Por Leonardo Ixim

El próximo 27 de abril se llevará a cabo la elección a rector de la Universidad de San Carlos (USAC), la única universidad pública del país; este proceso está marcado por la renuncia del rector Murphy Olimpo Paiz, electo para el período 2018-2022.

En esta ocasión se presentan seis candidaturas para el periodo 2022-2026. Recordemos que Paiz no terminó su mandato debido a que está siendo investigado, junto al ex rector Estuardo Gálvez, por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público por el caso de Comisiones Paralelas, proceso que consistió en el tráfico de influencias en las comisiones de postulación para elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Paiz dirigió una de las postuladoras y fue parte del entramado en que se realizó este proceso de selección amañada de jueces; además tiene señalamientos por anomalías en concesiones de obras para la universidad. Mientras que Gálvez, desde que fue decano de la facultad de derecho y más cuando fue rector, logró armar un grupo que ha influido en la selección de perfiles para asumir esos cargos. 

La universidad pública, desde la llamada apertura democrática, ha sufrido un proceso de infiltración y creación de grupos de poder, los cuales se fueron amalgamando con la burocracia académica (docentes e investigadores), personal administrativo y la proveniente de los colegios de profesionales; estos grupos se auto-reproducen al interior de la universidad, alejándola de la profundización de la investigación científica, la docencia crítica y la extensión abocada a las problemáticas sociales.

De esta costra incrustada en la universidad es que han salido los últimos rectores, por lo menos a partir de la década de los 80s del siglo pasado. Así, en la Constitución Política promulgada en 1985, se fue neutralizando el carácter crítico que la universidad había adquirido desde mediados del siglo XX por el proceso de agudización de las contradicciones de clase, primero con la represión a las y los miembros de la comunidad universitaria, segundo con las prerrogativas que esta Constitución le otorga a la USAC para intervenir en una serie de instancias públicas, y tercero, con el poder que se le otorga a los colegios profesionales y la ausencia de representación de los trabajadores administrativos y de servicios en los órganos representativos de gobierno universitario.

De esta misma capa burocrática también salen los seis candidatos a rector, estos son: Carlos Valladares Cerezo, exdecano de la Facultad de Arquitectura y exsecretario general del CSU; Walter Ramiro Mazariegos Bioelis, actual decano de la Facultad de Humanidades; Luis Arturo Suárez, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas; Erwin Humberto Calgua Guerra, exdirector General de Investigación de la USAC y exdirector de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas; María del Rosario Paz Cabrera, directora general del Centro Universitario de Occidente (CUNOC); y Abraham Baca Dávila, encargado de relaciones públicas de la rectoría de Jafeth Cabrera -ex vice-presidente en el gobierno de Jimmy Morales- y excomunicador del Tribunal Supremo Electoral.

Mazariegos ha sido por más de dos veces decano de Humanidades y es considerado cabecilla de las mafias que han operado en la universidad -actividades criminales en torno a narcotráfico, armas, prostitución- desde el Comité General de Huelga de la decadente Huelga de Dolores. Suárez está vinculado con sectores del poder económico, especialmente con el monopolio de la producción, comercialización y exportación de azúcar y etanol.

Valladares Cerezo avaló prácticas anómalas en esta facultad, fue parte de la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU), producto de la toma estudiantil de 2010, sin ninguna postura crítica a la burocracia universitaria y además secretario académico del corrupto Murphy hasta su renuncia.

Maria Paz, eterna directora del principal y más antiguo centro departamental universitario, en la ciudad de Quetzaltenango, quien auspició a la Asociación de Estudiantes Universitarios del CUNOC, conocida por las mismas prácticas mafiosas en la Huelga de Dolores, participante además en la CMRU sin ningún brillo crítico y que ahora maneja un mensaje cuestionador al centralismo administrativo, académico y administrativo del campus de la ciudad capital y sus facultades. Es más, a inicios de enero hubo una toma de un día de estudiantes que pese a manejar un mensaje correcto cuestionando el proceso de elección, pertenecen a los mismos parásitos que se acomodaron tras la toma de 2010 y están acuerpando a Paz.

Posteriormente en otros números profundizaremos sobre las problemáticas universitarias de estudiantes y trabajadores, la privatización de la educación superior, la reforma universitaria, la necesidad de reconfigurar el proceso de elección de rector y de la naturaleza de la universidad hoy limitada a la formación de profesionales.

Por Ricardo Patzán

Este año 2022 está estipulada la elección de nuevo o nueva fiscal general y titular del Ministerio Público (MP). Este cargo debe ser desempeñado por cuatro años, y quien lo ocupe debe tomar posesión un 17 de mayo y entregarlo el 16 de mayo de su cuarto año de gestión.

El proceso de elección de fiscal general está regulado en la Constitución de la República y debe ser por medio de una Comisión Postuladora, que escoge, entre los aspirantes que presenten su candidatura, a una nómina de seis que es presentada al presidente de la república, quien hace la escogencia final.

Como ya hemos expuesto en otros artículos de nuestro quincenario, este sistema de comisiones de postulación para elegir a diversos funcionarios estatales ha degenerado en tráfico de influencias, compra de votos, luchas de poder al interior de las instancias que participan en las mismas. La intención inicial era que diversos sectores de la sociedad participaran en la escogencia de puestos claves del entramado estatal, pero como en todo Estado burgués, en Guatemala han predominado los intereses de empresarios, de las redes del crimen organizado, de la oficialidad del ejército que busca impunidad por delitos cometidos durante el conflicto armado interno, y de políticos corruptos que buscan eludir la justicia. Por ello este sistema de elección se deterioró con el tiempo, y en la actual elección se está viendo el mismo esfuerzo de los grupos de poder por influir en el nombramiento de nuevo fiscal general.

El 18 de enero el pleno de diputados del Congreso de la República juramentó a 14 integrantes de la comisión que estará a cargo de elegir la nómina de candidatos a jefe del MP. Por ley, esta comisión está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente del Colegio de Abogados (Cang), el presidente del Tribunal de Honor de este colegio, y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de 12 universidades de Guatemala.

El primer síntoma de manejos dudosos se dio con el retiro del decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rural de la comisión, aduciendo problemas de salud. En su lugar fue nombrada Lorena Flores Estrada como nueva decana y participante de la comisión postuladora. Pero resulta que Flores es también asesora parlamentaria del diputado Fidel Reyes Lee, jefe de bloque del partido Bienestar Nacional (Bien), que es parte de la alianza oficialista. ¡Sorpresa! Reyes Lee también es rector de la Universidad Rural, y además, en legislaturas pasadas fue denunciado por cargos de falsedad material, usurpación de atribuciones y falsificación de documentos públicos, según la organización Guatemala Visible (Prensa Libre 19/10/2021). Todo el asunto apesta feo, y es muy cuestionable que personajes de esta calaña se involucren en la elección de fiscal general; incluso, el sistema de comisiones de postulación ha derivado en que universidades de poca monta como esta, quiten y pongan decanos en función de la injerencia en la elección de funcionarios del Estado. Flores fue juramentada por el Congreso el 25 de enero.

Otro cambio sospechoso de decano lo efectuó la Universidad del Istmo de Guatemala el 21 de enero, cuando a última hora cambió a Jary Leticina Méndez por Alejandro Arenales Farné en la decanatura y como integrante de la Comisión Postuladora.

La actual fiscal general María Consuelo Porras, aliada de las estructuras corruptas en el Estado, empezó a intervenir en la elección de su sustituto, cuando admitió en tiempo récord una denuncia espuria de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo contra la Universidad Da Vinci y su decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas David Gaitán, incluyendo una solicitud de captura; la denuncia era porque Gaitán no cuenta con una maestría, requisito para integrar la comisión. Por la presión, Gaitán tuvo que renunciar a la decanatura y a la comisión.

Esta universidad y el exdecano habían presentado una propuesta de metodología a la comisión, que aparentemente no fue del agrado de los grupos de poder. El planteamiento incluía la presentación de un formulario con toda la información relevante de los candidatos y ampliar el espectro de datos solicitados para conocer la trayectoria personal, la experiencia profesional y las vinculaciones familiares, laborales o económicas de los mismos, y otras disposiciones que ampliaban el proceso de elección haciéndolo más trasparente.

La podredumbre del actual sistema de comisiones de postulación es evidente y obliga a reformar de raíz el proceso de elección de estos funcionarios públicos. Reiteramos nuestra propuesta de que el fiscal general y los integrantes de las cortes de justicia sean electos por el voto del pueblo, libre, directo y secreto; y que puedan ser destituidos en cualquier momento por decisión popular.

Por Javier Fonseca

Los días 24 y 25 de enero el país se vio sacudido por numerosos bloqueos realizados por transportistas de la Unión de Transportistas Guatemaltecos, acciones que incluyeron a conductores de mototaxis, tuc tuc, taxis estacionarios y rotativos, fleteros, camiones pequeños medianos y grandes, cabezales, microbuses urbanos y de transporte turístico de todo el territorio nacional.

Los tranques tuvieron lugar en 32 puntos carreteros, y algunos centros urbanos como Sololá y Quetzaltenango. El motivo fue la exigencia de que el gobierno derogue el acuerdo 17-2020, que obliga a toda la variedad de empresarios del transporte colectivo urbano o de carga autorizados para circular por la vía pública, a contratar un seguro anual de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes para indemnizar por muerte, lesiones y daños y perjuicios en casos de accidentes.

La medida, originalmente decretada por el gobierno de Jimmy Morales (2016 – 2020) ha generado ya varias acciones de protesta por parte de los afectados, de modo que su entrada en vigencia había sido postergada tres veces, siendo la última fecha acordada febrero de 2022. El 21 de enero, luego de que el día 9 el gremio del transporte anunciara los nuevos bloqueos, el presidente Alejandro Giammattei y su ministro de gobernación postergaron por cuarta vez la medida, prorrogando por seis meses la entrada en vigencia de su reglamento y otorgando un plazo de 30 meses para que los empresarios lo contraten, por medio del acuerdo 9–2022. Esta decisión la tomaron los funcionarios pese a una ola de accidentes de tránsito que desde hace 5 meses ha causado 167 muertes, 748 personas heridas y Q 30 millones en daños; se justificaron con la situación de la pandemia de Covid-19 y asegurando que continuarán conversaciones con los empresarios en febrero, marzo y abril.

A pesar del acuerdo 9-2022, los transportistas decidieron no suspender la realización de bloqueos, aduciendo que ellos no quieren prorrogar el acuerdo, sino que sea suspendido definitivamente. De este modo, desde las 6 de la mañana del 24 las carreteras fueron bloqueadas.

Pero no todos los miembros del gremio estuvieron de acuerdo con las acciones. La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, la Asociación de Transportistas Internacionales y la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT) no acuerparon la medida, asegurando que están de acuerdo con que se contrate el seguro, pero no con los altos precios que quieren cobrar las compañías aseguradoras, que en el caso de los cabezales de varios ejes llega a Q 9 mil anuales; esperan que se llegue a un acuerdo por medio del diálogo, no por medidas de fuerza. La CNT aseguró que el transporte pesado sí cumple con tener un seguro de responsabilidad civil desde antes de la promulgación del acuerdo 17-2020. Quienes procedieron a interrumpir el tráfico en las carreteras son pues, empresarios pequeños, como taxistas, mototaxis, tuc tuc y fleteros, que no cuentan con recursos para pagar el seguro.

Los bloqueos del 24 y 25 finalizaron con un par de incidentes con policías heridos, dos agentes secuestrados y varios huelguistas detenidos. El propio 25 se reanudó el diálogo entre el gobierno y empresarios, con la finalidad de reformar el acuerdo 17-2020 y trabajar un nuevo reglamento que se adecúe a las necesidades de la población, los usuarios y los transportistas.

Está claro que las víctimas de accidentes deben ser protegidas y se debe garantizar su atención médica, resarcimiento a las familias en caso de fallecimiento y reparación de daños materiales. El punto es que esto no resulte en un jugoso negocio para las empresas aseguradoras, en contubernio con el gobierno. La Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros aseguró que han propuesto tarifas accesibles en la mesa de diálogo; pero estas son las mismas que rechazó la CNT y que obviamente rechazan los transportistas que bloquearon carreteras. El mismo presidente Giammattei reconoció que el reglamento del decreto 17-2020 no es justo en cuanto a precios y escalas de tarifas.

Una solución sería que el banco del Estado, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), se haga cargo del seguro. Sin embargo, tenemos el precedente de que este mismo banco ha estado a cargo del Seguro Escolar, creado en tiempos en que no hay clases presenciales, que no da cobertura a la totalidad de niños escolares, ni a la totalidad de enfermedades que puedan padecer y atiende principalmente mediante consultas telefónicas; pareciera que es un negocio para enriquecer a los burócratas del CHN. Se debe proceder cautelosamente, bajo la vigilancia de las asociaciones de transportistas, de los sindicatos y organizaciones populares para abortar cualquier intento de hacer negocio de la tragedia de la población, ya sea de parte de las aseguradoras privadas o de la burocracia del CHN.

Por Ricardo Patzán

En el mes de julio de 2021 dio inicio la negociación del nuevo pacto colectivo entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG) y el Ministerio de Educación (Mineduc). El anterior pacto, acordado con el gobierno de Jimmy Morales, tuvo vigencia durante 2019 y 2020.

Como sabemos, el Steg es liderado desde hace años por el dirigente sindical Joviel Acevedo, quien se ha caracterizado por lograr ventajas para las y los trabajadores del Mineduc, pero que a la par ha vendido su alma a los diferentes gobiernos burgueses, llegando al extremo de haber movilizado a grupos de maestros a favor del expresidente Otto Pérez Molina durante la crisis de 2015.

De hecho, Acevedo tiene en gran parte la culpa del desprestigio en que ha caído el movimiento sindical guatemalteco, de modo que para gran parte de la población todo lo que huela a sindicalismo es recibido con desconfianza; claro, en esto ha influido la propaganda de los medios de comunicación burgueses, que en cuanto tienen oportunidad magnifican los errores, manejos oscuros y pactos ocultos de dirigentes como Acevedo.

Según el Mineduc, al inicio de las negociaciones, la dirigencia del Steg solicitó que todo lo referente al nuevo pacto fuera tratado con secretividad, mediante una cláusula de confidencialidad, lo que de nuevo despertó sospechas y desconfianza de parte de la población. Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó un recurso de revisión, y luego de que Acevedo, en calidad de secretario general del Steg y presidente de la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), accediera a levantar la cláusula de confidencialidad considerando que ya no era necesaria debido al avance de las negociaciones, el documento fue le entregado como información pública, permitiendo su acceso a cualquier interesado a partir del 18 de enero.

El documento aún no ha sido homologado, y por tanto aún no es un acuerdo oficial entre el Mineduc y los sindicatos.  El acuerdo, de ser firmado por ambas partes, tendrá una vigencia de dos años a partir de 2023, y en él figura como sindicato proponente el Steg, y como sindicatos firmantes otros seis sindicatos miembros de la ANM.

En el aspecto salarial el pacto propone realizar un ajuste del 5% a partir del 1 de enero de 2023, considerando que en 2021 y 2022 no hubo aumento salarial. Plantea que el Mineduc otorgue a todos sus trabajadores un bono de Q 3 mil, pagadero en el mes de junio, adicional al bono 14 que reciben todos los trabajadores del país. Se propone un aumento salarial a los trabajadores administrativos que actualmente no ganen más del salario mínimo vigente. También que pague un bono mensual de Q 700 a todos los maestros que hayan finalizado los programas de profesionalización Padep/Educación Física y Formación Inicial Docente. Estipula medidas ventajosas para los que tramitan su jubilación y para los casos de despido unilateral.

En otro orden de cosas, el pacto compromete al Mineduc a trasladar a los trabajadores que están contratados en el renglón 031, con contratos temporales sin gozar del escalafón ni del total de prestaciones de ley, al reglón 011 como trabajadores permanentes. Esta es una reivindicación importante, no solo de los asalariados del Mineduc, sino del Estado en general. En 2021 los compañeros de salud lograron el compromiso de su ministerio de trasladar a una cantidad de trabajadores por contrato a permanentes, con el goce de todas sus prestaciones. Este proceso lo ha estado realizando el Mineduc, pero a paso muy lento. Sabemos que parte de las medidas neoliberales de los últimos gobiernos burgueses ha sido la reducción de la cantidad de docentes con la modalidad de trabajadores permanentes y la proliferación de contratos que violan las leyes laborales al no garantizar prestaciones a los maestros, para reducir los gastos del Estado.

El documento, de 30 páginas se extiende en otros aspectos, como la mejora del personal docente a través programas de profesionalización, las licencias con goce de salario, las garantías a los dirigentes sindicales como inamovilidad, permisos para capacitaciones, licencias para actividad sindical, etc.

Joviel Acevedo ha sabido mantener su liderazgo a través de pactos colectivos como el que está en negociación, garantizando la lealtad de sus seguidores afiliados y la neutralidad de quienes lo ven con recelo, pero reciben estos beneficios. Pero ha sido su culpa y la de su equipo de dirección, que el movimiento sindical magisterial haya pasado de ser una fuerza de cambio social y democrática a situarse acríticamente a la cola de los gobiernos burgueses neoliberales que han oprimido y sangrado al pueblo trabajador. Es urgente la conformación de una nueva corriente al interior de ANM que desbanque a la dirigencia entreguista de Joviel Acevedo.