Por Augusto De la Torrente
La característica más notoria del gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, ha sido su falta de coherencia en muchos puntos de la problemática nacional. El más reciente fue la emisión, el pasado 20 de septiembre, de un Estado de Prevención aduciendo la calamidad pública por las constantes lluvias y deslizamientos, el cual fue derogado por el gobierno, dos días después.
A esto se suman otras medidas que en un momento fueron promovidas por el gobierno, echándose posteriormente atrás, como la presentación de una reforma fiscal que fue contrariada tanto por el sector empresarial, como por diversos organismos de la sociedad civil. Las denuncias de un sistema paralelo de espionaje desde la Secretaria de Administración y Seguridad Presidencial (SAAS) que obligaron a cambiar al secretario y vice secretario de esta dependencia
La población que votó por Morales bajo el lema “ni corrupto ni ladrón” fue encandilada por el supuesto saldo que dejaron las movilizaciones del año pasado, las cuales pusieron su dosis para derrocar al gobierno del Partido Patriota, a la par de los intereses de la oligarquía y el imperialismo que se movieron, por un lado, para evitar que Baldizón llegara a la presidencia, y posteriormente para quitar el apoyo a Otto Pérez.
De igual forma, bajo una operación publicitaria enfocada en la segunda vuelta presidencial, que perfiló a Morales como ganador sobre Sandra Torres del partido UNE y la campaña publicitaria que se lanzó, mostrándose como exponente de la nueva política sobre la vieja política. Se construye así la imagen elaborada por los medios de comunicación, en base a una falsa división entre una supuesta nueva y otra vieja política, sobre la cual diversos políticos como el presidente del Congreso y otros, se han querido montar.
Pero lo cierto es que se quería cerrar un periodo abierto de movilizaciones, bajo un gobierno que supuestamente iba luchar fuertemente contra la corrupción, pero tales movilizaciones han continuado bajo las banderas históricas de la clase trabajadora. La bandera de la lucha contra la corrupción por su parte, fue sustraída a los movimientos denominados de la plaza, por la CICIG y el Ministerio Público; influyendo además en un gobierno, el cual se convierte más en una especie de títere, donde varios factores tratan de influir. Entre ellos los Estados Unidos, con ministros con una agenda social que puede dar paso a una agenda aún más privatizadora, tal es el caso de la ministra de salud actual, del ministro de ambiente o del superintendente de administración tributaria, quien por el momento ha enfrentado la evasión fiscal de las grandes empresas.
La esperanza de que este gobierno combatiera la corrupción además se cae por los suelos, poniendo en aprietos a los factores reales de poder. Primero los señalamientos, tras la captura de un narco ex militar conocido como El Fantasma, quien contribuyó a la campaña del partido de gobierno y quien supuestamente le pagó la mansión donde vive el vicepresidente Cabrera, que además está señalado de irregularidades cuando fungió como rector de la máxima casa de estudios. Y más reciente la investigación que se abrió contra el hijo y hermano de Morales, en lo que respecta a sobrecostos en la compra de alimentos a un restaurante de un personaje quien ha sido financista del actual partido y del PP.
En ese sentido, la emisión de un decreto de prevención que vulnera la libertad de expresión, los derechos a la libre locomoción, de asociación y de organización, cayó como balde de agua fría. La Procuraduría de los Derechos Humanos rápidamente se aprestó a denunciarlo y anunció junto al Congreso que se abrirá una investigación sobre los funcionarios que sugirieron esta medida. Los medios de comunicación obviamente denunciaron esta situación y la Sociedad Interamericana de Prensa lo condenó. Mientras que varios organismos de derechos humanos y organismos internacionales de igual forma lo condenaron.
El viernes 23 de septiembre se emitió un nuevo decreto, ahora de calamidad pública, que mantiene preocupantemente la imposibilidad de ejercer libertad de expresión y de asociación, en sitios afectados por desastres y la compra de bienes y servicios por excepción, sin ningún control público.
Los socialistas centroamericanos por principio, rechazamos toda medida que vulnere las libertades civiles y los derechos políticos, pues en última instancia esto afecta la organización de la clase trabajadora. Y aunque es vital la reacción ante desastres, es necesario señalar, por ejemplo, que los denominados sitios de riesgos por deslaves, están habitados porque las municipalidades dan permiso en algunos casos para asentarse ahí y en otros casos, la población habita ilegalmente, porque no existe políticas para la construcción de vivienda popular en lugares aptos y con servicios de calidad.
