Por Clemente Bardales

En todo el año 2017 el Congreso Nacional ha estado discutiendo el nuevo Código Penal. Cada vez que los diputados aprueban algunas propuestas, se nos paran los pelos. Si por la víspera se saca el día, podemos afirmar categóricamente que el nuevo Código Penal indica como actuará el gobierno en los próximos años.

El pasado 19 de septiembre una alianza nacionalista-liberal aprobó el artículo 590 del nuevo Código Penal, en el que la protesta social fue igualada a los actos terroristas.

“Asociación terrorista. Son asociaciones terroristas las constituidas sea de modo permanente o transitorio por dos o más personas para cometer algún delito con alguna de las finalidades siguientes: -Subvertir gravemente el orden constitucional; -Provocar un estado de terror en la población o parte de ella. -Tienen también la consideración de asociaciones terroristas las que aún teniendo como objeto constitutivo uno lícito, realicen en todo o en parte las conductas a las que se refiere el párrafo anterior. (…)

La redacción es tan general y dual, que se puede aplicar a cualquier situación. Lo mas grave es que aunque la organización sea licita puede ser considerada terrorista, y por lo tanto sus miembros pueden ser condenados a penas de 15 a 20 años de cárcel y hasta 2,000 días de salario-multa.

Honduras es un país en ebullición social, su movimiento campesino tiene muchas tradiciones de tomas de puentes, carreteras y edificios públicos. Esta tradición se ha trasladado a los centros urbanos, y por ello cada vez que hay protesta social hay alguna toma, por muy simbólica que sea. Recientemente, por ejemplo, los estudiantes universitarios tomaron los edificios de la UNAH. Si hubiese estado vigente ese artículo, los 28 compañeros procesados serian condenados a penas de 20 años de cárcel.

Es tan escandalosa la aprobación del artículo 590 del Cogido Penal que obligó al propio presidente Juan Orlando Hernández (JOH), que busca su reelección, a desligarse de la misma, expresando que “se debe de cuidar en otros parámetros la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la protesta y, principalmente, el derecho a la vida. Todo eso se debe de tomar en cuenta para ver qué vamos a aprobar (…) No son los mismos tiempos de 1970 o 1980 inclusive, y ni los últimos años del siglo pasado y la primera década de este siglo. Es algo muy complejo lo que vamos a vivir en las próximas décadas y hay que estudiar lo que se podría vivir para que no nos vaya a sorprender (…) Cuando el Congreso Nacional termine de aprobar el Código Penal, el Poder Ejecutivo decidirá si va a vetar parcial o totalmente ese proyecto o si lo vamos a aprobar; hoy no lo podemos decir”.

No podemos confiar en JOH, solo en nuestra movilización independiente. La izquierda de Honduras debe levantar la bandera de la defensa de las libertades democráticas, contra JOH y contra cualquier otra fuerza que pretende criminalizar la protesta social.

El Primitivo

Ahora que se ha iniciado el proceso de normalización de clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hay un gran interés de los estudiantes por discutir los aciertos y errores de una lucha tan dura y prolongada en el tiempo. El presente artículo pretende contribuir a esa necesaria discusión.

Sólo el mismísimo hecho de protestar y enfrentarse al poder real dentro de la UNAH, y con ello también enfrentar al gobierno actual, es un gran acierto de la lucha estudiantil. Organizarse y exigir inclusión social, ya que nuestro Estado es de naturaleza antidemocrática, cubrió de legitimidad la lucha estudiantil. que reclama su visualización la ciudadanía estudiantil. 

Pedir la cabeza de la rectora Julieta Gonzalina Castellanos durante el año 2017, era algo que todos deseábamos, pero quizá no fue un acierto táctico. Este punto es discutible. Todos esperábamos que esta exigencia se produjera el año pasado, cuando las autoridades universitarias estaban derrotadas, pero el famoso diálogo de sordos-mudos, que más bien fue un monologo, el dio un gran respiro a las autoridades universitarias. ¿Cómo fue posible ir  a un diálogo en 2016 con tres estudiantes expulsados “ criminalizados en la universidad?  

A pesar de la dureza, la lucha de los estudiantes fue cobrando legitimidad incluso en la misma sociedad. Se miraba con gran esperanza el renacer el movimiento estudiantil y el inicio de una gran plataforma de lucha. ¿Pero que pasó? ¿Por que se perdió la capacidad de movilización? 

Quizás el factor de no poder escuchar a las bases del movimiento estudiantil universitario, y el gran afán del protagonismo de una parte de la dirigencia estudiantil, los llevó a cometer un error de cálculo y fue menospreciar la estrategia del enemigo. Este error más adelante l e costó caro a la lucha, al retomar los edificios de la universidad y paralizar las clases de la forma inconsulta con los estudiantes. Esa toma de los edificios de la universidad por más de 90 días llevó a la lucha estudiantil al desgaste, y todavía debemos discutir sino estamos ante una derrota, que puede ser superada, pero que puede tener efectos nocivos

El listado de estudiantes criminalizados ya no son 3 como el año pasado, ahora son 28. Los métodos de las autoridades son la violencia, el verticalismo, el autoritarismo, el sectarismo y el totalitarismo. Ante ello el movimiento estudiantil universitario debió evitar cometer errores, y esto solo se podía evitar consultando a las bases, y no actuando de forma unilateral como lo hizo una parte de la dirigencia. Era importante no darle argumentos de apoyo a la señora rectora.

Estas malas decisiones condujeron a la victoria de los oscuros intereses de las autoridades. Una de las fallas del MEU fue haber confiado en la legalidad burguesa. Se llevó un proyecto de ley ante el Congreso Nacional para poner fin a la crisis de la universidad. Jamás se debió confiar en el mismo Congreso Nacional que reformó la Ley Orgánica de la UNAH que Julieta Castellanos se sé quedase un periodo más.

Al volver a clases se debe retomar la lucha estudiantil universitaria. Los dirigentes deben escuchar y obedecer a sus bases, tomar en cuenta los diferentes criterios de las asociaciones estudiantiles que son el corazón y el alma de éste movimiento. No creemos que las tomas de edificios por tiempos tan prolongados sean el mejor método de la lucha. Es mejor recibir clases durante tres días y tomarse la universidad por uno o dos días. La universidad es el recinto natural donde los estudiantes comparten sus vidas y experiencias. Nunca se debe ir más allá de lo que las bases decidan. Las movilizaciones en las calles es uno de los mejores métodos de lucha, que tienen impacto y efecto a nivel nacional, sobre una población descontenta.

Hay otro factor que no ha favorecido la lucha estudiantil, y es que las mayores de los docentes tienen miedo a juntar sus reivindicaciones con los estudiantes. Se requiere un mayor dialogo entre estudiantes y docentes, para unir fuerzas contra el enemigo común y democratizar la UNAH.

Sin movimientos sociales, no hay democracia. 

Por: Claudia Ayala

Uno de los objetivos de la oligarquía y la empresa privada del país, siempre ha sido mantener al magisterio agachado, timorato y obediente. Para lograr tal propósito y con la anuencia de los organismos internacionales, el golpe de estado del 2009 fue el suceso perfecto que permitió que el Partido Nacional con la complicidad y todo el apoyo del Partido Liberal y otras hierbas, asumiera al poder y se entronizaran amenazando con prolongar una dictadura a los Tiburcio Carías. El principal objetivo lo cumplieron; derrotar al magisterio y mantenerlo sumiso en el aula de clases. Para lograr esto fue necesaria una campaña de desprestigio lanzada a través de la mayoría de los medios de comunicación, como consecuencia de tal campaña, al maestro se le dejó de respetar, y ya suman varios los asesinados dentro de las aulas, o bien los docentes agredidos por madres o padres de familia.

En los últimos meses varios centros educativos de segunda enseñanza son visitados y “resguardados” por agentes de la Policía Nacional y del Ejército con la consigna de brindar seguridad a consecuencia de los asesinatos de estudiantes pero que la verdadera intención es cuidar los bienes del Estado y no a las personas que los frecuentan.

Esto se demuestra con el último suceso ocurrido en horas de la mañana del miércoles 20 de septiembre cuando el profesor Mario Morazán, que laboraba como Consejero de Estudiantes del Instituto Técnico Honduras, en cumplimiento de sus obligaciones fue ultimado a balazos por el familiar de una alumna de séptimo grado. El día anterior la joven había protagonizado una riña con otra alumna de la misma institución y cuyos padres fueron citados a la Dirección para resolver el caso, llegó acompañada por su hermano y una mujer pero él, contrariamente a la buena costumbre de escuchar y ser escuchado, trató de agredir a la alumna rival de su familiar. Al observar el grado de violencia de este individuo, el Director le solicitó se retirara del instituto siendo acompañado a la salida por el profesor Morazán y fue allí cuando el agresor de menores se convirtió en asesino, sacó su arma y disparó tres balazos al profesor Morazán. Tras el hecho, se dio a la fuga.

Este evento nos trae malos recuerdos pues el 23 de marzo del 2010 fue asesinado nuestro compañero y amigo José Manuel Flores Arguijo, también docente que laboraba como Consejero de Estudiantes del Instituto San José del Pedregal cuyo caso quedó en el archivo de los olvidados.

Es por esto que la frase de Honduras está cambiando con paz y seguridad se torna un insulto a la inteligencia del hondureño que ve como cada día los índices de violencia se acrecientan a tal grado que los asesinatos ocurren en combos de tres, cinco o más personas a la vez en aldeas y caseríos, grupos organizados de campesinos y profesionales (abogados, periodistas, docentes), dirigentes sociales y estudiantes, asesinatos que van más allá de la delincuencia común o un ajuste de cuentas entre grupos antisociales, sino que muchos de ellos obedecen a una política estatal de reprimir de todas formas los movimientos sociales y la lucha popular, un sector muy golpeado con los asesinatos son los Movimientos Campesinos y Defensores del Medio Ambiente, entre ellos: Tomás García en 2014, Francisco Martínez Márquez, Silvestre Manueles García y Javier Vásquez en el 2015, Berta Cáceres, Lesbia Yaneth Urquía, José Ángel Flores, Silmer Dionisio George en el 2016, sin olvidar a Margarita Murillo, por mencionar algunos ya que según el informe de la ONG Global Witness son más de 120 defensores de la Tierra y del medio ambiente que han sido asesinados desde el año 2010.

Es en estos dos últimos gobiernos nacionalistas que la violencia se ha incrementado a pesar del Plan de Nación de Pepe Lobo y las continuas Operaciones Avalancha de la Policía Militar y el Ministerio Público del gobierno actual contra la Mara Salvatrucha en las que han decomisado varios bienes materiales propiedad de este grupo, además de la presencia militar en las calles de las ciudades del país, el traslado de reos de alta peligrosidad a las cárceles denominadas El Pozo y el cobro de la llamada tasa de seguridad que se cobra en los bancos por cada retiro de dinero que hace el ciudadano. Esto no ha garantizado nada y los niveles de inseguridad se incrementan.

Debemos exigir justicia y respeto por la vida regresando a las calles, manifestando nuestra inconformidad y descontento. Volver a la protesta callejera es necesario, aunque esta se haya penalizado.

El Claustro de Profesores de la Facultad de Humanidades y Artes, reunido en Asamblea extraordinaria para tratar asuntos relacionados con la crisis que atraviesa la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se pronuncia de la siguiente forma:

Exigimos el pago del salario de los profesores por hora correspondiente al II-PAC, el cual ha sido negado de manera ilegal c injusta por parte de las autoridades. Nos sumamos a esta demanda en vista de las respuestas negativas que los compañeros han recibido en reiteradas ocasiones. En lo consiguiente estaremos atentos y acompañaremos las acciones administrativas y legales que procedan para garantizar el respeto a sus derechos laborales.

Desconocemos el nombramiento ilegal de forma interina de la arquitecta Rosamalia Ordóñez como decana de la Facultad de Humanidades y Artes, ya que vacó en sus funciones y de acuerdo a la ley no procede dicho nombramiento, por lo que exigimos se convoque de manera inmediata a concurso para que sea ocupado dicho cargo.

Exigimos se convoque al Consejo General de Carrera Docente (C.G.C.D.) de manera inmediata y urgente para reactivar las funciones que este organismo debe ejercer, particularmente, el dictamen de los concursos públicos de autoridades universitarias que permitan contribuir a resolver la crisis institucional en la que nos encontramos.

Repudiamos la represión y brutalidad cometida contra estudiantes y defensores de Derechos Humanos en Ciudad Universitaria el día viernes 8 de septiembre del 2017, por parte de los órganos jurisdiccionales y policiales del Estado, la cual fue autorizada por rectoría ante su incompetencia para resolver este conflicto.

Rechazamos la implementación de las clases virtuales como única oferta académica para el 1II-PAC, ya que esto va en contra de la calidad educativa y la estabilidad laboral de los docentes. Esta medida se aplica sin el debido análisis académico y pedagógico, en detrimento de la formación humanística del estudiante universitario.

Exigimos que la Junta de Dirección Universitaria (JDU) convoque a concurso para el cargo de rectoría y otros cargos de su competencia, en cumplimiento del marco legal universitario y en seguimiento a lo establecido en el decreto No 75-2017 emitido por el Congreso Nacional, en relación a la crisis universitaria.

Para garantizar la gobernabilidad y la institucionalidad en la universidad es preciso que ninguna de las actuales autoridades acceda de forma interina a los cargos de dirección que sea necesario nombrar, y además debe haber un respeto irrestricto a la ley en la elección de estos cargos.

Ciudad Universitaria, 13 de septiembre de 2017.