Por Ricardo Patzán

Las trabajadoras y trabajadores estatales del área de salud iniciaron el mes de abril realizando acciones por la defensa de sus derechos. El combativo Sindicato Nacional de Empleados del Hospital San Juan de Dios, que agrupa filiales en los principales centros hospitalarios y centros de salud del país, desde inicios del mes anunció que se declararía en Asamblea Informativa Permanente los días 4, 5 y 6 de abril, y que este último día 6 realizarían una serie de bloqueos en puntos estratégicos a nivel nacional y en la ciudad capital.

El reclamo que motiva estas acciones es el incumplimiento por parte del Ministerio de Salud del artículo 146 del decreto 16-2021, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2022, que indica que se deberá incorporar a todos los trabajadores por contrato al renglón permanente 011. El artículo dice: “Se instruye al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para que de su presupuesto de funcionamiento inicie el proceso de incorporación del personal de los diferentes renglones temporales sin relación de dependencia al renglón 011, “Personal Permanente”, para lo cual se hace necesario utilizar los puestos vacantes ya existentes en el Ministerio mencionado y adicionalmente la Oficina Nacional de Servicio Civil prestará la asistencia técnica necesaria para la creación de puestos que se requieran en atención a la presente disposición (https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/13552#gsc.tab=0).

En el comunicado en el que anunciaron las acciones, los compañeros sindicalistas afirmaron que son más de 36 mil trabajadores de las áreas de enfermería, lavandería, intendencia, oficinistas, alimentación, seguridad, bodegas, imprenta y otros más, que han estado al servicio de la población guatemalteca a pesar de la pandemia, a los que hay que agregar los que han fallecido en el complimiento de ese deber, a los que se les ha violado los derechos establecidos en Código de Trabajo y otras leyes; estos derechos incluyen vacaciones, bono 14, aguinaldo, pre y post natal, hora de lactancia, que les han sido vedados al no tener una plaza permanente, debiendo firmar contratos periódicamente, además de que no se han beneficiado de los bonos adquiridos para los trabajadores permanentes.

Los compañeros exigieron la incorporación de estos trabajadores por contrato al renglón permanente 011, la creación de las plazas con las que no cuenta el Ministerio de Salud, y la reclasificación del personal profesional; además demandaron un reajuste salarial para todos los trabajadores del ministerio sin importar el renglón a que pertenezcan, pues desde hace 21 años no reciben aumento salarial, y que se cumpla el amparo 703-2020 que fue otorgado a los trabajadores en vulnerabilidad para el resguardo de sus vidas durante la pandemia. A este respecto, el 1 de abril trabajadores de salud que son adultos mayores, enfermos crónicos y mujeres embarazadas, protestaron frente a la Torre de Tribunales por la pretensión de las autoridades de salud de que retornen al trabajo presencial, siendo que la pandemia aún está presente en Guatemala.

Desde el lunes 4 los trabajadores salubristas iniciaron acciones de protesta en sus centros de trabajo, y, tal como lo habían anunciado, el miércoles 6 bloquearon diferentes puntos del país. En la ciudad capital, los compañeros bloquearon el tráfico en un sector de la Calzada Aguilar Batres zona 12, en las cercanías del Puente El Trébol, y, además, otros 14 puntos del territorio nacional. Hacia las 14:00 horas la mayoría de bloqueos fueron levantados.

El ministro de salud, Francisco Coma, se lamentó por las acciones y declaró: “Hemos estado hablando con los representantes del sindicato, haciéndoles ver que el traslado de plazas es un proceso ordenado y tiene una secuencia. Esperamos que en mayo se trasladen 1 mil plazas y en junio otras 1 mil 500” (Prensa Libre 6/04/2022). 

Nos solidarizamos totalmente con las compañeras y compañeros trabajadores de salud en sus luchas por la defensa de sus derechos. Estas acciones deben incrementarse y posicionar a la clase trabajadora al frente de las luchas democráticas, tal como lo hizo la Confederación General Central de Trabajadores de Guatemala (CGTG, a la que está afiliado el Sindicato del San Juan de Dios), en la marcha que realizó el 29 de marzo, denunciando al gobierno de Giammattei, protestando contra el alza de la canasta básica y los combustibles, contra la aprobación de leyes impopulares por parte del Congreso, contra la privatización del IGSS, contra la reelección de la fiscal general y contra represión de dirigentes sindicales, campesinos y populares. La clave es la unidad de las fuerzas populares y sus organizaciones alrededor de la demanda de una Asamblea Constituyente Popular de los Trabajadores y los Pueblos Originarios.

Por Armando Tezucún

El 31 de marzo se vencieron varios lotes de vacunas contra el coronavirus de la marca Sputnik, que fueron compradas a Rusia. En total fueron 2 millones 901 mil 632 dosis, que corresponden a 1 millón 148 mil 262 del primer componente y 1 millón 753 mil del segundo. En términos monetarios la pérdida asciende a Q 256 millones 939 mil 514.

Del 3 al 7 de abril se vencieron varios lotes de la vacuna Moderna, donada por Estados Unidos, que servirían para inmunizar a niños de entre 6 y 11 años. En total se perdieron 1 millón 547 mil 360 dosis; solamente el 18.32% de 2 millones 200 mil niños en ese rango de edad se pudieron vacunar, quienes tendrían que recibir la segunda dosis a mediados de mayo, pero ya no hay vacunas. Hay varios lotes de AstraZeneca y otros del segundo componente de Sputnik V que se vencerán a finales de abril. Según la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en febrero y marzo se perdieron 5.2 millones de vacunas que no fueron administradas y llegaron a su fecha de vencimiento. En total las pérdidas ascienden a unos Q 350 millones.

El ministro de salud Francisco Coma justificó la situación diciendo que la situación de la pandemia es complicada, siendo una enfermedad nueva, y es un tema que es muy complicado en todo el mundo. Tergiversó los hechos diciendo: “Guatemala es el país que más vacunas ha aplicado en la región…si se calcula el porcentaje total de la población, que es como se sacan los cálculos por parte de la Organización Panamericana de la Salud, eso nos pone en desventaja, pero, cuando se aplica sobre la población objetivo real a vacunar, los números cambian”; además, reconoció que las autoridades en salud sabían que las vacunas se iban a vencer (Prensa Libre 3/31/2022). La realidad es que Guatemala es el país de la región con más rezago en el proceso de vacunación, pues se ha llegado solamente al 43% de la población meta, y únicamente tres de cada 10 guatemaltecos cuentan con el esquema completo.

El contrato mediante el cual fueron compradas las vacunas Sputnik despertó numerosas sospechas desde el año pasado, pues se negoció en abril con una empresa rusa de dudosa procedencia, Human Vaccine, que no es la fabricante, como lo manda la ley de vacunación aprobada por el Congreso de la República, y además contiene cláusulas perjudiciales para el Estado de Guatemala. Algunas organizaciones de la sociedad civil califican la transacción de fraude multimillonario que involucra a varios funcionarios del gobierno. Por medio de ese contrato, Guatemala se comprometía a comprar 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik, cancelando el 50% por adelantado, sin claridad del cronograma de entrega; la empresa se retrasó en entregar el producto, y cuando llegaron, tenían solo cuatro meses de vida útil, y en condiciones de almacenamiento y manejo para las cuales el Ministerio de Salud no tenía capacidad; solamente el 45% de los puestos de vacunación están en capacidad de almacenar la Sputnik en las condiciones requeridas para su administración a la población. Para el momento en que llegaron las vacunas rusas, la población ya había recibido dosis de otros inmunizantes adquiridos por medio del mecanismo Covax o mediante donaciones.

Mientras tanto, durante semanas el gobierno ha afirmado que la perjudicial negociación se encuentra en “análisis jurídico” para decidir su suspensión, y Guatemala aún tiene el compromiso de adquirir otros 8 millones de dosis a un costo de Q 614.5 millones. La Contraloría General de Cuentas ya presentó cuatro denuncias al Ministerio Público sobre el proceso de compra de la vacuna rusa, y las investigaciones se encuentran bajo reserva; la Fiscalía Contra la Corrupción tiene abierta una investigación sobre las vacunas vencidas, las cuales no pueden ser destruidas, pues podrían ser parte de un anticipo de prueba.

La causa real de la pérdida de casi cuatro millones de dosis, es que el gobierno ha sido incapaz de realizar un plan de vacunación eficiente. El mismo presidente de la república ha llegado al extremo de culpar a la población por no querer vacunarse, especialmente en el área rural, cuando es su obligación y la de su gobierno planificar las medidas adecuadas para convencer a la población para que se inmunice contra el Covid mediante campañas masivas.

Exigimos al Ministerio Público que investigue y procese a los culpables de estas pérdidas millonarias y a los responsables de la negociación y firma del perjudicial contrato de las vacunas Sputnik. Ante la ineficiencia del Ministerio de Salud y del gobierno, llamamos a los sindicatos de trabajadores de salud a tomar en sus manos el problema y organizar una campaña masiva de vacunación, sobre todo en el área rural, que es donde menos se ha inmunizado la población contra la pandemia.

Por Ricardo Patzán

Los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania ya se empiezan a sentir en Guatemala. El más grave es el incremento en el precio de los combustibles, con un rango del 30% para los diferentes tipos de gasolinas y del 47% para el diésel en la primera semana de marzo, con precios de Q 37.99 la gasolina superior, Q 37.39 la gasolina regular y Q 36.06 el diésel. En el transcurso del mes los precios han fluctuado continuamente, llegando el diésel a costar hasta Q 41.59 el galón, para luego bajar a Q 37.60. Esta fuerte alza tendrá un efecto general en los precios en el mediano plazo, afectando sensiblemente a la población trabajadora.

Otros precios de artículos básicos ya se vieron afectados, en especial el del pan de consumo popular, pues el quintal de harina suave y dura ahora cuesta entre un 20% y 23% más que a inicios de febrero. De esta manera, el precio de la unidad de pan popular pasó de Q 0.25 a Q 0.50. Los análisis indican que hay un aumento de la demanda global de harina, a la vez que en febrero se reportó una disminución de la producción de trigo en varios países. Otro factor que influye es el transporte internacional, ya que en 2021 un barco granelero costaba US$ 10 mil al día, y ahora llega hasta los US$ 40 mil diarios. Todos esto hace que la harina de trigo esté experimentando un ajuste de alrededor del 40% a nivel mundial.

Entre septiembre y febrero otros productos experimentaron alzas en los precios, como granos básicos, verduras, carnes y abarrotes. El quintal de frijol subió un 12%, el de arroz un 9.5%, y el de maíz un 2.9%. El aceite comestible aumentó entre 9.4% y 17.3%, dependiendo de las diversas variedades. El azúcar se incrementó en un 22%. La libra de carne de res en canal pasó de Q 16 a Q 18 y el quintal de papa pasó de Q 135 a Q 235.

Según expertos, la inflación se debe a la política monetaria expansiva adoptada por las autoridades en materia económica, el préstamo que el Banco de Guatemala (la banca estatal) concedió a gobierno por la emergencia del Covid y la baja en la tasa líder de interés adoptada para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia. A esto se está sumando los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El gobierno de Alejandro Giammattei ha puesto sus barbas en remojo, tomando medidas para paliar la escalada de los precios. El 5 de marzo el mandatario anunció que aumentará la cobertura del subsidio a usuarios de la energía eléctrica que consumen hasta un máximo de 100 kilovatios, ampliando en 120 mil hogares los beneficiarios de la medida; con anterioridad, el consumo para tener el beneficio era de 88 kilovatios.

El 8 de marzo, a instancias del gobierno, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional un nuevo subsidio al gas propano, por medio de una reforma a la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano. Esta ley otorgó un subsidio a los cilindros de 10, 20, 25 y 35 libras, y estuvo vigente entre noviembre del año pasado y febrero del presente. La reforma aprobó un nuevo subsidio, vigente por tres meses a partir del 1 de abril, financiado por una ampliación presupuestaria de Q 100 millones.

Nuevamente a petición del ejecutivo, el 15 de marzo los diputados del legislativo aprobaron un subsidio de Q 5 al galón de diésel y uno de Q 2.5 al de gasolina regular. La medida tendrá vigencia por dos meses y será financiada con una ampliación al presupuesto del Estado por Q 745 millones. La Ley de Subsidio al Diésel y la Gasolina Regular fue publicada el 22 de marzo en el diario oficial, pero el beneficio aún no se hace efectivo porque hace falta la elaboración de su reglamento, que se espera esté listo en los primeros días de abril. 

Las medidas de emergencia tomadas por el gobierno obviamente no harán que bajen los precios de los alimentos que ya han experimentado alzas, solamente frenarán temporalmente nuevos incrementos. Un factor clave es el incremento del precio del transporte, tanto de carga como el colectivo de personas; el primero porque afecta los costos de todos los productos, y el segundo porque incide directamente en los bolsillos de los trabajadores, que ya están pagando cantidades excepcionales para llegar a sus centros de trabajo. El lunes 28 los pilotos y empresarios del transporte urbano entraron en paro indefinido en protesta por el aumento del combustible.

Para afrontar la grave crisis, proponemos la nacionalización de la importación y comercialización de los combustibles, bajo el control y supervisión de los sindicatos y organizaciones populares. Los impuestos a los hidrocarburos deben ser eliminados, y su aporte al presupuesto estatal reemplazado por impuestos directos a las ganancias de las transnacionales, bancos y grandes corporaciones empresariales. Estas medidas deben ser complementadas por un alza general de salarios, para que las y los trabajadores podamos enfrentar la inflación.

Por Leonardo Ixim

Entre los días 22 y 23 de marzo se llevó a cabo el proceso para elegir cuerpos electorales de los sectores estudiantil, profesional y docente de la Universidad de San Carlos (USAC) y la conformación de electores representantes de las planillas que compiten en este proceso electoral.

Estas fueron: Integración Universitaria, cuya candidata es María de Paz; Luis Suarez, de Identidad Sancarlista; Edwin Calgua, de Nueva USAC; Abraham Bacca, declarado como independiente; Walter Mazariegos, de Innova USAC; Carlos Valladares, de Avante; y SOS USAC, que postuló a los pre candidatos Jordán Rodas (Procurador de los Derechos Humanos, que dejará ese cargo el presente año), Raúl Molina, Gladis Bailey.

El engorroso y anti democrático sistema electoral, donde no existe la elección directa sino por medios de cuerpos, excluyendo a los trabajadores administrativos y de servicios, pero además a la mayoría de los estudiantes de las distintas unidades académicas. De este modo, votan solo las facultades históricas desde la creación de la USAC en 1945, tales como la de Humanidades, Ingeniera, Ciencias Químicas y Farmacia, Agronomía, Ciencias Económicas, Arquitectura, Medicina, Veterinaria y Zootecnia; así como los profesionales de los colegios de ingenieros químicos, enfermeras, auditores y contadores públicos y psicólogos, de reciente participación.

Como escribimos en dos artículos previos, todos los candidatos, salvo el grupo SOS USAC, pertenecen a la burocracia universitaria que ha parasitado desde los puestos de docencia y administrativos en el control del alma mater, siendo funcional a las distintas expresiones conservadoras que administran el Estado de Guatemala.

SOS USAC surgió ya iniciado el proceso electoral, aunque su proceso de conformación viene desde hace unos meses y su presencia pública se dio cerca del proceso eleccionario universitario; esto como parte de una estrategia disruptiva contra esa burocracia parasitaria y para evitar desgaste contra esta agrupación. Fue táctica la presentación de tres precandidatos, recogiendo la tradición democrática de presentar varios profesionales con vocación progresista, aunque de los tres, Rodas es el principal candidato.

La elección de Rodas, una persona con menos vinculo en la USAC a diferencia de Bailey, catedrática de medicina, y Molina, ex decano de la Facultad de Ingeniería, fue una jugada que logró sus frutos en materia comunicación política, al perfilar a una figura que ha acumulado prestigio al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), cuestionando a los políticos corruptos y grupos de poder de la oligarquía. Pese a ser electo por estos mismos actores para el puesto de procurador hace cuatro años la PDH y de provenir de partidos conservadores, se plantó ante los desmanes de éstos, sufriendo acoso.

La victoria en varios cuerpos electorales de parte de SOS USAC genera muchas expectativas en los sectores democráticos al interior y fuera de la universidad, sobre todo en lo concerniente a rescatar la posición crítica al modelo social y económico capitalista de la USAC. La misma conformación de tal colectivo, el cual funciona más como un frente de personas y grupos, desde colectivos estudiantiles diversos que han tenido sus diferencias, grupos docentes y otros, muestra cómo un esfuerzo de tal naturaleza, que escapa de figura de los precandidatos presentados, es vital de cara a la reforma universitaria.

Con respecto a los resultados de los 26 cuerpos electorales, Innova de Mazariegos (actual decano de la Facultad de Humanidades), que refleja los sectores más corruptos de la U logro 8 cuerpos, SOS USAC 7 cuerpos, Avante 5, Identidad 4, Nueva USAC uno, al igual que uno para el candidato Bacca. De los ocho cuerpos ganados por Innova, cuatro tienen impugnaciones: colegio de psicología por SOS USAC, dos en el colegio de humanidades por Identidad como por SOS USAC, otro en la planilla estudiantil de la Facultad de Ingeniería y otra en la planilla también estudiantil de la Facultad de Humanidades, estos últimos también por SOS USAC. Además, faltan segundas y terceras vueltas en otros cuerpos electorales.

Saludamos el avance de SOS USAC; consideramos que, independientemente del resultado, tal agrupación debe mantener su cohesión, y evitar caer en los vericuetos del burocratismo institucional, aun si logra ganar la rectoría y ayudar a organizar los sectores universitarios.