Por Leonardo Ixim

Lo que parecía ser una oleada de movilizaciones contra Jimmy Morales, similares a las de junio de 2015, se desactivó rápidamente.

Con movilizaciones no nos referimos solamente a los plantones, como el que se convoca para el domingo 10 de septiembre, para exigir a la Comisión Pesquisidora del Congreso que resuelva recomendar el antejuicio contra el presidente por delitos electorales. Y no es que neguemos la importancia de ese movimiento conocido como “La Plaza” conformado por individuos y por organizaciones civiles creadas al tenor de 2015 como la Batucada del Pueblo, USAC es Pueblo, Otra Guatemala Ya, Justicia Ya. Pero fueron los paros organizados por organizaciones campesinas, los que con bloqueos a unos días de realizarse las elecciones pusieron en la picota al desprestigiado gobierno del Partido Patriota.

Al día siguiente que Morales declarara non grato a Iván Velázquez se realizaron bloqueos en la carretera Interamericana a la altura del municipio de Nahualá, organizados por las Autoridades Indígenas de Sololá; sin embargo, éstos se desactivaron porque al interior este espacio se dividió, sorpresivamente para apoyar la continuidad del gobierno. Lo que no fue raro es la postura de los 48 Cantones de Totonicapán, que rápidamente mostraron su apoyo al gobernante. Por otro lado, las principales organizaciones campesinas dieron su apoyo a Velázquez y exigieron la renuncia de Morales; de estas solo CODECA realizó unas movilizaciones para exigir la partida de este mal gobierno. Hasta ahora ni el CUC ni la Asamblea Social de los Pueblos, el Consejo de Pueblos de Occidente y el CCDA, con sus respectivas burocracias, quienes correctamente se posicionan a favor de una Asamblea Constituyente Plurinacional, han logrado movilizarse.

Por otra parte, el impresentable Nery Barrios, dirigiendo el cascarón de la Unidad de Acción Sindical y Popular, vergonzosamente salió apoyando con un pequeño grupo a Morales. Mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y su sempiterno líder Joviel Acevedo, se movilizó en dos ocasiones exigiendo el respecto al pacto colectivo, siendo recibido por el gobernante la segunda ocasión. La primera ocasión cuando Morales se encontraba en Nueva York, se tomaron las entradas del principal puerto en el Pacifico, Puerto Quetzal, siendo reprimidos por la policía; en esta segunda ocasión llegaron a casa presidencial con pancartas aduciendo una difusa “defensa de la institucionalidad”.

La defensa de los pactos colectivos es una cuestión de principios en función de satisfacer las necesidades de los trabajadores, que en el caso del STEG se reduce a los trabajadores 011 o con plazas presupuestadas, quedando por fuera la mayoría de trabajadores del sector educativo público. Pero no nos engañamos que atrás de una burocracia tan oportunista como la que dirige Acevedo, la exigencia de estos derechos pasa por llegar acuerdos espurios con los gobiernos turno, lo cual es aprovechado por la prensa burguesa para desprestigiar estas conquistas laborales y que algunos elementos izquierdistas reproducen en redes sociales. La defensa de los pactos colectivos es una lucha que las bases de los sindicatos públicos deben llevar a cabo y que se empalma con la renuncia de un gobierno corrupto como este.

Hasta el momento otras burocracias sindicales tampoco han levantado su voz, en el caso del SNTSG y el Frente Nacional de Lucha, que se caracterizó por cuestionar a la ahora ex ministra de salud Lucrecia Mack, buscó siempre un acercamiento con Morales. Por otro lado, recientemente se formó una coalición de organizaciones sociales que correctamente visualiza el modelo capitalista extractivo y la impunidad que las clases dominantes ejercen desde el Estado, exigiendo al renuncia de Morales y al Congreso de la República que le quite la inmunidad –lo cual es un elemento táctico- pero que nuevamente cae en la confianza a las instituciones del Estado como el Ministerio Público y la CICIG, donde interviene el imperialismo, que además en el caso de la primera persiguen junto a los jueces y la policía a los luchadores sociales. En esta coalición participa, el CCDA, CUC, ASP, CODECA, Sector de Mujeres, UNISTRAGUA Histórica, la AEU retomada por los estudiantes y otras.

Por último, existe otra pléyade de oportunistas como los de Vea Canal y algunos articulistas como Mario Roberto Morales que, identificando esto como un conflicto inter-burgués –lo cual no está alejado de la verdad-, y bajo un discurso “soberanista” aducen que existe una izquierda rosada –como si ellos no fueran igual- que  es manipulable. Acercándose con su discurso a la posición de la extrema derecha anticomunista que levanta el relato del nacionalismo chauvinista y que defiende a Morales con el consentimiento de los pastores de las reaccionarias y fanáticas iglesias evangélicas.


Por Agustina Kunil

La política estudiantil universitaria evidentemente se encuentra fragmentada y como parte de esta realidad, es necesario mencionar parte de los acontecimientos previos a la carrera electoral.

Antecedentes de una lucha histórica

A medida que las elecciones avanzaban, el interés político, la tensión y la presión de los poderes oscuros personificados en la ilegal Comisión Transitoria se hacían presentes, cada vez gastarían más cartas acompañadas de un fracaso tras otro. El 14 de agosto, previo a un descanso festivo, el Consejo Electoral Estudiantil Universitario -CEEU- se fue con un sabor amargo y un entorno adverso, luego de conocer que el director de Registro y Estadística, Fernando Irías, encargado de proporcionar al CEEU el padrón estudiantil que contiene los datos más relevantes de los estudiantes matriculados en el ciclo lectivo 2017, se lo entregó también a la Comisión Transitoria. Irías fue utilizado como chivo expiatorio por parte de los corruptos andamiajes de la burocracia universitaria liderada por Carlos Camey, secretario general de la USAC y verdadero artífice de la treta de otorgarle el padrón a la organización mafiosa encuadrada en la ilegal Comisión Transitoria, no solo poniendo en riesgo el proceso legal organizado por el CEEU, sino la información personal y la integridad de la población estudiantil en general.

Más tarde, el 16 de agosto, se realizó una convocatoria a nivel universitario para que los estudiantes se manifestaran ante uno de los posibles riesgos de sabotaje electoral por parte de la estructura criminal que ejerce su poder dentro y fuera de la administración universitaria, así como dentro y fuera de la universidad. Desde la mañana decenas de estudiantes con y sin bandera partidista se aglutinaban a las afueras de la sala de reuniones en el edificio de rectoría para exponer su furor ante la desconcertante decisión de la burocracia universitaria. La dirigencia estudiantil buscó agitar a la comunidad universitaria, de esa manera empezaron a movilizarse para tomar edificios en sus unidades académicas con el fin de informar y reunir a los estudiantes en los edificios ya mencionados.

A los minutos las decenas de estudiantes se iban transformando en unos cuantos cientos, las consignas y el clamor se hacían llegar a medida que se esperaba el ingreso en busca de explicaciones que pudieran responder a tal abuso. La manta con la frase #RecuperemosNuestraAEU salió a la luz en la segunda planta en la parte externa del salón de reuniones. Llegó la hora de entrada, una buena parte de estudiantes enfurecidos ingresó, mientras una pequeña aglomeración ya no pudo ingresar debido a la falta de espacio, por lo que esperó afuera durante el proceso que se trasmitía en directo por redes sociales.

Adentro se era testigo de cómo la burocracia del Consejo Superior Universitario –CSU- impedía que se abordaran las consignas y exigencias de un sector estudiantil enfurecido; ninguno de los responsables dio respuestas concretas, sumándole a que el rector de la universidad Carlos Alvarado Cerezo se encontraba fuera del país en uno de sus “viajes diplomáticos”, quedando como rector sustituto el Dr. Rubén Velásquez, decano de la facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, quien se dedicó a entorpecer toda la sesión. Tal fue el abuso de las autoridades en negarse a dar explicaciones que los estudiantes hartos de sentirse engaños iniciaron a alzar la voz en contra de tal deterioro de la paciencia; iniciaron una serie de exigencias en conjunto para que los responsables hablaran. Los estudiantes que se encontraban en la parte externa de la sala también se sintieron en la necesidad de expresar su enojo en paralelo que más unidades académicas se sumaban a la toma de edificios para acuerpar el clamor.

Pero no todo pintaba bien, mientras un grupo se dedicó y se sumó a las tomas junto a la movilización de los cientos de estudiantes, que cabe mencionar que se sumaron hasta las unidades académicas tradicionalmente apáticas, otros buscaban la manera de disolver el grupo sulfurado que exigía a gritos las objeciones interpuestas, se llenaban la boca diciendo ser representantes estudiantiles cuando lo único que hacían era dar un discurso mediático a conveniencia particular; por otro lado, tendencias como UsacEsPueblo aprovecharon para hacer proselitismo aprovechando la gran cantidad de estudiantes enardecidos. A medida que se desarrollaba la reunión, el miedo se hacía presente en las partes acusadas, la comuna estudiantil estaba desesperada, la dirigencia siguió buscando más fuerzas para que en cuestión de minutos el falso discurso de los “líderes oportunistas” estudiantiles disolvieron toda la aglomeración en condiciones de trascender, convirtiéndola en una asamblea informativa que buscaba exponer la imagen mediática y oportunista del populismo universitario, que más tarde evolucionó a discursos bufos acompañado de pequeñas masas fácilmente manipuladas para ser el suelo de esas figuras.

Un grupo de representantes estudiantiles ante el CSU conscientes de lo que sucedía, convocó a este organismo de dirección de la USAC a una sesión extraordinaria para comprometerse a solucionar el fallo, cuyas razones nunca expusieron coherentemente y otra convocatoria fue realizada por la mañana en rectoría con poca afluencia. Por la tarde del 17 de agosto, mientras representantes de las cuatro planillas presenciaban un debate previo a la contienda electoral, se corrió la voz de que el proceso electoral sufría riesgo nuevamente de ser saboteado a manos del Rector en la sombras; el decano de la Facultad de Humanidades, Walter Mazariegos, uno de los cómplices de la estructura delictiva, temeroso de perder su dominio mafioso, quiso botar el proceso y la cólera llenó nuevamente a los estudiantes, que se sumaron al CEEU a esperar respuestas concretas y claras que fueran a favor de la democracia.

Nuevamente la estudiantada hizo acto de presencia y caras conocidas brotaban unas más gratas que otras. A duras penas cabían estudiantes en el lobby contiguo al CSU; en medio de las medidas de presión, mientras se esperaba del dictamen definitivo, se convocó a los diferentes medios de comunicación. La tensión política seguía entre los presentes, acompañada de la diferencia ideológica y la fragmentación de dos grupos principalmente; por un lado quienes no son parte manipulable y la contraparte que con la máscara del “nueva política” buscan llegar acuerdos con la burocracia estudiantil. 

Todo terminó con una resolución favorable al CEEU para con el proceso democrático electoral, gracias al acuerpamiento de los estudiantes conscientes, que hartos de la cooptación de sus espacios buscaban respaldar el proceso. El CSU desconoció a la Comisión Transitoria y declaró como únicas elecciones válidas las conducidas por el CEEU.

La primavera democrática: No es perfecta pero principia en el amanecer estudiantil

Luego de casi dos décadas (1998-2017) de olvidar lo que significaba la democracia estudiantil y su representación dentro de la Universidad de San Carlos, se celebraron las elecciones estudiantiles del sábado 19, el domingo 20 y el lunes 21 de agosto del año en curso, con no menores complicaciones a lo que fue una primavera estudiantil desconocida por tres generaciones de estudiantes sancarlistas, primavera que principia en este nuevo amanecer.

Era evidente que existía la necesidad de una verdadera representación estudiantil. Nadie lucha por los derechos estudiantiles que son afectados todos los días por distintas causas: baños en mal estado, sucios, cerrados; compañeras violadas en temporada de la Huelga de Dolores; acoso por parte de los catedráticos, decanos, e incluso, por los mismos compañeros (sin mencionar los mismos casos de acoso que suceden a nivel administrativo: las nuevas empleadas son víctimas de pagar el ‘’derecho de piso’’); una vida, en general, poco digna para la población estudiantil y poca o nula representación ante las luchas sociales y populares del pueblo de Guatemala.

Cuatro planillas se inscribieron para ser la nueva dirigencia estudiantil desde la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda de León. Sin embargo, esa nueva y ‘’fresca’’ dirigencia, ya estaba siendo acechada desde las oscuras corrientes que intervienen, corrompen y prostituyen de varias maneras a la tricentenaria, con el fin de ganar la lucha de poderes e intentar dominar la universidad desde una sola y monolítica fuerza corrupta derivada del triunfo de la contrainsurgencia. Era necesario que se empezara a despertar la consciencia de los estudiantes que, tras años de cooptación de la Asociación, era evidente que sus mentes universitarias estaban dormidas y encuadradas por los medios de comunicación y para nada concientizados sobre la realidad política dentro y fuera de la USAC.

Era una lucha entre dirigentes estudiantiles por, aparentemente, llegar a la AEU y comenzar a trabajar. En el trasfondo era la lucha para encabezar la conducción de la toma del espacio físico de la AEU y sacar a la ilegal comisión transitoria y reguladora de las representaciones estudiantiles a nivel nacional e internacional, las veces que se les tenga que expulsar. Aunque era claro que la mayoría de planillas evadía hablar al respecto en los distintos debates/foros que se hicieron en algunas unidades académicas y medios de comunicación extrañamente interesados en el proceso.

Durante el proceso, existieron varios obstáculos que entorpecieron el trabajo que compañeros del CEEU y el CCEU (Consejo Consultivo Estudiantil Universitario), ya realizaban desde varios meses la lucha y persistencia por hacer valer la democracia estudiantil, como el intento de boicotear las elecciones por medio de lo dictaminado por el CSU, en el que se botaron las elecciones. Además del ‘’accidente’’ del CSU que otorgó el padrón electoral a la Comisión Transitoria. Otro de los inconvenientes fue la inmensa apatía del estudiantado y la ignorancia que predominaba, pues gran parte de la población universitaria desconocía la existencia de una AEU, y mucho menos de sus funciones. Por la misma razón, era complicado crear un nivel de consciencia trascendente por parte de las planillas en disputa electoral.

Si algo podemos reflexionar sobre todo el proceso es que el verdadero movimiento estudiantil, conformado por quienes luchan todos los días desde sus unidades académicas por intereses fuera de un protagonismo político, dinero o empoderamiento, aunque así tengan que enfrentarse contra los mecanismos de corrupción, los cuales ocupan desde el estudiantado, los grupos administrativos tanto dentro y fuera de la universidad, es el corazón de la lucha sancarlista el que puede pronunciarse en contra de todo pronóstico, mejorando así la sociedad guatemalteca, marcando un precedente en la historia, y además trazar una brecha para las futuras generaciones.

Los resultados electorales

La participación estudiantil fue muy baja, con apenas 15 mil estudiantes de un padrón de 140 mil, debido además de la apatía, a la falta de información de la mayoría, ya sea por falta de interés o por falta de una mejor estrategia comunicativa de Ceeu y de las planillas en contienda. Como sea, es apenas el poder formal lo que medianamente se recuperó, falta el verdadero poder, que se entreteje con los distintos mecanismos corruptos con que mafia que ha cooptado AEU con el respaldo de la burocracia universitaria, tiene en negocios y en el control de la Huelga de Dolores.

Según datos del Consejo Electoral Estudiantil Universitario, la planilla Frente Estudiantil, número dos, que contó con el apoyo de fuerzas externas y organizaciones de sociales y una burbuja mediática, logró el 62 % de los votos. La planilla Reto, número uno, con 23 % de los votos; el Movimiento Estudiantil Universitario Consciente (Meuc) con el 15 %. Pero con el sistema electoral que se adoptó, donde cada unidad académica era un cuerpo electoral, los resultados fueron así: Frente Estudiantil con 13 cuerpos, Meuc con 5, Reto con dos y Cree con cero cuerpos, planilla vinculada a la mafia.

De un total de 15,210 votos,  la planilla No 1 (Reto) obtuvo 2,757 votos; la planilla No 2, (Frente) ganó las elecciones con 6.949 votos; la planilla No 3, el MEUC, obtuvo 4,213 votos; y la planilla No 4, apenas 919 votos. Entonces, la planilla No 2 ganó con menos del 50% de los votantes. Es importante señalar que la distancia entre el FRENTE y el MEUC no es considerable, si tomamos en cuenta que mayoría de los estudiantes no votaron por la planilla ganadora, lo que debemos hacernos reflexionar sobre el sistema electoral imperante.

A pesar del bajo porcentaje de votación general, el proceso electoral dejó ver un renacer de la consciencia del estudiante universitario, en medio del retroceso general experimentado después de la firma de los acuerdos de paz. Este renacer es consecuencia, en gran parte de la importantísima gesta de la toma del campus en 2010.

El MEUC presentó una propuesta donde lo académico y lo reivindicativo se puso como estandarte de lucha. Fue conformada por estudiantes muchos de los cuales venido participando en las luchas de 2015 o antes; que por medio de la propaganda y la sensibilización han hecho trabajo de base en sus distintas unidades académicas, levantando la bandera de la realización de asambleas, en algunas lográndolo y en otras no.

Los desafios del MEUC

Los desafíos de MEUC son varios, la de consolidarse como una oposición crítica que acuerpe el movimiento estudiantil en función de recuperar totalmente la AEU, pero sin dar un cheque en blanco al grupo Frente Estudiantil, ganador de esta contienda, presionando constantemente para que no termine negociando prebendas con la burocracia universitaria y apoyando posturas que de ese grupo puedan salir, en función de una línea que recupere realmente la dignidad estudiantil.

La primera tarea, quizá la más difícil, será defender el voto estudiantil en el proceso electoral, voto que dijo “Fuera” a la banda corrupta y mafiosa que ha controlado la AEU desde hace 16 años.  En principio se debe hacer unidad en la acción con todos aquellos sectores que luchen por democratizar la AEU, pero se debe estar alerta a cualquier maniobra que quiera hacer el CSU para negociar con la nueva dirigencia estudiantil para mantener ventajas a favor de las mafias, para que conserven parte de su poder. La oposición al Frente Estudiantil y a UsacEsPueblo no debe ser gratuita ni visceral ni emotiva, sino que debe ser una oposición política con argumentos aplastantes, con pruebas bien documentadas en el caso de que se den componendas bajo la mesa. Para desenmascararles ante las bases estudiantiles se debe tener argumentos sólidos y bien fundamentados, no acusaciones basadas en rumores infundados; esto sería harto contraproducente.

En segundo lugar, las y los integrantes del MEUC deberán desarrollar una intensa actividad en sus unidades académicas, en favor de las necesidades y derechos de las bases estudiantiles, fomentando el despertar político de la mayoría del estudiantado, reforzando así su liderazgo. Este arraigo permitirá al MEUC acceder a la dirigencia de la AEU en las próximas elecciones.


Por Armando Tezucún

El operativo realizado por integrantes de la Mara Salvatrucha para rescatar a uno de sus líderes, Anderson Daniel Cabrera Cifuentes de la célula Piwis, mientras estaba siendo atendido en el Hospital Roosevelt (uno de los dos más importantes del país), dio como resultado siete personas fallecidas y una docena de heridos.

Este ataque sirvió de pretexto para que las bancadas más derechistas del Congreso y organizaciones de ultraderecha, volvieran a pedir la reactivación de la pena de muerte, y se agilizaran los procesos para la aprobación de una ley represiva contra las maras. El Congreso dio trámite en primer debate, con 80 votos a favor, a la Ley Antimaras, presentada por el Bloque parlamentario Todos, que busca “endurecer las penas a pandilleros y homologarlas con El Salvador y Honduras”, según dijera el diputado de Todos Felipe Alejos (Prensa Libre 17/08/17).

La propuesta de la bancada Todos fue presentada en mayo, y el dictamen favorable fue presentado el 8 de agosto. Consiste en reformas al Código Penal, que penalizan la pertenencia a estas pandillas, modificando el delito de terrorismo, aumentando las penas de cárcel y las multas.

A pesar de la aprobación que tuvo en primer debate al calor del atentado en el Roosevelt, algunos diputados y analistas están en contra de la iniciativa, pues consideran que está mal redactada y además que se puede prestar a interpretaciones que servirían para criminalizar las protestas campesinas, sindicales, etc. Esto porque identifica como organizaciones ilegales a maras, clicas, pandillas juveniles o criminales siempre que se organicen para “transgredir la paz social”, “dañar la propiedad privada o pública” o para “hostigar o coaccionar a cualquier persona para obtener un beneficio económico o de cualquier otro tipo” (Prensa Libre 18/08/17). Es obvio que estas acciones, que no están rigurosamente definidas, pueden objeto de una lectura retorcida por quien quiera perjudicar a grupos populares que realicen bloqueos, manifestaciones, huelgas, tomas de fábricas, fincas o instalaciones de trabajo en reclamo de sus derechos.  Además, está comprobado que una ley similar en El Salvador, basada en medidas represivas, no funcionó, y nada nos garantiza que funcione en Guatemala.

El fenómeno de las maras y pandillas tiene su origen en la grave descomposición social provocada por las salvajes medidas neoliberales aplicadas por los gobiernos desde la década de los noventas. Estas políticas no han hecho sino crear una creciente miseria y total falta de oportunidades para los jóvenes guatemaltecos y en general, centroamericanos. No hay trabajo digno, ni educación gratuita de calidad, ni acceso a la salud, vivienda y demás servicios básicos. Nuestros jóvenes se ven obligados a decidir entre migrar al norte, con todos los peligros que ello implica, o ceder a la tentación de sumarse a una pandilla.

Por otro, la extrema derecha, con el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera a la cabeza, hacen campaña por la reactivación de la pena de muerte. Cabrera declaró: “Yo estoy totalmente de acuerdo con la pena de muerte”…hay personas “que matan y que tienen problemas psicológicos que son irrecuperables”…su situación “no es reversible…Yo creo que estas personas que gozan con matar no deben estar en nuestro país” (La Hora 10/08/17). Por su parte, el presidente Morales, eludió una respuesta clara, reconociendo que la pena está establecida en la Constitución y diciendo “En cuanto a la Presidencia, he sido tajante toda la vida, cumpliremos la ley cual esta sea” (Prensa Libre 11/08/17). El diputado por el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN), Marcos Yax, presentó el 10 de agosto una iniciativa de ley para establecer un mecanismo regulador del indulto presidencial o conmutación de la pena capital, procedimiento que fue suspendido en 2004 por el expresidente Alfonso Portillo, al derogar el artículo 159. Desde entonces no se ha podido aplicar la pena de muerte. El sábado 19 de agosto el FCN realizó una marcha a favor del restablecimiento de la pena de muerte, paradójicamente con el lema “por el derecho a la vida”.

Ninguna ley represiva logrará detener la delincuencia y el crimen. Esto es obvio en el caso de Estados Unidos, donde a pesar de las ejecuciones de sentencias de muerte, las masacres y asesinatos son imparables. 

Solamente una profunda transformación del país, que brinde oportunidades y derechos sociales a los jóvenes y a la población en general, podrá eventualmente erradicar los flagelos de la violencia y la inseguridad. Este cambio solo podrá ser obra de los propios interesados, las clases oprimidas y explotadas por medio de una revolución democrática y socialista.


Por Úrsula Coj y Ramona Itzep

En un contexto de crisis de la institucionalidad burguesa, por el enfrentamiento entre el gobierno de Morales, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y la fiscal general Thelma Aldana, en los últimos días habido un reagrupamiento de fuerzas conservadoras; evidenciándose con propuestas como el endurecimiento de las penas contra los crímenes de las maras, la pena de muerte, bajar la edad imputabilidad a menores y la polémica iniciativa 5272, Ley de Protección de la Familia y la Vida.

Esta iniciativa presentada por los diputados Christian Boussinot de Todos con un proceso de antejuicio por plazas fantasmas y Raúl Romero de Fuerza entre otros, constituye una ofensa a los derechos de las comunidad sexodiversa pero también al derecho a elegir en materia de aborto para las mujeres. Es decir derechos democráticos que fuerzas conservadoras apadrinadas por la Coordinadora Evangélica Nacional,  sostén del actual gobierno, pretenden conculcar.

El documento construido bajo la lógica del enemigo interno-externo aduce que “grupos minoritarios de la sociedad que siguiendo una agenda de orden internacional (...) contrarios a la moral cristiana y que atentan contra el derecho a la vida, el orden natural de la familia y el matrimonio”. Ademas en la exposición de motivos se señala, que el Estado protege la vida de la población lo cual, a todas luces desde la fundación de este, ha sido lo contrario.

Se pide al Estado que promueva y realice acciones contra estas “minorías sociales”, poniendo énfasis en la defensa del matrimonio entre hombres y mujeres, limitando de tajo un derecho -el matrimonio de personas del mismo sexo- que ni siquiera es legal en Guatemala. Esta iniciativa realiza reformas al Código Penal y al Código Civil,  atentando contra  derechos democráticos, evidenciado en el objeto de la ley capítulo I,  sobre que:  la finalidad es proteger el matrimonio tradicional y el combate a la diversidad sexual y a lo que denominan ideología de género usando la figura de la libertad de los padres,  para  educarlos según su ideología religiosa y valores morales. 

Con respecto al aborto, el capítulo II plantea reformas al Código Penal, como aumentar las penas a las mujeres que lo practicasen con prisión de cinco a diez años. Mientras que al médico que lo realice, se le aplicara penas de 6 a 10 años si la mujer lo consistiera y de 10 a 15 si no lo consintiera. De igual forma con respecto al aborto terapéutico impone una serie de requisitos médicos y de opinión de especialistas -a sabiendas que en muchos casos los médicos se niegan por temor o por la mentalidad conservadora de estos- que los hace casi imposible, hipócritamente bajo el argumento de defensa de la vida.

Una novedad peligrosa es en lo que se refiere a la promoción al aborto, reformando también el Código Penal, planteando que “quien en forma pública o privada directa o indirectamente, por si mismo o por conducto de terceras personas (...) será sancionado con prisión de seis a diez años y una multa de cincuenta mil a cien mil quetzales” en una clara intención de criminalizar a organizaciones que promueven el derecho a decidir de las mujeres sobre el aborto. En línea con una serie de movimientos evangélicos gringos, pero también de la postura oficial de la iglesia católica y el Papa Francisco, que se asume con autoridad para decirle a las mujeres como actuar cuando afecta su cuerpo.

Buscando poner una contra tendencia al potente movimiento de mujeres y feminista que en varios países del mundo y Guatemala no es la excepción cuestiona estas prácticas patriarcales. Lo cual pone en la discusión con las organizaciones mencionadas que solo bajo una orientación marxista que concibe al patriarcado como parte de las relaciones sociales capitalistas y la lucha contra este sistema, que se puede eliminar de raíz el patriarcado, obviamente sin descuidar reformas parciales.

Con respecto a la educación sexual y reproductiva esta iniciativa pretenden limitar la enseñanza de esta, obligando a las instituciones educativas públicas y privadas a prohibirla, bajo la falsa idea que se combate una “ideología de género”  y claramente, contra la diversidad sexual. Reafirmando la heternormalidad, al señalar que será prohibido “la enseñanza de conductas sexuales contrarias a la heterosexualidad”.

Es importante también discutir con algunas organizaciones de jóvenes y humanistas como la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares, sobre la naturaleza del Estado Laico, cual ha sido una consigna levantada por estos. En Guatemala la Constitución Política no aclara la naturaleza del Estado, esto como una forma de mantener en pie el confesionalismo cristiano pero sin declararlo públicamente. Es importante levantar la consigna de que solo con una Asamblea Constituyente de los Pueblos Indígenas y Trabajadores, se pueden poner en pie esta serie de derechos democráticos que en Guatemala no están reconocidos, pese a existir alguna que otra política en ese sentido. Quedando explicito además que el Estado debe ser laico.


Finalmente, después de sortear las evasivas del Consejo Superior Universitario (CSU), que no quería entregar el Padrón Electoral al Consejo Electoral Estudiantil Universitario (CEEU), las elecciones para un nuevo secretariado de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), fueron programadas para los días 19, 20 y 21 de agosto.

Llamamos al estudiantado Sancarlista a participar activamente, dando su voto para cambiar la historia y sacar de la histórica AEU a la pandilla de mafiosos que durante 16 años la han usurpado. Cuatro planillas se inscribieron para la elección: Reto-usac (Renovación Total), Frente Estudiantil, Movimiento Estudiantil Universitario Consciente (Meuc) y Cree (Cambio Reformador de Excelencia Estudiantil); este último grupo fue lanzado por los mafiosos, en un esfuerzo desesperado por no perder el control de la AEU, a pesar de que al inicio dijeron que no reconocían la legitimidad del CEEU y el proceso de cuestionamiento contra ellos que inició en septiembre del año pasado.

A pesar de la participación de los mafiosos en el proceso electoral, hay peligros latentes de que sus matones agredan a los compañeros que se presenten a los centros de votación, o que tomen acciones violentas contra la planilla que resulte ganadora. El CSU, que se resiste a romper sus compromisos con las mafias, no ha querido garantizar la seguridad del proceso electoral. Por ello alertamos a los compañeros y compañeras a tomar medidas de autodefensa contra cualquier agresión; el ejemplo es el valiente estudiantado de las Escuelas de Historia y Trabajo Social que se han enfrentado masivamente y en bloque contra las agresiones de los zopes en 2014 y 2017.

Llamamos también a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares, a acuerpar y defender este histórico movimiento democrático para recuperar la histórica organización estudiantil de la única universidad estatal de la pandilla de maleantes en cuyas manos cayó.

El otro peligro es que el CSU pretenda mediar acuerdos entre los mafiosos y la planilla ganadora, para que los corruptos conserven una parte de su poder media vez entreguen las oficinas de la AEU. En caso de que se pretenda realizar negociaciones ocultas, el estudiantado debe movilizarse masivamente para frenar los intentos de los mafiosos y el CSU de conservar su poder.

Enfrentar estos peligros latentes solo puede hacerse con éxito si se genera un movimiento estudiantil masivo y profundamente democrático e independiente de cualquier poder oculto. Consideramos que de las planillas que participan, el MEUC, es la que tiene elementos jóvenes e ideas frescas y renovadoras, capaces de generar ese movimiento amplio y democrático.

Las tareas a enfrentar, son muchas: recuperar el control de la Huelga de Dolores, que retome su sentido original y deje de servir de fuente de enriquecimiento para las mafias; administrar de forma transparente y eficiente los fondos que recibe la AEU de las cuotas estudiantiles, y hacer públicos los manejos y negocios ilícitos de los mafiosos y el CSU; retomar las demandas más sentidas de los estudiantes, como eliminar los planes de repitencia, los cobros injustos y elevados de los cursos de vacaciones, revisar todo el sistema de los exámenes de admisión, abrir comedores estudiantiles de bajo costo; una renovación  de la administración y el equipo docente en las unidades académicas, que han caído en la violación de derechos de los estudiantes y el detrimento de la excelencia académica, etc.

La clave de la renovación del movimiento estudiantil sancarlista está en una nueva modalidad organizativa, que tome en cuenta a las amplias bases, por medio de asambleas democráticas, deliberativas y vinculantes en todas las unidades académicas, que permitan un flujo constante de información y decisiones entre el estudiantado de base y sus dirigentes.

La única planilla que se plantea esta reconstrucción del movimiento estudiantil es la # 3, del Movimiento Estudiantil Universitario Consciente. Por ello llamamos a las compañeras y compañeros sancarlistas a dar su voto este 19, 20, y 21, al MEUC.

¡ORGANÍZATE, ANALIZA Y LUCHA!

¡VOTA PLANILLA #3!

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