Anastacio Somoza García y Leonardo Arguello Barreto

Por Melchor Benavente

Antes de finalizar su largo mandato presidencial en 1947, Somoza García hizo una serie de movimientos preparatorios para su reelección. El Congreso, controlado por los somocistas, preparó una reforma constitucional que le permitiría postularse para otro periodo presidencial si existía un estado de guerra, o este había sido proclamado por lo menos dos años antes. Era una camisa a la medida del dictador.

Movilizaciones estudiantiles contra la reelección en 1944

A pesar de la existencia de un Estado de Sitio desde 1941, en junio y julio de 1944 se desarrollaron movilizaciones estudiantiles contra la reelección de Somoza, las que fueron apoyadas por disidentes del gobernante Partido Liberal Nacionalista (PLN). La oposición conservadora se mantuvo al margen.

Las protestas se iniciaron en los recintos universitario de Granda y Leon, exigiendo democracia en Nicaragua y Guatemala, que en ese momento era gobernado por la dictadura de Jorge Ubico. Fue una clásica movilización de la clase media que ansiaba democracia.

Somoza Gracia respondió con represión, encarcelando opositores o enviándolos al exilio, pero también haciendo algunas concesiones. Al final retrocedió, y vetó la reforma constitucional que le permitiría postularse a la reelección, y que se cocinaba en el Congreso. También aprobó una ley de amnistía general. Pero, como era su estilo, hizo concesiones, pero también apretó la soga, mandando aprobar una ley que establecía la censura de prensa en septiembre de 1944, llegando incluso a cerra el diario opositor La Prensa.

Somoza establece alianzas temporales con el movimiento sindical

Para contrarrestar las fuerzas sociales que se unían en su contra, Somoza se reconcilió con los dirigentes del movimiento sindical, influenciado por el Partido Socialista de Nicaragua (PSN). Aunque el PSN no apoyó abiertamente las pretensiones reeleccionistas de Somoza, se manifestó en contra del llamado a Huelga General hecho por los estudiantes, por considerar que estaban siendo manipulados por los “nazi-fascistas”. El Resultado de este romance de Somoza con los sindicalistas fue la aprobación del Código del Trabajo en 1945.

El periodo 1944-1945 fue de auge de huelgas y creación de sindicatos, casi todos muy pequeños. De 11 pasaron a 97, que reunían unos 14,000 trabajadores. Este auge preocupó a Somoza, quien ordenó crear un brazo sindical ligado al PLN. A finales de 1945, rompió con el PSN y los reprimió. En 1946 la cantidad de sindicatos descendió a 29 y en 1947 a 13.

Vuelve a insistir en la reelección

Somoza detentaba el poder desde el golpe de Estado contra el presidente Juan Bautista Sacasa en 1936. Siempre justificó la existencia de su dictadura ante Estados Unidos, como una necesidad para imponer el orden después de masacrar a la guerrilla sandinista.

El año 1944 fue crucial en Centroamérica: La dictadura de Jorge Ubico en Guatemala fue derrocada, igual suerte corrió la dictadura de Maximiliano Martínez en El Salvador,  y se produjeron las movilizaciones estudiantiles contra Somoza. La efervescencia social llamó la atencion de Estados Unidos. El embajador norteamericano en Managua, Fletcher Warren, le dijo a Somoza que no apoyarían una reelección, incluso le plantearon claramente que se retirara de la jefatura de la Guardia Nacional (GN) y de toda actividad política pública. Estados Unidos estaba siguiendo el pulso de los acontecimientos en Centroamerica, percibía los cambios, por eso concluyó que era necesario relevar a Somoza, para evitar una nueva revolución en Nicaragua.

Somoza fue obligado a retroceder en 1944, volvió a la carga al año siguiente, pero la decision de Estados Unidos lo obligó a renunciar definitivamente de la postulacion presidencial, debiendo buscar un sustituto.

Se inicia la apertura controlada y la preparación de elecciones

En noviembre de 1945 se levantó el Estado de Sitio vigente desde 1941. Somoza reformó la Ley Electoral de 1923, y estableció el requisito de 10% de votos de la elección anterior, para poder inscribir partidos políticos. Como en ella solo habían participado el PLN y el Partido Conservador de Nicaragua (PCN), el Partido Liberal Independiente (PLI), que había surgido a raíz de las movilizaciones de 1944, y que representaba políticamente a la clase media radicalizada, no tuvo posibilidades de inscribirse.

Las negociaciones con el PLI

En el primer semestre de 1946, Somoza intentó reconciliarse con el PLI. Las pláticas no avanzaron porque el PLI quería impulsar la candidatura de Idelfonso Palma Martinez, un diputado liberal que en 1934 ese opuso a la amnistía a favor de quienes asesinaron a Sandino. Entre los beneficiados de esa amnistía estaba el propio Somoza.

Este quería como sucesor a Leonardo Arguello, quien renunció a la cartera de ministro de gobernación durante las movilizaciones de 1944. Somoza logró imponer la candidatura de Arguello en agosto de 1946 durante la convención del PLN realizada en León.

La división del Partido Conservador

Además de impedir la inscripción propia del liberalismo independiente, Somoza logró dividir al Partido Conservador en dos alas, que presentaron candidatos por separado en las elecciones. El Partido Conservador de Nicaragua, el tronco oficial del conservatismo dirigido por el caudillo Emiliano Chamorro, por un lado, y el Partido Conservador Nacionalista, un sector oportunista y prebendario, por el otro. Este ultimo sector presentó como su candidato al propio Leonardo Arguello.

Después de arduas negociaciones, el PLI tuvo que aliarse con la corriente oficial del conservatismo, quienes levantaron, a finales de 1946, la candidatura presidencial del liberal Enoc Aguado. Ambos candidatos presidenciales provenían del liberalismo, con planteamientos comunes, salvo que Aguado planteaba transformar a la GN, el principal soporte del somocismo.

Elecciones bajo el control del somocismo

Somoza mantenía el control total sobre el Consejo Nacional de Elecciones (CNE). Las elecciones del 1 de febrero de 1947 se realizaron con un padrón electoral de 221,590 votantes, casi igual al padrón de las elecciones de 1936 que tenia 219,668 votantes. En una década, los votantes habían aumentado apenas 1922 votantes.

Hubo acusaciones de manipulación del padrón electoral y, por supuesto, denuncias de fraude electoral por parte de la oposición. Los resultados finales de la elección fueron los siguientes: Partido Conservador de Nicaragua obtuvo 64,904 votos, el Partido Conservador Nacionalista obtuvo 8,073 votos, y el Partido Liberal Nacionalista (PLN) obtuvo 96,731 votos. La resolución final del CNE sentencio lo siguiente: “(…) Por cuanto los Partidos Conservador Nacionalista y Liberal Nacionalista votaron por el mismo candidato (…) doctor Leonardo Arguello, los 8073 votos depositados por el Partido Conservador Nacionalista deben sumar a los votos del Partido Liberal Nacionalista, en consecuencia (…) Leonardo Arguello fue electo con 104, 804 votos válidos, obteniendo así la mayoría de los sufragios para ser electo al alto cargo de Presidente de la República en el próximo periodo constitucional de 1947 a 1953 (…)” (La Gaceta No 58/03/1947, página 500)

Enoc Aguado viajó a Washington a denunciar el fraude electoral, fue recibido con frialdad en el departamento de Estado. Era obvio que el gobierno de Estados Unidos quería una transición ordenada, y esperaba que ese rol lo jugara el gobierno de Leonardo Arguello.

Leonardo Arguello enfrenta el poder de Somoza

Durante la segunda guerra mundial (1940-1945) aumentó considerablemente el peso y poder de la Guardia Nacional en la administración del Estado. La mayoría de las instituciones había sido militarizada. Al asumir la presidencia, el 1 de mayo de 1947, Leonardo Arguello se topó con el enorme poder que representaba Somoza, como jefe director de la GN.

Este control somocista de las principales instituciones, como el Banco Nacional de Nicaragua, Ferrocarriles de Nicaragua y aduanas, no solo había creado una enorme red de corrupción que saqueaba las finanzas del Estado, sino, al mismo tiempo, había creado su propio grupo empresarial, liderado por Somoza y la alta oficialidad de la GN. Al cambiar a altos funcionarios del somocismo, estaba tocando la esencia del poder económico que estos habían acumulado.

Somoza había nombrado candidato a Arguello con el compromiso que no haría cambios dentro de la GN, es decir, que Somoza mantendría el control. Pero la confrontación se produjo cuando el Congreso, controlado por el somocismo, sin un acuerdo previo con el presidente Arguello, nombró tres designados de la presidencia que obedecían ciegamente a Somoza, quienes serían los sustitutos en caso de ausencia temporal o definitiva. Somoza estaba preparando las condiciones para sustituirlo.

En respuesta, el presidente Arguello procedió a destituir al jefe de policía de Managua, al jefe del Estado Mayor y al comandante de la guardia presidencial, y al director general de comunicaciones.

Destitución de Somoza y golpe de Estado

Arguello le notificó personalmente a Somoza su destitución como Jefe Director de la Guardia Nacional, y le dijo que debía marcharse del país. Somoza fingió aceptar su destino, pero al día siguiente, 26 de mayo, las tropas de la GN tomaron por asalto el Palacio Nacional, sede del Congreso, rodearon casa presidencial y cortaron las comunicaciones.

La oficialidad de la GN cerró filas con Somoza. Leonardo Arguello estaba solo. La alianza electoral que postuló a Enoc Aguado, no solo no logró revertir el fraude electoral, sino que, al momento del golpe de Estado contra Arguello, no movilizó a sus simpatizantes para defender la democracia.

Leonardo Arguello, completamente solo, tuvo que asilarse en la embajada de México e irse al exilio. Después de una semana de inacción, el Congreso eligió a Benjamin Lacayo Sacasa como nuevo presidente. En agosto de 1947, fue sustituido por Victor Manuel Roman y Reyes hasta 1950.

Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos de América Latina no reconocieron al nuevo gobierno surgido del golpe de Estado, pero las condenas diplomáticas no reinstalaron a Leonardo Arguello en la presidencia.

Somoza recurre a los conservadores

Somoza, desde la sombra, se las ingenió para incorporar a los conservadores a las instituciones del Estado. Se iniciaron negociaciones con un sector del Partido Conservador que condujeron a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que finalmente aprobó una nueva Constitución en 1948.

Así, Somoza lavó el golpe de Estado de mayo de 1947, y tuvo el camino despejado para lanzar más adelante su candidatura presidencial. Ese pacto no rindió los frutos esperados, porque fue realizado con un sector minoritario del conservatismo. Después hubo otra negociación con el general Emiliano Chamorro, el llamado “pacto de los generales”, que condujo a una nueva Asamblea Nacional Constituyente que aprobó la misma Constitución en el año 1950.

Se había iniciado una larga etapa de corporativismo político incorporando al Partido Conservador a la repartición de cargos en el Estado. De esta manera el somocismo, reprimiendo, negociando, haciendo concesiones al gran capital conservador, sobrevivió hasta 1979.

Por Rubén Molina

Existen algunos episodios en la historia del país, que demuestran el gran significado que pueden tener las acciones que señalan el rostro de envilecidos países que pretenden dominar a otros. El 7 de abril de 1988 ocurrió en Tegucigalpa una acción que volvió notoria la presencia nefasta de los Estados Unidos de Norteamérica en los asuntos internos de cada país centroamericano.

En horas de la tarde de ese día, los estudiantes aglomerados en varios frentes estudiantiles y movimientos, salieron en movilización de la Universidad Nacional Autónoma y la Pedagógica, con rumbo a los predios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, se sumaron también a esta movilización más jóvenes de los barrios aledaños. En horas posteriores, la embajada estadunidense yacía prendida en fuego por una acción que anunciaba total repudio a un país que mandaba marines a su “patio trasero”, gestionaba la liquidación de comunistas y disidentes de su política con la Doctrina de Seguridad Nacional, y que promovía la extradición de hondureños como Ramón Matta, quién sigue preso en cárceles gringas.

La cruda represión que se vivía en los años ochenta respondía a doctrinas militares importadas de EEUU; las laceraciones que se aplicaban con saña en los cuerpos de hombres y mujeres jóvenes era la combinación del adiestramiento gringo con manuales perversos de tortura y el impulso violento de militares hondureños desquiciados cuales carniceros sanguinarios. Los secuestros a jóvenes disidentes se volvió una norma dentro de todo el aparato militar, y para ese entonces, las frecuentes persecuciones llegaban hasta las puertas de las casas. Todo este ambiente de represión avivó a los grupos estudiantiles a planificar acciones que mostraran las fauces de un monstruo imperialista que se llevaba las vidas de muchos jóvenes visionarios.

Las condiciones sociales y políticas que tenía Honduras en los años ochenta, aunque nunca iguales, no distan mucho de las que hoy se presentan. La fragilidad de los gobiernos liberales continúa: en plena década de los años ochenta el presidente liberal Azcona del Hoyo demostró claudicar a la política exterior norteamericana con su apoyo a la Doctrina de Seguridad Nacional y las extradiciones, los gobiernos sucesivos de los nacionalistas mantienen intacta la supremacía gringa en los demás países aceptando las políticas contra los migrantes por ejemplo; la represión desenfrenada al mando de caudillos militares como Álvarez Martínez sigue latente: en la actualidad la represión no es tan distinta como en los años ochenta, lo que ha cambiado es el grado de sofisticación del aparato militar, han asesinado y desaparecido estudiantes, confundiendo como es de costumbre los móviles de los asesinatos con el crimen común. Los movimientos de estudiantes continúan pese a sufrir la pérdida de tradiciones: en los años ochenta la presencia de discusiones ideológicas abordadas por organizaciones de izquierda alimentaba de alguna u otra forma a los movimientos estudiantiles que le hacían frente con propaganda y acciones a la avanzada de los gringos en América Latina. Hoy las tradiciones siguen su rumbo, pero de forma dispersa, puesto que corrientes liberales han ocupado el lugar de verdaderas organizaciones de izquierda que den su puesto a verdaderas discusiones ideológicas.

Mayo de 2019: vuelve el antiimperialismo

En el mes de mayo del año 2019, mientras se gestaban las movilizaciones de médicos y maestros por la derogación de los decretos ejecutivos PCM, surgieron varias movilizaciones que buscaban volver notoria la situación del país que atravesaba el preámbulo de una descarada privatización del sistema sanitario y educativo.

El viernes 1 de noviembre de ese mismo año, en la Embajada de EEUU en Tegucigalpa, ocurrió un episodio que dio lugar a discusiones importantes sobre las acciones políticas coordinadas: varios compañeros decidieron quemar la puerta principal de la embajada americana, lo que provocó la detención del compañero maestro Rommel Valdemar Herrera, quien hasta la fecha enfrenta procesos judiciales engorros que lo mantienen privado de su total libertad. La tradición que coloca en el centro de nuestro rechazo a los gringos, volvió, pero sin la suficiente preparación y acompañamiento popular que diera por sentada la seguridad de los compañeros que emprendieran esta acción. Es el momento adecuado para que sostengamos discusiones que aborden los métodos eficaces para emprender estas acciones con mayor eficacia y acompañamiento, neutralizando infiltraciones de militares si las hay, y resguardando la integridad de nuestros compañeros.

Olmedo Beluche

Desde la debacle del imperio colonial español, con las guerras de independencia, a inicios del siglo XIX, Centroamérica, y en particular Nicaragua y Panamá, eran vistas con codicia tanto por Inglaterra como por la emergente potencia norteamericana. Ambas naciones eran conscientes que el control del Istmo catapultaría sus intereses comerciales.

Hacia la década de 1840, Inglaterra parecía el principal peligro pues había iniciado un proceso de influencia y colonización sobre todo el Caribe centroamericano, desde Belice, pasando por Nicaragua, hasta lo que hoy es la provincia de Bocas del Toro en Panamá.

Aquí inclusive habían movido sus fichas con algunos capitalistas que oficiaban de agentes comerciales de los ingleses para proponer en diversos momentos la creación de una ciudad “hanseática”, es decir, separarla de la soberanía neogranadina para, en nombre de una falsa autonomía, sujetarla a Inglaterra cuya cabeza de playa se hallaba en Jamaica.

Diversos incidentes con los ingleses, por entonces la principal potencia naval del mundo, llevaron a la diplomacia neogranadina a firmar, en 1846, el Tratado Mallarino-Bidlack, por el cual la Nueva Granada ofrecía a Estados Unidos paso libre de impuestos a cambio de que sirviera de garante a su soberanía sobre el Istmo de Panamá. La intención inicial era que el tratado sirviera de contención a los intereses expansionistas de los ingleses, los cuales se verían confrontados con los norteamericanos.

Pero a la larga fue una mala jugada que dio pie al intervencionismo norteamericano.

Una década después de firmado ese pacto, el expansionismo que se había tornado concreto y peligroso era el norteamericano. Uno de los subproductos de la guerra contra México fue el surgimiento de bandas paramilitares norteamericanas que empezaron a actuar en la región para imponer por la fuerza sus intereses. Eran bandas privadas, parecidas a lo que hoy serían las empresas de “seguridad”, al estilo de Blackwater. Se les llamó filibusteros.

El más conocido filibustero fue William Walker, contratado por empresarios norteamericanos para imponer su control en Nicaragua, y que terminó autoproclamándose presidente de ese país, justamente en 1855. Walker pretendió que Nicaragua fuera anexionada a Estados Unidos como un estado más. Lo cual no logró, siendo derrocado en 1856 y posteriormente ejecutado hacia 1860 en Honduras.

La lucha contra Walker había revivido los sentimientos de unidad latinoamericanos y, de hecho, es la lucha unificada de los centroamericanos la que le expulsa de Nicaragua. El historiador Aims McGuinness afirma que de esta época data el concepto “latinoamericano” por oposición al “anglosajón”, y un renovado sentimiento de unidad hispana contra la dominación norteamericana, que había quedado dormido tras el fracaso de Simón Bolívar. El panameño Justo Arosemena sería uno de los primeros en apelar a esta idea a mediados del XIX.

Un elemento poco conocido en Panamá es que los filibusteros tuvieron un papel relevante en el Incidente de la Tajada de Sandía. Según Aims, el 15 de abril de 1856, se encontraban en Panamá unos 40 filibusteros que se dirigían a Nicaragua para reforzar el ilegítimo gobierno de Walker. La prensa panameña había alertado de su presencia, prevaleciendo el temor de que podrían intentar aquí una aventura semejante a la de Nicaragua.

Y no estaban errados quienes así creían, pues las indagaciones judiciales posteriores informan que los filibusteros jugaron un papel central en el enfrentamiento. Uno de ellos, Joseph Stokes, muerto en la estación del ferrocarril, liderizó la resistencia armada contra las autoridades panameñas. Lo cual fue reconocido por Horace Bell, otro de los filibusteros, quien llegaría a ser cronista en la ciudad de Los Ángeles, California.

La fuerza demostrada por el pueblo panameño durante el “incidente”, no constituyó simplemente una respuesta frente a la marginación y el racismo yanquis, sino que fue una lucha consciente contra cualquier intento anexionista de los norteamericanos, un acto de solidaridad con el hermano pueblo de Nicaragua, y un gesto hacia la unidad latinoamericana.

Pocos meses después, en septiembre de 1856, el gobernador conservador, Francisco de Fábrega, solicitó la primera intervención armada del ejército norteamericano en Panamá, apelando al Tratado Mallarino/Bidlack, para que le asegurara las elecciones que temía perder a manos de los liberales radicales del arrabal.

Por: Eliezer Jaime.

Han transcurrido más de doscientos años de la primera constitución política propiamente española, dicho texto fue de vigencia corta, pero su influjo fue extenso a lo intrínseco del ejercicio político español hasta 1868, y, su envergadura fuera de España influyo tanto en América como en Europa como lo fue en el caso de Portugal, Italia e inclusive en la Rusia Zarista. Fue aprobada el 19 de marzo de 1812 durante la festividad de San José (de allí el porque fue conocida popularmente como la Pepa), cuyo contenido abarca las Leyes tradicionales de la Monarquía española, no obstante incorporó los principios liberales como lo son: la soberanía nacional y la separación de poderes, además de contener elementos del contractualismo de manera mas matizada verbigracia que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, la Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadanos de 1789.

Como veremos con la Pepa estamos ante el zenit de la etapa del constitucionalismo revolucionario, superación de la anterior y muy extensa etapa del constitucionalismo de medio siglo atrás, transitado entre la monarquía constitucional y la monarquía parlamentaria; la burguesía que durante años se acuñó en los parlamentos para conseguir amplias concesiones, con las revolución Francesa había dado el primer salto a la conquista total del  poder político y mediante la conquista de Napoleón propagó el pensamiento liberal por toda Europa.

La invasión Napoleónica.

El "Motín de Aranjuez", se dio entre el 17 y el 19 de marzo de 1808, con lo cual Carlos IV abdicó entregando la Corona a su hijo Fernando VII. Una semana después, las tropas de Napoleón, con el pretexto de dirigirse a Portugal amparado en el Tratado de Fontainebleau, suscrito por ambas naciones en 1807, entran en Madrid, al mando de Murat. El 10 de abril, Fernando VII decide salir de esta ciudad, acompañado de sus más íntimos colaboradores, para encontrarse con Napoleón Bonaparte, procurando de aquel el reconocimiento como legítimo rey de España. Diez días más tarde Fernando VII llega a la ciudad francesa de Bayona, mientras que sus padres, Carlos IV y María Luisa, lo hacen el 30 de abril, con la pretensión de que Napoleón obligue a Fernando VII a devolver a su padre la Corona de España. Pero el Emperador, supo ocultar hábilmente sus verdaderas intenciones, los Borbones no estaban dentro de sus intereses para la Corona española, esto lo consigue a principios de mayo, dos meses más tarde el hermano del emperador de los franceses, José fue reconocido como rey de España y de las Indias.

Con las renuncias de Bayona se desplomó la monarquía hispánica, tras ello acaece una profunda crisis política, la más importante de toda su historia contemporánea hasta la de 1936 (guerra civil). Es preciso tener en cuenta que poco antes de que se formalizasen dichas renuncias, exactamente el 2 de mayo, el pueblo de Madrid se alzó en armas contra las tropas francesas que ocupaban la ciudad. Este alzamiento fue duramente reprimido por las tropas de Murat, lo que provocó el levantamiento general en toda España y, en realidad, el comienzo de una larga Guerra de Independencia y de una revolución liberal, preámbulo del constitucionalismo español.

La Carta de Bayona como Fuente de Derecho.

El 6 de julio de 1808 fue promulgada la Carta de Bayona, un texto seudoconstitucional,  útil para los propósitos de Napoleón , surgió para ganar adeptos entre la intelectualidad liberal, casi dos meses antes  (2 de mayo) había estallado en Madrid una insurrección popular contra los franceses que fue reprimida cruelmente,  propagando posteriormente la guerra independentista en toda España con características de revolución liberal.

Previo a las Cortes de Cádiz operaba un consejo de Regencia en sustitución de Fernando VII encerrado en Bayona. Este consejo se legitimaba de una normatividad antigua basada en el ‘’espéculo’’ y de unas ‘’partidas’’ que obligaban a que, en caso de grave crisis en el reino, al rey imperativamente debía consultar a un consejo integrado por doce sabios provenientes de elección canónica. El 24 de septiembre de 1810 se reunieron por primera vez las Cortes Generales y Extraordinarias, en la Real  isla de León cercana a Cádiz, ciudad de mucha influencia liberal y dotada de un fuerte militar más seguro. Según estimaciones, para la Constitución de Cádiz estuvieron alrededor de trescientos diputados, pero se desconoce el numero real, en el registro están ciento cuatro los diputados que estamparon su firma en el Acta de apertura de las sesiones, ochenta más firmaron la aprobación de la Constitución el 19 de marzo de 1812, mientras que doscientos veinte son los que constan en el Acta de disolución de las Cortes, con fecha de 14 de septiembre de 1813.

El texto de Bayona careció de legitimidad, fue una Carta Otorgada por lo que no nació de un consenso amplio, sino de una declaración de voluntad autocrática que, fue  recibida negativamente para los propósitos napoleónicos, tuvo escaso apoyo entre los liberales.  No puede ignorarse sin embargo que normativamente surge primero que la Constitución de Cádiz y es de enfatizar que reconoce a las Américas y Asia, incluyéndoles en la estructura del Estado de España, estos territorios que eran predominantemente agrícolas y con el afán de favorecer la economía recíprocamente, dio reconocimiento a las libertades de industria y cultivo y delimitadamente  el comercio, dispuso de 22 representantes de las Américas para el Gobierno Central, en las Cortes. No debe ignorarse que la Carta de Bayona influyó en la Pepa, pues habiendo antecedentes de  las Américas en un texto constitucional, no se podía separar en otro, de la misma manera que lo otorgado en el primero no debía ser reducido por el segundo de manera sustancial. 

Las bases constitutivas del texto.

Los principios fundamentales de la Pepa son el de soberanía nacional y separación de poderes, en este punto es necesario saber que todo principio en lato sensu una regla máxima dotada de contenido abstracto, a diferencia de las reglas en si que están expresadas tacita o expresamente en todo cuerpo normativo, principio es quien dice como se debe actuar, hacer, etc. El art. 3 dice: ‘’la soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales’’.

Al respecto a la defensa del mismo, la mayoría de los diputados liberales abandonaron apelaciones abstraídas del contractualismo como lo son el Estado de naturaleza y el Pacto Social, sino que aplicaron criterios basados en la coyuntura histórica en la que se encontraba España y en la función legitimadora de defensa de la insurrección patriótica contra la ocupación Francesa, es decir, el acontecimiento social y político fue valorado como fuente real de derecho constitucional, donde dotaba al poder constituyente iuris et de iure para crear la constitución, aprobarla y con potestades de reformarla.  Respecto al principio de división de poderes que se encuentran del art. 15 al 17, menciona que la potestad para la creación de leyes reside en las Cortes con el Rey, significa que el Rey conservaba el Ejecutivo mientras que se le quitaba el poder absoluto, estas Cortes eran unicamerales, bajo elección popular indirecta y asumían la función legislativa con el Rey, los liberales esperaban a Felipe VII para la consumación de un consenso entre la monarquía, clérigo y burguesía.

El poder ejecutivo no sería objeto de alternancia, sino continuaría como una monarquía hereditaria pero moderada, otorgándole participación dentro de la función legislativa en cuanto a la sanción de leyes (su veto unicamente podía ser suspensivo), de igual manera la proclamación de Justicia se seguía en su nombre, pero las Cortes se alzaban como el órgano supremo de la nación (Estado), la Constitución solo podía ser reformada por estas, facultadas además de reformar el sistema político, incluso si afecta la situación del monarca y ostentaban la regulación constitucional del derecho sucesorio. La constituyente no se formó a partir de  partidos políticos, sino de tendencias:: los Realistas, los Liberales y diputados americanos. Este constituyente, incorporó la noción francesa de 1789 al incluir para efectos electorales la abducción de nacionalidad con ciudadanía, esta ultima como presupuesto para el sufragio. La soberanía nacional y división de poderes como principios fueron subsumidos por las potestades de las Cortes como poder representativo entre las facciones resultantes de la monarquía, clérigo y el predominio en la dirección política de la burguesía española.

Su influencia en el contexto centroamericano.

Fernando VII a su vuelta a España derogó la Pepa en 1814, ejerciendo el absolutismo hasta 1820, tras lo cual fue reanudada en 1820 cuando el Rey juró la Constitución de Cádiz para juramentar a las tropas que debían detener la emancipación en América, su vigencia fue hasta 1823, este periodo es conocido como el Trienio Liberal.  Las viejas colonias españolas retomaron el espíritu liberal de la Pepa, en Centroamérica no fue la excepción. Las principales familias criollas de la ciudad de San Salvador que habían dirigido los movimientos populares de 1811 a 1814, sostenían estrechos vínculos con liberales e ilustrados guatemaltecos más prominentes, de igual manera los líderes de los partidos republicanos de dichas ciudades coincidieron entre 1812 y 1814 en la de idea de una monarquía constitucional, el libre comercio y la defensa de los derechos civiles.

Estos grupos se unieron cuando el Reino de Guatemala experimentaba transformaciones político-sociales, y los descontentos de las familias criollas  que pudieron conducir estas situaciones hacia levantamientos populares. Mientras se daba el cambio del absolutismo por el constitucionalismo liberal al final de la década del 20 en España, en el Reino de Guatemala  llegan a la unidad las diferentes facciones políticas que representaban a familias criollas que habían alcanzado cierto grado de acumulación patrimonial y comercial y a sabiendas que España no cambiaría su trato para con las Américas como colonias, propugnaron por una República Federal; los republicanos entendieron de la inviabilidad de la separación económica en el istmo.

La República Federal Centroamericana fue fundada en 1824, inspirada en los principios liberales de la Constitución de Cádiz, llegó a su fin 16 años después. Es necesario comprender que el estudio del constitucionalismo en Centroamericana comienza por entender que la búsqueda de identidades estatales parte de la invención liberal constitucional que tuvo en la Constitución de Cádiz de 1812 una fuente indivisible.