Por Leonardo Ixim

En los últimos días se ha generado una serie de movilizaciones sobre situaciones diversas, relacionadas al fraude a lo interno en la elección del rector de la Universidad de San Carlos (USAC) y con respecto a problemáticas nacionales, contra el bloque de fuerzas conservadoras que dirigen el régimen político, iniciando contra el desprestigiado gobierno de Alejandro Giammattei.

Asistimos pues, a una serie de situaciones que pudiera nuevamente prender la mecha de las movilizaciones populares, tal como sucedió en 2015 y que en su momento fue canalizado por actores institucionales con el apoyo del Departamento de Estado, vía reformas del Estado neocolonial guatemalteco. Esta opción fue truncada cuando las fuerzas conservadoras cerraron filas -las fracciones de poder oligárquico y las distintas élites partidarias, gremiales y militares- a esta intentona reformista, acompañadas por organizaciones civiles inspiradas en el discurso de fortalecimiento del Estado de Derecho.

Ojo, no negamos la importancia de mantener conquistas parciales democráticas logradas a partir de la década de los noventa del siglo pasado, las cuales ahora están en retroceso y que consideramos importante mantenerlas, pero consideramos que es necesario trascender de esta perspectiva democratista, inspirada en la ilusión de que el Estado puede ser neutro y promover el bien común, tanto de la clase trabajadora como de los grupos de la burguesía.

La lucha contra el fraude en la USAC

A partir de la elección para rector, con el notable avance del grupo SOS USAC, las fuerzas conservadoras vinculadas a estructuras mafiosas que manejan la USAC, implementaron el fraude para imponer a su candidato, el decano de Facultad de Humanidades Walter Mazariegos. Lo hicieron por medio del no reconocimiento de los electores de ese y otros grupos opositores; completaron así su escandaloso fraude el 14 de mayo, en una elección donde participaron solamente los electores afines a este criminal.

Pese a la oposición y protesta de miembros de la comunidad universitaria en las afueras del Parque de la Industria, donde se llevó a cabo la votación, la cual fue reprimida por elementos de la Policía Nacional Civil y por grupos de choque afines a Mazariegos, el evento se realizó. Sin embargo, el fraude encendió el rechazo de los sectores de docentes, estudiantes, trabajadores y profesionales, cuestionado a sus representantes ante el Consejo Superior Universitario y generando una serie de tomas, las cuales se sumaron a la del Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC).

De tal forma, fueron tomados primero varios edificios al interior del campus central, y posteriormente todo el campus, así como los campus del Centro Universitario del Sur Occidente en Retalhuleu, del Centro Universitario de Occidente en Quetzaltenango y recientemente el Centro Universitario de Petén, en Santa Elena. Las demandas de estos últimos, si bien se vinculan con la problemática general universitaria, se relacionan también con particularidades que sufren, como menos acceso a recursos, una docencia menos preparada y una mayor falta de derecho democráticos, y por ende configuran sus demandas con particularidades locales.

De igual forma, se ha dado un proceso de amplitud del movimiento, iniciado por estudiantes (grupos como el  Consejo Consultivo de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Colectivo Estudiantil  Universitario y el Frente Estudiantil Robín García), varios claustros de docentes, profesionales críticos a las juntas directivas de sus colegios profesionales y trabajadores a partir del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC), hacia a organizaciones sociales, incorporándose ex universitarios, algunos con militancia estudiantil, sindical y en ONGs, estableciendo una Asamblea Permanente, con el fin de fortalecer el papel de las tomas y la organización estudiantil, que son el grueso de quienes resisten en las instalaciones.

Si bien en anteriores tomas, como la de 2010 o la de 2019, se contó con el respaldo de organizaciones y personas a lo individual, esta vez existe una estructura  organizativa multisectorial que le puede dar cierta direccionalidad política distinta, eso ante el peligro que implica que Mazariegos y su banda logre el control total de la USAC.

Acciones contra el fraude

A su vez, en las facultades de Agronomía, Odontología y Arquitectura se ha organizado Vistas Públicas para pedir a los representantes ante el CSU cuentas por su actuación, ya que falta que este órgano, cooptado por las mafias, ratifique el resultado fraudulento del Cuerpo Electoral Universitario, que como vimos solo contó con electores afines a Mazariegos.

Según informa el vespertino La Hora, en la Facultad de Odontología el decano Keneth Pineda, así como los representantes estudiantiles, docentes y profesionales, Willi Barrientos, Alberto Barrillas y Roberto Wenchke, respectivamente, se hicieron presentes en la vista pública; sin embargo, el representante del colegio profesional se mostró a favor de la elección, además de negarse a firmar una carta para comprometerse a la no ratificación del acta de los resultados. Por otra parte, en la Asamblea General de la Facultad de Medicina, el representante profesional se negó a presentarse, mientras que los representantes docentes, estudiantil y el decano, se han opuesto a la elección. En la Facultad de Agronomía, el representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos Carlos Vargas, así como el representante docente Pedro Peláez y el decano Waldemar Nufio, no se presentaron, asistiendo solamente el representante estudiantil (La Hora 23 de mayo por Engelberth Blanco)

Por su parte, el pasado 20 de mayo se realizó una marcha desde el Centro Universitario Metropolitano, donde se encuentran la Facultad de Medicina y la Escuela de Psicología, hacia el campus central, recorriendo varias calles del sur de la ciudad; tal marcha contó con la presencia de miembros de la comunidad universitaria, impugnando la acción maniobrera del Consejo Electoral, la complicidad del rector en funciones Pablo Oliva y del secretario académico Gustavo Taracena, pidiendo nuevamente su renuncia y la de todos los miembros del CSU que han avalado este fraude electoral.

Ante esto, Mazariegos trató de amenazar con que realizará acciones penales por supuestos daños a la vía pública y desprestigiar la movilización, usando con ello algunos dizques lideres estudiantiles del Comité de Huelga, acusando al movimiento de tener vínculos con fuerzas procedentes de la embajada estadunidense. A su vez, grupos de estudiantiles vinculados a estas mafias a partir de los comités de huelga en la Facultad de Derecho, realizaron una ridícula acción en la entrada del campus central sobre la Avenida Petapa y otra en el momento que se escribe esta nota (23 de mayo), en la entrada del CUNOC, amenazando a los valientes estudiantes que tienen tomado ese centro departamental.

También estudiantes de varios semestres de la Facultad de Derecho del campus central y de otros campus, han realizado asambleas tanto presenciales como virtuales en contra de la postura cómplice de las autoridades de esa facultad, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemaltecos y de la Asociación de Estudiantes El Derecho del campus central, cooptada por personas afines a estas mafias.

Por su parte, la Escuela de Historia realizó una asamblea virtual con presencia de autoridades, estudiantes, docentes, profesionales y trabajadores, donde se posicionó a favor de este movimiento y de exigir que el CSU no avale el fraude. De igual forma, la Asociación de Estudiantes de Agronomía realizó una asamblea bajo esa misma línea; de hecho, el comité de huelga de esta facultad y estudiantes en general han conformado el grueso de las tomas de las instalaciones, porque, como se ha señalado, fue sobre sus cuerpos docente, estudiantil y profesional que realizó la acción de fraude más evidente. Otras unidades académicas donde se han realizado asambleas con las facultades de Química y Farmacia, Veterinaria y Arquitectura.

El CSU está convocado para el 25 de mayo para ratificar o anular el proceso electoral, aunque aun debe reconocer todos los recursos de nulidad interpuestos en las elecciones de electores de varios cuerpos. Ante esta situación, la Asamblea Permanente se ha declarado en alerta. Es importante realizar acciones de protesta para evitar que el CSU ratifique el amañado resultado del Consejo Electoral y que sirva de presión a los representantes del CSU, sobre todo para los indecisos, para no ratificar esa elección.

Esta coyuntura se suma las movilizaciones el pasado 21 de mayo en la Plaza de la Constitución de la capital y en algunas plazas del interior en contra de la reelección para el cargo de jefe del Ministerio Público de Consuelo Porras y en contra del alto casto de la vida, especialmente el aumento del precio de la gasolina; el Consejo de Alcaldes Indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán fue promotor de las protestas en el interior. Por ende, consideramos que se debe ir articulando estas consignas con acciones conjuntas con la comunidad universitaria, como lograr un paro de labores en la USAC ante la posibilidad de que se imponga Mazariegos.

Nosotros consideramos que concretizar las acciones en la anulación del proceso electoral y la convocatoria a nuevas elecciones es un primer paso fundamental, porque una victoria en ese punto fortalecería la moral y posibilitaría una mejor organización para avanzar hacia procesos de transformaciones más profundas, como la democratización de los órganos de gobierno universitario, sobre todo en la falta de derechos políticos de las Escuelas no facultativas y Centros Departamentales.

La imposición fraudulenta de Walter Mazariegos en la elección del rector de la Universidad de San Carlos significa la consolidación de la casta mafiosa- burocrática que ha manejado la universidad en los últimos cuarenta años. Mazariegos ha sido decano de la Facultad de Humanidades y es reconocido por ser parte de las estructuras que manejan el crimen organizado en la universidad; por ende, se convirtió en el peón ideal para que las estructuras empresariales, militares y políticas corruptas y mafiosas que controlan el aparato del Estado guatemalteco, tomaran por asalto la conducción de la única universidad pública del país.

Desde inicios de los años ochenta del siglo XX, tras el descabezamiento de la intelectualidad crítica y de los sectores de estudiantes y de trabajadores progresistas por la represión militar, la USAC se ha llenado de una capa parasitaria que la ha convertido en paraíso de sus negocios, alejada de los intereses de la clase trabajadora y de desarrollo académico-científico del pueblo, siendo Mazariegos la consolidación de esa situación.

Por otro lado, SOS USAC convocó y articuló a distintas agrupaciones y personas, democráticas, progresistas y revolucionarias para este proceso electoral universitario, generando esperanza y la posibilidad de transformar y democratizar la universidad. Esfuerzo que nosotros apoyamos y consideramos importante seguir construyendo.

Ante ese fraude consideramos vital que SOS USAC convoque a un paro de labores a toda la comunidad Universitaria, articular con sectores populares y fortalecer la organización en la única universidad pública de Guatemala.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) sección Guatemala hace un llamado a SOS USAC, a los sindicatos de trabajadores de la USAC, a los sindicatos y agrupaciones de docentes, a las asociaciones estudiantiles de la capital y de los centros regionales, a iniciar un paro total e indefinido de actividades, acompañado de la toma de las instalaciones universitarias, hasta lograr la anulación del proceso de elecciones a rector y sacar a Mazariegos y sus secuaces. Llamamos también a las organizaciones populares, a apoyar estas acciones, para impedir que las mafias corruptas controlen abiertamente la universidad estatal.

Por Leonardo Ixim

El avance político y organizativo que ha tenido SOS USAC en el proceso de elección a nuevo rector de la estatal Universidad de San Carlos (USAC), ha sido en base a la denuncia contra la casta burocrática que ha manejado en las últimas décadas la universidad y el señalamiento de la situación académica deficitaria, pero ello provocó el intento de fraude de parte de los grupos mafiosos.

SOS USAC es una agrupación construida como un frente de distintos grupos universitarios, de docentes, profesionales, trabajadores administrativos y de servicios y estudiantes, de orientación democrática. El grupo decidió proponer como candidato al actual procurador de los derechos humanos Jordan Rodas, figura que ha sobresalido por cuestionar a las mafias de poder que controlan el régimen político.

La sorpresa fue que este movimiento, con Rodas a la cabeza, logró primero tener completos todos los cuerpos electorales (estudiantes, profesionales y docentes) de las facultades que participan para la elección del rector, en una elección que, como es sabido, es indirecta y antidemocrática. Sin embargo, lograron la proeza de convertirse en una fuerza política que expresa los sentimientos de cambio y democracia de la universidad, formada por sectores que han impulsado el proceso de reforma universitaria desde 2010.

De tal forma, desbancaron a la mayoría de candidatos tradicionales –parte de las estructuras burocráticas- sobre todo a Luis Suarez, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas del grupo Identidad San Carlista y a Carlos Valladares, ex decano de la Facultad de Arquitectura y ex secretario general de la universidad durante algunos meses de la administración de Murphy Paiz, del grupo Avante; así, SOS USAC logró ganar una buena parte de los cuerpos electorales.

Esto generó alarmas en los grupos vinculados a las mafias políticas y del crimen organizado que han tenido influencia en las principales decisiones administrativas y políticas dentro de la universidad, especialmente el del actual decano de la Facultad de Humanidades, Walter Mazariegos y su grupo Innova USAC.

Este personaje tiene vínculos con otras fracciones mafiosas que manejan a su antojo el Estado guatemalteco, como quienes controlan el actual Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), vital para la elección de funcionarios designados como magistrados, fiscal general y otras; quienes han manejado la actual Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC, la cual actúa como órgano jurisdiccional en temas internos legales que atañen a la universidad, cuando es solamente un órgano asesor.

Este bloque de fuerzas conservadoras y corruptas a lo interno de la universidad, a partir del control en el Consejo Electoral, conformado por cinco miembros estudiantiles, docentes y profesionales de las facultades que participan en el proceso electoral, crea una comisión que realiza el escrutinio y dirime los conflictos en las votaciones de los distintos cuerpos, y está controlada por personas afines al decano Mazariegos.

En vísperas de la elección final, programada para el 27 de abril, los sectores que respaldan a SOS USAC denunciaron una acción de fraude consistente en el rechazo de la acreditación de 7 cuerpos electorales, 35 electores, por parte del Consejo Superior Universitario, cuerpos que habían sido ganados por esta agrupación, todo para favorecer la candidatura de Mazariegos.

Esta maniobra contó con el apoyo de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de los representantes de los tres cuerpos de la Facultad de Derecho, sobre todo el representante del CANG en el CSU Juan Carlos Godínez, quien por su parte aparece en la Lista Engel de señalados por corrupción e impunidad del Departamento de Estado de Estados Unidos y quien por orden de un tribunal debe dejar su cargo de consejero en el CSU ya que pretende mantenerse en su cargo cuando ya se venció su mandato. Otros acusados por el fraude son el secretario general Gustavo Taracena y el rector en funciones Pablo Oliva.

En protesta, un grupo de estudiantes, docentes, profesionales, trabajadores y miembros de organizaciones sociales, tomaron las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) en la zona uno de la ciudad capital, espacio donde se iba a realizar la elección. Con esta acción se suspendió de hecho la elección y con ello el fraude del criminal de Mazariegos.

Ante esta situación, SOS USAC exigió la renuncia de Taracena e interpuso una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes contra al manipular el proceso electoral que tiene a su cargo recibir papelería y acreditar a los electores, señalado junto al rector en funciones Oliva de precipitar la actual crisis; aunque como hemos mencionado este solo es el reflejo de una crisis más profunda donde estos personajes son parte. Mientras se resuelven las acciones legales, está pendiente una nueva convocatoria a elecciones por parte del CSU.

Nos sumamos al llamado de SOS USAC a democratizar la universidad pública, desconcentrar las funciones del CSU, en el cual no están representadas todos las unidades académicas ni todos los sectores que conforman la universidad; proponemos un órgano de gobierno más democrático, amplio  y representativo.

Por Armando Tezucún

La pandemia del Covid-19 obligó a las organizaciones sindicales a suspender la manifestación tradicional del 1 de mayo en 2020 y 2021, reemplazándola por pequeñas concentraciones o plantones en la Plaza Central de la capital guatemalteca.

El presente año, ante la paulatina disminución del número de nuevos contagios y la menor virulencia de la variante dominante, ómicron, las centrales sindicales decidieron convocar de nuevo a la marcha como se hacía antes de 2020, saliendo del monumento al trabajo en la zona cinco para culminar en la Plaza Central.

Las dos grandes coordinadoras sindicales se pusieron de acuerdo para organizar la conmemoración del 1 de mayo. Estas son: el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, que agrupa a la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA Histórica), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y el Movimiento de Trabajadores Campesinos de San Marcos (MTC); y, por otro lado, los Sindicatos Globales de Guatemala, que agrupa sobre todo a sindicatos de instituciones del Estado, incluyendo al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) . Al llamado de estas coordinadoras respondieron no solo sus sindicatos afiliados, sino una serie de organizaciones populares independientes, grupos estudiantiles, y partidos políticos de izquierda.

Los compañeros convocantes esperaban una participación de entre 6 y 8 mil trabajadores, pero podemos decir sin lugar a dudas que esa cifra fue rebasada. La marcha fue encabezada por uno de los sindicatos más antiguos del país, el Sindicato Central de Panificadores y Similares de Guatemala, y a lo largo de interminables cuadras se pudo observar el desfile de sindicatos de la industria ligera (textiles, maquilas, alimentos, etc.), de ministerios e instituciones del Estado, sindicatos de municipalidades del interior del país, sindicatos de trabajadores de salud, organizaciones de pequeños comerciantes independientes, sindicatos de trabajadoras domésticas, etc.

El gobierno, en contubernio con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) maniobró para arrebatar a la marcha de trabajadores el espacio de la Plaza Central, organizando en esa área una serie de actividades culturales como hip hop y acrobacias en bicicletas, exhibiciones gastronómicas, turísticas y de artesanías, supuestamente en conmemoración del 1 de mayo. Hasta una procesión de la virgen María anduvo rondando el sector restando espacio a la gran manifestación.

Pero los compañeros organizadores lograron instalar una tarima a un costado de la plaza, desde donde se leyó un comunicado conjunto. Además, se permitió que tomaran la palabra representantes de los partidos de izquierda WINAK y URNG, representantes de CODECA urbana y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos.

Las demandas de la marcha de trabajadoras y trabajadores

Dos años de pandemia han hecho estragos en las condiciones de vida del pueblo trabajador, y eso se vio reflejado en la masiva asistencia a la manifestación y en las demandas que plantearon las centrales sindicales en un largo comunicado.

En primer lugar, se denunció la implementación del reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que permite a los empresarios la creación de empleos precarios de medio tiempo con bajos salarios y menos prestaciones laborales; se demandó el incremento de salarios ante la persistente escalada de los precios de la canasta básica de alimentos y el incremento de los combustibles y del costo del pasaje del transporte colectivo; se rechazó el intento de privatizar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la multimillonaria deuda que tiene el Estado en concepto de cuotas patronales y de empleados; se denunció la desnutrición crónica infantil y el abandono del gobierno hacia las niñas y niños cuyos padres fallecieron por la pandemia. También se reivindicó el tema de la libertad sindical, denunciándose a las empresas y alcaldes que reprimen y persiguen a trabajadores que se organizan para defender sus derechos.

En el plano político las centrales sindicales denunciaron la persecución contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos, rechazaron el actual proceso de elección de nuevo/a fiscal general y pidieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.  

Fue notorio el llamado a la unidad, no solo de parte de los dirigentes sindicales, sino de los oradores de los partidos políticos, lo que anticipa una alianza entre la izquierda frente al proceso electoral 2023.

CODECA realizó bloqueos de carreteras

La última semana del mes de abril inició con acciones de protesta del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), como un preludio de la marcha del 1 de mayo, con una gran similitud en las demandas y denuncias.

Los días lunes y martes 25 y 26 de abril, CODECA realizó una serie bloqueos de carreteras y vía públicas, bajo la denominación de Paro Plurinacional. Las acciones, anunciadas por los dirigentes campesinos desde el 22 de abril, se realizaron para protestar contra los actos de corrupción que se han suscitado en Guatemala, contra el alto costo de la canasta básica de alimentos y el alza en los precios de los combustibles; la protesta se realizó también en rechazo a la fiscal general Consuelo Porras y su candidatura a jefe del MP y, en general, rechazo al proceso de elección de nuevo jefe del Ministerio Público. Los dirigentes denunciaron los altos índices de pobreza, de desnutrición, la ausencia de salud y educación públicas y la privatización de los servicios básicos.

El lunes 25 desde tempranas horas de la mañana los campesinos bloquearon 25 puntos en diversas carreteras del país, para finalizar alrededor de las 17:30 horas. El día 26 fue bloqueada la Avenida Petapa en la ciudad capital, y otros 16 bloqueos en tramos carreteros. Las cámaras empresariales (de industria, de comercio, de exportadores, etc.), como era de esperarse, se pronunciaron en contra de las medidas tomadas por CODECA; la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a la Cámara de Comercio de Guatemala en contra de los bloqueos, para garantizar la libre locomoción, pero el gobierno no impidió las acciones ni arrestó a los protestantes, como lo solicitaban los empresarios. Las agrupaciones empresariales estimaron en Q 600 millones las pérdidas causadas por las acciones de CODECA, calificando lo sucedido como un “caos total”.

Nos preguntamos si estas acciones de CODECA hubieran tenido mayor impacto si hubieran sido realizadas en coincidencia con la marcha del 1 de mayo. Los compañeros siempre han actuado por su cuenta, privando al resto del movimiento popular de la fuerza que tienen como corriente campesina.   

Aún no se recuperan los niveles de empleo

A finales de mayo, los medios dieron a conocer los datos que maneja el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) sobre el empleo formal; a febrero recién pasado, la institución registraba un total de 1 millón 453 mil 957 afiliados (77.4% de empresas privadas y 22.6% de instituciones del Estado), lo que da un aumento de 85,867 afiliados en comparación con febrero de 2021, un 6.3%. En ese año, el porcentaje de nuevos afiliados fue del 3.45%, y en febrero de 2020 (antes del inicio de la pandemia), la cantidad no había crecido, sino que hubo una disminución del 1.82%.

Los sectores económicos que registraron más crecimiento laboral fueron hoteles y restaurantes (20.8%, lo que indica la recuperación de un sector muy golpeado por la pandemia); servicios sociales y de salud (14.5%); inmobiliarias (13.6%); y el comercio con un 10.9%. Solamente el sector de la construcción reportó una baja en el nivel de empleo, con -17.1%.

Estos datos proporcionados por el IGSS hacen ver que hay una recuperación de empleos que se habían perdido con la pandemia, pero no refleja los porcentajes de empleo formal entre la Población Económicamente Activa (PEA), que sabemos que cada año crece en unos 200 mil jóvenes, mientras que el promedio de empleos creados anualmente ronda los 26 mil.

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2021, levantada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en ese año había en Guatemala 11.8 millones de personas en edad de trabajar, aunque la encuesta ubica la PEA en 7.4 millones; el desempleo abierto se ubica en un 2.2%, y el porcentaje de personas ocupadas en la economía informal es de 70.8% de la misma. En 2019 la tasa de ocupación fue del 98%, mientras que en 2021 bajó a 97.8%.

Si se comparan los datos de la encuesta de 2019 con la de 2021, se nota que el empleo total, formal e informal, se redujo en 800 mil puestos, mientras que el trabajo por cuenta propia creció en cerca de 600 mil. Además, a finales de 2021 el Ministerio de Trabajo reportó la creación de 13 mil empleos a tiempo parcial, que son trabajos precarios con bajos sueldos. En resumen, tenemos casi un 71% de la población trabajadora que se ocupa en trabajos inseguros sin ninguna seguridad social; y en muchos de los trabajos formales las y los trabajadores se enfrentan a bajos salarios, jornadas extendidas, patronos que no trasladan a IGSS las cotizaciones y un sinfín de anomalías.

Esta es la grave situación que enfrenta la clase trabajadora guatemalteca. Tal como lo dijeron los oradores en la marcha del 1 de mayo, lo vital en estos momentos es lograr la unidad en acción. No solamente la unidad de la izquierda en el próximo proceso electoral, sino la unidad de las organizaciones populares para defender en las calles los derechos laborales, exigir un aumento general de salarios, la defensa de las libertades democráticas y la reforma radical del sistema de justicia. 

Por Leonardo Ixim

Se terminó de complementar la lista de los seis candidatos escogidos por la Comisión de Postulación para elegir al jefe del Ministerio Público (MP) 2022-2026. Esta comisión está conformada por los decanos de las facultades de derecho del país, la presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el presidente del tribunal de honor de ese colegio profesional.

Como una historia ya contada, el bloque conservador que controla el Estado de Guatemala y las instituciones del régimen político, logró, después de realizar presiones, imponer a candidatos proclives a los intereses de este bloque, especialmente la actual jefe del MP Consuelo Porras y el actual procurador general de la republica Jorge Donado; esto sin que los otros candidatos -todos ostentan cargos en los órganos de justica o son fiscales actuales- estén exentos de señalamientos de satisfacer los intereses y/o ser parte de los actores que dominan a partir de la corrupción y la impunidad el Estado.

La postuladora priorizó, a partir del uso de la tabla de gradación y un punteo, que en un inicio era 75 puntos sobre 100 la nota base para ser tomada en cuenta y después lo bajó a 60 puntos, para acreditarles méritos académicos y ser finalista; así, en el ínterin, la actual fiscal general Porras fue calificada con una nota de 90 puntos (el punteo más elevado de todos los aspirantes) pese a que está acusada de plagiar su tesis de posgrado.

Después de generar toda una serie de presiones, entre ellas un amparo otorgado a dos abogados al servicio de estos grupos por la Corte de Constitucionalidad (CC) para que la Comisión de Postulación tomara en cuenta la evolución mencionada, supuestamente en base a criterios de índole profesional y meritocráticos, así como que el presidente de la república tenga que elegir a seis finalistas con esos criterios.

Lo llamativo de eso, que a simple vista pareciera normal, es que la postuladora en cuestión y otras comisiones similares, nunca han hecho de ese criterio de selección un asunto uniforme a la hora de decidir los postulantes finales. Por ende, todo fue un plan para que la desprestigiada fiscal general resultara nominada.

Posiciones de los comisionados

Este tipo de comisiones regulados por una ley ordinaria de 2009 y por la ley orgánica del Congreso, participan, como se dijo, representantes de las universidades, pomposamente llamada academia, del cuerpo gremial de abogados, el CANG, y el Organismo Judicial, es decir la CSJ. Como ha sido señalando y es de conocimiento de la opinión publica, aunque alejado de las realidades inmediatas del pueblo, este sistema de índole corporativo es un trampolín para rotar cargos manteniendo alfiles de ese bloque conservador gobernante, tanto en los que participan como miembros de la postuladora como en los candidatos que re-seleccionan.

En el proceso de deliberación de parte de los comisionados, la anticomunista Fundación Contra el Terrorismo, dirigida por el impresentable Ricardo Ruiz, quien la hace de guardián del bloque conservador, consideró que algunos decanos eran proclives a no apoyar a Porras y a los peones cercanos al gobierno; tal fue el caso del decano de la Universidad Da Vinci (privada) David Gaitán, quien renuncio; así como también denunció al decano de la jesuita Universidad Rafael Landívar,  Rolando Escobar, de estar en contubernio con Helen Mack y con la embajada de Estados Unidos.  Mack, némesis de Ruiz, es una activista de derechos humanos cercana a la línea “de impulso a los derechos humanos” de la administración demócrata, una de las estrategias del soft power imperialista enemigos de los actores corruptos y ultra conservadores que dirigen al actual gobierno de Giammatei.

En otro orden de cosas, entre los comisionados afines al oficialismo, están la actual presidente de la comisión y presidente en funciones de la CSJ, Silvia Valdez, la decana de la Universidad San Pablo, el decano de la Universidad Rural y el decano de la Universidad Panamericana.

La prensa, por su parte, determina otro grupo que gira alrededor de la Universidad de San Carlos (USAC), pero que está lejos de tener posturas progresistas, ya que es parte del bloque conservador. Aquí entran el presidente del CANG Fernando Chajón, el presidente del tribunal de honor de ese colegio profesional, Esvin Rocancoj,  el decano de la Facultad de Derecho de la USAC, Henry Arriaga  y el decano de la Universidad Rural, un negocio montando por ex rector Estuardo Gálvez.

El otro sector mencionado es el de los decanos de las universidades vinculadas a los sectores de la burguesía, la tradicional oligarca y la emergente: los decanos de las universidades Rafael Landívar, Francisco Marroquín, Del Valle, Mariano Gálvez, Da Vinci, Del Istmo, Mesoamericana y Occidente, que, en último término, al igual que el bloque anterior, terminaron votando por la nómina oficialista.

La nomina finalista

La postuladora decidió a finales de la semana pasada de definir cinco finalistas; sin embargo, no terminaban de ponerse de acuerdo si incluir a la desprestigiada Porras, que, como recordamos, ha sido incluida en la Lista Engel promovida por el Departamento de Estado como una persona que  fomenta la violación a los derechos humanos, después de que está desmantelando el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y obligó a salir al exilio al responsable de ésta, Juan Francisco Sandoval.

Posteriormente, Porras logró ser nominada, convirtiéndose en la sexta y última finalista, logrando votos de  la presidente de la CSJ, el presidente del CANG, el presidente del tribunal de honor de este colegio profesional, el decano de la Facultad de Derecho de la USAC, todos estos ya mencionados, además de Luis Aragón decano de la Universidad San Pablo, Enrique Sánchez de la Universidad Panamericana, Ana Suasnavar decana de la Universidad de Occidente y Alejandro Arenales de la Universidad del Istmo.

Además, la mentada Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó una denuncia penal en contra de siete decanos integrantes de la postuladora, que no votaron a favor de la fiscal general María Consuelo Porras, calificando a estos paradójicamente de ser parte de una estructura criminal y no reconocerles sus capacidades académicas. Esta organización se ha destacado como la defensora de la impunidad de Porras y del MP en los últimos meses, así como defensora del gobierno en todos sus actos.

Paralelamente, la CC, como mencionamos, aceptó un amparo promovido por los abogados Erick Castillo y Mynor Cate, cercanos al tambien abogado Roberto Lopez conocido como el “rey del tenis”, otro personaje perteneciente a estos grupos de poder, hoy detenido por investigaciones de la FECI. Tal amparo lo conoció la CC sin tener capacidad para ello, segun opiniones de profesionales del derecho reportadas en los medios, ya que correspondía a un juez de instancia segun la ley de amparos conocer el amparo, esto pese a que la misma CC dijo no tener competencia, justificando obligatorio conocer un caso de esta natureleza ante circunstancias lo ameritaban hacerlo.

Este órgano, que debe mantener el respeto de la constitucionalidad burguesa, a partir del control actual que tiene el oficialismo por medio de Dina Ochoa -señalada tambien de plagio de tesis- representante del Organismo Legislativo en la CC, se ha pasado por alto los mismos mecanismos constitucionales y legales de su misma institucionalidad, ya a partir de fallos de las cortes anteriores se reconoció varios derechos sociales y políticos de la clase trabajadora, sobre la rapacidad empresarial.

Por otro lado, la presidente de la CSJ, Silvia Valdez, amenazó también a los otros miembros de la postuladora que, si no se incluía a Porras, la comision no iba mandar el listado final, cayendo en ilegalidad al retrasarse la nómina final. Tal situación y el amparo resuelto de forma expres por la CC obligó algunos postuladores, según reporta la prensa, a votar de último por Porras.

Entre los otros finalistas, además de Luis Donaldo, hombre de confianza del actual gobierno, que fue vetado por la CICIG por el proceso de postulación para Salas de Apelaciones en 2019; de haber sido abogado defensor de Álvaro Matus, por irregularidades en el manejo de la investigación por el asesinato del investigador policial Víctor Rivera; y además de estar vinculado con el clan de narcotraficantes de los Mendoza Matta.

Otros finalistas son Nicolás De León, presidente de la Sala Cuarta de Apelación Penal desde 2016, que en noviembre del 2020 integró como suplente el pleno de la CSJ avalando dar trámite al antejuicio contra los magistrados de la CC anterior Francisco De Mata Vela y Gloria Porras -quienes asumieron en varios fallos una postura contra estas prácticas pro impunidad-, presentado por la abogada Amanda Santizo, miembra de otro grupo de extrema derecha llamado Guatemala Inmortal, defensora de los ciudadanos rusos Bitkov,  por un caso de migración ilegal.

Tambien es finalista Darlene Monge, fiscal de sección adjunta de Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, desde septiembre de 2015 a la fecha; fue aspirante a magistrada de la Corte de Apelaciones en 2009, 2014 y 2019. Gabriel García Luna, Magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones y presidente de la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial, como presidente de esta instancia conoció casos contra el juez Miguel Angel Gálvez otro de los jueces que ha asumido una línea de procuracion de la justicia y de otros operadores de justicia de carácter democrático. Así como Henry Elías Wilson, magistrado de la Sala de Feminicidio, con un proceso promovido por la FECI en febrero de 2021 por el caso “Comisiones Paralelas 2020” señalado de tener vínculos con el reo y empresario Gustavo Alejos por ese caso.

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