Comisión Postuladora del nuevo Fiscal
Por Úrsula Pop
Con el proceso de elección del nuevo fiscal general o jefe del Ministerio Publico (MP), la posible reelección del actual fiscal general Claudia Paz y Paz y el debate que esto suscita entre varios sectores sociales, se ponen al descubierto las debilidades no solo del novedoso sistema de elección de funcionarios vía Comisiones de Postulaciones, sino la propia independencia de los funcionarios encargados de aplicar la justicia, piedra angular de la democracia burguesa.
Pese que la ley de Comisiones de Postulación data de 2009, el interés por aplicar este sistema surgió con la intención de reformar el estado de derecho, característica de la estrategia de reacción y-o transición democrática que surgió con el agotamiento del régimen político autoritario y militar.
El sistema consiste en que haya una preselección de candidatos llevada a cabo por una comisión previamente conformada entre colegios de profesionales, especialmente el de abogados y notarios y las universidades del país. Se centra la escogencia -para que posteriormente sea la respectiva institución estatal la que definitivamente elija- en una especie de notables, aunque en la práctica de eso, no tienen nada, pues es en estos centros de poder formalizados donde los poderes reales y fácticos influyen en función de mantener privilegios.
El periodo de Paz y Paz
Ha generado revuelo la administración de Paz y Paz, por su accionar en casos de renombre tanto contra el crimen organizado -algunos narcotraficantes- o en casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Su administración ha contado con el visto bueno del gobierno estadunidense y el apoyo sobre todo en los casos de genocidio, de organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la guerra interna.
Pero la administración de la actual fiscal tiene importantes particularidades, porque profundiza la aplicación de un modelo de gestión en la persecución penal iniciado por Amílcar Zarate, que consiste en identificar un fenómeno criminal, sus delitos, perseguir sus manifestaciones y nexos con otros crímenes.
Esto en la práctica ha implicado por ejemplo, el desmantelamiento de estructuras del crimen organizado vinculadas sobre todo al narcotráfico o al lavado de dinero relacionado con este delito, lo que ha coincidido con los intereses y prioridades del gobierno gringo, llegando en algunos casos a ajustarse con agendas oligárquicas, por ejemplo en la persecución del ex presidente Alfonso Portillo.
Pero a la par de eso, ha iniciado una serie de seguimiento a casos de violaciones a derechos humanos, sin duda una exigencia sentida por buena parte de la población que sufrió el terrorismo de estado, siendo el más ejemplificante la condena por genocidio contra el ex dictador Ríos Montt, proceso entorpecido por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Sin embargo en el caso de otros fenómenos criminales, como la notoria corrupción del actual gobierno (por ejemplo en relación con el robo y sobre costos de medicinas, contratos ilegales en el Instituto de Electrificación responsabilidad que cae en su presidente, el actual ministro de energía y minas o el anulado contrato de ampliación del aeropuerto La Aurora), la actuación del Ministerio Público y otras instituciones, como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, ha sido menos ejemplar.
En cuanto a la criminalización de las luchas sociales, el MP, pese a haber atajado en algunos casos la persecución penal y mostrar alguna independencia con respecto a los grupos económicos, continúa -al ser parte de la institucionalidad burguesa- con el amedrentamiento hacia los líderes comunitarios, que junto a las acciones extrajudiciales de estructuras de seguridad estatal, reprimen al movimiento popular.
La preselección
La conformación de la Comisión de Postulación, que se dio casi al mismo momento que la CC resolvió acortar el mandato de la fiscal general (situación relacionada a la forma en que fue nombrada para ese cargo en el gobierno de Álvaro Colom al remplazar a Conrado Reyes tras su breve periodo en funciones) evidencia la presión de muchos sectores interesados en sacar a Paz y Paz.
Estos sectores van desde ex militares contrainsurgentes, empresarios emergentes y oligárquicos enriquecidos al amparo del desfalco al Estado, oligarcas que apoyaron los gobiernos militares represivos, junto a los capitales del narco blanqueados y ahora socios de oligarcas y emergentes, así como grupos del crimen organizado, muchos financistas del oficialista Partido Patriota, la UNE de Sandra Torres y Lider de Baldizón. Solo un sector minoritario de la burguesía, verá en el ejemplo de su administración la necesidad de modernizar la administración pública.
La postuladora está conformada por el presidente magistrado del Organismo Judicial José Sierra, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang) Luis Reyes, el presidente del Tribunal de Honor de ese colegio Manuel Marroquín, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos Avidán Ortiz y los decanos y decanas de 10 facultades de universidades privadas donde se imparte tal carrera.
Tal como informa el Centro de Medios Independientes en su página web, se demuestra cómo los decanos de las universidades privadas son abogados vinculados a las grandes corporaciones, algunos con experiencia en cargos públicos, unos con mayor o menor ejercicio académico, pertenecientes al andamiaje internacional imperialista como Interpol, etc.
Reyes y Marroquín son representantes del Cang, institución controlada por intereses cercanos al presidente y la vicepresidente. Así, en los últimos días la prensa ha publicado sobre un personaje de nombre Gustavo Herrera quien ha cabildeado a favor de ciertos candidatos a fiscal favoritos a la pareja presidencial; Herrera es responsable del desfalco del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), vinculado a lavado de dinero procedente del narco, robo de vehículos en México y EU, robo de propiedades y otros delitos. Se presume que Herrera ha sido informante de la DEA y cercano a algunos narcos financistas de Roxana Baldetti, participantes en las redes del Cartel de Sinaloa. Herrera a su vez tiene un entramado de abogados, funcionarios y políticos, donde sobresalen políticos de los principales partidos, destacando el actual presidente del IGSS el ex militar Juan de Dios Rodríguez.
De los candidatos, la mayoría son abogados cercanos a fuerzas de derecha que han controlado el Estado guatemalteco, algunos ex funcionarios, como Julio Clavería, Asisclo Valladares, parte de la podrida partidocracia o actuales funcionarios cercanos a Herrera como la magistrada Thelma Aldana y Annabella de León registradora de la propiedad inmueble, otros como Eunice Mendizábal viceministra de gobernación, Marco Villamar actual juez de dominio, etc. Otros son actuales fiscales, como Rony Hernández fiscal contra el crimen organizado o Silvia García fiscal distrital metropolitana, que proponen hacer más eficiente el actual modelo de gestión del MP. La mayoría de los candidatos se han formado con una ideología anticomunista y contrainsurgente.
Los candidatos tuvieron un bajo resultado en la evaluación que se realizó, entre ellos la actual fiscal, aunque ella sobresale en su formación académica y calidad humana; el instrumento que califica la experiencia profesional, académica y ética (conocida como tabla de graduación) es objeto de debate entre especialistas. Se tiene también las tachas, que son objeciones de organizaciones y personas hacía los candidatos. Paz y Paz fue la que más tachas recibió, todas procedentes de organizaciones de derecha.
Consideramos que todos estos instrumentos, mecanismos y el diseño corporativo de las postuladoras, para nada inhiben la tendencia a comprometer la independencia de los funcionarios. El hecho de que organizaciones de derechos humanos y populares centren su estrategia en apoyar funcionarios probos en una u otra institución estatal, demuestra su debilidad orgánica y la aceptación de su papel subordinado a la estrategia imperialista. Es fundamental que haya carrera administrativa en las instituciones públicas, independiente de los poderes formales, facticos y reales, pero para que esto suceda se debe de romper la estructura oligárquica del Estado y la sociedad. Por ello el Psoca llama a los trabajadores, campesinos, indígenas y sectores populares a que reclamen un cambio en el sistema de elección de funcionarios de las instituciones públicas, que los funcionarios sean electos popularmente en base a criterios de calidad de estos, que puedan ser removidos en cualquier momento y que no tengan los salarios vergonzosamente elevados que gozan actualmente. Este cambio debe ser plasmado por una Asamblea Nacional Constituyente electa popularmente, que transforme el país el favor de las mayorías desposeídas.
