Por Armando Tezucún

Después de las multitudinarias marchas y manifestaciones del 20 de septiembre, la situación política parece haber entrado en un compás de espera. Los dos sábados siguientes al 20 ha habido intentos de nuevas protestas en la Plaza de la Constitución, pero la concurrencia apenas se acerca al centenar de personas. Las expectativas se centran en los procesos de diálogo que han sido anunciados.

Los distintos llamados al diálogo

Hablamos de procesos de diálogo porque han sido anunciadas varias iniciativas, con distintas características dependiendo de quién esté convocando. El presidente Jimmy Morales anunció el 27 de septiembre que trabaja en un proyecto de estructuración de un diálogo que busque solución a los grandes problemas del país, no a la situación coyuntural. Recordó que su gobierno ha sido abierto al diálogo en temas como el presupuesto de la Nación, pero también afirmó que “definitivamente no podemos sentar a mil gentes a una mesa” y buscaría instituciones que tengan “representatividad” (Prensa Libre 28/09/17). Siguiendo este arbitrario criterio, el presidente Morales se ha reunido con sectores que está seguro le darán su apoyo, como los alcaldes, los ganaderos (a quienes prometió una ley de incentivos fiscales que los saque de la informalidad), es decir, más que un diálogo, el mandatario ha estado buscando aliados en el marco de su conflicto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP).

En el bando de los grupos que buscan cambios en el sistema político, las opiniones están divididas. El Foro Guatemala decidió el 27 de septiembre no participar en diálogos con el Congreso ni con el Poder Ejecutivo, pues no hay condiciones para participar en un diálogo responsable con las autoridades (Prensa Libre 27/09/17). Este foro, fundado en 2001, es un conglomerado de organizaciones empresariales, académicas, sindicales, de la sociedad civil e iglesias, que tiene la finalidad de “contribuir a la consolidación de la institucionalidad del país y al establecimiento de nuevas y mejores relaciones de convivencia social y política” (www.asies.org.gt/forog) es decir, apuntalar el orden democrático-burgués desde sectores no gubernamentales. Sin embargo, el 25 de septiembre cinco de las organizaciones que integraban el Foro se retiraron, criticando las posturas de los empresarios (representados en el Foro por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF).

Esta ruptura indica un reacomodamiento entre los grupos democráticos, algunos de los cuales buscan alejarse del CACIF, que ha tenido una postura prudente y oscilante. En realidad a la burguesía agrupada en el CACIF lo que le interesa es que se supere la crisis política lo antes posible, sea como sea, pues es hay indicios de que se verán afectadas las inversiones si se prolonga, además de que ya hubo una desaceleración de la economía en el segundo trimestre del año.

Por otro lado, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, no deja de hacer esfuerzos por organizar un diálogo por la transparencia, contra la corrupción e impunidad: “Estamos conscientes que no necesitamos salidas cosméticas. Tenemos que buscar salidas estructurales” (Prensa Libre 28/09/17). 

El imperialismo europeo y el estadunidense también llaman al diálogo

Los países imperialistas, conscientes de la necesidad de estabilizar el país y superar la crisis, también presionan por el diálogo. Como siempre sucede, esta presión es más un lineamiento y una orden, que todos, gobierno, diputados, empresarios,  organizaciones de la sociedad civil y grupos democráticos de las capas medias, tendrán que obedecer.

El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Stefano Gatto, afirmó: “Sólo se puede salir de esta crisis con una iniciativa de diálogo, pero hay que encontrar el formato adecuado (...) Pero no es sentarse y cada uno quedar con su propia idea, sino definir una agenda común”, estar dispuestos a ceder “algo”  y no ver solo “como el tiempo pasa” (Prensa Libre 1/10/17), amenazando veladamente con reorientar la ayuda internacional a otros países; si “los estímulos al cambio no son apreciados”  puede que “quizá no sea el mejor lugar donde invertir esos recursos” (Idem). Por supuesto, el embajador dio su total apoyo a la CICIG, de la cual la Unión Europea es uno de los principales proveedores de recursos.  

Después de la visita al país de nueve congresistas de Estados Unidos, el 20 de septiembre, la congresista demócrata de origen guatemalteco Norma Torres manifestó su total apoyo a la CICIG y al comisionado Álvaro Velásquez, y el rechazo a las reformas al Código Penal que hizo el Congreso, en términos de que es un retroceso en la lucha contra la corrupción. Torres habló del efecto inmediato que esto tendría: “Primero, no van a certificar a Guatemala como un país que está avanzando en la lucha contra la corrupción. El presupuesto que se ha logrado para el Triángulo Norte para el próximo año, es de US$640 millones. Ese dinero por ley estadounidense no puede darse a un país que no es certificado. Muchos programas que son parte de estos recursos no van a poder ser situados en Guatemala”…”no se va poder ayudar a un país que tome esas decisiones. No tenemos dinero para darles gratis, para que sigan con la corrupción. Tenemos muchos países que necesitan ayuda y vamos a ayudar a los países que están comprometidos en tomar pasos para mejorar su economía, luchar contra la corrupción y para mejorar la vida de los jóvenes” (El Periódico 26/09/17).

Arriba el nuevo embajador gringo

La llegada del nuevo embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, el 3 de octubre, también de origen guatemalteco, confirmó la política del imperialismo gringo. Arreaga expresó los tres lineamientos de la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica: Gobernanza (lucha contra la corrupción y reforma al servicio civil), prosperidad e integración regional (reducción de la pobreza y mejora del clima de negocios) y seguridad (reducción de la criminalidad y combate al crimen organizado). El nuevo embajador gringo dejó claro su total apoyo a la CICIG y a las reformas políticas que impulsa: “La corrupción sigue siendo la máxima prioridad. Nada puede moverse a menos que los funcionarios corruptos y los miembros del sector privado sean removidos. El sector privado debe estar más comprometido. Aunque hay algunos que están trabajando, necesitamos hacerlos más comprometidos. También necesitamos apoyar la reforma institucional” (La Hora 04/10/17).

Arreaga fue claro en la necesidad de organizar un diálogo frente a la necesidad de continuar en la lucha contra la corrupción, pero con la mayor cantidad de actores (La Hora 05/10/17). El nuevo embajador se reunió el viernes 6 de octubre con representantes del CACIF y otras organizaciones empresariales, y organizaciones de la sociedad civil, para escuchar opiniones sobre la situación de país, la crisis política y los desafíos del país.

Es claro pues, que para el imperialismo (gringo y europeo), es prioritario reformar el régimen político, erradicando la corrupción y haciendo reformas constitucionales. Pero desean hacerlo de forma ordenada, dialogada y consensuada, para que la crisis no se les salga de las manos y las masas oprimidas y explotadas irrumpan con su propia agenda de cambios radicales.

Por una alternativa de clase

El lunes 9 de octubre se conformó una nueva coordinadora de organizaciones, la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad. En ella participan los grupos que adversan el diálogo con el gobierno y se alejan de las posturas del empresariado. A la actividad de fundación se hicieron presentes la Asociación de Estudiantes Universitarios de la USAC, el rector de la USAC y algunos decanos de facultades de la misma, la Asamblea Social y Popular, el Comité de Unidad Campesina, la Fundación Torriello, el grupo “Usac es Pueblo”, el grupo Justicia Ya, la Batucada del Pueblo, y muchas personas a título individual. Su manifiesto fundacional convoca a protestas en las plazas de todo el país para el sábado 14 de octubre por la tarde.

La presencia del rector de la USAC es cuestionable, por la corrupción que existe en esa institución del Estado y las violaciones a derechos laborales denunciadas por los sindicatos de trabajadores. Aparte de eso, a pesar de que convocan a pueblos originarios, campesinos, mujeres, jóvenes, trabajadores, académicos, estudiantes, periodistas, artistas, etc. convocan también a empresarios. La falta de independencia de clase de esta asamblea se expresa en los llamados a una difusa y ecléctica “sociedad comprometida de nuestro país”, “ciudadanía consciente”, a un “auténtico y democrático movimiento ciudadano”. Esta es sin duda el ala más radical del movimiento democrático de las capas medias, pero es también expresión de la falta de organización y consciencia de las grandes capas de trabajadores y campesinos, que van como furgón de cola de las capas medias radicalizadas, las cuales tarde o temprano caerán en la trampa del diálogo, haciendo el juego al imperialismo y a la oligarquía.

Es necesario dar un giro radical al movimiento. Por ello reiteramos el llamado a las organizaciones sindicales, campesinas indígenas y populares a formar un frente unitario que se plantee, a la par de la lucha contra la corrupción, la lucha por las demandas más sentidas de los oprimidos y explotados. Sin el respeto a los territorios de las comunidades indígenas, sin servicios eficientes de salud, educación, vivienda, sin trabajo decente y sueldos dignos, jamás podrá haber verdadera democracia en Guatemala. Para solucionar estos problemas nuestra lucha es por una Asamblea Constituyente de los Trabajadores y los Pueblos, Plurinacional e Inclusiva.

Por Armando Tezucún

En las últimas dos semanas se han producido importantes acontecimientos que agudizaron la crisis política iniciada por los ataques del presidente Jimmy Morales contra el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velasquez, a finales de agosto.

Las burdas reformas al Código Penal

Después de que el 11 de septiembre la mayoría de diputados del Congreso protegieran la inmunidad del presidente Morales frente a la solicitud de antejuicio solicitada en su contra por la CICIG y el Ministerio Público (MP), el día 13 la bancada oficial y bancadas aliadas, aprobaron la reforma a ciertos artículos del Código Penal, referentes a delitos electorales y otros tipos de delitos. Esta vez el partido del mandatario, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), incluyó en su alianza al opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); uno de los proponentes de las reformas fue el jefe de bancada de la UNE, Orlando Blanco, quien al igual que el presidente Morales, enfrenta una solicitud de antejuicio por delitos electorales junto a Roberto Villate del desaparecido partido Lider. Estos cambios librarían automáticamente al Presidente Morales de toda persecución penal por financiamiento ilícito durante la campaña electoral 2015, al igual que a Blanco y Villate.

No conformes con esto, los diputados aprobaron otra reforma por la cual las penas de cárcel que pueden ser conmutadas, pasaron de un máximo de 5 años a 10. Sin duda la intención era beneficiar a los exfuncionarios que tienen condenas por corrupción, pero permite que al menos 404 delitos, el  89 % de los delitos contemplados por la ley, puedan ser conmutados, beneficiando a criminales comunes.

Las acción de la bancada oficial y sus aliados es parte de un plan (denunciado por algunos medios de prensa) urdido por el presidente, algunos empresarios y alcaldes, el nuncio apostólico, y políticos, con el fin de desmantelar el andamiaje legal que facilita la lucha contra la corrupción.

La enardecida reacción de la población

Con lo que no contaron los diputados, fue con la airada respuesta de la población, que ya estaba molestísima con la revelación de que el presidente Morales había recibido un bono dudosamente legal de Q 50 mil mensuales de parte del ejército, durante ocho meses.

Desde el mismo día 13, varios cientos de personas enfurecidas se hicieron presentes frente al Congreso; el 14 el grupo fue aún más grande y en horas de la tarde se trasladó del Palacio Legislativo al Palacio Nacional de la Cultura, donde el gobierno había instalado una tarima para que el presidente, vicepresidente y funcionarios observaran las marchas y actos por la independencia. Los manifestantes rompieron las barreras instaladas en la Plaza Central por la policía y se tomaron la tarima, utilizándola como plataforma para expresar su justa indignación contra los diputados y funcionarios corruptos. La presidencia suspendió los actos y la policía prefirió retirarse.

Por unanimidad, la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgó un amparo provisional suspendiendo las reformas aprobadas por los diputados de la alianza oficialista. Para entonces (14 de septiembre), las bancadas promotoras de la nefasta maniobra habían decidido dar marcha atrás, convocando sesión plenaria para el día 15, con el objeto de evitar que cobrara vigencia el decreto; no fue solamente la encolerizada reacción de la protesta popular, sino el rechazo generalizado, desde la embajada gringa, hasta empresarios, universidades e instituciones lo que es hizo recular. Ese día los diputados que iban ingresando al Congreso, cerca del mediodía, eran recibidos con insultos y reproches por los cientos de manifestantes. Al finalizar la sesión en que acordaron archivar los decretos, la multitud no los dejó salir exigiendo su renuncia; fue hasta altas horas de la noche que la policía rescató a los diputados disolviendo a los manifestantes con gases lacrimógenos y gas pimienta.

La Gran Marcha del 20 de septiembre

El gobierno desató una campaña para criminalizar y desprestigiar las protestas del 14 y 15, acusándolas de violentas; en ello tuvo el apoyo de los canales de televisión abierta, propiedad de José Ángel González, cuya esposa tiene orden de captura por financiamiento ilícito al Partido Patriota. A pesar de ello fue convocado un Paro General, convertido después en marcha, para el 20 de septiembre.

Las organizaciones que convocaron fuero la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos y el grupo Justicia ya. El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) había organizado una marcha para ese mismo día. Otras organizaciones fueron anunciando su participación en la marcha; la Asamblea Social y Popular que incluye al Comité de Unidad Campesina; estudiantes de las universidades privadas Rafal Landívar, Mariano Gálvez y Universidad del Valle; la Batucada del Pueblo; Somos; ongs de derecho humanos; pequeñas empresas, sobre todo restaurantes, comercios y centros educativos privados anunciaron que cerrarían en apoyo a la marcha. Las grandes asociaciones empresariales rechazaron parar sus actividades y llamaron a fortalecer el Estado de Derecho y respaldaron el llamado al diálogo. La agrupación indígena de los 48 Cantones de Totonicapán inició las protestas el 19 con bloqueos de carreteras en al menos siete puntos. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, entre 50 mil y 125 mil personas participaron en las marchas y actividades en todo el país.

¿Hacia dónde va la crisis?

Es indudable que el gobierno y los partidos que defienden la corrupción cada vez la ven más difícil. El presidente Morales insiste en que no renunciará, y no se vislumbra la renuncia de los diputados de su partido y de sus bancadas aliadas. Las medidas que toman, como proteger por segunda vez la inmunidad del presidente el día 21, o que éste aproveche su discurso ante la ONU para atacar de nuevo a la CICIG, solo radicalizan más a la población y las organizaciones populares. Tres ministros claves renunciaron el día 19: finanzas, gobernación y trabajo, uno vinculado con los empresarios exportadores y los otros dos con la embajada gringa y el MP; a ellos se sumaron varios viceministros. Ellos se suman a los funcionarios que renunciaron a finales de agosto.

Naturalmente, las exigencias de la población indignada son de naturaleza democrática: la erradicación de la corrupción, la reforma profunda del sistema político, etc. En cierta forma, estamos en una re-edición de la situación de 2015, pero en un nivel superior; la población ya tiene la experiencia de ese año, por ello el llamado a un paro general, que en realidad fueron marchas multitudinarias, no esperó los meses que llevó organizar el del 27 de agosto de 2015, y la furia contra las descaradas acciones de los diputados y el presidente no se hizo esperar, y sobretodo este parece ser un movimiento más independiente y espontáneo que el de 2015.

Pero al igual que en 2015 este es un movimiento básicamente de las capas medias, que se están radicalizando en busca de cambios democráticos en el régimen político. El 20 de septiembre, a excepción de Codeca y algunos grupos de la Asamblea Social y Popular, el movimiento sindical, campesino e indígena, estuvo muy lejos de tener un papel protagónico (Codeca se fue de la plaza hacia mediodía, incluso). Algunos grupos sindicales, como el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, tuvieron presencia, pero las grandes centrales, que ponen miles de afiliados en las marchas del 1 de mayo, tuvieron una presencia menos que magra.

Recordemos que las grandes revoluciones (como la Revolución Rusa cuyo centenario celebramos este año), empiezan como revoluciones democráticas. El capitalismo es incapaz de satisfacer las demandas democráticas mínimas de la población. Y no se trata solamente del sistema político, sino de cosas básicas como asistencia de salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad alimentaria, el derecho a la tierra, el respeto a los territorios de las comunidades indígenas, el respeto a los derechos de las mujeres y los grupos de la diversidad sexual, y un largo etcétera. 

La política de Dialogo Nacional es para contener a las masas

Se viene un proceso de diálogo. Los empresarios del Cacif ya están hablando del tema, al igual que las iglesias, algunas instituciones del Estado como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, y el mismo gobierno, después de los últimos acontecimientos, ha empezado a hablar de diálogo. Por ahora algunos grupos dicen que no puede haber diálogo hasta que se den cambios en el Congreso o en la presidencia. Pero las capas medias amorfas, sin estructuras, caerán en esa trampa, que cambiará algunas cosas para no cambiar lo esencial, y es posible que hasta se salve el periodo presidencial de Jimmy Morales, con la venia de las organizaciones de la “sociedad civil”, que también hacen parte de las capas medias.

Por un Polo de Izquierda

Es urgente la formación de un polo que plantee una solución desde la perspectiva de los trabajadores, campesinos e indígenas, para que realmente se den los cambios que el pueblo necesita.

Llamamos a la formación de un frente unido con la participación de Codeca, la Asamblea Social y Popular, el Comité de Unidad Campesina, El Movimiento Sindical y Popular Autónomo, los sindicatos independientes de salud y educación, los 48 Cantones de Totonicapán, el movimiento estudiantil de la Universidad de San Carlos, el Partido Guatemalteco el Trabajo, el Frente Popular, el Proyecto Socialista Unido, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Convergencia, y las organizaciones sindicales y populares que deseen unirse, con plan mínimo de acción:

• La renuncia del presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera.
• La renuncia de los diputados que votaron el 13 de septiembre por las reformas al código penal.
• Una reforma profunda de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que permita:
• La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de los Trabajadores y los Pueblos, Plurinacional e Inclusiva, que transforme el país en favor de los oprimidos y explotados.

Por Leonardo Ixim

La movilización estudiantil universitaria del 20 septiembre fue la primera movilización masiva del movimiento estudiantil desde que la Asociación de Estudiantes Universitarios fue recuperada tras más de diez años, en las elecciones que fueran ganadas por la agrupación Frente.

El partido Frente presento a Lenina García como secretaria general, siendo la primera mujer electa, un verdadero hito en la historia de esta institución. Las planillas Reto y MEUC tuvieron un buen número de participación femenina, en función del derecho de las mujeres a ser electas y a elegir.

Esta movilización se realizó en contra los diputados y funcionarios corruptos que se caracterizan por buscar mecanismos para reproducirse como casta social, en detrimento de los intereses de la población. Exigía como punto principal la renuncia de 107 diputados que votaron por reformas al Código Penal que garantizan la impunidad por un lado, y la separación del cargo del actual presidente Jimmy Morales y el vice-presidente Jafeth Cabrera por estar involucrados en financiamiento ilícito electoral (tras una investigación penal  del Ministerio Publico y la CICIG, a la cual la detiene el antejuicio que goza y solo el Congreso puede levantar) por otro. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos concentró en los centros de las ciudades del país a más 120 mil guatemaltecos.

El 15 septiembre, la población había mantenido encerrados a los diputados cuando enmendaron las reformas que aprobaron al Código Penal, esta situación termino a las 23:00 horas  cuando de forma violenta los antimotines sacaron a los diputados cual ratas. A partir de este momento y de cara al 20, medios como Nómada asumieron una postura lamentable calificando los hechos,  de que fueron promovidos por infiltrados

En ese ambiente, algunos medios de comunicación, los militares de la juntita y organizaciones de extrema derecha como la Fundación Contra el Terrorismo y la Liga Pro-Patria, buscaron generar opinión pública con respecto a que la movilización del 20 iba hacer violenta. A esa corriente se sumaron los medios que juegan en contra de la impunidad, como Nómada, El Periódico, Guatevisión, de lo cual  el Consejo Superior Universitario (CSU) y la AEU se hicieron eco de eso y generaron lineamientos para participar,  por lo menos respecto a la movilización de la USAC.

No pintas, presentar el carné universitario, mantener el orden, uso consciente de las desesperantes vuvuzuelas, no llevar banderas propias. Muchas de estas son de sentido común, más cuando las fuerzas de la extrema derecha pueden realmente generar desórdenes, pero otras como las banderas propias de grupos políticos como el MEUC y las asociaciones o la realización de pintas, que es una práctica que, aunque cuestionada, expresa el sentir de sectores de la población, se pueden considerar contrarias a la independencia y a la diversidad del movimiento estudiantil.

Otro elemento a resaltar es que la convocatoria la hizo el Consejo Superior Universitario, mostrando que pese a los cuestionamientos hacia la burocracia universitaria que lo controla, tiene cierta legitimidad. Esto se vio en la marcha por el 5 por ciento de presupuesto para la USAC en 2013 y la movilización contra el gobierno corrupto de Otto Pérez en 2015.

De igual forma, otro hecho a resaltar fue la reunión que tuvieron grupos de la sociedad civil que crecieron al calor de los incidentes de 2015, como Justicia Ya, o el grupo pro-formación de partido político Semilla que -al tenor de los grupos neo-reformistas como Podemos en España o el Frente Amplio en Chile- se califican ni izquierda, ni derecha, con congresistas gringos. El diario El Periódico por su parte, publicó que asociaciones estudiantiles, entre ellas la AEU, se habían reunido con estos funcionarios. La Asociación de Estudiantes de Historia, Antropología y Arqueología y la misma AEU en las redes sociales negaron que eso fuera realidad y la primera le pidió una explicación a ese medio.

Los retos del movimiento estudiantil son varios: lograr el poder real, no solo formal de la AEU; ir al fondo con las reivindicaciones estudiantiles y en fusión del derecho a la educación superior para la clase proletaria; y ser cautos de los acuerdos con la burocracia universitaria que ha amparado a los mafiosos en la AEU. Es necesaria la unidad del movimiento estudiantil por lo menos en algunos aspectos estratégicos, manteniendo vivo el Consejo Consultivo, conformado por las asociaciones y de cara a crear una confederación entre las AEUs de todos los campus del país. El MEUC, como principal partido de oposición, debe mantener la política de emplazamiento, pero buscando acuerdos para fortalecer el movimiento; y Frente, en tanto secretariado de AEU, debe convocar y aceptar cuestionamientos de todas las fuerzas del movimiento.

Por Armando Tezucún

La crisis política que se abrió con la acción del presidente Jimmy Morales de declarar non grato y tratar de expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la solicitud antejuicio presentada por esta comisión y el Ministerio Público (MP) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el mandatario por delitos electorales, se ha prolongado. La CSJ decidió el lunes 4 de septiembre dar trámite al antejuicio contra el presidente Morales, trasladando el expediente al Congreso de la República; el día cinco los diputados del legislativo eligieron una Comisión Pesquisidora, que analizará el caso para decidir si recomienda o no al Congreso que el presidente pierda su inmunidad. Si al menos 105 diputados dan su voto a favor, el presidente Morales podrá ser investigado a profundidad por el MP y la CICIG, sometido a proceso y hasta podría ser retirado de su cargo.

La propuesta de diálogo pretende salvar la institucionalidad del Estado Burgués

Cuando se da una crisis en el sistema político por conflictos entre distintos sectores de la burguesía y sus representantes en los partidos políticos, las primeras propuestas que surgen son de acuerdos entre las cúpulas, con el propósito de conjurar cualquier peligro de que la crisis provoque fuertes movilizaciones de las masas, por donde se cuelen reivindicaciones que cuestionen el sistema y que se vuelvan difíciles de controlar. Este no es el caso actualmente en Guatemala, pero desde ya distintos sectores hicieron un llamado al diálogo para resolver la situación actual.

El 30 de agosto la dirigencia del empresariado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), fue convocada por la presidencia de la república a una reunión para analizar la situación del país. Además del presidente Morales estuvieron presentes los ministros de Finanzas, Trabajo y Relaciones Exteriores. Los líderes del CACIF propusieron al gobierno conformar un diálogo nacional para resolver la polarización; esto por medio de dos vías, seguir los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas en casos de desavenencias entre la CICIG y el gobierno, y segundo abrir un espacio de diálogo con sectores de la sociedad civil, donde podrían participar también los empresarios. El presidente del CACIF, Antonio Malouf dijo: “Hay mucha polarización y la única manera de combatir esa polarización que no es de personas, no es de sectores, es de país, es sentarnos a dialogar…Es importante el diálogo siempre que sea abierto, transparente, que no tenga polarización y que no agarre ningún partido” (La Hora 30/08/17).

Por otro lado, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), un centro de pensamiento de la burguesía, propuso la conformación de una instancia de concertación ciudadana, ante la “crisis política e institucional desatada a partir de la decisión del Presidente de la República y la subsecuente decisión de la Corte de Constitucionalidad”, deplorando el “incremento de la confrontación ciudadana”, esta instancia encontraría “soluciones políticas de unidad nacional” y la gobernabilidad “así como una agenda mínima de reforma institucional” (declaración del ASÍES del 28 de agosto).  ASÍES propuso que esta instancia sea liderada por el Procurador de los Derechos Humanos y la Procuradora General de la Nación, Jordán Rodas Andrade y Anabella Morfín respectivamente, quienes aceptaron la sugerencia. El 7 de septiembre Rodas anunció que está preparando una convocatoria para la realización de este diálogo con diferentes sectores, con la intención de buscar una agenda mínima que permita “tener un horizonte claro” para el país. Participarían representantes indígenas, campesinos, sociales, políticos, empresarios, progresistas y la academia. “Estoy por hacer convocatoria a un diálogo. Estoy terminando de ultimar detalles, estoy en ronda de conversaciones con distintos sectores para tomar el pulso de cómo está el país...Hay cosas importantes que ver, hay problemas estructurales que tenemos que resolver con madurez los distintos sectores", declaró Rodas (Publinews 08/09/17).

El presidente se niega al diálogo con el MP, la CICIG y la PDH

Los intentos de tener un encuentro y diálogo directo entre los jefes de la CICIG, el MP y la Procuraduría de Derechos Humanos, por un lado, y el presidente Morales por otro, han sido infructuosos. La Fiscal General Thelma Aldana había sugerido desde días atrás la posibilidad de una reunión para ventilar las diferencias con el mandatario, pero según la presidencia de la república, no ha habido una solicitud formal para este encuentro. "Creería prudente que tuviéramos una reunión con el Presidente para que nos exprese cuál es el malestar, para que si hay aspectos que debemos corregir se hará y aclararle al presidente nuestras funciones y en que nos hemos basado en nuestras investigaciones", dijo Aldana a los medios de comunicación (Prensa Libre 31/08/17). Igual suerte corrió el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien trató de comunicarse telefónicamente y por carta con el presidente Morales, sin ningún resultado.

Las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares no debemos caer en el juego de estos diálogos en busca de la “unidad nacional”, que solo persiguen salvaguardar la institucionalidad del Estado burgués y los intereses de la burguesía. No en vano los empresarios se han quejado de un clima general de incertidumbre. Lo único que le interesa al empresariado es salvar sus negocios y el sistema político que da la seguridad para que prosperen. Durante la crisis planteada por el autogolpe del expresidente Jorge Serrano Elías en 1993, las organizaciones sindicales y campesinas tuvieron el lamentable papel de ir a la cola de la oligarquía en la resolución del conflicto. Esta vez debemos defender de manera independiente nuestra propia agenda de reformas democráticas profundas en favor de los más oprimidos y explotados.

¿Hacia un enjuiciamiento del presidente Morales?

El lunes 4 de septiembre, en una sesión extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio promovido por el MP y la CICIG contra el presidente Jimmy Morales; en la votación solo hubo dos votos disidentes, de 13 magistrados. De acuerdo a la ley, al enviar el expediente al Congreso de la República, éste debe conformar una comisión pesquisidora para que investigue el caso y elaborare un informe; con eso, los diputados en sesión plenaria deberán decidir con al menos 105 votos a favor, si declaran con lugar el antejuicio.

La comisión pesquisidora fue electa, por sorteo, entre los diputados del Congreso, el 5 de septiembre. Como presidente quedó Julio Ixcamey de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); como secretario Juan José Porras de Visión con Valores (VIVA); como vocales Gabriel Heredia de la UNE, Alicia Dolores Beltrán del Movimiento Reformador (MR) y Eva Nicolle Monte Bac, de Alianza Ciudadana (AC). Tres de ellos ocupan una curul por parte de partidos aliados del oficialista Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación): Viva, AC y MR.

La primera divergencia fue entre la premura del pleno, a instancias del FCN-Nación, para que el informe de la comisión fuera presentado en cinco días, el domingo 10. A esto Ixcamey argumentó que la ley otorga 60 días como máximo como plazo. El expediente enviado por la CSJ consta de tres tomos y 963 folios, y luego de examinarlo, los miembros de la comisión debían elaborar un cronograma para entrevistar e interrogar y escuchar a las partes involucradas, luego de que el MP ratifique la denuncia.

El plazo exigido a la comisión para presentar su informe reviste especial importancia en vista de la fragilidad de la alianza del FCN-Nación con otros bloques parlamentarios. El presidente Morales sabe con certeza que en este momento, una votación en el Congreso podría serle favorable; si la comisión se atuviera a los 60 días de ley, muchas cosas podrían pasar que hicieran decidirse a sus aliados a negarle el apoyo, desde presiones de protestas ciudadanas, presiones del Congreso y embajada de Estados Unidos, otras investigaciones de corrupción podrían involucrar a funcionarios del gobierno, o el empresariado en su conjunto podría dar la espalda al presidente.

Recordemos que el FCN-Nación solamente obtuvo 11 diputados en las elecciones de 2015, nutriéndose después de disidentes del Partido Patriota y LIDER hasta sumar 37. Sus bancadas aliadas son el MR con 18 votos, AC  con 11, y la bancada Todos con 16 diputados. El gobierno puede reforzar esa alianza con la presentación, a inicios de septiembre, de presupuesto de gastos de la nación para 2018, con un monto abultado para el Ministerio de Comunicaciones, una fuente de negocios para diputados y alcaldes, además de la presentación de algunas reformas para proteger la impunidad de diputados y funcionarios (con información de Nomada 06/09/17).  Para evitar una votación en un futuro momento de ruptura de esta alianza, el informe de la comisión pesquisidora debía ser en 5 días.

El domingo 10, hacia las 22:40 horas, la comisión entregó su informe a la oficina correspondiente de Congreso, recomendando que se le levante el antejuicio al presidente Morales. En la tarde del lunes 11 el pleno de diputados votó sobre el retiro de la inmunidad al mandatario, obteniendo mayoría (104 votos) las bancadas que respaldan el presidente. Las negociaciones bajo la mesa y el otorgamiento de prebendas ganó. Exigimos la renuncia inmediata del presidente Morales y su gobierno. Para ello llamamos a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares a organizar una huelga general de 24 horas, que demande la renuncia de estos funcionarios y reclame la instalación de una Asamblea Constituyente de los Trabajadores y los Pueblos Indígenas, Plurinacional e Inclusiva.