Por Armando Tezucún
La coalición de empresarios, narcotraficantes y miembros del crimen organizado, militares, políticos y funcionarios corruptos, que controla a su antojo el Estado y sus bienes, avanzó en su plan de deshacerse de sus enemigos en el sistema de justicia. El lunes 21 de marzo la jueza Erika Aifán, que hasta ese momento presidía el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, presentó su renuncia en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.
Aifán fue jueza durante 19 años y tuvo a su cargo ese juzgado desde julio de 2016. Publicó un video en las redes sociales explicando tres razones de su renuncia: “1) Las presiones, amenazas y hostigamientos en mi contra, me hacen imposible continuar desempeñando este cargo sin poner en riesgo inminente mi vida, libertad e integridad, así como las de mi familia… 2) He sido víctima de múltiples amenazas, vigilancias y seguimientos con vehículos sin placas de identificación, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de mi despacho. 3) He sido criminalizada injustificadamente con más de 100 procesos penales, cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, aproximadamente 30 antejuicios…A esto se suman campañas mediáticas de desprestigio y odio hacia mi persona, mi cargo como jueza y a mi condición de mujer…” (Prensa Libre 21/03/22).
Previo a presentar su renuncia, Aifán ya había salido al exilio el miércoles 9 de marzo, cruzando la frontera con El Salvador para volar a Costa Rica y luego a Estados Unidos, donde se encuentra actualmente.
En una entrevista con el medio digital El Faro, Erika Aifán explicó que en un inicio había considerado enfrentar en Guatemala un eventual proceso en su contra, preparando un plan si incluso era encarcelada; pero se dio cuenta de que no tendría a su favor las garantías de un sistema democrático de justicia. De hecho, ningún centro de detención del país hubiera sido seguro para ella, pues en todos se encuentran personajes poderosos que envió a la cárcel. En la misma entrevista confirmó que el presidente Alejandro Giammattei le solicitó una copia de la grabación del testimonio del Testigo A, que implica al mandatario en un acto corrupto de financiamiento ilícito durante su campaña electoral de 2019, solicitud que rechazó al no estar involucrado Giammattei en el proceso.
Durante su desempeño en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, la jueza Aifán tuvo a su cargo casos relevantes que le granjearon numerosos enemigos. Los más importantes son los siguientes: Caso Migración, en febrero de 2017, en el que envió a juicio a más de 40 miembros de una organización dedicada a la falsificación de pasaportes, que incluía a personal de la Dirección General de Migración, Registro de las Personas, abogados y tramitadores; financiamiento ilícito del partido FCN-Nación, caso por el que fueron procesados prominentes miembros de la oligarquía, como Fraterno Vila, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte y Felipe Bosch Gutiérrez; caso Comisiones Paralelas y Comisiones Paralelas 2020, que investigó estrategias para intervenir en el nombramiento de magistrados del Poder Judicial, mediante la creación de estructuras paralelas a las Comisiones de Postulación; caso Construcción y Corrupción, de 2017, que vinculó a empresarios de la construcción y funcionarios del Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota, para agilizar el pago de deudas y contratos con el Estado mediante el pago de coimas; Caso Odebrecht, que involucra a la empresa brasileña en el pago de sobornos al gobierno del Partido Patriota a cambio de la adjudicación de contratos; el caso más reciente es el del Testigo “A”, que mediante declaración reveló las negociaciones entre el entonces candidato presidencial Giammattei y el ministro de Comunicaciones José Luis Benito para financiar ilícitamente su campaña electoral.
El imperialismo gringo y sus aliados, la Unión Europea, la ONU, la OEA, etc., han expresado en términos diplomáticos su “preocupación” por la renuncia y salida forzosa del país de la jueza Erika Aifán. La administración Biden pretende figurar como defensora de los derechos democráticos al dar refugio a jueces y funcionarios de justicia perseguidos por el Estado guatemalteco; pero sabemos que no hará absolutamente nada para frenar el giro dictatorial y antidemocrático del gobierno de Giammattei y sus compinches, pues en última instancia son aliados y Estados Unidos no puede prescindir de esta alianza para impulsar sus políticas migratorias y sostener sus áreas de influencia frente a sus rivales, los imperialismos ruso y chino.
Es solamente el pueblo y sus organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres y jóvenes el que podrá detener a los corruptos y enemigos de la democracia, luchando unidos por una Asamblea Constituyente Popular de los Trabajadores y los Pueblos Indígenas.
