Por Úrsula Pop

El miércoles 26 de octubre el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), junto a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y el Sindicato del Hospital San Juan de Dios, llevó a cabo marchas y manifestaciones de protesta en veinte ciudades del interior y en la ciudad capital. Las actividades fueron precedidas por una intensa campaña de desinformación y desprestigio por parte de la derecha, las organizaciones empresariales y la prensa burguesa.

Pese a que el comunicado de CODECA anunciando las acciones hablaba solamente de movilizaciones, la derecha y la coordinadora de las organizaciones de la burguesía, el CACIF, asumieron que se realizarían bloqueos de carreteras, y orquestaron el plan de ataque contra la actividad campesina. La Cámara de Comercio interpuso a través de su presidente Jorge Briz, una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la cual lo otorgó. Según el amparo, el presidente, el ministro de gobernación y el director de la Policía Nacional Civil, tendrían que dictar las medidas necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos ante eventuales bloqueos que realizaría CODECA. La Procuraduría de Derechos Humanos divulgó un comunicado pidiendo a los manifestantes respetar el derecho de locomoción de los habitantes.

La Cámara de Industria de Guatemala emitió un comunicado exponiendo su punto de vista. En él llamó “A la población en general, a no dejarse manipular por personas o grupos ‘mercaderes del conflicto’ que pretenden seguir viviendo del negocio de generar una confrontación permanente en el país” (comunicado de la CIG del 25/10/16). A pesar de que una y otra vez los dirigentes de CODECA aclararon que no harían bloqueos, la prensa burguesa publicaba noticias tendenciosas con titulares como “CODECA hará movilización pese a rechazo generalizado” (Prensa Libre 26/10/16). La oligarquía y el empresariado en general pretenden colocarse como defensores de la población al atacar a los campesinos que protestan por sus derechos, esta vez manipulando malintencionadamente información falsa.

Los puntos demandados por los compañeros eran: la derogación de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, la Ley Alianza Público Privado y la exoneración de impuestos que se hace a las grandes empresas; la nacionalización de la distribución de la energía eléctrica y el castigo a la empresa ENERGUATE por evasión de impuestos y robo a los usuarios; que se detenga la criminalización de los defensores comunitarios de derechos humanos; la renuncia del gobierno de Jimmy Morales por corrupto, y su castigo junto a diputados, magistrados y jueces corruptos; el castigo de los expresidentes Álvaro Arzú y Óscar Berger por privatizar el país. El comunicado de CODECA finalizaba con la frase “¡Vamos Pueblos. Vamos por la creación del Estado Plurinacional!”

Las compañeras y compañeros realizaron las protestas el día mencionado, marchando hacia las sedes de las gobernaciones departamentales, donde entregaron documentos con sus peticiones, finalizando con ello las acciones. En la capital la marcha partió del Obelisco y entregó las demandas en la Nunciatura Apostólica, dirigiéndose después al Congreso y a la Casa Presidencial, donde el vicepresidente Jafeth Cabrera se reunió con representantes de los campesinos.

Cabrera había declarado previamente que consideraba las peticiones de los campesinos como injustificadas, “no toda la población, sino una parte pide cosas que no se justifican” (La Hora 24/10/16). Como ya es costumbre de los gobiernos burgueses, el vicepresidente y el Comisionado Presidencial del Diálogo propusieron a los compañeros una mesa de diálogo para “coordinar acciones de seguimiento” (Prensa Libre 27/10/16).

CODECA y sus organizaciones aliadas son las primeras en reclamar la renuncia del presidente Jimmy Morales. No concordamos con los compañeros en que este sea el momento de plantear la renuncia de Morales, sobre todo porque no contamos actualmente con una movilización masiva de los sectores populares que sea capaz de plantear una alternativa de clase ante la renuncia del funcionario. Después de las protestas multitudinarias del año pasado, estamos ante un periodo de reflujo, en el cual el plan del imperialismo de sanear el Estado burgués para que su institucionalidad funcione apropiadamente, va viento en popa, encabezado por la CICIG, el MP, la SAT, etc. Y muchas de las organizaciones que empujaron las protestas de 2015 actualmente dan su apoyo a estos organismos, que no son más que la punta de lanza del imperialismo. La tarea actual es de fortalecer las organizaciones campesinas, sindicales, indígenas y populares, a través de luchas y demandas sectoriales, y prioritariamente buscando a unidad por medio de un plan de lucha conjunto.


Por Amando Tezucún

El 72 aniversario de la revolución popular y democrática que derribó el régimen dictatorial de Jorge Ubico y su continuador Ponce Vaides, fue celebrado por las organizaciones populares con nutridas marchas y actividades. La más importante de ellas fue la que tradicionalmente parte de la Avenida Bolívar, zona 8 de la capital y aglutinó a miles de sindicalistas, campesinos, estudiantes y agrupaciones populares.

Esta manifestación fue convocada por una coordinadora de organizaciones, conformada por la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), el Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC), el Movimiento Pueblo, el Frente Nacional por la Juventud, Sodeju-Fundaju, y la Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala; las cuatro primeras organizaciones conforman el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco.

A esta convocatoria respondieron decenas de otras organizaciones, entre las que destacó la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares (FESTRAS), la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquilas (ATRAHDOM), asociaciones de estudiantes universitarios, el Frente Nacional de Lucha, grupos de mujeres, de jóvenes como la Juventud Obrera Cristiana y el Movimiento de Jóvenes de la Calle, el Sindicato de Ciegos Unidos, taxistas con sus vehículos que protestaban contra la instalación de la transnacional Uber, y organizaciones políticas de izquierda como el Frente Popular, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, WINAQ y el Partido Socialista Centroamericano.

Otro grupo de organizaciones partió de la zona 5, en el monumento al trabajo y se unió a la anterior en el Centro Cívico. La Unidad de Acción Sindical y Popular realizó una actividad por aparte en la Plaza de la Revolución de la zona 7, donde rindió homenaje a los mártires de la lucha revolucionaria. Un grupo de estudiantes y catedráticos inició su marcha en el Campus de la USAC.

En el interior del país las organizaciones sindicales y campesinas también llevaron a cabo actividades, especialmente en Retalhuleu, Escuintla y Coatepeque.

El comunicado conjunto de las organizaciones convocantes enfatizó que “Aunque a partir de abril de 2015, la ciudadanía se volcó a hacer uso del derecho a la manifestación, libre expresión y resistencia en contra de la corrupción, cuyo logro fue enjuiciar a varios funcionarios públicos y algunos empresarios, los problemas sociales, económicos y políticos estructurales cada vez se empeoran y los niveles de corrupción e impunidad en el gobierno y grandes empresas continúan intactas”.

Bajo el lema de “Otra Revolución en Guatemala es Posible”, el comunicado propone una agenda de lucha conjunta, que incluye los temas sensibles para los sectores explotados y oprimidos. Entre éstos destacan, la necesidad de un Estado plurinacional que respete los derechos de los pueblos originarios; la defensa de los recursos naturales, el territorio y el agua contra las empresas que los destruyen; el cumplimiento de los derechos laborales y defensa del Código de Trabajo; ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico; desarrollo rural integral a través de una Reforma Agraria; no al racismo y la discriminación, igualdad y equidad de género; acciones contra la represión a dirigentes populares; por el derecho a la educación y la salud; una política fiscal que haga que el que tiene más pague más, cobrando impuestos a los grandes empresarios; impulso de políticas integrales de juventud; recuperación de la Asociación de Estudiantes Universitarios y reforma universitaria en la Universidad de San Carlos; justicia contra quienes cometieron delitos de lesa humanidad; libre determinación de los pueblos.

Consideramos que este plan de reivindicaciones amplias, inclusivas y democráticas es correcto, y no debe quedarse como un documento firmado y publicado en una fecha conmemorativa. Al contrario, debe servir como eje para las futuras luchas, un eje para acciones unitarias efectivas si realmente queremos impulsar un nuevo movimiento revolucionario en Guatemala. El Partido Socialista Centroamericano agregaría a la propuesta un punto: la total independencia del movimiento campesino, sindical y popular con respecto a la Cicig y el MP, la SAT, organismos que actúan como agentes del imperialismo gringo, impulsando su política de limpiar las instituciones estatales para mejorar el funcionamiento del Estado Burgués, pero sin cambiar lo esencial. Estas reivindicaciones deberán confluir en la demanda de una Asamblea Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos.


Por Leonardo Ixim

La captura en Miami del ex interventor de la Empresa Puerto Quetzal, Allan Marroquín reabre con fuerza el debate sobre el futuro de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y la entrega de ese bien a la empresa catalana APM Terminales, por parte del pasado gobierno de Otto Pérez.

Marroquín tiene una orden de captura por el caso TCQ y otra por el caso cooptación del Estado, al ser parte de la red que junto al ex secretario de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, se encargó de sobornar a algunos directivos de sindicatos de Puerto Quetzal para poder realizar la entrega de una buena parte del puerto de propiedad estatal, a tal empresa.

Sobre el caso TCQ, se acusa a Marroquín además de ser intermediario en el soborno que la empresa europea entregó al binomio presidencial US$ 30 millones, para que éstos, en complicidad del ex procurador general de la nación Vladimir Aguilar, aprobaran el acuerdo. Este negocio cedió a TCQ, un terreno de 34 hectáreas con tres fases de desarrollo por el valor de 225 mdd (La Hora 21-10-16).

En 2013, desde El Socialista Centroamericano, escribimos sobre la concesión de parte del Estado a la empresa TCQ filial de APM Terminales prorrogables tras 25 años; durante el mes de abril de ese año los trabajadores de los tres sindicatos y pobladores del sureño departamento de Escuintla, se movilizaron para detener esta acción. Sin embargo, lo que no se supo fue que se había comprado a líderes sindicalistas para coronar este robo, a excepción del Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal (STOPQ), quienes posteriormente han seguido denunciando esta infamia.

La Empresa Puerto Quetzal, fundada en 1982, ha sido un bien público que ha reportado importantes ganancias para el Estado; ha resistido la embestida neoliberal de privatización de los bienes públicos junto a los otros puertos del país. Sin embargo, se ha vuelto en un nido para facilitar el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, en compadrazgos entre autoridades portuarias y algunos sindicalistas. Claro ejemplo de esto son los sobornos a los directivos del Sindicato Trabajadores de la Empresa Quetzal (STEQ), así como el hecho de que, en las negociaciones con TCQ no se estableciera un scanner para visualizar con rayos x el interior de los contenedores.

ABM Terminales seria comprada por el grupo holandés Maersk; algunos de sus directivos vinieron al país, que bajo el argumento de estar anuentes a cumplir con la legalidad se reunieron con la titular de la Procuraduría General de la Nación Anabella Morfín, el interventor Alexander Aiztenstatd de Puerto Quetzal y el presidente Morales. Posteriormente Morfín anunció un acuerdo con Maersk, que pagará una multa de $46 millones al Estado.

TCQ trató de traspasar a un fideicomiso maquinaria, equipo y otros activos por Q213.9 millones, aduciendo la deuda de esta empresa con bancos internacionales por US$160 millones, acción denegada por el Registro General de la Propiedad. Este fideicomiso estaría conformado por una institución holandesa y el banco local GyT Continental; se presume que esta acción era para evitar que estos bienes fueran extintos, lo cual obligó al interventor a señalar que solo él puede dar visto bueno a una acción así (Diario Digital 20-09-16).

Días antes de la captura de Marroquín, el presidente Morales ha exigido a los congresistas que elaboren un acuerdo para la mantener la concesión a TCQ. El interventor Aizenstatd (un hombre conocido por sus filiaciones neoliberales) y Morfín, cercana al Grupo Multinversiones del consorcio Bosch-Gutiérrez, anuncia que no existe un plan B, amenazando con que el Estado tendría que pagar las deudas de la empresa, como si éstas no fueran parte del contrato ilegal con TCQ.

El STOPQ, conocido por posiciones clasistas y consecuentes, inició una campaña denunciando que lo que pretenden es que TCQ se quede con el formidable negocio que significa manejar una terminal de contenedores en un puerto estatal, aduciendo que en Centroamérica no existe un proyecto como el que se presume instalar, con la capacidad de recibir carga de esa naturaleza.

Nosotros consideramos, que no solo es declarar nulo ese contrato por parte del Congreso y por ende una nueva licitación; sino que es el Estado el que tendría que asumir los activos de TCQ, generar la inversión para modernizar el puerto sin concesionarlo a ninguna empresa, administrarlo bajo control de los trabajadores y buscar alguna empresa para que pueda traspasar servicios y tecnología apropiada. Así como negarse a reconocer cualquier tipo de deuda contraída con el Banco Mundial -quien también es responsable penalmente al entregar un préstamo a TCQ y otros bancos privados- al igual que desconocer cualquier demanda por el control de los activos.

 

El Socialista Centroamericano entrevistó al compañero Carlos Noé Santos Urías, Secretario general del Sindicato General Nacional de Empleados del Hospital General San Juan de Dios

El 28 de julio pasado fue formalmente juramentada la nueva ministra de salud, Lucrecia Hernández Mack, quien despertó expectativas a nivel de la población porque procede de organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la defensa de derechos humanos ¿Qué expectativa despertó la nueva ministra en el sindicato?

Como organización sindical, y creo que era el sentir de muchas organizaciones sindicales, era que la nueva ministra le iba a venir a dar una nueva imagen, le iba a inyectar una nueva forma de trabajo al ministerio, y las expectativas que se tenían eran grandes, tanto de la organización sindical como de organizaciones sociales. Cambios importantes que nosotros creíamos que se deberían realizar, situaciones de trabajo que vinieran a transformar toda una serie de vicios y problemáticas que estaban dentro del ministerio, que ella las pudiera resolver. Y se habló de dar un compás de espera, por la expectativa que se planteaba al asumir ella el cargo, la crisis en la cual recibía ella el ministerio: crisis económica, crisis institucional, crisis en el sector de recursos humanos.

Dentro algunos medios de investigación críticos se considera que la nueva ministra es una ficha de la embajada gringa dentro de la política general de los Estados Unidos de lucha contra la corrupción, de colocar funcionarios probos, sin antecedentes, para dar esa nueva imagen al funcionamiento del Estado ¿Qué piensan ustedes de esa consideración?

Primero, deja muchas dudas cómo es que ella llega al ministerio. Eso todavía no queda muy claro para muchos. Algunas organizaciones precisamente decían ese tipo de cuestiones, de que era como una carta que se estaba jugando la embajada de Estados Unidos, por el tipo de trabajo que ella siempre ha realizado, que es un tipo de trabajo de análisis, de organizaciones no gubernamentales, que reciben cierto financiamiento del extranjero. Además, ella fue una crítica del actual gobierno y una crítica del sistema que se tenía con el anterior gobierno (ella fue partícipe de las movilizaciones, de los plantones, de las marchas). Se entiende que tiene cierta trayectoria dentro del análisis y dentro del trabajo de salud, ciertas especializaciones y ciertos estudios en el tema de salud. Pero ¿quién fue el que la propuso? ¿Cómo se propuso? Eso es un misterio, no se habla, y eso deja dudas de que únicamente era una persona que venía a mediatizar la crisis que se estaba viviendo en el sistema de salud.

¿Cómo analizan el desempeño de la ministra después de dos meses de su nombramiento?

Después de dos meses creemos que el papel de ministra, le ha quedado un poco grande, así como le quedó el gobierno a Jimmy Morales; porque bajo esta ministra le han inyectado al presupuesto de salud capital, recursos, ha sido la primera ministra que ha recibido en mucho tiempo el recurso económico de por lo menos un trimestre completo. No ha resuelto los grandes problemas dentro del ministerio, los problemas estructurales, de fondo. Se creía que iba a tener una política, por ejemplo, en recursos humanos, de puertas abiertas, no ha sido así; no se ha reunido con los trabajadores; no ha resuelto grandes temas a nivel nacional; ha viajado y ha delegado la responsabilidad del ministerio en otros actores. Entonces creemos que le hace falta mucho. Las crisis en los hospitales siguen persistiendo, y en este momento, al día de hoy, nosotros creemos que esa crisis, ahorita que le han inyectado recursos económicos ha estado allí, pero es latente. Para el próximo año, si las cosas van caminando como hasta el día de hoy, la crisis se va nuevamente a generar, porque esto es como un iceberg, solo se ve una puntita, pero abajo hay una serie de dificultadas muy importantes a las que esta ministra no le ha entrado y no se avizora que le vaya a entrar.

Podría considerarse que dos meses es poco tiempo para resolver un problema que viene desde hace décadas, pero por lo que entiendo, ustedes consideran que no ha empezado a dar los pasos para empezar a resolver esta problemática.

No se avizora que realmente le quiera entrar frontalmente a la situación del ministerio. Dos meses, pero en dos meses ella únicamente se ha dedicado a tomar decisiones meramente políticas. Por ejemplo, el haber eliminado un viceministerio (los viceministerios de Atención Primaria y de Hospitales, cuyas plazas la ministra dejó vacantes, A.T.), eso no resuelve una crisis dentro del ministerio, porque si fuera para resolver la crisis económica, ¿Cuánto podría estar ganando un viceministro? Aún si estuviera ganando Q 40,000, esos Q 40,000 no representan un gran ahorro dentro del sistema de salud. Además, recarga muchas decisiones. La crisis más fundamental que tiene que resolver ahorita es la crisis de abastecimiento, muchos hospitales siguen con ese problema. La gran incógnita es que ¿será que nosotros como hospitales, centros, nos acostumbramos a trabajar en esta crisis? Porque no se resuelve. Sigue habiendo saturación de pacientes en los hospitales, se sigue dejando de atender a la población. Si bien es cierto que se tenía de ella grandes expectativas, era respecto a resolver y plantear modelos de atención que respondieran a las necesidades, pero lo que vemos es que viene a hacer lo mismo que han hecho otros, tomar modelos que ya están dentro del ministerio y cambiarles el nombre; es lo mismo pero no se entra de fondo y frontalmente a esta cuestión del abastecimiento de recursos para los hospitales.

Las últimas movilizaciones importantes de los trabajadores de salud fueron a principios de agosto, unos días después de que asumiera la nueva ministra. ¿Cómo ha enfrentado la nueva ministra las demandas de los trabajadores y cómo ha sido su relación con los cerca de 50 sindicatos que hay en el ministerio?

Primero, si bien es cierto que en el Ministerio de Salud uno de los grandes problemas para la unificación de los trabajadores es esa gran cantidad de organizaciones sindicales, esto es producto de toda una política de división de los gobiernos de turno, porque no han atacado y no han resuelto los grandes problemas de los trabajadores, y privilegian la negociación con una organización; y aquí utilizan el famoso sistema de Maquiavelo, divide y vencerás, posicionar a una organización sobre las demás, que eso lo que hace es que se dé una división, una fragmentación y una atomización mayor del movimiento sindical del ministerio. No son 50, se habla de 50, 52, 56, pero realmente organizaciones dentro del ministerio están alrededor de 32 a 36 organizaciones, que también es un número grande, pero tomamos en cuenta que dentro del ministerio hay alrededor de 32 mil trabajadores, incluyendo los compañeros por contrato.

Entonces eso es importante de hacer ver. ¿Cómo están las relaciones con los trabajadores? Esta ministra nuevamente ha venido a hacer menos que los otros gobiernos y las otras autoridades. Se esperaba que fuera una ministra abierta al diálogo, de puertas abiertas, de diálogo sincero, pero hasta el día de hoy no tiene esa actitud. Ella convocó a un diálogo pero viene a ser nada más una medida política, dilatoria, demagógica, ya que recibe a los sindicatos que supuestamente son los “sindicatos minoritarios”, y les plantea el poder tener pláticas con todas las organizaciones sindicales; pero después de eso se diluye toda esa plática y esa propuesta. Hay organizaciones que es necesario tomar en cuenta, como el caso de nosotros, que tenemos presencia a nivel nacional también, y ella se reúne única y exclusivamente con el sindicato nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG). Se reúne, empieza a hacer un diálogo, y nuevamente la ministra hace lo mismo que otros ministros anteriores, empieza a plantear que sí, reconoce la deuda que tiene a los trabajadores de algunas situaciones reivindicativas en el plano económico, pero manifiesta que no tiene los recursos, no se le han asignados los recursos. Y nuevamente plantea que hay que hacer todo un estudio, que se viene realizando desde antes que entrara incluso el PP de Otto Pérez Molina, en el tiempo de la Une se hicieron esos estudios; nuevamente empiezan a requerir el informe a la PGN, a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, y no hacen efectivo lo que se les adeuda a los trabajadores.

Se habla una deuda de 16 meses, que es sobre un bono de dignificación de los trabajadores; se habla también de pago de viáticos, que aquí hay que hacer una acotación en eso, se habla de viáticos, muchas veces se confunde con viáticos hacia la dirigencia sindical y viáticos hacia los trabajadores. Lo que algunos están negociando son los viáticos para la dirigencia sindical y en algún momento se confunde, porque también le adeudan viáticos a los compañeros trabajadores normales. Entonces la ministra no ha cumplido, aunque manifiesta que tiene toda la voluntad para pagar, no lo ha realizado, y han inyectado dinero, pero creemos que por el momento en el cual está, que es un momento político más que todo, porque esta es una decisión política.

Entiendo que durante el gobierno del Partido Patriota se firmó un pacto colectivo ¿Cuándo se vence ese pacto?

En el Ministerio de Salud existen dos pactos colectivos. Un pacto colectivo con el sindicato nacional, el sntsg, y otro pacto, que es con el Sindicato Nacional de Empleados del Hospital General San Juan de Dios, que es el de nosotros. El pacto colectivo del sntsg se firma en un momento político, coyuntural, con las autoridades y el pacto del sindicato del San Juan de Dios se firma a través de una negociación que se lleva en los tribunales, que se llega hasta la fase final, que es un laudo arbitral, y es lo que le da vida a este pacto colectivo. Tanto el pacto del sntsg, ya venció y ahorita, según lo que nosotros tenemos entendido, está denunciado y están negociándolo, al igual que nosotros, vamos en poco tiempo a denunciar el pacto de nosotros, que es producto del laudo arbitral.

A lo largo de al menos diez años se ha visto que los médicos de los hospitales se movilizan y hacen acciones por su cuenta, por aparte de los trabajadores normalmente conocidos como salubristas ¿Por qué no hay una interrelación entre estos dos sectores, si ambos son trabajadores de la salud?

No la hay porque todas las organizaciones que estamos dentro del Ministerio de Salud, no hemos tenido esa capacidad de podernos unificar, ya que hemos sido muy gremiales. También hay que hacer una observación: los médicos de la áreas urbanas, porque los de las áreas rurales tienen otra dinámica, de plano por el contexto en el cual ellos trabajan, es totalmente diferente.

Esas reivindicaciones de los médicos han sido encabezadas en su gran mayoría por médicos del Hospital General San Juan de Dios y del Hospital Roosevelt. En algún momento en este movimiento se unieron los médicos del Hospital General de Xela, que también se integraron en esta dinámica, pero los médicos son muy cerrados, por decirlo así; si los trabajadores y los sindicatos de salud somos gremiales en muchas cuestiones, los médicos lo son aún mucho más; hasta cierto punto diría yo que son clasistas, ya que desde la experiencia de nosotros hemos tratado de unificar esfuerzos con los médicos, y los médicos han llegado al extremo de decir “este es nuestro movimiento, si ustedes se quieren unir, únicamente se unen pero bajo todo el andamiaje, la planificación, la estrategia de nosotros y ustedes vendrían a ser uno más de este movimiento”.

No se logra, anteponen los puntos que ellos plantean a los puntos de los trabajadores en general. Los médicos han sido mucho más excluyentes y han tenido el apoyo de la población porque la han sabido manejar. Y los trabajadores nos hemos ido atomizando cada vez más; los trabajadores de la planta central con su organización, los trabajadores de determinados departamentos con su organización sindical, que como decía en un principio, esto es gracias a la política que han utilizado los gobiernos, que nos ponen a pelear entre nosotros, porque predomina la negociación con una determinada organización. Entonces los que se sienten excluidos hacen su propia organización y creo que las organizaciones y los dirigentes no hemos tenido la capacidad de poder tratar de unificar a todos. Es lo que ha sucedido realmente en el ministerio.

Como producto de una serie de políticas neoliberales, hay un debilitamiento de la clase obrera industrial, fábricas de alimentos, de maquilas, debilitamiento numérico, que conduce a un debilitamiento organizacional, donde no hay movilizaciones, no hay luchas. Y han sido más bien los trabajadores estatales, que son los que más resienten la crisis del Estado, la falta de financiamiento, los que se han movilizado, específicamente los trabajadores de educación y de salud. Entonces, esto conduce a que sea muy importante que haya unidad por lo menos en estos sectores. ¿Qué perspectivas ven ustedes para que se logre una lucha al menos coordinada en los trabajadores de salud? ¿Es posible a mediano, a corto plazo o a muy largo plazo? ¿Qué perspectiva hay para lograr luchas coordinadas?

Nosotros creemos que se debe hacer el esfuerzo. Si está difícil la unidad dentro de todos los trabajadores, todo el proletariado en Guatemala, está difícil también dentro del sistema de salud. Se están haciendo esfuerzos, lo importante aquí es que nosotros como dirigentes debemos entender que mientras sigamos con esta dinámica de cada quien tratar de mantener sus propias reivindicaciones, mantener esos espacios de poder que algunos creen haber ganado, mientras nosotros sigamos en la postura de mantener ciertos privilegios y no entendamos que sobre eso debe estar la unidad, nosotros lo vemos difícil, pero no imposible.

Se está trabajando para eso desde la perspectiva, la visión, y el análisis de unidad que nosotros como organización hemos hecho. Por eso es que hemos planteado la creación de una federación que trate de unificar a otras organizaciones que se sienten desplazadas y unirnos en este espacio, la Federación de Trabajadores de la Salud, que ya está conformada con la participación de algunas organizaciones sindicales departamentales,. Creemos profundamente en la unidad, trabajamos en eso todos los días para poder unificar a los trabajadores de salud, entendiendo las diferencias que puedan existir. Tratamos de comprenderlas para que eso nos permita el poder lograr la unidad. A un corto plazo se ve difícil la unificación total; a un mediano plazo prevemos que pueda haber una unificación importante. El gran reto aquí es la unidad, ese es el gran reto que se debe lograr. Entenderlo es importante para que se llegue a concretizar, y estando nosotros dispuestos, los dirigentes y trabajadores del Sindicato del Hospital San Juan de Dios, a que si hay que sacrificarnos nosotros como dirigentes en ceder algunos espacios y algunas conquistas para que esto se generalice y sea para todos, seríamos los primeros, en aras de la unidad de los trabajadores de salud.

¿Algo más que quiera agregar, compañero?

Agradecerles el apoyo que nos puedan brindar para poder fortalecer a la clase proletaria del país, para que entendamos nosotros que la unidad es importante, que el enemigo aquí no son los trabajadores, sino que el enemigo aquí es un sistema que nos ha empobrecido, nos ha dividido, nos ha fragmentado y que nos mantiene atados a una pobreza, en la cual se refleja en los salarios de los trabajadores y a una pobreza de entendimiento de la dinámica que se vive en el país. Gracias.


Por Ramona Itzep

Es importante resaltar lo que significa para las mujeres, pero especialmente para las niñas y adolescentes, ser víctimas de violencia de todo tipo. Para el caso de Guatemala las estadísticas de violencia contra las mujeres son alarmantemente elevadas y dan cuenta de esta situación los medios de comunicación y los registros de las instituciones estatales, en donde se refleja la situación de opresión en que las mujeres sobreviven en Guatemala.

A pesar de que la sociedad en su conjunto es consciente de esto, se empeñan en mantener estas condiciones de pobreza, falta de acceso a educación, a salud integral y oportunidades de desarrollo para las mujeres. Muestra de ello, son los ataques de los que ha sido objeto la diputada Sandra Morán, del partido de izquierda Convergencia, quien entre las múltiples iniciativas que ha presentado y actividades en las que se ha involucrado, está participando en la conformación de una mesa técnica junto a la Organización Mujeres Transformado el Mundo, para elaborar una iniciativa de ley que asegure la reparación a las niñas, adolescentes y mujeres que hayan sido violentadas sexualmente. Pero ¿Cuál es el problema con esta iniciativa de Ley?

El problema para esta sociedad conservadora y regida por una doble moral, es que dentro de la propuesta se ha puesto sobre la mesa considerar que se debe despenalizar el aborto, planteando la posibilidad del mismo en caso de que el embarazo sea producto de una violación. La diputada Morán ha manifestado que el Estado necesita una política de reconstrucción transformadora para las niñas, adolescentes y mujeres que, como resultado de violencia sexual quedan embarazadas, a quienes la sociedad y el Estado actualmente las obliga a una maternidad forzada. Es por ello que cabe dentro de la propuesta el tema del acceso al aborto, como una de las tantas opciones que el Estado debe garantizar a las niñas, adolescentes y mujeres que hayan vivido este flagelo

El tema del aborto es considerado como tema tabú, así como lo ha sido en su momento la educación integral en sexualidad, a la cual también se han opuesto estos sectores conservadores que engañan a la gente con un falso discurso de valores y moral. De hecho, el proyecto de Ley Nacional de Juventud se encuentra estancado en el Congreso de la República debido a la obstinada oposición de estos sectores retrógrados que se oponen a que los jóvenes tengan plena información sobre la sexualidad. Al no querer brindar una oportunidad de vida distinta a las mujeres que dentro de un sistema patriarcal, interrumpen de tal forma el proyecto de vida de miles de niñas adolescentes, imponiendo la continuidad de las formas opresivas contra las mujeres.

Esta es la expresión más asquerosa de la doble moral, porque asustan tanto con el tema del aborto, cómodamente como machos, y no les interesa educar a los hombres para que no violen, que no maten, que no golpeen, que no acosen, que no denigren la dignidad humana de las mujeres. Están callando los numerosos casos de violencia sexual, al no denunciar ni legal, ni moralmente esta situación.

Esta opresión hacía el cuerpo de las mujeres no es sufrida exclusivamente por las mujeres guatemaltecas, ni centroamericanas, aunque somos las más vulnerables por las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que vivimos. La opresión sobre nuestros cuerpos se vive en todo el mundo. Recientemente las mujeres polacas se manifestaron en contra de políticas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y que han sido ganados con base en la lucha de mujeres organizadas para la erradicación de la opresión que hemos vivido por siglos.

Es por ello que solicito la solidaridad y el apoyo para con el movimiento nacional e internacional de mujeres para acuerpar esta lucha por la opresión, para que las mujeres participemos en la construcción de una sociedad socialista donde las formas patriarcales sean borradas. Apoyamos la iniciativa de ley de la compañera Sandra Morán y Mujeres Transformando el Mundo, que pretende brindar un mínimo de protección a las niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

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