Por Leonardo Ixim

Los planes imperialistas están echados sobre la mesa, ahora le falta a los gobiernos lacayos de México y el Triángulo Norte sin excepción, implementarlos. Con la visita de ex militar John Kelly, a cargo de la Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos la semana pasada a Guatemala, esto quedó claro.

Esto como un componente en la estrategia de la nueva administración republicana, para hacer frente a la crisis mundial capitalista que ya está pasándole factura a los Estados Unidos. Bajo un discurso demagógico, anunciando proteccionismo económico y de racismo hacia los migrantes procedentes de países latinoamericanos y los de mayoría islámica, pretende reposicionarse en el que considera su patio trasero. Y para esto cuenta con la mayoría republicana en el Congreso, que parecía harían frente al advenedizo Trump, pero que por el momento coinciden en su estrategia.

Kelly vino a Guatemala, mientras que el secretario de Estado Rex Tillerson visitaba México, a confirmar “la disposición” de las autoridades guatemaltecas para combatir el narcotráfico y generar diques en la frontera sur, donde Guatemala es estratégica para detener el flujo de migrantes.

Esto mientras se anunció una reunión de presidentes del Triángulo Norte para los próximos días en la ciudad de Miami con el vice presidente gringo Mike Pence, con la presencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, para apuntalar el programa de Alianza para la Prosperidad de US$ 750 millones para la región, de los cuales serán ejecutados por la Usaid (El Periódico 02/03/17). Pero a la par de esto, garantizar un clima de inversiones seguras en las denominadas “energías limpias” que incluye hidroeléctricas, proyectos eólicos y fotovoltaicos.

El puesto de Kelly no es por nada, pues este marino, quien en su carrera militar llegó a ser almirante con las tropas invasoras gringas en Irak, tiene experiencia en cabildeo político en el congreso de ese país. Además de comandar en el gobierno de Obama el Comando Sur desde donde se proyectó la política de combate a la corrupción a los Estados chambones como los de Centroamérica, intentos de eliminar las causas de la migración y de derechos humanos para cercar al malogrado chavismo y al gobierno de Cuba.

Así, el demagogo Trump continúa con la política de zanahoria y garrote de Obama mientras arrecia la persecución de migrantes, anunciando el uso de la Guardia Nacional en tareas de represión en puntos alejados de la frontera sur de ese país. Se amplió además la cantidad de causales de deportación, de las directrices de Obama que reducían a delitos graves, agregándose ahora el hecho de parecer sospechoso y delitos menores como conducir ebrio (La Hora 22/02/17).

Pese a los intentos de Kelly por calmar los temores de una expulsión masiva, lo cierto es desde que asumió Trump, se ha deportado a 3,756 personas - 3,331 hombres, 402 mujeres y 23 niños- mientras que en último año de Obama fueron 3,201 guatemaltecos (Prensa Libre 27/02/17), además de los otros centroamericanos y de otras nacionalidades, donde el gobierno mexicano hace el trabajo sucio al sur del Río Bravo.

De tal forma que la zanahoria se realiza con los anuncios y apoyos a la Cicig, a las fiscalías generales de El Salvador, Guatemala y Honduras, a la Machi de este último pais, reuniones de los fiscales con congresistas de ambos partidos, programas de inversiones como el Fomilenio en El Salvador y se sondea –en lo cual la reunión de Miami será clave- fortalecer la lucha antinarcótica, una reactualización del programa Carsi.

Previo a la visita de Kelly, los jefes de los estados mayores de EU y México se reunieron en secreto en Tapachula, acordando apoyos hacia el ejército mexicano para fortalecer la militarización de la frontera sur mexicana. Así llega Kelly, quien se reúne con el ministro de gobernación Francisco Rivas, con el presidente Morales y el vice Cabrera, donde se respalda la decisión de que el ejército guatemalteco deje los patrullajes conjuntos con la policía y se concentre en las fronteras.

Esto cae como una bomba a la contrainsurgencia expresada en la Juntita y la inteligencia militar, quienes azuzan a Morales sobre los supuestos rumores de golpe de Estado, a la par que se arrecian hechos de terror contra la población civil bajo el supuesto, real o no, de que son las pandillas y una variedad de mensajes en redes sociales, ambos tipo operaciones psicológicas militares. Manteniendo la brecha entre la extrema derecha militarista y la oligarquía, que se oponen a las reformas constitucionales, y el Estado gringo quien las apoya, agregándose el tema de los patrullajes.

Por Armando Tezucún

El sindicato estatal mayoritario de salud, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), adscrito al Frente Nacional de Lucha, interpuso una demanda ante el Juzgado Séptimo de Trabajo, contra el Ministerio de Salud, por incumplimiento del Pacto Colectivo. Éste fue firmado en agosto de 2013 y homologado por el Ministerio de Salud en diciembre de 2014.

Los aspectos que no han sido cumplidos se refieren a viáticos para los trabajadores; la unificación de bonos al salario base, en cuyo caso el Ministerio tiene una deuda de Q 400 millones por 16 meses con 25 mil trabajadores; traslado de trabajadores a reglones permanentes, pues el expresidente Pérez Molina se comprometió a otorgar 20 mil plazas permanentes, pero solo se han dado 3,800; la persecución contra líderes sindicales. Según Luis Alpírez, líder del SNTSG, “…si nos ponemos a resumir los artículos del pacto que no cumplen es básicamente todo el pacto. Lo que hemos logrado son avances a pura presión y pura lucha.” (La Hora 20/02/17).

La audiencia se realizó el 21 de febrero. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud (Mspas), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría Nacional de Cuentas (CGC) consideraron que era el momento oportuno para que el Estado se pronuncie sobre la legalidad del pacto, basados en que ciertas disposiciones contradicen la Constitución o el Código del Trabajo.

Ese día la Pgn y el Mspas solicitaron la nulidad de varios artículos del Pacto Colectivo con el SNTSG, por considerar que se incurrió en arbitrariedades y discrecionalidades que violentaron la ley, y solicitaron que el caso pase a un tribunal penal para deducir responsabilidades a los involucrados en la negociación del mismo. Las autoridades estatales sostuvieron que no se realizó un análisis técnico financiero sobre el impacto del pacto en el presupuesto del ministerio, ni se verificó su viabilidad de acuerdo al marco legal del país. Las partes del pacto impugnadas se refieren a los bonos e incentivos para trabajadores, bonos especiales y viáticos para comisiones al interior y exterior.

Los representantes del sindicato respondieron que no se puede pedir la nulidad del pacto porque al ser firmado y ratificado se tuvo el aval de dos ministerios. Alpírez sostuvo: “Ahí no está en discusión si el pacto es legal o no es legal, ahí la discusión es y la demanda es para que se cumpla. Si el gobierno quiere sudar calenturas ajenas que las agarren, pero nosotros ahorita estamos volteados a ver a los tribunales de trabajo y de justicia” (La Hora, Idem). El Juzgado programó una próxima audiencia para el 2 de mayo.

El 22 la ministra Hernández hizo un llamado a los dirigentes sindicales a renegociar el Pacto Colectivo y adecuarlo a la capacidad financiera del Mspas y a las condiciones legales existentes. En respuesta, el sindicato pidió al presidente Morales la destitución de la ministra, acusándola de tener un doble discurso, pues pide diálogo mientras solicita la nulidad del pacto.

El fondo del problema es la incapacidad del Estado para garantizar condiciones y salarios dignos a sus trabajadores. Incapacidad que se origina en las políticas neoliberales que han enflaquecido los recursos estatales y en la centenaria negativa de los sectores oligárquicos a pagar suficientes impuestos para que el Estado funcione de acuerdo a las necesidades de la población. No ignoramos que algunos aspectos del pacto colectivo, no solo en salud, sino en otras dependencias estatales, otorgan ventajas y privilegios difícilmente aceptables a algunos dirigentes. Pero el gobierno y la oligarquía toman esto como pretexto para atacar en general a los trabajadores estatales y hacerles pagar la crisis financiera del estado, recortando sus beneficios.

Un problema para los trabajadores de salud es la existencia de varios pactos colectivos, probablemente cada sindicato de salud tiene su propio pacto. La discusión actual gira en torno al pacto firmado con el SNTSG, el que tiene más afiliados, pero más allá de ello, estamos ante una ofensiva contra las conquistas de los trabajadores de salud y los trabajadores estatales en general. Lo correcto es la unificación de los pactos colectivos en uno solo que garantice las mejores ventajas para los trabajadores, saltando por encima de las divisiones y diferencias entre las dirigencias sindicales. Como expresaran los compañeros del Sindicato Nacional de Empleados del Hospital San Juan de Dios en un comunicado reciente: “….llamamos a todos los salubristas a defender la negociación colectiva…Rechazamos la intención de violación a la negociación colectiva pues vulnera la economía de todos los trabajadores salubristas y su familia. A los trabajadores les hacemos un llamado a la defensa de los derechos laborales, a la unidad y a la lucha…”

Por Leonardo Ixim

En un ambiente de zozobra tras las torpes declaraciones del presidente Morales sobre los “rumores de golpe de Estado” y las acciones violentas contra taxistas y choferes del transporte urbano del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, bajo una campaña de racismo contra las reformas constitucionales discutidas en el Congreso, la discusión sobre el tema sigue en ese órgano del Estado.

Como hemos escrito en otros artículos, estas reformas responden al interés del imperialismo estadunidense, junto a las preocupaciones de elementos de la sociedad civil, la institucionalidad del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la CICIG, por combatir la tradicional impunidad herencia de los gobiernos militares y la falta de independencia judicial.

Estas lacras por demás se han mantenido tras la apertura política de mediados de los 80s del siglo pasado y el diálogo-negociación con la insurgencia, por medio de las Comisiones de Postulación. En un primer momento estas se consideraban mecanismos donde la académica por medio de la Universidad de San Carlos y las universidades públicas, junto a los colegios de profesionales de abogados y de contadores y economistas respectivamente, proponen nóminas para la selección, de parte del Congreso de la República, para jefe del MP, jefe de la Contraloría General de Cuentas, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces de Cortes de Apelaciones y magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Este mecanismo que suponía imparcialidad y ética por la presencia de universidades y profesionales, no fue más que la coronación de un sistema corporativista que fue ocupado por los denominados poderes paralelos bajo la jerga liberal, pero que no son más que elites emergentes que se incorporan al bloque burgués, algunos bajo los negocios en el Estado, de procedencia burocrática y militar, junto al crimen organizado. Ellos disputan recursos de toda índole, en el ejercicio del poder con la oligarquía o la fracción burguesa históricamente dominante.

Es así que, la CICIG junto a algunos organismos de la sociedad civil, rastrean que para disminuir la impunidad y acotar el poder de estas elites emergentes y los núcleos de la oligarquía, es necesario reformar la manera en que se eligen a todos estos funcionarios.

El debate sobre la CICIG está muy alejado de lo que los partidos de izquierda de la región quisieron reflejar en el último evento del Foro de Sao Paulo, que si es o no un instrumento del imperialismo. Lo cierto es que es sus orígenes no fue así, pero al ser adscrito a la ONU la influencia de los gringos en este organismo y la coincidencia de las agendas, se volvió importante.

Los ajustes de cuentas

En esta ocasión le tocó al López Villatoro “el rey del tenis” un influyente abogado que logró controlar el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) desde el gobierno de Portillo, disminuyendo el tradicional control de las corporaciones oligárquicas, cuya influencia ha disminuido en los últimos años. Esto después de la luna de miel que alguna vez tuvo con la embajada gringa; ahora la CICIG ajusta las cuentas.

De igual forma se ha dado la persecución penal contra la ex magistrada de la CSJ Blanca Stalling, nombrada con la venia de otros operadores como el narcotraficante Gustavo Herrera y el ex director del IGSS en tiempo de Pérez el ex militar Juan de Dios Rodríguez, cercanos primero al PP y ahora al FCN-Nación. Los antejuicios contra otros jueces y magistrados como Douglas Charchal por el caso de TCQ, o los procesos que le siguen al hermano e hijo del presidente, temporalmente en libertad; todos estos son avisos de CICIG y Washington, para que estos grupos no se pasen de la raya.

Pese a esto, con el allanamiento de las oficinas de López Villatoro por parte del MP y CICIG, su planilla en las recientes elecciones del Colegio de Abogados, la uno, pasó a segunda vuelta en las elecciones para junta directiva, tribunal electoral y tribunal de honor junto al mafioso ex rector de la USAC, Estuardo Gálvez; junto a la planilla tres quien ganó la contienda, conformada por elementos cercanos a la juntita y al gobierno, en alianza con la mafia de abogados que controla la Facultad de Derecho de la USAC, del ex decano Avidán Ortiz.

La propuesta cocinada

El objetivo de las reformas constitucionales en materia de justicia es garantizar la independencia del Poder Judicial, algo relativo en el sistema capitalista y más aún en un modelo dependiente como el nuestro. Al inicio se pretendía modificar la forma de selección de jueces de apelaciones, jefe del MP, magistrados para la CSJ y la CC, por medio de un sistema cruzado de participación de los poderes del Estado y el fortalecimiento de la carrera judicial.

Se creaba un Consejo Nacional de Justicia cuya función era administrar los recursos del Organismo Judicial en función de separar lo administrativo con lo jurisdiccional, proponer nóminas para que las y los diputados nombraran estos puestos, así como que la designación de magistrados fuera por especialización.

Los magistrados de la CC serían electos por tres jueces de cada poder del Estado, de entre nóminas de los otros poderes. Se aumentaba a 9 años la duración de los magistrados tanto de la CC como de la CSJ, mientras que en la primera la elección de estos no se realizaría al mismo tiempo. Varias fuerzas conservadoras y sus partidos alegaron que se creaba un súper poder, el CANG, la USAC y las universidades privadas se mostraron en contra porque perdían influencia en la selección de candidatos para estos puestos.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que se presentó al pleno la semana pasada, modificó varios elementos, creando otra instancia , el Consejo de Administración Judicial, que en materia de manejo del presupuesto y funciones administrativas, asesorará a la CSJ, no tendrá independencia y siempre presentara una nómina al Congreso para que este elija jueces de apelaciones de entre miembros de la carrera judicial y magistrados para la CSJ, de forma mixta entre carrera judicial y abogados con experiencia penal.

Para la selección de fiscal general se mantiene una Comisión de Postulación siempre con la presencia del legislativo, la USAC y una universidad privada. Para la conformación de la CC, siempre estará conformada por un magistrado electo por el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, CANG, la USAC, agregándose un representante de una universidad privada con facultad de derecho de más de 25 años de existencia.

Más allá de los malabares que hacen las reformas constitucionales para evitar la corrupción y cooptación de cargos, el planteamiento que hacemos es que estos funcionarios sean electos democráticamente por votación directa de los ciudadanos. No hay sistema que evite más las lacras actuales ni que amplíe más la democracia de base.

El derecho indígena

Sin duda una novedad que despierta pasiones ideológicas a partir de las posiciones tradicionales ha sido la reforma del artículo 203 de la Constitución sobre el reconocimiento de la jurisdiccionalidad indígena. Ante eso el empresariado aglutinado en el CACIF, partidos de derecha, organismos como el fascistoide Movimiento Cívico Nacional, iniciaron una fuerte campaña argumentado que en caso realizarse la reforma, se rompería la unidad dentro del Poder Judicial, creando inseguridad. El MCN por su parte arremetió contra los diputados de izquierda de WINAQ, Convergencia, URNG y en menor medida la UNE, de querer dividir al país. Todo esto bajo la cantaleta del derecho liberal de que todos somos iguales y que reconocer diferencias genera desigualdad.

Como advertimos, la aprobación de este derecho es algo de carácter progresivo, aunque con limitantes en cuanto la incorporación a la legalidad burguesa. Derecho que es previo a la existencia del Estado, pero que en el fondo el temor de los sectores empresariales es que se cuestione la propiedad de la oligarquía sobre la tierra. Ésta, en una campaña claramente racista -al no reconocer la existencia de tales prácticas- se aprovecha de temores reales como a qué delitos se aplicará, cuál es su alcance, a quiénes se aplicaría, la existencia de prácticas clientelistas en las comunidades, el linchamiento que es una acción generalizada aduciendo que eso es la justicia maya en claro desconocimiento malintencionado, etc.

Pese a esa tenaz oposición este artículo se descoloró, agregando que solo será aplicado dentro de la comunidad, en temas relativos a la misma y aplicado a sus habitantes originales de forma voluntaria. Eliminando la coordinación entre el sistema ordinario y el indígena y el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, limitando con esto sus alcances.

Ahora está a la espera nuevamente de que el pleno del legislativo conozca nuevamente las reformas, las autoridades indígenas como los 48 Cantones de Totonicapán y otras, están llamando a movilizaciones agregando demandas sentidas por la población como el alto costo de la vida. En realidad, el planteamiento de incorporar el sistema de justicia indígena al sistema legal burgués es un paliativo que la CICIG y el imperialismo quieren dar a los pueblos originarios. Dado que la justicia indígena ya funciona en los hechos, la verdadera demanda, que la institucionalidad burguesa nunca va a resolver, es el respeto a los territorios, la consulta a las poblaciones para establecer empresas mineras o hidroeléctricas, una reforma agraria radical, y hacer llegar a la población originaria empobrecida salud, educación, vivienda y demás servicios básicos y de calidad.

Por Armando Tezucún

El 23 de febrero entrará en vigencia la ley que levanta el secreto bancario. Ley de Bancos y Grupos Financieros, que permitirá a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) investigar los movimientos financieros de posibles evasores.

El sector ganadero, que incluye a grandes, pequeños y medianos empresarios, ha operado por largo tiempo en Guatemala al margen del sistema tributario, evadiendo impuestos. Previendo las dificultades que enfrentarían los empresarios evasores al entrar en vigencia la ley arriba mencionada, el 13 de octubre de 2016 fue presentada al Congreso la Iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería Bovina, Ovina, Caprina y Porcina de la República de Guatemala, iniciativa 5182. El proyecto fue presentado y respaldado por diputados vinculados al sector agropecuario, y pertenecientes a diferentes bancadas (UCN, FCN-Nación, UNE, TODOS, MR).

La iniciativa propone una serie de privilegios fiscales para el sector que son simplemente inadmisibles: Exoneración del Impuesto al Valor Agregado, que será sustituido por un impuesto único del 1% sobre ventas brutas; exoneración de toda clase de impuestos, incluyendo el IVA, sobre la importación de maquinaria y equipo; sobre la importación de insumos y materias primas para alimentación ganadera; sobre la importación de semovientes, embriones y semen de especies registradas; exención por diez años del pago de Impuesto Sobre la Renta para personas individuales o jurídicas que se dediquen a proyectos de desarrollo pecuario; propone crear con los impuestos recaudados, un fideicomiso que otorgue “préstamos blandos” a los empresarios del sector.

La iniciativa 5182 fue obtuvo un dictamen favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso el 17 de enero de 2017; para entonces había cambiado de nombre, llamándose Ley de Facilitación Tributaria para la Formalización del Sector Agropecuario de la República de Guatemala. Pero lo más grave fue que la nueva versión amplió los beneficios a todo el sector agropecuario. Además, la nueva versión define un pago del 1% para contribuyentes cuyas ventas anuales sean igual o menores a Q 50 mil; un pago fijo de Q 500 más el 3% sobre ventas de Q 50 mil con un centavo hasta Q 10 millones; emisión de facturas especiales; exime a los empresarios de la obligación de presentar a la SAT los documentos e información que ésta les requiera, ateniéndose a la “buena fe” del contribuyente agropecuario.

El superintendente de la SAT fue claro en rechazarlo, explicando que se dejaría de recaudar Q 1,156 millones al año, el 2.2% de la recaudación total (este cálculo no incluye los sectores que fueron agregados posteriormente), y que la propuesta viola el principio de igualdad tributaria y el principio constitucional de legalidad. El ministro de Finanzas Públicas Héctor Estrada también adversa la ley; el presidente Morales propuso un diálogo.

El ministro de Agricultura, Mario Méndez, un productor agropecuario, se manifestó a favor de la ley, al igual que un grupo de diputados que tienen negocios en el sector agropecuario. El 9 de febrero grupos de pequeños y medianos ganaderos bloquearon carreteras en unos diez puntos del país, y realizaron un plantón frente al Congreso, para presionar por la aprobación de la ley. El resultado fue que el pleno de diputados aprobó la iniciativa 5182 en primera lectura.

Luego de una reunión entre la Comisión de Finanzas del Congreso, autoridades de la SAT y el Ministerio de Finanzas, se acordó conformar una mesa de diálogo técnica para formular una nueva ley buscando otras alternativas. Se decidió sacar de la agenda de discusión del Congreso la iniciativa 5182 por considerar que contiene inconstitucionalidades y errores en más de 15 de sus 35 artículos.

Rechazamos el burdo intento del sector agropecuario de evadir el pago de impuestos recetándose privilegios fiscales. Estos medianos y grandes empresarios del agro deben formalizar su pago de impuestos y enfrentar las consecuencias si han caído en evasión tributaria. Actualmente hay otras propuestas en el Congreso que también contienen exenciones de impuestos para empresarios, como la Iniciativa 4896 Ley de Leasing, el proyecto de Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento y la Iniciativa 5103 que pretende exonerar del pago de IVA y Derechos Arancelarios por importaciones a la Asociación Amigos por la Salud y la Vida, que el año pasado hizo una donación de medicamentos vencidos al gobierno.

Lo que se necesita es una reforma fiscal que obligue a los grandes empresarios, en especial a los grandes grupos corporativos y al sector financiero a pagar suficientes impuestos que permitan la inversión en salud, educación, vivienda y demás servicios públicos de calidad para la población trabajadora y pobre de Guatemala.