Por Leonardo Ixim
El gobierno de Jimmy Morales se ha caracterizado por la indecisión sobre distintos temas, renuncia de funcionarios, reflejo de los distintos actores que influyen en el gobierno, el creciente autoritarismo que esconde su incapacidad, los señalamientos en algunos casos de corrupción, nepotismo y una tensa relación con la junta directiva del Congreso de la República, la cual pareciera que va a mejorar.
Reflejo de los resultados electorales, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) logró 32 diputados, mientras que el partido de gobierno Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) logró tan solo 11 curules. Otros partidos como LIDER y el PP lograron 45 el primero y 18 el segundo, mientras que Todos logró 18 también y Encuentro por Guatemala (EG) sorpresivamente 7 curules. De tal forma que la UNE negoció con los distintos grupos de oposición y logró la presidir la junta directiva, con el veterano diputado Mario Taracena como presidente.
Primer año
Se reformó la ley orgánica del Congreso, prohibiendo en los primeros tres años de la legislatura -en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) también se hizo reformas semejantes- la renuncia a un partido; como fruto del transfuguismo, las bancadas de los partidos LIDER y el PP casi desaparecieron, quedando la primera con 4 diputados y la segunda con 3. Así, de la primera nació Alianza Ciudadana (AC) con 13 integrantes, de la segunda el Movimiento Reformador (MR), levantando la figura de un partido que perdió registro electoral en el pasado evento electoral y que fue fundado a inicios de la década pasada por el empresario Jorge Briz, siendo parte del gobierno de la Gran Alianza Nacional. El FCN-Nación, por ese mismo transfuguismo, aumentó su bancada a 37 diputados.
El partido de gobierno creció por medio del transfuguismo de la decadencia de PP y LIDER; pese a esto la UNE mantiene una alianza con Todos, EG y otros partidos menores, que le ha permitido cohesionar por un año el control en el Congreso. Durante este tiempo las relaciones con el ejecutivo fueron en algunas veces tirantes y en otras lograron algún entendimiento, por ejemplo, en la aprobación de leyes marcadamente neoliberales como la de Conservación del Empleo para favorecer las exenciones fiscales a empresas. Mientras otras leyes de carácter social, que las bancadas mayoritarias se comprometen a apoyar, como la de desarrollo rural o los diversos ante-proyectos sobre el manejo del recurso hídrico, siguen durmiendo.
Además, consensuan otras como la reforma a la LEPP, aunque la alteridad y paridad de mujeres y pueblos indígenas en la postulación no pasaron. Otras como la ley orgánica del Ministerio Público en función de buscar la tan ansiada independencia de poderes, como parte de la agenda impulsada por la embajada gringa, fueron aprobadas.
Así es que Taracena, junto al núcleo duro de diputados de la UNE -con un pasado de militancia de izquierda- como Carlos Barreda y Orlando Blanco, entre algunos, se mostraron en todo momento como los mejores operadores de las reformas que promueven la CICIG y Washington, con la vista de modernizar el Estado oligárquico actual. Esta estrategia estadunidense está en función de promover reformas en algunas instituciones para que sean más operativas y se controle mejor la corrupción, de tal forma que tanto el embajador Todd Robison como el comisionado de la CICIG Iván Velázquez, se convierten en figuras que generan opinión pública; esta estrategia se traduce, además, en influencia en puestos del gobierno central y del Estado.
El gobierno toma el Congreso
Tal como establece la ley orgánica de este órgano del Estado, cada año se debe renovar la junta directiva, así el FCN-Nación en alianza con otros grupos de derecha como el Creo, Partido de Avanzada Nacional, Partido Unionista del sempiterno alcalde de la capital representado por su hijo, Unión del Cambio Nacional, LIDER, PP, los bancadas tránsfugas MR y AC las cuales no son partidos registrados, así como Todos -que rompió con la UNE- intentan primero promover al diputado electo por el PP y luego del MR Oliverio García Rodas; un personaje oscuro ligado al narcotráfico que no logra tomar la presidencia del legislativo, en parte por su mala imagen. Posteriormente con los votos a su favor lograron imponer una nueva junta directiva dirigida por Oscar Chinchilla del partido Creo, quien fuera titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el gobierno pro-oligárquico de Oscar Berger (Prensa Latina 8/11/16)
Esta nueva junta directiva a su vez, estará conformada por Felipe Alejos del partido Todos como primer secretario, Eduardo Ramiro del FCN-Nación como segundo secretario, tercer vicepresidente Marvin Orellana un tránsfuga electo por Lider ahora de AC, Boris España en la primera secretaria electo por el PP y ahora del MR; segundo secretario Marco Pineda, quien desde que fue electo en la legislatura pasada ha saltado desde el PP, a LIDER y ahora con el FCN-Nación, tercer secretario José Valladares de Todos, Jaime Lucero de UCN cuarto secretario y como quinta secretaria y única mujer Aracely Chavarría otra tránsfuga electa por el PP y ahora con MR.
Como se ve, una composición en su mayoría de derecha y que representa los intereses más cercanos al programa neoliberal promovido por la oligarquía. El hecho fundamental es que tanto la presidencia de Taracena como la que ejercerá Chinchilla, responde a estos intereses que se plasman en el Katún 2032, la Agenda Nacional de Competitividad y la Alianza Para la Prosperidad impulsada por Estados Unidos. De ahí que la izquierda minoritaria sin peso, mas allá de proponer algunos ante-proyectos e impulsar acciones de fiscalización y apoyo a comunidades rurales y organizaciones populares, haya dado sus votos a Taracena y ahora a Chinchilla, aduciendo que serán aislados de recursos para tales actividades. Recordemos que esta planilla además tiene vínculos cercanos con estructuras del crimen organizado y de los grupos fácticos.
La UNE por su parte, anunció acciones legales por el evidente intervencionismo de otro poder del Estado, es decir el ejecutivo, en la conformación de la planilla ganadora, que valga la pena decir fue la única, pues la de Taracena se retiró al no contar con los votos necesarios.
Pendientes y reacomodos
Sin duda entre los pendientes que se busca aprobar aun este año, está el presupuesto 2017 y la ley de competencia, la cual implica un debate particular; aquí trataremos brevemente dos elementos ya discutidos en nuestras páginas: la aprobación de reformas constitucionales en materia de justicia, la cual requiere 105 votos para su aprobación y resolver el contrato de TCQ en Puerto Quetzal.
El tema de las reformas constitucionales, que al ser aprobadas por el congreso tendrían que consultadas a la población en un plebiscito, es parte de las políticas promovidas por Estados Unidos para reformar el Estado. Éstas han generado fuertes cuestionamientos sobre: la creación de un Consejo de la Carrera Judicial, la eliminación del antejuicio a los diputados y la jurisdicción indígena.
En el caso del antejuicio, sabemos que esa es una figura dentro del Estado de Derecho que data de las revoluciones burguesas, para preservar la integridad de funcionarios electos ante el poder despótico. En este pais se ha vuelto una forma de mantener privilegios y fomentar la corrupción; si bien esto no puede mantenerse como garantía de impunidad, eliminarlo totalmente beneficiaria a los grupos de poder real cuando existieran diputados con algún programa democrático.
Sobre la jurisdicción indígena, esta es una práctica existente previa a la conformación del Estado; con esta reforma se pretende introducirla al ordenamiento legal -pese a existir resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que la reconocen- para darle un manto de legitimidad. Consideramos que eso es un reconocimiento y que los sectores conservadores tienen miedo a perder privilegios, pero alertamos sobre las manipulaciones que puedan existir a estas formas propias jurídicas de los pueblos.
El Consejo de la Carrera Judicial también ha generado polémica. El debate versa en torno a que rompería la división de poderes, al entregarle al consejo la posibilidad de seleccionar magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y jueces de Cortes de Apelaciones, en sustitución de las manipulables Comisiones de Postulación. Pero lo cierto es que el Congreso seguirá eligiendo de las propuestas de este consejo, a personas vinculadas a los partidos políticos. Lo preocupante, más allá de toda esta cantaleta, es que los magistrados ante la CSJ durarán en su cargo 12 años y se formará un poder supuestamente autónomo, vinculado a los poderes económicos reales.
El caso TCQ es una concesión a una empresa holandesa a partir de un contrato espurio negociado en el defenestrado gobierno del patriota. La presión evidente de varios funcionarios, desde el presidente, partiendo por la procuradora de la nación, el interventor del puerto y el comisionado para la modernización de infraestructura, junto a los diputados de la bancada del FCN y de otros partidos, muestran los vínculos reales de éstos y del Estado mismo, con los intereses imperialistas, que pretenden apropiarse de este bien público.
Debemos prepararnos con movilizaciones, contra una embestida contra los derechos de la clase trabajadora y los pueblos el próximo año, ahora que los sectores más pro-oligárquicos controlando el ejecutivo, el legislativo, la Corte de Constitucionalidad, la CSJ -con la elección de la nueva magistrada presidente Silvia Valdez- pretenden imponer su programa neoliberal, con Washington como árbitro de disputas intra-burguesas.
