Por Armando Tezucún

La primera semana de junio el Instituto Nacional de Estadística anunció que por primera vez el costo de manutención de una familia promedio de cinco personas rebasó los cinco mil quetzales mensuales (unos US$ 625). Según el INE, la Canasta Básica Vital, que incluye gastos de alimentación, educación, salud, transporte, vivienda, agua, energía eléctrica y otros servicios alcanzó en mayo la cantidad de Q 5,058.39, superando en Q 456 la CBV de mayo de 2012. Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria, que cubre los gastos en alimentación llegó a Q 2,772, Q 249 más que en mayo de 2012 (diario El Periódico 8/6/13).

En enero de este año entró en vigencia un aumento al salario mínimo del 5%, que lo colocó en Q 2,421 mensuales para actividades agrícolas y no agrícolas y Q 2,246 mensuales para actividades de exportación y maquilas (unos US$ 302.70 y US$ 280.75 respectivamente). Si hacemos comparaciones veremos que el mísero incremento al salario mínimo ya fue absorbido por la inflación antes de que lleguemos a la mitad del año.

Tomemos en cuenta que en Guatemala el salario mínimo es en realidad el salario máximo que pagan la mayoría empresas, y en muchas otras, sobre todo en el sector agrícola, los sueldos no llegan al mínimo de ley. “De acuerdo a cálculos con base en datos del INE, en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, donde labora el 32.3% de la población ocupada del país, el ingreso promedio de los trabajadores es de Q 726 al mes; y en el sector manufacturero, donde trabaja el 13.7% de la población ocupada total, el ingreso promedio de los trabajadores es de Q 1,918.00” (Periódico Universidad, USAC, abril 2013, artículo La Inflación y su Impacto Social, por Carlos Aníbal Martínez). Para cubrir la Canasta Básica Vital un trabajador necesita 2.3 salarios mínimos. Esto es en el caso de los trabajadores asalariados; pero recordemos que un 74.5% de la población labora en la economía informal, ya sea por cuenta propia o en pequeñas empresas que no tributan ni cumplen los requisitos de la ley laboral. Esto implica que el aumento imparable de los precios está sumiendo en la pobreza aceleradamente a sectores cada vez mayores de la población trabajadora.

A los datos divulgados por el INE correspondientes al mes de mayo hay que sumar que a partir del 17 de junio se ha dado un aumento generalizado en el precio de la carne de res, el segundo del año, producto de la especulación de intermediarios, que prácticamente está eliminando este producto de las mesas de los hogares pobres.

¿Qué hace el gobierno al respecto? En mayo el Ministerio de Economía anunció un plan de cinco acciones para frenar el alza de los precios de los productos básicos: batalla contra la especulación, dar seguimiento a denuncias presentadas al Ministerio Público, combate al contrabando, promoción de contingentes de importación procedentes de Centroamérica y acciones que promocionen la oferta en el mercado (La Hora, 14/5/13). Sin embargo, el 21 de junio diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se reunieron con funcionarios del Ministerio de Economía y se percataron de que el gobierno aún no logra concretar su estrategia (La Hora 22/06/13).

La única acción concreta realizada ha sido el impulso de 15 ferias del consumidor, en las cuales diversos proveedores ofrecen al público productos de la canasta básica a precios de mayoristas, aunque la mayoría de productos tenían sólo Q 1 de rebaja en el precio. Esta absurda medida del Ministerio de Economía no ayudará en nada a frenar el alza generalizada. Como dijeran algunos asistentes, estas ferias son sólo de un día, mientras que el alza en los productos es constante (Prensa Libre 23/06/13).

Las medidas a impulsar tendrían que ser la fijación de precios topes a los productos básicos y la apertura de importación de productos para bajar los precios. Pero el gobierno nunca tomará estas medidas, pues lo enfrentarían con los grandes oligopolios de la burguesía y con una red de intereses económicos en la que están enmarañados los propios funcionarios gubernamentales y los diputados del Partido Patriota.

El incremento acelerado de los productos de consumo popular se da en medio de una grave crisis financiera del gobierno y de un estancamiento de la economía al primer trimestre del año.

Para las organizaciones sindicales, campesinas y populares se pone a la orden del día la lucha por l alza general de salarios, así como las movilizaciones para exigir al gobierno el freno a la especulación y la fijación de precios tope a los productos de la canasta básica.

Por Leonardo Ixim

Se organizó a finales de mayo pasado el foro Investment Summit, una reunión entre empresarios nacionales e internacionales. Dicho evento fue organizado por el gobierno como una ventana para atraer la inversión, es decir un eufemismo para nombrar las oportunidades de ganancias para la burguesía a costa de extraer el plusvalor al proletariado guatemalteco y la extracción irracional de los recursos naturales, afectando sobre todo a las comunidades indígenas y mestizas que interactúan con los ecosistemas locales.

El foro se celebró en un lujoso hotel capitalino y contó con la participación de más de 1000 inversionistas. Fue inaugurado por autoridades gubernamentales, comenzando con el presidente Otto Pérez y el ministro de economía Sergio De la Torre. Pero a la par de que los empresarios acordaban jugosos negocios a costa del sudor y la sangre de los guatemaltecos, en el primer día de actividades varias organizaciones campesinas denunciaron, en una concentración enfrente del evento, que estos negocios implican un mayor saqueo de los recursos naturales.

Para el sector empresarial aglutinado en la principal organización empresarial, el Cacif, dicho evento fue todo un éxito, considerado el más grande en Centroamérica, pues se realiza en un contexto de reposicionamiento de las potencias internacionales. Como ejemplo de este recambio están la reciente venida del presidente estadounidense, en que prometió varios proyectos de inversión en energía renovable, junto a la visita del presidente chino, quien firmó importantes acuerdos comerciales en Costa Rica y sobre todo en Nicaragua con la creación de una empresa específica para la construcción de un mega canal por el lago de Nicaragua y varios ríos que vierten en el Caribe.

Es decir, la región centroamericana se vuelve un territorio apetecible para las grandes potencias, donde Estados Unidos necesita mantener la hegemonía en su patio trasero, que a la vez tiene las características geográficas de ser un territorio estrecho, con el canal de Panamá como vía de importancia fundamental para el comercio mundial desde hace más de un siglo y nuevos proyectos de interconectividad. Otros proyectos recientes son los canales secos del oriente guatemalteco entre el Puerto de Santo Tomas y Puerto Quetzal y entre Puerto Cortez en Honduras y el recientemente concesionado Puerto de La Unión en El Salvador.

Todo esto supuestamente hace parte del Plan Mesoamérica, un espacio articulado para la revalorización de las ganancias burguesas centroamericanas, mexicanas y colombianas, como socias menores del capital estadounidense por medio de la reciente firmada Alianza del Pacifico en competencia con la alianza entre capital brasileño y las nuevas burguesías articuladas alrededor del Alba. En todo esto aparece China posicionándose en Centroamérica, vía Nicaragua y Costa Rica, y buscando el afianzamiento de relaciones comerciales tanto con el proyecto yanqui como el de las burguesías nacionales de sur. De ahí que el presidente guatemalteco corriera a pedir el establecimiento de relaciones comerciales con China continental.

En el caso de Guatemala, que por sus características geográficas es rica en recursos naturales y está estratégicamente situada a la entrada del mercado norteamericano, se realizó tal reunión con la participación de empresarios de una diversidad de países como Rusia, China, España, India, Estados Unidos, Europa, Colombia, México, etc. Guatemala es considerada la economía más grande Centroamérica, 37.5 % del PIB regional, con la base productiva más diversa y la población mayor del área; se acordó la realización de negocios en call center, procesamiento de bebidas, manufacturas, químicos, farmacéutica, textiles, pero sobre todo extracción minera e hidrocarburos. Importante es señalar la construcción de algunas obras que podía impulsar el sector construcción, como un anillo periférico exterior en el área metropolitana, un centro para las instituciones de gobierno o un tren rápido en la ciudad capital en el marco de las leyes de asociación público-privada.

Es necesario que el proletariado estructure un frente unitario con las organizaciones campesinas y comunales, con un proyecto de nación donde todos estos emprendimientos de transportes y los proyectos productivos sean impulsados por empresas estatales, administradas por los trabajadores junto a las comunidades sobre todo en la extracción de recursos naturales. Debemos estar vigilantes, pues un gancho para atraer las inversiones extranjeras son los proyectos de ley que pretenden legalizar la flexibilización laboral y el trabajo a tiempo parcial, es decir maximizar la explotación de la mano de obra.

Por Armando Tezucún

Las comunidades campesinas sin tierra del Valle del Río Polochic fueron una vez más objeto de agresiones. Recordemos que en marzo de 2011, 800 familias del área fueron violentamente desalojadas por el gobierno de Álvaro Colom, con el fin de permitir el uso de las tierras por el ingenio azucarero Chabil Utzaj, propiedad del grupo Pellas, consorcio capitalista originario de Nicaragua. El ingenio era propiedad de la familia Widmann (vinculada al expresidente {Oscar Berger), bajo el nombre de Guadalupe, y dejó de funcionar en 2005; con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, las instalaciones pasaron a ser propiedad de los Pellas, quienes lo activaron bajo el nombre de Ingenio Chabil Utzaj.

Ni el gobierno de Álvaro Colom ni el de Otto Pérez Molina cumplieron con sus promesas de resolver la grave situación de los compañeros campesinos, que desde hace dos años viven una situación de precaria pobreza y discriminación en el área. “Esta situación de emergencia alimentaria de las familias q’eqchi’s del Valle del Polochic se viene a sumar a los efectos que las familias desalojadas vienen padeciendo a lo largo de dos años de abandono por parte del gobierno de Pérez Molina. De las familias desalojadas, el 54.5%, de niñez de 0 a 5 años tiene desnutrición crónica. Esta cifra supera los porcentajes del promedio nacional (49.8%) y del departamento de Alta Verapaz, al que pertenecen (50.6%)... La mayoría de las familias desalojadas no tienen acceso a tierra para cultivar sus alimentos, y tampoco cuentan con condiciones de empleo favorable debido a que en la zona son rechazados para trabajar en las fincas de caña y palma y se les niega la posibilidad de arrendar tierras de fincas que no están cultivadas. Asimismo, las comunidades tienen restricciones, en muchos casos impuestas por el Ingenio Chabil Utzaj, para acceder a ríos y bosques, medios de acceso a agua, leña y pescados para su alimentación”. (Comunicado conjunto del Colectivo de Estudios Rurales Ixim, el Comité de Unidad Campesina y la Fundación Guillermo Torriello, 06/06/13).

Ante la llegada del invierno y la época de siembra, los campesinos ocuparon tierras cuyos propietarios al parecer están en proceso de negociación para que el gobierno las compre y las otorgue a las familias desalojadas. Sin embargo, el Grupo Pellas también ambiciona esas tierras para expandir sus negocios. Como resultado, el 25 de mayo, unos 100 guardias de seguridad y cuadrilleros del Ingenio Chabil Utzaj, utilizando escopetas de 12 mm y fusiles de grueso calibre, agredieron a un grupo de campesinos que regresaban de trabajar, dejando cinco personas heridas, en un intento de desalojo extrajudicial e ilegal. Los compañeros agredidos pertenecen a 90 familias que ocupan dos fincas (La Hora 29/05/13).

Una semana después se dieron incidentes de mayor gravedad. En la madrugada del 31 de mayo un grupo de hombres armados entró a la finca Sepur Límite, ocupada un mes antes por 80 familias campesinas. Los agresores entraron a la vivienda del campesino Carlos Cucul Tot, con salvaje saña lo asesinaron y para intimidar a los pobladores, arrastraron el cadáver por el terreno y luego le prendieron fuego. Según los medios de prensa, los pobladores indignados persiguieron a los sicarios, lograron capturar a dos, a quienes lincharon y quemaron (Prensa Libre 01/06/13).

Mientras sus asesinos a sueldo agreden salvajemente a los campesinos que ocupan las tierras que ambicionan, los voceros del Grupo Pellas en el Ingenio Chabil Utzaj, se ufanan en anunciar que su primera zafra concluyó el 6 de mayo. Los resultados fueron 485 mil quintales de azúcar y 93,592 galones de melaza. El próximo año esperan duplicar la producción y para 2016 la proyección es producir 1 millón 750 mil quintales de azúcar y 4.5 millones de galones de melaza (Prensa Libre 10/06/13). Lo que no mencionan los esbirros de los Pellas es que esa azúcar está teñida de rojo con la sangre de los compañeros campesinos heridos y asesinados.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denuncia la saña con que el capital del Grupo Pellas extiende sus negocios, a sangre y fuego, a costa de la vida de las comunidades campesinas del Valle del Polochic. Exigimos al gobierno de Pérez Molina que cumpla con su promesa de otorgar tierras a las familias desalojadas en marzo de 2011. Llamamos a las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y populares a realizar acciones de presión contra el gobierno y de solidaridad con las comunidades campesinas del Valle del Polochic.

¡NO MÁS DESALOJOS VIOLENTOS EN EL POLOCHIC!

¡TIERRA PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS!

Mesa de Diálogo del año 2012

Por Leandro Flores

La salud en Guatemala parece estar siempre en la decadencia total. La lucha por encontrar una solución viene desde hace años, con valientes jornadas combativas durante los gobiernos de Óscar Berger y Álvaro Colom. La situación no cambió nada con este gobierno presidido por un militar, que no está interesado en invertir en salud. Aunque muchos sectores de salud, como los galenos del hospital San Juan de Dios, también los del Hospital Roosevelt, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud SNTS, con apoyo del Frente Nacional de Lucha se han pronunciado y han realizado acciones para solucionar el grave problema de la salud pública,   las autoridades han desgastado a estos sectores con pseudos diálogos.

La represión no ha faltado contra los trabajadores de la salud, como en el caso del asesinato de Ovidio Ortiz, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Guatemalteca SNTSG el 24 de marzo; y el 1 de abril fue asesinada Doña Marta Palma de Folgar de 70 años, madre de Carlos Folgar Palma, Secretario General del mismo sindicato en Jutiapa.

A finales de enero de este año, los médicos se declararon en asamblea permanente, suspendiendo la atención de pacientes en la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios por falta de medicamentos y materiales básicos para llevar a cabo esta tarea, así como una enorme deficiencia en equipamiento y condiciones adecuadas para atender a los pacientes. Pero la gran repuesta del señor presidente Tito Arias fue; "Que haya poca medicina o no estén aparatos disponibles no es excusa para que no estén trabajando, se van a levantar actas para los que no trabajan y estén haraganeando". No dijo que un médico residente devenga en el sector público un sueldo de Q5 mil 200 por una jornada de ocho horas de trabajo y turnos de 24 horas seguidas cada cuatro días y el jefe de un servicio en Salud Pública puede ganar Q3 mil 400 por cuatro horas, que suelen duplicarse la mayoría de las veces (elPeriódico 14/06/13). Comparándolo con el sueldo del ministro de salud Jorge Villavicencio, que también tiene su clínica en Hospital Novicentro, no parece ser un sueldo justo para los galenos. El ministro de salud dijo que el hospital San Juan de Dios tiene una deuda de Q50 millones y que “talvez solo por eso falten los insumos” que tanto necesita para trabajar.

Los trabajadores salubristas son sometidos a grandes injusticias, ya que algunos ni cuentan con las prestaciones que debe dar el estado obligadamente; esto se debe a que están bajo contrato y no se encuentran en una planilla. Por esta razón se realizó una marcha el viernes 31 de mayo; desde las 9 horas de ese día los manifestantes emprendieron una marcha desde el Ministerio de Salud, zona 11, hacia la Casa Presidencial para exigir a las autoridades de esa cartera el cumplimiento del pacto colectivo.

Luis Lara, dirigente del sindicato, indicó que se pediría al Ejecutivo la contratación de 17 mil trabajadores en un renglón permanente, puesto que no cuentan con seguro social, ni prestaciones. Los manifestantes también pidieron la recontratación de 210 personas destituidas de manera injustificada, el cumplimiento del pacto colectivo y el pago de salarios atrasados, entre otras demandas. En la marcha participaron unos dos mil compañeros de la capital y de los departamentos de Petén, Alta y Baja Verapaz, Jutiapa, San Marcos y Quiché (Prensa Libre 31/05/2013). Todas las demandas se refieren a derechos que están plasmados ya sea en la Constitución de la República y en el Código del Trabajo. Hacia las tres de la tarde del mismo día una comisión de los compañeros fue recibida por el gobierno y los ministros de salud y trabajo se comprometieron a atender las demandas. Hasta la fecha aún no se han hecho públicos los avances en las negociaciones.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos el llamado a la unión de los trabajadores salubristas con los médicos de los hospitales, pues sus luchas conllevan al mismo fin de mejorar el sistema de atención pública de salud para el pueblo. El tema de la salud es un tema de todo el pueblo, por lo que se debe buscar la solidaridad activa del resto de sindicatos de trabajadores, de estudiantes, campesinos y todos los sectores populares. Finalmente llamamos a los compañeros a que no se dejen engañar por mas mesas de diálogos interminables e infructuosas, y que si es necesario seguir en las protestas hasta que las justas demandas sean cumplidas.