Más de 800 familias de 14 comunidades ubicadas en el Valle Polochic, en el municipio de Panzós del departamento de Alta Verapaz están siendo desalojadas, este martes 15 de marzo, por más de 100 elementos de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Ejército y guardias de seguridad de la empresa Chabil Utzaj. Las 800 familias sumidas en la extrema pobreza y desempleo, decidieron entre octubre y noviembre del año 2010, posesionarse en las tierras del improductivo ingenio Chabil Utzaj. Desde esos meses se dedicaron a sembrar maíz y otros granos básicos para subsistir a las condiciones paupérrimas en que viven y ejercer su derecho a la alimentación.

Por su parte los líderes comunitarios en acompañamiento del Comité de Unidad Campesina y otras organizaciones indígenas y campesinas habían iniciado el trámite de negociación de esas tierras, desde el año pasado, con la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo Nacional de Tierras (Fontierras), para la compra de las fincas posesionadas. No obstante, el juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, a petición de la empresa Chabil Utzaj, dictó orden de desalojo, mismo que se esta llevando a cabo en estos momentos, a pesar de que se tenía una mesa de diálogo y el día de ayer las comunidades presentaron una propuesta para solucionar la problemática; sin embargo, en lugar de seguir por la vía del diálogo, la familia Widmann, propietarios de Chabil Utzaj, y el gobierno están optando por la violencia y violación a los derechos.

Ante los desalojos que se están llevando a cabo el CUC exige a las fuerzas de seguridad del gobierno y de los empresarios: no violentar la integridad física de las familias, especialmente de las mujeres y niños que habitan en las casas de cartón y tabla. Líderes comunitarios han denunciado que más de 8 camiones del ejército y varias autopatrullas de la PNC y del MP, llenos de agentes llegaron a las comunidades para efectuar los desalojos.

El desalojo masivo inició hoy y se teme que continúe en los siguientes días. Por esta razón también hacemos un llamado a las organizaciones indígenas y campesinas, defensores de derechos humanos y demás organizaciones populares, a nivel nacional e internacional, a pronunciarse y solidarizarse con estas familias que hoy están quedando en la calle y exigir la suspensión de los desalojos.

Al gobierno exigimos que facilite el acceso a la tierra de estas 800 familias carentes de vivienda y tierra para la siembra de granos básicos. No puede ser que la conflictividad agraria siga latente en el área rural de nuestro país, que el gobierno ignore las demandas de los campesinos y que, por el contrario, beneficie a empresarios y terratenientes que están concentrando y reconcentrando la tierra para la siembra de grandes extensiones de monocultivos.

A las comunidades organizadas en el Consejo de Comunidades en Resistencia del Valle Polochic hacemos un llamado a resistir y continuar la lucha por la recuperación y tenencia de la Madre Tierra, porque ¡A mayor represión...mayor organización!

Comité de Unidad Campesina -CUC-

El día de hoy, martes 15 de marzo de 2011, se ejecuta un violento desalojo contra más de 640 familias (de 12 comunidades) que sobreviven en tierras del fracasado ingenio Chabil Utzaj, propiedad de la familia Widmann, familia política del ex-presidente Oscar Berger Perdomo. En este contexto, el Estado de Guatemala desaloja a las familias campesinas que actualmente cultivan esas tierras recuperadas, virtualmente abandonadas por el ingenio ante su inminente quiebra.

Esta acción, réplica de otras acciones represivas llevadas a cabo por el Estado de Guatemala, que favorecen a los grupos económicos tradicionales, es muestra de la inoperancia del Estado e incumplimiento constitucional de la garantía del bien común y el derecho a la vida. La via del diálogo simplemente ha sido burlada por el Estado, incluso un día después de haber sostenido conversaciones entre representantes de las comunidades, organizaciones campesinas y mediadores de la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA-. La falta de voluntad política y el empecinado interés por favorecer a las élites económicas, garantizan el caldo de cultivo que provoca este tipo de acciones represivas, violentas y violatorias de los derechos humanos inalienables: derecho a la alimentación, vivienda y trabajo.

Debe sostenerse el principio económico, social y ético que establece que “el derecho a la propiedad privada no puede prevalecer sobre el derecho a la vida”, defendido por el Relator por el Derecho a la Alimentación en 2005. Fomentar la concentración de la tierra y la gran propiedad agraria ha traído, y seguirá trayendo consigo, el desplazamiento de comunidades completas, en protección de un presunto derecho de propiedad privada, que como se ve en este caso, es utilizado para pisotear el elemental derecho a la vida.

Al momento de redactar este comunicado, ya han sido destruidas las viviendas precarias donde habitaban las familias campesinas, han sido quemadas sus plantaciones de milpa, y pisoteados todos los derechos humanos elementales de los campesinos desalojados. Estas familias, originarias de éste Valle, fueron desplazadas por el ingenio Chabil Utzaj por presiones económicas y extraeconómicas sobre sus tierras, y empleadas precariamente por salarios de hambre algunos de sus miembros, mientras la finca funcionó. Posteriormente, los pocos comunitarios que fueron empleados, no recibieron el pago mínimo salarial, prestaciones, mucho menos alguna indemnización ante el despido de sus labores. De esa forma, las familias desplazadas por los intereses del ingenio Chabil Utzaj se reasentaron en la misma tierra que los vió nacer y crecer, para continuar con sus cultivos tradicionales y ancestrales: el maíz y frijol.

Hoy, el gabinete económico se mofa de poder “garantizar la seguridad alimentaria”, mientras en el interior del país, lejos de la mirada de la mayoría de guatemaltecos, se ejecuta un violento desalojo ¿de qué seguridad alimentaria se habla? Ante todas estas arbitrariedades:

EXIGIMOS

Al Organismo Ejecutivo: detener toda acción de desalojo violento contra comunidades campesinas en extrema pobreza. Este tipo de proceder, sólo les garantiza hambruna y muerte.

Al Organismo Judicial: privilegiar el derecho humano a la alimentación y la vida para las familias campesinas asentadas sin certeza jurídica sobre sus tierras. No prestarse a presiones de grupos económicos en detrimento de la sobrevivencia de cientos de guatemaltecos empobrecidos.

A la Comunidad Internacional: divulgar, acompañar y exigir al Gobierno de Álvaro Colom el respeto irrestricto de la vida humana y los derechos humanos inalienables de las comunidades campesinas, reiterado en infinitas ocasiones por cada uno de los relatores del Sistema de las Naciones Unidas que han visitado el país, sin obtener eco alguno por las élites económicas y políticas nacionales.

Al Procurador de los Derechos Humanos: interponer las acciones legales pertinentes para detener esta nueva ola de atropellos, que violan la vida y recrudecen los problemas sociales y económicos del país.

A la Sociedad Civil: pronunciarse y ejercer todo tipo de presión política para evitar el uso de la violencia sistemática contra poblaciones rurales en extrema pobreza.

A los Partidos Políticos: asumir su rol de interlocutores políticos de la población y plantear su postura respecto a estos atropellos históricos y sistemáticos, así como su posición frente al despojo de la tierra y todo factor productivo de las comunidades indígenas.

Colectivo de Estudios Rurales IXIM

1. PRIMERO.

El día  de hoy 28 de febrero del año 2011  las comunidades tomaron medidas de presión  para exigir al gobierno de Guatemala,  el cumplimiento de las medidas cautelares MC-260-07 otorgadas por la CIDH donde establece la suspensión temporal de la mina Marlin. La medida de presión consistió en bloquear los pasos principales de la empresa minera de manera pacífica respetando  la constitución política del país donde menucia el derechos a manifestar.

2. SEGUNGO.

Cuando se levando este bloqueo un grupo de 20 personas aproximadamente  golpeo a don Miguel Bamaca, a pesar de que la Comisión Presidencial de derechos humanos le ha otorgando medida

cautelar,  fue golpeado sin misericordia, don Miguel Bamaca por una familia que se conoce con el nombre de  los mejías  acompañados por los vecinos que trabajan para la empresa, estas personas tienen vínculos fuertes con la empresa y otros negocios prohibidas por la ley. Este hecho ocurrió a las cuatro y media de la tarde en el lugar llamado siete platos.

3. TERCERO.

Al regresar y al paso de la comunidad de la Aldea San José Ixcanichel alrededor de 70 miembros  de esta comunidad interceptaron el paso y empezaron a golpear  a varias   personas  que venían en el bus dentro de ellas el Compañero Aniseto López fue golpeado y más personas y sin poder defenderse ya los reprochantes  Iban  con armas de fuego, piedras, armas blancas  palos entre otros  y ahora mismo la comunidad de San José Ixcaniche y la familia mejía los tiene secuestrado a las 50 personas y amenazan  muerte a las personas.

Por Lo tanto:

•       Demandas al estado de Guatemala

•       El vigoroso  respeto a la integridad física de las personas

•       Solicitamos a la comunidad Internacional su puntual apoyo ante esta terrible violación de derechos humanos.

•       Denunciamos la horrible práctica de  la empresa minera  en manipular a sus trabajadores y ponerlos en confrontación con las comunidades que defiende un derecho legalmente

•       Rechazamos esta práctica hecha por la empresa al orientar a sus trabajadores en tener de rehén  a las 60 personas.

Pedimos a la CIDH mantener su vigilancia y pedir al estado de Guatemala el estricto respeto a los derechos humanos fundamentalmente de los pueblos.

San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Guatemala. 28 de Febrero de 2011

FRENTE DE DEFENSA MIGUELENSE