Por Leonardo Ixim

En las últimas dos semanas se han dado movilizaciones de sindicatos de trabajadores. Primero fueron el Sindicato de Empleados del San Juan de Dios y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), y el pasado viernes dos de febrero por el Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala, contra la aprobación del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, recién aprobado por el Congreso de la República

En el primer caso, se ha cuestionado a la ministra de salud Lucrecia Hernández con respecto a bonos incumplidos, una cantidad considerable de despedidos y el eterno problema del desabastecimiento en los hospitales de primer piso. El SNTSG anunció que las autoridades de salud han incumplido el Pacto Colectivo; esto dentro de una ofensiva impulsada por los sectores empresariales que sostienen que la crisis financiera del Estado es culpa de los trabajadores y por ende habrá que eliminar los pactos laborales entre los sindicatos del Estado y las autoridades institucionales.

Esta ofensiva ha aprovechado algunas canonjías existentes en los pactos colectivos, en este caso con los del SNTSG sobre viáticos a los dirigentes, que desde nuestro punto de vista, si no son regulados por las bases sindicales, genera dependencia y favores de los jerarcas estatales.

Las movilizaciones, en el caso del SNTSG fueron numerosas, realizando bloqueos en distintos puntos del país, mientras que las del Sindicato del Hospital del San Juan de Dios fueron menos numerosas, pero se centraron en presionar en sus instalaciones a las autoridades de salud. En el primer caso los líderes del SNTSG primero pedían no reunirse solo con Hernández, sino con el presidente, algo que se dio una semana después de la reunión con la ministra; mientras que con el segundo sindicato se instaló también otra mesa de diálogo.

Lamentables fueron las declaraciones de uno de los líderes del SNTSG, Luis Alpírez, ante la postura gubernamental demagógica de señalar como causa del desorden administrativo en el sistema de salud la existencia de muchos sindicatos; Alpírez adujo que ellos por ser los mayoritarios, son los únicos con quienes debería negociar. Lo cual demuestra su sectarismo, además que eso es relativo, porque el otro sindicato mencionado, pese a ser menos numeroso en cuanto su afiliación, coordina con una diversidad de sindicatos del interior del país.

Por otro lado, ante los señalamientos por la PGN sobre la capacidad financiera de las instituciones para acuerpar reivindicaciones laborales de los empleados y la capacidad de los sindicatos de discutir decisiones internas administrativas y políticas, estos puntos deben ser discutidos por los empleados. Debe haber un rotundo rechazo a sacrificar la nivelación laboral conformada por un salario básico, más las bonificaciones necesarias, y readecuar la capacidad financiera a partir de priorizar los ingresos vía impuestos al gran capital.

El gobierno anunció la incorporación de 30 mil empleados a plazas presupuestadas 011; sin embargo, la ministra declaró contradictoriamente que si bien se realizaría esto, se priorizaría según la capacidad financiera del ministerio. Tanto los sindicatos como la misma Procuradora de los Derechos Humanos han denunciado que el desabastecimiento en los hospitales sigue siendo deficiente, esto ante las declaraciones de los jerarcas del ministerio, mencionando que está en un 86 %.

Las prioridades de la cartera según Mack son priorizar la atención primaria, es decir los centros y puestos de salud, en línea con la medicina preventiva. Lo cual coincide con las propuestas elaboradas por el SEHSJD. Sin embargo, no se puede desatender los grandes hospitales de primer nivel, ante lo cual las autoridades siguen mostrando incapacidad para abastecerlos.

Como mencionamos el Movimiento Sindical Autónomo, conformado por las centrales sindicales CUSG, CGTG, MTC y UNSITRAGUA, manifestó contra la aprobación del convenio 175 de la OIT en las afueras del Ministerio de Trabajo, exigiendo que los jerarcas del ministerio, iniciando por la ministra de trabajo Aura Leticia Teleguario los atendiera. Los sindicalistas, entre otras demandas como incumplimiento de pactos colectivos en varias municipalidades, despidos en éstas y en empresas privadas, etc., pedían que Teleguario intercediera con el presidente Morales para que vetara el convenio de la OIT en mención. Al final fueron atendidos por la viceministra Mina Griselda Gonzales y un séquito de funcionarios.

Es vital que los sindicatos públicos y privados unan sus fuerzas, para exigir el cumplimiento de los pactos colectivos, el cese a los despidos en instituciones públicas y empresas, así como realizar movilizaciones para exigir el gobierno que no apruebe este nocivo convenio para la clase trabajadora.

Por Armado Tezucún

La idea de dotar a Puerto Quetzal, uno de los más importantes puertos del país, de nuevas instalaciones que permitan la descarga y manejo de contenedores transportados por barcos de mayor calado que los que están en capacidad de recibir sus actuales instalaciones, en sí misma implica un importante avance. Sin embargo, debido a la corrupción arraigada en los gobiernos burgueses, su implementación nació torcida, y hasta la fecha diversos actores tratan de impulsarla mediante subterfugios legales.

En 11 de julio de 2012 el gobierno de Otto Pérez Molina firmó un contrato de usufructo con el grupo español Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), y su recién creada Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), eludiendo el requisito legal de efectuar una licitación pública y escondiendo que en los hechos se trataba de una concesión totalmente desventajosa para el Estado. A pesar de la oposición de los sindicatos de Puerto Quetzal, la empresa española inició las obras de construcción de la TCQ, al haber recibido los terrenos de parte del gobierno en 2013.

En abril de 2016, la Cicig y el Ministerio Público dieron a conocer que desde los primeros meses de 2012, agentes del gobierno y de TCB negociaron una comisión por US$ 30 millones para que las gestiones para el contrato fluyeran sin dificultad; US$ 24 millones se hicieron efectivos de esta comisión, recibiendo su parte el ex binomio presidencial Pérez Molina – Baldetti.

En 2015, en base a un análisis de la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación solicitó declarar nulo o lesivo el contrato con TCQ, pero el caso aún se encuentra en trámites en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo cual sigue vigente. El caso se complicó aún más porque TCQ vendió su proyecto en Puerto Quetzal al gigantesco grupo danés Maersk, a través de su filial APM Terminals, y el Banco Mundial dio un préstamo millonario para la construcción de la terminal y además invirtió US$ 7.7 millones en TCQ. Representantes de Maersk visitaron el país y acordaron con el gobierno pagar una multa de US$ 43.2 millones al Estado, como parte de las condiciones para poder operar.

Los trabajos en TCQ están prácticamente finalizados y la empresa está lista para iniciar operaciones. El presidente Morales y el empresariado están dispuestos a proceder con la concesión cueste lo que cueste. El 3 de noviembre de 2016 el Ejecutivo presentó al Congreso una iniciativa para otorgar la concesión de TCQ por 21 años. Sin embargo, el Congreso no la aprobó en el plazo previsto y la nueva Comisión de Finanzas no contempla dentro de sus prioridades el análisis del caso TCQ.

Los interesados en la concesión encontraron un atajo para lograrla. El Congreso tenía un plazo de 40 días para aprobar la concesión, que venció el 29 de diciembre. Según la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfin, ahora la decisión quedaría en manos de las autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). Ésta decidió que la terminal puede iniciar operaciones media vez obtenga los permisos requeridos. TCQ consiguió un acuerdo con la municipalidad del Puerto de San José para obtener un permiso de licencia de construcción, a pagar en un plazo de 20 años y por una cantidad menor a la requerida inicialmente. Otros permisos necesarios son el del Ministerio de Comunicaciones y de la Superintendencia de Administración Tributaria, además de un reglamento de operaciones. De esta manera, la EPQ y la TCQ estarían evadiendo la autorización del Congreso para poder operar.

Mientras, la Contraloría General de Cuentas manifestó su oposición a la entrada en operaciones de TCQ, pues sostiene que primero tiene que ser anulado el contrato firmado por el gobierno de Pérez Molina y luego se tiene que convocar a una licitación internacional, como manda la ley. La titular de la PGN sostiene que la concesión a TCQ es la única opción posible pues no se puede hacer una licitación mientras esté vigente el contrato anterior. Como telón de fondo, el interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, se ha lamentado una y otra vez de que la situación económica de la empresa es insostenible, que ha estado ocho meses sin ingresos porque no puede operar ni obtiene fondos del Estado, que en diciembre tenía que pagar US$ 4 millones a los bancos y no pudo hacerlo y que en consecuencia urge que inicie sus operaciones (La Hora 31/01/17).

Nuestra postura es que TCQ debe pasar a manos del Estado, para frenar, de una vez por todas, los manejos corruptos que se han dado desde 2012, y que sea administrada por los trabajadores de la portuaria. Apoyamos a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal, el único de los sindicatos que ha estado denunciando las artimañas utilizadas para permitir la operación a manos privadas de TCQ.

Por Rubén Mazariegos

El pasado sábado 14 de enero se cumplió un año de gestión del trasmutado de cómico a presidente; el de pocas luces, somero juicio y disminuida razón Jimmy Morales Cabrera. Como todos los años, al cumplirse otro ciclo del poder ejecutivo se debe presentar el informe de gestión a la nación, la cual está constituida bajo los cánones del poder burgués parlamentario y sus tribunos, el congreso de la república. Solo en una república donde el llanto se trasforma en risa, un infame payaso le entrega cuentas a la casta de ratas que en ese tugurisoso laberinto hacen de las suyas, defendiendo sus privilegios antiquísimos de clase, cual sirvientes para con su amo.

Ya los medios masivos de difusión del pensamiento burgués y ejecutores de la línea política de la clase dominante, se han apresurado a cortarle las piernas y destruir cualquier defensa estúpida que haya sido usada por “payasito” para poder hacer de una gestión en todo caso mentecata –como él–, una maravilla, que como dijeran entre líneas los arlequines que se sentaron antes que él en la guayaba, representando la figura vaciada de todo poder, que es la presidencia de la república: espesamos, esta vez sí, a sacar a Guatemala del hoyo en que la burguesía oligárquica y las fracciones emergentes (los nuevos ricos) la han enterrado.

En un país que goza de una infraestructura moderna, con los más altos artilugios y avances de la ciencia, el arte y el eclecticismo burgués se hace manifiesta la lucha de clases irreparable y a muerte en que la clase burguesa, sus sirvientes y perros someten a las clases explotadas para evitar un desenlace desfavorable o simplemente para mantener el orden burgués, que no es otra cosa que un desorden controlado. Solo en el centro oligárquico más afianzado en el istmo centroamericano, donde se encuentran cada año con que los grandes bancos, los enclaves industriales y los territorios despojados a la población campesina y cedidos de manera abusiva por los bufones a las trasnacionales de este y aquella metrópoli capitalista, reportan sin cesar ganancias estratosféricas que son puestas rápidamente en paraísos fiscales o en el siguiente giro multimillonario hacia un banco europeo.

Desde luego que ver a un cómico a cabeza del ejecutivo es ver la incapacidad que ha tenido la libre concurrencia burguesa y la ejecución de su interés para con su visión de país, que no es otra que la destrucción del ambiente y el embargo de la mano de obra. Desde siempre hemos pensado que la oligarquía en Guatemala responde a los cánones de una burguesía oscurantista que en lugar de profundizar la industrialización de la economía se conforma con tener medio puñado de empresas que le producen ganancias pero no le aseguran un bienestar de frente a ricos mejor posicionados, como es el caso de los mexicanos dueños de la matriz eléctrica y telefónica. Una oligarquía incapaz que solo puede ver en el campo las relaciones de producción y las técnicas más rudimentarias, sin pensar en el agotamiento que genera el monocultivo extensivo y la degradación general que crece entre los jornaleros y los obreros rurales que viven al destajo.

Solo emanado de una oligarquía impotente, que basa sus negocios en la explotación rapaz, en la poca inversión para restituir y tecnificar la industria puede producirse tal chiste, chiste malo y de un cinismo sin precedentes. Poner a un cónico en el centro del reino de Guatemala, es como el señor feudal que en su locura y miedo ante el apogeo del descontento masivo que se coloca frente a él, pone al bufón para distraer el enojo y volverlo otro acto circense, lo único que separa la utopía reaccionaria feudal al gimoteo de la oligarquía y de los operadores políticos de los nuevos ricos, maquileros, exportadores y otros explotadores, es que esta vez los chistes caen en saco roto y hace aquella vieja ecuación de pan y circo imposible en un país con un abrumador 52% de pobreza y la mitad de ese número muerto, en los oídos de los panaceas y demás discursivos intentos de la derecha para impedir un sobre salto, que no logre esta vez ser controlado por embajadores y súper comisionados.

Jimi Moralejas es en todo caso una burla al proyecto que hace más de cien años establecieran las fracciones del liberalismo radical cachureco y que cada día se derrumba a lo interno de las corrientes del partido más antiguo que posee Guatemala, el ejército de Guatemala. El pueblo debe se descubrir al enemigo en los ricos de toda índole, ya que en este país solo a través de la rapiña se ha logrado acaparar riquezas, debe entonces también desconfiar y ver en los politicastros y demás diputados un enemigo a batir, y no caer más en el mal menor de creer en sueños en la época de las pesadillas. Es necesario empezar a despertar.

Por Armando Tezucún

El decepcionante gobierno de Jimmy Morales finalizó el año pasado decretando un aumento a los salarios mínimos que ni siquiera alcanzará para cubrir la inflación en los precios de los alimentos. Al igual que en años pasados, los representantes sindicales y patronales no llegaron a acuerdos en el seno de la Comisión Nacional del Salario; la burguesía propuso no aumentar el salario mínimo, aduciendo la situación de desaceleración de la economía, mientras que los delegados de los trabajadores exigieron aumento hasta del 58%. Por ello nuevamente el gobierno tomó en sus manos la decisión, publicada el 30 de diciembre mediante el acuerdo gubernativo 288-2016.

Los incrementos decretados fueron del 6.14% para actividades agrícolas y no agrícolas, y del 6.12% para actividades de maquila y exportación. Esto significa que los trabajadores recibirán Q 2,893.21 y Q 2,667.52 al mes respectivamente. En ambos casos el aumento no llega ni a los Q 200.00.

Si la idea que está detrás de la fijación de un sueldo mínimo es garantizar que los trabajadores reciban un ingreso que permita cubrir sus necesidades básicas, entonces es un enorme fraude, como todas las buenas intenciones de mejorar la situación del pueblo dentro del marco del sistema de explotación capitalista. En primer lugar porque año tras año la burguesía se empeña en que el salario mínimo aumente lo menos posible, dando como resultado salarios que están muy lejos de cubrir los incrementos anuales en los artículos básicos que necesitan los trabajadores. En segundo lugar, media vez los gobiernos burgueses han fijado salarios mínimos bajísimos, éstos se convierten en los salarios máximos que pagan los capitalistas, alegando que están dentro del marco permitido por la ley. En tercer lugar, a una gran parte de los voraces empresarios los salarios mínimos de ley les valen madre y pagan a sus trabajadores lo que les da la gana; esto sucede sobre todo en las empresas agrícolas, en las maquilas, comercio y en el trabajo doméstico, mientras el Ministerio de Trabajo se hace de la vista gorda.

Basta que comparemos cifras. En diciembre del año pasado, el costo de la Canasta Básica de Alimentos para una familia promedio de cinco miembros cerró en Q 3, 958.80 mensuales, con un incremento de Q 369.00 con respecto a la de 2015. La Canasta Básica Vital (que es el gasto real de las familias, pues incluye vivienda, educación, salud, servicios básicos, transporte, vestuario, etc.), alcanzó los Q 7,224.09, Q 673.36 más que en diciembre de 2015 (El Periódico 10/01/2017). Evidentemente es imposible que con los sueldos mínimos decretados los trabajadores puedan cubrir siquiera los gastos de alimentación de sus familias; evidentemente esto significa pobreza, miseria, deterioro del nivel de vida; evidentemente esta es una patada en el rostro macroeconómico del gobierno, que se llena la boca diciendo que la inflación cerró en 4.23%, manteniéndose en el rango esperado de entre el 3 y 5 % (Idem).

El Congreso ratificó el Convenio 175 de la OIT

El martes 17 de enero, 102 diputados del Congreso de la República aprobaron un decreto que ratifica el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual permite contratar trabajadores a tiempo parcial. Al parecer la presentación de esta iniciativa ante el pleno fue una maniobra producto de los acuerdos entre las bancadas que componen la nueva Junta Directiva, cuando negociaron el reparto de las comisiones de trabajo del legislativo.

La ratificación del Convenio 175 ha sido impulsada durante largo tiempo por los empresarios, pues en teoría permite la contratación a tiempo parcial de personal como amas de casa, estudiantes y adultos mayores, manteniendo los derechos laborales y prestaciones. Pero en la práctica a lo que conduce es a la precarización del trabajo y a la pérdida de derechos como el pago de aguinaldo, Bono 14, seguridad social, vacaciones, indemnización por tiempo de servicio; en el caso de las compañeras trabajadoras, perderán el derecho al descanso pre y post natal. Más grave aún, conduce a la pérdida de los derechos a sindicalización, negociación colectiva y huelga, las armas con las que los trabajadores se defienden de la explotación de los empresarios. Este convenio contradice una serie de artículos del Código del Trabajo, la Constitución de la República y de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU.

Iniciando el año, las y los trabajadores tenemos dos importantes tareas: exigir aumentos de salarios verdaderamente dignos y defender nuestros derechos laborales a punto de ser barridos por el Convenio 175. Llamamos a las organizaciones sindicales, a los partidos y grupos de izquierda y al resto de organizaciones populares a formar un frente unido por la defensa de los derechos laborales.