Por Armando Tezucún

Los trabajadores salubristas pertenecientes al mayoritario Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), volvieron a tomarse las carreteras del país el pasado 23 de marzo y nuevamente el 6 de abril; durante la última semana de marzo mantuvieron un plantón frente a la Casa Presidencial. Al igual que en las acciones realizadas dos semanas antes, las compañeras y compañeros defendieron el pacto colectivo contra los ataques de la ministra Lucrecia Hernández Mack, y pidieron su renuncia.

Por otro lado, el 24 de marzo y el 5 de abril, en sendas conferencias de prensa, médicos de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt denunciaron las malas condiciones en que se encuentra dicho centro y pidieron al Ministerio de Salud mejores condiciones laborales, entre ellas aumento salarial. Los médicos dijeron que han tratado de entablar un diálogo con la ministra Hernández, pero que no les ha dado audiencia. Zagreb Zea, presidente de la Junta, declaró: “Nos quedamos constantemente sin insumos y aparte de todo se nos exige de parte de nuestras autoridades ministeriales y se nos da muy poco a cambio. Lo que queremos es dialogar directamente con la Ministra para una búsqueda de dignificación, tanto laboral como salarial…nuestro salario base es de Q 1,762.40. Nosotros llegamos a Q 5 mil con los bonos que se nos dan” (La Hora 24/03/17). El 5 de abril explicaron que piden la instalación de una mesa técnica que incluya a la ministra Hernández; la demanda planteada es que su salario sea aumentado a 8 sueldos mínimos (La Hora 05/04/17). Dejaron en claro que no tienen intención de realizar paros ni suspender servicios y se desligaron de la lucha que llevan a cabo los trabajadores de salud en defensa de su pacto colectivo.

La ministra, por su parte, puso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el SNTSG, por haber vulnerado el derecho a la salud de la población, al haber realizado paros y cierres de consultas durante los recientes bloqueos de carreteras. El día 28 el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Civil otorgó el amparo, y ordenó a los sindicalistas “…que se abstengan y/o desistan inmediatamente del bloqueo, cierre, toma de instalaciones, paralización de actividades operativas y administrativas, y obstaculización en el ingreso de autoridades, personal y usuarios de los servicios de salud a las distintas unidades que integran la red hospitalaria (Prensa Libre 30/03/17). La ministra acusó a los compañeros de haber dejado de atender 700 mil consultas durante las protestas, de desconectar interruptores eléctricos centrales y dejar sin energía cuartos fríos que contienen vacunas; de nuevo Hernández recurrió al aparato represivo del Estado, poniendo una denuncia ante el Ministerio Público (Prensa Libre 05/04/17).

Luis Alpírez, dirigente sindical, negó que el sindicato ordenara esas acciones y dijo: “Lo que quieren es penalizar el conflicto. Están inventando cualquier patraña para penalizarnos a nosotros como dirigentes o a los trabajadores que legítimamente estamos haciendo resistencia de cualquier manera para reivindicar nuestros derechos…Esta es una estrategia que utilizó Mariano Rayo (exministro de salud en el gobierno de transición del expresidente Alejandro Maldonado y exdiputado por el Partido Unionista del alcalde capitalino Álvaro Arzú), de quien ella está recibiendo asesoría directa” (Ídem).

La ministra Hernández se ha colocado abiertamente en contra de los beneficios conquistados por los trabajadores salubristas en el pacto colectivo, recurriendo a las instancias represivas del Estado burgués, con el apoyo de los medios de comunicación de derecha y de la intelectualidad políticamente conservadora.

Llamamos a los compañeros sindicalistas de salud a no dejarse intimidar y continuar con las medidas de lucha en defensa del pacto colectivo. Si bien los ataques han sido contra los compañeros del SNTSG, el resto de sindicatos del área deben solidarizarse, pues esta es una ofensiva en contra de todos los pactos en salud y más allá, contra las condiciones de trabajo de los trabajadores estatales. Llamamos también a los compañeros médicos a que depongan su actitud gremialista y se solidaricen con la lucha de los sindicatos de salubristas; al igual que ellos, su salario base no llega ni al mínimo de ley, si no fuera por los bonos serían sueldos verdaderamente miserables. La unidad de todos los trabajadores de salud es vital en estos momentos. Si los pactos colectivos implican privilegios de cualquier tipo para los dirigentes, en alguno de sus puntos, las compañeras y compañeros trabajadores deben exigir aclaración y rendición de cuentas en asambleas de base libres y democráticas, pidiendo la destitución inmediata de cualquier líder que incurra en faltas y manejos oscuros.

Por Úrsula Pop

El 22 de marzo, decenas de miembros de comunidades de Alta Verapaz realizaron una marcha de protesta en la capital, contra la autorización y funcionamiento de los proyectos hidroeléctricos Oxec 1 y 2, pues como consecuencia de su operación ha disminuido el caudal de los ríos y los mismos han sido contaminados; esto además de que no se realizó una consulta comunitaria antes de que fueran autorizados. Al llegar a la Corte de Constitucionalidad, los compañeros entregaron una petición para que se cumplan los plazos de ley y se otorgue en definitivo el amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena detener los proyectos Oxec en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

El día siguiente, otra marcha de pobladores de Alta Verapaz llegó a la CC a demandar que se levante la suspensión contra el funcionamiento de estas hidroeléctricas, entregando un memorial con la firma de 2 mil personas. Estos pobladores procedían de once comunidades de la región, y defendieron a las empresas diciendo que les han llevado empleo y desarrollo, beneficiándose de las regalías entregadas por la empresa, y pidiendo que continúen los trabajos de estos proyectos.

Los antecedentes de estas acciones podemos situarlos en noviembre de 2016, cuando la CSJ suspendió las operaciones de las hidroeléctricas, luego de que las comunidades presentaran una acción legal contra el Ministerio de Energía y Minas por haber autorizado su funcionamiento en 2015; el 4 de enero de 2017 la misma corte otorgó un amparo a favor de los comunitarios de Santa María Cahabón, quienes adversan la construcción de las hidroeléctricas porque no se realizó la debida consulta comunitaria; el 17 de febrero del presente año, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó la suspensión temporal del proyecto Oxec.

Esta última resolución desató una ola de protestas de las organizaciones empresariales. En primer lugar de la Asociación de Generadores de Energías Renovables (AGER), apoyada por la Cámara de Industria de Guatemala y los presidentes de la Autoridad del Mercado Mayoritario y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNNE). Estos empresarios advirtieron que los precios de la energía eléctrica se elevarían con la suspensión de los proyectos, pues los costos de producción se dispararían. Esta amenaza es falsa, pues según datos oficiales, hasta el año pasado había una sobreproducción de electricidad en el país, y además las plantas suspendidas aún no han empezado a producir. En realidad, los empresarios realizaron una consulta, pero con un grupo reducido de pobladores que están vinculados a las hidroeléctricas, quienes dieron su aprobación, sin deliberar con la mayoría de la población (CMI 24/02/17, “Potencial Cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Oxec Causa Reacciones Perversas”).

En los proyectos Oxec están involucrados poderosos intereses empresariales nacionales y extranjeros. Pertenecen al grupo Energy Resources Capital Corp., registrado en Panamá, que tiene varios proyectos hidroeléctricos en el país; su presidente es un empresario agroexportador, y uno de los fundadores del Banco de Exportación, que se fusionó en el Banco G&T Continental; es socio de la empresa de cerámica Samboro fundada por la familia Ayau, también propietarios y constructores de hidroeléctricas. En Oxec participa también el grupo español Cobra, socio, en la construcción de otras hidroeléctricas, de la Corporación Multi Inversiones, de la familia Bosch Gutiérrez, una de las más poderosas del país (CMI, Íbid).

El día 21 de marzo la Asociación de Amigos del País presentó ante la CC un memorial Amicus Curiae, para reforzar la presión a favor los mencionados proyectos hidroeléctricos, que han sido suspendidos. Esta asociación es una entidad centenaria, que aglutina a los más rancios poderes oligárquicos y élites empresariales, considerada la máxima instancia de las clases dominantes en Guatemala (CMI 21/03/17).

Con tantos intereses afectados, la represión del gobierno contra los compañeros comunitarios no tardó en aparecer. El 27 de marzo un juez de Alta Verapaz, a petición del Ministerio Público, ordenó la captura del dirigente comunitario de Santa María Cahabón, Bernardo Caal Xol. Caal es también dirigente magisterial del Magisterio en Resistencia. No pudiendo asirse de otra cosa, las instancias represivas acusan al compañero de haberse ausentado durante 20 meses, entre enero de 2012 y agosto de 2013, a su puesto como docente en una escuela del lugar, y de haber cobrado alrededor de Q 104 mil. Por este asunto fue destituido por el Ministerio de Educación en agosto de 2013. El compañero Caal hasta el momento permanece oculto.

Por Juan P. Castel

El pasado miércoles 15 de marzo fueron expulsados de los edificios que ocupa la Facultad de Medicina en el Centro Urbano Metropolitano (CUM), los integrantes del Comité “¿Autónomo?” de Huelga, respaldado, financiado y sostenido por los violentos integrantes de la mafia que constituyen el Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores de la AEU (en adelante Deshonorables). El lunes 13 de marzo se celebró una Asamblea General de Estudiantes que resolvió en pleno desconocer las actividades de Huelga de Dolores 2017 en los edificios de Medicina y a los dos comités que funcionan para esta época en dicha facultad: Autónomos ligados al Deshonorable y a la ilegal Comisión Transitoria de la AEU y los Matasanos (independientes del Hono) –que sí han respetado la decisión de las masas estudiantiles–. Los Matasanos se habían enfrentado la semana anterior violentamente al Comité contrario y a los sicarios de la AEU, cuando estos últimos provocaran la discordia y tensos momentos de temor en el seno del CUM.

El miércoles 15 marcó desde luego otro retroceso para los gansteriles personajes que han tenido cooptada la histórica Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) desde comienzos del año 2001; retroceso trazado en sus crisis actual y en los golpes de fuerza de las organizaciones estudiantiles dirigidas por las Asociaciones estudiantiles –en el caso de Medicina la reorganizada durante el año pasado, Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM)–, Asociaciones que han resistido entre la desorganización, la desidia estudiantil y la dispersión de fuerzas, los embates de estos sicarios al servicio de los hijos de las ultimas ocupaciones militares que acabaron masacrando a las últimas dos generaciones de líderes universitarios (1970 a 1990) y así sepultando la tradición de lucha del heroico estudiante Sancarlista- Hoy paso a paso, caída a caída, los estudiantes se van asimilando y recuperando como baluartes del intransigente rescate de las médulas organizativas del poder estudiantil, como lo son la AEU y su Honorable Comité de Huelga de Todos los dolores.

Estos sucesos se unen a otras batallas en las que la estudiantada se ha erigido como la verdadera voz aglutinadora de la soberanía y la autonomía estudiantil; una Huelga de Dolores marcada con un inicio atípico (miércoles 1ero de marzo), en la que uno de los históricos comités de huelga ligados al Deshonorable, como lo es el Comité de la Facultad de Odontología, decidió romper con estos sicarios y no salir en actividades organizadas por este grupo criminal, actividades que después les ha servido para financiarse sus vidas espurias a costa de devaluar cada año más con la corrupción, la persecución y la violencia contra los verdaderos estudiantes y las tradiciones huelgueras que en el pasado erigieran los ilustres fundadores de la sátira, el sarcasmo y el cinismo huelguero que forman parte de la identidad del estudiante de la única universidad pública del país.

A esto podemos agregar las maniobras de abierto carácter político emprendidas por la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (AETS) y la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Historia (AEHAAA). Ante las amenazas explicitas de la parvada de Zopes (Comité de Orden de los Deshonorables) de tomarse por asalto el espacio democráticamente constituido de la AETS, se apresuraron a convocar Asamblea General de estudiantes, docentes, trabajadores y administrativos el miércoles 8 y el sábado 11 de marzo, esto usando como marco las anteriores agresiones, intimidaciones y amenazas del deshonorable contra varios integrantes de la Asociación de Historia, su Comité Alternativo de Huelga de Dolores, así como contra el cuerpo docente, administrativo, trabajador y el estudiantado en general del edificio S1 (T.S e Historia) del Campus Central en 2014, 2015 y en el desfile Bufo, el viernes de dolores de 2016.

Las Juntas Directivas (JD) de las Asociaciones de Medicina, Trabajo Social e Historia han subvertido la lógica paramilitar del Deshonorable y de sus Sub-comités, bastiones serviles (Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, Humanidades, Ciencias Económicas, Ciencias de la Comunicación y Psicología) de la violencia reaccionaria de estos sicarios, cambiando las reglas del juego. Así fue como se propuso en las asambleas del Edificio S1: 1) Celebrar las actividades de huelga con la restricción de usar las capuchas al cuello o 2) La cancelación de las actividades de huelga 2017. Siendo los estudiantes del plan diario los que se han tenido que enfrentar a la violencia gansteril de los Zopes del deshonorable, se terminó decidiendo la cancelación de las actividades de Huelga en el S1 durante la semana, mientras que en el Plan Sábado se planteó la Huelga de Dolores con restricciones. En Medicina no varió mucho la política estudiantil, ya que sin capucha se descubre la composición social de los integrantes de los Comités de Huelga y no es cosa rara que ante la votación de las asambleas los comités que son independientes de la AEU, son los únicos que respetaron la decisión de las y los compañeros, sus compañeros de clases, de pasillos y con los que comparten las vicisitudes de la vida estudiantil; propuestas que vienen a trastornar la lógica en que se ha resistido al deshonorable y a los bandidos que tienen secuestrada nuestra AEU e integrar al mayor número de estudiantes, sin importar si son de comités opositores a los gásteres o estudiantes regulares, parte de la lucha y la resistencia a los zopes, en estas que son sus últimas horas vida.

Como en Medicina la lógica de quitar las capuchas desarma rápidamente a los violentos, ya que muchos de los comités ligados al Deshonorable se sostiene con una pequeña participación de estudiantes de primer ingreso que ignoran muchas veces las formas de operar de estos pequeños ejércitos paramilitares y son guiados más por la tradición, el mito y el romanticismo de la Huelga de Dolores de antaño, que ya no es, ni será lo que fue en el pasado. Estas milicias son dirigidas contra los estudiantes por lugartenientes ligados a las empresas de seguridad privada de los chupaderos en la entrada del Campus Central y del CUM, estos últimos propiedad de los caricaturizados y autoproclamados representantes estudiantiles (Guillermo Prera “Pirujo” y Jorge Mario García “Guilligan”), con la indulgencia y participación de las administraciones del ex Rector Estuardo Gálvez y de su sucesor Carlos Alvarado Cerezo.

Ante las brillantes maniobras de la estudiantada para detener la violencia de los sicarios del Deshonorable y sus comités satélites, se han acelerado las amenazas, la persecución y las provocaciones de estos matones –otro síntoma de su crisis terminal– para recuperar el espacio perdido. A la Asamblea de estudiantes de Medicina el miércoles 15 le siguió el desfile del deshonorable en el CUM, que aprovechando la poca asistencia de estudiantes de Medicina por la tarde se han presentado a provocar a la democracia estudiantil cuando esta cuenta con menos fuerza. De manera similar ha pasado en Trabajo Social e Historia, donde se han reunido con la actual JD de la Asociación de Historia los siempre eternos mandaderos del deshonorable (Marco López Rivero alias “Bodoquito”, “Break” oreja de los Zopes en la Facultad de Farmacia y “Chivo”, que siempre ha estado presente en las agresiones de estos gásteres contra los estudiantes que se le resisten); más que una reunión a la que fueron llevamos con argucias, lo que fueron a manifestar los zopes a los representantes de la AEHAAA fue un ultimátum, en el que les advertían a las y los secretarios que sin importar la decisión de la asamblea, ellos entrarían al S1 a cobrar los bonos a estudiantes y docentes de TS y para eso utilizarían capuchas.

Las respuestas de la democracia estudiantil ante la dictadura gansteril siguen siendo contundentes; al desfile de los zopes en el CUM le siguió otra nutrida asamblea de estudiantes que afirmaban la decisión y el respaldo a las asambleas precedentes y a la AEM en la conducción política de la estudiantada. En Trabajo Social e Historia al ultimátum de los sepultadores del movimiento estudiantil, le siguió los pasos de aulas, la difusión de comunicados en que se mantiene firme la posición de respetar las decisiones de la asamblea estudiantil y convocar ante cualquier otra amenaza o ataque inminente de los deshonorables una asamblea estudiantil de urgencia que responda de manera contundente, como anteriormente se ha hecho el poder estudiantil y que ha resistido a sus embates y hasta a sus armas de fuego.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) saludamos la movilización permanente de consciencia y de acciones emprendidas por las asociaciones estudiantiles que buscan recuperar en los hechos la soberanía estudiantil de los espacios universitarios, así como a los Comités de Huelga y a los huelgueros que buscan regresar la tradición chabelística junto a las luchas justas del estudiante sancarlista, dejando de lado los privilegios obtenidos de la extorción, la persecución y el amedrentamiento de las y los compañeros estudiantes.

Por Armando Tezucún

La misma semana que los campesinos de CODECA y CNOC realizaron una gran marcha pidiendo la renuncia del presidente Morales y decenas de diputados, los principales sindicatos estatales salieron realizaron importantes movilizaciones en la capital y el interior de la república.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) marchó el 9 de marzo para exigir al presidente y los diputados que maestros de primaria y preprimaria que se encuentran contratados bajo los renglones 012, 022 y 031, sean trasladados al renglón 011, que implica plaza permanente gozando de los beneficios del escalafón. Los docentes partieron del Obelisco, zona 10, enfilando por la Avenida Reforma hasta llegar al Centro Histórico, donde realizaron un plantón frente al Congreso de la República, finalizando con una concentración en la Plaza de la Constitución.

En la mesa de diálogo realizada el año pasado, el presidente Jimmy Morales había prometido, bajo presión de las movilizaciones de las compañeras y compañeros maestros, que daría ese beneficio a 4 mil docentes, aunque en la marcha se indicó que fueron más de 25 mil los contratos que los funcionarios habían prometido trasladar al renglón 011. Además, prometió un incremento salarial del 10%, que tampoco cumplió, y que los docentes exigen. El pacto colectivo, que incluía incrementos salariales cada año, ya venció; no se sabe si se pretende negociar uno nuevo, pero el incremento continuo de la canasta básica obliga a los compañeros a plantear esta demanda más que justa.

Al llegar al Congreso, una delegación de los compañeros fue recibida por el presidente del legislativo, Óscar Chichilla, pero no se ha informado si llegaron a un acuerdo (Siglo21 09/03/17).

Joviel Acevedo, líder del STEG, dio un tiempo prudencial para que las autoridades del MINEDUC y el presidente cumplan las demandas planteadas, de lo contrario, el magisterio irá al paro: “Le estamos advirtiendo con todo respeto al ministro (Óscar Hugo López Rivas), con todo respeto al presidente de la república (Jimmy Morales Cabrera), que si ellos no cumplen lo que se han comprometido y los documentos que han firmado…les vamos a dar un tiempo prudencial y vamos a tener que parar el ciclo lectivo” (El Periódico 10/03/17). Acevedo hizo referencia a documentos firmados por el ministro y el presidente, y además mencionó que, según un censo del sindicato, se necesitan 12 mil maestros, mientras el año pasado el MINEDUC afirmó que había 25 mil maestros subutilizados.

Por otro lado, el principal sindicato de trabajadores de la salud, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), realizó un bloqueo de 14 puntos en carreteras, y cerró consultas externas en algunos hospitales, como Huehuetenango y el centro de salud de Santa Elena, en Petén. Los compañeros demandaban la renuncia de la ministra Hernández Mack por sus ataques contra el pacto colectivo; y otras peticiones de índole nacional, como la investigación contra la distribuidora de energía eléctrica ENERGUATE, por defraudación fiscal y estafa, además de que se libere el presupuesto 2017 porque paraliza los programas sociales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social que benefician a los pobres (Prensa Libre, 08/03/17).

El dirigente salubrista de Zacapa, Juan Carlos Chacón, declaró a Prensa Libre: “Lamentamos que sea la Ministra la que tiene paralizado al país con sus actitudes, estamos luchando porque no se viole lo establecido en el pacto colectivo, esto pasa por la actitud de una sola persona, ella se ha encaprichado en un pacto digno, no sabemos cuál sea ese pacto digno que ella dice y quisiéramos que nos diga cuáles son los ejes que ella piensa trabajar, al anular el artículo 43 de nuestro pacto nosotros los enfermeros nos quedaríamos únicamente con Q 1,302” (Ídem).

Apoyamos totalmente las justas reivindicaciones de los compañeros docentes y salubristas. Los temas reclamados tienen que ver, en última instancia, con la crisis financiera del Estado, su incapacidad de garantizar condiciones laborales dignas a los empleados públicos y su intención de solventar la crisis atacando los pactos colectivos y los beneficios obtenidos a pulso por los compañeros; son la oligarquía y la burguesía en su conjunto las que deben financiar los servicios públicos de calidad pagando suficientes impuestos. Alertamos a las bases de los sindicatos a exigir a sus dirigentes que informen sobre eventuales negociaciones en asambleas democráticas, y que rechacen cualquier acuerdo bajo la mesa.