Por Armando Tezucún

Diputados del oficialista Frente de Convergencia Nacional-Nación y diputados de bancadas aliadas, en apoyo al gobierno de Jimmy Morales, están impulsando leyes o reformas a leyes que constituyen ataques contra organizaciones o entidades involucradas en acciones anticorrupción, o contra organizaciones populares, y que atentan contra libertades básicas.

La primera de estas iniciativas es la reforma a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, iniciativa 5257, presentada en 21 de marzo de 2017 por el diputado oficialista Christian Gabriel. El proyecto incluye una serie de nuevos requisitos, trámites y controles legales y administrativos ante instituciones del Estado; restringe las actividades de las ONGs al ámbito de acciones altruistas o de beneficencia, excluyendo las actividades de incidencia social o política; reduce el personal extranjero permitido en una ONG, del 25 al 15%. En su momento expresamos que esta reforma es un claro ataque contra las asociaciones de análisis y acciones políticas, de defensa de derechos humanos, de apoyo a grupos campesinos e indígenas y otras decenas de organizaciones que están registradas como ONGs, y actúan en estos niveles.

El martes 13 de febrero el pleno del Congreso conoció en primer debate esta iniciativa, previamente aprobada por la Comisión de Gobernación del legislativo. El día 15 fue conocida en segunda lectura, pero fue enviada de regreso a la Comisión de Gobernación, por razones técnicas, para mayor análisis y revisión, lo que significa que aún puede ser regresada al pleno en un futuro, y aprobada.

Otros dos proyectos de ley buscan calificar como “terroristas” las manifestaciones y protestas populares, y la divulgación en las redes sociales de planteamientos críticos al gobierno y al status quo. El primero se llama Ley Contra Actos Terroristas, presentado en febrero del año pasado por el diputado de la Unión del Cambio Nacional Napoleón Rojas, que obtuvo en noviembre el dictamen favorable de la Comisión de Gobernación del Congreso. Esta ley define como acto terrorista:  “Toda acción u omisión que cause zozobra, alarma o temor en la población o sector de la misma con fines económicos, políticos o religiosos y que alteren el orden constitucional o público, coaccionando a la sociedad, gobiernos o personas jurídicas de derecho público nacionales o internacionales, ejecutando actos de violencia que atente en contra de la vida o integridad física de las personas, propiedad o infraestructura, utilizando organizaciones para la promoción de sus objetivos, tales como corporaciones, grupos religiosos, racistas, independistas, revolucionarios, entre otros.” Y como Ciberterrorismo “Comete este delito quien, con fines económicos, políticos, religiosos, utilice los medios de comunicación, informática, tecnologías de información, electrónica o similar con el objeto de generar infundir temor, causar alarma, intimidar a la población, o compeler a un Estado o Gobierno u organismo nacional o internacional, causando con ello una violación a la libre voluntad de las personas...” (Iniciativa de ley 5239, www.congreso.gob.gt).

El otro proyecto es la iniciativa 5266, que pretende reformar el Código Penal calificando de terroristas las actividades de las pandillas conocidas como “maras”. La propuesta fue presentada en mayo de 2017 al pleno del Congreso por el diputado del partido Todos, Felipe Alejos; éste es ahora vicepresidente del legislativo y tiene solicitud de antejuicio en su contra por estar involucrado en tráfico de influencias y de evasión fiscal. En agosto la Comisión de Defensa Nacional del Congreso dio el visto bueno a la iniciativa y el 20 de febrero el pleno la aprobó en segunda lectura. La propuesta pretende reformar, entre otros, el artículo 391 del Código Penal, y definiría que comete terrorismo: “…quien, con la finalidad de alterar el orden público o el orden constitucional, coaccione a una persona que preste servicios públicos, de entidades nacionales o internacionales, o ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura…” (Iniciativa de ley 5266, www.congreso.gob.gt).

El truco de estos proyectos es que plantean de forma tan amplia los actos constitutivos de terrorismo que pueden ser utilizados en cualquier momento contra de protestas populares, coartando libertades como la de expresión y pensamiento.

No podemos permitir la aprobación de estos adefesios jurídicos. Es el momento de generar una amplia movilización de sindicatos, grupos indígenas y campesinos, estudiantes, agrupaciones de periodistas y de la sociedad civil para frenar el intento de los grupos más oscuros y retrógrados de frenar las libertades más básicas.

Por Úrsula Coj

La detención de Roberto López Villatoro conocido como el “Rey del Tenis” la semana pasada, el arresto del magistrado Eddy Giovanni Orellana Donis, a cargo de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil por los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo respectivamente, así como  declaraciones de la jefe del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana y del Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velázquez, sobre el involucramiento de estos individuos en tráfico de influencias para la selección de jueces a las Cortes de Apelaciones y magistrados a la Corte Suprema de Justicia en 2014, es una prueba mas de la voluntad de estas instituciones, con el respaldo y en consonancia de la agenda imperialista gringa, de eliminar el control que estos grupos mafiosos, denominados  redes político-ilegales, tienen sobre el Estado guatemalteco.

El Rey del Tenis, conocido así porque inició su vida pública importando de contrabando zapatos deportivos, se vincula con el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el ex militar Efraín Ríos Montt y el gobierno de este partido presidido por el economista proveniente de la Democracia Cristiana, Alfonso Portillo; gobierno calificado de populista, por afectar mínimamente los intereses de la poderosa oligarquía guatemalteca. López Villatoro se vincula a este partido con un interés tanto pecuniario como, podríamos, decir de clase.

En la década de los noventa en la Universidad de San Carlos, la Facultad de Derecho inicia un proceso de metamorfosis, pues después de haber sido durante muchos años bastión de la izquierda reformista, con la estrategia electoralista de ésta en ciernes, los sectores conservadores mafiosos inician un proceso de cooptación de esa unidad académica. En ese contexto, es que aparece este personaje y decimos sobre su interés de clase, pues al provenir de una familia de comerciantes de la pequeña burguesía, hay un odio-competencia con los sectores tradicionales empresariales. Es así que se vincula el FRG e inicia una carrera en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para lograr, ya en el gobierno del FRG, desplazar a los abogados aristocráticos del empresariado, a partir de la Ley de Colegiación Obligatoria para profesionales de 2001. Coludiéndose así con la estrategia del FRG proveniente del llamado capital emergente para neutralizar a la oligarquía.

Estos conflictos, como el mismo serranazo y el control que en ese momento la oligarquía pretendía en los órganos del Estado para mantener su hegemonía, como  la creación de las comisiones de postulación para elegir jueces y magistrados y otros funcionarios, con la emergencia de figuras como Villatoro provenientes de elites emergentes o el mismo FRG y posteriormente la UNE,  producto de fracaso de la estrategia imperialista de apertura democrática o reacción democrática  en los ochenta, mostraban la disputa por el control del Estado entre estas fracciones de poder.

En ese momento los alfiles cercanos a Villatoro logran controlar el CANG y en una relación filial sentimental con la familia Ríos, éste se casa con la hija del caudillo y próxima candidata presidencial Zury Ríos, y afianza una relación con personeros del Partido Republicano.  Eso le da cobertura a sus operaciones, donde deja la actividad comercial y funda una firma de abogados, Lovi y Asociados. Ya en 2009 el entonces comisionado del CICIG, Carlos Castresana, señala al Rey del Tenis por su influencia en el CANG y a su vez, en la selección de jueces y magistrados en la Comisiones de Postulación respectivas. Pero en ese momento Villatoro trabajaba estrechamente con los gringos y logró influir en la selección de estos funcionarios a favor del partido Unidad Nacional de la Esperanza, que gobernaba.

En este momento se le acusa de influir en la selección de jueces y magistrados en 2014, así como en la de fiscal general que sustituyó a Claudia Paz y Paz (siendo seleccionada la actual fiscal Aldana, quien se alineó posteriormente con Velázquez) en una alianza con operadores políticos del extinto Partido Patriota, como el narcotraficante Gustavo “el tren” Herrera. Esta selección a su vez resultó en una serie de magistrados y jueces señalados, como Orellana, con procesos penales, por tráfico de influencias y otros delitos relacionados con beneficiar a los grupos de poder y actos de corrupción.

Los conflictos entre todas estas fracciones reflejan la descomposición del Estado guatemalteco. El pueblo y sus organizaciones no deben estar atrás de foros o instancias, donde los mismos empresarios buscan reciclarse, como el recién creado Frente contra la Corrupción. Deben elaborar una estrategia independiente de movilización hacia una Asamblea Nacional Plurinacional y de la Clase Trabajadora.

Por Armando Tezucún

En medio del torbellino causado por nuevas acusaciones contra exfuncionarios, funcionarios y empresarios por parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el gobierno, y sectores afectados, que se han beneficiado haciendo negocios ilícitos con el Estado, lanzaron una nueva ofensiva contra las instituciones que combaten la corrupción, en especial contra el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.

Los acontecimientos se han sucedido vertiginosamente. Aceptando un amparo presentado por Acción Ciudadana, que solicitaba invalidar la elección de Junta Directiva del Congreso del 13 de enero, porque tres de sus miembros son diputados tránsfugas, la Corte de Constitucionalidad ordenó al legislativo repetir las elecciones; el evento se realizó el 1 de febrero, y aunque la oposición formó esta vez una planilla, ganó de nuevo el oficialismo, con Álvaro Arzú hijo como presidente. El 18 de enero los medios de prensa denunciaron que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la presidencia, gastó entre 2016 y 2017 Q 307 mil quetzales en compras para Jimmy Morales, que incluían lentes de lujo, implementos deportivos, masajes, flores, licores, libros, etc.; a la denuncia han seguido procesos de investigación, citaciones al jefe de la SAAS y exigencias de que el presidente devuelva el monto gastado.

El 20 de enero fue capturado en Estados Unidos el ex candidato presidencial por el partido LIDER, Manuel Baldizón, al tratar de ingresar de forma ilegal. Baldizón tenía orden de captura por asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero, por su implicación en el caso Odebrecht; pidió asilo político y se encuentra en una cárcel para migrantes a la espera de una solución sobre su extradición a Guatemala. El 23 de enero fue capturado el diputado más antiguo del Congreso, Arístides Crespo, que había perdido su inmunidad en octubre de 2017 por peculado por sustracción, abuso de autoridad, al estar involucrado en el caso de Plazas Fantasmas en el Congreso.

El 25 de enero el MP y la CICIG dieron a conocer un nuevo caso de corrupción, esta vez una red de evasión fiscal que operaba en el seno de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cobrando comisiones por agilizar el trámite de expedientes de devolución del crédito fiscal a empresas. En el caso están involucradas importantes empresas de la oligarquía, y entre los operadores aparece el actual vicepresidente del Congreso Felipe Alejos. Todos estos casos fueron acompañados de numerosas capturas y solicitudes de antejuicio para los funcionarios implicados.

En este contexto, la canciller guatemalteca Sandra Jovel viajó a Estados Unidos y se reunió el 1 de febrero con el secretario general de la ONU, António Gutérres, presentando al funcionario una serie de quejas del gobierno guatemalteco contra la CICIG.

Un documento confidencial del Ministerio de Relaciones Exteriores detalla lo expuesto por Jovel: Guatemala apoya a la CICIG, pero no al Comisionado Velásquez, quien se ha extralimitado en sus funciones, ha violado los derechos humanos de los sindicados, ha minimizado las instituciones de justicia, ha hecho uso excesivo de la prisión preventiva y ha violado la presunción de inocencia. El secretario Gutérres fue enfático en responder que no puede suspender a Velásquez porque tienen amplio respaldo en Guatemala y en la comunidad internacional, en especial de los países que contribuyen con la CICIG.

Haciendo gala de su política ambivalente, el embajador gringo Luis Arreaga declaró su apoyo a la CICIG y a Iván Velásquez. De igual manera, el Secretario de Estado Rex Tillerson y el subsecretario Thomas Shannon enfatizaron el apoyo a la CICIG y la importancia para Estados Unidos de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el imperialismo gringo no mueve un dedo ante las continuas denuncias de corrupción contra el presidente Morales y diputados aliados, pues su prioridad es la estabilidad política del régimen, que garantice inversiones, y el combate al narcotráfico, y tener Estados fuertes aliados que le ayuden a contrarrestar la influencia de los imperialismos ruso y chino. La reciente captura del expresidente Álvaro Colom, por el sonado caso de corrupción de Transurbano, es parte de un estira y afloja, en la relación contradictoria del imperialismo con el gobierno de Morales y con la elite gobernante

Los grupos de la “sociedad civil” que adversan la corrupción han depositado totalmente su confianza en las instituciones del Estado burgués y el imperialismo, como el MP, la CC, la Cicig, abandonando la lucha en las calles. Llamamos a las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres, populares y de izquierda, a conformar un frente único que luche no solo contra la corrupción que roba al Estado, sino también contra la que usurpa el derecho a la educación, salud, vivienda, trabajo digno, la tierra y los territorios. Elaboremos juntos un plan de lucha que conduzca a una Asamblea Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos.

Por Úrsula Coj

En medio del marasmo y las carencias usuales con que inició el ciclo escolar 2018, las compañeras y compañeros del magisterio nacional lograron un avance en lo que se refiere a sus condiciones de trabajo. Luego de unos 20 meses de negociaciones, y varias manifestaciones para hacer presión, el 8 de febrero se firmó el nuevo pacto colectivo entre la dirigencia de la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM) y las autoridades del Ministerio de Educación. El 1 de febrero, luego de una marcha en la que se exigió atención a las demandas del magisterio, el presidente Jimmy Morales y la dirigencia de la ANM y del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), encabezada por Joviel Acevedo, anunciaron la inminente firma del convenio.

El nuevo pacto aún no ha sido divulgado en su totalidad, pero sus puntos medulares, según los medios de prensa, son: 15 por ciento de aumento salarial, distribuido de forma escalonada en 2018, 2019 y 2020, un 5% cada año; un bono anual de Q 2,500 a ser entregado a finales del año a cada docente; un bono adicional de Q 500  para los docentes que tengan un título universitario participando en el Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (PADEP); una ampliación de la licencia post parto para las compañeras que den a luz, de 60 a 80 días; licencia hasta por 9 días al mes para los dirigentes sindicales. Entre las obligaciones que asumirá el magisterio están: cumplir con los 180 días de clases; sujetarse al proceso de evaluación del desempeño docente, cuyo resultado aparentemente no tiene efecto en los aumentos salariales contemplados en el pacto; un régimen de sanciones por faltas, que todavía no están definidas. Además, Acevedo afirmó que después de la firma del convenio el magisterio no hará paros, ni huelgas ni suspensión de clases.

Lo primero que se hizo evidente es que el Ministerio de Educación no tiene los fondos para cubrir los incrementos y bonos contemplados en el pacto, cerca de Q 1,500 millones. Esta situación se agrava por el hecho de que el año pasado el Congreso de la República no aprobó el presupuesto nacional propuesto por el ejecutivo, quedando vigente para este año el mismo de 2017; de por sí ya hacían falta los fondos para cubrir el incremento a la merienda escolar (Q 563 millones), aprobada por ley el año pasado, y ahora se agrega el monto de los beneficios otorgados a los docentes por el pacto.

El ministro de educación, Óscar Hugo López, y el de finanzas, Julio Héctor Estrada se tiraron mutuamente la pelota de la responsabilidad de encontrar los fondos, llegando ambos a la conclusión de que se tendrá que acudir al Congreso para que apruebe una ampliación presupuestaria.

Consideramos que la firma del pacto, de la forma en que se hizo, ha sido una maniobra del presidente Morales para encontrar aliados en momentos de confrontación con la CICIG, el MP y otras fuerzas que luchan contra la corrupción; no es casualidad que el acuerdo fue anunciado el mismo día que se hizo la nueva elección de Junta Directiva del Congreso, ordenada por la Corte de Constitucionalidad. Joviel Acevedo, viejo zorro y hábil político aprovechó la situación para obtener lo que quería.

Es indudable que el pacto es ventajoso para los docentes, por el incremento salarial y los bonos contemplados. Pero recordemos que el pacto firmado con el gobierno de Pérez Molina en 2013 decretaba el doble de aumento, un 30% dividido en tres años. Un aumento del 15% es un retroceso, considerando el incremento constante del costo de la vida. El problema de las y los docentes por contrato, sin estabilidad laboral, no aparece en el acuerdo. Es preocupante también que el compañero Acevedo se haya comprometido a no realizar movilizaciones y paros; esto es atar de pies y manos al magisterio. Las maestras y maestros no solo deben luchar por sus condiciones de vida. Hay una serie de reivindicaciones democráticas que atañen a todo el pueblo de Guatemala, con las que el magisterio se debe solidarizar; 124,000 maestras y maestros combatiendo en las calles contra la corrupción, por mejor salud, por vivienda, solidarizándose con los pueblos originarios contra las empresas que roban sus recursos, luchando por una Asamblea Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos, sin duda estremecerían al país entero.

Proponemos la unidad en acción de todos los sindicatos magisteriales por dos puntos básicos: El traslado de miles de docentes 021 y 022 al reglón 011, presupuestados y gozando del escalafón; una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes incautados a los narcotraficantes y los funcionarios corruptos pasen al Ministerio de Educación, para financiar los incrementos salariales, la merienda escolar, el mejoramiento de la infraestructura escolar y el material didáctico para nuestros estudiantes.