Si bien, es cierto que el narcotráfico es un problema muy complicado de tratar, especialmente cuando al finalizar las investigaciones se establece que policías, militares e investigadores asignados a tratar estos crímenes se ven involucrados y que son parte del negocio, hasta el hecho que puedan ser asesinados en cárceles de “Alta Seguridad” a quienes el crimen determine que deban ser eliminados, por supuesto que se aplaude las recientes capturas de personajes que mantienen en zozobra a la población de estos municipios y, las cabezas principales de este negocio que?.  Ahora el gobierno pretende que el Estado de Sitio se amplíe a 4 departamentos más. Pero, es seguro que ese problema no lo resuelve en definitiva con un Estado de Sitio, es un problema estructural y de alcancen internacional.

Lo preocupante en este caso, es que el Estado de Sitio limita el ejercicio de la lucha social, pues impide la reunión de personas, la libre locomoción, de manifestación pública, fundamentalmente viola la libertad de acción sindical, además la autoridad militar puede disolver manifestaciones o reuniones publica sin necesidad de apercibimiento u orden judicial, inclusive la captura de personas sin motivo aparente más que el criterio antojadizo de la autoridad militar.  Vemos preocupante que pueda utilizarse para obstaculizar y destruir la lucha social en varios departamentos que hoy por hoy, están haciendo una valiente defensa del medio ambiente contra empresas mineras y canteras, así como Sindicatos que luchan por la reivindicaciones laborales y Organizaciones Sociales se oponen a los abusos de las empresas privadas nacionales y transnacionales que proporcionan servicios esenciales, como en el caso de lucha contra DEORSA Y DEOCSA sin  que el gobierno asuma su responsabilidad de proteger los intereses de las mayorías de la población de las arbitrariedades de las empresas.

Se habla muy favorable de los resultados del Estado de Sitio en Alta Verapaz, pues ha permitido la captura de integrantes de algún cartel de México, “que bueno que le están quitando la competencia a los carteles nacionales”, que curioso es que no ha caído nadie de los carteles nacionales, sin embargo se espera que el Estado de Sitio cumpla su cometido y se levante pronto, pues existe la preocupación que los intereses oscuros de siempre en Guatemala utilicen esta coyuntura para destruir la lucha social del pueblo que exige justicia social, libertad, servicios de educación y salud pública de calidad, paz,  trabajo decente y salarios decorosos, para acceder a una vida con desarrollo integral.

El mensaje que lanza el gobierno en este momento, es que no ha sido capaz de combatir el narcotráfico dentro del marco de un Estado de “Derecho”, dejando entrever que la democracia que ofrecen no es funcional, además, no es funcional el actual gobierno como todos aquellos que han gobernado desde 1954, pues no han implementado políticas de beneficio a las grandes mayorías, ni de controlar la violencia, los períodos acéfalos en la Policía Nacional Civil y los cortos períodos en que ha tenido Director General, son la muestra de la completa incompetencia del gobierno de turno al igual que otros, se ve que impera la anarquía, la impunidad, la corrupción; y con esas variables Guatemala no puede salir adelante, y como una medida electorera se le ocurre a la UNE y su Presidente el Estado de Sitio, veremos en los próximos días si realmente disminuye la violencia general, la violencia contra la mujer, y la violencia infantil, las extorsiones, los asaltos o solo se trata de otro show político para cerrar el año preelectoral.  No se le debe olvidar al ingeniero Álvaro Colom, que el año entrante es año electoral y no podrá convocarse a Elecciones Generales mientras no se reestablezca el Estado de “Derecho”, sin ninguna restricción, porque este es requisito constitucional para poder convocar.  Si el Estado de Sitio realmente fuera en beneficio de las mayorías ojala que se aprovechara para aprobar una “Reforma Fiscal”, un incremento general de Salarios Mínimos acorde al precio actual de la Canasta Básica Vital y sancionará severamente a los altos dirigente de partidos políticos que ya han iniciado campaña electoral anticipada, violando la ley.

Todo gobernante tiene la obligación de proteger la vida de toda la ciudadanía por mandato constitucional, según el Artículo 2o. de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, que establece: DEBERES DEL ESTADO. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Sin imponer Estados de Sitio, ya que viola los derechos humanos de los habitantes.

A las organizaciones sindicales, populares y personas afectadas por el Estado de Sitio, solicitamos que trasladen información a nuestra dirección de correo electrónico, para socializar a toda nuestra red los abusos que pudieran ser objeto por las fuerzas de “seguridad del Estado” o mas bien de represión, pues para eso han servido desde hace muchos años, para reprimir, perseguir, encarcelar y hasta asesinar a los campesinos, a los mayas, a los obreros, al estudiantado, etc., etc., que anhela una vida digna con justicia social.

Ante lo expuesto la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala

-UNSITRAGUA-

EXIGE

1.         Al Presidente Constitucional de la Republica Ing. Álvaro Colom Caballeros, realizar una depuración permanente y sancionar con todo el peso de la Ley a todos aquellos elementos de la Policía Nacional Civil, del Ejercito, Funcionarios de Gobierno y empresarios que estén involucrados en el narcotráfico y todo acto ilícito que atenta contra la seguridad y vida de las guatemaltecas y guatemaltecos en general, sin hacer uso de los Estados de Sitio,

2.         De igual manera que en el menor tiempo posible restablezca las garantías constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas, fundamentalmente el libre ejercicio a las actividades sindicales, de reunión, manifestación y libre emisión del pensamiento, etc.etc.

Junta de Coordinadores y Sub.Coordinadores

UNSITRAGUA

Guatemala, 28 de diciembre de 2010.

Históricamente en Guatemala las condiciones de trabajo, y vida de la clase trabajadora son pésimas, esto debido a que la mayoría de los grandes empresarios no tienen conciencia y responsabilidad social, se oponen a pagar salarios acorde a las necesidades de la clase trabajadora y sus familias, es por eso que los salarios que recibe por la venta de su fuerza de trabajo física y mental sistemáticamente han sido y continúan siendo de hambre y miseria, siendo la causa principal de los graves problemas que enfrenta Guatemala hoy en día.

En la actualidad el salario mínimo en Guatemala es de Q. 56.00 diarios, es decir  Q. 1,953.33 mensuales (244.16 dólares), mientras el precio de la canasta básica vital para el mes de noviembre 2010  se elevó a Q. 3,902.19 (487.77 dólares) según información oficial del Instituto Nacional de Estadística -INE-, eso significa que el salario mínimo no alcanza ni para adquirir la mitad de la canasta básica vital. Y lo único que saben decir los empresarios, es que se oponen a cualquier incremento al salario mínimo, no digamos a un incremento salarial general, aducen que la situación económica no lo permite, pues la crisis mundial “dejó muchas pérdidas” y que Guatemala sufrió daños en la agricultura a causa de un invierno muy fuerte y los desastres naturales que ocasionó la tormenta “Ágatha”.  Si bien es cierto que hubo daños por el severo invierno, eso no implicó que la economía se dañara significativamente, es más, después de la crisis económica mundial, los países europeos han tenido mejoras en sus salarios y ha disminuido el desempleo con modestos crecimientos en el PIB;  Guatemala tuvo crecimiento en el Producto Interno Bruto -PIB- mejor que algunos de estos países, pero qué se hicieron los beneficios de ese crecimiento, la población guatemalteca no los mira por ningún lado, pues los empresarios siguen oponiéndose a incrementar salarios y a una “Reforma Fiscal”.

Pareciera que a los empresarios no les preocupa en lo más mínimo el bienestar de los trabajadores, siendo estos quienes les generan la riqueza, pues si hubo incremento en el PIB, significa que sí hay condiciones para mejorar salarios y para una “Reforma Fiscal” acorde a este crecimiento, que dote al gobierno de los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado y la inversión social tan necesaria en Guatemala, debido a las condiciones de vida tan miserables en que vive la mayoría de la población.  Mucho se ha criticado al gobierno actual por el programa de mi familia progresa y el programa de la bolsa solidaria, y es que en verdad pudiera dar cólera ver como se gastan los fondos públicos en estos programas, pero eso no es lo malo, lo deplorable es que estos programas se utilicen como plataforma política electoral y actos de corrupción, eso es lo que nos tiene molestos a los guatemaltecos, y no por los beneficios que está recibiendo la gente pobre, ya que la pobreza y extrema pobreza en que se encuentran es resultado de las políticas empresariales y sus gobiernos, pues fuera peor que estos recursos se hubieran destinado a la construcción de obras de infraestructura millonarias y como alegan los mismos empresarios, no fueron lo suficientemente eficientes para soportar el invierno, y que decir de los problemas que está teniendo actualmente el aeropuerto “La Aurora”, acaso ese gasto millonario que empieza a verse no fue dinero tirado a la basura y nos causa más indignación.

Ahora le corresponde al Presidente de la República decretar un ajuste al salario mínimo o no, por supuesto que en este momento está teniendo presión empresarial para no hacerlo, en el entendido que el año entrante tendrá que hacerse una necesaria “Reforma Fiscal”, no se puede estar con Dios y con el diablo, si el Presidente Álvaro Colom tiene el carácter suficiente, aunque sea por una vez en toda su administración, debe decretar un ajuste al Salario Mínimo, que si bien no resolverá los problemas económicos de la clase trabajadora, paleará un poco la crítica situación de las trabajadoras, trabajadores y sus familias, pues los empresarios ya incrementaron precios durante el último trimestre del 2010, incrementando sus millonarias cuentas y bienes.  Además debe proceder a solicitar al Congreso de la República la “Reforma Fiscal”, teniendo presente en todo momento que el incremento en el PIB permite las dos cosas.

No debe olvidarse que la pobreza, el hambre, la injusticia, y la miseria; son los detonantes de los cambios sociales bruscos, no de un grupo con ideas y filosofías, sino de un pueblo hambriento y urgido por una vida digna, que garantice el futuro  propio y de sus hijos, tal y como lo establecen los Artículos 2o. y  4o. de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, pero que en la práctica son letra muerta.

Por lo que La Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala -UNSITRAGUA-

DEMANDA

Del Presidente Álvaro Colom decretar un ajuste a los Salarios Mínimos acorde al costo de la Canasta Básica Vital según el INE,

Del Sector Empresarial asumir una política empresarial con responsabilidad social que permita una equitativa distribución de la riqueza por medio de Trabajo Decente y Salarios Dignos para que la clase trabajadora y pueblo en general logre un desarrollo integral.

“LA POBREZA SOLO SE COMBATE, CON TRABAJO DECENTE Y SALARIOS DIGNOS”

“SI LA CLASE TRABAJADORA ES QUIEN PRODUCE LA RIQUEZA, TODAS Y TODOS A EXIGIR SALARIOS DECOROSOS”

Atentamente,

Junta de Coordinadores y Sub.Coordinadores

UNSITRAGUA

Guatemala, 27 de diciembre de 2010.

Una vez más, desde que llegó al cargo de manera espuria, el procurador encargado Giuseppe Bonissi se ve involucrado en un escándalo de corrupción que afecta no sólo al Ministerio Público, ya que en esta ocasión involucra a la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado José A. Almengor.

En este nuevo escándalo, el procurador y su equipo de trabajo (nombrado por él, bajo recomendación de Almengor) se hacen acusaciones y contra acusaciones, respecto al cobro de una coima de 400 mil dólares por liberar a personas acusadas de narcotráfico.

A juicio del Partido Alternativa Popular las acusaciones mutuas, que involucran al Magistrado Almengor, muestran fehacientemente la podredumbre generalizada que existe en el Ministerio Público y sus alcances hasta la Corte Suprema de Justicia y al mismísimo Presidente de la República , Ricardo Martinelli.

Recordemos que el señor Bonissi llegó al cargo, igual que Almengor, por el marcado interés del presidente Ricardo Martinelli de controlar el sistema judicial para usarlo como instrumento de procesos amañados, pretendiendo con ello, silenciar   las voces opositoras a su gobierno y encubriendo los abusos de los funcionarios bajo su mando.

Durante la lucha contra la Ley Chorizo se evidenció el uso político que Martinelli, Bonissi y el fiscal Calderón hacen de la Procuraduría al levantar un expediente amañado para tratar de arrestar a la dirigencia sindical y al Prof. Juan Jované, que se ha convertido en un referente de la oposición a su gobierno.

Tratando de desviar la atención respecto al escándalo que los corroe, la intromisión del narcotráfico en el Ministerio Público, el Sr. Bonissi ha montado otro expediente amañado llamando a juicio a más de veinte personas, entre ellas al Prof. Juan Jované.

El Partido Alternativa Popular denuncia que el objetivo del procurador no es hacer justicia como se merecen las víctimas del envenenamiento por dietylenglicol, sino usar el expediente políticamente. Respecto a la falaz acusación contra el Prof. Jované, el Sr. Bonissi pretende ignorar que fue él, como director de la CSS , el que advirtió sobre el estado del laboratorio y propuso a la Junta Directiva su cierre o reestructuración. Al igual que “olvida” que la Corte emitió un fallo desvinculando a Jované de este proceso.

Se trata de desviar la atención de los verdaderos problemas producidos por quienes ostentan el poder y de paso, deshacerse de una figura presidencial que representa los verdaderos intereses del pueblo y que en la calle, ha demostrado el coraje necesario para conducir las luchas populares en contra del neoliberalismo y sus representantes.

Por el manejo escandaloso y corrupto del Ministerio Público, el Partido Alternativa Popular se exige la destitución inmediata del procurador Bonissi y todo su equipo y que se nombre un procurador acorde con el procedimiento constitucional.

Panamá, 22 de diciembre de 2010

PARTIDO ALTERNATIVA POPULAR (P.A.P.)

Tel. 6654-5289

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página web: www.partidoalternativapopular.es.tl

blog: http://pappanama.blogspot.com

¡ABAJO EL RÉGIMEN OPRESOR! ¡! BOYCOT A HSBC,  CLUB DE COYOLITO   y A LAS 10 FAMILIAS OLIGARCAS GOLPISTAS!!

Llamado urgente ante la represión en Coyolito, Zacate Grande, Zona Sur.

En este momento continua la tragedia del pueblo hondureño esta vez en la zona sur del país, donde desde  ayer 14 de diciembre ha sido hostigada la comunidad campesina y de pescadores de Coyolito, Zacate Grande, en este momento se está agrediendo con fuerza ejército (fuerza naval de Amapala, 11avo. Batallón), guardias de seguridad de HSBC y policías a  indefensas mujeres, niños y niñas y  hombres, quienes han sido golpeados salvajemente,  hay niñas en estado muy  crítico, hay ordenes ilegales de captura, hay por lo menos 9 detenidos entre ellos golpeados gravemente, hay interferencia a las comunicaciones de Zacate Grande, militarización y represión. Se suma la captura ilegal de las comunicadoras populares de la Radio de Zacate Grande Elba Rubio y Elia Hernández.

Este es el pan de cada día del pueblo hondureño, esta es la situación grave de vejámenes y ultrajes sistemáticos por ordenes del poder oligárquico enganchado al poder trasnacional e imperialista, que con la tenaza de la criminalización, militarización y forzar la desmovilización agreden no solo a comunidades y organizaciones  del Bajo Aguan sino también  de Zacate Grande y de Coyolito en la zona sur del país, quienes mantienen desde hace años una  lucha digna por la vida,  por sus derechos y libertad.

Responsabilizamos por las violaciones denigrantes, violentas e impunes a los derechos humanos  al régimen de Lobo Sosa, a su ministro de seguridad Oscar (Gustavo) Alvares (Martínez), al ministerio publico  y poder judicial golpista, a la trasnacional HSBC, al Club de Coyolito, los  cual dentro de sus principales integrantes están Miguel Facusse, Jaime Rossenthal.

Llamamos a la comunidad nacional e internacional  a expresar solidaridad  y acompañamiento en las regiones donde se intensifica el proyecto de represión y muerte, condenando la participación de la trasnacional bancaria  HSBC. A los estados gobiernos del mundo a que no financien ni reconozcan  al régimen violador de derechos humanos, que cese el financiamiento a la policía y al ejército y los préstamos para los proyectos neoliberales  trasnacionales y oligarcas.

¡Alto a la represión!

¡Exigimos libertad a las y los presos de Coyolito y Zacate Grande!

¡Castigo a Oscar Álvarez y demás los represores!

¡Por la Refundación de Honduras, seguimos en la lucha digna y resistente!

Ante la situación  de  militarización y represión intensa  contra las organizaciones y comunidades campesinas  del Bajo Aguan, comunicamos en carácter de urgencia   al   pueblo hondureño,   al FNRP, a los  movimientos sociales, a los organismos de derechos humanos, medios de comunicación y a  la comunidad internacional   lo siguiente:

1.- En este momento a la altura de  la comunidad Guadalupe Carney , se tiene un cerco militar enorme, que se mueve desde los cerros,  en un posición agresiva que se apresta a agredir de manera brutal y violenta al pueblo campesino en resistencia del Aguan, y ante esta operación como que fuera guerra convencional responsabilizamos al régimen de cualquier agresión física, psicológica y demás  violaciones  a los derechos humanos tanto individuales como colectivos de que sea objeto las y los miembros de estas comunidades.

2.-Que ya se ha detenido un bus de campesinos y campesinas que se aprestaban a llegar a la altura de la toma y que se tienen tanquetas antimotines, camiones comando, cárceles portátiles tipo jaula, y cientos de militares, policías y paramilitares.

2.- Alertamos que con esta operación  de muerte se pretende poner armas en las casas de las familias campesinas y posteriormente de cateos ilegales y   violentos acusar a nuestras hermanas y hermanos  campesinos  de tenencia de armas, con lo que el régimen y su ministro de seguridad Oscar Alvares y Miguel Facusse y  René Morales levantaría  aun más una campaña de criminalización  y persecución  a dichas  comunidades  desarmadas y que lo único que hacen es proteger sus vidas.

3.- Que pese a lo que acontezca este día, es urgente que fortalezcamos la solidaridad militante, las campañas de recolección de víveres y avituallamiento, a seguir desnudando al régimen continuador del golpe de estado y las violaciones graves y sistemáticas que se están perpetrando,   que hagamos  presencia en la zona del Bajo Aguan y que continuemos haciendo todo  esfuerzos que podamos  por este casusa que es la causa de todo el pueblo hondureño en resistencia.

¡A más represión! ¡Más lucha y organización!

¡Exigimos desmilitarización y castigo a los agresores del pueblo en resistencia!

¡Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!

Soberanía, Dignidad y Solidaridad

¡Vamos Patria, la lucha continúa!

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