Por Leonardo Ixim

Es recurrente la discusión de reformas electorales desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, pero no es hasta 2015 que esta discusión se amplía, traspasando el marco entre partidos políticos, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ongs especializadas en el tema. Además, en la misma coyuntura afloraron propuestas de Asamblea Constituyente Plurinacional de carácter originaria desde organizaciones sociales, sobre todo campesinas e indígenas, coincidiendo ambos elementos en un momento de crisis del régimen político.

El actual régimen se constituye a partir de la crisis general del sistema de dominación producto la agudización del conflicto entre clases a nivel centroamericano a finales de los setenta del siglo pasado. La salida de la burguesía, el imperialismo y los ejércitos, fue el actual régimen con fachada democrática instituido por asambleas constituyentes; en Guatemala esto se dio en 1984.

Todo con el fin de legitimar el Estado, siendo una de las primeras medidas la creación de órganos electorales “independientes”  ante los escandaloso fraudes durante las dictaduras militares; en el caso de Guatemala los partidos políticos no tienen injerencia, a diferencia de El Salvador y Honduras, aunque es bien sabido cómo elementos de la burguesía tienen control de los sistemas de cómputo para el conteo y trasmisión de resultados electorales. Este proceso fue acompañado de la derrota militar de la insurgencia, su incorporación a los nuevos marcos constitucionales y la represión y el genocidio contra los pueblos insurrectos.

En el marco de las discusiones para implementar los Acuerdos de Paz firmados en 1996, el TSE del ese momento creó una mesa de discusión que en 1999 emitió un documento denominado “Guatemala, Paz y Democracia”. En él se plateaba una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que buscaban democratizar a los partidos, el acercamiento del voto a la población y mayor fiscalización de los recursos para éstos.

La derrota de la consulta popular para reformar la Constitución Política en el espíritu de los Acuerdos de Paz en 1999 y el cálculo de los políticos a partir de los intereses propios obligó a que estas reformas se fueran implementando a cuenta gotas. Es importante destacar que no se puede hablar de un sistema de partidos formal, pues éstos nacen y perecen a un ritmo elevado, uno de los más altos del mundo, por tanto, priman los intereses de personajes que se dedican a eso, en función de su beneficio pecuniario y los intereses de la clase dominante.

En 2004 y 2006 se dieron otras reformas a la LEPP, entre cuyas novedades estuvo acercar al votante a las urnas con un nuevo sistema cartográfico y la instalación del voto residencial, la ampliación del número de firmas para constituir un partido de 15 mil a 23 mil, así como una serie de requisitos que entorpecen la constitución de partidos políticos. Es importante recordar que durante las dictaduras militares existieron partidos anti-comunistas, necesitando 50 mil firmas para constituirse como tales y con la actual ley electoral se redujo considerablemente, para lograr supuestamente una mayor democratización.

En ese momento nuevamente se subió el requisito, con el objeto de limitar la cantidad de partidos que históricamente, un mal que ha padecido Guatemala, pero sin lograrlo, siendo la causa de esto más su poca representatividad que las formalidades para constituirse, formalidades que son un impedimento y afectan sobre toda a expresiones de izquierda.

El agotamiento del régimen político

Las campañas electorales se fueron  encareciendo, llegando a cifras millonarios, convirtiéndose en una carrera donde solo las facciones tradicionales y emergentes de la burguesía o personajes afines a éstas pueden competir, siendo la televisión y la radio los medios más usados y donde más se gasta en publicidad electoral. Acompañado del clientelismo, la búsqueda de líderes locales ávidos de ascenso social y los ofrecimientos que se aprovechan de las carencias de la población. Otra característica de los denominados partidos, es que a nivel local se amarran con liderazgos locales, algunos con cierta legitimidad, la mayor parte de forma caudillesca para tener presencia en los territorios y municipios del país.

Es en 2015, con la defenestración del gobierno del Partido Patriota, donde se evidencia la crisis del régimen político y más actores entran en la discusión por reformas a la LEPP. En ese momento algunos integrantes de la denominada “plaza” exigieron que se suspendieran las elecciones si no se hacían esos cambios. De igual forma, organizaciones como el Consejo de Pueblos de Occidente, junto a CODECA y el CUC bajo la Asamblea Social y Popular (ASP), formalizan propuestas de Asambleas Constituyentes, identificando la necesaria modificación ya no solo del sistema político sino del modelo social y económico neo-colonial.

Tales propuestas tienen en común su carácter plurinacional (la existencia de diversas nacionalidades mayas, xinca, garífuna y mestiza) y su naturaleza originaria convocada por el pueblo, a diferencia de la actual que fue tutelada desde el ejército y en cuya composición participaron en su mayoría fuerzas conservadoras.

Los cambios a la LEPP en 2016

En 2016 el Congreso aprueba una serie de reformas que recogían algunas de las propuestas presentada por el TSE, a quien acompañó la efímera Plataforma para la Reforma del Estado conformado por la rectoría de la USAC y la ASP. El Congreso no aprobó algunas de las medidas más progresivas como la postulación alterna entre hombres y mujeres, una de las luchas más importantes que las organizaciones de mujeres han emprendido, en función del derecho a la representación de las mujeres.

Aprobó por el contrario otro paquete, por ejemplo dividiendo el proceso electoral en tres, con el fin de controlar la campaña electoral y la postulación de candidaturas; además de mayor fiscalización de los recursos privados para campañas y de la llamada campaña anticipada, pero también la distribución de los ingresos en los departamentos y en diversos tipos de candidaturas, aunque el peso del presidencialismo siempre prima. De igual forma la contratación de pauta radioeléctrica y su distribución equitativa, ya que ha sido una forma de generar ventajas de unos partidos sobre otros; la duración de tres años de los cargos de dirección de los partidos sin derecho a reelegirse, y la prohibición para que los secretarios generales se postulen a cargos de elección si no renuncian seis meses antes de las elecciones.

Las nuevas propuestas de reforma a la LEPP

En la actualidad la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso no termina de aprobar un nuevo paquete, que tiene muchas aristas, pero que entre los temas de mayor relevancia están los subdistritos y el voto preferente abriendo las listas de postulación; así como una mayor capacidad de los afiliados para intervenir en decisiones tomadas por las asambleas partidarias. El TSE por su parte presentará otra propuesta, que tiene entre lo más relevante, la revocabilidad de los cargos a mediados del mandato y nuevamente las listas alternas, los partidos distritales siendo cada distrito un departamento, junto a otras.

El tema de los subdistritos, pese a toda la palabrería de la sociedad civil, tiende a favorecer a los partidos más grandes, en este caso la UNE, con la capacidad de lograr votos al fragmentarse los distritos, afectando a los partidos pequeños y a la izquierda. Los listados abiertos es una medida progresiva, pero con trampa, donde los diputados de este partido buscan por medio de una fórmula, amarrar el voto preferente a los candidatos primerizos en las listas. Mientras que el TSE propone que la elección de los listados sea por el sistema de representación de minorías que se aplica a varios cargos de elección, lo cual reproduce ese privilegio, pero da más chance a los postulados en lugares inferiores. Además de que este mecanismo debería ser aplicado tanto para diputados distritales como los postulantes para el listado nacional.

Por una reforma realmente democrática

Afueran quedaron propuestas como reducir la cantidad de firmas para constituir un partido, lo cual consideramos debería ser mínimo para que exprese la pluralidad y que el proletariado tenga opciones de participar. También la simplificación de pasos para conformar partidos, además de partidos distritales, candidaturas independientes de cinco mil firmas para una candidatura distrital y si se postula por listado nacional que reflejen presencia en distintos departamentos. La entrega de fondos públicos a toda candidatura y partido de cualquier conglomerado social, una cantidad mínima de votos ya sea para diputado distrital o nacional para acceder a la representación y la revocabilidad en cualquier momento del mandato de los electos.

Instamos por último, a las organizaciones campesinas, indígenas, comunitarias, sindicales y estudiantiles, a debatir si conviene, más que una estrategia gradualistas de reformas electorales,  una maximalista de Asamblea Constituyente o una  permanente de ambas;  reafirmando nuestra propuesta de que tal Asamblea, además de plurinacional y popular, debe ser para y de los trabajadores que abarcan los cuatro pueblos de este país. Así como discutir  qué tan plausible es disputarle el poder a la burguesía interviniendo solamente en elecciones o por medio de la movilización que sin negar la participación electoral,  sea bajo una óptica de denuncia a las medidas anti-populares que  los factores de poder dominantes impulsan desde la institucionalidad estatal, priorizando la organización y movilización.

Por Armando Tezucún

Envalentonados por el apoyo de las organizaciones empresariales al gobierno del presidente Jimmy Morales, y el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a las solicitudes de quitarle la inmunidad, los diputados que representan a los sectores de extrema derecha se han dado a la tarea de presentar proyectos de ley represivos o favorables a sus intereses.

Amnistía para los acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad

En la primera semana de noviembre, el diputado Fernando Linares Beltranena, acompañado por integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo y legisladores que prestaron servicio militar, presentó una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, cuyo propósito es lograr la amnistía para los exmilitares acusados de genocidio y violación de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Con una enorme desfachatez, Linares afirmó que “Queremos lograr la paz porque desde 1996 que se celebró la firma de la paz no ha habido paz porque ha habido una guerra en los tribunales y en el Ministerio Público desproporcionada en donde hay 72 oficiales y especialistas presos y sólo un exguerrillero preso” (La Hora 6/11/17); argumentando que cuando la Ley de Reconciliación Nacional exceptuó los delitos de genocidio, lesa humanidad y tortura, éstos no estaban tipificados en ese momento. El mencionado diputado sostiene que la Ley ha violado al menos cuatro garantías individuales: el principio de irretroactividad de la ley, el de no haber delito ni pena sin ley anterior, que a los militares se les juzgue en tribunales militares y la amnistía general (Prensa Libre 9/11/17).

Ataque contra las ongs de derechos humanos

El diputado oficialista Christian Gabriel presentó el 21 marzo de 2017 la iniciativa de ley 5257, que pretende reformar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Este anteproyecto ya cuenta con el aval de la Comisión de Gobernación del Congreso, controlada por el partido oficial, Frente de Convergencia Nacional, y pretende poner una serie de obstáculos burocráticos que entorpecerían la inscripción de estas organizaciones. Se les exigirá inscribirse en el Registro Nacional de las Personas, en lugar de las municipalidades, pero además en la Secretaría de Planificación de la Presidencia, en la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas y en “cualquiera de las instituciones gubernamentales con las cuales podría tener relación por razón de su accionar, ante las que deberá de tramitar las licencias necesarias para el cumplimiento de sus fines”. Es obvio que la propuesta va dirigida contra las asociaciones que han apoyado al Ministerio Público y la CICIG en los casos de corrupción, y que han denunciado y apoyado con asesoría legal otros casos como abusos de empresas mineras o hidroeléctricas, o han sido partes pidientes en los procesos contra funcionarios corruptos.

La cantidad de requisitos que se pretende pedir otorga al gobierno un poder amplio y discrecional para negar los permisos de funcionamiento poniendo como pretexto cualquier pequeño error en los trámites burocráticos. No bastando con eso, la iniciativa 5257 pretende cambiar el propósito de las ong, pidiendo que cumplan un papel benéfico y altruista “dirigida por personas con intereses comunes y con objetivos claros de beneficio social” (con información de Nomada 06/11/17).

Una ley contra los bloqueos de carreteras

A inicios de noviembre la Comisión de Gobernación dictaminó a favor de la Ley Contra el Terrorismo, que busca ampliar las penas a las personas que usen el terror como una coacción para obtener un beneficio. Pero su redacción utiliza un criterio demasiado amplio para definir el terrorismo, incluyendo “toda conducta…que atente contra la salud, la libertad y la seguridad de las personas o del patrimonio, afectando edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o de transmisión, instalación, motrices o cualquier otro bien o servicio” (Prensa Libre 8/11/17). Según esta extensa definición, se podrían considerar delitos las manifestaciones o los paros, y claramente la ley sigue la lógica de la criminalización de las protestas populares.

Las compañeras y compañeros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) justo realizaron jornadas de manifestaciones y bloqueos de carreteras el 7 y 8 de noviembre. Esta propuesta de ley vendría como anillo al dedo a las organizaciones empresariales que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra los compañeros, acusándolos de 7 delitos.

La situación de la economía

La crisis política iniciada a finales de agosto por la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha dado visos de tener consecuencias en la economía, en especial en los niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, peligrando llevar a un estancamiento. Esta es la razón principal por la cual los sectores más importantes de la burguesía decidieron intervenir para frenar la crisis, dando su respaldo al presidente Morales y rechazando las movilizaciones populares contra la corrupción y la impunidad.

Desde los primeros días de la crisis, los empresarios empezaron a preocuparse. El 30 de agosto, en reunión de la Junta Monetaria, se discutió sobre la incertidumbre y nerviosismo que la situación política estaba causando en los inversionistas. “Hemos recibido llamadas de empresarios locales y extranjeros para conocer cuál es la situación política del país”, informó el presidente en funciones del Banco de Guatemala (BANGUAT), Sergio Recinos. También afirmó: “Es muy prematuro que existan movimientos bruscos, pero en general estamos observando una estabilidad en esos indicadores y vamos a darle el siguiente que en ley manda actuar” (Prensa Libre 31/08/17). Desde agosto, el Índice de Confianza de la Actividad Económica, que mide la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios, empezó a bajar, de 46.67 puntos en julio a 44.45. Cayó a 25 puntos en septiembre y a 20.84 en octubre, luego de la agudización de la crisis política y las movilizaciones masivas de protestas.

Según los empresarios, en una posible desaceleración de la economía también influye la falta de inversión del Estado en la red de carreteras, que se encuentran en un estado desastroso. Este fue el tema principal del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) del 12 de octubre que planteó como solución la inversión privada en el sistema vial a través de alianzas con el Estado.

Standard & Poors baja la calificación de Guatemala

Las preocupaciones se agudizaron cuando el 19 de octubre los medios divulgaron la decisión de la agencia Standard & Poors (S&P) de reducir la calificación de riesgo para Guatemala de BB a BB-, a causa de la inestabilidad política y la debilidad de las instituciones estatales. En la jerga de S&P, la calificación de BB que aplicaba a Guatemala, significa que “enfrenta constante incertidumbre y exposición ante situaciones económicas adversas, lo que puede llevar a que tenga una capacidad inadecuada para cumplir con sus compromisos financieros”; el agregado del signo menos indica su vulnerabilidad ante los cambios económicos. La delegación calificadora de S&P visitó el país en septiembre, cuando la crisis se agudizó, y advirtió que la crisis política podría bajar el nivel de inversión y crecimiento económico. Otra agencia similar, Fitch Raitings se pronunció también en el sentido de que Guatemala ocupa el lugar más bajo de la región con un Estado de Derecho débil y una alta incidencia de violencia y una legislatura fragmentada. (Con información de Prensa Libre 19/10/17).

Pero no solo la crisis política ha agravado las cosas en el terreno de la inversión. El Central American Businness Intelligence reportó que en los últimos cinco años las inversiones en zonas francas han retrocedido en US$ 1 millardo, y se han perdido unos 85 mil empleos, y las inversiones de las empresas existentes se han estancado. A esto ha contribuido la entrada en vigencia de la nueva Ley Emergente para la Conservación del Empleo, que dejó fuera de los beneficios y exenciones fiscales a empresas farmacéuticas, de cosméticos, maquinaria, vehículos, calzado, plásticos, etc., con el resultado de que han cerrado más de cien empresas y otras 50 están en proceso de cierre. Otro aspecto por el que protestan los empresarios organizados es el cierre judicial de empresas mineras o hidroeléctricas por resolución de la Corte de Constitucionalidad, debido que no han respetado los derechos de las comunidades.

En este panorama, a inicios de noviembre el Banco de Guatemala redujo a la baja las expectativas del crecimiento económico del país, de un rango de entre 3.2 y 3.9% a 3%, con una brecha fiscal estimada para final de año, de Q 1 mil millones.

El gobierno de Estados Unidos brinda apoyo financiero

Pero no todo pinta mal para la burguesía guatemalteca. El 11 de noviembre, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC en inglés) anunció la creación de un fondo de créditos por US$ 1 mil millones para el triángulo norte de Centroamérica, que serán canalizados a través de las entidades financieras de la región. La OPIC es una institución financiera de desarrollo del gobierno de los Estados Unidos. El fondo de inversión, que beneficiará en primer lugar a los bancos, implica que, a pesar del respaldo de congresistas estadunidenses de ambos partidos a la CICIG y a la lucha contra la corrupción, la administración Trump continúa dispuesta a apuntalar al gobierno del presidente Morales; el gobierno gringo no está dispuesto a desestabilizar el país pidiendo la renuncia de Morales, si no que presionará para que haga cambios paulatinos sin sobresaltos. Esto lo sabe la burguesía, de allí su entusiasmo en apoyar al gobierno guatemalteco.

Por una acción unitaria de la izquierda

El nivel de las movilizaciones anticorrupción ha bajado vertiginosamente. La Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad había anunciado protestas permanentes en todo en el país, pero salvo algunas movilizaciones en el interior, sin verdadera trascendencia nacional, nada ha sucedido. Ha sido más bien CODECA, con sus acciones del 7 y 8 de noviembre, quien ha continuado la demanda de renuncia del presidente y su gobierno.

Más que nunca se hace necesaria la coordinación de las organizaciones de la izquierda revolucionaria para definir una táctica común para la coyuntura actual

Por Leonardo Ixim

Los desalojos ocurridos contra comunidades campesinas y mayas, más la agresión contra miembros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) tras las movilizaciones realizadas la semana pasada, vislumbran un panorama áspero para al movimiento social en su conjunto.

El lunes 30 de octubre elementos de la Policía Nacional Civil y guardias privados desalojaron a familias Q´ekchies de la comunidad Chan´il Cho´och de la Finca Santa Isabel en el municipio de Livingston del departamento de Izabal, propiedad usurpada ilegalmente por Rodrigo Lainfiesta, financista del partido Unidad de la Esperanza en 2007 y posteriormente del Partido Patriota en 2011. Éste traspasó la propiedad al ahora detenido ex presidente Otto Pérez Molina. Se presume además que el ex ministro de comunicación del gobierno del Patriota Alejandro Sinibaldi Aparicio, prófugo por diversos casos de corrupción y financiamiento ilícito, se esconde allí, situación denunciada por los comunitarios.

Por otro lado se realizó otro desalojo a la comunidad Cumbre Chamche, municipio de Tactic, de Alta Verapaz, población de origen Q´ekchi´ y Pocomchi, el primero de noviembre; desalojo promovido por los hermanos Morales Cahuec, supuestos dueños de la propiedad (Prensa Comunitaria 2/11/17).

En ambos lados se reportaron quema de casas construidas precariamente por los comunitarios, destrucción de sus utensilios de habitación, robo de gallinas que fueron comidas por los policías y aún más grave, señalamientos de acoso sexual a jovencitas de parte de la policía, sobre todo en el ocurrido en Tactic. Estos desalojos fueron observados por miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (COPREDEH) y del Ministerio Público (MP), sin intervenir.

Las bancadas Urng y Winaq, por medio de los diputados Walter Félix y Amílcar Pop citaron a distintos funcionarios, entre ellos el jefe de Registro de Información Catastral (RIC) para la región norte, el jefe de operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), agentes del MP que estuvieron en los desalojos y de la PDH. El jefe de operaciones de la PNC para lavarse las manos adujo que en ambos casos la destrucción de viviendas y los desmanes contra los comunitarios, fueron ocasionados por guardias privados, lo cual fue cuestionado por los diputados y los comunitarios presentes en la citación entre ellos el luchador social y ex preso político Ramiro Choc.

Se cuestionó además una práctica que es común desde el gobierno de Berger, la de movilizar a las fuerzas estatales en transportes de los finqueros; el funcionario policial se comprometió a investigar la situación. Por otro lado, el responsable del RIC presentó un informe sin sustento donde por lo menos en el caso de Lívingston, contradice lo expuesto por los comunitarios que presentaron títulos que les garantizan la propiedad de la tierra. Se cuestionó también la inacción de los personeros de la PDH y Copredeh, que deben garantizar el respeto a los derechos humanos y que con respecto a esto, el mismo el mismo procurador Jordán Rodas y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para Guatemala, mostraron su malestar por la forma en que fueron desalojados los comunitarios.

Pero lo cierto es que cualquier desalojo, aunque se haga bajo los manuales internacionales de derechos humanos, es una afrenta a la dignidad de los poseedores de tierras y viviendas. De igual forma es necesario cuestionar y denunciar a los agentes del MP, y la doble moral de la PNC que se lava las manos. Así como el hecho de que ni el MP, ni la PNC han investigado la denuncia de la presencia de Sinibaldi como denuncian los comunitarios.

La movilización de CODECA fue precedida de una campaña de desprestigio y de acciones legales contra los dirigentes de este movimiento por parte del CACIF. CODECA, entre varias demandas exigió el fin de los desalojos, además de denunciar el asesinato de Antonio Pérez de León, el intento de asesinato Jacinto Brío, líderes locales que se preparaban para participar en el paro y el atropellamiento de Vicente Calderón en medio de la protesta a los ojos de agentes de la PNC. El Comité de Unidad Campesina también denunció los desalojos, organización que promovió la semana ante pasada bloqueos, pero en menor magnitud que CODECA.

Los desalojos en estas regiones tienen su origen en que desde mediados del siglo pasado militares y finqueros -algunos asentados desde finales del siglo XIX- han despojado y usurpado tierras de comunidades. Instamos al CUC y CODECA a dejar sus diferencias, articular un movimiento contra la represión estatal y a exigir la reforma agraria como parte del programa de una Asamblea Originaria, Popular, de los Pueblos y los Trabajadores.

Por Armando Tezucún

Durante la semana del 9 al 15 de octubre la fortuna le sonrió al presidente Jimmy Morales.

La CSJ favorece al presidente

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó, el 11 de octubre, tres solicitudes de antejuicio en su contra. La primera fue presentada el 27 de septiembre por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), por haber recibido durante nueve meses un bono de Q 50 mil mensuales, de parte del Ministerio de Defensa, para un total de Q 450 mil. Según el MP, el presidente cometió los delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad al haber aceptado este bono. Según un vocero de la CSJ, la petición fue rechazada porque, de acuerdo a un informe de la Contraloría Nacional de Cuentas, el presidente Morales tenía la opción de devolver el dinero recibido, para no ser sometido a un juicio de cuentas; el mandatario en efecto devolvió el monto de los bonos y quedó exento de culpa.

Una segunda solicitud de antejuicio fue planteada por el Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX),  por haber emitido un decreto, junto con los ministros de Economía y Finanzas, autorizando la construcción de un Centro de Convenciones en el Parque de la Industria, espacio oficialmente administrado por COPEREX. En este caso los magistrados de la CSJ consideraron que este parque es un bien del Estado, y el presidente puede disponer de él cuando lo considere, por lo que las razones de plantear el antejuicio son espurias y políticas.

Un tercer antejuicio igualmente rechazado fue el presentado por Ángel Ruano contra el presidente, el vicepresidente, los ministros y los 158 diputados por la implementación del Estado de Sitio en el departamento de San Marcos, que violó la constitución y representó abuso de autoridad.

A los diputados corruptos que intentaron reformar el Código Penal para beneficiar al presidente Morales y a los culpables de delitos electorales, también les fue bien durante esa semana, pues la CSJ rechazó “in limine”, es decir, sin conocerla, la solicitud de antejuicio contra 107 diputados que votaron por dichas reformas el 13 de septiembre. El grupo Alianza por las Reformas presentó esta solicitud por los delitos de obstrucción a la justicia y resoluciones violatorias a la Constitución de la República. El argumento de los magistrados de la CSJ fue que el artículo 176 de la Constitución faculta al Congreso a actuar de la manera en que actuó.

La decisión del pleno de magistrados de la CSJ respecto a todas estas solicitudes de antejuicio, tomada en la última sesión presidida por Nery Medina Méndez, fue unánime, acordada por 10 magistrados titulares y tres suplentes. Es de notar que estuvieron ausentes dos magistradas que han tenido posiciones contra la impunidad; una de ellas estaba en un viaje oficial, el cual aceptó porque se le dijo que aún no se iba a conocer las solicitudes de antejuicio. Los suplentes, por supuesto votaron en contra de las solicitudes. Esta maniobra para excluir a la magistrada indica, junto con otros indicios, que hay un giro en la actitud de la CSJ –recordemos que el 4 de septiembre aceptó la solicitud de antejuicio contra el presidente Morales por delitos electorales. La Corte, ahora presidida por José Pineda Barales, parece estar por el momento del lado del Ejecutivo y el Congreso, en su oposición a las denuncias del MP y la CICIG. Habrá que ver si resiste las presiones de la embajada gringa y los senadores que actúan desde Estados Unidos.

Los empresarios manifiestan su respaldo al presidente

El 12 de octubre Morales se anotó otro punto a su favor. Los organizadores del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE), le dieron su respaldo en nombre del empresariado organizado en Fundación Para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

El ENADE se reúne cada año, y esta vez el tema del encuentro fue el desarrollo de infraestructura; el tema vino a colación por el pésimo estado en que se encuentran las carreteras y vías de comunicación del país, y por supuesto la propuesta central fue la alianza entre el sector privado y el Estado para salvar la crisis y el estado lamentable de carreteras, hospitales y la educación. La postura de estos capitalistas ansiosos de apoderarse del negocio de la infraestructura fue clara: La crisis política está llevando al país al estancamiento económico (es decir, está afectando nuestros negocios), así que hay que olvidarnos de cambios y apoyar al presidente que ya tenemos,  y trabajar con él. 

Felipe Bosch, presidente de FUNDESA, no tuvo empacho en declarar: “Como guatemaltecos tenemos que trabajar con el Presidente que nosotros mismos elegimos hace dos años. Estamos en un punto de no retorno y en un punto en el que tenemos que, como guatemaltecos, trabajar con el Gobierno que está y hoy está el presidente Jimmy Morales” (Idem). “Llegó el momento de que no estemos revolviendo más las cosas. Llegó el momento de pasar esa página y pensar que hay mucha gente que está falta de oportunidades y mientras tanto, todos en la arena política peleándonos. Entonces llegó el momento de decir: ‘Bueno, saben qué, faltan dos años, vamos para adelante y eso sí, generemos la posibilidad de atraer inversiones nuevas al país y de generar nuevos empleos, que es lo único que nos puede sacar adelante’” (Nomada 13/10/17). “Señor presidente, no lo tomo como político corrupto” (Pubinews 13/10/17).

Por su parte, Antonio Malouf, presidente del CACIF declaró: “nosotros lo que queremos es que el país avance, que siga avanzando la economía, que avance la infraestructura y que logremos un mejor país. La persona que nosotros elegimos hace dos años es el presidente Jimmy Morales. Estamos apoyando que él sea el líder que necesitamos para que esto salga adelante. Y esperamos que así sea. Porque todos los guatemaltecos necesitamos salir de este letargo” (Nomada Idem).

No toda la oligarquía está anteponiendo sus negocios e intereses económicos sobre la necesidad de cambios en el régimen político. Al parecer Dionisio Gutiérrez, de la poderosa Corporación Multiinversiones, primo y socio de Felipe Bosch, y otros importantes empresarios se sitúan del lado de los esfuerzos de la embajada de Estados Unidos por impulsar las reformas políticas y erradicar la corrupción, pero este es el bando que quiere cambiar algo para no cambiar lo esencial. Ni los gringos ni sector alguno de la oligarquía, otorgarán los verdaderos cambios democráticos que el pueblo necesita.

Los congresistas gringos presionan

Mientras, en el Congreso de los Estados Unidos, funcionarios de los dos partidos dominantes han empezado a pedir acciones contra los diputados y el presidente guatemaltecos. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió el 17 de octubre al secretario de Estado, Rex Tillerson, aplicar la Global Magnitsky Human Rights Accountabiliy, o Ley Magnistsky Act, a los guatemaltecos que hayan cometido actos de corrupción, cancelándoles las visas. Esta acta contempla la persecución a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos, y puede incluir la cancelación de visas y el congelamiento de activos. Los firmantes de la petición, los congresistas Eliot L. Engel y Edward R. Royce, miembros del Comité, dijeron: “Estamos profundamente preocupados por los acontecimientos recientes en Guatemala que demuestran un retroceso para el país en sus esfuerzos por combatir la corrupción y la impunidad” (La Hora 17/10/17). En la carta, además de pedir que se prohíba la entrada a Estados Unidos a guatemaltecos involucrados en corrupción, manifestaron que la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar non grato al jefe de la Cicig Iván Velásquez, “fue una gran decepción que ha sido denunciada por los miembros demócratas y republicanos del Congreso de los Estados Unidos” (Idem).

A finales de octubre llegará a Guatemala una misión de alto nivel de Estados Unidos con la intención de verificar los avances en las 16 condiciones que el Congreso estadunidense puso para desembolsar el 50% de los fondos destinados al Triángulo Norte de Centroamérica. Entre las condiciones está la de combatir la corrupción e investigar e enjuiciar a funcionarios corruptos, aplicar reformas políticas y programas para mejorar la transparencia, fortalecer las instituciones públicas, incluyendo el aumento de la capacidad e independencia del poder judicial y de la fiscalía (Publinews 17/10/17). Así que es posible que el país no obtenga la certificación para acceder a esos fondos.

Hacia la huelga general.

En el forcejeo entre la burguesía emergente corrupta, que se ha nutrido a costa del Estado, y los sectores que quieren limpiar el sistema político con el auspicio de los Estados Unidos, la balanza parece inclinarse por el momento a favor de los corruptos, representados por el presidente Morales y sus aliados en el Congreso.

El grueso de la oligarquía le ha dado el respaldo al gobernante y su equipo. Ahora más que nunca la lucha contra la corrupción y por un verdadero y profundo cambio democrático está en las manos del pueblo. Las reformas que pretenden hacer los Estados Unidos, la CICIG, el MP y los empresarios que les apoyan son limitadas e insuficientes para las grandes necesidades de la población excluida.

Por ello llamamos a las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles, de mujeres y populares a organizar una huelga general en las fábricas, fincas, centros de trabajo, carreteras, etc. exigiendo la renuncia del presidente Morales, su gobierno y los diputados corruptos, por la instalación de una Asamblea Constituyente Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos, que transforme radicalmente el país en favor de los oprimidos y explotados.