Por Joseph Manuel Alejandro Herrera*

 “La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer”.

Bertolt Brecht

Desde el 7 de septiembre del año pasado contamos con una nueva dirigencia estudiantil en la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). Después de 19 años (desde 1998) parecía que la necesaria oxigenación de la histórica dirección política del estudiantado universitario en Guatemala –el más numeroso en la patria centroamericana, con más 200 mil matriculados en 2017– cambiaría todo por arte de magia o eso creían los compañeros estudiantes más atados al heroico pasado que a la realidad concreta del movimiento estudiantil que nos habita; esta necesaria y urgente tarea de democratización se consolidaba emanada del incansable trabajo de cuatro generaciones de estudiantes, muchos de ellos sin nombres y rostros visibles, perseguidos, vapuleados y hasta asesinados por el gansterismo derechista1 que se implantó después del abandono de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y sus diferentes fracciones foquistas-guerrilleras (FAR, PGT, EGP y ORPA) del histórico bastión que para la lucha insurgente representó el control de los órganos de poder estudiantil –Asociaciones de Estudiantes y Comités de Huelga2 durante los 36 años de guerra civil; no conflicto armado interno, sino guerra civil llana y cruda.

La firma de los acuerdos de “Paz firme y duradera”, le abrió el camino a los oportunistas de entre guerras, de entre sombras, cuya figura más representativa en la universidad es: Jorge Mario García alias Guilligan, de estudiante flacucho idealista desengañado de la tutela guerrillerista de fin de siglo como le recuerdan sus compañeros de generación, ad eternum representante estudiantil de la Facultad de Humanidades, representante de la USAC ante la Junta Municipal de Trasporte y Alcalde Auxiliar de zona 21, amante de los perros e infame detractor de los estudiantes que luchan y se organizan independientemente; de la URNG al patrocinio del cacique criollo Álvaro Arzú y el partido Unionista, reducido órgano político de la tradicional derecha oligárquica neoliberal, que nada tiene que ver con el unionismo centroamericano de los años 20s.

El cambio no es desde luego nada fácil, navegando entre mafiosos hijos del militarismo vencedor y una población estudiantil banalizada, sin ideales ni ideología que sirva para hacerle frente a los mafiosos, nace un poder endeble ratificado por un sector reducido del estudiantado –16 mil votos de los 140 mil estudiantes habilitados para votar en el Campus Central y en Centro Universitario Metropolitano (CUM) en las pasadas elecciones de agosto, de los cuales la planilla ganadora: Frente Estudiantil solo obtuvo 6 mil, siendo minoría en el global de la votación; 10 mil estudiantes votaron por las otras planillas–. Coligado a esto, cabe recordar que el anterior poder, el del gansterismo cuasi-militar aún no ha desaparecido; está estructurado dentro y fuera de los chupaderos ilegales en la periferia de la USAC –con el beneplácito de la municipalidad capitalina, las últimas cuatro Rectorías y de los sancarlistas consumidores–, dentro del Consejo Superior Universitario (CSU) con representantes estudiantiles, docentes y profesionales que les apoyan en las sombras del cargo o abiertamente con sus posturas en el pleno –nunca les alcanza el plan de repitencia, ni son castigados o expulsados por extorsionar o golpear estudiantes–, así como en las retrogradas mentes de los vividores de la Huelga (“algunos Reyes Feos”, auto-proclamados jefes militares de autónomos y sub comités de huelga con las mismas prácticas que el deshonorable mafioso, así como tuercas de viejos que parecen más una junta financiera con jugosos negocios con la Cervecería Centroamericana, S.A –La Gallo– organizándoles paradas como la declaratoria general de huelga o la de Ingeniería, para idiotizar a los estudiantes durante la cuaresma huelguera), sostenido todo lo anterior ante la apatía de la mayoría de la población estudiantil y el capricho de una dirigencia estudiantil dividida en tenues seguidores de la línea de convivencia pacífica con los criminales emanada de la Rectoría de turno, de sus ideólogos de la mesura y el oportunismo político –por ejemplo: UsacEsPueblo o lo que se diluyó en FrenteEstudiantil– y de los espacios estudiantiles francos enemigos de los sicarios (Medicina, Historia, Trabajo Social, Odontología, Ciencia Política y ahora Derecho), perpetuándose por medio de la apatía y la complicidad del silencio auto-impuesto –el policía más peligroso es el que llevamos todos dentro–, estos también patrimonios intangibles, quizá más perdurables que la mismísima Huelga de Todos los Dolores del Pueblo de Guatemala.

UNA RADIOGRAFÍA NECESARIA:

"El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos".

Antonio Gramsci

Después de las pasadas elecciones nos impusimos el silencio, pero este se vuelve un crimen ante la realidad que se aproxima de cara a la celebración de La Huelga de Todos los Dolores del Pueblo de Guatemala en sus 120 años. Esta vez el poder dual ya está fijado, por un lado la Nueva AEU que desde el finales del 2017 convocó a todos los Comités de Huelga, sin hacer diferencia entre los Alternativos que han resistido en el pasado a la arremetida del deshonorable –en adelante zopes–, Autónomos que se han organizado independientemente, pero que algunos calcaron las prácticas de los zopes y los Sub-comités que hasta antes de las elecciones de agosto pasado –las primeras libres y democráticas en dos décadas– recibieron el dinero de la “Comisión Transitoria” y su deshonorable Comité de Huelga, dándoles a cambio estudiantes –muchos de nuevo ingreso, enamorados del desaparecido ideal del huelguero y la huelga como protectora del pueblo– para engrosar las filas de su milicia criminal (El Comité de Orden del deshonorable) que se presta a todo tipo de humillaciones y excesos contra la población estudiantil durante la cuaresma huelguera.

Del otro lado el poder criminal de larga data bajo la sombra de los que hasta agosto pasado eran La Ilegal Comisión Transitoria de AEU y su deshonorable comité de huelga que se sigue manteniendo en la Facultades de Ciencias Económicas, Humanidades, así como en EFPEM y el ex-comité Autónomo de Derecho desconocido por la Asamblea de Estudiantes de esa Facultad después de que golpearon a varios estudiantes a finales del año pasado; pero que no dudo que por medio de las prebendas y la contratación de personas ajenas a la universidad –como ya es costumbre– logren mantener un numero de secuaces que sigan agrediendo al estudiantado e imponiéndose por medio del miedo y la violencia.

Las reuniones convocadas por AEU para la conformación de un nuevo Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores no han estado apartadas del ya conocido oportunismo político, tanto los que ayer eran base de los zopes hoy se presentan a ser también honorables ungidos por el dinero que la AEU ha cobrado (25 mil quetzales para celebrar el “Conclave Huelguero” de enero pasado; con gastos como 6000 quetzales para 40 sotanas negras, propias de los zopes para los nuevos “honorables”), como por los 200 mil quetzales que en el último pleno del CSU la AEU a través de su secretaria general y su secretario de finanzas solicitaron del presupuesto universitario.

Y como la larga noche de 19 años le da paso a la madrugada, sin no menos monstruos de esos que surgen en los claroscuros, vemos el desfilar de ex reyes feos como Parracomunicacho (Alexander Mejía de la Cruz), que en las reuniones del nuevo honorable defiende abiertamente la agresión de estudiantes a manos de los zopes, justificando que se lo merecen por criticarles. Y que junto a Tommy Morales –autoproclamado líder de los autónomos de arquitectura, sin matrícula ni cursos asignados en los dos últimos años– invita a los representantes de los zopes a formar parte del nuevo honorable, incluso dándoles la confianza de tener puestos como los de finanzas y el ya conocido orden –su desorden violentamente organizado–. Arribistas de este tipo, son los políticos que sigue engendrando la USAC, que te sonríen de frente para vender demagogia vacía, pero por la espalda saludan a los sicarios que vapulean a estudiantes, reconociéndoles como iguales.

Pero ni el secretariado de la Nueva AEU, ni los oportunistas fantasmas que merodean durante la Huelga de dolores han tenido el camino fácil. Saludo de esta manera a los compañeros y compañeras representantes de las diferentes asociaciones estudiantiles que conforman el Consejo Consultivo Estudiantil Universitario (CCEU) y que en último caso han presionado a la Secretaria General para que expulse de las reuniones del nuevo honorable a los sicarios que se estaban filtrando, así como algunos de los representantes del nuevo honorable que le han puesto alto a las ansias idiotas de poder de los que quieren seguir lucrando de la huelga sin importar si cambió AEU, así como su administración chabelistica.

LA UNICA MANERA DE VENCER AL GASTERISMO ES CON LA FUERZA DE LOS ESTUDIANTES:

Si la huelga se quiere rescatar como dice nuestra dirigencia estudiantil, esto no se logrará dándole concesiones a los que hasta la huelga pasada intimidaron, golpearon estudiantes y lucraron con las actividades tradicionales de la Huelga de Todas las Dolores “del Pueblo de Guatemala”. Hay quienes se respaldan en la argumentación simplista de que portar la capucha es tradición, claro que es tradición, pero esta respondía a la represión que el movimiento estudiantil resistía del Estado, siendo el huelguero el guardián de marchas, entierros de líderes y acciones políticas del estudiantado, se cubría la cara ya que el Estado golpeaba con mayor fuerza laS estructuras de defensa del estudiante, sus comités de huelga. Ahora y desde hace ya veinte años la capucha sirve de escudo de impunidad a los que detrás de ella, siendo o no siendo estudiantes la usan para ensuciar esa misma tradición forjada por la valentía y el heroísmo de tantos estudiantes que lucharon sin nombres y sin rostros. Si el estudiante es honorable no tiene razones para esconderse hoy detrás de la capucha, los que, si seguirán usándola para ocultar su identidad, son los que viven de la huelga y en ausencia de la lucha de ideas, recuren a la violencia física. Cualquier llamado huelguero que apoye la violencia entre estudiantes, no es ni honorable ni será huelguero.

Si la Huelga es del pueblo, solicitar dinero del presupuesto universitario o hacer uso de la tasa estudiantil para llevar acabo bacanales es una práctica inmoral, sabiendo el estudiante que es privilegiado ante un pueblo con altos índices de pobreza y pobreza extrema, ¿Cuántos medicamentos podrían llevarse a las zonas más necesitadas del país de la mano de los verdaderos y honorables huelgueros, para asistir a ese mismo pueblo que se recuerda vagamente defender?

Si recuperamos nuestra AEU y recuperaremos nuestra Huelga, que no es nuestra sino del Pueblo, ¿por qué seguir organizando conciertos para beneficiar a las empresas oligárquicas productoras de cerveza del país?, ¿por qué seguir organizando a estudiantes de nuevo ingreso como empresas de seguridad privada que le aseguren a estas empresas ganancias jugosas a costa del embrutecimiento de las y los estudiantes? Quien quiera beber, que lo haga con su dinero, no con el dinero de la USAC, ni con el dinero de la tasa estudiantil y menos con el dinero gubernamental que año con año se le da a la huelga, por ser patrimonio intangible de la nación (unos 50 mil quetzales por arriba de la mesa y otro tanto por debajo, para comprar voluntades, desde el gobierno de Alfonso Portillo).

Con este artículo no estoy llamando a la AEU, que entre el miedo y la maniobra busca sobrevivirles a los sempiternos mafiosos y sicarios que detentan el control de la Huelga de Dolores; con estas letras llamo al estudiante, a su amplia mayoría a tomar parte y recuperar su Huelga de Dolores, llamo a las asociaciones de estudiantes democráticamente constituidas a celebrar asambleas para que sea el estudiante el que elija qué tipo de huelga quiere celebrar –como en Medicina e Historia, donde ya se celebraron asambleas a inicios de febrero–, llamo a los huelgueros honorables a romper con los enemigos del estudiantado, con las prácticas mercantilistas de doblegar la voluntad estudiantil ante la idiotizante cultura de la chingadera por la chingadera misma, llamo a los representantes de las diferentes asociaciones ante el Consejo Consultivo Estudiantil Universitario (CCEU) a fiscalizar como hasta ahora cada paso que se haga para organizar nuestra huelga de dolores, cada centavo gastado del dinero público, de la tasa estudiantil, llamo al pueblo a exigirnos a los estudiantes una huelga digna que no dependa de los poderes corporativos, ni del interés de una minoría de huelgueros frente al estudiantado llano, a recuperar el sentido de la huelga como azote de los políticos de turno, de los oligarcas de siempre, de los enemigos de la libertad y opresores del pueblo.

LLAMO AL HUELGUERO A DEFENDER CON CAPUCHA O SIN CAPUCHA DE PIE JUNTO AL PUEBLO, SUS LUCHAS.

LA CHABELA NOS OBSERVA Y NOS CASTIGARÁ SI CON DISCURSOS VACÍOS LLEGAMOS A SER IGUALES O PEORES QUE AQUELLOS QUE DIJIMOS COMBATIR.

Notas:

* Estudiante de Historia y el Profesorado en Ciencias Sociales, integrante del Comité Alternativo de Huelga de la Escuela de Historia, Secretario de Política Interna de la Asociación de Estudiantes de Historia, Antropología, Arqueología y Archivística (AEHAAA-2013), asociado activo de la organización estudiantil de Historia, en 2014, 2015 y 2016, representante de la AEHAAA ante la Asamblea Social y Popular (ASP-2015 y 2016) y ante la Plataforma para la Reforma del Estado de la USAC (2015-2016). Asuntos Nacionales y Populares por la Planilla No. 3 (Movimiento Universitario Consciente) –MEUC–, segundo lugar en las elecciones para AEU de agosto 2017 (ganando las Facultades de Medicina, Ingeniería y las Escuelas de Historia, Trabajo Social, Ciencias Físicas y Matemáticas), militante del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) desde 2012.

1.-Hijos de las ocupaciones militares de la USAC de los 70s y los 80s, de la quema de bibliotecas enteras, de los murales orinados por la bota militar y del asesinato de docentes, estudiantes y hasta un rector que le abrió paso a los parásitos de turno, tanto en la administración universitaria como en nuestro movimiento estudiantil, borrando el hilo conductor de la tradición revolucionaria entre la vanguardia del pasado y la del presente, que lucha sola a prueba y error sin el consejo de sus padres políticos, desaparecidos o acribillados por el terrorismo estatal o paraestatal.

Cabe destacar que muchos de los integrantes de la conocida como “Transitoria de la AEU”, así como de los secretariados de AEU que van desde 1998 hasta 2017, son hijos de militares, así como trabajadores o dueños de empresas de seguridad privada, dueños de algunos de los llamados chupaderos afuera de la USAC y de otros bares reconocidos en el circuito del Rock guatemalteco. A todas luces una mafia diversificada.

2.- Las Asociaciones de Estudiantes son órganos gremiales de representación estudiantil, en la historia universitaria se tienen conocimiento de 21 asociaciones que han existido en diferentes unidades académicas (Facultades y Escuelas no facultativas). Muchas de éstas están calcadas de las primeras organizaciones estudiantiles que existieron en la USAC, en la facultad de Ciencias Médicas y en Derecho, que posteriormente serían los precursores de la primera Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU–, el 22 de mayo de 1920.

Los Comités de Huelga son anteriores a los primeros órganos gremiales y nacen al calor de la lucha anti cabrerista en el año de 1898. Organizaciones que llamaron a la primera Huelga de Todos los Dolores del Pueblo de Guatemala; equivocadamente se le atribuye su carácter jerárquico-militar del presente al trastrocamiento causado por la persecución y represión de los años de la guerra (1960-1996) por parte del Estado, así como de grupos fascistoides, anti-democráticos y anti-comunistas. La dialéctica de la organización estudiantil es tan interesante que actualmente y desde comienzos de siglo la dinámica del poder estudiantil se sortea entre la existencia de la Asociación como gremio democráticamente electo y el comité de huelga organizado como milicia, llegando a tal punto, que donde hay Asociación Estudiantil fuerte, no existe comité o éste es muy débil o donde hay Comité fuerte la asociación esta disuelta o es inexistente. Dándose como siempre contadas excepciones.


Por Úrsula Coj

Un mísero aumento del salario mínimo de tan solo 3.75%, aprobó el presidente Morales tras la emisión del Decreto Ejecutivo 297-2017 en los últimos días de diciembre, válido para este año. Como es usual, la decisión última la tomó el gobernante después que, en el seno de la Comisión Nacional de Salario, conformada por representantes de la patronal y algunos sindicatos, éstos no llegaron ponerse de acuerdo.

El aumento para este año fue aún menor que el otorgado por este gobierno para el 2017, que fue de un poco mas del 6 %. Lo que indica claramente que el giro anti-obrero, que de por si era su sello, ahora adquiere mas fuerza. La propuesta del sector sindical era de Q125 diarios para la ciudad, maquilas y exportaciones y Q140 diarios para el campo. El empresariado no presentó ninguna propuesta pues se opuso a todo aumento.

Según Adolfo Lacs Palomo, secretario general de la Federación Sindical de Empleados Bancos y Seguros (FESEBS), el aumento es a todas luces insuficiente ante el costo de la vida. Mientras que Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) respaldó la decisión del mandatorio calificándola de técnica y no política aduciendo una desaceleración de las actividades económicas (Prensa Libre 02-01-18).

El gobierno por su parte previamente modificó por medio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la metodología para calcular el costo de la Canasta Básica Vital, que se mostró a la baja; esto fue calificado por Lacs como una “argucia” (Ídem).  Morales adujo que en la decisión se tomó en cuenta indicadores como inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto y crecimiento de la población, situación que es mencionada en el acuerdo gubernativo (Publinews 29-12-17).

El aumento fue entonces, para actividades agrícolas y no agrícolas: Q11.27 hora diurna ordinaria; Q12.88 hora ordinaria jornada mixta; Q15.03 hora ordinaria nocturna; Q90.16 salario diario; Q2,742.37 salario mensual; Q250.00 bonificación; Q2,992.37 salario total. Mientras que, para la maquila y exportación, adefesio aprobado en el gobierno de la UNE con el fin de beneficiar a estos sectores, quedo así: Q10.30 hora diurna ordinaria; Q11.78 hora ordinaria jornada mixta; Q13.74 hora ordinaria nocturna; Q82.46 salario diario; Q2,508.16 salario mensual; Q250.00 bonificación; Q2,757.16 salario total.

En el caso de la supuesta reducción de la Canasta Básica Vital, en agosto de 2017 fue de Q4 mil 311.90 mientras que la Canasta Básica Ampliada se calculó para ese mes según el INE en Q7 mil 868.43. Sorpresivamente, para noviembre del año pasado la primera se calculó en Q3,475.28; tomando como base una serie de mediciones que calculan los índices de pobreza y de ingresos, que se hacen a base de proyecciones que por la ausencia del Censo Nacional de Población cual se debería haber hecho en 2012, no son totalmente confiables.

Además de introducirse en el costo de la canasta vital una serie de productos industrializados cuyos precios en el mercado, pese a ser bajos, ya en su conjunto son un gasto para el trabajador además de ser dañinos para la salud y afectar la nutrición. Pese a que Marx mostró que, a mayor capacidad de consumo de los obreros, estos consumirán productos que originalmente no estaban en su canasta tradicional llevando la discusión, a determinar cuáles son de consumo vital y cuáles no.

Según funcionarios del Ministerio de Trabajo la decisión final se tomó en consultas con el Banco de Guatemala, que mostró un ritmo inflacionario de 4.67 por ciento, siendo la expectativa de cerrar en el rango de entre el tres y el cinco por ciento para el 2018 (El Periódico 19-01-2018). Además, que la inflación no se genera solamente por un aumento de la masa monetaria.

Sin embargo, los empresarios automáticamente aducen un mayor costo en la elaboración de productos, aumentando su precio sin ningún control o regulación, ni causa técnica. Pues lo que se genera es un mayor consumo de productos de primera necesidad y reflejando la poca capacidad de los capitalistas para responder a la demanda. Y la causa de esto no es la inversión productiva sino el consumo parasitario que se muestra en la poca capacidad instalada de la industria. O sea, un mejoramiento del salario reduce la tasa de ganancias de los burgueses y coadyuva a que pese al desempleo y sub-empleo, la masa laboral de reserva no presione tanto a la baja del precio del salario.

Como PSOCA consideramos que no se debe esperar a fin de año ni dejarlo en pocas manos la discusión del salario mínimo. Las grandes centrales sindicales, CUSG, CGTG, UNSITRAGUA, MISCP, y otras organizaciones populares,  deben iniciar una discusión con los obreros, empleados y asalariados del país y exigir mejoras cada seis meses.


Por Armando Tezucún

La elección de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República representa el afianzamiento del control del Poder Legislativo por parte de los grupos de la burguesía emergente que han lucrado históricamente con la corrupción en las instancias del Estado; estos grupos han sido objeto de persecución penal desde 2015, acciones encabezadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instituciones a las que se unió la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y que fueron apoyadas hasta el último momento de su gestión por el ahora exembajador de Estados Unidos, Todd Robinson. La nueva Junta Directiva hará su parte en el plano legislativo dentro el plan de esta burguesía corrupta por frenar la labor del MP y la Cicig, bloqueando las reformas significativas al sistema judicial y político, y dando curso a los proyectos de ley represivos presentados por diputados afines, y que están en discusión en las comisiones legislativas.

Una elección complicada en el Congreso

El 14 de enero rindió su informe del segundo año de gobierno el presidente Jimmy Morales. Ese día debía asumir la nueva Junta Directiva del Congreso, cuyo presidente debía presidir la sesión en la que el mandatario presentaría su informe. Sin embargo, los diputados se pusieron de acuerdo en la elección hasta el sábado 13; esto se debió al resquebrajamiento de la alianza que se formó en 2016 para elegir la nueva dirección del Congreso para 2017, y al fraccionamiento interno de las distintas bancadas, incluyendo a la del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Al margen de que todas esas bancadas aliadas respaldan una agenda que enfrenta al MP, la Cicig y se oponen a los cambios en el sistema político y judicial, los intereses y ambiciones particulares afloraron ante el proceso de elección de la nueva dirigencia del legislativo.

El primer intento de elegir la Junta Directiva se dio el 5 de diciembre del año pasado, cuando el FCN y sus aliados presentaron en sesión plenaria la única planilla propuesta, con el diputado Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana, como presidente. Esta planilla no logró el mínimo de 80 votos requeridos, y la elección fue pospuesta para enero de 2018.

Desde inicios del mes empezaron a ser mencionados nombres de candidatos a presidir la Junta Directiva que ya lo habían intentado en diciembre. En especial se mencionó a Manuel Conde Orellana, Óscar Chichilla (presidente en 2017), Boris España, Carlos Fión, Julio Ixcamey, pero ninguno logró reunir los votos suficientes para consolidar sus candidaturas.

Álvaro Arzú Escobar logra el aval del presidente Morales y el FCN

Luego de que la dirección del legislativo convocara para el sábado 13 a un último intento de elegir Junta Directiva, sorpresivamente se dio a conocer que el hijo del alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, Álvaro Arzú Escobar, sería el candidato ungido por el presidente Morales, el FCN y los partidos cercanos que finalmente lograron un acuerdo. Arzú, único diputado del Partido Unionista, representa la alianza entre el alcalde metropolitano y el presidente Morales, surgida durante la crisis de agosto-septiembre, cuando este último declaró non grato al jefe de la Cicig Iván Velásquez, y trató de expulsarlo del país; ambos tienen en común el ser objeto de acusaciones por corrupción de parte del MP y la Cicig, y de habérseles solicitado el levantamiento de la inmunidad.

El anuncio de la candidatura de Arzú se dio casi al mismo tiempo que el embajador gringo Arreaga declarara que si el Congreso no elige una Junta Directiva que fomente la transparencia, será difícil que Estados Unidos continúe los programas de apoyo al país. “…si nosotros no tenemos una Junta Directiva confiable desde el punto de vista de su compromiso de la lucha contra la corrupción e impunidad, esto podría afectar programas, es difícil predecir cuales son los  programas que afectaría y  cómo… una Junta Directiva que no demuestre con hechos, porque no solamente de hablarlo, que no lo demuestre con hechos va hacer muy difícil para nosotros seguir adelante con algunos programas” (La Hora 09/01/18).

Arzú electo presidente del Congreso

El sábado 13 Arzú Escobar fue electo con 92 votos a favor, y el apoyo de las bancadas del FCN-Nación, Todos, Bloque Reformador, Alianza Ciudadana y Unión del Cambio Nacional; su planilla estuvo formada por miembros de esos partidos.

Desde las primeras declaraciones de Arzú Escobar se hizo claro que éste representa los intereses de nuevos acuerdos entre las burguesías emergentes corruptas afectadas por la persecución del MP, la Cigig y la Sat, y un sector mayoritario del empresariado oligárquico que prefiere la estabilidad política para enderezar el rumbo de la economía y los negocios. El nuevo presidente del legislativo aseguró que su agenda incluirá leyes que fomenten el desarrollo y crecimiento económico y la generación de empleo; sostuvo que no conviene entrar a conocer las reformas constitucionales por cuestión de tiempo y por el desembolso que significa la consulta popular para aprobarlas, en vista de que este año habrá una consulta sobre el diferendo territorial con Belice. La embajada de Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que “Las acciones del Congreso, y no sus palabras, demostrarán el compromiso de aprobar leyes que beneficien al pueblo de Guatemala, tanto como su compromiso de luchar contra la corrupción y la impunidad” (Prensa Libre 14/01/18).

El segundo informe de gobierno de Jimmy Morales

El domingo 14 el presidente Morales presentó ante el Congreso el informe de su segundo año de gobierno. El informe de Morales está lleno de falsedades, verdades a medias y omisiones; en ningún lado habló de la muerte de 42 jovencitas en el incendio de un hogar estatal, por culpa de sus funcionarios y por decisiones que él mismo tomó; no hizo mención de las acusaciones en su contra por delitos electorales y por corrupción, al haber aceptado de forma ilícita cheques a su nombre de parte del Ministerio de Defensa; y presentó como logros cosas que son obligación del Estado, como la entrega del presupuesto correspondiente a los organismos de justicia, incluido el MP.

Ante el anuncio de manifestaciones de parte del Comité de Desarrollo Campesino y otras organizaciones civiles, el presidente ordenó acordonar el edificio del Congreso de la República dos cuadras a la redonda, por cerca de 300 miembros de la Policía Nacional Civil, la Guardia Presidencial, la Policía Militar, las Fuerzas Especiales Policiales de la PNC y la SAAS, todos bien armados.  La convocatoria a manifestar no tuvo el efecto esperado, pues a lo sumo un centenar de personas se hizo presente; a pesar de que en horas de la tarde un grupo decidido forcejeó con los policías para abrirse paso hacia el Congreso, las protestas no tuvieron trascendencia.

Tanto Arzú como el presidente Morales hicieron ver en sus discursos que no se dejarán presionar al momento de tomar decisiones, augurando actitudes autoritarias. Arzú dijo: “las obligaciones son de orden moral, y por eso son más importantes que los derechos…Vamos a escuchar a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a los grupos organizados, pero no vamos a permitir que intenten decidir por nosotros, que traten de dictarnos qué debemos hacer, bajo medidas de hecho o de presión, vamos a exigir respeto al trabajo del Poder Legislativo” (El Periódico 15/01/18); y Morales expuso: “el poder debe ser ejercido por quienes fueron electos, no por presiones mediáticas o fácticas” (Idem).

La nueva agenda del legislativo

Desde la primera sesión plenaria, la nueva dirección del Congreso empezó a aprobar las leyes en materia económica que demanda la burguesía. La primera fue la Ley de Factoraje, que regula la negociación de documentos de crédito entre empresas, para permitir a los negocios que otorgan créditos a sus clientes, capitalizarse en poco tiempo. También se aprobó en primera lectura las nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que sin embargo no toma en cuenta las reformas sugeridas por el Tribunal Supremo Electoral. Quedaron en agenda pendientes las reformas a la Ley de Zonas Francas y la Ley de Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterías, Bingos y Juegos de Azar.

El nuevo pacto entre las burguesías emergentes y sectores de la oligarquía ya tuvo su primera víctima, el ahora exintendente de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa. El directorio de la SAT, presidido por el ministro de finanzas Julio Héctor Estrada, destituyó a Solórzano Foppa por no haber llegado a la meta de recaudación fiscal 2017, a pesar de que alcanzó el 99.7% de la misma. La medida a todas luces fue una venganza por la persecución que hizo el ex superintendente contra los evasores y mafias defraudadoras del fisco. Solórzano Foppa atacó a grandes empresas como Aceros de Guatemala, a cafetaleros, ganaderos, y muchos empresarios, ganándose la animadversión de grandes sectores de la burguesía.

Unidad de acción de la izquierda y los movimientos populares

El nuevo pacto de las burguesías implica no solamente que los corruptos recuperen el terreno perdido, sino una ofensiva contra las organizaciones y luchas populares. Ya hemos planteado el peligro de las reformas a la Ley Contra el Terrorismo y la Ley de Ongs. Estamos también ante el recrudecimiento de los encarcelamientos y asesinatos contra líderes y lideresas populares. El momento demanda que se hagan acercamientos entre los grupos de izquierda y las organizaciones populares para diseñar una estrategia para enfrentar el avance de la represión. Consideramos que esta es una terea prioritaria en el momento actual.


Por Leonardo Ixim

Con escasa o nula información en los medios de comunicación, el pasado cuatro de diciembre el denominado Magisterio en Resistencia recorrió las calles capitalinas exigiendo diversas demandas. El Magisterio en Resistencia esta conformado por el Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco (SAMGUA), el Sindicato de Trabajadores Magisteriales de Chimaltenango (SITRAMCHI) y colectivos departamentales desafectos al sindicalismo burocrático de Joviel Acevedo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). Ha emprendido diversas luchas en favor del derecho a la educación y de la estabilidad laboral de maestras y maestros en los últimos años.

Se distanció del sindicato de Acevedo por los métodos clientelares y oportunistas que éste usa para negociar con los gobiernos de turno. Nosotros consideramos que además de ser un sindicalismo limitadamente amarillista o pro-patronal, es burocrático en tanto que sus tácticas negociadoras son en función no tanto de defender a un gobierno per se, sino para reproducir su naturaleza burocrática y de dique a las luchas autónomas de la clase trabajadora.

Una de las reivindicaciones que el Magisterio en Resistencia ha levantado es el traslado al renglón 011 -es decir presupuestados como plazas fijas por el Estado y derechos sociales incluidos- a 29 mil maestras y maestros que laboran ubicados ahora en el renglón 021, es decir sin derechos laborales reconocidos. Esta demanda, que el gobierno de Morales se comprometió a cumplir en su primer año de gobierno y que Acevedo oportunistamente retomó en algún momento, hasta la fecha sigue en espera.

Otra demanda ha sido la eliminación de las medidas que suprimieron la carrera del magisterio en el gobierno de Pérez Molina, bajo la dirección de la nefasta Cinthya Del Águila. Estableciendo una política de formación de docentes, conformada por un bachillerato en educación de dos años y un técnico denominado PADEP promovido e impartido por la Universidad de San Carlos y la Escuela de Formación de Docentes de esta de tres años, de la cual el actual ministro fue uno de sus impulsores. Esto afecta la inclusión al mercado de trabajo para los maestros y la misma calidad educativa, en un programa que no tiene certificación sobre su calidad. Recientemente la Unidad Nacional de la Esperanza interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), amparando provisionalmente ésta al magisterio Inter-cultural -español e idiomas mayas- que siguió funcionando.

De igual forma, el actual gobierno pretende desaparecer el magisterio de formación de maestros de pre-primaria que también se mantuvo. El Magisterio en Resistencia se presentó ante la CC -donde tiene una carpa en las afueras-  para exigirle una sentencia firme en contra de esta medida. El Ministerio, en consonancia con los dictados del Banco Mundial y el BID, en una lógica que se mueve a nivel mundial, quiere realizar estos cambios en función de un sistema de evaluación que afecta los escalafones y la estabilidad laboral.

Recordemos que el STEG ha apoyado estas políticas y exigen mejoras salariales justas, pero amarrados con aceptar estas evaluaciones, que por lo demás nadie garantiza su idoneidad. Por tanto, una de las demandas de SAMGUA ha sido además garantizar la estabilidad laboral, la eliminación del acuerdo 247-2017, que violenta la ley tutelar del magisterio Nacional 1,485 y la propuesta de reforma a la ley de carrera docente.

Se exigió además que el magisterio no sea usado como pretexto para seguir endeudando al país, esto por las movidas de los últimos días que Acevedo junto al partido oficial realizaron para aprobar el presupuesto bajo el pretexto de un aumento salarial del 30 por ciento como exigía el STEG y 10 % como proponía el gobierno. Pero la no aprobación del presupuesto 2018 pone en aprietos estos aumentos, esto en un momento de negociación de un nuevo pacto colectivo con este sindicato, que en su mayoría solo protege a los trabajadores 011 del Ministerio de Educación.

Nosotros consideramos que el Magisterio en Resistencia deben ponerse también a la cabeza de la exigencia de un aumento salarial tomando como base el costo de la canasta básica ampliada y tomando en cuenta las capacidades del Estado, que por demás tendría que aumentar la base tributaria a los sectores empresariales que evaden impuestos. Además de exigir la negociación de un pacto colectivo incluyente con todos los sindicatos y trabajadores de la educación, tomando como punto, el aumento de la cobertura y la calidad, sin chantajes de parte de Acevedo ni evaluaciones impuestas que afectan el escalafón docente. Restableciendo también la carrera de magisterio para la formación de docentes en pre-primaria, primaria y secundaria, que además debería ser ínter-cultural en todos los niveles, como carrera de educación media nuevamente.


Por Armando Tezucún

Luego de que el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) lograra que el proyecto de Presupuesto General de la Nación pasara en primera lectura en el pleno del Congreso de la República el 28 de noviembre con una apretada mayoría, sus planes de financiamiento gubernamental para el próximo año se vinieron abajo el jueves 30.

Ese era el último día que tenía el oficialismo para lograr que se conociera el proyecto en tercera lectura y aprobación final, y no logró el mínimo de 80 votos requeridos. La evidente ruptura del pacto que había mantenido desde finales del año pasado con otras bancadas, empezó a causarle estragos; los hechos evidenciaron también fracturas internas dentro de la misma bancada del FCN, y fraccionamientos en las bancadas que han sido hasta ahora sus aliadas. De los 37 diputados del FCN, 11 se ausentaron y uno votó en contra de conocer el proyecto. El voto de los aliados Acción Ciudadana (AC), Movimiento Reformador (MR), Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Partido Unionista, Unión del Cambio Nacional (UCN), Visión con Valores (VIVA) y legisladores independientes, no fue unánime.  Fueron sus aliados del partido Todos, los que retiraron el apoyo total al FCN, luego de haber votado a favor durante las primera y segunda lecturas, supuestamente porque no fueron tomadas en cuenta algunas enmiendas que esta bancada había planteado a última hora.

El gobierno tendrá dificultades financieras en 2018

La decisión del pleno de diputados dejó al gobierno de Jimmy Morales con el problema de adecuar el presupuesto que estuvo vigente en 2017 para cubrir las necesidades del próximo año. Esto a pesar de que el domingo 26 el mandatario tuvo una reunión con varios jefes de bancadas para cabildear el apoyo al proyecto presupuestario, en la cual se habría llegado a algunos acuerdos, que incluían la negociación de la composición de la Junta Directiva del Congreso para 2018. Ahora le tocará al ejecutivo negociar con el Congreso las ampliaciones presupuestarias necesarias para cubrir necesidades como la nueva Ley de Alimentación Escolar, que incrementó el presupuesto del Ministerio de Educación para la merienda de los estudiantes de primaria; la creación del Registro de Agresores Sexuales, que tenía asignados Q 50 millones; la construcción de una cárcel, 20 comisarías y 11 subestaciones de la Policía Nacional Civil, por Q 72 millones; además afectará la realización del nuevo censo de población y la Consulta Popular sobre el diferendo con Belice, ambos programados para el próximo año.

Aparte de eso, el gobierno no podrá disponer de aumentos presupuestario en ministerios que son claves para hacer campaña velada y clientelismo en un año preelectoral, como son Comunicaciones, Agricultura, Defensa y Desarrollo Social.

Las negociaciones tras bambalinas por la nueva Junta Directiva del Congreso

La alianza del FCN con otras bancadas de derecha en el Congreso, inició a finales de 2016 con acuerdos para elegir la Junta Directiva del legislativo para el año que está por finalizar. Gracias a este acuerdo (llamado por los medios “Pacto de Corruptos”), el sector más conservador del Congreso logró bloquear las reformas constitucionales, frenar los cambios más importantes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, evitar que el presidente Morales perdiera su inmunidad, aprobó reformas inaceptables al Código Penal de las cuales tuvo que retractarse debido las protestas populares y al rechazo de la Corte de Constitucionalidad. Pero al acercarse el momento de acordar la composición de la nueva Junta Directiva del Congreso para 2018, los intereses empezaron a chocar. Como es usual en los partidos burgueses, y más en esta pléyade de partidos pequeños que han servido en su mayoría de refugio a los exdiputados de los corruptos Partido Patriota y LIDER, los intereses mezquinos empezaron a aflorar, buscando cada uno un mejor posicionamiento en la futura Junta. Y la primera víctima fue el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018.

Lo que se sabe de las peripecias de los estira y encoge en las negociaciones es que en un inicio el jefe de bancada del FCN Javier Hernández, ambicionaba el puesto de presidente de la JD, al igual que Felipe Alejos, líder del partido Todos. Sin embargo, se dice que en la reunión de jefes de bancadas con el presidente Morales el 26, lo acordado fue que ese cargo le quedaría al diputado del Partido Unionista Álvaro Arzú Escobar, hijo del alcalde capitalino, en agradecimiento al apoyo dado por éste al Morales durante la crisis generada por la solicitud de antejuicio de que fue objeto. El FCN tuvo que ceder la presidencia de la JD para conservar las alianzas; además de Arzú, se mencionaba a Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional, como otro posible candidato a la presidencia, y también a Boris España, del Movimiento Reformador (MR).

Otros diputados empezaron a cabildear sus candidaturas, como Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Rudy Castañeda de la Unión del Cambio Nacional (UCN) y el actual presidente de la JD Oscar Chinchilla de CREO. Pero debido al fraccionamiento interno en casi todas las bancadas, ninguna de las candidaturas tiene el respaldo suficiente para dirigir el legislativo el próximo año.

El 5 de diciembre la sesión plenaria incluyó la elección de la Junta Directiva. La única planilla propuesta fue la del FCN y sus aliados, con Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana (una bancada compuesta por exdiputados de LIDER), como candidato a la presidencia. Pero las diferencias internas de las bancadas impidieron que obtuviera el mínimo 80 votos, siendo la votación de 65 a favor y 38 en contra. Los otros miembros de la planilla fueron Felipe Alejos (Todos), Javier Hernández (FCN-Nación), Alejandra Carrillo (MR), Estuardo Galdámez (FCN-Nación), Jorge Arévalo (MR), Juan Ramón Lau (Todos), Vivian Preciado Navarijo (UCN) y Marco Aurelio Pineda (FCN-Nación). El fracaso en la elección de JD obliga a pasar para enero su conformación; se presume que durante diciembre los candidatos interesados harán cabildeos para integrar sus planillas.

2018: un año complicado para los partidarios de la reforma del Estado burgués

El próximo año estará signado por dos situaciones. Será un año preelectoral, lo que explica las pugnas y los juegos de poder de las bancadas por lograr un buen posicionamiento en la nueva Junta Directiva del Congreso y puestos en las direcciones de las comisiones legislativas, lo que les permitiría distribuir recursos en sus zonas de influencia para generar clientelismo para las elecciones de 2019.

Por otro lado, se elegirá nuevo fiscal general; este puesto ha sido clave en la lucha contra la corrupción alentada por Estados Unidos y los países imperialistas que influencian la política nacional, y que ha contado con el respaldo de gran parte de la población. Si bien no es el Congreso quien elige al jefe del Ministerio Público, sino una comisión de postulación, los diputados operan con un poder tras bambalinas en el proceso de elección. En cambio el legislativo tiene a su cargo la elección del jefe de la Contraloría General de Cuentas, institución clave en la fiscalización del uso de los fondos asignados a ministerios y entidades del Estado. Así que es indudable que las bancadas que representan a los intereses más conservadores e involucrados en corrupción pugnarán por acaparar esos puestos claves, y el control de la próxima Junta Directiva del Congreso es indispensable para ello.

El nuevo embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, que refleja fielmente el cambio en la política gringa con la administración Trump, reconoce la importancia de la próxima dirigencia del Congreso: “Entonces la elección de una junta directiva lanza una señal muy fuerte sobre si el organismo Legislativo está o no está en la lucha contra la corrupción”, agrega que “esperamos el resultado de esas elecciones que según tenemos entendido se han ido postergado y veremos cómo termina” (La Hora 06/12/17). Esto a pesar de que se ha hecho de la vista gorda respecto a las acusaciones de corrupción y las solicitudes de antejuicio contra el presidente Morales, y de su intención de expulsar a Iván Velásquez, comisionado de la CICIG; durante el anuncio oficial del plan de inversiones de la estadunidense Corporación  para Inversiones Privadas en el Extranjero, en Guatemala, Arreaga declaró, refiriéndose a Morales, que "su Gobierno mantiene una lucha muy importante contra la corrupción y ésta es la forma de reconocerlo. Eso es importante para el futuro del país" (Publinews 30/11/17).

Iván Velásquez está muy claro de que la elección de un nuevo fiscal general favorable a los corruptos haría retroceder los avances que han hecho la institución que dirige y el Ministerio Público: “Todo el país debe reflexionar del proceso que se avecina. Mucho se ha dicho en los últimos tiempos del Pacto de Corruptos…y creo que una de las expresiones finales de esa lucha …que están con mucha fuerza haciendo en contra de lo que venimos trabajando con el Ministerio Público… es esta elección de Fiscal General” (La Hora 08/12 /17).

Por una acción unitaria de la izquierda

El gobierno de Jimmy Morales ha recuperado terreno después del espaldarazo que le dio la burguesía organizada en el CACIF, y de la política de beneplácito impulsada por el nuevo embajador gringo Arreaga. Las movilizaciones que reclamaban directamente la renuncia de Morales, sus ministros y los diputados corruptos han entrado en un reflujo. Los recientes desalojos de comunidades campesinas indican un endurecimiento de la represión, y una Junta Directiva afín al oficialismo facilitaría la aprobación de leyes represivas. Por ello las organizaciones de izquierda y populares debemos agruparnos y coordinarnos para diseñar un plan de lucha ante la situación que se avecina.

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