Por Leonardo Ixim

El otorgamiento de dos licencias de exploración y explotación a la canadiense Tahoe Resources, propietaria de la Minera San Rafael Sociedad Anónima (MINERSA) ha generado desde 2012 una serie de conflictos laborales, ambientales y sociales.

El municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, tiene por actividad principal el cultivo de hortalizas, vegetales, maíz, frijol y café, producción que es vendida a intermediarios y donde el 84% de la población trabaja en el agro. Según datos de la Secretaría General de Planificación el 32 % de la población posee grandes extensiones, mientras el 68 % están obligados arrendar terrenos para cultivo sobre todo de maíz y frijol. 

La mina, ubicada en el casco urbano del municipio, afecta a los vecinos por los efectos en las construcciones debido a sismos generados por el uso de explosivos para la extracción y de contaminantes en el agua, situación que afecta a campesinos y productores. Al momento de su instalación la empresa dijo que generaría 665 empleos directos; según el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) en todo el país la minería metálica y no metálica generó hasta 2015, 1,200 empleos directos.

Por otro lado, la conflictividad entre vecinos -en una población con falta de oportunidades laborales- no se hizo esperar. Desde el otorgamiento de las licencias varios Consejos Comunitarios de Desarrollo se pusieron a favor de la empresa, denunciando al Centro de Atención Legal, Ambiental y Social (Calas) y al Colectivo Madre Selva de fomentar la división. Pero lo cierto es que otro porcentaje de vecinos, en su mayoría campesinos pequeños y medianos consideran que los beneficios son exiguos y las fuentes de trabajo son menores (250 en total) a los que dice la empresa que ha generado, además que éstos se van reduciendo en la medida en que se reducen las vetas explotables.

En 2013 se planificó una consulta de buena fe en las 12 microrregiones que conforman el municipio, realizándose solo en 8 debido al estado de sitio -alegando agresiones a las fuerzas de seguridad y el robo de unos explosivos- impuesto por el gobierno de Pérez Molina, lo que sirvió como boicot a la consulta. Aun así, el 97% de los votantes se opuso a que la mina siguiera funcionando. La Corte de Constitucionalidad (CC) consideró que la consulta en ese municipio y la de otros dos afectados por las licencias, Matescuintla y Santa Rosa de Lima, donde ganó abrumadoramente la oposición a estos proyectos no eran vinculantes, mostrando la naturaleza de clase de ese órgano.

En julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional a Calas para la suspensión de dos licencias de operación aduciendo la falta de consulta previa, libre y de buena fe, amparando a esta organización y obligando al Estado a que consultara pero que la mina reiniciara operaciones. Calas apeló a la CC  sobre una de las licencias el “El Escorial”,  ante esa resolución gallo-gallina similar a la de Oxec I y II, esto en un clima de  enfrentamientos entre pobladores y fuerzas de seguridad. A partir de eso la empresa ha usado las necesidades de los trabajadores movilizándolos en favor de sus puestos de trabajo, junto a contratistas, ubicándose de lado de la patronal.

La otra víctima ha sido los trabajadores, usados contra las comunidades que se oponen a la minera. MINERSA mencionó recientemente que tiene una planilla de 1600 trabajadores, con gastos mensuales en salarios más bono 14, de Q 8 millones; el 15 de enero la mina despidió a 250 trabajadores, según ellos el 25 % del total de su fuerza de trabajo; a eso miembros de Calas adujeron que con ganancias de más de US$2 mil millones obtenidos  permitiría garantizar los salarios de los trabajadores  por el menos cinco años más (Prensa Libre 15-01-18). El pasado 14 se realizó una nueva marcha de trabajadores hacia la CC pidiendo resolver el caso a favor de la patronal después de que ésta cesara otros 250 (El Periódico 14-03-18).

La mina de San Rafael, al igual que otras explotaciones mineras, ha puesto en peligro la situación ambiental de la comunidad, y ha causado división, utilizando a sus trabajadores contra la comunidad, pero despidiéndolos cuando están en dificultades. Proponemos la nacionalización de las empresas mineras, bajo el control de sus trabajadores y de las comunidades donde operen, y que los beneficios se inviertan en los propios territorios, para solucionar problemas de agua, energía, tierras, educación, etc. y lo que es igual de importante, llegando a acuerdos sobre las regulaciones ambientales para no causar daños.


Por María Armas

Ser feminista en un país conservador, religioso, de doble moral, en el cual la identificación social respecto al feminismo la tienen organizaciones y colectivas de mujeres privilegiadas de clase burguesa o media alta no es y no puede ser fácil. Esto es así porque las demandas, necesidades y vivencias de nosotras como mujeres proletarias o excluidas del sistema económico, y en el caso del pueblo mestizo hasta cultural, no son las mismas de quienes tienen garantizadas sus necesidades básicas y se encuentran en la búsqueda la autorrealización. Pero el feminismo proporciona las ideas que orientan la búsqueda de un mundo en el que seamos socialmente iguales en oportunidades, sin roles establecidos que nos obligan y condicionan a vidas mecanizadas ya creadas, para engordar las arcas de los empresarios y oligarcas que dominan el sistema económico de este país. Solo si somos conscientes de esto, podemos buscar la organización y luchar por nuestros derechos, y esta es responsabilidad toda mujer y hombre conscientes de su realidad y necesidades, este es un acto feminista. 

El pasado 8 de marzo en la Ciudad de Guatemala se llevó a cabo la marcha en conmemoración al día Internacional de la Mujer en la cual participaron: Organizaciones sociales, Grupos de Mujeres Indígenas, Estudiantes, agrupaciones, colectivas y personas individuales; una marcha histórica e internacional que en su concepción propuso y exigió la reivindicación y derechos de la Mujer Trabajadora, conmemorándose en esta fecha para recordar la lucha de las mujeres textileras que por alzar la voz fueron heridas de bala en medio de la movilización.

Pero las marchas fueron creciendo en popularidad y más mujeres salieron a reclamar a las calles por: aquella que trabaja, es madre, estudiante, esposa o tiene que asumir todos estos roles, teniendo que hacer un doble esfuerzo para desarrollarse en la sociedad. A la mayoría de estas mujeres, sus condiciones de vida no les permiten ir a una marcha, por temor a que le descuenten el día y el séptimo, peor aún la despidan, teniendo acceso únicamente a medios de comunicación oligárquicos en Guatemala que dan cobertura a las notas que pueden prestarse al amarillismo y generan desinformación, dejando de lado la organización de las mujeres para realizar la marcha y sus demandas.

Este año la bomba fue “La Procesión de la Poderosa Vulva”, que se llevó acabo como un evento paralelo a la marcha, ya que entre las demandas del 8 de marzo está inmerso el derecho a la libertad sexual y la decisión sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, esto no pasó desapercibido, ni para la sociedad guatemalteca ni para la iglesia, quien de manera conveniente se vio ofendida por este acto; también fue aprovechado por los diputados vinculados a grupos corruptos, al punto de promover una campaña política que tenía por objetivo la destitución del Procurador de los Derechos Humanos criminalizando su participación en la marcha. Tal parece que las burlas a la iglesia que son manifestadas en el desfile Bufo de la USAC son pasadas por alto, pero contribuir a la desacreditación social a la teoría feminista no podía pasarse por alto, atacando a un grupo de mujeres socialmente mal llamadas “feminazis”, lo que denota un desconocimiento de la historia y las propuestas de una teoría que considera mecanismos de equidad ante la desigualdad social para mujeres y hombres, prestándose a burlas, misoginia y violencia colectiva.

Ante este suceso se creó una pugna entre las “feministas” (pues estas no representan la totalidad de mujeres afines al feminismo) y la sociedad conservadora del país, pero las primeras toman actitudes defensivas, como si olvidaran que el patriarcado nos jode a todas y todos, que la deconstrucción social es tarea colectiva. Pero más aún, que el conocimiento y acceso a la información es un privilegio, por lo que si nos toca ser maestras y exponer de manera permanente lo que propone el feminismo, debe ser una tarea que se asuma como compromiso de vida, que las felicitaciones no son ofensas, representan más bien invitaciones a crear diálogos de construcción de pensamiento, para no dar pie a que mecanismos de poder sigan desvirtuando el propósito de la marcha y botando la oportunidad de aprovechar un espacio reconocido para hacer el llamado al aglutinamiento de masas entre las mujeres trabajadoras del país, los sectores excluidos y marginados, con propuestas que sean de sensibilidad para la clase trabajadora, en la búsqueda de la igualdad en la casa, en la cama, en el trabajo y en lo social.

Consideramos que el verdadero feminismo debe plantear una lucha contra la opresión capitalista, y debe edificarse sobre luchas como que haya guarderías en las maquilas, que las mujeres podamos ejercer nuestra profesión sin que ser madres sea un impedimento, que tangamos iguales salarios que los hombres, iguales oportunidades de educación, etc.


Por Armando Tezucún

El ocho de marzo recién pasado, día Internacional de la Mujer Trabajadora, entre las manifestaciones de protesta, por segundo año consecutivo, recorrió las calles del Centro Histórico de la capital la procesión de la “Poderosa Vulva”; esta se caracterizó por hacer una parodia de las procesiones católicas de la semana santa, portando en banners e imágenes elaboradas con diversos materiales, reproduciendo del órgano sexual femenino.

La actividad, como era de esperar en un país conservador como Guatemala, ofendió a mucha gente. En el momento en que la procesión de la poderosa vulva llegó a la Plaza Central, allí mismo se encontraba el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, que asistía a un acto en conmemoración de las niñas víctimas del incendio en el Hogar Seguro hace justo un año; algunos pensaron que Rodas estaba participando de la cuestionada procesión, por lo que fue acusado de apoyarla, entre otros por la Conferencia Episcopal. 

El procurador Rodas se apresuró a aclarar el asunto, emitiendo un comunicado que explica que su presencia en la Plaza a esa hora tuvo el objetivo de solidarizarse con los familiares de las víctimas de la tragedia del Hogar Seguro, y la actividad coincidió con otras actividades en el marco del día de la mujer, incluyendo la atacada procesión; expresó su respeto por la religión católica y lamentó que se haya malinterpretado su presencia en el lugar.

En el río revuelto provocado por la procesión de la Poderosa Vulva, otros pescadores quisieron sacar ganancia. Un grupo de diputados pertenecientes al partido oficial y sus bancadas aliadas presentaron una moción privilegiada, aprobada con 85 votos, para citar al procurador Rodas al pleno al martes 20 para “verificar su participación en la marcha del 8 de marzo, en la cual se ofendió a la mujer, la Fe que profesamos y posiblemente se cometió un ilícito” (Prensa Libre 14/03/18). El actual PDH fue electo por el Congreso el 20 de agosto del año pasado, con 131 votos a favor; fue él quien puso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para anular la intención del presidente Jimmy Morales de expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez, al declararlo non grato, y claramente se ha situado del lado de esta comisión y del Ministerio Público en la persecución de funcionarios y empresarios por casos de corrupción. La intención de atacarlo sin piedad y posiblemente obligarlo a renunciar era clara.  

El día 19 la Corte de Constitucionalidad aceptó de forma provisional una acción de diputados de la bancada Convergencia a favor del procurador Rodas, explicando que éste no tenía obligación de presentarse al pleno del Congreso, puesto que la citación oficial que se le entregó transgrede el artículo 32 de la Constitución al no especificar el motivo por el que se le convocaba.

El funcionario no se presentó al pleno el día 20, pero sí lo hizo el día 21 ante la Comisión de Derechos Humanos del legislativo, que lo había citado desde días antes del incidente del 8 de marzo. Rodas presentó un informe sobre lo ocurrido ese día, negando con pruebas su participación en la marcha de las feministas, y respondiendo a preguntas incriminatorias sobre los hechos y sobre su desempeño como procurador, saliendo bien parado.

Esta nueva escaramuza entre los funcionarios que persiguen la corrupción y los corruptos que defienden con las uñas el viejo modo de hacer las cosas, hace ver muy claro el ámbito en que se desenvuelve el enfrentamiento. Rodas está dispuesto a presentarse al Congreso para cumplir con la ley, pero lo salva la CC por un artilugio legal; en la comisión se defiende probando que no estuvo en la procesión, pero no defiende abiertamente y con decisión el derecho de estas mujeres a manifestarse, haciendo el juego a los prejuicios católicos retrógrados.

Estos funcionarios tratan de hacer todo dentro del marco del “estado de derecho”, del entramado legal, que no es más que el sistema de leyes que sirve a los poderosos para dominar y explotar al pueblo. Por supuesto que no defendemos al Procurador Rodas; el MP, la CIGIG, la PDH son todas instituciones parte del entramado del Estado burgués, cuyo propósito es mantener la estabilidad del sistema de dominación, y evitar que haya recovecos por donde se escape explosivamente el descontento popular. Una vez más sostenemos que la corrupción no es el principal problema de Guatemala, sino la falta de salud, educación, trabajo digno, vivienda, tierra, respeto a los territorios y una larga lista de lacras provocadas por el capitalismo.

Son las propias organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles, de mujeres y populares las que deben dar su propia respuesta luchando por una Asamblea Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos que transforme el país en favor de los oprimidos y explotados.


Por Leonardo Ixim

La presentación del Frente Ciudadano Contra la Corrupción el pasado 28 de febrero en un lujoso hotel capitalino, bajo proceso por acusación de defraudación, con la etiqueta en redes sociales #YoSiMeAtrevo, ha generado revuelo y expectación dentro de la llamada sociedad civil y las organizaciones sociales. El evento se volvió un espaldarazo a la gestión de Thelma Aldana, jefe del Ministerio Publico (MP) y a Iván Velázquez, de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG).

La naturaleza de ese frente

Esta situación se genera porque nuevamente las organizaciones sociales se muestran confundidas y se han colocado como furgón de cola de sectores empresariales que ahora se colocan la camiseta de la lucha contra la corrupción. En la conformación de ese frente se contó con la presencia de varias personalidades de la sociedad civil, representantes de organizaciones de derechos humanos y de temas encargadas de procuración de justicia enmarcadas en la defensa del Estado de derecho, cooperativistas, el Frente Parlamentario contra la Corrupción (un grupo formado por diputados de varios partidos), la secretaria general  Asociación de Estudiantes Universitarios Lenina García y empresarios como Felipe Bosch, Salvador Bigurria, Peter Lamport, Salvador y Juan Carlos Paiz, Javier Zepeda, Estuardo Porras Zadik, , así como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) empezando por su presidente Antonio Malouf (aunque según el medio digital Nómada se sumaron a última hora, cuando al final del acto se abrió la participación a quienes desearan agregarse). Se conoce que integrantes de organizaciones indígenas y campesinas fueron engañados para que se presentaran a ese evento, unos dignamente se fueron y otros oportunistamente se quedaron.

El acto de fundación de este frente contó con la venia del cuerpo diplomático de las potencias imperialistas, que siempre muestran su “preocupación” por la violación a los derechos humanos, aglutinadas en el G8 -representantes de los gobiernos de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos- y en el marco de la visita de embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikky Haley, que paradójicamente le pidió a la CICIG su no intervención en política y comportarse como el FBI gringo, que actúa con un bajo perfil, sin figurar en los medios de comunicación.

Sobre la sociedad civil hay mucha tela que cortar, pero como se malentiende según los manejos que la prensa, las mismas ongs y los académicos estructuralistas, que se refieren a cualquier entramado social que no sea una institución gubernamental, partido político y, allí el error, tampoco las organizaciones de la burguesía o el empresariado. Cuando son éstas las que le dan forma a la gelatinosa sociedad civil, aunque las denominadas ongs aparezcan distantes de los empresarios y también del imperialismo; pero al momento de hacer prevalecer sus intereses, la burguesía hegemoniza y le da cuerpo a la dispersa sociedad civil en frentes como este. De allí que, del control sobre el Estado y el Estado mismo, haya solo un paso.

Por supuesto que dentro de la sociedad civil existen organizaciones que responden a claros intereses populares y del proletariado, que no se van por la finta de estos entramados. Entonces un frente como este es de naturaleza de conciliación de clases, que busca diluir los intereses y las luchas importantes y particulares de los movimientos populares, poniendo un corsé sobre éstas en la forma del tema de la corrupción, mientras que sectores empresariales que se han beneficiado de la corruptela se muestran como los salvadores; y en el caso específico, el frente es impulsado por uno de ellos, Dionisio Gutiérrez, directivo del Holding Multinversiones, monopolio propietario entre otras cosas del complejo de  hidroeléctricas Renace en Alta Verapaz, impugnada por las comunidades locales, de la empresa de telecomunicación Telefónica, Pollo Campero, Molinos Modernos, Embutidos Toledo, etc. (https://cmiguate.org/dionisio-gutierrez-en-disputa-con-el-fcn-nacion-o-simple-arribismo-de-elite/)

Gutiérrez a su vez convocó bajo sus faldas a todo el empresariado, incluyendo al ente gremial CACIF y la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) (dirigida por la familia Bosch-Gutiérrez) conocida por realizar los Encuentros Nacionales de Empresarios. En octubre de 2017 los Bosch-Gutiérrez, primos de Dionisio y directores de esta entidad habían mostrado su respaldo al presidente, pero el primo los paró en seco y los obligó a cuadrarse ante él y con ellos a buena parte del CACIF. Al grado que el director de FUNDESA, Juan Carlos Zapata mencionara que “este tipo de esfuerzos ha existido en el pasado y lo importante es relanzarlo cada cierto tiempo; adherir a nuevas organizaciones, sectores y personas. Lo importante, e independientemente de la coyuntura, pensar que esto es un tema, que nos debe unir a los guatemaltecos” (Prensa Libre 28-02-18).

Lo cierto es que este tipo de esfuerzos han existido en el pasado. Tal fue el caso de la Instancia Nacional de Consenso tras la concentración de poderes de Serrano Elías y el posterior golpe de estado a éste. Esta armazón desarmó al movimiento popular, que a lo sumo pudo organizar la Asamblea de la Sociedad Civil y que logró influir en las negociaciones de paz con la guerrilla, pero no pudo hacerle frente a la ola privatizadora del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen. Muy distinto a frentes más proletarios -aunque con presencia de elementos de las capas medias-  como fue la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical a finales de los setenta o el Movimiento Cívico Contra la Corrupción que adversó al gobierno de Ydigoras Fuentes y a la invasión a Cuba a inicios de los sesenta.

Es posible la existencia de conflictos interburgueses, sobre todo entre los Bosch-Gutiérrez y otra familia oligarca, los García-Granados, emparentados con el alcalde Arzú y cercanos al gobernante Jimmy Morales. Estos últimos abogan por la libre importación de piezas de pollo, contrariando los intereses de los Bosch-Gutiérrez propietarios de productoras y comercializadoras de estas aves. Pareciera que los García-Granados estarían perdiendo la hegemonía ante la fracción de estos últimos. No por nada el impresentable Álvaro Arzú llamo “canallas y sinvergüenzas” a los que formaron ese frente, en el momento que un tribunal de apelaciones le mantiene la inmunidad por el caso Pandora (Prensa Libre 10-04-18).

¿Y al movimiento popular que le toca hacer?

En los días posteriores, otra fundación de Dionisio Gutiérrez, Libertad y Desarrollo, realizó su tercer encuentro denominado “Guatemala, ¿Estado democrático o Estado capturado?” con la presencia de los que participaron en la conformación del frente ciudadano en mención, y de figuras como el ex-ministro de gobernación Francisco Rivas, la ex-ministra de Salud Lucrecia Hernández Máck, el ex-superintendente de la SAT Francisco Solórzano Foppa y el ex-director de la PNC Nery Ramos, así como la activista Helen Mack, y ponentes como Samuel Pérez de Semilla, el abogado maya Pedro Ixhiu, Roberto Ardón expresidente del CACIF,  los comentaristas Daniel Herring, Philip Chicola, Paola Hurtado , cercanos a CACIF y Gabriela Carrera cercana al grupo Semilla. Dionisio Gutiérrez, como actor estelar entrevistó a la fiscal general Thelma Aldana, quien ante la prensa dijera que “los guatemaltecos tenemos que dejar atrás nuestras divisiones del pasado y entender que intentar regresar al sistema para el control de las estructuras criminales de la corrupción, sería la peor sentencia para las futuras generaciones” (La Hora 04-04-18).

La idea que presentó este foro pretende una falsa dicotomía entre Estado democrático y Estado capturado, suponiendo que dentro del capitalismo se puede tener un Estado como el primero y que las mafias pueden ser combatidas, cuando la corrupción es consustancial a este modo de producción y con más razón a uno oligarca -que los representantes de esa sociedad civil no piensan combatir- como el guatemalteco. En el fondo, como mencionaran Marco Fonseca y Fernando Solís, lo que se está construyendo es un consenso dominante bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, una uniformización de discurso según Recinos, donde las luchas legítimas se esconden bajo la dirección de una alianza de personalidades como Gutiérrez, Aldana y el mismo comisionado Velásquez, con voceras a su servicio como Raquel Zelaya de centros de pensamiento burgueses como Asies y María del Carmen Aceña del Cien y Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana y otras. Todo esto ante la falta de un proyecto revolucionario democrático y transicional, por ende, socialista.

Se menciona además que el partido Creo, afín a un sector del empresariado, propuso a Thelma Aldana para candidata presidencial, lo cual esta negó. Pero se conoce que el partido Creo, Encuentro por Guatemala de Nineth Montenegro (financiado por Multinversiones y cercano a otros empresarios como Lamport), y el comité pro-formación Semilla, le apuestan a la candidatura de la jefa del MP, bajo el caudillismo de Dionisio Gutiérrez, quien trataría de incorporar el apoyo de las otras fracciones burguesas.

Sin duda que urge que el sector consecuente del movimiento popular, las grandes organizaciones campesinas y el sindicalismo clasista, dejen atrás su sectarismo y nos articulemos como un gran frente obrero, indígena, campesino y revolucionario, que no se coloque a la cola de funcionarios o instituciones como el MP o la CICIG, ni a reformas superestructurales, sino que construya una instancia que le dispute el poder a la oligarquía.


Por Hercilia Cáceres

Nuestro quetzal espantado, por un ideal que no existe… Así inicia una de las estrofas de la Chalana (grito huelguero de protesta), palabras que identifican a la mayoría de las personas involucradas en la organización de la “Huelga de Todos los Dolores” durante la cuaresma en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En sus inicios la Huelga representaba los ideales de un pueblo en represión, y con sátira en sus protestas intimidaba a cualquier entidad gubernamental; pero en la actualidad para la mayoría implica una época del año en la que socialmente es más aceptable la embriaguez, los negocios sucios, el despilfarro de dinero, las agresiones, violencia y la desideologización de un movimiento que en sus peores momentos busca vender una idea “revolucionaria” y vacía para saciar intereses individuales, mas no colectivos.

En el momento presente, luego de la democratización de la Asociación de Estudiantes Universitaria -AEU- en el pasado 2017, el movimiento estudiantil se enfrenta a la prueba de fuego: La Huelga de Todos los Dolores, debido a que la misma estuvo cooptada más de una década al igual que la -AEU- por estructuras del crimen organizado. Desde finales del 2017 la AEU hizo un llamado a los comités de huelga, representantes del Consejo Consultivo Estudiantil Universitario -CCEU- y asociaciones democráticas estudiantiles para definir actividades de huelga en el 2018, dando como resultado una dosis de desconfianza hacia el proyecto que se avecinaba ya que a dicha convocatoria se hicieron presentes personajes representativos de la antigua comisión transitoria. Posterior a ello continuaron las convocatorias hasta que de una vez por todas se formó el nuevo “Honorable Comité de Huelga de Todos los dolores”, de cuya honorabilidad se duda hasta estos días, al contar con personas que aún mantienen nexos con la antigua Comisión Transitoria, controlada por los mafiosos, sin dejar el oportunismo de que algunos de sus miembros hacen gala. Dice ser un movimiento estudiantil, pero por alguna razón existen integrantes que llevan años sin pisar un salón de clases y otros que más que haciendo uso de sus liderazgos de papel, buscan un protagónicos haciendo sectarios los restos de la Huelga de Todos los Dolores.

Ante los ojos de la mayoría del sector estudiantil y hasta el mismo secretariado de la AEU, que en un 90% se hace de la vista gorda y solo se hace presente cuando las cámaras de los medios de comunicación están cerca o tienen la posibilidad salir a reflejarse como falsos salvadores, no creen en la verdadera reivindicación del movimiento huelguero. Este descontento aumentó luego de que se solicitaran más de Q.200,000 al Consejo Superior Universitario, petición que fue rechazada y otorgó una cantidad que ronda los Q.75,000, razón por la que algunos comités de huelga, con el descaro de la ambición, continúan como practicantes de actos de delincuencia, como la extorción y la toma de parqueos por no contar con los miles de quetzales solicitados. Lo único rescatable de este movimiento es la lucha de unos pocos que mantienen perfil en alto y se les atribuye acciones que no dejan caer los restos de la huelga, siendo uno de ellos el secretario de finanzas de la AEU, quien asumió el papel que le correspondía, con sus aciertos y errores, además de personajes dentro de la comisión organizadora de la Huelga de Dolores que han dedicado esfuerzos en una comprometedora y desgastante actuación que se debe reconocer sin duda.

Lamentablemente la organización en la mayoría de los comités de huelga se encuentra sumida en la ambición y bajo frases como “la huelga es del pueblo”, se ensucian la boca para exigir dinero, porque eso es la huelga en general (sin incluir casos específicos), un negocio que lucra vilmente con el pueblo que no necesita de una carroza o un desfile de borrachos, sino una verdadera reivindicación que incluya atención específica, pues, las condiciones han cambiado, es otro tiempo y espacio, si se espera que la huelga sea lo que fue sería caer en engaños. Pero la violencia que no se detiene durante la cuaresma, el alcoholismo, la extorsión, que no haya beneficios para el pueblo, pero sí para la oligarquía, que convierte esto en un negocio millonario y la alienación son solo algunas pruebas de que esto ya no es huelga.

Los actos de violencia de parte de las mafias que controlaban la AEU han continuado, así como las extorsiones de parte de pandillas de individuos ajenos a la USAC, que utilizan la misma indumentaria de algunos de los comités de huelgas para cobrar parqueos y hasta el ingreso al Campus. Llamamos a los comités honestos y a los estudiantes que aún desean rescatar la tradición de la Huelga de Dolores a formar un frente de unidad para frenar a los violentos que buscan lucrar con esta centenaria actividad.

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