Por Armando Tezucún

No se detienen las escaramuzas entre los grupos burgueses que se han enriquecido ilícitamente haciendo negocios con el Estado (representados por el gobierno de Jimmy Morales y sus aliados en el Congreso de la República y el ejército), por un lado, y los sectores que propugnan por reformas al Estado que frenen la corrupción y la impunidad para fortalecer el Estado de Derecho, por el otro; estos últimos representados por el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), una variedad de ongs y organizaciones de la sociedad civil, con el respaldo cauteloso de la embajada de Estados Unidos y la actitud ambivalente y todavía más cautelosa de sectores de la oligarquía. 

La inauguración de la nueva embajada en Israel

El 15 de mayo el presidente Jimmy Morales viajó a Israel para inaugurar la nueva sede de la embajada guatemalteca, trasladada de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. Morales había anunciado este traslado en diciembre pasado, luego del anuncio hecho por el presidente gringo Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos a esa ciudad. Esta acción constituyó una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en el sentido de preservar la neutralidad de Jerusalén, como ciudad santa, mientras se soluciona el conflicto entre Palestina e Israel, y hará aún más dificultoso el intento de un proceso de paz. Las inauguraciones de la nueva embajada gringa el día 14 y la guatemalteca el día 16, anunciadas como un avance para la paz y un “acto de amor” según las ridículas palabras de Jimmy Morales, se dieron en medio del baño de sangre provocado por el ejército sionista, que agredió brutalmente a los miles de palestinos desarmados que salieron a protestar en la zona que divide ambos territorios, por el traslado de embajadas.

No bastó la actitud vergonzosa del gobierno de Jimmy Morales, que se puso como perro faldero lamiendo el trasero de Trump y el sionismo, sino que la falta de información sobre el financiamiento y circunstancias del viaje a Israel levantaron sospechas sobre los intereses que se esconden detrás de una actividad que tiene el carácter de oficial y pública.

Oficialmente viajaron ocho personas, entre ministros, secretarios, presidentes de los poderes del Estado y la pareja presidencial. Pero se sabe que además viajó un nutrido grupo de diputados, la madre del presidente, su hermano y sus hijos (el hermano y un hijo del presidente están bajo arresto domiciliar por un caso de corrupción, pero sorprendentemente un juez les dio permiso de viajar a Israel).

La negación de información

En un inicio el vocero presidencial Heinz Heimann aseguró que la embajada de Israel asumió los gastos del viaje, pero la representación israelí en el país desmintió esa aseveración. Al regreso de la delegación oficial al país, la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, en sucesivas conferencias de prensa, primero reconoció que el viaje había sido financiado por algunos empresarios, pero insistió en negarse a dar a conocer sus nombres a solicitud de los mismos por “razones de seguridad”. Ante las amenazas de acciones legales en su contra por ocultar información de carácter público, violación a la Ley de Probidad (que prohíbe a los funcionarios públicos recibir dadivas o regalos) y a la Ley de Información Pública, finalmente la ministra reveló el nombre del financista, sin dar a conocer otros detalles.

Los multimillonarios sionistas que respaldan al gobierno de Morales

Se trata del multimillonario estadounidense Sheldon Adelson y su esposa Miriam, quienes pusieron a disposición de la comitiva guatemalteca un avión registrado a nombre de una de sus empresas y asistieron a la inauguración de la nueva embajada guatemalteca en Jerusalén. Adelson es dueño y director de Las Vegas Sands, la compañía de casinos, entretenimiento y hoteles más grande de Estados Unidos, con operaciones también en Macao. Fue objeto de una multa millonaria por prácticas corruptas al tratar de expandir sus negocios a China. El multimillonario ha sido financista de los sectores más radicales del Partido Republicano de Estados Unidos y apoyó al presidente Donald Trump con un donativo de US$ 5 millones, la mayor contribución de este tipo en la historia de Estados Unidos. Adelson es judío y pertenece a la corriente extremista que está a favor de la ocupación y anexión de toda Palestina (con información de Nomada 16/05/18).

Otro grupo de empresarios que estuvo presente en la inauguración es la familia de Gloria Garcés de Marcilla Amaro, de origen cubano-norteamericano, una parte de la cual radica en Guatemala, donde son propietarios de la cadena de restaurantes Grupo Nice. Gloria Garcés es activista a favor de la comunidad judía en Miami y es enlace entre “políticos, diplomáticos y activistas radicales pro-Israel que impulsan una agenda a favor de los intereses de los israelís que impulsan la ocupación permanente de Palestina, en detrimento de la paz en Oriente Medio” (Nomada 24/05/18). La parte de la familia radicada en Guatemala ha sido cercana al exdictador genocida Efraín Ríos Mont y su hija Zury Ríos.

Otra multimillonaria presente en el evento es Nily Falic, empresaria gringa cuya familia posee la mayor cadena de tiendas libre de impuestos que funcionan en los aeropuertos de Estados Unidos, Duty Free Americas. Falic es presidenta de la organización Amigos de la Fuerzas de Defensa de Israel (FIDF, por la siglas en inglés) y de directora de la Falic Family Private Foundation. Estas instituciones han financiado causas pro-Israel y a políticos estadounidenses que apoyan al sionismo. Además, financiaron la campaña del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en 2012, y apoyan financieramente los asentamientos israelíes en Cisjordania (Prensa Libre 24/05/18).

Una inversión de millones de dólares

Para coronar este impresionante desfile de multimillonarios ultra derechistas vinculados al traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén, el 25 de mayo el Fondo Guatemala Israel para la Inversión y el Desarrollo dio a conocer que empresarios israelíes invertirán pronto unos US$ 2 mil millones en proyectos de agricultura, medicina y educación. Según Yossi Abadi, director de esta entidad, “El país se convertirá en el centro de inversiones de los empresarios israelíes en Latinoamérica” (Prensa Libre 25/05/18). Además, el gobierno anunció que en el marco de la inauguración de la embajada se acordó la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Guatemala e Israel. A pesar de que Abadi habló de proyectos de desarrollo a través de fundaciones guatemaltecas, es obvio que de lo que se trata es de hacer negocios. En el fondo es el mismo viejo capitalismo, nada es gratis, todo gira alrededor de invertir para sacar jugosas ganancias.

El gobierno solicita el retiro de dos embajadores

En otro orden de cosas, el 10 de mayo la cancillería guatemalteca anunció que el gobierno solicitó a Suecia y Venezuela el retiro de sus embajadores en el país, respectivamente Anders Kompass y Elena Alicia Salcedo Poleo, por una supuesta  injerencia en los asuntos internos de Guatemala.

En el caso de Kompass, la queja es que en unas declaraciones de enero último hizo referencia a una hipotética sociedad corrupta, que la cancillería tergiversó interpretando que se refería a Guatemala y que llamó corrutos a todos los guatemaltecos. En el fondo se trata de un ataque contra la CICIG, ya que Suecia es uno de los países que más colabora con esta comisión, siendo que en enero precisamente las declaraciones de Kompass se dieron en ocasión de la entrega de un donativo de US$ 9 millones de Suecia a la CICIG. En declaraciones ante una bancada del Congreso, el vicecanciller Pablo César García dijo que, si Suecia no retira a su embajador, Kompass sería declarado non grato y expulsado del país.

Una ofensiva contra el movimiento campesino

Después de que el 2 de mayo durante una concentración de apoyo al gobierno el presidente Morales despotricara contra el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), se desató una serie de asesinatos contra dirigentes campesinos. El 9 de enero fue asesinado en Jalapa el dirigente de CODECA Luis Arturo Marroquín; el 10 de mayo fue ultimado en Cobán, Alta Verapaz José Can Xol, dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA); y el 13 de mayo Mateo Chamam Paau, también del CCDA fue muerto por sicarios. El 22 de mayo la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch´orti´ Nuevo Día denunció un ataque armado contra su dirigente Omar Jerónimo, en Camotán Chiquimula; desconocidos dispararon contra un vehículo estacionado frente a la casa de Jerónimo. El 26 de mayo fue atacada la vivienda del líder comunitario de la aldea Bella Linda, Huehuetenango, Misael González.

En la mayoría de estos atentados están involucrados conflictos por tierra comunitarias. Demandamos al Ministerio Público que investigue a fondo estos atentados, pues casi siempre quedan en la impunidad debido a la existencia de poderosos intereses detrás de estos crímenes.

Lo que sorprende en medio del enfrentamiento entre corruptos y reformistas es la ausencia total de movilizaciones anticorrupción. Los grupos de las capas medias y ongs que han convocado a plantones están silencio. Parece que hay un agotamiento o cansancio, o la alianza con sectores oligárquicos en el Frente Ciudadano Contra la Corrupción ató de pies y manos a la “sociedad civil” de la pequeña burguesía urbana.

Es el momento de que los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres, jóvenes y pobladores se pongan al frente de la lucha contra la corrupción, imprimiendo su sello de clase y sus propias reivindicaciones por un cambio democrático radical y profundo. Las organizaciones populares tienen la palabra.

Por Leonardo Ixim

El nombramiento de María Consuelo Porras Argueta como nueva jefe del Ministerio Público (MP)  por el presidente Jimmy Morales, entre una lista de seis finalistas seleccionados por la Comisión Postulación, generó en varios actores expectativas sobre la continuación de la línea que la saliente fiscal general Thelma Aldana tuvo.

En los últimos años se puso en entredicho la conformación y la labor de esta comisión porque la burguesía tradicional perdió la capacidad de influencia, sobre todo en las universidades privadas más añejas que controlaba. Igual así porque surgieron nuevas facciones burguesas y élites de poder vinculadas muchas al crimen organizado, especialmente a partir del gobierno de Alfonso Portillo, tanto en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en muchas universidades privadas -sobre todo de nuevo cuño- y en la pública Universidad de San Carlos, copándolas. Esto generó preocupación en la sociedad civil y sobre todo, en el Departamento de Estado, que busca reducir la influencia de esas fuerzas.

Al inicio del proceso actual la denominada sociedad civil cuestionó el hecho de que la postuladora priorizara los títulos académicos a la pertinencia institucional y la calidad humana; pese a todo el proceso cumplió en sus formalidades y transparencia en las deliberaciones, siendo seleccionados una serie de ex funcionarios vinculados a la procuración de justicia tanto en las cortes -como el caso de Porras Argueta- como procedentes del MP. Quedaron fuera una serie de personajes señalados por ser cercanos al actual gobierno y haber tenido relaciones con grupos criminales y de poderes fácticos. Es decir, se priorizó a funcionarios -siempre por la observancia del imperialismo- de la institucionalidad burguesa dispuestos hacer cumplir el estado de derecho, para limitar las actividades criminales de grupos tradicionales burgueses o emergentes.

De los seis seleccionados para que el presidente designara, se consideró a Porras como la más cercana a los intereses oficialistas por su matrimonio con un militar de alta que ejerce altos cargos en el ejército cercano al gobernante. Pero el cargo que ejercía como magistrada suplente de la Corte Constitucionalidad y el haber ejercido otros cargos de jueces en el Organismo Judicial, la vuelven una mujer funcional a la institucionalidad burguesa.

Sin embargo el temor está,  de que la nueva jefa del MP no siga los pasos de Aldana y su estrecha colaboración con  la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), sobre todo en casos de alto impacto -situación que fue acompañada en los primeros dos años del gobierno actual por el pasado ministro de gobernación- relacionados a temas de corrupción en obras públicas, financiamiento electoral ilícito, narcotráfico y lavado de activos, etc.; donde la mayoría de casos están ya judicializados y en etapa intermedia. Así como también las investigaciones actuales sobre delitos electorales contra el presidente y su partido.

En 1992, al reformar el Código Procesal Penal, el MP se transformó en el ente encargado de la persecución penal y ejecutar la política criminal estatal; a diferencia de otros países donde los jueces tienen la potestad de investigación, aquí es el MP quien persigue y litiga en los tribunales.

La actual política criminal, por lo menos la aplicada en las últimas tres administraciones de ese ente desde 2009 -pues antes existía una total parcialización e impunidad- está centrada en casos específicos: corrupción, violación a los derechos humanos pasados y crimen organizado de alto nivel. Porras ha dicho que revisará esto, centrándose en otros delitos que aquejan a la población como las extorsiones u otras actividades delictivas de las maras; sea esto demagogia o no, muestra una diferencia. Lo otro, ha sido que  el modelo de gestión fiscal basado en la especialización y la medición del desempeño priorizando casos de alto impacto, en otros casos ha habido dificultades  por la segmentación de tal modelo en la investigación y litigación, traduciéndose  en que en los tribunales no se logra armar los casos. Además, hay molestias de turnos extenuantes de fiscales, sobre todo en fiscalías regionales.

Pese a todos estos dispositivos garantistas, el MP, como toda institución del Estado burgués, perseguirá siempre a los luchadores obreros, indígenas y campesinos,  sino que lo digan los criminalizados por fiscales y  jueces, o hacia la juventud pobre por delitos menores. Mientras que a empresarios acusados por delitos electorales, ambientales y laborales donde están involucrados, se les trata con guante de seda.  Por tanto, las organizaciones populares no deben apostarle como estrategia la presencia de funcionarios probos sino a crear un proyecto revolucionario que transforme el Estado actual.

Por Armando Tezucún

El 19 de abril el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunciaron un nuevo caso de corrupción por financiamiento electoral ilícito en el que están involucrados el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y su ex secretario general, el presidente Jimmy Morales. Esta vez aún no hay solicitud de antejuicio contra el presidente, pero las investigaciones revelaron por fin cómo los grupos más importantes de la oligarquía están involucrados en el financiamiento ilegal al FCN-Nación, una práctica que indudablemente han tenido en todos los procesos electorales para garantizar que los distintos gobiernos velen por sus intereses.

Entre los culpables del delito en cuestión están: el Banco Industrial (conformados por los principales grupos oligárquicos), la Corporación Multi Inversiones (que paradójicamente ahora lidera el Frente Ciudadano Contra la Corrupción), la Corporación Castillo Hermanos, Cementos Progreso, el grupo Paiz (ahora socio de Walmart) y cuatro de los más importantes grupos azucareros del país.

El MP y la CICIG no solo no han solicitado antejuicio contra el mandatario en tanto secretario general del FCN-Nación en el momento en que se cometió el delito, sino que ha tratado con guantes de seda a los empresarios involucrados. Las colaboradoras en la investigación pertenecientes al grupo Paiz tuvieron una sanción económica, y el delito de financiamiento electoral ilícito fue imputado a Rodrigo Arenas (intermediario entre el FCN y los empresarios, y líder del derechista Movimiento Cívico Nacional), Andrés Botrán (del consorcio azucarero propietario del Ingenio Santa Ana) y el militar retirado Edgar Ovalle del FCN (prófugo por un caso de masacres durante el conflicto armado). Arenas y Botrán no fueron capturados, sino citados a juzgado y posteriormente se les concedió arresto domiciliar.

Los empresarios delincuentes, en un acto de vil hipocresía convocaron a una conferencia de prensa en la cual se dieron golpes de pecho y en un comunicado reconocieron sus errores: “Por estas acciones le pedimos disculpas a Guatemala, a nuestras empresas y accionistas, a nuestros colaboradores y sobre todo a nuestras familias.” (Nomada 19/4/18). Ningún acto de contrición les salvará de la furia popular por provocar hambre y miseria en el pueblo durante décadas de explotación y opresión.

El presidente Morales, por el contrario, reaccionó rechazando airadamente las acusaciones del MP y la CICIG, haciéndose pasar por víctima de una conspiración en su contra. Ordenó a la Procuraduría General de la Nación iniciar una investigación sobre la actuación de la CICIG, con la intención de buscar una vez más, un motivo para su expulsión del país, con el respaldo del Consejo Nacional de Seguridad. Los diputados del gobierno y sus aliados empezaron a acelerar la aprobación de leyes y reformas de leyes a su favor.

La tensión llegó a tal punto que circularon fuertes rumores de que el gobierno aprovecharía el fin de semana del 28 al 30 de abril para dar un autogolpe y poder expulsar a sus enemigos. La muerte súbita del principal aliado del presidente, el alcalde capitalino Álvaro Arzú, el 27 de abril, pareció alterar esos planes. Pero el 2 de mayo, el gobierno sacó a las calles, en gran parte bajo presión y amenazas, a 20 mil vendedores del principal mercado, La Terminal, a manifestar su apoyo a Morales; el sábado 5 integrantes grupos de extrema derecha realizaron un plantón de protesta frente a la sede de la CICIG. El 10 de mayo el gobierno solicitó el retiro de los embajadores de Suecia (segundo financista de la CICIG) y Venezuela.

En esta nueva coyuntura demandamos a la CICIG que encarcele y acuse formalmente a los empresarios involucrados en el delito de financiamiento electoral ilícito. Denunciamos ante los trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y población en general el trato benevolente que el MP y la CICIG están dando a estos oligarcas delincuentes y corruptos. El problema de fondo en Guatemala no es la corrupción, sino la situación estructural en que estos oligarcas han mantenido al pueblo, privándole de salud, educación y vivienda de calidad, dando salarios de hambre a los trabajadores, lanzando al 70% de la mano de obra al subempleo y la informalidad, usurpando los territorios de las comunidades e irrespetando sus derechos, privando de tierra fértil a los campesinos. El MP y la CICIG solo ofrecen cambios superficiales, de acuerdo a los deseos de sus financistas imperialistas. Llamamos a las organizaciones populares a manifestarse pidiendo la renuncia de Jimmy Morales y su gobierno, y de los diputados corruptos, por una Asamblea Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos.

Por Leonardo Ixim

Con el compromiso de homologar el Pacto Colectivo entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el Ministerio de Educación (MINEDUC), con la intermediación del procurador de los derechos humanos Jordán Rodas, se desmontó el paro que este sindicato realizó por más de 22 días, reduciendo labores en 18 departamentos y tomando las direcciones departamentales del Mineduc.

El pacto en cuestión en todo momento permaneció oculto tanto a las bases del STEG, como a los trabajadores de educación y a la población en general, conociéndolo solo una parte de la dirigencia de ese sindicato, el ministro y sus asesores. Lo que se conoce es que exige un ajuste del 5% anual durante tres años al salario para todos los renglones presupuestarios, los 011 trabajadores con contratos permanentes y los 021, 022, 031, etc., con contratos temporales. Este ajuste es universalmente aplicado sin importar el escalafón, lo cual implica que los maestros con mayor escalafón recibirán más dinero en concepto de aumento con respecto a los que inician en éste; recordemos que el escalafón se aplica según el tiempo laborado.

Dentro de esto aparece una lucha que el STEG y su dirección usan oportunistamente, que es la conversión de todas las plazas a 011 y que al inicio del gobierno actual el denominado Magisterio en Resistencia levantó, pero después se vino abajo ante la poca capacidad de movilización de estos sindicatos.

Como sea, consideramos progresivo que se esté exigiendo un ajuste al salario base, medida beneficiosa para todo el magisterio. Al ser esta la propuesta más progresiva y al no haber públicamente ningún compromiso para realizarla, la suspensión el paro deja dudas sobre qué se negoció bajo la mesa entre el dirigente magisterial Joviel Acevedo y el gobierno de Morales, asediado por su poca capacidad de gobernar y por el objetivo de sacar a la CICIG del país.

En ese punto una serie de rumores se han desatado sobre que la acción del Steg tendría finalidades politiqueras en función de defender a Morales en un ambiente de discusión sobre leyes regresivas en el Congreso. Fuentes confiables mencionan que la toma de las instalaciones del Ministerio de Educación por 48 horas tuvo la venia de las autoridades y de los directores de áreas y dependencias de ese ministerio.

Se desató una serie de campañas en contra de la acción del STEG, que no logró una movilización general de sus bases por el desprestigio de su dirigencia, logrando el repudio de la población y de los padres de familia, que exigían el regreso de clases, al grado de que pobladores de Retalhuleu bloquearon por unas horas la carretera del Pacífico. Sin embargo, esto, que responde a un accionar erróneo pues no se entabla diálogos con los padres, fue retomado patéticamente por el Sindicato Autónomo Magisterial de Guatemala (SAMGUA) exigiendo que se aplique medidas administrativas contra los maestros en paro, tal cual esquiroles sin pensar consecuencias a luchas similares. De igual forma otra matriz desatada por la burguesía y sus medios, es que se viola el derecho a la educación de los niños; pero si las condiciones salariales y materiales de la educación no existen, no se puede garantizar ese derecho.

Otro de los elementos que se conoce de ese pacto laboral son los bonos anuales. Uno es de Q2,500 para todos los empleados y otro de Q 500 es para los maestros que cursan en la Universidad de San Carlos el Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (PADEP); este programa, a tono con las iniciativas neoliberales de la profesionalización -que prioriza lo cuantitativo- sustituyó la carrera del magisterio, cambio que Acevedo y la dirigencia del STEG apoyaron durante la gestión de Cinthya del Águila en el Mineduc.

Todo esto mientras que, en el Congreso, pese a los acuerdos con el gobierno, el partido gobernante no ha calendarizado la discusión de una ampliación presupuestaria para sufragar el pacto, ni la dirigencia del STEG ha hecho solicitudes, lo cual genera también dudas sobre las negociaciones ente Acevedo y Morales.

Consideramos que toda discusión del pacto y las negociaciones entre el STEG y el Mineduc-gobierno deben ser públicas, sobre todo en el seno de la comunidad magisterial en general y los padres de familia sobre temas como: el escalafón, las bonificaciones, el PADEP, los métodos de lucha, etc., en función de hacer cumplir demandas como el ajuste al salario base y la incorporación de todos los maestros al renglón 011. De igual forma es importante que la ampliación presupuestaria no sea con más endeudamiento, sino sobre partidas destinadas al ejército y gastos superfluos; se debe considerar también una reforma a la Ley de Extinción de Dominio para dotar de recursos al Mineduc con los bienes incautados a los corruptos y a los miembros del crimen organizado.