Por Úrsula Coj

El atropellamiento de 13 estudiantes de educación media de la Escuela Nacional de Comercio número 2, el pasado 26 de abril y la posterior muerte de una de ellas, la adolescente Brenda Domínguez, durante una protesta de estudiantes de ese instituto educativo público en una arteria de la Ciudad de Guatemala, ha generado conmoción en algunos sectores de la sociedad.

El responsable de ese crimen fue un joven de apellido Meda Maldonado, hijo de un pastor de una secta evangélica, que después de unos días fue capturado. El Ministerio Público lo sindicó de los delitos de asesinato, lesiones gravísimas y maltrato contra las personas menores de edad, sin embargo, el juez Séptimo de Primera Instancia Penal resolvió ligarlo a proceso por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones graves, delitos de menor imputabilidad con respecto a los presentados por la fiscalía.

El atropellamiento y posterior asesinato de Brenda -quien quedo con sus dos piernas destrozadas- generó un ambiente de polarización en las redes sociales entre quienes exigen justicia por la niña y quienes paradójicamente defienden a Meda exculpándolo que este actuó en una situación de pavor por temor a ser supuestamente “linchado” por las y los jóvenes. Al grado que amigos y miembros de la iglesia de su padre hicieron una página de Facebook en su defensa, que después de mucha critica fue eliminada.

Todo esto es reflejo de un ambiente cuasi-fascista de algunos individuos, sobre todo urbanos, que se crispan cuando distintos actores realizan tomas de calles, lo cual en algunos casos es entendible cuando estos se enfrentan al descuento salarial en sus centros laborales, en un país sin reconocimiento de derechos laborales. Sin embargo, esta psicosis relacionada al estrés al volante en una ciudad congestionada por la falta de planificación urbana, tiene su causa en los distintas amparos promovidos por el CACIF y las cámaras empresariales dados a favor por la Corte Constitucionalidad –como instancia que defienden estos intereses de clase- cuando los movimientos populares realizan movilizaciones y la Policía Nacional Civil actúa reprimiendo en algunos casos.

Sin embargo, el problema de fondo es la criminalización estudiantil. Los estudiantes de esta escuela ya a inicios del año lograron sacar el director; las autoridades educativas cambiaron al director, pero la asociación estudiantil considera que la problemática no se resuelve, exigiendo que el director interino se despojado de su cargo. La demanda principal gira alrededor de que ni las autoridades del establecimiento ni la dirección departamental, resuelven el problema de falta de materiales didácticos (La Hora 26-04-17).

A eso se suman las torpes y criminales declaraciones del ministro de educación Oscar López que en repetidas veces señala la existencia de manipulación de docentes hacia los alumnos. Recientemente dijo que “de quién pudo haber abierto la puerta, cuál pudo haber sido la motivación, quién pudo haber generado que los jóvenes salieran a manifestar y cuáles eran los temas que probablemente estaban detrás de la petición principal que se estaba haciendo en el momento de la manifestación” (Prensa Libre 09-05-16).

Estas declaraciones van en la dirección de considerar a los alumnos como incapaces y manipulables por docentes, para poder criminalizarlos. Pero lo cierto es que desde que se derrotó el movimiento normalista durante el gobierno patriota, donde la ministra de educación de ese entonces, Cynthia Del Águila en consonancias con los dictados neoliberales eliminó la carrera de magisterio, para sujetar la rebeldía juvenil impuso un reglamento denominado Normativa de Convivencia Pacífica y Disciplina.

Esta normativa, crea una Comisión de Disciplina de carácter autoritaria, tomando una serie de faltas de parte de los estudiantes que, escudándose en problemas de disciplina, busca criminalizar la protesta estudiantil y, aunque no lo menciona explícitamente, la organización estudiantil. De hecho, la asociación de la Escuela de Comercio No. 2, es una de las pocas que existen.

Llamamos a organizar un frente de apoyo a las luchas estudiantiles de educación media, que promueva la organización estudiantil y denuncie su criminalización, además de que apoye los esfuerzos de organización para recuperar AEU de parte del estudiantado universitario, creando canales entre estos dos campos, siguiendo el ejemplo de los estudiantes sancarlistas que bloquearon las rutas cercana al campus central en solidaridad con las y los estudiantes de la Escuela de Comercio No.2, los días 27 y 28 de abril.


Por Armado Tezucún

El 26 de abril el pleno del Congreso de la República aprobó con 118 votos a favor el artículo 6 de la propuesta de reformas constitucionales al sistema de justicia. Este artículo modifica el 208 de la Constitución, que se refiere al nombramiento de jueces y magistrados de las cortes de apelaciones y otros tribunales; según este artículo, estos funcionarios duran en sus cargos cinco años, pudiendo ser reelectos los magistrados o nombrados nuevamente los jueces. La elección de magistrados se ha llevado a cabo hasta ahora mediante las llamadas Comisiones de Postulación, integradas por representantes de las universidades que cuentan con facultad de derecho, representantes del Colegio de Abogados, de los magistrados en funciones, etc., que escogen candidatos que presentan al Congreso para su elección definitiva. Este sistema se ha prestado para el tráfico de influencias y corrupción en las instituciones que integran las comisiones, de ahí que se plantee su reforma.

De acuerdo a la reforma aprobada, los cargos serán ahora vitalicios, hasta los 75 años, y los magistrados serán evaluados en su desempeño cada dos años. Tres cuartas partes de los funcionarios provendrán de la carrera judicial, y una cuarta parte de abogados que tengan al menos 6 años de ejercer.

La aprobación del artículo 6 de las reformas se dio entre vociferantes protestas de sectores de extrema derecha, que ocupaban uno de los balcones de la sala de sesiones dirigidos por la ex diputada e hija del ex general condenado por genocidio Efraín Ríos Mont, Zuri Ríos y el director de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez.

La Junta Directiva del Congreso trató de continuar con la discusión del artículo 7 de las reformas, que modifica el 209 de la Constitución y crea el Consejo Administrativo de Justicia. Este Consejo se encargaría de la dirección administrativa y financiera del Organismo Judicial, además de implementar políticas de modernización al sistema de justicia y separaría a la Corte Suprema de Justicia de las funciones administrativas. El artículo también determina la integración de los miembros de la Dirección de la Carrera Judicial y su competencia. Pero en ese momento se rompió el quórum cuando numerosos diputados abandonaron el pleno, supuestamente debido a la falta de consensos sobre los cambios a efectuar al mencionado artículo constitucional.

Este es el tercer artículo de la propuesta de reformas que es aprobado, en nueve sesiones plenarias convocadas para discutir el tema. Los otros dos, el 4 y 5 se refieren a Principios del Sistema de Administración de Justicia y Requisitos para ser Magistrado o Juez. Los artículos 1 y 2, que tocan el tema de la garantía de antejuicio y prerrogativas de los diputados no tuvieron votos suficientes, y el 3, que se refiere a la jurisdicción indígena, fue pospuesto para discutirse de último, debido a la obstinada oposición de la derecha política y el empresariado.

La aprobación del artículo 7 de las reformas, que crea el Consejo Administrativo de Justicia, es vital para la propuesta de cambios al sistema de justicia impulsado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instancias, pues supuestamente otorgaría independencia y transparencia a las instancias de justicia con respecto a las influencias de grupos de poder, mafias corruptas, crimen organizado, etc.; además garantizaría la elección de magistrados y jueces en base a criterios técnicos, méritos y evaluación de desempeños. Elimina, al menos en teoría, el nombramiento, por medio de negociaciones en el Congreso y en las instancias que conforman las Comisiones de Postulación, de jueces y magistrados favorables a los intereses de los diversos grupos de poder; de ahí la oposición de empresarios, partidos de derecha y exmilitares.

El miércoles 3 de mayo se reunió de nuevo el plenario del Congreso para discutir el artículo 7, pero el intento fracasó, ante la ausencia más de 80 diputados, y la falta de consensos, a pesar de una reunión el día anterior con la CICIG, el MP y la PDH para aclarar dudas.

La realidad es que la corrupción es inherente al funcionamiento del Estado burgués y el capitalismo. Las reformas impulsadas por Estados Unidos para hacer funcionar el Estado de Derecho y la Institucionalidad burguesa no son la panacea, sobre todo mientras sea el capital nacional y extranjero quien rija los destinos del país. Por eso proponemos como alternativa que los jueces y magistrados sean electos por voto popular y ampliamente democrático, y puedan ser revocados de sus cargos en cualquier momento.


Por Felisa Castro

Interminables cuadras ocuparon los miles de trabajadores sindicalizados y miembros de organizaciones populares que marcharon este 1 de mayo en la capital de Guatemala. El multitudinario evento fue convocado y organizado por el Movimiento Sindical y Popular Autónomo, integrado por la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA Histórica) y el Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC).

Con la CUSG a la cabeza, la gran marcha incluyó sindicatos de choferes del transporte público, trabajadoras y trabajadores de maquila, sindicatos de diversas municipalidades del interior del país, agrupaciones de vendedores de mercados y de la economía informal, sindicatos de industria de alimentos y bebidas, de panificadores, asociaciones de jubilados del Estado, sindicatos de las confederaciones deportivas, organizaciones de jóvenes, de mujeres, de cooperativas, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos, representaciones estudiantiles de las facultades de Ciencias Económicas, Derecho, de las Escuelas de Historia y Trabajo Social de la USAC, agrupaciones políticas de izquierda, entre otras muchas organizaciones. A diferencia de otros años, esta vez estuvo presente una pequeña representación del Frente Nacional de Lucha, que en años recientes ha marchado por aparte.

El comunicado conjunto del Movimiento Sindical y Popular Autónomo hizo énfasis en la represión a la libertad sindical y de negociación colectiva, denunciando la ratificación por el Congreso del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que permite la contratación a tiempo parcial y la campaña mediática que culpa a los pactos colectivos de trabajadores públicos de la crisis financiera del Estado. Así mismo denunció la contaminación del medio ambiente causado por las empresas mineras, hidroeléctricas, de palma aceitera, caña, y la persecución contra dirigentes comunitarios que defienden el territorio. Mencionó las demandas internacionales planteadas por el movimiento sindical guatemalteco contra el Estado de Guatemala, por violar el derecho a la organización sindical, negociación colectiva y la falta de capacidad para hacer cumplir sus propias leyes laborales.

Un tema frecuente fue la denuncia y exigencia de justicia por las 41 jovencitas fallecidas a causa del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, así como el atropellamiento de estudiantes de nivel medio que protestaban en la Calzada San Juan con el resultado de una compañera fallecida. Otro lugar común fue la denuncia contra la corrupción en el Congreso y en el gobierno y la petición de que esos funcionarios presenten su renuncia.

A pesar de la existencia de una coordinadora de las más grandes centrales sindicales, no parece haber un plan de acción conjunta, que se plantee la lucha por las demandas más sentidas de la población trabajadora, más allá de las marchas tradicionales.

Proponemos al Movimiento Sindical y Popular Autónomo y a las demás organizaciones sindicales y populares un plan de lucha movilizador, que incluya los siguientes puntos:

  1. Alza general de salarios de al menos el 60%.
  2. Que el gobierno impulse un plan de obras públicas construyendo escuelas, hospitales, carreteras, etc. para crear empleos dignos, y que el plan se financie con impuestos a los empresarios.
  3. Defensa de los pactos colectivos en el sector público y privado.
  4. Defensa de la seguridad social contra la privatización. No al aumento de la edad de jubilación.
  5. Creación de impuestos a las grandes empresas para financiar servicios básicos de salud y educación de calidad.
  6. Control de los trabajadores en las empresas privadas e instituciones estatales, para denunciar la corrupción.
  7. Derecho de libre sindicalización en las maquilas y zonas francas.
  8. Defensa del territorio de las comunidades indígenas y campesinas contra la depredación y usurpación causadas por empresas mineras, hidroeléctricas y de agroexportación.
  9. Por un plan integral de desarrollo agrario para dotar al campesinado de tierras y asistencia técnica.
  10. Alianza de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares para impulsar este plan de lucha.


Por Ángela Pérez

Desde hace algunos meses se ha realizado una decidida lucha por la democratización de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), la cual ha sido arrebatada desde hace más de quince años por un grupo de carácter mafioso que lejos de velar por los verdaderos intereses de la masa estudiantil de la única universidad estatal en el país y del pueblo guatemalteco en general, se han dedicado a corromper y dispersar por medio de la violencia las auténticas expresiones del movimiento estudiantil que por muchos años derramó sangre de su dirigencia heroica (1970-1980), siendo las mentes más clarificadas del siglo pasado acribilladas por el ejército y demás servidumbre reaccionaria. De estas últimas son herederos los caricaturescos criminales que integran la “Comisión Transitoria de la AEU” y que se reclaman de manera infame de los que ayer dieron su vida por un país más justo, hombres y mujeres que le dieron sus nombres a los pasajes de la lucha por la libertad del pueblo guatemalteco.

La recuperación de la AEU consiste en realizar una elección democrática de una nueva asociación de estudiantes y así retomar los espacios históricos que le pertenecen al estudiante y han sido usurpados por el crimen organizado.

El pasado martes dos de mayo, se ajustaron los preparativos para la marcha interna que se realizaría al día siguiente (#RecuperemosNuestraAEU). La actividad preparativa consistía en la elaboración de una manta que poseía alrededor de veinte metros de largo. Con algunos retrasos y pocas personas se inició el trabajo, mientras pasaba el tiempo algunas manos más contribuyeron con dicha elaboración, que se articuló alrededor de la visita a las diferentes unidades académicas dentro del Campus Central que componen el Consejo Electoral Estudiantil Universitario (CEEU) y el Consejo Consultivo Estudiantil Universitario (CCEU). Estos son las y los estudiantes que han tomado bajo su responsabilidad ejecutar la disposición de las 11 asociaciones estudiantiles (Arquitectura, Diseño Gráfico, Ingeniería, Agronomía, Veterinaria, Ciencia Política, Trabajo Social, Historia, Odontología, Medicina, Ciencias Químicas y Farmacia), que el pasado 20 de septiembre del 2016 desconocieran a la ilegal Comisión Transitoria e hicieran el llamado a las primeras elecciones democráticas para la AEU, después de 16 años de dictadura gansteril y así elegir a una nueva junta directiva de la AEU, que represente los interés estudiantiles y no los de una casta criminal al servicio de los poderes fácticos que ensombrecen a la tricentenaria.

La elaboración de la manta, que estaba a cargo del CEEU, dejó ver las diferentes posturas de los diferentes grupos estudiantiles que convergen en esta lucha, demostrado así los intereses de quienes contribuyen con las diferentes actividades de cara a las elecciones de agosto (18, 19 y 20). Principalmente acciones como estas dejan ver a quienes sostienen una línea objetivamente democrática, una lucha y una fuerte motivación por asegurar las elecciones y a su vez demuestran compromiso con la recuperación del espacio perteneciente a los estudiantes –la AEU–. En contraste con el ala democrática, también se vislumbra a quienes más allá de la recuperación de espacios, tienen intereses de protagonismo político y su vez maniobran por obtener un poder de la AEU por medio de las elecciones. Y por último se encuentran aquellas personas que más allá de la ilusión de ejercer un rol histórico, desconocen aún las dos posturas y podrían llegar a ser fácilmente engañados con un discurso motivacional, maniqueo y demagógico sobre rescatar la AEU, pero cuyo propósito es colocar a los cabestros estudiantiles al servicio de la administración, que le laven la cara pero no profundicen los cambios urgentes que necesita una organización como la AEU, que ya no responde a este tiempo y con la perpetuación de los sicarios ha demostrado la necesaria trasformación, evitando así que se repita esto en el futuro.

La consigna contra la apatía (Crónica):

El miércoles 3 de mayo fue el día de la marcha interna por el Campus Central de la USAC, movilización que tenía como objetivo reunir a una buena cantidad de estudiantes para finalizar frente a la rectoría en medio de una conferencia de prensa, convocada por CEEU y CCEU.

Cuando llegué a la ciudad universitaria la marcha ya había dado inicio y antes de encontrarla me topé con lo que ya aseguraba, la apatía dominante en el estudiante de clase media, que además de desconocer el proceso para llevar acabo las elecciones democráticas, acarreaba el pensamiento que los burócratas en el poder han manipulado con el miedo implantado por la contrainsurgencia en la guerra civil guatemalteca, “no quiero que me maten, por eso no voy”, fueron las palabras que mencionó antes de retirarse lleno de excusas.

Seguí caminando y pensaba en la apatía característica que la mayoría estudiantes de esta época ha asimilado y cómo esto ha impedido que la dirección política del movimiento estudiantil sea retomada, pero lejos de ser el mismo movimiento estudiantil que se ha idealizado por muchos estudiantes y por el pueblo explotado de barriadas, mercados y montañas al toparse con la historia de todos los y las mártires que dejó la universidad estatal; empezar a recuperar los espacios que han sido secuestrados por los grupos reaccionarios que operan de manera paramilitar y antipopular debe ser consiga de todos los sectores que conforman la población estudiantil más concentrada del istmo centroamericano (más de 200 mil matriculados en 2017). De pronto llegó hasta mí, el mensaje de uno de mis compañeros de clase quien evidenciaba ya no sólo la apatía dominante entre los estudiantes, sino también el entorpecimiento de los catedráticos en detrimento de la movilización, habiendo quien, con un discurso académico, revelaba el repudio hacia la acción estudiantil y restringió por medio de un discurso ya sistematizado por la mayoría del cuerpo docente la posibilidad de asistir al evento.

Luego de recorrer media universidad encontré al grupo de manifestantes, y como dije antes, la apatía se hacía notar. Eran de primera mano, una pequeña de cantidad los interesados, pero aún faltaba la visita a diversas unidades académicas. Cuando me acerqué, me di cuenta que al frente iban aquellos y aquellas que están en la postura del protagonismo político haciendo goce del oportunismo e intentando vender una figura “agradable” de lucha hacia la democratización. Todo siguió en marcha como era lo estipulado, cuando llegamos a una de las unidades académicas caracterizada por el poco interés de los y las estudiantes, pero para mí sorpresa tenía una buena cantidad de personas esperando la movilización y luego de un discurso informativo-motivacional se siguió el camino estipulado ahora acompañado por una gran cantidad de estudiantes quienes a paso de consignas repudian a la actual AEU o mejor dicho, a los maleantes que tienen secuestrada nuestra AEU.

Seguimos caminando y cuando pasamos frente a la sede de la AEU, el enojo se hizo notar. Mientras unos caminaban indiferentes otros se quedaban enfrente gritando a todo pulmón el repudio hacia el grupo gansteril mientras la sede de la histórica asociación permanecía cerrada, pero no de casualidad. El tiempo avanzaba y seguí en la marcha cuando nos acercamos a la facultad con más estudiantes, pero en ella la mayoría ignoraba a quienes tomaban el micrófono y daban las palabras correspondientes.

Todo se continuó al pie de la letra por las demás facultades, mientras era el momento en que se acercaba el objetivo del recorrido, la tan codiciada por muchos: conferencia de prensa frente a los medios correspondientes. Y pude observar cómo los oportunistas que sin esfuerzo alguno de haber caminado o gritado consignas con los otros estudiantes que se sentían ya parte de la lucha, se imponían ante los demás con el objetivo de protagonizar políticamente una campaña que intentan esconder bajo el rostro de la democratización apoyados por el Consejo Superior Universitario (CSU), que desde meses atrás ha querido entorpecer el proceso por las elecciones de un nuevo secretariado y buscan colocar en el poder grupos afines que les faciliten y otorguen conveniencias para poder seguir lucrando con el pueblo y el estudiantado, como hasta ahora lo han hecho con los sicarios que tienen retenida la histórica herramienta del estudiante universitario.

Los medios se aglutinaron y buscaban el mejor ángulo cuando los rostros burlesco de la “nueva política o UsacEsPueblo” –más bien espectáculo y ego–, manipulados por las autoridades, tomaron espacio frente a cámaras de manera impertinente e iniciaron un discurso que lejos de ser necesario terminó siendo un discurso vago y vacío que dejaba mucho que desear por quienes esperábamos escuchar una verdadera oposición y denuncia en contra de la actual Comisión Transitoria de la AEU y el CSU del cual han obtenido los gánsteres los privilegios y la impunidad para operar como grupo de choque contra la masa y contra los movimientos estudiantiles de vanguardia. Y junto con lo anterior también aparecieron las imágenes desgastadas para quienes seguimos el proceso de democratización, de los actuales integrantes de la única planilla que es asesorada por los jefes de campaña del partido de gobierno y por la ansiedad del poder (#RetoAEU); constantemente hacen apariciones en donde promueven el nombre de Reto AEU como propaganda para una planilla que cada vez posee más grietas y se aleja de los intereses estudiantiles, siendo, a falta de ideología, marionetas financiadas por los partidos de la derecha.

Así fue la intervención de los oportunistas y caricaturizados “rostros de la nueva pero reciclada vieja política” (UsacEsPueblo), grupo que sirve como recambio de la misma administración (CSU) para que cambie todo en la superficie pero no cambie nada en el fondo y así mantener domesticado al movimiento estudiantil. En el otro lado el grupo desgastado y apoyado por un partido de la derecha militar, integrado por la descomposición personificada en los que vendieron y se encargaron de distorsionar y posteriormente corromper la lucha de Estudiantes Por la Autonomía (EPA), por media docena de inútiles puestos de trabajo. Como si esto no fuera suficiente en escena aparece un oportunista más, un supuesto estudiante de Ciencias Políticas que se auto humilló frente a cámaras luego de generar amenazas a los compañeros presentes y dar una entrevista ridícula y absurda en donde aseguraba que grupos insurgentes querían tomar el movimiento estudiantil, queriéndose disfrazar en una imagen de víctima quien fue retirado tras una combinación entre abucheos y gritos de los presentes hacia su intervención prepotente y ajena a la verdadera convocaría con el fin de informar a favor de unas elecciones verdaderamente democráticas.

Después de concluir la actividad pude evidenciar las ansias de poder que recorren a diversos sectores, de esa manera manejan un doble discurso que manipula a la población estudiantil que se mantiene por alguna u otra razón desinformada y es manipulada por grupos nefastos títeres de las personas que han jugado un papel infame en la USAC y que bajo intereses político-económicos utilizan a una población estudiantil despolitizada, vaciada de criterio propio y de una postura ideológica auténticamente ligada al interés de las mayorías; falsos líderes que buscan encumbrase por medio de cargos que sin la integración de la masa estudiantil en la problemática tanto universitaria como nacional, son cargos de papel nada más.

Por ello se hace evidente la necesidad de plantear al estudiantado sancarlista una alternativa auténticamente democrática, que no esté vinculada a ninguno de los nefastos intereses que han manipulado la Universidad de San Carlos por décadas. Decimos un rotundo no a la injerencia del Consejo Superior Universitario en los asuntos estudiantiles, así como rechazamos la influencia de partidos políticos de derecha. Una verdadera alternativa democrática debe vincularse a las bases estudiantiles por medio de asambleas participativas, donde el estudiante pueda expresarse y decidir. La única posibilidad de recuperar la AEU de forma sostenible es generar un amplio movimiento en base a un programa de trabajo que incluya respuestas a todos los acuciantes problemas que enfrenta el estudiantado de la Usac.   


Por Armando Tezucún

La política de combate a la corrupción, impulsada por Estados Unidos como parte fundamental del Plan Alianza Para la Prosperidad, se encuentra en una coyuntura compleja, pues los diversos sectores que han sido afectados por la misma, se muestran cada vez más decididos a impedir que los cambios continúen avanzando.

El bando de las fuerzas que buscan las reformas al sistema político y de justicia, es encabezado por el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la jefa del Ministerio Público (MP), la fiscal general Thelma Aldana; a ellos se suman otros funcionarios como el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y el Procurador de los Derechos Humanos, y los respaldan una serie de organizaciones de la “sociedad civil”, ongs de derechos humanos, algunos medios escritos y digitales, grupos de centro izquierda y hasta organizaciones populares sin una visión clara sobre el tema. Todos ellos bajo el ala protectora del embajador de los Estados Unidos Todd Robinson.

En el otro bando se encuentran actores que se plantean bloquear las reformas a la Constitución y otras leyes, restaurar o proteger privilegios que han servido para el enriquecimiento ilícito a costa de las arcas del Estado, impedir el avance de los procesos contra funcionarios enjuiciados por corrupción, etc. Aquí encontramos a la bancada del partido oficial Frente de Convergencia Nacional, y sus bancadas aliadas, la empresa que controla la televisión abierta, grupos de empresarios, los exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota encarcelados, la Fundación Contra el Terrorismo, y otras fuerzas de extrema derecha.

Y es que las acciones contra la corrupción han tocado intereses que antes parecían intocables. Casi una treintena de diputados se encuentran acusados y bajo solicitud de antejuicio. Otros más, exdiputados, exalcaldes o alcaldes, han sido alcanzados por la campaña de la CICIG y el MP. La mayor parte de los altos funcionarios del gobierno patriota, jueces, magistrados, empresarios y ejecutivos bancarios han sido acusados y la mayoría guardan prisión preventiva. La mano derecha del presidente Morales y pieza clave en del FCN en el Congreso, Edgar Ovalle, se encuentra prófugo al habérsele levantado el derecho de antejuicio por su participación en masacres durante el conflicto armado interno. El hermano y el hijo de Morales estuvieron en prisión y están bajo acusación de haber participado en una red ilícita en el Registro Nacional de las Personas.

A pesar de que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos (ambos partidos) han manifestado explícitamente su apoyo a los funcionarios de la CICIG y el MP, y obviamente al embajador Robinson, las fuerzas conservadoras han implementado acciones en contra de éstos: campañas de desprestigio en las redes sociales, viajes a Estados Unidos de representaciones que tratan de hacer lobby contra Aldana y Velásquez. La acción más reciente fue la carta que envió el colaborador presidencial en el tema de migrantes en Estados Unidos, Marvin Mérida, al senador republicano Michael Lee, acusando al embajador Robinson de intervenir en los asuntos internos de Guatemala. A pesar de que el presidente Morales se había referido a Mérida como “su amigo”, tanto él como la cancillería negaron su participación en la carta, y el funcionario fue destituido.

En este caso, como en otros, el presidente, así como el empresariado guatemalteco, ha actuado con doble cara, manifestando su apoyo al MP y la CICIG, pero maniobrando bajo la mesa para buscar su desprestigio y destitución. Esto ha sido claro en el tema de las reformas constitucionales al sector justicia, presentado por las instituciones arriba mencionadas y la Procuraduría de los Derechos Humanos, mediante un proceso de diálogo abierto que duró varios meses, con el aval de los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, ha sido la bancada del partido del presidente, el FCN, y sus aliados, quienes más se han opuesto a los puntos más significativos de las reformas.

El Partido Socialista Centroamericano rechaza totalmente la injerencia del imperialismo estadounidense en Guatemala, que ahora busca reformar el funcionamiento del Estado para su propio beneficio, utilizando instancias como el MP y la CICIG. Sostenemos que el combate a la corrupción, inherente al Estado burgués, debe ser liderado por las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares, sin ninguna intervención del empresariado ni sus representantes. Los funcionarios corruptos deben ser extirpados de las instituciones, y el Estado debe ser completamente trasformado mediante una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos, en beneficio de las mayorías oprimidas y explotadas.

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