales que lesionaban los poderes de la oligarquía cafetalera y, en consecuencia, se produjo el golpe militar del 27 de enero de 1917. Durante año y medio hubo gran agitación laboral y cívica con trasfondo de movimientos armados. La caída del dictador Tinoco  restauró la República. No solo el sistema electoral. Se amplió la participación popular, femenina y la representación de los intereses sociales en el Congreso de 1920-1924. La mujer maestra líder y trabajadora, devino sujeto y protagonista político al lado de otras instancias ciudadanas, nacionalistas, de organizaciones de artesanos y obreros, y de agrupaciones electorales reformistas. A raíz de la guerra mundial, los medios de prensa relataban noticias y publicaban reportajes sobre las tareas productivas y de socorro que asumían las mujeres, en sustitución de los hombres atareados en los combates. La mujer erguía de nuevo su figura en las páginas de la historia.

Bastantes mujeres participaron activamente en las huelgas de febrero de 1920 por la jornada de 8 horas. En febrero, 20 obreras de los telares de Tejidos Saprissa demandaron un aumento de salario mediante el pago por tareas en yardas y no por tarifas. Entrelíneas existió la denuncia por abusos sexuales. Además, solicitaron que la empresa solo contratara a mujeres afiliadas a la CGT. El  objetivo salarial fue satisfecho por mediación de los dirigentes de la CGT. Lograron alzar el pago a ¢12.00 por semana para quienes dieran más rendimiento y de ¢ 1.50 a ¢ 2.00 diarios para las demás. Se fijó un aumento en escala de 10%, 15% y 20% según los salarios altos, medios y bajos.   

Un efecto de esas huelgas fue la actitud favorable de las trabajadoras hacia la organización, como forma de lucha para mejorar salarios y condiciones laborales. El cambio se evidenció en luchas de las obreras de la Cervecería Traube, pureras, cigarreras, costureras y lavanderas. Una comisión de obreras de la Traube visitó la CGT con el fin de organizarse, pedir aumento salarial y disminución de las horas trabajo. Algunas ganaban ¢ 0.65 diarios. Con objetivos similares se reunieron 57 pureras en la CGT, así como  cigarreras de las fábricas «Magnolia» y “Astorga”. Demandaron alza de salario del 30%. Un número de 26 costureras fueron asesoradas en la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros; eligieron un directorio y demandaron aumento de 50% en los salarios. Patronos de lavanderas mejoraron los sueldos para evitar que se declararan en huelga.

http://www.historia.ucr.ac.cr/repositorio/bitstream/123456789/91/1/Libro%20Mora.pdf

El 11 de junio de 1919 se creó la Asociación Nacional del Magisterio, en funciones de hecho desde setiembre de 1918. En la directiva figuran 3 hombres y 5 mujeres: Lilia González, Graciela Martínez, María Isabel Carvajal, Anita Cantillano y María Francisca Caballero. En la primera sesión del Comité Especial Económico del Partido Constitucional (Julio Acosta) reunido el 2 de octubre de 1920, se acordó lo siguiente: “Nombrar por unanimidad presidentas de honor a las damas Amparo Zeledón, Esther silva y María Isabel Carvajal”. (Abarca 2005: 41 y 43). Las presiones del magisterio fueron determinantes para la obtención de beneficios, ante todo para las maestras más pobres, con la aprobación de la Ley de Pensiones No. 29 del 28 de abril de 1920; la Ley de Socorro Mutuo No. 7 del 24 de diciembre de 1920, antecedente de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, y la Ley No. 182 del 11 de setiembre de 1923 que creó la Junta Administradora del Fondo de Pensiones para Maestros. (Abarca 2005: 48)     

En marzo de 1922 se aprobó la Ley de Emergencia del Inquilinato, debate en el que hubo huelgas de no pago de alquileres y movilizaciones populares, con presencia en la Asamblea de grupos de mujeres con sus hijos. Les afectaban los desahucios y el alto costo de la vida. La efervescencia política de los años 1918-1922, prepararon a las mujeres para su involucramiento en la formación del Partido Reformista. Redactaron el “Manifiesto de las Mujeres Reformistas”: un pronunciamiento sobre el alcoholismo, la prostitución y la provisión de casas cuna para madres solteras y pobres. El mismo año  se fundó la Liga Feminista dirigida por mujeres maestras, estudiantes y egresadas del Colegio Superior de Señoritas.  

Entre 1924 y 1928 no hubo ausencia de mujeres de esos estratos en las luchas cívicas y nacionalistas. En 1924 la Liga Feminista las convocó para presionar a los diputados y oponerse a un proyecto de ley para que los maestros hombres recibieran un aumento salarial superior a las maestras. En 1926 se fundó la Universidad Popular y en su Consejo Directivo figuran 7 mujeres, el 39% del directorio. El mismo año visitó el país Julio Díaz, delegado de la Federación de Trabajadores de Argentina y de la Confederación General de Trabajadores de México. El visitante influyó en la creación del “Comité de Acción Social Obrera”, en el cual, el puesto de Secretaria General se asignó a la costurera Luisa Sojo.

En sus intereses específicos, en esos años tomó relieve la persistente demanda del derecho al sufragio, una bandera de mujeres de la clase media y alta que, desde entonces, enrumbó su presencia hacia la forja de una democracia más representativa. Por esos años, buen número de mujeres participaban en las actividades de la Liga Cívica “Juan Rafael Mora” y en las conferencias antiimperialistas propiciadas por la sección del APRA abierta en el país.  

 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030190.pdf

El 21 de febrero de 1929 se fundó la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera (ARCO) con el fin de reactivar la Universidad Popular y darle dimensión política nacional a la cultura popular y al significado histórico de las luchas sociales. Una comisión femenina participó en la Semana Nacional del Niño, percibiéndola en perspectiva de clase. Crearon el Comité del Niño Obrero y diagnosticaron el empleo de las  personas menores de 15 años. Publicaban artículos en Repertorio Americano acerca de la madre soltera, los riesgos de las diversiones de la niñez y la constitución de una Junta o Patronato Nacional del Niño, pues desde 1915 existía el Patronato Nacional de la Infancia. Esta idea la propuso Carmen Lyra y fue acogida y divulgada por el Exministro de educación, Luis Felipe González Flores.

Durante la crisis 1929-1933 la desocupación despertó a la clase trabajadora y a la ciudadanía. En el clima de inestabilidad social y económica surgieron tres asociaciones de estudiantes, una de los maestros y otra de mujeres; muchos sindicatos, cooperativas y asociaciones. En marzo de 1930 se informa de 300 desahucios en trámite en la Alcaldía de San José por el cobro de alquileres de ¢ 20.00 y ¢ 35.00 que las familias pobres no podían pagar. http://www.anuario.ucr.ac.cr/24-1-2-98/welizondo.pdf Desde 1932 y hasta 1948 mujeres obreras y prestigiosas educadoras fueron protagonistas en luchas ciudadanas, campañas de solidaridad con el movimiento obrero y con la República Española, contra el eje nazi-fascita, y en pro de las  reformas sociales y reivindicaciones políticas que dirigió el Partido Comunista. Luisa González ocupaba la Secretaria General de la Sección de Mujeres de ese partido.

El  17 de junio de 1933 más de 100 mujeres de oficios domésticos, empleadas de comercio y obreras de talleres y fábricas se reunieron en el Teatro Ideal convocadas por el PC. Se creó el Sindicato Único de Mujeres Trabajadoras. Las sindicalistas nombraron a Luisa González como Secretaría General, Ángela Díaz secretaria de actas, Erlinda de Franco en la de finanzas y las prosecretarias Carmen Lyra, Ricarda González, Esperanza Murillo y Eva Coto. Aprobaron la plataforma de lucha con objetivos acerca de salarios y jornadas laborales, higiene en los centros de trabajo, protección a las trabajadoras en estado de embarazo; demandaron cuatro horas para amamantar, mejoras en vivienda, creación de casas cuna y de escuelas en los barrios obreros. En el primer Congreso del PC celebrado del 2 al 4 de diciembre de 1933, se designaron dos comisiones para estudiar la situación jurídica de las mujeres y las condiciones de trabajo de las obreras. (De la Cruz 1980:53 y 57).             

El Partido Comunista no hizo del voto femenino, una consigna de lucha. Enfatizó en los reclamos  de las obreras y trabajadoras; y percibió el derecho al voto en perspectiva de clase. No obstante, estas líderes comunistas sí tenían conciencia sobre las condiciones de opresión particulares de las mujeres en una sociedad capitalista y rechazaban las formas de servidumbre y desigualdad social a que eran sometidas las mujeres frente a los hombres. Eran conscientes de la dependencia y la desigualdad legal que tenían  con respecto a sus esposos en el plano laboral y comercial, en relación con la patria potestad y en los casos de abusos y divorcios. Pero las reivindicaciones de género eran consideradas de valor político secundario. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030190.pdf

La Segunda Guerra Mundial avivó las contradicciones estructurales del capitalismo y exaltó la crisis de desarrollo en los países no industrializados. Entraron en sincronía las luchas obreras y sindicales, la confrontación con el fascismo y el totalitarismo, la difusión del ideario democrático burgués y la deslegitimación de las relaciones de poder de tipo dictatorial, oligárquico y excluyente. Entre 1941 y 1943 se institucionalizaron la Caja Costarricense del Seguro Social, en un principio, protectora de los riesgos de enfermedad y maternidad; y el Código de Trabajo. Los artículos 23, 25 y 167 establecieron el marco de derechos laborales comunes a hombres y mujeres sin discriminar clases, profesiones u ocupaciones.  

En un contexto agitado social y políticamente por la aprobación de las reformas sociales, a finales de 1940 el Partido propició la Unión de Mujeres del Pueblo, presidida por Carmen Lyra (Trabajo, 14-12-1940: 2). En julio de 1941 los educadores crearon el  Frente Democrático del Magisterio (Trabajo 27-7-1941:1-4) y celebraron asambleas de repudio a los ejércitos nazis. En el campo sindical, el 23 de mayo de 1942 y el 12 de setiembre de 1942 estallaron dos huelgas de obreras en la fábrica de Tejidos Llobet, en Alajuela; se creó el Sindicato de la Industria del Vestido y el Comité Nacional Sindical de Enlace promovió el sindicato de la fábrica Fosforera Nacional. (Trabajo 12-19-1942:2 y 26-9-1942:2). 

A partir de 1944, el Partido Vanguardia continuó la tarea de organizar a la mujer trabajadora, obrera y ciudadana. El 19 de enero un grupo de mujeres convocó a la Convención Femenina de la Nueva Costa Rica. (Trabajo 8-1-1944:3). No era la primera vez que las mujeres adultas y jóvenes participaban en la organización, control y ejecución de tareas electorales; aunque no tuvieran derecho a sufragar. En noviembre de 1946 el Partido reactivó la Unión de Mujeres del Pueblo. Un año después, en octubre, se formó la Sección de Puntarenas dirigida por Mercedes de Palma.

El 11 de noviembre se creó la Alianza Femenina Costarricense, la  cual “luchará  por la defensa de la paz, la libertad y la democracia en Costa Rica”. A la primera asamblea asistió la delegada ecuatoriana ante el Congreso Interamericano de Mujeres, Nela Martínez, quien explicó los acuerdos del evento celebrado en agosto en Guatemala. Se nombró a Amalia de Sotela, como Presidenta de la Alianza. (18-11-1947:2). Un mes antes de la Guerra Civil,  la Unión de Mujeres del Pueblo celebró la primera y única Conferencia Nacional, el 16 de enero de 1948, bajo la secretaría general de Clemencia Valerín. (Trabajo 17-1-1948:8).

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Entre 1890 y 1930 se configuró en la sociedad costarricense el sector femenino de clase obrera y trabajadora directa, en el parámetro de las estadísticas económicas oficiales. En esos 40 años se trazaron las líneas gruesas de una sociedad muy desigual, según la relación de las familias con la propiedad de medios de producción o el régimen salarial. El modelo oligárquico de educación general y de enseñanza pública no propició la calificación técnica del trabajo de las mujeres, ni su inserción en la producción. La educación privada, privilegio de las élites urbanas, fue más eficaz para distinguir las diferencias de estatus y de posición social entre las mujeres. 

El auge del capitalismo después de la Primera Guerra Mundial reactivó la división internacional del trabajo en la fase imperialista y favoreció la transición de la artesanía tradicional a la elaboración de bienes de consumo moderno en talleres y fábricas manufactureras; algunas mecanizadas y la mayoría ubicadas en la capital y ciudades de provincia. La “urbanización” remarcó las diferencias entre campos y villas; oficios manuales e intelectuales, profesionales y “empíricos”, asalariados y patronos. El sector femenino de la sociedad no fue ajeno a esas transformaciones. Se perfilaron grupos de trabajadoras delimitadas por el empleo remunerado de fuerza de trabajo en el sector comercial doméstico y citadino, la producción manufacturera, la educación y los servicios de salud pública.

Se puede conjeturar que en las décadas de 1930 a 1950 se formó dentro de los trabajadores directos un sector de clase obrera femenina que se compenetró con las protestas de las mujeres que disentían y se rebelaban contra los signos de la desigual explotación que experimentaban en cuanto género y clase social. En ese sustrato ancló el discurso proletario y reformador del Partido Comunista, con incidencias  en los procesos de cambio que experimentaron las mujeres y hombres en el campo productivo, ocupacional y cultural. Ante todo, en las actitudes políticas que dieron fortaleza a la contenido social y popular a la derrota de la oligarquía cafetalera y la creación de un Estado Social de Derecho.

VI. BIGLIOGRAFIA  

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