Por Carlos A. Abarca Vásquez

Intervención del historiador Carlos Abarca el 15 de julio del 2005, en la celebración del quincuagésimo aniversario de la APSE, en la Finca de Recreo, San Pablo de Heredia, el 15 de julio del 2005.

El magisterio nacional considerado como fuerza laboral, sujeto y actor social con necesidades e intereses propios derivados de sus condiciones de vida y el carácter profesional de su oficio; o bien, como entidad interlocutora en las relaciones de poder político, es un campo de investigación, frente al cual, las preguntas son, hoy, más densas que las certidumbres. El interrogatorio  atañe al objeto de conocimiento, a las posibilidades teóricas que ofrecen las ciencias sociales para abordarlo, al acceso a las fuentes primarias, a las apreciaciones acerca de la utilidad de la investigación  de la historia de sus organizaciones.

En ese ámbito me atrevo a afirmar, que aun no hemos asumido la reflexión del oficio de la educación a partir del ejercicio de auto percepción retrospectiva, auto evaluación crítica y de la programación futurista de la presencia del magisterio en la sociedad nacional. Y ello, a pesar de los desafíos que de manera intermitente nos lanza  la juventud y la población estudiantil; de las groseras desigualdades e injusticias sociales; de los procesos de aculturación, del impacto del neoliberalismo en el mercado de trabajo; o de los desaciertos de la clase política que ofenden la moral ciudadana y los sustentos populares de nuestras instituciones.

En el inventario sobre la historia del magisterio la columna que da cuenta de la evolución de la función estatal de la educación, es bastante voluminosa. Pero en ella, los hombres y las mujeres educadoras -al igual que los y las estudiantes- hemos sido percibidos objetos de conocimiento ya sea con el nombre de “apóstoles”, “servidores” o “agentes”. Por ello son encomiables los esfuerzos que, aun dispersos y poco sistemáticos, han realizado las organizaciones del magisterio para reseñar otros hitos de su historia. Aquellos que nos rescatan como sujetos activos de la sociedad y del trabajo de educar,  o como interlocutores del Estado frente a sus obligaciones con la familia, las comunidades, la sociedad, la economía y la cultura nacional.

En una semblanza que recupere los antecedentes de esa otra historia -y previa aparición de la APSE- se pueden precisar dos períodos relevantes. El primero, entre 1870 y 1919; el siguiente, de 1920 a 1948. Pienso que se pueden indagar esos años con una premisa y una pregunta central.

La función estatal en materia educativa debe dar cuenta de dos aspectos fundamentales  de la historia del trabajo de los educadores. Por un lado, acerca de las obligaciones y responsabilidades legales de las autoridades públicas con la situación laboral y profesional del educador. También acerca de los planes y programas que articulan la enseñanza de los conocimientos y de las técnicas con las necesidades de las poblaciones, el crecimiento de la economía, los cambios en la cultura nacional y los vínculos que establecemos con otros pueblos y Estados soberanos.

En consecuencia, surge una pregunta sustantiva. ¿Cómo han asumido los y las educadoras el núcleo de relaciones que configuran el sentido histórico de su propia actividad laboral, social, profesional y ciudadana? En ese paralelo emerge la pertinencia de profundizar en el conocimiento de la historia de las organizaciones del magisterio nacional.

I. LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN ENTRE 1870-1920

Entre 1870 y 1920, se observan al menos cuatro cambios que influyeron en los rasgos del trabajo docente escolar. En el gobierno de Jesús Jiménez, el educador fue reconocido por primera vez en el grupo de funcionarios del Estado. Durante la dictadura del General Guardia, tomó auge la enseñanza privada y el fenómeno delineó un trazo grueso en la estratificación del sector social dedicado a la docencia. Las reformas de 1884 y 1886, legitimaron el carácter laico de la conciencia ciudadana y delinearon el espacio en donde emerge el conflicto de ideas, valores, sensibilidades y prácticas sociales según  los intereses del clero católico, las organizaciones civiles y la autoridad política del Estado. Entre 1897 y 1908 la crisis monetaria y de  precios del café, y las medidas fiscales contrarias a las necesidades de los trabajadores afectaron el empleo,  los salarios, las pensiones y las condiciones de vida del personal docente escolar.

En esos años, el magisterio urbano no fue ajeno a los temas de interés social y político del país. El protagonismo se percibe desde 1875 y recayó en los profesores del Instituto Nacional,  de las tres facultades universitarias, de los liceos públicos y de sus secciones para formar maestros.  La actividad se constata ante todo en San José y Heredia con la creación de núcleos de estudio, academias y sociedades de hecho que se fundaron con objetivos de promover la difusión de la enseñanza privada. En ese lapso, hubo al menos  catorce uniones integradas por ciudadanos y educadores que Luis Felipe González agrupó en 1934, como “sociedades cooperadoras de la educación y científico-culturales”. La mayoría surgen entre 1872 y 1883. 1

La situación social del maestro de enseñanza primaria, en contraste, no era halagador. El Dr. Antonio Espinal, pedagogo cubano e Inspector de Escuelas de Cartago, expuso en 1877 al Secretario de Instrucción, Lic. Vicente Herrera, que el magisterio gozaba de poco aprecio entre los doctos y el oficio se consideraba un trabajo para gentes de estratos bajos y pobres.2 La observación denota las diferencias sociales entre quienes ejercían la enseñanza pública y los que figuraban en el micro mundo de los profesos y letrados. La reforma educativa liberal, diez años después, se edificó sobre esas bases. Acentuó la división ocupacional y social. Amplió la brecha entre los profesores de liceos y escuelas normales, y los docentes de la enseñanza primaria; así como entre los maestros de Estado y los que trabajaban en escuelas o colegios privados.

La cifra del personal escolar no llegó a 200 entre 1893 y 1901. De ellos sólo el 15% tenía título o certificado didáctico. Los diplomados eran un estrato calificado distante del docente sin títulos; de los maestros auxiliares y ambulantes; de los que enseñaban en las escuelas campesinas de tercero y segundo órdenes; o de los “maestros especiales” dedicados a las destrezas manuales y gimnásticas, o al adoctrinamiento cívico y católico.

Las diferencias de idoneidad, salario y estatus eran más marcadas entre profesores y maestros, porque hasta 1888 predominó la enseñanza secundaria privada. La Universidad de Santo Tomás graduaba un promedio anual de 2.1 bachilleres en Leyes y 7.8 en Filosofía. De los 291 egresados que había en 1892, el 70% residían en la capital.3 El profesor de liceo público  y el de las secciones de maestros tuvo algún  reconocimiento social a partir de 1890. Entre 1892 y 1902, el Director del Liceo de Costa Rica ganaba más que el diputado, el Gobernador de San José o el Primer Comandante del Cuartel Militar Principal: recibían entre 300 y 420 pesos. Los profesores ganaban igual que el Secretario del Presidente de la República: de 150 a 175 pesos.4 En contraste, los sueldos del personal docente escolar oscilaron entre 30 y 60 pesos.   Eran similares o inferiores al salario de un artesano por oficio y la maestra ganaba entre el 18 y el 20% menos que el maestro 

Y esa estructura salarial sufrió el impacto de la recesión mundial de 1897-1907. Los gobiernos de Rafael Iglesias, Ascensión Esquivel y Cleto González Víquez, afrontaron el ciclo depresivo al margen de las necesidades populares. Lejos, también, de proteger el salario del personal escolar. En esos años fueron frecuentes las rebajas de sueldos, la reducción del personal, el cierre de escuelas y el arrendamiento de la enseñanza pública a particulares. En 1901, el Secretario de Instrucción Leonidas Pacheco reconoció las insuficiencias salariales; pero estimó que pagar 50 pesos era ruinoso para el Estado. Percibió a los maestros y maestras como parte de la clase asalariada y los llamó “obreros del progreso” expuestos a la explotación del usurero y del comerciante. Lamentó que en Guanacaste fueran descalzos a dar lecciones. 5  

El principal legado de este período en el campo organizacional, fue la creación de la Sociedad de Economías de los Maestros, inscrita el 20 diciembre de 1900. La caja de ahorro y ayuda mutua fue fundada por 53 educadores de la capital: 18 mujeres y 35 hombres; 20 casados y 33 solteros.6 Al cotejar el protocolo de inscripción con el escalafón de maestros de 1903, se  constata que al menos 7 maestras ejercían en las Escuelas de Párvulos No. 1 y No. 2  de San José; otra, en la Escuela Mixta Elemental.7 Figuran entre los socios Manuel Aragón Quesada, Justo A. Facio, Miguel Obregón Lizano, Napoleón Quesada Salazar, Alfredo González Flores, Santos León Herrera, Julia Brawn y Anita Tristán Fernández.8  

En este período, los educadores no fundaron organismos de representación de sus intereses o de defensa de los mismos ante el Estado. No obstante, la depresión económica, el auge del movimiento artesano obrero y la apertura de los cuatro colegios públicos en las cabeceras de Provincia del Valle Central, crearon la matriz económica y socio laboral que sustentó el cambio ideológico y en la conciencia social del educador. Surgieron otras percepciones acerca de las relaciones entre el trabajo docente y los ámbitos de la sociedad, la economía y el Estado.    

Entre 1890 y 1920 se produjo dentro del magisterio una renovación intelectual, estimulada por al menos por tres legados. El espíritu de la enseñanza libre, que legitimó instituciones para afirmar la visión laica de la autoridad del Estado y de las jerarquías de la sociedad civil. La pregunta por la legitimidad del poder de la oligarquía cafetalera y de su régimen electoral, la cual ingresó en la agenda ciudadana, después de los hechos del 7 de noviembre de 1889. En tercer lugar, el crecimiento de una ola de opinión pública.

Buen número de estudiantes y educadores se involucraron entre 1890 y 1914, en la producción y consumo de conocimientos, símbolos, lenguajes y sensibilidades. El escenario lo favorecieron  las abiertas discrepancias entre laicos y clericales; entre la minoría opositora y los partidarios del imperio de los dogmas católicos y de las creencias aristocráticas sobre la sociedad, la naturaleza, la cultura o “el más allá”. El nuevo espíritu lo alimentó un gran número de páginas editadas por gremios de artesanos, comerciantes, intelectuales, sacerdotes, partidos políticos, los gobiernos y la naciente empresa de la noticia. En aquel clima de de crisis monetaria, comercial y de abastecimientos, circuló un torrente de razones que manaban de diversas doctrinas económicas, filosofías y cosmovisiones.

Algunos núcleos de letrados y profesionales, se exhibieron lumbre y fuerza motor en el campo de la conciencia social. Al menos 45 intelectuales fundaron o dirigieron unos 36 periódicos o revistas en un lapso de 15 años. Expusieron con libertad sus ideas de hondo contenido sociológico, de crítica a las instituciones y al poder de oligarquías. Era un segmento  diverso en su extracción social y en formación académica. Siete, graduados en Pedagogía en Chile y diez  antiguos profesores. Al menos una docena fue víctima de represión en  los procesos electorales de fines de siglo veinte y  principios del siguiente.

Estos educadores crearon organizaciones culturales y clubes políticos: el Club Juvenil “La Vanguardia”, abierto en 1908; el Centro de Estudios “Germinal” y el Ateneo de Costa Rica, en 1912; o la Asociación de Estudiantes de Derecho. Fundaron o ingresaron en ligas nacionalistas: frentes cívicos opositores a las inversiones de los monopolios en banano,  telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos y minería. Divulgaron el ideario popular y romántico de las diversas corrientes revolucionarias que luchaban contra los resabios de los monárquicos absolutistas y propiciaban las revoluciones burguesas y el socialismo.

Las autoridades de la Iglesia y del Estado, reaccionaron. Entre 1890 y 1902 la jerarquía católica editó siete periódicos dirigidos a contrarrestar el intento de hegemonía liberal en la conciencia social. Hizo explícito otro objetivo. Recuperar su capacidad de censura,  prohibición y contrición ante la incipiente difusión de ideas anarquistas y sindicales que divulgaban los artesanos y los inmigrantes europeos y latinoamericanos.9

Asimismo, el sector intelectual fue perneado por la doctrina eclesial. Entre 1902 y 1904 surgió un grupo ligado con el periódico La Justicia Social, difusor del pensamiento y la opinión doctrinaria del catolicismo. Ese medio de prensa diferenció a los sacerdotes y a los católicos laicos que acogieron la Encíclica Rerum Novarum, de los mismos sectores que permanecían anclados en el catolicismo monárquico.10 Sin embargo, la fuente que alimentó la fuerza del pensamiento crítico frente a la época oligárquica, no salió de la iglesia ni de sus círculos de devotos.

Las corrientes de pensamiento proclives a insertar las enseñanzas y conocimientos en las relaciones sociales,  la economía y la política surgieron de los centros educativos del Estado.   Adquirieron presencia pública mediante el periodismo, la difusión cultural y la inserción en la trama del movimiento social artesano y obrero. La marea roja de la época amplió su radio social transmisor y receptor, ante todo, en las aulas de estudios superiores: en la Escuela Normal de Heredia, a partir de 1915.

En esa atmósfera evolucionaba el magisterio en vísperas de la primera guerra mundial y esta coyuntura militar gestó la crisis de la República, entre 1917 y 1919.

La guerra no creó caos económico, pero sí dio lugar a una crisis fiscal porque las casas inglesas suspendieron los giros por las compras adelantadas de café. Las exportaciones del grano se reorientaron hacia Estados Unidos, pero los cafetaleros dejaron las divisas en los bancos extranjeros. Ello contrajo las importaciones y los ingresos fiscales, mermó las divisas, paralizó en cadena créditos, comercio y producción. Los banqueros, a la vez, sacaron las reservas de oro y plata y provocaron las devaluaciones estimulando el alza en el costo de vida general y la contracción de los salarios.11

Las medidas de austeridad, orden fiscal, control monetario y contra la inflación que tomó el Presidente Alfredo González Flores llevaron a la crisis política. Algunas disposiciones afectaron el nivel de vida de los educadores, como la suspensión de becas, los descuentos de salarios y pensiones y, las “tercerillas”.12 Durante al menos tres años los sueldos se pagaron con un giro de dos tercios en efectivo y el otro tercio demorado, con interés del 1%. No obstante, hay que recuperar al menos tres procesos que favorecieron el cambio en la estructura y el contenido de la educación pública.

Primero, la creación de la Escuela Normal de Costa Rica. Segundo, la formulación de un proyecto que concibió por primera la educación, como un oficio que debía ir en consonancia  con la atención a las condiciones de sanidad pública, nutrición, salud personal de los escolares y necesidades de las comunidades. Aquella sociología de la escuela, criticó la visión  individualista de los aprendizajes y los nexos verticales entre discípulos y maestros. Impulsó una pedagogía no autoritaria y la formación de personalidades a partir de relaciones de compromiso social entre escolares, padres o tutores, unidades productivas y el Estado. 13  

En ese tejido nació la Asociación de Inspectores Escolares de la República, legalizada el 25 de enero de 1916. La Junta Directiva la integraron el Presidente, Manuel C. Quesada; Secretarios, Matías Gámez Monge y José R. Merino Luque. Vocales; José Guerrero y Antonio del Barco. La Asociación definió sus fines en torno al fomento de asociaciones de maestros para organizar el progreso en las capacidades e idoneidad profesional, la aprobación de leyes que favorecieran sus condiciones de trabajo y los intereses sociales comunes para el ejercicio del oficio y el despliegue de sus funciones en el ámbito de las comunidades. 14  

La Asociación devino instancia resolutoria de las iniciativas individuales de los educadores, punto de enlace con las autoridades públicas, órgano articulador de actividades académicas, laborales y sociales del personal docente escolar. Un año después, el 23 de abril de 1917, se fundó la Asociación del Profesorado Nacional en representación de los educadores de liceos. Pero el golpe de Estado y los sucesos militares posteriores rompieron los vínculos de estas asociaciones, entre sí y con la estructura del poder público anterior. 

El golpe militar del 27 de enero de 1917 interrumpió el régimen republicano. El rumbo autoritario y antipopular del gobierno con irritantes muestras de corrupción y represión, alentó al poco tiempo la oposición al General Federico Tinoco. El movimiento brotó en forma de disidencia parlamentaria, crítica y desobediencia civil, disturbios urbanos, rebelión armada y  la protesta obrera, estudiantil y del magisterio. En la guerra civil murieron varios educadores, entre ellos Marcelino García Flamenco y Selim Arias; naufragaron las nacientes organizaciones; se replantearon las condiciones de evolución del magisterio como actor social e interlocutor del poder estatal.

No hay duda de las luchas de las maestras de las Escuelas Sarmiento y Montessori -entre otras- en aquellas luchas por la democracia representativa, y, colateralmente, por la defensa del salario y el empleo. José María Zeledón dejó testimonio de ello en su columna “Palpitaciones Nacionales” editada por el periódico El Hombre Libre.  Lo corroboró el maestro de Coronado, Juan José Carazo en el mismo medio, así como los profesores Arturo Torres -exdirector de la Escuela Normal- y, Jorge Orozco C. en correspondencia desde los Estados Unidos que publicó Joaquín García Monge, en Repertorio Americano. 

Otros medios de prensa como la Hora,  minimizaron el protagonismo del magisterio; quizás porque estos disidentes y rebeldes no eran aún reconocidos sujetos y actores legítimos de la política. Sin embargo, los hechos ratificaron la aparición de un nuevo actor político de extracción popular. En las jornadas democráticas de 1918-1919 el magisterio urbano fraguó un movimiento de ideas, organización, reivindicaciones y objetivos electorales que venían configurando la identidad política popular, desde principios del siglo. El magisterio devino actor, interlocutor y fuerza electoral porque asumió la vanguardia de la agitación social urbana, reforzó las acciones armadas y fortaleció el consenso diplomático que acorraló a la dictadura.

La historia del oficio de la enseñanza, a partir de entonces, ya no sería campo hegemónico exclusivo de los intelectuales de levita. Por un lado, a la función pública entraron los expositores críticos de la generación del 90. Antes de 1920, casi todos los Secretarios de Instrucción -excepto Luis Felipe González- eran abogados y con experiencia en derecho penal o en la dirección del sistema carcelario como José Astúa Aguilar, Luis Anderson Morúa o Leonidas Pacheco15  Por otra parte, las organizaciones de educadores fueron no sólo legitimadas, sino que gozaron del aval y el patrocinio del Estado.

En ese nuevo orden político se constituyó el 11 de junio de 1919,  la Asociación Nacional del Magisterio. La Junta Directiva la integraron: Presidente, Patrocinio Arrieta Leiva. Vice presidenta, Lilia González. Secretarias, Graciela Martínez y María Isabel Carvajal. Vocales,  Anita Cantillano, María Francisca Caballero y José Antonio Carvajal. Tesorero, Eduardo Fournier. Enunció sus finalidades en torno a conseguir una ley para lograr la estabilidad en el régimen de salarios, pensiones, jubilaciones y empleo; la fundación del Banco de los Educadores; y la ejecución de programas para capacitación profesional, bibliotecas escolares,  salud infantil, sanidad escolar y embellecimiento de los sitios públicos comunes. El mismo año se reactivó la Asociación de Inspectores Escolares.

La ANAMA se involucró de lleno en la campaña política de 1920. Las maestras Amparo Zeledón, Esther Silva y María Isabel Carvajal fueron presidentas honoríficas de la Comisión Económica del Partido Constitucional, en San José. A pesar que las mujeres carecían del derecho a elegir la asociación, inscribió sus candidatos a diputados en una especie de coalición con el partido del candidato Julio Acosta. Lograron elegir tres diputados. También resulto electo Gerardo Matamoros, en representación de los artesanos obreros. El nuevo parlamento aprobó, entre otras, la ley que creó la Sociedad de Socorro Mutuo del Personal Docente y la ley sobre pensiones que entregó al magisterio la administración del fondo financiero para jubilados.  

Pero el año 1920 muestra, asimismo, un punto desfavorable para los trabajadores de la educación. El Reglamento del Personal Docente de ese año estableció prohibiciones y sanciones para los educadores que se involucraran en actividades políticas. El Presidente Ricardo Jiménez convirtió la norma particular en decreto ley y ésta se incorporó en otro reglamento docente emitido en 1924. Así, el poder público coartó a los educadores las libertades de opinión, organización y propaganda. Una de las voces discordantes fue, una vez más, Omar Dengo. Rechazó la ley de censura y la “doctrina de la neutralidad política” o del carácter apolítico de los educadores y sus organizaciones.

Para Omar Dengo, la enseñanza sobre los fines de las organizaciones sociales y el sufragio,  debía impartirse en las escuelas. Impulsó y practicó el sistema de co-gobiernos de aula, ejercicios de “soberanía popular” representativos de la opinión y la acción estudiantil. Sostuvo, que los conocimientos y los valores que promueve la escuela, al igual que las leyes electorales, son patrimonio de la sociedad; no, del Estado. Asimismo, que la vida cotidiana es la fuente fértil del sentido de ciudadanía; no así las doctrinas políticas, ni las ideas sobre el origen de la autoridad y de la moral.

II. LA ORGANIZACIÓN DEL MAGISTERIO ENTRE 1920 Y 1948.

El decreto y la norma restrictiva sobre la “neutralidad política del magisterio” fueron la camisa de fuerza que aisló de las luchas sociales y políticas a la mayoría de los educadores, entre 1920 y 1943. Las excepciones confirman la pugna que generó y la actitud contestataria de algunos educadores que, individualmente o por medios de inestables intentos asociativos, se adhirieron a las tesis que sobre civismo y participación democrática defendió Omar Dengo. No obstante, tal como pensaba el preclaro, el movimiento de la sociedad mostró su riqueza y diversidad, e impactó los ámbitos de la conflictividad laboral y política.  

Después de 1926, el Partido Reformista inició su declive. En 1928 se funda la Unión General de Trabajadores, organización obrera alternativa a la CGT; la cual se había disuelto para dar sustento al proyecto del exsacerdote Jorge Volio. En el seno de la UGT se organizó la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, la cual, se vinculó a la Liga Antiimperialista de la Escuela de Derecho y a la Liga Feminista -constituida aquel mismo año-. Tales fueron las instancias que promovieron el proyecto social de Universidad Popular e hicieron posible tanto  la creación del Bloque de Obreros, Campesinos e intelectuales, como el accionar del Partido Comunista de Costa Rica, fundado en junio de 1931. Ante ese proceso, las autoridades del Estado y en ellas las jerarquías del Ministerio de Educación, impulsaron al menos dos estrategias de control. Una dirigida a garantizar estabilidad e incorporar a la función pública a los educadores leales a los gobiernos. Otra, de coerción, exclusión, aislamiento  y represión. 

Los gobernantes continuaron atendiendo los problemas de los estudiantes más pobres. Reforzaron la credibilidad en la autoridad y en la representatividad del poder por medio del sufragio. Aceptaron que el conflicto social y laboral era rasgo inherente a la economía y a la   desigual distribución de la riqueza; pero susceptible de control. Para ello involucraron a los educadores en el quehacer de otras instituciones del Estado y en actividades de asistencia social en los medios en donde germinaba la protesta potencial o activa.

La coerción y la represión se aplicaron contra los sindicatos urbanos, las ligas de campesinos y el proletariado agrícola del banano, el azúcar y la minería. En el magisterio, contra los educadores que se adhirieron desde 1928 a las ligas nacionalistas, feminista y al Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales. Figuras como Napoleón Quesada, Luis Dobles Segrega y Teodoro Picado que habían sido tres décadas atrás, críticos y disidentes, ejercieron fuertes represalias contra profesores y estudiantes de la Escuela Normal que defendían tesis políticas  del movimiento socialista.

Entre 1932 y 1938, la represión golpeó al sector magisterial que se adhirió a la ola de protestas populares que alimentó la crisis económica. También, a raíz de la actividad de los dirigentes del Partido Comunista. En la campaña electoral de 1932, se abrió el debate público acerca del derecho ciudadano de inscribir un partido político  con aquel nombre. La Asamblea Legislativa  rechazó la inscripción. En ese marco hubo algunas protestas de estudiantes del Liceo de Costa Rica, a quienes se les prohibía crear organizaciones y fundar su propia Asociación. En la campaña preelectoral de 1933, los dirigentes comunistas fueron reprimidos. Adolfo Braña fue deportado. Arnoldo Ferrero perdió la plaza de maestro, en Santo Domingo de Heredia.

En segundo lugar, se produjo el conato de golpe de Estado conocido como el Bellavistazo. “Los partidarios de Ricardo Jiménez persiguieron a los seguidores del candidato, Lic. Castro Quesada y entre ellos a maestros, profesores y funcionarios administrativos del magisterio”. 16 Uno y otro suceso, propiciaron el rechazo de los educadores a las diversas formas de exclusión de derechos y renació el objetivo de fundar una organización autónoma para los educadores.

La meta se concretó con la fundación Asociación Nacional de Maestros Unidos, creada el 15 de junio de 1934 y, en forma paralela, surgió la Asociación Nacional de Educadores, ANDE. Las nóminas de las directivas de una y otra, permiten afirmar que en la primera se aglutinaron los educadores adscritos a la actividad del Partido Comunista, mientras que la segunda, -presidida por Uladislao Gámez, Alejandro Rodríguez y Elías Leiva,  entre otros- reunió a los sectores que simpatizaron con el Lic. Castro Quesada. 17

La Asociación de Maestros Unidos mantuvo vínculos estrechos con el Partido Comunista y debió desempeñar algún papel solidario con los obreros de la manufactura y de las plantaciones,  en  el alza de la curva de huelgas de 1934 y 1937. En ocasión de las elecciones de 1936 varios profesores de la Escuela Normal fueron removidos. Carlos Luis Sáenz aceptó la candidatura presidencial del Partido Comunista y en ese contexto fue expulsado de la enseñanza pública y del país. La aversión a los educadores comunistas fue propiciada desde la Secretaría de Educación al mando de Luis Dobles Segreda y Teodoro Picado M.

Esos sucesos debieron influir en la desaparición de la Asociación de Maestros Unidos, la cual cesó oficialmente actividades el 7 de noviembre de 1939. 18 Pero la crisis social que fomentó la segunda guerra mundial, así como el proyecto de legalizar un conjunto de reformas sociales, legitimó otro intento organizativo de los educadores. El 25 de agosto de 1940 se impulsó desde la Escuela Normal un proceso de convergencias ideológicas entre los educadores que fructificó en la Asociación Nacional de Educadores, fundada oficialmente el 24 de octubre de 1942.19

En 1940, el personal docente estatal se distribuía entre un 92% que trabajaban en primaria, 5% en secundaria y 3% en la Universidad. Se arrastraban, pues, los obstáculos estructurales  que constreñían la educación pública. El cambio en la enseñanza primaria aflora hacia 1940. Lo propició, en parte, la estrategia hegemónica de los Estados Unidos. El decreto No. 26 del 15 de diciembre de 1942 creó la Oficina Interamericana de Educación por iniciativa de la Primera Convención de Ministros de Centroamérica. Dos años después, la ley No. 68 del 3 de abril de 1944 puso a funcionar las Misiones Culturales, llamadas por el Secretario de Estado, Lic. Hernán Zamora, “Escuelas Normales Rurales Ambulantes”.  El 28 de enero de 1945 se firmó un convenio de investigación, experimentación y docencia para el medio rural entre el gobierno de Costa Rica y la Fundación Interamericana de Educación, agencia del gobierno norteamericano.  

Fue en ese contexto que naufragaron las tesis de convergencia ideológica de los educadores, suscritas en 1942. Para la campaña electoral de 1943 se constituyó la coalición política Bloque de la Victoria, integrada por el Partido Vanguardia Popular y el Republicano. La contienda  dividió de nuevo, al magisterio. Surgieron, además, discrepancias en torno al ingreso o no de la ANDE en la Confederación Americana de Maestros. Influyó, asimismo, el encono ideológico  y de confrontación que produjo el comienzo de la Guerra Fría, hacia 1945.

Entre 1947 y 1949 el magisterio vivió una fase de radicalización política y subversión contra el gobierno de Teodoro Picado.  La ANDE se escindió al calor de la protesta patronal conocida como “huelga de brazos caídos” de 1947. Las diferencias ocupacionales, salariales, por niveles de enseñanza y las discrepancias sobre fines y estrategias, dieron origen a la Unión Nacional de Educadores, UNE. En ella se agrupó el sector político afín al Partido Republicano y luego desapareció, producto de la ola represiva que siguió a la guerra civil. Otro sector de la ANDE recuperó el nivel organizacional con el apoyo de los Ministerios de Trabajo y Educación, y fue inscrita el 28 de octubre de 1952.III,8 En el lapso surgieron, además, la Asociación de Educadores Pensionados, en 1941 y  la Caja de Ande, creada en 1944.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

1 González Flores, Luis Felipe. Evolución de la Instrucción Pública en Costa Rica. Editorial Costa Rica. Colección Biblioteca Patria No. 9.  San José, 1978. Pp. 509-513. El libro se publicó por primera vez en 1934.  

2 Ibid. P. 326.

3 Datos de un estudio del Lic. Constantino Láscaris, citados en  Morales, Gerardo. Cultura oligárquica y nueva intelectualidad en Costa Rica: 1880-1914. EUNA. Heredia. 1993. Pp.101-102.

4 Fallas M., Carlos. Op. Cit. Pp. 338-339.

5 Secretaría de Instrucción. Memoria de 1901. Tipografía Nacional. San José. 1902. P.40 y P.52.

6 Asamblea Legislativa. Colección de Leyes y Decretos. Tomo I. 1901.  Tipografía Nacional. San José. Pp. 23-31. Pasantes de abogados Alfredo González y José Luis Sáenz. Escritura No. 37. Folios 40 al 45. Tomo II del Protocolo.   

7 Secretaría de Instrucción Pública. Personal docente de las Escuelas Comunes de la República. Año de 1903. Tipografía Nacional. San José, 1903.

8 Colección de Leyes y Decretos.

9 Vargas Arias, Claudio. El liberalismo, la Iglesia y el Estado en Costa Rica. Ediciones Guayacán. San José. 1991. Pp.107-111 y 114-130. González Ortega, Alfonso. Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo XIX. EUCR. San José, 1996. Pp.116-125; Cap.III y IV.    

10 Meléndez Ch., Carlos. (Compilador). “El pensamiento social cristiano.” Prólogo de Luis Demetrio Tinoco. En El Pensamiento contemporáneo costarricense. Editorial Costa Rica. Biblioteca Patria No.18. Tomo I. San José. 1980. Pp. 197-214.         

11 Stone, Samuel. La dinastía de los conquistadores.  EDUCA. San José, 1975. Pp. 287-288. Soley G., Tomás. Op. Cit. Pp. 72-74. Junios (Pseudónimo). “Un grave problema social”. En  El Hombre Libre. Setiembre de 1919. P.2.Directores: José María Zeledón y José Albertazzi A.

12 Soley G., Tomás.  Op.Cit.  Pp.71-76.

13 Abarca V., Carlos  A. Perfil cotidiano de la educación primaria. 1890-2000. Editor: C. A. Abarca. San José 2003. P. 61.  

14 Idem.  

15 Abarca V., Carlos  A. Op. Cit. (2003). Pp. 337-338.

16 Blanco Lizano, Hubert. APSE: gremialismo, politización y credibilidad 1955-1995. Tesis, Maestría Centroamericana en Historia. UCR. San José, 2002. Pp. 48. 

17  Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid

III,8 Abarca V., Carlos A. Los movimientos sociales en el desarrollo reciente de Costa Rica. EUNED. Tercera reimpresión. San José. 1997, Pp.89-90.

http://www.apse.or.cr/webapse/01historia.htm

Por Victoriano Sánchez

El domingo 22 de Enero de 1967 más de 60,000 personas provenientes de todos los rincones de Nicaragua, especialmente de las montañas, manifestaron su repudio a la dictadura somocista y a la primera candidatura presidencial del General Anastasio Somoza Debayle, hermano de Luis Somoza e hijo del fundador de la dinastía sangrienta.

Los manifestantes iban llenos de entusiasmo opositor, pero no conocían el siniestro pían elaborado por la dirigencia del Partido Conservador de Nicaragua: provocar una masacre que sirviera de suficiente pretexto para solicitar a la Organización de Estado Americanos (OEA) que enviaran observadores a “supervigilar” las fraudulentas elecciones.

Ese día la Guardia Nacional (GN) masacró a miles de ciudadanos indefensos, al final no vinieron los “observadores” de la OEA, y Somoza "ganó" las elecciones, pero el Partido Conservador entró en una profunda crisis y las masas trabajadoras tras esa sangrienta experiencia perdieron las ilusiones en la oposición burguesa.

La dinastía somocista

La entronización de la dinastía somocista fue posible por la combinación de varios factores. En primer lugar, el apoyo incondicional del imperialismo norteamericano. En segundo lugar, para instalarse en el poder, Somoza García tuvo que aplastar la guerrilla nacionalista y antiimperialista liderada por el General Augusto C. Sandino. En tercer lugar, un factor político poco estudiado, fue la permanente colaboración del Partido Conservador de Nicaragua con la dictadura, quienes aprobaron todas las modificaciones constitucionales que permitieron las sucesivas reelecciones presidenciales del dictador.

Esta cooperación política de los conservadores comenzó cuando Emiliano Chamorro, jefe de la fracción parlamentaria de su partido votó la "amnistía" para los asesinos confesos del Gral. Sandino en 1934, pasando por el Pacto de los Generales (Somoza y Chamorro, en los años 50), hasta la traición de Fernando Agüero Rocha al firmar el Pacto Kupia Kumi (Un solo corazón, en lengua misquita), precisamente después de la masacre del 22 de Enero de 1967, sólo para citar los ejemplos más relevantes.

El somocismo siempre garantizó la represión al movimiento de masas y con ello las ganancias de sus opositores burgueses. Ambos partidos, las "paralelas históricas", compartieron los asientos en la Cámara de Diputados y el Senado, así como las alcaldías, puestos públicos y el presupuesto nacional. El auge de la producción algodonera después de la finalización de la segunda guerra mundial, la buena marcha de los negocios, la "paz social" que la Guardia Nacional se encargó de garantizar con la brutal represión sobre las demandas formuladas por los obreros y campesinos, fue el poderoso factor material que hizo del somocismo el gobierno burgués más estable en la historia moderna de Nicaragua.

Sin embargo, pese a la colaboración rastrera de los conservadores siempre estallaron luchas, conspiraciones contra la familia Somoza, intentonas guerrilleras prematuramente abortadas, conatos insurreccionales, todas dirigidas por sectores "radicales" del conservatismo que hacían aparecer al Partido Conservador en su conjunto, ante los ojos del pueblo, como una alternativa de lucha antisomocista y especialmente ante las nuevas generaciones de luchadores en los años 60 del siglo XX.

La campaña electoral de 1966

Como producto del triunfo de la revolución cubana en 1959, el imperialismo norteamericano diseñó la estrategia de la "Alianza para el Progreso" para evitar la extensión de la revolución en el continente. En Nicaragua esa política se tradujo, entre otras cosas, en un recambio formal de las personas en el poder.

El títere René Schick Gutiérrez (1963-1966) sucedió en la presidencia a Luis Somoza, quien murió de un infarto. Este interregno reformista de la dictadura duró muy poco, porque Schick también murió de un infarto, siendo sucedido en la presidencia por Lorenzo Guerrero, quien terminó el período presidencial.

Era una forma de maquillar el rostro de la dictadura. En el fondo, el somocismo controlaba todo el poder. Un aspecto insignificante, como quien sucedería a Lorenzo Guerrero en la presidencia, encendió los ánimos entre la población, máxime cuando el candidato del Partido Liberal era Anastasio Zomoza Debayle. Era vital evitar que otro Somoza fuera presidente, y por eso las masas trabajadores comprendieron que era importante derrotar los planes, y vieron como única alternativa la candidatura de Fernando Agüero Rocha, un carismático líder que surgió de la juventud del Partido Conservador y que había logrado imponerse como sucesor del caudillo conservador, general Emiliano Chamorro, que precisamente había muerto en febrero de 1966, a inicios de la campaña electoral.

La campaña electoral de 1966-67 sirvió como catalizador del ascenso de masas antisomocista que se produjo en las principales ciudades y en las zonas campesinas. Aunque la mayor parte del pueblo no confiaba en las elecciones como vía para terminar con la dictadura, por la amarga experiencia de los procesos electorales "amarrados", las masas aprovechaban la menor oportunidad para utilizar cada coyuntura, para manifestar su odio contra la dictadura. Así las manifestaciones crecieron en número y combatividad al acercarse la fecha de las votaciones.

Este poderoso ascenso de masas preocupó a la alta dirigencia del Partido Conservador, a aquella "junta de notables" que pronunciaba discursos contra Somoza y esa misma noche se reunía con él para negociar las diferencias. Por todos los medios, los dirigentes conservadores trataron de conseguir la "bendición" de la embajada norteamericana, argumentando que sacar a Somoza era una necesidad para evitar el desbordamiento y la revolución social.

Estaba fresca en la memoria de la burguesía la experiencia de la revolución cubana. Fernando Agüero llegó a insinuar la posibilidad de un golpe de Estado promovido por la GN. Toda la estrategia de la oposición burguesa consistió en ganarse a la Guardia Nacional contra Somoza. Nada más!.

En el desarrollo de la campaña electoral hubo grandes contradicciones entre los conservadores y el somocismo, cuando la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición electoral encabezada por el Partido Conservador en alianza con grupos, sindicatos y corrientes disidentes del Partido Liberal, exigió la permanencia de sus "jueces electorales" en las urnas. El somocismo se negó a garantizar la presencia de los "jueces electorales" del conservatismo.

Así, Fernando Agüero Rocha, el líder populista opositor que había logrado atraerse las simpatías de las masas por sus encendidos y fogosos discursos contra la dictadura, concibió el lúgubre plan de provocar una masacre para forzar a la embajada americana en Managua y a la OEA a que reconociera la cantidad de votos conservadores, que tenían que traducirse mínimamente en más diputados o en conquistar la presidencia.

La traición de Agüero

Cuando Agüero convocó al cierre de su campaña electoral en Managua, los ánimos estaban caldeados. Las masas se habían dado cuenta de su propia fuerza, el asesinato de decenas de activistas opositores no amilanó el entusiasmo antisomocista. La gente no quería más dictadura, esta voluntad se sintetizó en la popular consigna de "basta ya!".

Entre un sector de la juventud organizada por los conservadores en los Comités Ciudadanos de Vigilancia Electoral y Defensa del Sufragio (CIVES), se corrió el rumor de que la manifestación iba a dirigirse hasta la Loma de Tiscapa, donde estaba el Palacio Presidencial, para tomar el poder. Que iban a colocar varios camiones llenos de armas, para repartirlas entre el pueblo. Las condiciones eran propicias, efectivamente, para organizar una huelga general insurreccional. Las masas estaban dispuestas a todo, aunque los manifestantes no sabían de los siniestros palanes de la cúpula del Partido Conservador. Lo que hacía falta era una consecuente conducción antisomocista. Los conservadores jamás podían ocupar ese lugar.

Cuando las masas comenzaron a marchar rumbo a la Loma de Tiscapa, la GN ya se había atrincherado en la esquina del antiguo Banco Nacional (ahora Asamblea Nacional) y comenzó a disparar indiscriminadamente sobre los manifestantes. Algunos manifestantes, que habían oído decir que ese día caería la dictadura, se llevaron sus pistolas para contribuir a la victoria, respondiendo al fuego de los genocidas. Cuando comenzó el tiroteo la gente pidió armas, pero estas nunca llegaron, pues todo el plan consistía en provocar una masacre para garantizar los votos del Partido Conservador.

Agüero y la alta dirigencia de los conservadores, con chalecos antibalas, se refugiaron en el Gran Hotel, mientras los antisomocistas más avanzados se enfrentaban a la Guardia Nacional creyendo realmente que ese era el día de la insurrección popular. Las masas trabajadoras tuvieron que pagar con sangre su confianza en los conservadores. Desde esa fecha, el Partido Conservador entró en una profunda crisis histórica; dividido en mil fracciones ya no podrá recuperar la confianza que una vez el pueblo le brindó.

Las masas rompieron con la oposición burguesa

A partir de la masacre del 22 de Enero de 1967 todo fue más claro para el pueblo. No se podía confiar más en los opositores burgueses. Los conservadores tuvieron las condiciones todas necesarias para tomar el poder, tuvieron al movimiento de masas en disposición de combate. Todo eso caudal político fue desperdiciado por la dirigencia conservadora.

Somoza Debayle fue presidente durante el periodo 1967-1972. En 1971, firmó con Agüero el Pacto "Kupia Kumi", instaló una Junta de Gobierno Provisional mientras convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1974. Con ello, Somoza Debayle pudo ser candidato y ganar las elecciones de 1975.

Mientras Somoza avanzaba en sus planes, alas radicales del Partido Conservador, conmocionadas por el suicidio político del 22 de Enero de 1967, establecieron una alianza con la corriente tercerista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Entre los militantes que provinieron del conservatismo podemos mencionar a Edén Pastora, Herty Lewites o el propio Joaquín Cuadra Chamorro, padre del general Joaquín Cuadra. Esta ala jacobina del Partido Conservador fue el nexo con la burguesía que, agobiada por la competencia desleal de Somoza en los negocios, decidió apoyar la lucha armada contra la dictadura, y con ello, sin habérselo propuesto, colaboraron en el derrocamiento del somocismo en 1979.

Por Carlos A. Abarca Vásquez

INTRODUCCION

El desarrollo del capitalismo en Costa Rica ha suscitado reflexiones sobre sus particularidades. La conquista y colonia fueron condicionadas por la baja población, escasez de oro, destrucción de la agricultura y de los modos de vida en cacicazgos, y el desarraigo forzoso de los nativos para conquistar Centroamérica, extraer oro y plata en el Perú, y el comercio.

Las rebeliones indígenas en las tierras altas del Atlántico y el Pacífico retardaron la colonización. Las invasiones de piratas ingleses, zambos y mosquitos desactivaron la explotación de indios, negros y mestizos en los cacaotales de Matina. En el siglo XVIII las migraciones del este al oeste consolidaron aldeas en la meseta central. Surgió una agricultura de subsistencia y comercial  basada en chacras campesinas y haciendas de ganado, tabaco y azúcar que sirvieron de sustento a las futuras provincias. En Guanacaste y Puntarenas se impuso el latifundio ganadero.   

Temprano el siglo XIX, la expectativa de lucrar con el café generó expropiación de los pueblos de indios y cofradías, y la entrega gratuita de tierras. La hacienda cafetalera se afianzó a partir de la inversión inglesa, las ganancias de las exportaciones, la explotación solapada del agricultor y las transacciones de tierras. Surgió la concentración de la propiedad. Pero la entrega de las leguas de tierras municipales, el reparto de baldíos fuera del valle central y la mediación estatal en las querellas por derechos de uso de la tierra aminoraron el conflicto agrario y facilitaron el control  político. (Castro, S. 1990: 207-212).

La ley de baldíos de 1884 y el Código Fiscal de 1885 remozaron la avidez por la tierra. El Estado liberal dio cuantiosas regalías para la construcción del ferrocarril a Limón, producción de banano, caucho y maderas, extracción de oro y generación eléctrica. Campeó la inversión imperialista, inseparable del latifundio y de la expectación e intereses de la burguesía exportadora. Otras leyes acogieron con renovado énfasis colonialista la inmigración de los expulsados por las sociedades industriales. Se legisló con nuevo énfasis colonialista para obsequiar tierras libres, sin límite de extensión y al margen de derechos de posesión de los campesinos. En 1888 se creó el Registro de la Propiedad y los terratenientes inscribieron las demasías adquiridas con las leyes de baldíos.

Entre 1895 y 1930 afloró la violencia agraria en Guanacaste, la región minera Tilarán, Abangares, Montes del Aguacate; el sur de San José, Puriscal, Turrialba y el Atlántico. (Gudmundson, L. 1983: 177-192; De la Cruz, V. 1986: 319-328; Edelman, M. 1998: 138-175). El Estado toleró el uso privado de la represión, ejerció control institucional e impuso coacción policial. Pero entre 1904 y 1934 promulgó cuatro leyes de cabezas de familia que habilitaron la colonización interior del país, amortiguaron la presión sobre el latifundio, expandieron las relaciones capitalistas y afianzaron las funciones del Estado. En 1923 se instaló en Guanacaste una guarnición policial.

En ese desarrollo histórico y estructural ¿Cuál fue el efecto de las propuestas agrarias del Partido Comunista? La pregunta persigue los siguientes objetivos:

1.- Relacionar las propuestas de transformación agraria del Partido Comunista con la reproducción del capitalismo en Costa Rica. 

2.- Caracterizar la inserción del Partido Comunista en el movimiento de lucha por la tierra que surgió en el contexto de la crisis de la Segunda Guerra Mundial.

3.- Comprender las limitaciones del Partido Comunista para articular acciones de  interés político común, entre la clase obrera y el campesinado pobre.

II. LA PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA AGRARIO

La agricultura de subsistencia, los estímulos a la apropiación individual y familiar de la tierra, la extensión de la escolaridad por grados y programas desiguales en el campo o la ciudad, la función parroquial, y la literatura costumbrista conformistas y apaciguadores, idealizaron el modo de vida campesino, ocultaron la explotación y adormecieron las sensibilidades ante la situación social de los indígenas y los campesinos pobres.

En 1910 el dirigente obrero Juan Rafael Pérez reaccionó contra el acaparamiento de tierras “sin importar que el propietario sea extranjero o nacional… En este estado de cosas vendrán las subversiones agrarias con sus secuelas de asesinatos.” Once años más tarde, la Confederación General de Trabajadores se solidarizó con los campesinos que eran hostigados por terratenientes en Colorado de Abangares. “La CGT se opondrá a todo intento de despojo contra los pequeños trabajadores que ya han creado un derecho de propiedad desde el momento en que entrando a la montaña, creyéndola libre, han luchado contra la adversidad y la han vencido formando sus fincas… Es más legítimo propietario quien cultiva la tierra que quien la posee por especulación o por lujo”. (Citado por De la Cruz, V. 1986: 328 y 330).

Esas percepciones denuncian los abusos de los terratenientes, anuncian la violencia ocasionada por el despojo y la resistencia, legitiman la posesión de propiedad por el uso de la tierra, insinúan la indefensión, común a los trabajadores del campo, artesanos y asalariados de la ciudad. “Al iniciar el siglo XX el grado de ocupación de tierras privadas por campesinos se indica en un censo hecho en 1907 a once grandes propiedades, en el cual se hallaron 10.262 personas en asentamientos y pueblos aislados dentro de las fronteras del latifundio” (Edelman, M. 1988: 144). Entre 1920 y 1930 bajó la densidad y beligerancia de los conflictos agrarios (De la Cruz, V. 1986:331); pero el problema agrario suscitó el interés de los partidos políticos, contrapuesto a la  libre apropiación de baldíos que fomentada el Estado.  

Desde 1920 el Partido Agrícola representó a la mediana burguesía ligada al mercado interno. Una de sus propuestas fue crear la Escuela Nacional de Agricultura, aprobada por ley, en diciembre de 1926. www.historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/ensagra-na.htm. Más acorde con la proletarización del campesino, en 1923 el programa del Partido Reformista propuso la reforma agraria, formar  colonias agrícolas y cooperativas, y devolver baldíos al Estado. (Salazar M., 1981:47). El gobierno,  por su parte, creó en 1924 la Colonia Palmareña, en Los Ángeles de San Ramón.   

La crisis de 1929 contrajo la agricultura para consumo interno y la exportación. El desempleo y la emigración interna presionaron las tierras libres abandonadas y el latifundio. La UFCo inició la apropiación del litoral Pacífico Sur y hubo despojo contra indígenas y colonos en la cuenca del río Térraba. En las elecciones de 1929 el Partido Socialista propuso entregar tierras a los desocupados, crear granjas agrícolas,  abrir la Oficina de Catastro Público. Medianos propietarios se agruparon en la Cámara de Agricultores, la Sociedad Agrícola de Ahorro, la Asociación de Productores de Café y en cooperativas de café y banano. (De la Cruz, V. 1981: 225-226).

En esa campaña participó además el Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales; síntesis de un movimiento social e ideológico disidente y diverso que se configuró desde 1926. La Alianza propuso a Joaquín García Monge, candidato a diputado, y en el programa apenas se menciona “el problema de la tierra”. No obstante, fue el primer intento por constituir en el país un bloque político con inquietudes sociales revolucionarias. (De la Cruz, V. 1981:232).

El historiador Daniel Kersffeld ha constatado que entre 1927 y 1931 hubo influencia importante  de la III Internacional Comunista en algunos círculos marxistas del país, por intermedio de la filial mexicana de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA), fundada en 1925. El repudio a la política exterior de Estados Unidos, la crítica a los monopolios y la divulgación de un ideario nacionalista y socialista por parte de la sección local de la Liga, animó la represión del Secretario de Gobernación Raúl Gurdián Rojas, en el gobierno de Cleto González Víquez (1928-1932). 

Hacia 1929 surgen escisiones en LADLA y la sede aprobó una norma tendiente a proletarizar los cuadros dirigentes, “bajo el esquema del así llamado Tercer Período y de los lineamientos de clase contra clase…con base en preceptos obreristas”. La tesis fue acogida en Costa Rica en 1931 cuando se fundó la Sección de la Escuela de Derecho de LADLA, liderada por Manuel Mora Valverde. “En ese contexto, un grupo de militantes enrolados en ARCO contribuyeron el 6 de junio de 1931 a fundar el Partido Comunista de Costa Rica bajo influencia directa del Buró del Caribe, creado un año antes con sede en Nueva York… y con la primacía de cuadros provenientes de clases medias, sobre aquellos otros de extracción proletaria”. http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no22/ind22.html

La fundación del PCCR culmina el avance de una opción ideológica y política latente en sectores medios urbanos, artesanos y obreros de la manufactura como reacción al carácter oligárquico del régimen liberal y al desgaste paulatino de su hegemonía. La  tarea inicial del Partido consistió en inscribirse para las elecciones de 1932 y en ese ajetreo abrió secciones en Limón, Alajuela, Heredia y Cartago. Entre julio y octubre fue rechazada la inscripción electoral. Aunque las autoridades aceparon que participara en los comicios municipales, con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. La denominación, empleada hasta 1942, recogió la experiencia electoral de 1929 y respondió a una táctica de los partidos comunistas, recomendada por la Internacional. (Gómez A., 1994:49).

El programa mínimo del PC se publicó en el periódico Trabajo, en marzo de 1932. El capítulo de política económica, artículo 13, propone legislar para eliminar el latifundio, expropiar las tierras no cultivadas y favorecer a los campesinos pobres con las tierras del Estado para trabajarlas en forma socializada. La propuesta está en relación con este enunciado: “todo el poder político para la clase trabajadora. Creación de Consejos de obreros y campesinos”. (Trabajo 13-3-1932:3).

Sin embargo, no se especificaron las condiciones de la alianza obrera y campesina; mientras que en varios textos perciben al campesinado como agente incapaz de realizar la revolución. (Gómez, A. 1994: 143 y 181). Con ello se anuló el concepto de lucha de clases como movimiento objetivo de las organizaciones populares, el cambio político y el desarrollo; omisión que contrasta con el estado de insurgencia de Augusto César Sandino y las revueltas campesinas en El Salvador. Si bien el PC no fue indiferente a aquellas luchas, tampoco mantuvo una actitud solidaria coherente y consecuente con los ideales revolucionarios.  

Por otra parte, en Costa Rica la crisis del 29 activó diversas modalidades de  lucha por la tierra y el salario agrícola; pequeños propietarios de café confrontaron entre 1932 y 1936 con industriales y exportadores en defensa de precios justos (Acuña, V. 1991: 161-176); otros agricultores creaban cooperativas, sociedades de ahorro, denunciaban y resistían la inversión imperialista en el agro y el uso del agua y los pequeños agricultores vieron comprometidas sus tierras hipotecadas. No obstante, el PC quedó a la zaga de esos conflictos y organizaciones.              

“El Partido Comunista dividía las clases sociales del campo en tres grupos: grandes propietarios o latifundistas, pequeños productores en tierra propia, arriendo o esquilme, y jornaleros”. (De la Cruz, 1986:352). El Secretario General, Manuel Mora Valverde distinguía en 1934 “la pequeña propiedad producto del trabajo personal y la propiedad capitalista producto del trabajo ajeno y la usurpación de la pequeña propiedad por los tagarotes… El comunismo va contra la propiedad capitalista y eso es lo que decimos en nuestros discursos de agitación”. (Gómez A. 1994:62) Ambas tipologías abstraen la apropiación de la tierra del carácter de las relaciones capitalistas y sus articulaciones con la inversión privada e imperialista, la competencia mercantil y la función  del Estado con respecto a la soberanía y el avance de las fuerzas productivas.    

Entre 1934 y 1943 el Partido priorizó la sindicalización de los obreros y los asalariados del sector agrícola. En el periódico Trabajo se constata la creación de cuatro federaciones de trabajadores agrícolas y 29 sindicatos: 5 de las plantaciones de banano y abacá en el Atlántico y el Pacífico, 3 en Turrialba, 7 en Alajuela, 7 en San José, 2 en Cartago, 2 en Heredia, 2 en Guanacaste y 1 en Esparza.  Por años: 4 en 1942, 16 en 1943, 18 en 1944, 1 en 1946 y 2 en 1947. Entre 1933 y 1943 el Partido tuvo presencia en al menos 12 huelgas en el sector agrícola: 6 en Turrialba, 1 en Limón, 2 en San José y 3 en la zona bananera del Pacífico. (Trabajo. Años mencionados).       

Esas cifras corroboran que en la óptica de la dirigencia comunista, la clase obrera de la ciudad y el campo era estimaba el sujeto y agente de la lucha social en proyección revolucionaria. Los sindicatos agrícolas se formaron con los jornaleros. Se organizaban por finca, plantación y por región y un Comité Central para todo el país. Las reivindicaciones planteaban alzas de salarios, apertura de fincas y hospitales en las fincas, pago de inhabilidad, abolición del pago con fichas y cupones, ajustes de precios en los comisariatos y creación de una Federación Costarricense de Trabajadores Agrícolas. (De la Cruz, V.1986:353).

El Partido se abocó a organizar a los obreros agrícolas, luego de la huelga bananera de 1934 y  más tarde apoyó las luchas por la tierra. Desde 1933 su periódico divulgó problemas de los trabajadores del campo y las crónicas despertaron sensibilidad por la situación de los peones y campesinos pobres. “En 1935  encargó la organización campesina a Guillermo Fernández y Jaime Cerdas Mora, en apoyo a los colonos”. Crearon ligas campesinas o agrupamientos de propietarios de pocas hectáreas, con objetivos como rebajas de impuestos, crédito bancario y ayuda técnica; incluso para financiar la instalación de beneficios de café. En 1937 funcionaban ligas en Purral e Ipís de Guadalupe. También impulsó una ley para que los finqueros dieran herramientas a los peones, pues debían comprarlas o soportar las rebajas de sus salarios, si eran del patrono. El proyecto no prosperó, a pesar de la firma de 827 personas. (De la Cruz, V. 1986:349-357).

Al parecer, el trabajo de apoyo a los colonos mostró al Partido que el campesinado no era una clase particular. Con frecuencia se dividían y aislaban de sus familias, en busca de trabajo. Los pequeños propietarios sufrían inestabilidad, se arruinaban y perdían parcelas, herramientas y animales. Los más pobres emigraban a la ciudad”. (De la Cruz, V. 1986: 354). Pero la crisis de la Segunda Guerra gestó otro movimiento espontáneo de migraciones campesinas y demandas de tierras baldías. El Partido sí se involucró en este movimiento por la colonización agrícola.

En el campo de las ideas, la situación no le favorecía. La iglesia católica cultivó el anticomunismo desde la Revolución Rusa. Durante la guerra civil española contra el gobierno del Frente Popular (1936-1939), la prensa del clero divulgó noticias y fotos alusivas “al exterminio” de curas por el ejército de liberales republicanos, comunistas, socialistas y anarquistas. El 19 de marzo de 1937 Pío XI publicó la Encíclica “Divini Redemptoris” que condenó la filosofía y doctrina del marxismo. También lo combatían el liberalismo político, los seguidores del reformismo “socialcristiano” y círculos sociales expresamente anticomunistas.             

Es comprensible, por ello, la fuerza de los prejuicios al comunismo. El 23 de abril de 1937 un campesino de Carrillo, Guanacaste, enfatizó su aversión a esa doctrina política, en una carta que envió al Presidente Cortés instándolo a ejecutar una ley de 1900 para expropiar una parte de la Hacienda El Viejo: “Considero del caso agregar que quien esto escribe detesta de las ideas de exterminio comunistas, pero no por ello puede comulgar con la desigualdad social que implica el problema de los latifundios incultos de la Provincia”. (Edelman, M. 1998:202).

III. LA UNIÓN CAMPESINA DE LUCHA POR TIERRAS Y CRÉDITOS

En agosto y setiembre de 1940 un grupo de 500 campesinos de Barba de Heredia envió un memorial al Poder Ejecutivo. Solicitaron la acción del gobierno para enfrentar el desempleo y la carestía “considerando que hay miles de hectáreas de tierra sin cultivar”. El Dr. Rafael Ángel Calderón G., recién electo Presidente, respondió que enviaría a la Asamblea un proyecto de ley para repartir tierras. (Trabajo 21-9-1940: 1-4).  

La gestión de los campesinos inició un movimiento de organización. En los pliegos de peticiones indican que son afectados por la crisis del café. Los finqueros rebajan los salarios y despiden a los jornaleros a consecuencia del cierre del mercado europeo. Los peones y campesinos más pobres emigran a la zona bananera del Pacífico Sur, ocupan tierras baldías o predios sin cultivar por los grandes propietarios.

Al mes siguiente, campesinos de San Rafael de Heredia apoyaron las peticiones y a ellos se sumaron agricultores de Santo Domingo. En Santa Bárbara, en una reunión de 300 trabajadores se discutió la disponibilidad de tierras al norte de la provincia y enviaron otra petición al gobierno. El Presidente ofreció incluir la zona de Sarapiquí en el proyecto de ley agraria. Un requerimiento similar le mandó otro grupo de campesinos de San Juan de Tibás, en San José.  (Trabajo 12-10-1940: 2; 11-1940:2).

Estas acciones culminaron en una Asamblea Provincial de Campesinos que se celebró el 3 de octubre con presencia de 5 delegaciones de Heredia, 5 de Cartago, 5 de San José y 1 de Alajuela. Se acordó crear la Unión Campesina de Lucha por Tierras y Créditos y manifestarse ante “la aguda miseria que comparten los campesinos a consecuencia de la pérdida de parte de los mercados cafetaleros provocada por la guerra”. (2-11-1940:1-4).

Otra reunión que fue convocada por el Partido Comunista discutió las bases de la organización y las tareas implícitas en los pliegos de demandas. Asistieron 41 delegados: 12 de Cartago, 3 de Tres Ríos, 6 de San José, 6 de Alajuela y 14 de Heredia. Se decidió enviar al Presidente unas objeciones al proyecto de colonización. Organizar comités provinciales. Crear la Conferencia Nacional de Trabajadores Agrícolas. Promover manifiestos de campesinos. (2-11-1940:1-4)

En esa asamblea se estableció una línea de acción conjunta “tal como lo han hecho los cafetaleros a quienes el gobierno ya ha oído”. Tomaron en cuenta los memoriales firmados por  un millar de campesinos y enviaron las críticas al proyecto del Ejecutivo: 1) Se asigna un presupuesto escaso y no se señala las fuentes de crédito a bajo interés. Proponen aumentarlo de 5 a 10 millones y financiarlo en los bancos. 2) Sugieren nacionalizar las tierras incultas cuando los dueños posean más de 500 hectáreas. 3) Proponen que el gobierno asuma los pagos de honorarios de los denuncios. 4) Hacer un plan nacional de  colonización. (Trabajo 9-11-1940:5).     

Ocho días después se nombró el Consejo Nacional de la UCLTC. Se acordó financiarse con  cuotas no obligatorias y constituir Comités Regionales. (Trabajo 16-11-1940: 1-2). Entre noviembre y diciembre se crearon  comités en Turrialba -integrado por 500 campesinos- Orotina, Poró de Grecia, Sarchí y Liberia (Trabajo 30-11-1940:1; 7-12-1940: 2 y 21-12-1940: 1). A principios de 1941 se organizaron 121 campesinos de Goicoechea; otros en la Legua de Río Cuarto de Grecia, Tucurrique, Turrialba y Limón.  En San Gabriel de Aserrí, Salitral y Bajos del Jorco,  los campesinos acordaron, pedir que San Isidro de El General se incluyera como zona de reparto de tierras.

En febrero de 1941, en la reunión constitutiva de la Unión Campesina de Grecia, aprobaron las  siguientes consideraciones. “Existen las condiciones objetivas y subjetivas para formar un gran movimiento de masas en el campo que sea capaz de lograr una reforma agraria. Entre ellas: a) el absurdo de la reducida producción agrícola…b) el tener que importar artículos de primera necesidad…c) la deformación de la agricultura por el monocultivo…d) la guerra como causa de la creciente pauperización… f) el hecho de que el 90% de las tierras cultivables son terrenos ociosos… g) la total parálisis de la United Fruit Co. en el Atlántico y el Pacífico, provocando el éxodo campesino… i) Incorporar a los campesinos a la lucha por la tierra y ganar aliados en las ciudades, en el movimiento obrero y la pequeña burguesía”. (Trabajo 15-2-1941: 1-2).

Al mes siguiente el Concejo acordó “organizar una expedición a la región norte de Heredia para localizar tierras denunciables” con el objetivo de formar una colonia agrícola. Los acompañó el Ing. Enrique Góngora. En el informe al Poder Ejecutivo indican que La Unión es una de las primeras organizaciones campesinas del país. Estiman que la Guerra apenas comienza y las consecuencias se agravarán cuando Estados Unidos entre al conflicto. Proponen que el gobierno aumente la producción dotando tierras, construyendo caminos, abriendo créditos a bajo interés y por medio de la reforma agraria. Transcriben las propuestas que aprobó la Conferencia Nacional del 3 de octubre de 1940:

“1) Promulgar una ley que asegure derechos de propiedad a los llamados parásitos, dándoles escrituras e indemnizando a los dueños previa investigación del origen de la propiedad. 

2) Establecer un plan de créditos a bajo tipo de interés para la pequeña agricultura y modificar la Ley del Banco Nacional de modo que garantice las cosechas, más que la propiedad.

3) Modificar el Art. 29 de la Ley de Baldíos que obliga a los denunciantes a pagar honorarios para medir y levantar planos; razón por la cual los campesinos no completan el trámite de denuncios. Tales gastos los debe pagar el Estado o contratar esos servicios.

4) Enviar a la Asamblea un proyecto de ley de Colonización Agrícola para reformar la propuesta que existe, incluyendo: a) financiamiento por medio de las reservas bancarias y los depósitos del BNCR; b) regionalización de la colonización en tres áreas: Sarapiquí-Santa Clara-Heredia; San Carlos- Río Cuarto en Alajuela; Valle de El General y Cartago. Comenzar el reparto de tierras en cualquiera de las zonas.   

5) Destinar 3.000 Has para formar colonias en cada zona, con parcelas de 40 has por familias y trabajar en cooperativas dotándolas de vivienda y asistencia médica mínima.     

6) Crear una Junta de Colonización con técnicos agrarios, como organismo autónomo del Estado y con presupuesto propio para independizarla de los partidos políticos.  

7) Usar las reservas de tierras del BNCR,  de los baldíos, de las leguas municipales y las áreas no cultivadas por latifundistas o acaparadas por títulos de propiedad dudosos o falsos, los cuales deben expropiarse con indemnización. (Trabajo 8-2-1941:1-2).

Concluyen brindando apoyo a los colonos de San Joaquín para que adquieran derechos sobre parcelas denunciadas. Solicitan que se cree una colonia en las tierras aún libres de la Legua de Santo Domingo, o las que sean baldías o mal habidas. Solicitan que se construya un camino público en San Joaquín, tal como lo ofreció el Presidente Cortés Castro. (Trabajo 2-3-1941:1-4 y 19-4-1941:1-4).

Poco después, el regidor comunista Arnoldo Ferreto presentó mocionó en el Consejo Municipal de Heredia para ofrecer al Poder Ejecutivo las tierras de la legua, formar una colonia agrícola, e instar a la Municipalidad de Alajuela a pronunciarse en el mismo sentido sobre las tierras de la legua de San Carlos. (Trabajo 10-5-1941: 1). 

El 19 de mayo el Presidente Calderón recibió al Consejo Nacional y el plan de peticiones del 12 de mayo de 1941. Informó el envió de un proyecto de ley que daría derecho de propiedad a los poseedores en precario. Consideró viable disponer de las reservas de tierras del BNCR para aplicarlas a la agricultura y se comprometió a enviar el proyecto de ley respectivo. (Trabajo 17-5-1941: 1). 

La Unión Nacional Campesina organizó mítines y divulgó el pliego de demandas, convertido en plataforma de lucha. Hubo reuniones en Turrialba, Santa Bárbara de Heredia, San Juan de Tibás, Rosario de Desamparados, Río Segundo de Alajuela y San Ramón. En este cantón, uno 400 campesinos el Consejo local.

En Heredia, el Consejo Campesino pidió al Presidente que enviara al Congreso un proyecto  presentado el año anterior por el diputado Mora Valverde a solicitud de la Unión de Grecia, para ampliar la cobertura de la Ley de Accidentes de Trabajo y proteger a los trabajadores del campo (Trabajo 5-7-41:3). En 1941 presentaron a la Asamblea otro proyecto para que el gobierno asumiera los costos de levantado topográfico. (Trabajo 26-7-41:4). En Limón, la Unión Campesina envió carta al mandatario solicitando financiamiento y un proyecto de ley para repartir las tierras de la legua municipal de Matina, en lugar de subastarlas. (Trabajo 10-1-1942:2). 

Las expediciones para localizar baldíos continuaron en 1942, esta vez a las montañas de Dota, al sur de San José. En Turrialba, recorrieron la finca Pavones, propiedad de la firma Niehaus y Co. y pidieron al Ejecutivo que expropiara el área no cultivada y la otorgara en parcelas. (Trabajo 21-3-42:2). En mayo, el Consejo Nacional preparó otros dos proyectos: uno para traspasar al Estado las tierras incultas mayores de 100 hectáreas. El segundo para adjudicar el derecho de propiedad a los poseedores de parcelas adquiridas de hecho. (Trabajo 16-5- 1942: 2).

En Santa Teresita de Peralta, Cartago, 30 peones de la finca del BNCR solicitaron que les   eliminaran el esquilme y convertir la hacienda en una colonia agrícola. (Trabajo 1-8- 1942: 2). La Unión Campesina de Alajuela retomó la idea. Pidió al Ejecutivo una ley “para que no sea facultad del dueño de la tierra el cobro del esquilme y se fije en 1/5 de la cosecha y no el 50%”. (Trabajo 17-10- 1942: 1).

En concierto con esas movilizaciones y gestiones, el Comité Central del PC abrió una oficina para  tramitar denuncios y encargó la asesoría legal a Manuel Mora y Jaime Cerdas. Se consideró que “La Unión Nacional Campesina tiene un programa agrario que recoge la tesis del partido respecto a que en Costa Rica cabe en este momento la creación de la pequeña propiedad e impulsar su explotación en cooperativas”. La oficina se abrió el 19 de marzo y hasta el 4 de noviembre tramitó 46 inscripciones de denuncios. (Trabajo 21-11-42:2).

IV. LA LEY DE OCUPANTES EN PRECARIO

En el gobierno de León Cortés (1936-40) se emitió la Ley de Terrenos Baldíos, No.13 del 10 de enero de 1939. La norma definió los terrenos baldíos, exigió posesión legal, permitió adjudicar  denuncios de hasta 30 hectáreas con la condición de trazar carriles, cultivar el 30% y se prohibió  enajenarlas durante diez años.  www.pgr.go.cr/scij//nrm_texto_completo.asp?param2

El 14 de julio de 1941, la Ley de Informaciones Posesorias reguló el procedimiento para inscribir  los terrenos no registrados en posesión de hecho durante 10 años. La  ley evidenció que muy pocos colonizadores procedían a titular las tierras conforme al Código Fiscal de 1885, las leyes de Cabezas de Familia y de Baldíos. Además, que las prohibiciones de vender los derechos de posesión eran inaplicadas, había especulación y concentración de tierra.  www.iij.ucr.ac.cr/download/file/fid/170

El principal logro de las luchas de las Uniones Campesinas, fue la promulgación de la Ley No. 88 del 14 de julio de 1942, conocida como “Ley de Ocupantes en Precario”. El Dr. Calderón Guardia expresó: “….Otro de los proyectos de mi gobierno se dirige a una liberación económica de aquellos campesinos que, por su laboriosidad, merezcan el estímulo del Estado mediante donaciones de tierras que les permitan convertirse en pequeños productores y propietarios… Me ha preocupado la situación de los mal llamados "parásitos" que cultivan la tierra sin preguntar de quién es, porque ellos viven la ley de la montaña, la ley de la naturaleza que sólo se rinde al que lucha contra ella y la vence…” (Calderón G., R. 1942: 276).  

Esa Ley reconoce y legitima la posesión de tierra en precario en terrenos privados y del Estado. Establece un procedimiento de indemnización para legalizar la propiedad que consiste en que “se podrá promover arreglo con el dueño a fin de que las tierras ocupadas le sean cambiadas por baldíos nacionales”. La cantidad de terreno que le corresponde la establece un Juzgado con aval técnico y la aprobación de la Secretaría de Fomento.

El juzgado protocoliza las tierras de los ocupantes, previa inscripción en el Registro. Los campesinos que ocuparan tierras con anterioridad, tendrán derecho a que se les adjudiquen. Contra ellos no proceden acciones de desahucio, restitución, ni reivindicación. Será rechazada toda denuncia por usurpación o daños en terrenos sin deslindar. Si la denuncia fuere admitida, no habrá detención, ni prisión preventiva, mientras no se demuestre que el ocupante invadió la propiedad ajena…Si esa intención no apareciere manifiesta por ignorancia del ocupante, se sobreseerá en la causa. http://www.pgr.go.cr/scij//TextoCompleto.Norma=37473&n

Al año siguiente la Oficina de Colonización de Tierras de la Secretaría de Fomento informó haber tramitado 1.466 solicitudes distribuidas así: 276 en San José, 450 en Limón, 334 en Cartago, 66 en Alajuela, 60 en Guanacaste, 10 en Puntarenas y 270 en Turrialba. En Limón y Cartago muchas fincas eran abandonadas y los precaristas las trabajaron, convirtiéndose en “parásitos”… El Estado ha comprado 1.939 Has y necesita unas 20.000 para atender solicitudes, a un promedio de 10 Has por persona.

Mandaron solicitudes de tierras o de derechos de posesión, campesinos de las fincas Germania, Guácimo, Cairo, Parismina, Herediana en Linea Vieja; Beverley, Penshurts, Westfalia en Limón; Bajos de Humo, Peralta y Pascua, en Cartago; Puerto Cortés, Parrita y San Juan de León en Puntarenas; Pital, Florencia, Villa Quesada y Venecia en San Carlos, y otros lugares de Heredia y San José. Todas ocupadas por “parásitos”.  

En el Pacífico y el Valle Central había 1.590 precaristas en 3.796 Has. En la Finca Pabellones de Escazú un solo “parásito” tiene 30 hectáreas. En fincas del Estado de esas zonas había 2.232 has y 55 colonos que cultivan el 64% en promedio de 47 hectáreas. En Higuito de San Mateo, una finca no reunía condiciones para colonia, igual que otra en Pavones.

Dos fincas particulares, en San Carlos, tenía 324 “parásitos” en un 600 Has. En la región se formó la Colonia Agrícola Toro Amarillo, al norte del Volcán Poás, dividida en 97 lotes. En San Miguel de Sarapiquí funcionaba la Colonia Carvajal, dividida en 140 lotes. De las 1.580 Has de extensión de las 79 parcelas, solo se trabajaban 139,25 y el 5,26 % tenían cultivos. Ahí entregaron 80 escrituras sin cumplir con los requisitos de la ley que creó la Colonia.  

En síntesis, en 1943 el gobierno registró 1.970 precaristas y 144 colonos. Los primeros ocupaban 4.426 hectáreas en fincas de particulares y 3.812 del Estatal, sin incluir la colonia Toro Amarillo. http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_43-colonizacion-tierras.pdf

Después de la Guerra Civil, la Junta de Gobierno recibió el siguiente informe. “Hoy tenemos gran cantidad de leyes sobre distribución de tierras: la Ley sobre Terrenos Baldíos, la Ley de Informaciones Posesorias, la Ley de Ocupantes en Precario, la Ley de Esquilme y leyes sobre compra de fincas por el Estado. Según la oficina de colonización, más o menos desde 1909 el Estado adquirió 199 fincas con 190.000 Has para resolver problemas de tierras, en propiedad de  de unos 4.000 ocupantes. Con la Ley de Ocupantes en Precario, el Estado recibió 47.800 Has. y hay 9 fincas más, tomadas por precaristas. http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_49-III-agrario.pd  

Veinte años después se promulgó la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 del 14 de octubre de 1961 y al año siguiente se creó el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO). Eran los tiempos de la Revolución Cubana.    

V. CONCLUSIONES

En Costa Rica, la estructura de tenencia de la tierra con base en el latifundio y la mediana propiedad se gestó como herencia colonial, la formación de la hacienda cafetalera, la inversión imperialista y la apropiación de baldíos. Esa estructura la dinamizaron los ciclos de producción para la exportación y el mercado local, expuestos a los cambios en el capitalismo mundial, la competencia y las protecciones del Estado liberal. Prevaleció una distribución desigual de la tierra que, ligada a la mayor población y su asentamiento en el Valle Central, generó migraciones al interior del país y distintas modalidades de colonización. El fenómeno reforzó la propiedad privada individual y reprodujo las relaciones capitalistas de producción.

Las luchas sociales gestaron desde fines del XIX ideas, organizaciones y disensos políticos. A partir de 1931 el Partido Comunista avizoró y luchó por transformar el modo de producción capitalista, influido por la revolución rusa, sus afanes de internacionalismo proletario y sus controversiales zigzagueos ideológicos y alianzas políticas. Los vaivenes de la coyuntura económica y política mundial entre 1920 y 1948 forjaron los dilemas políticos que, en el campo agrario, los comunistas costarricenses resolvieron en perspectiva del capitalismo y, por ello, sin posibilidades de forjar alianzas revolucionarias con el movimiento obrero y la burguesía ligada al mercado interno.           

VI. BIBLIOGRAFÍA CITADA

Abarca, V. Carlos http://www.monografias.com/trabajos62/costa-rica-reformas-sociales/2.shtml#ixzz2GuV8yRMv

Acuña, V. e Iván Molina. Historia económica y social de Costa rica. 1750-1950. Editorial Porvenir. San José.  1991. P.214

Calderón Guardia, Rafael Ángel. “El gobernante y el hombre frente al problema social”. (1942) En: Demetrio Tinoco Luis. El Pensamiento Socialcristiano. Biblioteca Patria. No. 18. ECR. San José 1980. Pp. 265-277.  

Castro Sánchez, Silvia. “Estado, privatización de las tierras y conflictos agrarios”. En: Revista Historia Nos. 21-22. EUNA-EUCR. San José 1990. Pp. 207-230.  

De la Cruz, Vladimir. Las luchas sociales en Costa Rica 1870-1930. ECR-EUCR. Segunda edición. San José. 1981. P. 304.    

“Notas para la historia del movimiento campesino en Costa Rica”. En: Las instituciones costarricenses del siglo XX. ECR. San José, 1986. Pp. 321-376.

 1986: 319-328;

Edelman, Marc. La Lógica del Latifundio. EUCR-SUP. 1998. P. 516.

Gómez, Alejandro. Rómulo Betancourt y el Partido Comunista de Costa Rica. ECR. San José. 244

Gudmundson, Lowell. Hacendados, políticos y precaristas. 1800-1950. ECR San José. 1983. P. 250.  

Kersffeld, Daniel. La Liga Antiimperialista. Una escuela de cuadros para el Partido Comunista de Costa Rica. En: http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no22/ind22.html

Ley de “Parásitos”. En: http://www.pgr.go.cr/scij//TextoCompleto.Norma=37473&n

MAG. En: http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_43-colonizacion-tierras.pdf

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_49-III-agrario.pd

Naranjo G., Carlos. www.historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/ensagra-na.htm

Salazar Mora, Jorge M. Política y Reforma en Costa Rica. Editorial Porvenir. 1981. P. 253

Trabajo 1939-1945

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Por Carlos A. Abarca Vásquez

I. INTRODUCCIÓN

En 1939 el dirigente obrero Rodolfo Guzmán esbozó tres períodos del movimiento sindical. Primero, el desplazamiento de los dirigentes ligados con el reformismo y  surgimiento de los cuadros comunistas. Segundo, el cambio de criterio y orientación de las clases gobernantes sobre las causas de la combatividad de la clase obrera; los comienzos de la legislación social y el crecimiento de los sindicatos en la sociedad. Tercero, el sindicalismo comienza a adquirir un papel activo en la vida nacional, ligado al desarrollo de la economía y la política. El cuarto momento debía culminar en la creación de una confederación obrera. (Trabajo 13-5-1939: 5-6).

Esta construcción exalta la ideología de los dirigentes y obreros sindicalizados, el cambio de actitud en   los gobernantes acerca del conflicto obrero patronal en tanto dato objetivo de las relaciones sociales y en consecuencia, sus apelaciones al Derecho, a  medidas de control social y a la búsqueda de consenso ciudadano. Por último, la relación entre sindicalismo, desarrollo económico y las formas de ejercer el poder. Según esta percepción para comprender el significado social e histórico del sindicalismo no basta con conocer sus fines, objetivos, funciones y estructura. Es necesario, además, insertarlo en la dinámica de los conflictos sociales, la dominación ideológica y el ejercicio democrático burgués del poder estatal.  

El dirigente del Sindicato Nacional de Zapateros no hace cronología del movimiento. Los estudios del historiador Vladimir de la Cruz, permiten afirmar que la primera fase coincide con el decenio 1913-1923, años de actividad de la Confederación General de Trabajadores y su disolución para fundar el Partido Reformista que lideró el exsacerdote Jorge Volio. 

El segundo período se ubica entre 1923 y 1933. El 9 de abril de 1923 varios sindicatos y un sector de la CGT que no siguieron al Partido Reformista, se agruparon en una Federación Obrera, editaron el boletín La Lucha e impulsaron una nueva Confederación Obrera. Entre 1927 y 1928 los trabajadores asalariados declararon varias huelgas, nacieron 15 sindicatos y hubo 10 conflictos de tierras. (De la Cruz, 1981:222). Al año siguiente el capitalismo entró en una profunda depresión y en esa coyuntura se formó otro frente sindical: La Unión General de Trabajadores. Entre 1931 y 1933 esta agrupación se sumó a la CGT y a la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros -creada en 1919- y le dieron forma y contenido al proceso de sindicalización que surgió como respuesta a los abusos de los patronos, el  desempleo, la contracción salarial, el alza en el costo de vida y la devaluación monetaria, derivadas de la crisis económica.

El tercer período remite a los años 1934-1943 y se puede ampliar como objeto de observación y análisis hasta la Guerra civil del 48 para incluir la fundación, auge y disolución de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, CTCR, con los siguientes objetivos.     

1) Relacionar la protesta laboral y otros conflictos entre trabajadores y patronos, con la continuidad de las luchas sindicales y el crecimiento de este tipo de organizaciones de obreros ligados con el Partido Comunista entre 1934 y 1943.

2) Comprender la constitución y el funcionamiento de la CTCR en el contexto de las alianzas políticas ante la crisis del Estado liberal que culminó en la reforma constitucional y la adopción de un Estado de derechos y garantías sociales.

3) Conocer acontecimientos de la historia del movimiento obrero internacional y de la historia del Partido Comunista que influyeron en el nacimiento y los primeros años de actividad de la CTCR, hasta la Guerra Civil de 1948.

II.   CONTEXTO PRODUCTIVO Y ORGANIZACIÓN SINDICAL

Entre 1890 y 1940 la economía nacional quedó delimitada en los cultivos de exportación localizados en el Valle Central, el Atlántico, Guanacaste y el Pacífico Sur. Los trabajadores, empresarios y comerciantes de café dinamizaron las estadísticas del crecimiento, pues el enclave bananero casi no favoreció la acumulación interna de capital, ni la distribución de riqueza. Ambos cultivos resintieron la contracción de la producción, comercio e inversiones a raíz de la Primera Guerra Mundial y la depresión de 1929-1933.       

Esa coyuntura afectó en menor grado la producción de cacao; no así al ciclo agrícola e industrial del azúcar y destilación de licores. La producción de fibras y caucho se activó con las guerras mundiales. La ganadería transitó del engorde, a la empresa de cría y pasteurización de leche y el comercio de grasas y cueros. La explotación de  bosques y canteras fluviales complementó la extracción e industria maderera y de construcción urbana. La crisis del 29 paralizó la minería de plata y oro. Desde 1936 una amplia red de caminos lastrados y una faja más angosta de carreteras asfaltadas transitadas por unos pocos camiones y vehículos, delinearon la ruta del comercio y consumo de importaciones, provenientes ahora del mercado norteamericano.

Casi todo el territorio era área de bosques, montañas o baldíos denunciados como propiedad privada, pero aún sin cultivar. La población, con tasas ascendentes, siguió  arraigada al Valle Central. En 1896 culminó una fase de regalías de tierras ganaderas, bananeras, auríferas y forestales que consolidaron la tenencia latifundista. Entre 1909 y 1934 la presión sobre las tierras cafetaleras y las crisis alimentarias justificaron el reparto de tierras a las municipalidades y las leyes de cabezas de familia. Pero en 1939 se reglamentó la apropiación de baldíos y al calor de la Segunda Guerra se generó una ola de migraciones de campesinos al interior del país que hizo aflorar la ocupación ilegal de parcelas y fundos bajo la forma de tenencia precarista de la tierra. El proceso gestó la Unión Campesina de Lucha por Tierras y Créditos, creada en 1942 y al año siguiente “la Ley de Parásitos” para legalizar las ocupaciones de hecho.

A comienzos del siglo XX se acentuó la transición de la artesanía a la manufactura. También el paso de la vida aldeana al ajetreo y “la aglomeración” citadina. En 1907 operaban 46 empresas que requerían 744 obreros productores de bienes de consumo no duradero, alimentos y artículos de uso doméstico. En 1927 la población censal ocupada era 150.000. El sector absorbía el 14% de la ocupación y los asalariados representaron del 40% al 72% entre 1927 y 1950. La ley de protección industrial de 1940 exoneró de impuestos la importación de materias primas y bienes de capital. Ese año había 1112 industrias, el 43% para producir alimentos y bebidas. En 1943 se fundó la Cámara de Industrias con 370 empresarios afiliados y el ramo ocupó el 8.5% del PIB entre 1946 y 1950.                  

Las inversiones del Estado priorizaron la enseñanza primaria, saneamiento de ciudades, organización del espacio urbano, regulación policial del orden público y más atención a las demandas de pobladores del Valle Central que a las necesidades de los habitantes del campo. Los puntos de fricción entre el interés público y los afanes de lucro privado tuvieron matices álgidos en los campos de la explotación hidráulica, dominio de las aguas, contratos eléctricos, los convenios bananeros en el Pacífico, transporte ferroviario y explotación minera. Desde 1928 la Liga Cívica Juan Rafael Mora izó otra bandera de soberanía y dignidad nacional con la noción de  antiimperialismo. (Abarca et al. 2009: 107-121).

En ese entramado, el legado histórico de disidencia política y lucha social recreó la tesitura del movimiento obrero y popular. Entre 1934 y 1947 los obreros de empresas  manufacturas y agrícolas y trabajadores del Estado realizaron 72 huelgas, el 69.4% hasta 1943. En 1934 se presentó la mayor densidad de conflictos debido a las huelgas de los zapateros. Diez protestas ocurrieron en la agricultura del café, caña, banano y la minería; ocho en transporte y servicios del Estado; 2 en el comercio de carnes y 50 en talleres y empresas de manufacturas. De éstas 34 ocurrieron en zapaterías, 6 en panaderías, 4 en tipografías  y 2 en fábricas textiles. Las restantes en labores como ebanistería, electricidad, marineros, metalúrgicos, cremación, bebidas y alimentos, y en San José hubo una huelga comunal de no pago de tarifas de agua  El 1 de mayo de 1937 varias organizaciones firmaron un pliego de 22 demandas sobre las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores que fue presentado a la Asamblea Legislativa. (Trabajo. Varios números. 1934-1947)

Esas protestas no siempre fueron propiciadas y dirigidas, previa organización sindical. Conjugaron diversas experiencias de lucha comandadas por asociaciones, uniones y coaliciones de trabajadores; aunque en 1930 existía un número respetable de sindicatos, tres federaciones y una confederación. De manera que el impacto de la crisis económica en los salarios, ocupación, escasez y alza en el costo de la vida no cayó en un ambiente social de pasividad, ni de incapacidad de los trabajadores para responder a las condiciones de explotación, agravadas por la depresión económica y la  crisis de la Segunda Guerra Mundial.   

Asimismo, la conciencia de clase y de identidad social de los asalariados obreros, artesanos y empleados, contrapuesta a la situación de los patronos y de las clases adineradas, se cultivaba con intensidad desde 1890. Periódicos liberales, anarquistas, católicos, hojas y boletines gremiales y sindicales, bibliotecas privadas y públicas, textos de Derecho y literatura para la enseñanza en los liceos retroalimentaban nuevas visiones de sociedad. Se divulgaba sin mucha censura las proposiciones generales de las doctrinas de la Iglesia Católica, el anarquismo, el socialismo, el reformismo liberal y el comunismo; éste último en las experiencias de los partidos de Europa, México, Centroamérica y  América Latina. Ante todo, acerca del antiimperialismo; en la versión de repudio a las invasiones de las tropas norteamericanas y su apoyo a sangrientas dictaduras o contra las inversiones en ferrocarriles, electricidad, muelles, minería y plantaciones, las cuales constreñían el mercado interno.  

Hasta 1943 la constitución de organizaciones sociales y laborales tenía sustento en el Código Civil.  Pero los sindicatos defendían el salario mínimo, las condiciones de trabajo, el respeto a la dignidad y buen trato en el empleo, la resistencia a la cesantía forzosa, y la libertad de asociación y de crítica a la dominación ideológica y al régimen político. El movimiento irrumpió ascendente desde 1920 y recibió influencia ideológica marxista desde instancias como el Grupo Germinal, la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, el Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales, creado en 1929, la Liga Cívica “Juan Rafael Mora”, las lecciones de la Universidad Popular y la agitación del Partido Comunista, fundado el 6 de junio de 1931. La organización sindical que realizaban sus militantes y dirigentes la divulgó el semanario Trabajo desde 1931 con marcado acento de beligerancia y confrontación de clases, hasta 1941.    

Según ese periódico entre 1934 y 1947 se crearon 128 organizaciones, el 69% después de 1943. Estuvieron activos 106 sindicatos, 3 uniones, 5 asociaciones, 4 federaciones, 5 secciones del Comité de Enlace Sindical y 5 secciones de la Unión Campesina de Lucha por Tierra y Crédito. De 114 organismos de base 39 sindicatos se ubican en la manufactura, 25 en agricultura, 3 en minería, 5 en plantaciones bananeras, 5 en plantas eléctricas, 10 en construcción y afines, 5 en explotación y aserrío de maderas, 7 en labores ferroviarias y transporte marítimo, 6 en comercio, 3 en oficios varios y 6 en instituciones estatales.       

La efervescencia social influyó en la percepción, actitudes y leyes específicas que emitieron los gobiernos liberales. Hasta 1943 las relaciones de trabajo se definían como contratos de servicios, según los Art. 1169 al 1174 del Código Civil. Las leyes laborales surgieron de manera dispersa entre 1900 y 1920 y algunas sugieren resabios de relaciones señoriales. Por ejemplo, la Ley No. 81 del 20 de agosto de 1902 penaba las deudas por trabajo y el patrono podía retener hasta un 1/3 del jornal; había multas y arrestos por no prestación de servicios y los días de incapacidad se pagaban con deudas. La Ley No. 61 del 12 de agosto de 1912 estableció el salario en dinero pues se usaba el sistema de vales y cupones. La Ley No. 51 del 28 de octubre de 1922 autorizó al Poder Ejecutivo para reclutar trabajadores fuera del país y previó la repatriación forzosa por razones socioculturales o políticas.   

Tales condiciones de trabajo fueron cambiando desde la constitución de la OIT en 1919. En Costa Rica, la huelga de 1920 conquistó la jornada de 8 horas en talleres, fincas y empresas según la  Ley No. 100 del 9 de diciembre; no así en el comercio, que dejó la jornada en 10 horas. La Ley No. 51 del 24 de febrero de 1924 prohibió el empleo de mujeres y niños en sitios insalubres y en el manejo de máquinas. El Art. 74 obligó al patrono a tener médicos o pagar hospital a los obreros. En 1925 el Partido Reformista logró la Ley de Accidentes de Trabajo No. 53 del 31 de enero. Pero excluyó al servicio doméstico, agricultura, ganadería, transporte y las empresas agroindustriales que contrataban menos de 5 obreros o que no usaban maquinaria.

La  creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por Ley No. 33 del 2 de julio de 1928 acentuó la mediación del Estado en materia ocupacional e higiene laboral. En 1929 la jornada de 8 horas se extendió a otros oficios. La norma No. 14 del 22 de noviembre de 1933 creó el Consejo Obrero Patronal para fijar los salarios; estableció el jornal mínimo en 1 colón y creó la Oficina Técnica de Trabajo encargada de arbitrar los conflictos laborales. En 1934 se crearon Comisiones Cantonales de Salarios, presididas por los Jefes Políticos. La Ley No. 157 del 21 de agosto de 1935 fijó en 0.25 por hora el salario en fincas de café, azúcar y tabaco, y 0.50 en labores bananeras. (Avilés, 1973: 51-69).   

En síntesis, en la década 1929-1939 se fue forjando otra realidad económica y aspiraciones subjetivas en la clase trabajadora, no sólo para desarrollar el movimiento obrero y popular, sino también para legitimar la fundación del Partido Comunista. Las funciones ideológicas, de agitación social y control político, parlamentario y municipal que desplegaron los dirigentes comunistas, estimularon las protestas reivindicativas de obreros, campesinos e intelectuales. Esta vez, en bastante sincronía con la crisis del régimen liberal incubada en el advenimiento del totalitarismo nazi, fascista y falangista, y el comienzo de La Segunda Guerra Mundial.     

III. LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COSTA RICA

La huelga general de zapateros de 1934, más que la huelga bananera de ese año, generó un proceso de organización y aglutinación de los sindicatos manufactureros y agrícolas. Entre 1935 y 1939 los sindicatos del calzado fueron el frente laboral más combativo para que los patronos aceptaran las leyes de salario mínimo, la libertad de organización, los comités de empresa y el saneamiento de talleres y fábricas. Entre julio y octubre de 1939 celebraron tres Conferencias Nacionales. Fundaron el Sindicato Nacional de Zapateros y un Comité Nacional para impulsar una Federación Obrera. Reactivaron un Comité de Enlace Sindical (CNE) creado en 1938 y convocaron al Congreso Obrero Nacional que se celebró del 1 al 4 de noviembre  de 1942. (Abarca, 2012. En http://www.monografias.com/trabajos94/)

El CES creado en abril de 1941 lo integraron Rodolfo Guzmán, Secretario General, por el SNTC; José Gutiérrez, finanzas, por los trabadores de la Harina; Miguel A. Guevara, Actas, del Sindicato de Artes Gráficas y Francisco Brizuela, Fiscal, por la Asociación de Empleados Eléctricos. El Comité se propuso unir y coordinar las luchas en el nivel nacional. Hacer efectiva la solidaridad de los sindicatos entre sí y con los actos de apoyo al gobierno o a particulares que obliguen al respaldo del movimiento obrero. Intensificar la organización sindical. Crear la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) (Trabajo 23-5-1941: 4). Entre enero y octubre de 1942 se integraron las secciones de los CES en Puntarenas, Limón, Heredia, Alajuela y Cartago. Convocaron a dos conferencias provinciales con asistencia de 63 organismos y a dos asambleas nacionales, previo el congreso que creó la Confederación, en setiembre de 1943. Los CES no desaparecieron con la fundación de la CTCR.

El Congreso sesionó en el Estadio Mendoza con delegados de 96 sindicatos y federaciones que tenían 3.000 afiliados. Vicente Lombardo Toledano (1894-1968) vino al país en noviembre de 1942 y presidio la inauguración. En otro discurso, Rodolfo Guzmán estimó el evento, “un paso hacia la unidad de la clase trabajadora” y la Confederación, “una instancia para defender la democracia con contenido económico y la política social del Dr. Calderón Guardia”. Nombraron Presidente Honorario al Dr. Calderón Guardia. Acordaron enviar un saludo a Winston Churchill, José Stalin y Teodoro Roosevelt. Dar un voto de simpatía al Arzobispo Sanabria. Pedir relaciones diplomáticas con La URSS. (Trabajo 18-9-1943: 1-2 y 9-10-1943:1-4)  

Esos acuerdos denotan la orientación ideológica, sindical y de política internacional y electoral que entonces propiciaba el Partido Comunista al cabo de siete años de adhesión a la Tercera Internacional, durante el período de Stalin. El PCCR ingresó a ese organismo en 1935 y ese año el VII Congreso de la Internacional aprobó las tesis sobre la alianza de la clase obrera con el proletariado y las clases medias no comunistas, antifascistas y democráticas, conocida como los frentes populares. La solidaridad con los republicanos en la Guerra Civil Española (1936-1938) y la primera fase de la Guerra Mundial, entre 1939 y julio de 1941, fortalecieron los objetivos antifascistas y el acercamiento entre partidos y movimientos políticos, antes divorciados por la oposición a la URSS y a la ideología comunista. Pero también propiciaron el surgimiento desde 1938, del movimiento comunista inspirado y dirigido por León Trotsky (1879-1940), el cual reivindicó la tradición revolucionaria de las Internacionales Comunistas, hasta 1935.

Después de los ataques de Hitler a la URSS y a Pearl Harbour, en la mayoría de los países occidentales, las alianzas políticas democrático-burguesas derivaron, en el plano de la lucha social y nacional, hacia la colaboración de la clase obrera con los capitalistas y la tolerancia con la política imperialista de las potencias del eje antifascismo. Los partidos comunistas acogieron con gozo los acuerdos de la Carta del Atlántico del 14 de setiembre de 1941, en la cual, Roosevelt y Churchill firmaron un acuerdo de respeto a la autodeterminación de los pueblos, libre comercio y colaboración entre las naciones con los países de menor desarrollo.

Por su parte, el PCUSA dirigido por Earl Browder (1891-1973) proclamó en 1942 el fin de la era del imperialismo y el despertar mundial de la democracia. Al año siguiente, el inicio de la Conferencia de Teherán el 28 de noviembre de 1943 formalizó la alianza de Inglaterra, La URSS y Estados Unidos para enfrentar conjuntamente al totalitarismo alemán, italiano y japonés. Producto de estas coincidencias ideológicas y de las luchas internas que despertó en Costa Rica la aprobación de las Garantías Sociales, el PC se disolvió en setiembre de 1943 y surgió el Partido Vanguardia Popular (PVP) para darle forma al Bloque de la Victoria; alianza que facilitó al Partido Republicano la Presidencia del Lic. Teodoro Picado en 1944. (Cerdas y Contreras, 1988: 44-107).

El cambio ideológico y el enfoque político de unidad nacional del PCCR, permeó a la dirigencia sindical desde octubre de 1942. En la Asamblea constitutiva del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Siquirres, representantes de las fincas bananeras San Alberto, Canadá, Esperanza, Cultivés y Las Indias aprobaron la moción de Arnoldo Ferreto, Secretario de Organización del PC y Regidor por Heredia, tendiente “a no apelar a la huelga ni a métodos que interrumpan el trabajo y la producción, dado que el cultivo de caucho y abacá es necesario para abastecer necesidades de la Segunda Guerra, en la cual se resuelve el porvenir del país” (sic). (Trabajo 3-10-1942:2). En la Conferencia Nacional de Sindicatos del 18 de octubre, 63 organizaciones acordaron renunciar a la huelga, tramitar los conflictos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, previo dictamen de la Oficina Técnica del Trabajo creada en 1936, y centralizar la dirección en el CNSE. (Trabajo 24-10-1942:2-4).

Por ello la CTCR se abocó a organizar el trabajo burocrático, ahora como requisito contemplado en el Código laboral y privilegió la conciliación laboral. En enero de 1944 informó la apertura de una oficina para cada una de las 7 secretarías. Tramitó 27 demandas individuales de trabajo y 17 colectivas, 14 denuncias a la Inspección General de Trabajo y había pendientes 36 quejas individuales, 3 colectivas y 4 en fase de Inspección. Tenía inscritos 91 sindicatos y participaba en la Comisión Mixta de Salarios y el Consejo Nacional de la Producción.  (Trabajo 22-1-1944: 1-4 y 29 1-1944:1-4) En el primer congreso realizado los días 8 y 9 de julio estaban afiliadas a la CTCR 135 organizaciones. (Trabajo 15 julio de 1944: 2-4). Otro informe del mes de octubre, indica que envió 67 comunicados a los patronos por demandas de trabajadores, tramitó 66 denuncias ante la Inspección de Trabajo y 43 arreglos extrajudiciales con empresas. En un año habían tramitado 300 denuncias contra empresas industriales, entre ellas 90 conflictos colectivos. (Trabajo 20-1-1945:11)

La euforia por las tesis de política reformadora y los métodos conciliatorios de trabajo sindical, se vivió en los años 1944-45. En febrero de 1944 el directorio de la CTCR y los secretarios de los CES acordaron “realizar una labor conjunta con la Confederación de Trabajadores “Rerum Novarum”, brazo sindical del Partido Demócrata constituido en 1943, para “garantizar de manera efectiva el derecho de organización”. (Trabajo 11-3-1944:3). En otro ángulo, el primer Consejo Nacional de la CTCR reunido el 8 y 9 de julio, acordó defender los precios del café en el mercado norteamericano por medio de la Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL, creada en 1938, y editar el boletín sindical Combate. (Trabajo 8-7-1944:2)

El 2 de octubre de 1944 el congreso constitutivo de la Federación de Trabajadores de Limón (FETRAL) acordó “cooperar con todas las fuerzas progresistas de la provincia y del país, de todas las clases sociales y de todas las razas, a fin de que se resuelvan los problemas más urgentes. Procurar un acercamiento cordial y sincero entre ésta y la UFCo para que en un ambiente conciliatorio se atiendan todos los conflictos obrero patronales e igualmente con la Northern Railway Co.” Firma, Joaquín Hernández P. Secretario General. (Trabajo 7-10-1944:1).

Ese mismo mes, el Congreso Extraordinario del PVP trazó línea al movimiento obrero. El Partido “debe procurar que los conflictos entre el capital y los trabajadores se resuelvan pacíficamente, pero en un plano de justicia para los trabajadores… Los dirigentes sindicales afiliados al Partido deben encontrar la forma de entenderse cordialmente con las compañías norteamericanas y los capitalistas nacionales… en vista de la nueva política de las potencias democráticas en Teherán… Se trata de llegar a un entendimiento… mediante el cual se mejoren las condiciones de vida de las masas y se dé garantía al capital para trabajar sin los choques violentos de clases”. (Trabajo 7-10-1944:1). En noviembre, hubo varias reformas al Código de Trabajo, aprobado en agosto de 1943, una de las cuales eliminó el derecho a la huelga a los trabajadores del transporte público, café, banano, ganadería y actividades del Estado. (Trabajo 11-11-1944:1-3).

En enero de 1945 la Federación de Trabajadores de Turrialba divulgó la actitud colaboradora de los empresarios Herzog, dueños de la Hacienda Atirro. (Trabajo 20-1-1945: 11) Ese Primero de Mayo los sindicatos desfilaron con la consigna: “Por la colaboración entre las clases y la defensa económica de la República”. El Pleno del Comité Central del PC, de febrero del mismo año, reiteró: “que se haga toda clase de esfuerzos para evitar que los conflictos entre el capital y el trabajo tengan que resolverse por la vía de la violencia”. (Trabajo 17-3-1945:3-6) El Partido tenía 2.535 militantes (Trabajo 27-1-1945:3).

A raíz de una campaña contra el sindicalismo, ese año Rodolfo Guzmán salió en defensa de la Confederación, a través de la emisora la Voz de la Víctor. “La CTCR es un hecho social más que una institución legal, cuyo origen fue el proyecto de enviar a la Asamblea Legislativa la reforma constitucional para incluir las Garantías Sociales y el Código de Trabajo”. (Trabajo 20-1-1945: 11). En esas circunstancias, los días 15 y 16 de junio de 1946, después de dos años y medio de haber sido aprobado el Código, la CTCR convocó al Congreso para elegir al Comité Nacional Ejecutivo, al cual asistieron 150 delegados. El Dr. Calderón Guardia fue nombrado de nuevo Presidente Honorario. El Comité Ejecutivo quedó integrado por 13 secretarías: 4 representantes de sindicatos zapateros, 4 del sector de construcción, 1 tipógrafo, 1 mecánico, 1 abogado y 2 estudiantes de leyes.  (Trabajo 22-6-1946:2). 

La Confederación quedó inscrita en el libro de organizaciones sindicales de la Secretaría de Trabajo en el Tomo IV, Folios 241-250 y Tomo V, Folios 6 y 7 del 20 de setiembre de  1946. En el Acta protocolar del 12 de agosto firmaron 34 delegados: 9 zapateros, 4 sastres, 2 ebanistas, 3 tipógrafos, 2 estibadores, 3 jornaleros, 1 agricultor, 2 misceláneos, 2 comerciantes, un representante de oficinistas, obreros bananeros, marineros y 2 no especificados. De ellos 15 casados, 15 solteros, 1 viudo, 1 divorciado y 2 sin especificar. La Federación de Trabajadores de San José tuvo 12 delegados, 5 las de Alajuela y Cartago, 4 por Puntarenas y 3 de Limón. El acta de 43 artículos indica las jerarquías: el Congreso Nacional, el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Se definieron las funciones de cada órgano y su dinámica interna: quórum, sesiones ordinarias y extraordinarias, criterios de votación, etc.

El Art. 30, incisos 9-10 centralizó las decisiones sobre el ejercicio del derecho a la huelga.  Estableció que las organizaciones quedaban obligadas a “informar previamente al Comité Nacional Ejecutivo de cualquier huelga parcial que se pretenda llevar a cabo” y a “no celebrar pactos o convenios con otras organizaciones no confederadas o de otra índole, sin la aprobación del Comité Ejecutivo”. El Art. 31 establece como derecho de los afiliados, “solicitar y obtener intervención del CNES en los conflictos que se presenten entre los gremios o de tipo obrero patronal”. Se estableció la cuota de 2% del dinero efectivo disponible por la organización al momento de ingresar a la confederación; 20% de la cuota ordinaria del sindicato o federación y el 40% de los ingresos, en el caso de sindicatos no federados.

La Confederación convocó al Primer Consejo Nacional para los días 22 y 23 de abril de 1944. Editó el segundo número del boletín Combate e inauguró los planes de estudio del programa de Universidad Popular; cursos que impartían Carlos Luis Fallas, Enrique Benavides y Carlos Luis Sáenz. (Trabajo 11-3-1844:3) La escuela universitaria comenzó lecciones el 16 de julio con 125 estudiantes. Simultáneamente la CTCR inició una campaña económica para financiar una imprenta. (Trabajo 8-7-1944:2)

La Segunda Guerra Mundial entró en fase final en mayo de 1945. Entre abril y mayo de 1946 los jefes de Estado de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la URSS reunidos en la Conferencia de París, definieron el futuro mapa político de Europa de la postguerra. La alianza antifascista de las potencias quedó sin efecto desde la Conferencia de Yalta de febrero de 1945 y al año siguiente, Inglaterra y Estados Unidos firmaron la alianza preventiva contra la presencia del Ejército Rojo en Europa. Con ello se inició “la Guerra Fría”.   

En ese contexto la CTCR participó en el Congreso de la CTAL que se realizó en Costa Rica en noviembre de 1946. Se discutió la nueva coyuntura de confrontación y división sindical entre la Federación Americana del Trabajo (AFL) y la CTAL, ahora censurada por sus nexos con los partidos comunistas y con la URSS. Se analizó el Plan militar del Presidente Trumann sobre América Latina que originó el TIAR, y el Plan Clyton relacionado con la protección a los monopolios norteamericanos en un sistema de libre comercio internacional. (Trabajo 16-11-1946:1)

En concordancia, los dirigentes sindicales redefinieron el alcance del imperialismo. “Se puede afirmar que la causa de la emancipación económica de nuestros pueblos, de su desarrollo industrial, de la solución de su problema agrario, de su educación y de su cultura, desde México hasta Argentina y Chile, está indisolublemente ligada a la lucha contra el imperialismo y las fuerzas internas divisionistas en el seno del movimiento obrero que conducen a desarmar las luchas de la clase obrera y del campesinado”. (Trabajo 16-11-1946:1)

Seis meses después, la CTCR celebró el Sexto Consejo Nacional y aprobó resoluciones para reformar el Código de Trabajo en beneficio de los trabajadores del campo; acerca de la deducción de la cuota sindical y de tipo disciplinario. La  oficina legal informó que, del 18 al 26 de junio tramitó 76 demandas por cesantía contra la Secretaría de Fomento y 11 arreglos por la misma causa. Acordó convocar al Tercer Congreso, pospuesto hasta finales de setiembre “ante la gravedad de la situación política” creada  por la huelga de brazos caídos que organizó el Partido Social Demócrata. (Trabajo 28-6-1947:1-6). El Congreso se realizó a finales de setiembre, con asistencia de 150 delegados. Analizó un nuevo arancel de aduanas para proteger la manufactura “amenazada por el Plan Clyton”; acordó convocar al Primer Congreso Nacional de los obreros del Calzado y enviar a Rodolfo Guzmán al Congreso de la CTAL, en Santiago de Chile. (Trabajo 20-9-1947:2) 

Por su parte, en el pleno ampliado del Comité Político del PVP que se reunió el 13 y 14 de de julio de 1947 irrumpió la autocrítica a las desviaciones del período 1939-1945. Consideró la debilidad frente a las medidas del gobierno de Picado y la necesidad de “vigorizar la acción de masas”. Valoró un error “no realizar movimientos de masa frente a las compañías imperialistas”. Rechazó la tolerancia frente “a los ataques furiosos de las facciones burguesas reaccionarias”. Reconoció haber descuidado las diferencias ideológicas con el Partido Republicano y la iglesia católica en las luchas para aprobar las garantías sociales. Estimó que la “colaboración entre las clases fue una tesis política falsa en su forma y fondo… y como consecuencia, se limitó el derecho de huelga por una reforma al Código de Trabajo y se dejó desprotegidos a los recolectores de café”.

Con relación a la CTCR, el pleno criticó los convenios con la UFCO, empresas ferroviarias y compañías eléctricas. Consideró que se “abandonó la acción combativa para encharcarse  en una política saturada de burocratismo y legalismo, por lo cual los sindicatos devinieron en simples agencias de reclamos de prestaciones y pospusieron la lucha por alzas de salarios en la agricultura de la caña y el café. (Trabajo 20-7-1946:1-2; 2-4-1947:3; 21-7-1947:3)

Mientras tanto, José Figueres Ferrer negociaba en Guatemala la adquisición de armas y el ingreso de mercenarios para expulsar el comunismo entronizado en el gobierno de Picado. En Cartago, Mario Echandi organizaba la huelga de brazos caídos y, el PVP por su parte, movilizó la Columna Liniera en un recorrido de 200 km. a pie desde el Pacífico Sur bananero, a la capital. Sus objetivos eran  apoyar al gobierno, neutralizar la ofensiva golpista del Partido Socialdemócrata, presionar por la reducción en el precio de los alquileres, carne y azúcar, y por un alza general de salarios. Ese mismo día, la CCTRN organizó otra manifestación de empleados ferroviarios y trabajadores del Estado en actitud contestaría a la CTCR. (Trabajo 27-9-1947:7)   

Seis meses después, estalló la Guerra Civil. La confrontación militar trajo la derrota del PVP y del sindicalismo de la CTCR. En julio de 1950 terminó el juicio que promovió el Pbro. Benjamín Núñez para disolver la Confederación con base en el decreto No 105 de la Junta de Gobierno. El acta legal disolvió 101 organizaciones obreras: 7 federaciones provinciales y regionales, 8 sindicatos del sector estatal, 49 de agricultura y afines y 44 de las ramas minería, comercio y manufactura. Sindicatos por provincias: 8 de San José, 10 de Heredia, 14 de Cartago, 4 de Turrialba, 19 de Alajuela, 21 de Puntarenas, 20 de Limón y 2 de Guanacaste. (Archivo Judicial, 1949. R467, A416, E186, S5. Folios Nos. 20560, 20561, 21228,17403, 17405 y 26422.). La CTCR había sido destruida de hecho desde abril de 1948. 

IV. CONCLUSIONES

La fundación de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica en 1943 no es un acontecimiento aislado del pasado del movimiento obrero. Culmina el legado histórico de los artesanos y obreros que desde 1875 irrumpen en las luchas sociales del país. Se sitúa en relación de continuidad con las jornadas rebeldes de los sectores medios y de los combatientes que derrocaron la dictadura de Tinoco, en 1919. Hereda la lucha por la jornada de 8 horas conquistada en 1920 y la negociación política que hizo posible, entre otras, la ley de accidentes de trabajo de 1925.

La CTCR sintetiza un renacimiento del movimiento sindical impulsado desde 1934 por los sindicatos que, bajo el Código Civil, reivindicaron jornadas y salarios justos, identidad como clase trabajadora, dignidad como personas y ciudadanos. No obstante, las luchas y experiencias de los sindicatos y federaciones confederados en 1943, quedaron inmersas en la coyuntura histórica que, entre 1939 y 1945, influyó negativamente en la autonomía sindical frente al Partido Comunista y privilegió la conciliación laboral y la reforma política en aras del cambio jurídico e institucional que configuró el Estado Social de Derecho.

Pero, además, la Confederación fue columna y espina dorsal de las contradicciones entre el capital y trabajo, entre el Estado nación y el imperialismo, entre el interés privado y la autonomía del Estado. Los errores y desviaciones ideológicas, reconocidos desde 1946 por los dirigentes sindicales y políticos, es otro legado de la historia de liberación social e independencia nacional. Menos relevantes, quizás, que la osadía de la burguesía agrícola y empresarial que emergió en el período de entre guerras mundiales y  condujo al país a la Guerra Civil contrariando las tradiciones liberales, de derechos ciudadanos y cultura política adquiridos hasta la primera mitad del siglo XX.

BIBLIOGRAFIA

Abarca V. Carlos A, et al. Forjadores de Costa Rica. Editorial Forjadores. San José. 2009. Pp. 107-121.

Los trabajadores del calzado en la historia popular de Costa Rica 1890-1948. En: http://www.monografias.com/trabajos94/

Liberales, socialdemócratas y las reformas sociales de 1940-950. En: http://www.monografias.com/trabajos62/

Aguilar, M. Marielos. Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica. ICES-FLACSO Y Editorial Porvenir. San José.  1989. P.191.

Archivo Judicial, 1949. R467, A416, E186, S5. Folios 20560, 20561, 21228,17403, 17405 y 26422.

Avilés V., Claudio. Los derechos y las garantías sociales en el desarrollo constitucional de Costa Rica. Tesis. San José, 1973. Pp.  51-69

Cerdas A. José Manuel y Gerardo Contreras. Los Años 40. Historia de una política de alianzas. Editorial Porvenir. San José 1988. Pp. 44-107.

Cerdas Mora, Jaime. La Otra Vanguardia. EUNED. San José, 1993. 236 p.

De la Cruz, Vladimir. Las luchas sociales en costa Rica. ECR. EUCR. 1981:222. Segunda edición. San José. 1981. Pp.

El Primer Congreso del Partido Comunista de Costa Rica. En: Estudios Sociales Centroamericanos. No. 27. Setiembre / diciembre 1980. EUCR. San José, Pp. 25-63.

Ferreto, Arnoldo. Gestación, consecuencias y desarrollo de los sucesos de 1948. Ediciones Zúñiga y Cabal. San José, 1987. P. 116.

Vida Militante. Editorial Presbere. San 1984. 148 p.

Morales A., Juan R. Escribo para recordar. EUNA - ASEPROLA. San José, 2000.P. 137

Rojas B., Manuel. El desarrollo del movimiento obrero en Costa Rica. Un intento de periodización. En: Camacho Daniel, et. al. Desarrollo del movimiento sindical en Costa Rica. EUCR. 1985. Pp. 13-31

Schifter, Jacobo. Las Alianzas conflictivas. Asociación Libro Libre. San José. 1986. P. 317

Trabajo. Semanario del Partido Comunista. Colección Completa 1934-1948. San José.