Por Armando Tezucún

El lunes 24 de marzo tuvo lugar la primera fase del proceso de elección a nuevo rector de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. El sistema de votación es indirecto, debiéndose elegir primero cuerpos electorales en cada una de las 10 facultades, compuestos por cinco representantes estudiantiles, cinco representantes de los profesores titulares y cinco representantes de los profesionales colegiados; además, el rector en funciones hace también parte del conglomerado de cuerpos electorales. Estos cuerpos eligen, en una segunda fase, a la persona que será rector en el siguiente periodo de cuatro años.

Este sistema es profundamente antidemocrático, pues las escuelas no facultativas (Historia, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Psicología, entre otras) y los Centros Regionales del interior del país están excluidos y no tienen derecho a votar ni sus estudiantes ni sus catedráticos, estos últimos sólo votan en tanto profesionales colegiados. Tampoco pueden votar los profesores no titulares ni los trabajadores administrativos y de servicio. Es decir, casi la mitad de la comunidad universitaria tiene vedado el derecho a votar por el futuro rector.

Dos planillas se presentaron a elecciones de cuerpos electorales, la planilla I del candidato oficial Carlos Alvarado Cerezo, actual secretario de la Usac, y la planilla II por la Dra. Hada Alvarado, candidata independiente. El resultado final, luego de que en la facultad de Arquitectura se realizaran 3 rondas de votaciones, fue 26 cuerpos a favor de Alvarado Cerezo y 6 a favor de la Dra. Alvarado. La segunda fase de la votación será el 24 de abril, día en que los cuerpos elegirán, como ya es obvio, al oficialista Carlos Alvarado como nuevo rector. De esta manera, la camarilla corrupta que ha gobernado la USAC durante los últimos 8 años continuará haciendo de las suyas en detrimento de la comunidad universitaria.

Las voces de protesta contra este injusto sistema electoral no faltaron. En especial la Asociación de Estudiantes de Historia, Antropología, Arqueología y Archivística (AEHAAA) de la Escuela de Historia realizó una modesta pero firme campaña de denuncia contra la falta de democracia que impregna las elecciones a rectoría.

Los días 15 y 19 de marzo la AEHAAA realizó sendos foros sobre el evento electoral, invitando en primer lugar a ambos candidatos y a personalidades que tienen una visión crítica sobre el actual estado de cosas en la USAC. El candidato del oficialismo Alvarado Cerezo, ni siquiera se dignó a contestar la carta de invitación que se le hizo llegar, y no se presentó a ninguno de los dos foros, ni envió a representante alguno. La actitud de este personaje de no dar la cara en los debates caracterizó toda la campaña, llegando al colmo de no presentarse a la invitación que le hiciera el diario Prensa Libre a una entrevista junto a la candidata Dra. Alvarado, para debatir sus posturas.

La candidata independiente presentó sus excusas por no presentarse, pero envió a representantes de su equipo, el pedagogo Rolando Corado Gálvez, el arquitecto José David Barrios, quienes expusieron su plan de trabajo.

Tuvo una destacada participación el economista Eduardo Velásquez, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la USAC y ex candidato a rector. El expositor hizo una demoledora crítica del sistema de corrupción que se ha instalado en la USAC con la actual administración, caracterizada por el clientelismo, la violación de leyes y reglamentos, la perpetuación de decanos y otros funcionarios en sus cargos, los negocios con empresas privadas y la tolerancia total y entendimiento con los mafiosos entronizados en la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). Se hizo presente también el abogado Américo Cifuentes, de la Red por la Paz y Desarrollo de Guatemala, quien anunció que el mismo día del foro, 19 de marzo, un grupo de estudiantes, con su asesoría, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Consejo Superior Universitario, para que se permita el voto de las escuelas y centros regionales. Si la CC aceptara el amparo se anularían las elecciones de cuerpos electorales realizadas el 24 de marzo, posponiendo todo el proceso.

El expresidente Portillo se declaró culpable en una Corte de Estados Unidos

Por Juan Castel

El titulo anterior relata en una frase el limbo al que está atado el expresidente de la república Alfonso Portillo Cabrera (2000–2004), que pasó de ser un caudillo populista tránsfuga a un engorroso capítulo más de la república de los enriquecidos ladrones. Capitulo cuyo último titular se conoció el pasado martes 18 de marzo, cuando el ex presidente compareció ante el juez de Nueva York, donde está siendo actualmente procesado por el delito de lavado de aludiendo la utilización por parte de Portillo de bancos estadounidenses para lavar la procedencia de varios cheques recibidos por él.

Leyendo su breve declaración de culpabilidad, Portillo confesó que: “Desde diciembre de 1999, o alrededor de esa fecha, hasta agosto de 2002, antes de asumir el cargo de Presidente de Guatemala, y mientras fui Presidente, yo recibí, en varios lugares en Guatemala, un total de US$2.5 millones en pagos del Gobierno de Taiwán. Tuve entendido, que a cambio por estos pagos, usaría mi influencia para que Guatemala siguiera reconociendo a Taiwán diplomáticamente. Los US$2.5 millones fueron hechos en tres cheques, cada uno de ellos por la suma de US$500 mil, pagaderos a mi nombre y dos cheques, cada uno de ellos por la suma de US$500 mil, hechos pagaderos a Oxxy Financial Corp” (Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York). Con esto Portillo hecha al agua el fallo a su favor concedido por el Tribunal Undécimo Penal de la nación, que lo absolvió en 2009 de la acusación de malversación de unos Q120 millones por medio de desfalcos en el Ministerio de la Defensa Nacional y en el Estado Mayor Presidencial.

En Guatemala ya se ha empezado hablar “de nuevo” de su posible culpabilidad. Después de este reconocimiento por parte del propio Portillo, colaboradores y detractores han empezado a barajar la posibilidad de un nuevo juicio. “La fiscal general, Claudia Paz y Paz, dijo que el Ministerio Público podría investigar al exmandatario Alfonso Portillo por los hechos que aceptó haber cometido, ante una corte federal en Estados Unidos, pero se deberá constatar si se viola el principio non bis in ídem, que prohíbe una doble persecución por el mismo delito” (ElPeriodico 21.03.2014).

Non bis in ídem

En el lenguaje latino de la jurisprudencia se entiende por “non bis in ídem” a la acción de la defensa legal de un acusado al que no se le puede perseguir penalmente dos veces por un mismo cargo. “No dos veces por lo mismo” se le puede decir también a la alevosía cometida por expresidente de la república, cuyo cargo utilizó para enriquecerse a él y a los suyos, –yo no lo niego, ni lo desconozco y menos lo encubriré–. Pero el hecho es claro… la sociedad guatemalteca ha sido testigo de un desfile absurdo de corruptos representantes de la bandera. Corrupto es también el gobierno de Taiwán que niega, en el informe presentado al gobierno guatemalteco, que haya pretendido sobornar a Portillo, siendo que el expresidente taiwanés de esos años se encuentra detenido precisamente por actos de corrupción.

La sociedad ha sido también en los últimos años encubridora de este revanchismo movilizado por la gran oligarquía. La parafernalia mediática silenció a un hombre –Portillo– e hizo del pueblo un partícipe activo de este castigo impuesto por la burguesía nacional al único caudillo populista con un proyecto de trasformación política. Portillo, es un viejo cuadro de la base urbana del EGP (Ejército Guatemalteco de los Pobres) cuyo oportunismo lo llevó a pasar a la moderación de la izquierda reformista legal del PSD (Partido Social Democrático) y después a la reserva de la derecha de la DCG (Democracia Cristiana de Guatemala), pero aún más contradictorio, pasar a las filas del FRG, cuyas doctrinas combatía en sus remotos tiempos de guerrillero de pasillo. Cómo ignorar que lo que se libró contra Portillo desde mediados de su gobierno, hasta finales fue un revanchismo de los grandes productores del país. Cómo olvidar aquella estatización de los productos de la canasta básica y más aún, aquella amenaza solitaria de Portillo advirtiendo, frente a uno de los más poderosos oligopolios, que ante el encarecimiento del “Azúcar Nacional” se veía obligado a importarla de México y de Cuba. Cómo olvidar el hecho consumado que se suscitó el 20 de mayo de 2013, la extradición exprés –nunca antes vista– de Portillo hacia Estados Unidos.

Por eso desde El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) no desconocemos la culpabilidad corrupta de los mandatarios burgueses como Alfonso Portillo, pero tampoco hacemos caso omiso de las semblanzas oscuras del poder oculto en Guatemala, que controla hoy en día, como se hacía hace cien años, la aplicación de justicia, que premia a sus vasallos más serviles y castiga a los que osan levantarse contra el status quo.

Dirigentes sindicales rechazan la Ley de Inversión y Empleo

Por Úrsula Pop

Con la no aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de 2014 por parte del Congreso de la República, el gobierno ha tenido que utilizar el aprobado para 2013, que es de Q66 mil 985 millones, al que se suma la ampliación de Q1 mil 500 millones recetada por el Congreso en febrero pasado. En los primeros días de marzo el gobierno informó que habrá recortes presupuestales, poniendo en aprietos la ejecución del gasto público, que mayormente se destina a gastos de funcionamiento y muy poco a la inversión.

Los efectos de la crisis financiera del Estado se manifiestan primeramente en las protestas de los trabajadores públicos. En Alta Verapaz, salubristas de los distintos puestos de salud del departamento se declararon en asamblea permanente ante el incumplimiento de la firma de contrato con empleados que trabajan por contrato. De igual manera, en algunos hospitales nacionales y siempre en este departamento, los salubristas aducen la falta de recursos para atender a la población que acude a solicitar el servicio (ver Prensa Libre 26/03/14, “Escasean Insumos y Medicamentos”).

Actualmente está en el Congreso la discusión de la iniciativa 46-44 Ley de Inversión y Empleo, presentada al legislativo en enero de 2013. Esta ley busca sustituir los decretos 29-89 y 65-89 de fomento a la maquila y zonas francas, que entre otros beneficios otorgan a los empresarios la exención del pago de impuestos como el de la renta, IVA, IUSI e ISO, bajo la condición de que generen inversión y empleo y destinen su producción a la exportación. Esta ley forjó un modelo económico fincado en la exportación de productos, sobre todo textiles, usando las ventajas comparativas, es decir bajos salarios y poca capacidad productiva de la fuerza de trabajo. Pero además sirvió para que una serie de empresas que no tenían nada que ver con maquila, se acogieran a estos beneficios para exonerarse del pago de impuestos.

Este modelo está entredicho por los acuerdos a nivel de la Organización Mundial de Comercio, que plantean la eliminación de estas exoneraciones al 31 de diciembre de 2015. Por lo tanto el gobierno presentó desde enero del año pasado la iniciativa 46-44, que de igual manera plantea ventajas a las empresas, dispensándolas del pago de ciertos impuestos. Sin embargo, justo cuando el proyecto está a punto de pasar a discusión al pleno del Congreso, la Superintendencia de Administración Tributaria ha pedido que los diputados revisen tal iniciativa, porque se estima que con su puesta en vigencia el Estado dejará de percibir Q1 mil 295 millones, el 2.9 % de total estimado para este año. Según otros cálculos el monto no recaudado llegaría a Q 2,721 millones.

Entre las primeras reacciones, el ministro de Economía, Sergio de La Torre, señaló que la SAT no tomó en cuenta los beneficios en término de empleos e inversión en el sector maquila, que generan salarios que a su vez generan consumo e impuestos (Prensa Libre 24/03/14). Los empresarios de maquilas advirtieron que sin exenciones de impuestos los inversionistas coreanos se irán a Honduras o El Salvador.

El 24 de marzo la vicepresidenta Roxana Baldetti solicitó a la Comisión de Economía del Congreso que revise la iniciativa de Ley de Inversión y Empleo, alarmada por las advertencias de la SAT. En los días siguientes, la SAT, el Ministerio de Economía, la bancada del Partido Patriota y el ejecutivo han estado buscando consensos para obtener una versión de la ley que no dañe las maltrechas finanzas del gobierno.

El 26 de marzo sindicalistas de la Federación Sindical de Empleados Bancarios de Servicio y del Estado pusieron el dedo en la llaga señalando que la nueva ley se basa en la reducción de los salarios, sin dar certeza de los beneficios del Seguro Social, sin la seguridad de que genere nuevos empleos y con la seguridad de que reducirá la recaudación fiscal. Reynaldo González, del Comité Ejecutivo del sindicato declaró que “…en la redacción no hay por ningún lado certeza de que se va a generar empleo, pero sí que se van a bajar los salarios” (Prensa Libre 27/03/14).

Llamamos a construir esfuerzos unitarios en el sector popular, sobre todo con la participación de sindicatos de empleados públicos. Debemos plantear que, más allá de la necesaria lucha por la dignificación laboral y una mejora en la atención al usuario, los sindicatos debemos exigir a este gobierno cambios sustanciales en la estructura fiscal: eliminación de exenciones; impuestos altos a la renta; mayores impuestos a las ganancias y a las fortunas, sobre todo para los grandes monopolios, las trasnacionales que explotan nuestros recursos naturales y a los grandes bancos del sistema financiero que en los últimos años han reportado magníficos beneficios.

Por Armando Tezucún

El 25 de febrero el Organismo Ejecutivo publicó en el diario oficial cuatro acuerdos por medio de los cuales declaró circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El Progreso, Estanzuela en el departamento de Zacapa y Masagua en el departamento de Escuintla.

El objetivo de esta disposición es propiciar las condiciones para un desarrollo integral mediante la creación de empleo formal y atracción de inversión privada nacional y extranjera. Este ambicioso plan busca crear parques industriales donde se instalen fábricas que se dediquen al ensamblaje de equipos electrónicos como teléfonos celulares, tabletas electrónicas y computadoras; el montaje de motocicletas, bicicletas y piezas para vehículos; además de manufacturas más comunes como la elaboración de vestuario y telas. Como complemento a estas actividades se construirían obras de infraestructura como carreteras, sistemas ferroviarios (posiblemente por medio de alianzas público-privadas), y se ampliaría la cobertura de la seguridad social y la capacitación técnica; además, plantea la construcción de viviendas populares, impulsar políticas de acceso al crédito y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Inicialmente se realizó una convocatoria a todas las municipalidades del país, pero solo los cuatro municipios arriba mencionados mostraron interés. El proceso iniciará con la formación de Comisiones Paritarias con la participación de representantes locales de empresarios, autoridades y trabajadores, que discutirán y definirán las políticas salariales y las condiciones para atraer la inversión a la región. El 4 de marzo el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, lanzó la convocatoria para la formación de estas comisiones.

De inmediato saltó a la discusión pública el tema de los salarios mínimos que se definirían para estas circunscripciones, pues como sabemos, una parte central de las políticas para atraer inversiones es el del sueldo que los empresarios pagarán a los trabajadores, además del resto de condiciones laborales. Mientras más bajos sean los salarios, mayores serán las ganancias de los capitalistas, y en la región del país donde más raquíticos sean los sueldos, allí es donde invertirán.

Es una realidad que los salarios mínimos vigentes (Q 2,530.34 para el campo y la ciudad; Q 2,346.01 para maquilas y exportadoras), a pesar de que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio, no reflejan los sueldos reales que ganan los trabajadores. La voracidad de los empresarios hace que los salarios que pagan no lleguen ni siquiera al mínimo de ley. El mismo ministro Contreras reconoció que los departamentos que tienen en promedio los salarios más altos del país son Guatemala y Petén, con unos Q 1,700 mensuales; y en los departamentos del Noroccidente, Oriente y la Costa Sur (a los que pertenecen los municipios en cuestión), los sueldos promedios son de Q 818, Q 1,340 y Q 1,400, respectivamente (Siglo XXI, 26/02/14).

Es esta alarmante e ilegal situación en materia de salarios la que los capitalistas piensan legitimar por medio del establecimiento de estas circunscripciones económicas. A pesar de que algunos de los alcaldes de los municipios y dirigentes sindicales advirtieron que no es viable que las comisiones paritarias propongan salarios inferiores al mínimo de ley, el ministro declaró que “Las recomendaciones pueden ser para mejorar el que está vigente (salario mínimo) o propuestas de salarios específicos, tomando en cuenta el salario real que se devenga en los municipios” (Siglo XXI, 26/02714).

Fernando López, presidente de la patronal Cámara de Industria de Guatemala, declaró se debe recomendar salarios inferiores a los vigentes, sobre todo en el caso de las maquilas, donde el costo de la mano de obra es importante: “El planteamiento debe ser menor al actual (salario mínimo), porque para estar igual al vigente no se necesitan regulaciones” (Siglo XXI 27/02/14).

Según el presidente Pérez Molina, hasta ahora empresas textileras chinas y coreanas han mostrado interés en invertir en el proyecto, pudiendo generar hasta diez mil empleos. Pero seguramente serían empleos precarios, con bajos sueldos y malas condiciones de trabajo. Los cuatro municipios suman una población de 124,251 personas, con 10,614 afiliados al IGSS, de los cuales 1,322 en la industria manufacturera (según datos publicados en Prensa Libre el 13/03/14). La pobreza general de la región probablemente obligará a la población a aceptar gustosamente estos trabajos, creándose un nuevo proletariado en el interior cuya primera agenda de lucha será igualar sus salarios a los mínimos de ley a nivel nacional y mejores condiciones de trabajo.