Por Leonardo Ixim
La situación financiera de la Universidad de San Carlos (USAC) es solo el reflejo de una crisis más profunda de la universidad pública, que en los últimos años ha perdido cierto paradigma académico orientado en función de las necesidades de amplias capas de la población que hoy se encuentran sumidas en la explotación y la pobreza.
Nos desenvolvemos en un sistema que nos condena a seguir reproduciendo nuestro papel en la división social internacional del trabajo, como exportadores de materias primas y como reservorios para la explotación de recursos naturales; así, la economía sufre un proceso de reprimarización, después del intento de sustitución de importaciones hace ya más de 40 años. Además de eso nos enmarcamos en un régimen de democracia burguesa que Nahuel Moreno calificó como de reacción democrática, producto de la derrota de la revolución centroamericana en la década de los 80s.
Surge la necesidad de repensar el papel de la universidad en un capitalismo neocolonial con esas características, y aparece la necesidad de la reforma universitaria, un proceso de largo aliento para transformar las grandes líneas de la USAC.
Es necesario también el repensar el papel que la USAC tiene en algunos órganos de gobierno como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Corte de Constitucionalidad, la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, que en su momento, con la contrainsurgente constitución de 1985 sirvió para que grupos politiqueros de derecha penetraran en la U, después de la masacre de importantes académicos, trabajadores y estudiantes.
La crisis financiera, si bien ahora se hace pública, no es cosa nueva. Desde hace unos años la universidad no recibe lo que constitucionalmente le corresponde, el 5 % del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado (art. 84 de Constitución). Pero ahora el rector Estuardo Gálvez y su partido político, en el poder en el Consejo Superior Universitario, han levantado una cruzada para que esos fondos se transfieran a las arcas universitarias.
¿Por qué no lo ha hecho antes? hay intereses para la aventura electoral de Gálvez a la presidencia y la continuidad de este grupo en el gobierno de la Usac, postulando al actual secretario académico de la universidad, Carlos Alvarado Cerezo, para rector. Sin embargo, como bien lo hemos mencionado también hay una crisis financiera, reflejada en salarios y bonificaciones no pagadas a docentes y trabajadores administrativos y de servicio.
Por tanto, hacemos un llamado a todos los sectores democráticos dentro de la universidad y a organismos populares de la sociedad civil a exigir al gobierno central que cumpla con su obligación. Pero también hay que exigir a las corruptas autoridades universitarias que rindan cuentas de cómo se ha usado el dinero con que ha funcionado la universidad en la gestión de Gálvez y que presente un proyecto en base a la calidad académica comprometida con las transformaciones sociales para el uso de los nuevos fondos., es decir la transparencia y la calidad del gasto. En ese sentido emplazamos al CSU a que llegue hasta el final en materia de movilizaciones y acciones legales contra el gobierno central.
Es vital que el CSU cumpla con sus obligaciones para el sector de trabajadores en lo que se refiere a otorgar el reajuste salarial de 8.33 %. Alertamos sobre la posibilidad de que ante la insolvencia financiera para cumplir con esto, nuevamente se toquen los fondos del plan de prestaciones, un monto de 400 millones de Quetzales. Ya otras veces las autoridades lo han hecho, pero no podemos estar jugando con la jubilación de los trabajadores y docentes.
En ese sentido llamamos a la movilización de trabajadores, docentes, jubilados y estudiantes y profesionales en solidaridad, para exigir al CSU que cumpla con sus obligaciones laborales, que no toque el plan de prestaciones, que le exija el gobierno central lo que le corresponde constitucionalmente a la USAC. A los trabajadores, a exigir al CSU que incorpore a todos los trabajadores sin excepciones en el pacto colectivo, pues en el recientemente firmado pacto solo es incluida una minoría; todos tienen derecho a los beneficios de este plan, hará que realizar paros si es necesario.
Llamamos a toda la comunidad universitaria a tomar la batuta en la lucha por un presupuesto justo por medio de la movilización, a fiscalizar a decanos, directores y autoridades por un buen uso de estos fondos y por tanto a incorporarse a la lucha por llevar adelante un proceso de reforma integral y repensar el papel de la universidad aportando a la construcción de un movimiento popular anticapitalista fuerte y combativo.
